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SCP 0429/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 15 de agosto de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
15 de agosto de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
51249-2022-103-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El solicitante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, a la estabilidad e inamovilidad laboral y a la seguridad social; debido a que, el Director General Ejecutivo de la AISEM al emitir el Memorándum de desvinculación laboral AISEM/DGE/MEM/204/21 de 31 de diciembre de 2021, – recibido el 3 de enero de 2022– no tomó en cuenta que gozaba de inamovilidad laboral; toda vez que, su esposa se encontraba en estado de gestación. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 216/2022 de 5 septiembre, cursante de fs. 369 a 372 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional y conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La protección constitucional de la inamovilidad laboral de los progenitores de niños o niñas menores de un año de edad
  2. III.2. Para el ejercicio del derecho a la inamovilidad laboral prevista en el art. 48.VI de la Constitución Política del Estado, no se requiere el preaviso al empleador del estado de gravidez o de la existencia del hijo o hija menor de un año
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0429/2024-S4 Sucre, 15 de agosto de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 51249-2022-103-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 216/2022 de 5 septiembre, cursante de fs. 369 a 372 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nadia Alejandra Cruz Tarifa, Defensora del Pueblo a.i. en representación legal de Edwin Fernández Torrico contra Javier Christian Fulguera Condori, Director General Ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 15 de junio de 2022, cursante de fs. 56 a 67; y, el de subsanación de 6 de julio del mismo año (fs. 71 a 73 vta.), el accionante a través de su representante legal manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Comenzó su relación laboral como servidor público provisorio de la AISEM, a partir del 1 de septiembre de 2021, en el puesto de Especialista en Infraestructura, pero el 31 de diciembre del mismo año se emitió el Memorándum AISEM/DGE/MEM/204/21 de desvinculación laboral, el cual no le fue notificado de manera personal; sino, mediante acta de representación, en el que constó la imposibilidad de notificarlo por no haberlo encontrado en su puesto de trabajo. Al haber sido anoticiado de su posible desvinculación ilegal, remitió una nota el 3 de enero de 2022, al Director Ejecutivo de la AISEM –ahora demandado–; por la cual, representó el despido ilegal, ya que comunicó que su esposa se encontraba en estado de gestación, adjuntando al efecto la ecografía obstétrica cromosómica de 27 de diciembre de 2021, certificado de nacimiento de sus otro hijos y solicitud de papeletas de pago. Es así que recién el 3 de enero de 2022 le hicieron la entrega del memorándum antes señalado; por lo que, al día siguiente reiteró la representación a dicho documento de agradecimiento de servicios, solicitando se deje sin efecto; posteriormente, sostuvo una reunión con el asesor jurídico de esa institución, quien le señaló que no presente ninguna denuncia al “Ministerio de Salud y Deportes” (sic); sino más bien, regularice la afiliación de su conyugue a la Caja Bancaria Estatal para que autoricen su reincorporación. El 17 de enero de 2022 recibió la respuesta a su solicitud, donde le hicieron conocer los requisitos para la inamovilidad reclamada, dejando establecido que al momento de su desvinculación no hizo conocer previamente a la entidad, el estado de gestación de su esposa; en razón a la falta de respuesta respecto a su reincorporación, acudió a la Defensoría del Pueblo solicitando la intervención defensorial, quienes concretaron una reunión con Asesoría Jurídica de la AISEM, en la cual les señalaron que habría documentación faltante que se requería para su reincorporación, bajo ese antecedente se presentó nuevamente el legajo que acreditaba el estado de embarazo de su esposa y su condición de padre progenitor, teniendo como respuesta de la Dirección demandada, que no existió ningún acuerdo con la Defensoría del Pueblo, reiterando que la documentación presentada y los actos jurídicos fueros realizados con posterioridad a la desvinculación. Ante tal negativa la precitada institución solicitó requerimiento de informe escrito, el cual una vez otorgado, fue insuficiente por lo que planteo la presente acción tutelar.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, a la estabilidad e inamovilidad laboral y a la seguridad social; citando al efecto, a los arts. 15.I, 45.V, 48.VI y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Se deje sin efecto el Memorándum de desvinculación AISEM/DGE/MEM/204/21 de 31 de diciembre de 2021; b) Su inmediata reincorporación al mismo puesto de trabajo que ocupaba, sin afectar su nivel salarial ni la ubicación donde desarrolló sus funciones; c) El pago de salarios devengados, más aguinaldos y otros derechos sociales; y, que sean pagados hasta el día que se haga efectiva su reincorporación; d) El pago de asignaciones familiares que le corresponde como padre progenitor de una hija o hijo que está por nacer; y, e) La suspensión de la ejecución de cualquier sanción disciplinaria o administrativa, hasta que la o el niño cumpla un año de edad, en cumplimiento al estándar jurisprudencial más alto.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 9 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 364 a 368, presentes la parte solicitante de tutela y el Director General Ejecutivo de la AISEM; ambos, a través de sus representantes legales; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante por intermedio de su defensa técnica, se ratificó in extenso en los términos expuestos en su demanda de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad demanda

Javier Christian Fulguera Condori, Director General Ejecutivo de la AISEM, por intermedio de sus representantes legales, a través de informe escrito presentado el 9 de agosto de 2022, cursante de fs. 355 a 360 vta., manifestó que: 1) Ante el impedimento de notificar al ahora accionante con el Memorándum de desvinculación, se procedió a efectuar un Acta de representación con la presencia de un testigo de actuación y a su vez se envió a su correo institucional el citado Memorándum; toda vez que, cuando personal de Recursos Humanos (RR.HH.) se apersonó a su oficina éste no se encontraba presente; por lo que, se puede advertir que la comunicación y notificación con el Memorándum AISEM/DGE/MEM/204/21, sí se efectuó el 31 de diciembre de 2021; 2) Recién el 3 de enero de 2022 el ahora impetrante de tutela, puso a conocimiento de esa entidad, el estado de gestación de su pareja, otorgándosele como respuesta que su requerimiento de inamovilidad no cumplían con los presupuestos exigidos por el art. 3 de Decreto Supremo (DS) 12 de 19 de febrero de 2009; y que, al momento de su desvinculación –31 de diciembre de 2021–, la entidad no tenía conocimiento de lo expresado en su nota, siendo responsabilidad absoluta del servidor público la afiliación al ente gestor; 3) El solicitante de tutela consintió su desvinculación, pues mediante Hojas de Ruta Externa E/2022.00187 de 7 de enero de 2022, emitió informe final de actividades respecto al cargo de Especialista en Infraestructura Ítem 10 entre otra documentación; y, E/2022 -01013 de 15 de febrero del mismo año, remitió fotocopias de certificado de declaración jurada de bienes y rentas, después del ejercicio del cargo; asimismo, presentó formulario conclusión laboral recepcionado el 17 de febrero de 2022 por parte del área de RR.HH.; 4) Se aplique la teoría de los actos consentidos, en consecuencia se deniegue la tutela; y, 5) En cuanto a los principios de inmediatez y subsidiariedad, si bien no es aplicable en razón a los derechos que se tutela a la mujer embarazada y el progenitor trabajador, hasta que el menor cumpla un año de edad, esta excepción es procedente, siempre y cuando la acción tutelar sea planteada conforme el principio de inmediatez; es decir, inmediatamente de ocurrido el acto administrativo vulnerado y no así esperar que trascurran más de siete meses desde su desvinculación, resultando en un acto negligente en causa propia.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 216/2022 de 5 septiembre, cursante de fs. 369 a 372 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo: i) Dejar sin efecto el Memorándum AISEM/DGE/MEM/204/21 de 31 de enero de 2021, y en su mérito se proceda a su reincorporación laboral en el plazo de tres días a partir de su notificación con la citada resolución constitucional; ii) El pago de las presentaciones del régimen de asignaciones familiares como el subsidio prenatal, de natalidad y de lactancia desde la fecha de su despedido hasta el año de edad del hijo del accionante; y, iii) La consideración de los salarios devengados, aguinaldos y otros derechos sociales serán considerados una vez la causa retorne de su revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional. Determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: a) Con relación a los principios de subsidiariedad e inmediatez, el accionante al ser padre progenitor se prescinde el agotamiento de medios idóneos para el planteamiento de la acción de amparo constitucional la cual fue presentada dentro de los seis meses computables a partir de la fecha de su notificación con el Memorándum de desvinculación –3 de enero de 2022–; b) El no haber puesto en conocimiento el estado de gestación de su esposa antes de la emisión del Memorándum pero sí con antelación a su notificación; sin embargo, este prerrequisito de preaviso a efecto de resguardar el derecho a la inamovilidad laboral quedó superado por la jurisprudencia constitucional; c) Si bien es evidente que tanto el accionante como la autoridad hoy demandada reconocen a que el servidor público es de libre nombramiento, existe la excepción a la regla establecida por la jurisprudencia constitucional, para que al trabajador le asista el derecho a la inamovilidad laboral por embarazo; toda vez que, el impetrante de tutela acreditó el estado de gravidez de su esposa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorándum AISEM/DGE/MEM/0152/21 de 1 de septiembre de 2021, Javier Christian Fulguera Condori, Director General Ejecutivo de la AISEM –ahora demandado–, designó en el puesto de Especialista en Infraestructura a Edwin Fernández Torrico –ahora accionante– (fs. 11). II.2. A través de Memorándum AISEM/DGE/MEM/204/21 de 31 de diciembre de 2021, Javier Christian Fulguera Condori, Director General Ejecutivo de la AISEM –ahora demandado–, prescindió de los servicios de Edwin Fernández Torrico –ahora accionante–; en el que, consta sello de recepción el 3 de diciembre de 2022 (fs. 12).

II.3. Consta Acta de Representación de 31 de diciembre de 2021; por la que, el personal de RR.HH. hace constar que Edwin Fernández Torrico, no se encontraba en su puesto de trabajo para que pueda ser notificado con el Memorándum AISEM/DGE/MEM/204/21, lo cual imposibilitó su entrega, acto que se realizó en presencia de un testigo (fs. 13) II.4. Mediante Informe Médico de 27 de diciembre de 2021, Nelly Quispe Apaza, Médico Ecografía General con matrícula MPQ-404, concluyó que la cónyuge del solicitante de tutela reportaba un embarazo de doce semanas y un día (fs. 16). II.5. A través de nota presentada el 3 de enero de 2022, ante el Director General Ejecutivo de la AISEM hoy demandado, el impetrante de tutela puso a su conocimiento que su esposa se encontraba en estado de gestación acompañando para el efecto ecografía obstétrica (fs. 14 a 15). II.6. Por nota presentada el 4 de enero de 2022, ante el Director ahora demandado, el accionante representó el memorándum de desvinculación solicitando se deje sin efecto, por encontrase su esposa en estado de gestación (fs. 23 a 24). II.7. Mediante nota de 12 de enero de 2022, el Director demandado, dio respuesta a la representación plantada por el accionante; mediante la cual , señaló que no cumplió con los requisitos exigidos por el art. 3 del DS 12 de 19 de febrero de 2009, para efectos de solicitar inamovilidad laboral; toda vez que, el certificado médico debió ser expedido por un ente gestor de salud o por establecimiento público de salud; y, debió presentar certificado de matrimonio o reconocimiento ad vientre (fs. 25). II.8. Consta Registro de 18 de enero de 2022, elaborado por la Defensoría del Pueblo; por el cual, se asignó número de caso a la solicitud de intervención de dicha Defensoría por parte del impetrante de tutela, a objeto de que coadyuve con su inamovilidad laboral (fs. 26). II.9. Por nota de 24 de enero de 2022, el impetrante de tutela remite documentación al Director demandado, en constancia al acuerdo entre la AISEM y la Defensoría del Pueblo, más documentación respaldatoria (fs. 33). II.10. A través de Nota de 28 de enero de 2022, Javier Christian Pulguera Condori, Director General Ejecutivo de la AISEM, dio respuesta a carta de 24 de enero del mismo año, comunicando que, no existe ningún acuerdo entre las mencionadas instituciones; y, la documentación adjunta en la citada nota presentada, has sido realizada con posterioridad a la fecha de la desvinculación (fs. 47).

II.11. Mediante nota de 28 de enero de 2022, el impetrante de tutela remitió Informe Médico de la Caja Bancaria Estatal de Salud, respecto al estado de gestación de su esposa, al Director General Ejecutivo de la AISEM hoy demandado (fs. 45). II.12. Consta Certificado Médico de 27 de enero de 2022, con sello de vigencia de la Caja Bancaria Estatal de Salud; por el que, Jancarla Rodríguez Carranza, Ginecóloga Obstetricia con matrícula MPR-3001, concluyó que la cónyuge del peticionante de tutela reportaba un embarazo de catorce semanas y cinco días (fs. 46). II.13. A través de nota de 14 de febrero de 2022, Heidi Castillo Apaza, Directora de Asuntos Jurídicos de la AISEM, otorgó respuesta a la petición de 28 de enero del mismo año, señalando que dicha institución no arribó ningún acuerdo con la Defensoría del Pueblo (fs. 49).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El solicitante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, a la estabilidad e inamovilidad laboral y a la seguridad social; debido a que, el Director General Ejecutivo de la AISEM al emitir el Memorándum de desvinculación laboral AISEM/DGE/MEM/204/21 de 31 de diciembre de 2021, – recibido el 3 de enero de 2022– no tomó en cuenta que gozaba de inamovilidad laboral; toda vez que, su esposa se encontraba en estado de gestación. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La protección constitucional de la inamovilidad laboral de los progenitores de niños o niñas menores de un año de edad

La SCP 1043/2013 de 27 de junio, manifestó que: “El art. 48.VI de la CPE, de manera imperativa garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de gravidez y de los progenitores, hasta que la hija o hijo cumplan un año de edad, precepto relacionando a su vez con la previsión contenida en el art. 60 de la misma Norma Fundamental, que establece como deber del Estado, velar por la sociedad, la familia y por la prioridad del interés superior de la niña, niño adolescente, deber que comprende la preeminencia de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia. Por su parte el art. 2 del Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, expresa: ‘La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozaran de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo’; precepto concordante con el art. 86 inc. d) del DS 29894 de 7 de febrero de 2009, que efectiviza este derecho cuando dispone que es atribución del Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, promover y garantizar el acceso al trabajo e inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y del progenitor, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad. Regulando los alcances de este beneficio, el art. 5 del DS 0012, determina que: ‘I. No gozaran del beneficio de inamovilidad laboral la madre y/o padre progenitores que incurren en causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona, previo cumplimiento por parte del empleador público o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral. II. La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo éstas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma. En este último caso corresponderá el beneficio. III. La inamovilidad laboral del padre y/o madre progenitores se mantendrá siempre y cuando cumplan con sus obligaciones legales y de asistencia para con el hijo o hija”. A objeto de efectivizar el citado beneficio de inamovilidad, el art. 6 de la referida norma previene que: “I. En caso de incumplimiento de la inamovilidad laboral, a solicitud de la madre y/o padre progenitores, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruirá al empleador, para que cumpla en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de su notificación, la reincorporación con goce de haberes y otros derechos sociales por el tiempo que duro la suspensión de la relación laboral’. II. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo precedente, la afectada o afectado podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de inamovilidad laboral”. Desarrollando los alcances de esta garantía constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0086/2012 de 16 de abril expreso lo siguiente: ‘Del nuevo orden constitucional, se infiere su particularidad de disciplinar políticas a favor de sectores vulnerables que necesitan de una protección reforzada por parte del Estado, que debe procurar la validez plena y efectiva de sus derechos; es así que, como valores estructurales del Estado Plurinacional de Bolivia, la «igualdad» y la «justicia» sustentan la matriz axiológica a partir de la cual el constituyente boliviano diseñó políticas afirmativas a favor de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia, como de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año de edad. En efecto, el art. 48.VI de la CPE, señala que: ‘Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos, se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad’. Precepto constitucional que converge en una política constitucional positiva que, a entendimiento de la jurisprudencia constitucional, resulta en las siguientes reglas: ‘a) La prohibición de despido de toda mujer trabajadora en situación de embarazo; b) La inamovilidad de la mujer trabajadora en gestación y por un lapso de un año de edad; y c) La inamovilidad del progenitor varón por un lapso de un año, computable desde el nacimiento de su hijo o hija’ (SC 1650/2010-R de 25 de octubre). Bajo ese criterio, se procura, por un lado, evitar la discriminación por la condición de embarazo y, por otro, garantizar la estabilidad laboral de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia, como también del progenitor varón, independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado, como a funcionarias (os) o servidoras (o) públicas (os); todo esto, en resguardo de la hija o hijo nacido y hasta su primer año de edad, desde el momento de su concepción, como sujeto de derechos en todo lo que pudiera favorecerle. Precisamente, con dicha finalidad y tomando en cuenta los aspectos antes referidos, además del deber del Estado, la sociedad y la familia, de garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, -que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados-, es que a través del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, complementado por el DS 0496 de 1 de mayo de 2010, se estableció que: (…). En ese orden de ideas, resulta incuestionable que se faculta a la madre en estado de gestación y lactancia, como al progenitor varón, -cuando la hija o hijo fueran menores al año de edad-, el acudir directamente ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en resguardo de su derecho a la inamovilidad, en el caso que se hubiera incumplido la previsión constitucional de resguardo a su estabilidad laboral. Inclusive, admitiéndose el interponer acciones de defensa de este derecho ante esta jurisdicción y conforme a los términos descritos en el artículo de referencia’. De lo señalado, se infiere que la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año edad, se sustenta en el deber que tiene el Estado de garantizar la prioridad y preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, que consiste en la primacía de recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, así también esta garantía se sustenta en el derecho fundamental a la estabilidad laboral; derechos que se encuentran plenamente reconocidos por la Constitución Política del Estado y normas de carácter social infra-constitucionales, como los preceptos contenidos en el referido DS 0012» (las negrillas son nuestras).

III.2. Para el ejercicio del derecho a la inamovilidad laboral prevista en el art. 48.VI de la Constitución Política del Estado, no se requiere el preaviso al empleador del estado de gravidez o de la existencia del hijo o hija menor de un año

En cuanto al tema, la citada SCP 1043/2013, expresó que: “…respecto de la obligatoriedad de dar aviso o no de esta situación a la parte empleadora en la SCP 2557/2012 de 21 de diciembre preciso: ‘Con relación a la necesidad de dar el aviso del estado de gravidez al empleador, la SC 0771/2010-R de 2 de agosto efectuando una interpretación extensiva del art. 48.VI de la CPE, dejó sentado: «debe considerarse que actualmente la protección a la mujer embarazada se encuentra prevista en la Constitución Política del Estado, garantizando la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, conforme a lo previsto en el art. 48.VI: «Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad». De acuerdo a dicha norma, se puede identificar claramente dos garantías que tienden a hacer efectiva la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y la obligación del Estado de garantizar las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral (art. 62 de la CPE). Por una parte, que las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su situación de embarazo o número de hijas o hijos, lo que supone que en estos casos se tendrá por lesionada esa garantía cuando el empleador, pese a conocer la situación de embarazo de la mujer trabajadora, la despide, en un acto de discriminación. Por otra, la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad; garantía que no está supedita a determinadas condiciones o requisitos que deben ser cumplidos por la mujer o el hombre y, por lo mismo, para su ejercicio, no se requiere el previo aviso al empleador del estado de embarazo o de la existencia de un hijo o hija menor a un año. Norma que, es directamente aplicable, en virtud a lo expresamente dispuesto por el art. 109.I de la CPE que refiere que: es directamente aplicable: ‘I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección’. Bajo ese razonamiento, debe entenderse que la tutela que brinda la Constitución Política del Estado a la mujer embarazada y con hijos menores a un año, y a los progenitores, es más amplia y, por lo mismo, no se puede aplicar la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1416/2004-R citada precedentemente, al haber realizado una interpretación restrictiva de la Ley 975. Efectivamente, el requisito formal de dar aviso a su empleador acerca de su estado de gravidez, sin el cual no existiría la protección estatal en lo que respecta a su inamovilidad laboral, carece de relevancia frente a una necesidad indubitable, que es precisamente asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor, ya que con una fuente laboral, al menos se asegurará a la madre el poder agenciar los medios necesarios para proteger las necesidades más premiosas que demande el niño o niña recién nacidos. En ese entendido, se debe cambiar el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 1416/2004-R, en sentido que no es necesario dar aviso al empleador sobre la situación de embarazo de la mujer trabajadora, para acceder a la protección que brinda la Constitución Política del Estado a la mujer gestante y con niño menor a un año; siempre que acuda de manera inmediata al empleador solicitando el respeto y vigencia de sus derechos a través de su reincorporación a su fuente de trabajo y el acceso a los beneficios que conlleva, o en su defecto ante la oficina departamental del Ministerio del Trabajo, que es una vía rápida, conciliadora e idónea, dado que sus resoluciones pueden ser cumplidas judicialmente; no obstante, en caso de resistencia, evasivas o dilación por parte del empleador, sin más trámite y también de manera oportuna, haciendo abstracción a los requisitos de subsidiariedad, sin que sea necesario acudir a la vía de la judicatura laboral u otros medios impugnativos al interior de la entidad o instancias superiores, puede acudir a la justicia constitucional a través de la acción de amparo a objeto de hacer valer sus derechos”. Del marco legal antes descrito, así como de la jurisprudencia glosada, se establece que este beneficio no sólo garantiza la estabilidad laboral de la mujer en estado de gravidez, sino sus alcances se extienden en las mismas condiciones de igualdad al progenitor varón, independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado o funcionarias (os) del sector público; norma constitucional que al ser de aplicación directa por mandato de la propia norma fundamental, no se encuentra supeditada al cumplimiento de exigencias previas para su ejercicio, como el requisito formal de dar aviso al empleador del estado de gravidez o de la existencia del hijo o hija menor de un año antes de gozar de este derecho, aspecto que resulta irrelevante al momento de ejercer esta garantía, al estar frente a una necesidad prioritaria como es el de asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor materializadas con la garantía de contar con una fuente de trabajo. Razonamiento que si bien fue desarrollada por la jurisprudencia constitucional, sólo en casos de mujeres en estado de gravidez; sin embargo, este entendimiento, en el marco del derecho a la igualdad consagrado en el art. 14.I y II de la CPE como derecho fundamental, a su vez establecido en la Declaratoria Universal de Derechos Humanos, cuyo art. 7 previene que: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”; también debe ser asumida en aquellos casos en los cuales se debe otorgar esta garantía a favor del progenitor varón, en coherencia con el mismo art. 48.VI de la CPE en cuyos alcances de protección también está inmerso el progenitor” (énfasis añadido).

III.3. Análisis del caso concreto

Precisada que fue la problemática traída en revisión, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, por Memorándum AISEM/DGE/MEM/0152/21 de 1 de septiembre de 2021, Javier Christian Fulguera Condori, Director General Ejecutivo AISEM –ahora demandado–, designó en el puesto de Especialista en Infraestructura a Edwin Fernández Torrico –ahora accionante– (Conclusión II.1); empero, a través de Memorándum AISEM/DGE/MEM/204/21 de 31 de diciembre de 2021, la misma autoridad, prescindió de los servicios del impetrante de tutela, en el que consta sello de recepción el 3 de diciembre de 2022 (Conclusión II.2); el cual, mediante Acta de Representación de 31 de diciembre de 2021, personal de RR.HH. hace constar que Edwin Fernández Torrico, no se encontraba en su puesto de trabajo para que pueda ser notificado con el referido Memorándum de desvinculación, lo cual imposibilitó su entrega, acto que se realizó en presencia de un testigo (Conclusión II.3). A través de nota presentada el 3 de enero de 2021, ante el Director demandado, el impetrante de tutela puso a su conocimiento que su esposa se encontraba en estado de gestación acompañando para el efecto ecografía obstétrica de 27 de diciembre de 2021, elaborada por Nelly Quispe Apaza, Médico Ecografía General con matrícula MPQ-404; por la que, concluyó que la cónyuge del solicitante de tutela reportaba un embarazo de doce semanas y un día (Conclusiones II.4 y II.5); reiterando su representación a la ilegal conclusión laboral, presentó nota el 4 de enero de 2022, ante la misma Autoridad, solicitando se deje sin efecto, por encontrase su esposa en estado de gestación (Conclusión II.6). Obteniendo como respuesta la nota de 12 de enero de 2022; mediante la cual, el Director demandado señaló que no cumplió con los requisitos exigidos por el art. 3 del DS 12 de 19 de febrero de 2009, para efectos de solicitar inamovilidad laboral; toda vez que, el certificado médico debe ser expedido por un ente gestor de salud o por establecimiento público de salud; y, debió presentar certificado de matrimonio o reconocimiento ad vientre (Conclusión II.7). Ante lo suscitado, el impetrante de tutela solicitó de intervención de la Defensoría del Pueblo, que a través de Registro de 18 de enero de 2022, se asignó número de caso a la de dicha Defensoría, a objeto de que coadyuve con su inamovilidad laboral (Conclusión II.8); en constancia al acuerdo entre las precitadas instituciones, después de una reunión sostenida entre ambas entidades, por nota de 24 de enero de 2022, el accionante remite la documentación requerida al Director demandado (Conclusión II.9); obteniendo como respuesta la nota de 28 de enero de 2022, emitida el ahora demandado, comunicando que no existe ningún acuerdo entre la AISEM y la Defensoría del Pueblo; y, la documentación adjunta en la citada nota presentada, has sido realizada con posterioridad a la fecha de la desvinculación (Conclusión II.10) Con el objeto de atender lo solicitado en el citado acuerdo entre la AISEM y la Defensoría del Pueblo y lo establecido en el art. 3 del DS 12, el peticionante de tutela, presentó nota el 28 de enero de 2022, al Director demandado, remitiendo Certificado Médico de 27 de enero de 2022, con sello de vigencia de la Caja Bancaria Estatal de Salud; por el que, Jancarla Rodríguez Carranza, Ginecóloga Obstetricia con matrícula MPR-3001, concluyó que la cónyuge del solicitante de tutela reportaba un embarazo de catorce semanas y cinco días; tendiendo como respuesta la nota de 14 de febrero del mismo años, donde Heidi Castillo Apaza, Directora de Asuntos Jurídicos de la AISEM, señaló que dicha institución no arribó ningún acuerdo con la Defensoría del Pueblo (Conclusiones II.11, II.12 y II.13).

Previo a considerar el fondo del caso concreto, en relación al incumplimiento del principio de subsidiariedad alegado por la entidad demandada, es pertinente referir que de acuerdo a la SCP 0772/2020-S2 de 2 de diciembre, la cual sostuvo que: “...tratándose de mujeres embarazadas, a través de la SC 0530/2010-R de 12 de julio, determinó que: ‘…la protección de una mujer trabajadora en estado de gestación (…) es de carácter inmediato por el efecto irreparable que podría causar el hecho ilegal denunciado…’; en similar sentido, la SCP 0198/2013 de 27 de febrero, haciendo extensiva la línea jurisprudencial procesal hacia el padre progenitor con una hija o hijo menor de un año -que se integra a esta protección, a la luz de la Constitución Política del Estado- sostuvo que: ‘…los padres trabajadores en búsqueda de tutela ante la justicia constitucional ante un despido o destitución de su fuente laboral, extensivamente deberá aplicarse el entendimiento desarrollado con relación a la excepción de la subsidiariedad en las acciones de amparo constitucional…’” (las negrillas nos corresponden); por lo que, resulta evidente la abstracción del referido principio en casos en los que se encuentren inmersos grupos vulnerables, no siendo imprescindible que el peticionante de tutela –en este caso el padre de un menor en gestación– agote los medios previstos en la jurisdicción administrativa u ordinaria para salvaguardar los derechos fundamentales invocados como lesionados, al tratarse de aspectos formales, y en virtud al resguardo de los mismos, merecen una protección urgente e inmediata soslayando esa exigencia procesal. Realizada dicha aclaración, el accionante refiere que se lesionaron sus derechos a la vida, a la salud, a la estabilidad e inamovilidad laboral y a la seguridad social, por haber sufrido el retiro de su fuente de trabajo mediante Memorándum AISEM/DGE/MEM/204/21 de 31 de diciembre de 2021 la cual no puedo ser recepcionada por no estar habido en su fuente de trabajo, quedando como constancia dicha imposibilidad en acta de representación elaborada por RRHH; y, que recién el 3 de enero de 2022, fue recibida de forma personal; por lo que, por intermedio de notas de 3 y 4 de enero de igual año y certificaciones que acreditan el estado de gestación de su cónyuge, solicitó se deje sin efecto el mencionado memorándum alegando que goza de inamovilidad laboral, aspecto que no fue considerado por el Director General Ejecutivo de la AISEM hoy demandado, quien rechazo su petición manifestando que al momento de su desvinculación no conocía el estado de gravidez de su esposa y que la documentación recibida fue posterior al memorándum y que además la misma no cumplían con los requisitos exigidos por el art. 3 de DS 12 de 19 de febrero de 2009; por lo descrito, la autoridad demandada asumió una conducta contraria a la jurisprudencia constitucional; la cual, no exige hacer conocer dicho extremo para que aquella garantía adquiera efectividad, eludiendo el principio de progresividad y no regresión, apartándose del criterio que favorezca al trabajador, deviniendo tal despido en la trasgresión de los derechos del accionante. Ahora bien, resulta imperativo remitirnos a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en el cual se desarrolló los alcances y protección constitucional de la inamovilidad laboral cuando emerja de la condición de progenitores de niñas o niños menores de un año de edad, en resguardo de las prerrogativas de sectores vulnerables que necesitan de una protección reforzada a efectos de procurar la validez plena y efectiva de sus derechos, así como de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumplan un año de vida como sujeto de derechos en todo lo que pudiera favorecerle, efectivizando el interés superior del menor; a cuyo efecto, el beneficio alcanza a la prohibición de despido, independientemente de tratarse tanto de funcionarios del sector privado, como de servidores públicos. En ese contexto, corresponde efectuar una cronología de fechas de los hechos y actos a fin de dilucidar si efectivamente a tiempo del retiro, el solicitante de tutela gozaba de la inamovilidad laboral; no obstante, la aclaración que dicha garantía se encuentra instituida en el art. 48.VI de la CPE, aduciendo que es transversal y tiene alcance general para todos los trabajadores que están en la situación de progenitores de hijos menores de un año de edad; es así que, la desvinculación laboral del solicitante de tutela fue el 31 de diciembre de 2021, mediante Memorándum AISEM/DGE/MEM/204/21, emitido por Director demandado; asimismo, por informe médico de ecografía obstétrica de 27 de diciembre del mismo año, certificó que la cónyuge del impetrante de tutela, se encuentra con embarazo de doce semanas y un día; por lo que, al momento del alejamiento de su fuente de trabajo –3 de enero de 2022–, su esposa ya se encontraba en estado de gestación; por cuanto, no resulta correcta la denegatoria de dejar sin efecto el citado memorándum por parte de la indicada entidad; toda vez que: “…El art. 48.VI de la CPE, de manera imperativa garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de gravidez y de los progenitores, hasta que la hija o hijo cumplan un año de edad (…) no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo…” (SCP 1043/2013). Por lo desarrollado ut supra, la cita Dirección General Ejecutiva de la AISEM debió considerar la petición del accionante que la realizó mediante notas de 3 y 4 de enero de 2022, solicitando se deje sin efecto el Memorándum de desvinculación laboral haciendo conocer su condición de padre progenitor a través del informe médico de 27 de diciembre de 2021, y Certificado Médico visado por la Caja Bancaria Estatal de Salud de 27 de enero de 2022; más aún, si de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional sostuvo en cuanto a la inamovilidad laboral que: “…no se encuentra supeditada al cumplimiento de exigencias previas para su ejercicio, como el requisito formal de dar aviso al empleador del estado de gravidez o de la existencia del hijo o hija menor de un año antes de gozar de este derecho, aspecto que resulta irrelevante al momento de ejercer esta garantía…” (SCP 1043/2013). Finalmente, en virtud a la documentación adjunta como prueba, conforme al principio de favorabilidad, por tratarse de los derechos de un sector vulnerable que requiere de una protección reforzada, y en consideración a la jurisprudencia que resguarda la estabilidad laboral de los padres progenitores de hijos menores de un año de edad –aspecto acreditado por el peticionante de tutela–, corresponde otorgar la protección, garantizando su inamovilidad laboral; cuya concesión para el caso concreto, alcanza a su restitución hasta el año de nacido de su hijo o hija, conforme la permisibilidad del precepto normativo constitucional citado ut supra; al igual que, el pago de los salarios devengados por el lapso que dejó de percibirlos. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 216/2022 de 5 septiembre, cursante de fs. 369 a 372 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional y conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0429_2024-S4.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8aadaa6c193f4dd8ab87eafc83f01b39f14dd2a686f1b77bc0a6f1c8af83f0d0

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