B.IA.LEGAL

SCP 0429/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 24 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
24 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
53076-2023-107-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad y a la defensa; de la garantía del debido proceso; y, del principio de legalidad; toda vez que, dentro del proceso penal instaurado en su contra por el Ministerio Público a instancia de FERRECO R.L. por la presunta comisión del delito de conducta antieconómica, el Juez demandado incurrió en las siguientes irregularidades: 1) Rechazó mediante “decreto” el incidente de actividad procesal defectuosa por persecución ilegal o indebida, interpuesto el 7 de diciembre de 2022, disponiendo su presentación una vez concluida la vacación judicial, pese a encontrarse de turno, el cual, fue reiterado el 4 de enero de 2023, ante la dificultad de acceder a fotocopias del expediente necesarias para acreditar el mismo; 2) Declaró infundado el incidente de aprehensión ilegal planteado el 10 de igual mes y año, con carácter previo a la audiencia de medidas cautelares, sin considerar que: i) El querellante carecía de mandato legal, afectando la legitimación activa del proceso; ii) Se incorporó el riesgo procesal relativo a la probabilidad de autoría, previsto en el art. 233.1 del CPP, sin notificación previa; iii) El tipo penal aplicado no se encontraba vigente al momento de la supuesta comisión de los hechos; iv) Se le atribuyó un delito especial, propio de servidores públicos, pese a que FERRECO R.L. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2023 de 12 de enero, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de las problemáticas jurídicas planteadas.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación
  2. III.2. Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0429/2026-S2 Sucre, 24 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53076-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 09/2023 de 12 de enero, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Guery Jaime Verastegui Ontiveros contra Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de enero de 2023, cursante a fs. 1 y 3 a 4, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 19 de septiembre de 2022, Eloy Sirpa “Cahuapaza”, actuando en nombre de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas de Responsabilidad Limitada (FERRECO R.L.), presentó una querella en su contra y otras personas, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, previstos y sancionados en los arts. 154 y 224 del Código Penal (CP), respectivamente; razón por la cual, tras apersonarse de forma voluntaria, se programó su declaración informativa para el 9 de enero de 2023, donde el Ministerio Público dispuso su aprehensión, acto que denuncia de ilegal e indebido. Ante dicha situación, en audiencia de 10 de enero de 2023 presentó incidente de aprehensión ilegal, que fue rechazado por Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, oportunidad en la que se observó las siguientes irregularidades: a) El querellante no contaba con mandato legal que le otorgara legitimación activa en la causa; b) El incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa fue declaradoinfundado, sin permitírsele ejercer plenamente su derecho a la defensa, al haberse interrumpido la intervención de su abogada bajo el argumento de “carga laboral”; c) No se consideraron las garantías del debido proceso ni el principio de legalidad en la sustanciación del incidente, dado que, el delito no estaba tipificado al momento de la supuesta comisión del hecho y, por su naturaleza especial, corresponde a servidores públicos; y, d) El rechazo del incidente se fundamentó en la supuesta vacación judicial, pese a que la autoridad se encontraba de turno, además de que, el mismo debió resolverse antes de disponerse las medidas cautelares. Contra dicha determinación interpuso recurso de reposición, el cual también fue rechazado. Asimismo, al haberse dispuesto su detención preventiva en el Centro Penitenciario Patacamaya del departamento de La Paz -situación que pudo haberse evitado si el incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa hubiera sido tramitado y resuelto de manera adecuada-, la presente acción tutelar se encuentra directamente vinculada a su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad y a la defensa; la garantía del debido proceso; y, el principio de legalidad, citando al efecto los arts. 23, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga la nulidad de todos los actos procesales y su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 12 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 28 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogada, ratificó in extenso los argumentos de su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia de garantías, manifestó lo siguiente: 1) Mediante memorial de 7 de diciembre de 2022, previo al señalamiento de su declaración informativa y tras disponerse la aprehensión de los demás sindicados, puso en conocimiento del Juez demandado las irregularidades del proceso, interponiendo incidente de actividad procesal defectuosa por persecución ilegal e indebida; dicho incidente fue rechazado mediante “decreto”, determinando su presentación una vez concluida la vacación judicial, sin otorgarle la debida celeridad; 2) Ante las dificultades para acceder a fotocopias del expediente, necesarias para el ejercicio pleno de su defensa y para acreditar las irregularidades denunciadas, reiteró el referido incidente recién el 4 de enero de 2023; 3) Con carácter previo a la audiencia de medidas cautelares de 10 del mismo mes y año -en la cual, fue notificado con la imputación formal veinte minutos antes-, interpuso incidente de aprehensión ilegal, sustentado en los siguientes argumentos: i) El querellante carecía de poder de representación de FERRECO R.L. viciando la legitimación activa en el proceso penal; ii) Se incorporó el riesgo procesal relativo a la probabilidad de autoría, previsto por el art. 233.1 del Código Procesal Penal (CPP), sin notificación previa, vulnerando su derecho a la defensa; iii) Se lesionó el principio de legalidad en sus vertientes de taxatividad y tipicidad, toda vez que, el tipo penal de conducta antieconómica fue modificado por la Ley de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción -Ley 1390 de 27 de agosto de 2021-, aplicando de forma retroactiva y desfavorable a hechos presuntamente ocurridos en la gestión 2019; por lo que, la imputación formal no tuvo fundamentación de tiempo, modo y lugar del hecho; iv) Se le imputó por un delito especial propio de servidor público, sin considerar que FERRECO R.L. es una entidad de naturaleza privada; v) Los elementos probatorios aportados no lo vinculan con los hechos ni acreditan daño económico alguno, siendo que la conducta antieconómica requiere necesariamente un informe de auditoría que determine el grado de responsabilidad, lo cual no fue presentado; y, vi) Se restringió el tiempo de intervención de defensa, limitando el ejercicio de su derecho a una defensa efectiva; 4) Declarado infundado el incidente referido y concluida la audiencia de medidas cautelares, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Patacamaya del departamento de La Paz, pese a haberse desvirtuado los riesgos procesales; además que, el Fiscal de Materia no presentó elementos probatorios suficientes; sin embargo, el Juez demandado suplió dicha omisión incorporando pruebas de oficio para sustentar la concurrencia de los riesgos previstos en el art. 235.1 y 2 del CPP, omitiendo considerar las irregularidades denunciadas; 5) El objeto de la acción tutelar es la nulidad de los actos procesales, en aplicación del principio de trascendencia, dado que, las irregularidades descritas inciden de manera directa en sus derechos fundamentales; y, 6) La SCP 0513/2017-S2 de 22 de mayo, llegó a la conclusión que los arts. 314 y 315 del CPP, son aplicables a las excepciones dispuestas por el art. 308 del citado Código y no a incidentes por su naturaleza reparadora, razón por la que, ante el rechazo, se interpuso recurso de reposición, lo que le habilitó la vía constitucional.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz, por informe cursante a fs. 8, solicitó “RECHAZAR” la acción de libertad con costas, en base a los siguientes argumentos; a) Los incidentes interpuestos por el accionante serán debidamente considerados y resueltos de acuerdo con lo previsto en el art. 314 del CPP; para tal efecto, se fijó audiencia para el 11 de enero de 2023, a horas 16:30, de lo cual el impetrante de tutela tenía pleno conocimiento, dado que, estuvo presente en la instalación de dicha audiencia; b) El incidente de aprehensión ilegal, fue resuelto con carácter previo a la celebración de la audiencia de medidas cautelares, mediante el Auto Interlocutorio 20/2023 de 10 de enero; y, c) No existe materia constitucional, ni derecho fundamental o garantía constitucional alguna que tutelar mediante la acción de libertad interpuesta, en virtud además de que, lo expuesto no se ajusta a los antecedentes del proceso.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 09/2023 de 12 de enero, cursante de fs. 29 a 31 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Tanto el Auto Interlocutorio 20/2023 -que declaró infundado el incidente de aprehensión ilegal- como el Auto Interlocutorio 21/2023 -que dispuso la aplicación de medidas cautelares-, fueron objeto de impugnación por el accionante mediante recurso de apelación incidental, los cuales, se encuentran pendientes de revisión por el Tribunal de alzada; 2) En relación con los incidentes de actividad procesal defectuosa y persecución ilegal -que cuestiona la existencia de actuaciones viciadas de nulidad, así como, la observación al poder de representación del querellante-, conforme al informe del Juez demandado, dichas cuestiones se encuentran pendientes de pronunciamiento, habiéndose señalado audiencia para el 11 de enero de 2023, con el fin de resolver estos reclamos; 3) La SCP 0071/2018-S4 de 27 de marzo, estableció la imposibilidad de activar dos jurisdicciones de forma simultánea -esto es la jurisdicción ordinaria y la justicia constitucional-, lo cual podría dar lugar a pronunciamientos contradictorios; y, 4) Los arts. 314 y 315 del CPP prevén mecanismos de defensa idóneos, tales como la interposición de incidentes, que deben ser analizados y resueltos por la autoridad jurisdiccional competente; así como, la interposición de recursos ordinarios de reposición o apelación incidental para la reparación de agravios y la tutela de derechos constitucionales; a cuyo efecto, estos mecanismos deben agotarse previamente al planteamiento de una acción de libertad, dado que, la justicia constitucional no constituye una instancia alternativa a la ordinaria; por lo que, corresponde que los reclamos formulados “…que no hace a la aprehensión ilegal sino a la actividad procesal defectuosa” (sic) sean resueltos en la vía ordinaria. En vía de enmienda, complementación y aclaración, a solicitud del impetrante de tutela el Juez de garantías complementó que: i) Se identificaron cuatro cuestiones procesales relevantes: a) La observación al poder de representación del querellante; b) El incidente de aprehensión ilegal; c) El incidente de actividad procesal defectuosa contra la imputación formal; y, d) El incidente de persecución ilegal; ii) Las determinaciones relativas tanto a la aprehensión ilegal como a la imposición de medidas cautelares fueron impugnadas mediante los recursos de apelación incidental correspondientes, encontrándose actualmente en etapa de revisión ante el Tribunal de alzada; iii) Los restantes incidentes deben ser resueltos de manera previa en una audiencia específica, la cual ya fue programada; en ese entendido, no se configura un rechazo de fondo, sino el reconocimiento de que el momento procesal en el que fueron planteados no resultaba idóneo para su consideración; y, ello en razón a que, los incidentes vinculados a la aprehensión, la tipificación del delito o la eventual vulneración del principio de legalidad requieren de un escenario procesal propio, distinto al de la audiencia de medidas cautelares, en el que puedan ser debidamente sustanciados y resueltos, junto con las excepciones u objeciones que correspondan; iv) En relación con el recurso de reposición interpuesto -que por su naturaleza no admite ulterior recurso-, se aclara que la postergación en el análisis de los reclamos para una actuación posterior no implica, por sí misma, un rechazo de fondo de las pretensiones formuladas, sino que estas permanecen pendientes de consideración; y, v) La jurisprudencia constitucional ha establecido que las denuncias relativas al debido proceso deben ser tuteladas, en principio, a través de la acción de amparo constitucional, por lo que, la acción de libertad no resulta idónea en el presente caso; más aún, cuando no se evidencia un estado de indefensión absoluta ni una vinculación directa entre las presuntas vulneraciones alegadas y la privación de libertad del peticionante de tutela; y, existen recursos ordinarios pendientes de resolución que deben ser previamente agotados.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 36 a 38); en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Resolución Fundamentada de Aprehensión de 9 de enero de 2023, Ingrid Rocío Feraudi Guerra, Fiscal de Materia, ordenó la aprehensión de Guery Jaime Verastegui Ontiveros -hoy accionante- por ser posible autor del delito de conducta antieconómica, previsto y sancionado por el art. 224 del CP, y ante la existencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización; a fin de que sea puesto a conocimiento de la autoridad que ejerce control jurisdiccional en el plazo de veinticuatro horas y se determine su situación procesal (fs. 9 a 12). II.2. Mediante Auto Interlocutorio 20/2023 de 10 de enero, Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de conducta antieconómica, con Código Único de Denuncia (CUD) 201102012207402, declaró infundado el incidente de aprehensión ilegal interpuesto por el peticionante de tutela, manteniendo firme y subsistente la Resolución Fundamentada de Aprehensión de 9 de enero de 2023, con todos sus efectos ulteriores. De igual modo, la defensa técnica del accionante planteó en su intervención final en audiencia, recurso de apelación “restringida” de conformidad al art. “403” del CPP, ante lo cual, el Juez demandado dispuso su remisión al Tribunal de alzada para su correspondiente análisis y resolución (fs. 13 a 16). II.3. Cursa Auto Interlocutorio 21/2023 de 10 de enero, mediante el cual la autoridad demandada, dispuso la detención preventiva del accionante, a cumplirse en el Centro Penitenciario Patacamaya del departamento de La Paz, por el lapso de dos meses en los que se desarrollará actos investigativos dentro del descrito proceso penal; asimismo señaló audiencia de situación jurídica procesal para el 10 de marzo de ese año, a horas 10:00. De igual manera, al finalizar la audiencia, la defensa técnica del peticionante de tutela planteó recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, ante ello, la autoridad jurisdiccional demandada dispuso su remisión al Tribunal de alzada (fs. 17 a 21 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad y a la defensa; de la garantía del debido proceso; y, del principio de legalidad; toda vez que, dentro del proceso penal instaurado en su contra por el Ministerio Público a instancia de FERRECO R.L. por la presunta comisión del delito de conducta antieconómica, el Juez demandado incurrió en las siguientes irregularidades: 1) Rechazó mediante “decreto” el incidente de actividad procesal defectuosa por persecución ilegal o indebida, interpuesto el 7 de diciembre de 2022, disponiendo su presentación una vez concluida la vacación judicial, pese a encontrarse de turno, el cual, fue reiterado el 4 de enero de 2023, ante la dificultad de acceder a fotocopias del expediente necesarias para acreditar el mismo; 2) Declaró infundado el incidente de aprehensión ilegal planteado el 10 de igual mes y año, con carácter previo a la audiencia de medidas cautelares, sin considerar que: i) El querellante carecía de mandato legal, afectando la legitimación activa del proceso; ii) Se incorporó el riesgo procesal relativo a la probabilidad de autoría, previsto en el art. 233.1 del CPP, sin notificación previa; iii) El tipo penal aplicado no se encontraba vigente al momento de la supuesta comisión de los hechos; iv) Se le atribuyó un delito especial, propio de servidores públicos, pese a que FERRECO R.L. -donde cumplía funciones- es una entidad privada; v) Los elementos probatorios aportados resultan inconducentes para acreditar el delito, el cual requeriría de un informe de auditoría elaborado por perito competente; y, vi) Se restringió la intervención de su defensa técnica, bajo el argumento de carga procesal; y, 3) Ordenó su detención preventiva, omitiendo considerar las irregularidades denunciadas en la audiencia de medidas cautelares, pese a haberse desvirtuado los riesgos procesales, y supliendo la falta de actividad probatoria del Ministerio Público mediante la incorporación oficiosa de elementos para sustentar la concurrencia de los presupuestos previstos en el art. 235.1 y 2 del CPP. Ante ello, el Juez demandado manifestó que: a) Los incidentes planteados serán considerados conforme al art. 314 del CPP, habiéndose señalado audiencia para el 11 de enero de 2023, de lo cual, el impetrante de tutela tenía pleno conocimiento; b) El incidente de aprehensión ilegal ya fue resuelto mediante Auto Interlocutorio 20/2023, antes de la audiencia de medidas cautelares; y, c) No se advierte vulneración de derechos fundamentales ni materia constitucional que justifique la acción de libertad, al no corresponder lo alegado con los antecedentes del proceso. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación

La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, desarrolló el entendimiento en relación al tópico, estableciendo que: “Previo a ingresar al análisis del caso concreto, es necesario introducir el tema referido a la naturaleza jurídica de la acción de libertad, puesto que de dicha esencia se podrá determinar la viabilidad o no de la presente demanda, labor que será cumplida a continuación. (…) Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. (…) En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

La SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: “…El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (énfasis añadido).

III.3. Análisis del caso concreto

De la compulsa efectuada a los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que, dentro del proceso penal seguido contra el accionante por el Ministerio Público a instancia de FERRECO R.L. por la presunta comisión del delito de conducta antieconómica previsto y sancionado por el art. 224 del CP, proceso con CUD 201102012207402, Ingrid Rocío Feraudi Guerra, Fiscal de Materia asignada al caso, emitió Resolución Fundamentada de Aprehensión de 9 de enero de 2023, al evidenciar la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización, y dispuso su remisión a la autoridad que ejerce control jurisdiccional de la causa para la determinación de su situación procesal (Conclusión II.1).

En ese contexto, mediante Auto Interlocutorio 20/2023 de 10 de enero, la autoridad demandada, declaró infundado el incidente de aprehensión ilegal interpuesto contra la determinación fiscal; ante lo cual, en audiencia, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación “restringida”; por lo que, se ordenó su remisión al Tribunal de alzada (Conclusión II.2). Del mismo modo, por Auto Interlocutorio 21/2023 de igual data, la mencionada autoridad dispuso la detención preventiva del peticionante de tutela en el Centro Penitenciario Patacamaya del referido departamento y, señaló audiencia de situación jurídica para el 10 de marzo de dicho año; decisión contra la cual el prenombrado interpuso recurso de apelación incidental en audiencia; por lo cual, se ordenó su remisión al Tribunal de alzada para su resolución (Conclusión II.3).

Ahora bien, en cuanto a la primera problemática, el accionante señala que el incidente de actividad procesal defectuosa por persecución ilegal o indebida, formulado el 7 de diciembre de 2022, fue rechazado mediante “decreto”, difiriendo su consideración hasta después de la vacación judicial pese a que el Juez demandado se encontraba de turno, incidente que fue reiterado el 4 de enero de 2023 ante dificultades en el acceso al expediente. Al respecto, corresponde señalar que la acción de libertad constituye una garantía constitucional de carácter extraordinario, inmediato y sumarísimo, cuyo objeto se encuentra estrictamente delimitado por el art. 125 de la CPE; ahora bien, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, su tutela únicamente procede cuando el acto u omisión denunciado se adecúe a alguno de sus presupuestos de activación, consistentes en: 1) Atentados contra el derecho a la vida; 2) Afectación de los derechos a la libertad física o de locomoción; 3) Acto u omisión que constituya procesamiento indebido; y, 4) Acto u omisión que implique persecución indebida.

En ese marco, del análisis del expediente constitucional, se advierte que las irregularidades denunciadas mediante el incidente de actividad procesal defectuosa por persecución ilegal o indebida, no tienen relación directa con los derechos a la vida o a la libertad que tutela esta acción de defensa; debido a que, la aprehensión primigenia del peticionante de tutela se encuentra sustentada en la Resolución Fundamentada de Aprehensión de 9 de enero de 2023, emitida por la Fiscal de Materia, ratificada por el Auto Interlocutorio 20/2023, pronunciado por el Juez demandado; y, su posterior detención preventiva encuentra su base en el Auto Interlocutorio 21/2023, dispuesta por el prenombrado durante la audiencia de medidas cautelares; por lo que, no se tienen acreditados estos presupuestos. Asimismo, no se evidencia algún acto u omisión que constituya procesamiento indebido o persecución ilegal que restrinja el derecho a la defensa del accionante y esté vinculado a la vida o libertad de la parte accionante; puesto que, de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se evidencia que conocía del proceso penal instaurado en su contra, donde frente al cuestionamiento al rechazo del incidente de actividad procesal defectuosa por persecución ilegal o indebida, le correspondía recurrir mediante reposición el “decreto” referido, conforme prevé el art. 401 del CPP; más aún, cuando el Juez demandado, señaló audiencia de consideración del referido incidente para el 11 de enero de 2023; es así que, sólo ante la eventual continuidad de las presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, una vez agotados los medios recursivos intraprocesales, queda expedita la vía de la acción de amparo constitucional para la tutela de los mismos; por lo que, tampoco se tienen acreditados estos otros presupuestos.

En consecuencia, al no comprobarse la concurrencia de alguno de los presupuestos analizados y definidos por la jurisprudencia constitucional antes glosada que hacen a la naturaleza de esta acción de defensa, este Tribunal se encuentra impedido de ingresar al examen de fondo del problema jurídico planteado; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada en lo concerniente a este punto. Con relación a la segunda problemática, el accionante señala que se declaró infundado el incidente de aprehensión ilegal planteado el 10 de enero de 2023, sin considerar la falta de legitimación del querellante, la incorporación de riesgos procesales sin notificación previa, la aplicación de un tipo penal no vigente, la indebida atribución de un delito propio de servidor público, la insuficiencia probatoria y la restricción al derecho de defensa; y, respecto a la tercera problemática, refiere que se dispuso su detención preventiva, omitiendo valorar las irregularidades denunciadas y los descargos presentados, y supliendo la falta de prueba del Ministerio Público mediante la incorporación oficiosa de elementos para sustentar los riesgos previstos en el art. 235.1 y 2 del CPP.

En ese sentido, siguiendo el lineamiento jurisprudencial del Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, si bien la acción de libertad se configura como el medio más eficaz para la restitución del referido derecho fundamental, en caso de existir mecanismos intraprocesales más idóneos a esta, deben agotarse previamente antes de acudir a la justicia constitucional. En ese marco, si bien el Auto Interlocutorio 20/2023, que desestimó el incidente de aprehensión ilegal pese a los vicios de legitimación, tipicidad, notificación, prueba y defensa alegados por el accionante; y, el Auto Interlocutorio 21/2023, que impuso la detención preventiva supliendo la actividad probatoria del Ministerio Público reclamada por el impetrante de tutela, pudiesen encontrarse viciadas por las deficiencias procesales denunciadas, se tenía el medio recursivo intraprocesal de la apelación para la consideración de la restitución de las mismas, tal es así que, el prenombrado interpuso los recursos de apelación “restringida” -contra el Auto Interlocutorio 20/2023- e incidental -contra el Auto Interlocutorio 21/2023-, los cuales estarían pendientes de la emisión de las resoluciones correspondientes por el Tribunal de alzada. Es así que, agotados los mecanismos que el ordenamiento jurídico prevé y solo de persistir las aludidas lesiones, recién el peticionante de tutela podría acudir ante la justicia constitucional, para pretender la tutela solicitada mediante esta acción de defensa, extremo que no se cumplió; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada en lo concerniente a estos agravios.

Finalmente, en cuanto al principio de legalidad, dado que el mismo se halla íntimamente vinculado a los elementos analizados ut supra, sobre los cuales no se ingresó a un pronunciamiento de fondo, no corresponde realizar mayor análisis al respecto. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2023 de 12 de enero, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de las problemáticas jurídicas planteadas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0429_2026-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): cb54f552d25cd8b59a8862f325041f04ab8c9468bf716bf8adce6f769dfa55a3

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