Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 15 de mayo de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la “legalidad”; toda vez que, el Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz no dio cumplimiento oportuno a su mandamiento de libertad con detención domiciliaria con escolta policial, emitido por Ismael Burgos Olmos, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo del departamento de Santa Cruz, pese a su notificación. Ante ello, la autoridad demandada, argumentó que, conforme a sus atribuciones, entre ellas, el control de los datos consignados en los mandamientos; en ese sentido, no ejecutó el mandamiento de libertad debido a que, en el mandamiento de detención preventiva de 3 de septiembre de 2021 consignan números de cédula de identidad y “NUREJ” diferentes al mandamiento de libertad con detención domiciliaria y escolta policial de 19 de noviembre de mismo año. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 25/21 de 23 de noviembre de 2021, cursante de fs. 19 vta. a 22 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, por celeridad y pronto despacho, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; 2° Disponer que el Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, en cumplimiento de su deber institucional, gestione de oficio ante la autoridad competente la corrección del mandamiento de libertad con detención domiciliaria con escolta, sea con la debida celeridad, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías; y, 3° DENEGAR la tutela por debido proceso, respecto a los errores de datos consignados en el mandamiento de libertad, al no existir legitimación pasiva al respecto.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0429/2025-S2 Sucre, 15 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 52037-2022-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 25/21 de 23 de noviembre de 2021, cursante de fs. 19 vta. a 22 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Miguel Islas Rivero, Erwin Yerco Suárez Vaca y Widenz Leon Boutier en representación sin mandato de Dennis Omar Ponce Trigo contra Luis Fernando Céspedes Pinaya, Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 22 de noviembre de 2021, cursante de fs. 1 a 3 vta., el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifiesta lo siguiente:
El 19 de noviembre de 2021 se expidió mandamiento de libertad a su favor; sin embargo, pese a la notificación a Luis Fernando Céspedes Pinaya, Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz -hoy demandado- a fin de que ejecute el mencionado mandamiento, el mismo no dio cumplimiento; ante tal omisión, continúa privado de libertad hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar.
El impetrante de tutela, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la “legalidad”; citando al efecto los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE); 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se repongan sus derechos conculcados.
Celebrada la audiencia pública virtual el 23 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 18 a 19 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de sus abogados, en audiencia ratificó in extenso los argumentos contenidos en su memorial de esta acción tutelar; y, ampliando en audiencia de garantías, expresó los siguientes argumentos: a) En su informe, la autoridad demandada justificó la inejecución del mandamiento de libertad con detención domiciliaria y escolta policial, alegando supuestas irregularidades formales en la consignación de datos personales, concretamente en el nombre y número de cédula de identidad del beneficiario; sin embargo, si bien tales errores no eran atribuibles a dicha autoridad, sino al Secretario del Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -no "Onceavo", como fue consignado erróneamente-, la responsabilidad de emitir y tramitar el mandamiento de libertad mencionado, recaía en la autoridad demandada, puesto que, tenía el deber de informar inmediatamente a la autoridad jurisdiccional sobre las observaciones advertidas, a través de la Oficina Gestora de Procesos, para su subsanación inmediata. Esta omisión provocó una dilación indebida que devino en una prolongada y arbitraria privación de su libertad; y, b) Mediante Auto Interlocutorio de 19 de noviembre de 2021, se dispuso la cesación de la detención preventiva, imponiéndole medidas cautelares personales distintas, entre ellas, la detención domiciliaria con escolta policial en el horario comprendido entre las 19:00 y las 7:00 horas, permitiéndole el ejercicio del derecho al trabajo durante el día. No obstante, la autoridad demandada manifestó que no contaba con el personal suficiente para cumplir con el escolta requerido; justificación que resulta inadmisible, ya que la carencia de personal referido no es excusa válida para incumplir el mandamiento emitido por autoridad judicial competente.
Luis Fernando Céspedes Pinaya, Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, por informe escrito, cursante de fs. 11 a 12, solicitó se deniegue la tutela con base en los siguientes fundamentos: 1) Efectivamente fue notificado el 19 de noviembre de 2021 con el mandamiento de libertad, que disponía la detención domiciliaria con escolta policial, emitido por Ismael Burgos Olmos, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, 2) No se cumplió el mandamiento de libertad ya que, en el mandamiento de detención preventiva de 3 de septiembre del citado año consignan números de cédula de identidad y de “NUREJ” diferentes al mandamiento de libertad con detención domiciliaria de 19 de noviembre de mismo año y que conforme a sus funciones, como el estricto control de la coincidencia de datos, tanto del mandamiento de libertad, como el de detención; por lo que, el accionante debió apersonarse ante su dirección o acudir ante la autoridad jurisdiccional competente.
La Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 25/21 de 23 de noviembre de 2021, cursante de fs. 19 vta. a 22 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que, el demandado ponga en conocimiento y eleve un informe de los errores de identificación de la parte accionante a la autoridad jurisdiccional competente del proceso, a objeto de que pueda cumplir con la ejecución del “mandamiento de libertad”, con base en los siguientes fundamentos: i) Las autoridades a cargo de los centros penitenciarios tienen la obligación de ejecutar y dar cumplimiento estricto a las decisiones jurisdiccionales, ya sea relativas a mandamientos de libertad o de detención domiciliaria; ii) Después de su notificación deben verificar la existencia de otros mandamientos respecto al privado de libertad, verificar la autenticidad del mandamiento aludido, en caso de duda o imposibilidad de cumplimiento por causas no atribuibles al privado de libertad, el Director de Régimen Penitenciario debe: a) Verificar si existen otros mandamientos contra el privado de libertad; b) Determinar la autenticidad del mandamiento de libertad; c) En caso de duda y la imposibilidad de su cumplimiento, procurar con celeridad y diligencia el acatamiento de la decisión jurisdiccional; y, d) El director del establecimiento penitenciario es responsable del manejo y registros del mismo, conjuntamente la verificación de autenticidad del mandamiento de libertad, bajo responsabilidad penal y disciplinaria; y, iii) De acuerdo al art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) relativo al cumplimiento del mandamiento de libertad, este debe ser librado en el día; asimismo, de acuerdo a los arts. 19 y 48 del mismo cuerpo legal, en caso de observaciones, estas deben ser corregidas por la autoridad jurisdiccional competente, por lo que, el ahora demandado no cumplió con su deber de poner en conocimiento a la autoridad jurisdiccional competente de forma inmediata sobre las mencionadas falencias, para contar con certidumbre y ejecutar el mandamiento.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa mandamiento de detención preventiva de 3 de septiembre de 2021, emitido por Arminda Mendez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, donde ordena la detención preventiva de Denis Omar Ponce Trigo, con “C.I. N° 13540763 CBBA.”, en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento Santa Cruz “…ordenado mediante Auto de Vista de fecha 03 de Septiembre de 2021 que revoca el Auto Interlocutorio de fecha 11 de agosto de 2021 dictado por Tribunal 12avo de Sentencia en lo Penal de la capital (…) dentro del Proceso Penal seguido por el Ministerio Público contra DENIS OMAR PONCE TRIGO, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO. Nurej: 70116457” (sic [fs. 10]). II.2. Se tiene mandamiento de libertad con detención domiciliaria con escolta policial de 19 de noviembre de 2021, emitido por Ismael Burgos Olmos, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, a favor de “Denis Omar Ponce Trigo” -hoy accionante-, con “C.I. N° 4521358 SC.” y “N° IANUS: 701116457” el cual dispone el cumplimiento del “…Auto de Cesación a la detención preventiva de fecha 19 de Noviembre de 2.021 emitido por este tribunal de sentencia, aplicando medidas cautelare (…) Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra DENIS OMAR PONCE TRIGO, por el delito de Homicidio” (sic); en el mismo, consta sello de recepción, de misma fecha, a horas 16:00 de la Dirección del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz (fs. 9).
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la “legalidad”; toda vez que, el Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz no dio cumplimiento oportuno a su mandamiento de libertad con detención domiciliaria con escolta policial, emitido por Ismael Burgos Olmos, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo del departamento de Santa Cruz, pese a su notificación. Ante ello, la autoridad demandada, argumentó que, conforme a sus atribuciones, entre ellas, el control de los datos consignados en los mandamientos; en ese sentido, no ejecutó el mandamiento de libertad debido a que, en el mandamiento de detención preventiva de 3 de septiembre de 2021 consignan números de cédula de identidad y “NUREJ” diferentes al mandamiento de libertad con detención domiciliaria y escolta policial de 19 de noviembre de mismo año. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 0323/2003-R de 17 de marzo, estableció que: “...Cabe aclarar igualmente que el art. 39 LEPS, cuando señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento será dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento…”.
Ahora bien, en caso de advertirse algún error de forma o de datos personales consignados en el mandamiento de libertad, la autoridad penitenciaria debe gestionar su corrección o bien representar la orden en el plazo que le otorga la ley para ejecutar dicho mandamiento, trámite que, en su caso, debe realizarse con la correspondiente celeridad, puesto que el deber de celeridad no solo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también -en cumplimiento de una orden judicial- a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva -SC 0862/2005-R de 27 de julio-.
De la prueba cursante en obrados, se constata que el mandamiento de libertad con detención domiciliaria con escolta policial de 19 de noviembre de 2021 describe al beneficiario como “Denis Omar Ponce Trigo”, con “C.I. 4521358 SC.” y “Nº IANUS: 701116457”; mientras que el mandamiento de detención preventiva registra al imputado con el mismo nombre, pero con “C.I. Nº 13540763 CBBA.” y “Nurej: 70116457”, de esta comparación se infiere que, aunque el nombre es idéntico, existen diferencias formales en el número de cédula de identidad, que es completamente distinto y en el “NUREJ”, específicamente por un dígito adicional, el número “1” inserto en el mandamiento de libertad mencionado.
Estas diferencias en la verificación de los mandamientos, si bien generaron dudas razonables en la autoridad penitenciaria respecto a la autenticidad y exactitud del mandamiento, y por ello, no podía ejecutarlo en el marco de sus competencias de forma inmediata y automática, debido a que, tras verificar el mandamiento de libertad para su ejecución se constató un error de forma no atribuible a la autoridad demandada, que tampoco podría corregirse por ella; y, por un aspecto circunstancial enfatizado por esta Sala, a través de la SCP 0121/2025-S2 de 14 de marzo, que denotó la ausencia de mecanismos interinstitucionales eficientes que garanticen un flujo de información actualizada, confiable y económica entre juzgados y centros penitenciarios; por lo que, la falta de estos mecanismos obstaculiza la ejecución célere y oportuna del mandamiento de libertad como sucede en el presente caso, lo que impide -en principio- atribuir responsabilidad por omisión a la autoridad demandada.
En efecto, si bien el mandamiento de libertad debe ser ejecutado en el día con celeridad y diligencia, la autoridad demandada se encontraba imposibilitada de ejecutarlo, debido a estos errores de forma (no atribuibles tampoco al accionante) e imposibilitado de tramitar su subsanación debido a la falta de interoperatividad que dificulta el trámite célere en estos casos; por lo que, si bien se puede advertir que existe una privación de libertad indebida, considerando que el mandamiento de libertad debe ser ejecutado en el día, tramitar esta no es atribuible directamente a la autoridad demandada, sino que el error se origina en el despacho del órgano jurisdiccional que ordenó la detención domiciliaria; en consecuencia, existe al respecto una falta de legitimación pasiva.
Pese a lo referido, debe considerarse que el mandamiento de libertad con detención domiciliaria con escolta policial fue notificado al centro penitenciario el viernes 19 de noviembre de 2021 a horas 16:00, en tanto que la acción de libertad fue presentada el lunes 22 de igual mes y año a horas 13:17; para entonces, la autoridad demandada ya había advertido el error existente; sin embargo, en audiencia de acción de libertad, el martes 23 del señalado mes y año a horas 13:45 presentó informe deslindando responsabilidad y adoptando una postura pasiva, indicando que: “…los accionantes deberían primeramente agotar las instancias que corresponden…” (sic) sin haber acreditado en dicho informe que, tras la verificación de los errores en el mandamiento de libertad hubiese representado o solicitado la corrección o subsanación a la autoridad jurisdiccional competente. En este sentido, la autoridad demandada, por la competencia específica que amerita su cargo y el derecho a la libertad afectado, respecto al incumplimiento de la ejecución del mandamiento de libertad, no podía adoptar una postura pasiva, lo que obliga a esta Sala a conceder la tutela solicitada por celeridad y pronto despacho considerando el tiempo desde el cual la autoridad demandada conoció los errores de forma en el mandamiento de libertad y esperó incluso que el accionante lo corrija.
En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 25/21 de 23 de noviembre de 2021, cursante de fs. 19 vta. a 22 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, por celeridad y pronto despacho, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; 2° Disponer que el Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, en cumplimiento de su deber institucional, gestione de oficio ante la autoridad competente la corrección del mandamiento de libertad con detención domiciliaria con escolta, sea con la debida celeridad, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías; y, 3° DENEGAR la tutela por debido proceso, respecto a los errores de datos consignados en el mandamiento de libertad, al no existir legitimación pasiva al respecto. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0429_2025-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0aea595ac90704e26cd0ca76a149f3aef32f73b11ee6fe1efa5a2a6dd7e25f0a
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