B.IA.LEGAL

SCP 0429/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 16 de agosto de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
16 de agosto de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
49021-2022-99-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante por medio de su representante sin mandato, denuncia como vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación; toda vez que, el Auto de Vista 77/2022-SP1 de 19 de abril, revocó el Auto Interlocutorio de 168/2022 de 5 de abril, dispuso su detención domiciliaria con vigilancia permanente y arraigo, sin fundamentación y motivación respecto a la concurrencia de los requisitos indispensables para la revocatoria establecidas en el art. 247 del CPP y los presupuestos exigidos en el art. 233, 234 y 235 como exige el art. 236 todos del CPP.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; 1.i) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP; 2) Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 213/2022 de 7 de julio, cursante de fs. 109 a 113; pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del mismo departamento; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos dispositivos establecidos por el Juez de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0429/2024-S1 Sucre, 16 de agosto de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 49021-2022-99-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 213/2022 de 7 de julio, cursante de fs. 109 a 113, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosario Quispe Bustamante en representación sin mandato de Manuel Alberto Soto Calle contra Eve Carmen Mamani Roldan, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de julio de 2022, cursante de fs. 10 a 12, el accionante por medio de su representante sin mandato, expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 5 de abril de 2022 se celebró la audiencia de solicitud de revocatoria de medidas cautelares resuelto por Auto Interlocutorio 168/2022 que dispuso declarar sin lugar e infundada la misma. Ante tal decisión, la víctima interpuso recurso de apelación que fue resuelta por Auto de Vista 77/2022-SP1 de 19 de abril emitido por la Vocal demandada, quien revoco en parte el Auto Interlocutorio 168/2022 de 5 de abril, modificó las medidas cautelares de carácter personal que fueron impuestas por Auto Interlocutorio 46/2021 y dispuso la detención domiciliaria, con vigilancia policial y la prohibición de salir del país, disponiéndose su arraigo, medida asumida bajo el argumento que la Ley 348 en delitos que atenten la vida, seguridad, integridad física, psicológica y sexual de las mujeres impone la carga probatoria al Ministerio Publico y que rige el principio de informalidad. El tribunal de apelación tenía la obligación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar conforme al art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en el caso la autoridad judicial demandada emitió el Auto de Vista 77/2022-SP1 de 19 de abril, sin fundamentación y motivación respecto a la concurrencia de los requisitos indispensables para la revocatoria, los cuales son determinar o descartar a través de los elementos probatorios presentados cualquiera de las causales establecidas en el art. 247 del CPP y alternativamente establecer la concurrencia de los presupuestos exigidos en el art. 233, 234, 235 y 236 todos del CPP. En el Auto de Vista solo se limita en enfatizar que el accionante fue declarado rebelde y por ello asumió una actitud reticente concurriendo el art. 234.4 y alternativamente concurría el art. 247 del CPP, sin embargo no existe fundamento que explique como el hecho de no concurrir a una audiencia de revocatoria constituye uno de los presupuestos establecidos en el art. 247 del CPP, no explica en cuál de sus numerales se subsume, si bien se señala que la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público en el caso ni dicha representación, ni la victima ofreció elemento de prueba alguno que determine el incumplimiento de las obligaciones impuestas. Tampoco se señaló si la vigilancia policial es permanente o esporádica.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión a su derecho a la libertad, y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación; citando al efecto los arts. 22, 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE), 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.2 y 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista 77/2022-SP1 de 26 de enero, debiendo emitirse nueva resolución fundamentada y motivada que declare improcedente la apelación incidental.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se celebró el 7 de julio de 2022; según consta en acta cursante de fs. 105 a 108 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante por intermedio de su abogada, ratificó los términos del memorial de la acción de libertad, ampliando refirió que: En audiencia de aplicación de medidas cautelares por Auto Interlocutorio 426/2021 de 10 de noviembre, se le impuso presentarse una vez en el Ministerio Público de Oruro y dos veces en la ciudad de Sucre porque acreditó su domicilio en dicha ciudad, luego el 2 de diciembre de 2021, a sus 22 días, la victima solicitó revocatoria de las medidas, sin embargo, la abogada del imputado no tuvo conocimiento de esa audiencia por lo que lo declaran rebelde. El 5 de abril de 2024 se realiza audiencia de revocatoria, en la que se mantienen las medidas anteriormente dispuestas y ordena que el imputado establezca la ubicación exacta de su domicilio, ante el recurso de apelación interpuesto por la víctima, se emite el Auto de Vista denunciado que dispone la detención domiciliaria en la ciudad de Sucre, sin que se haya presentado ninguna prueba sobre el incumplimiento de las medidas y la Vocal demandada solamente tomó en cuenta la declaratoria de rebeldía como un presupuesto para agravar su situación jurídica, sin señalar a cuál de los numerales del art. 247 del CPP, se estaría acomodando su conducta, sin embargo dispuso la detención domiciliaria con vigilancia permanente, cuando la víctima vive en Oruro y el demandado en Sucre, no existiendo peligro, si viven en diferentes distritos, porque ya están separados por lo que no hay necesidad de mantener la medida.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Eve Carmen Mamani Roldan, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en audiencia señaló lo siguiente: a) La acción de libertad debe circunscribirse a los parámetros de los arts. 125 de la CPE y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en la acción presentada no se refiere a cuál de los supuestos de la procedencia de la acción de libertad se acomoda el caso, por lo que existe una manifiesta improcedencia; b) Para reclamar la vulneración a los derechos a la fundamentación o motivación necesariamente se tiene que vincular a cuál de los dos se refiere, toda vez son diferentes; c) El recurso de apelación incidental presentado por la víctima fue resuelto dentro del margen que establece el art. 398 del CPP, dado que se establecieron tres agravios, el primero vinculado a que en ocasión de solicitar la revocatoria de la medida cautelar de carácter personal, en audiencia se habrían acreditado la concurrencia de los núms. 1,2,3 del art. 233 del CPP, vale decir la participación del imputado en el hecho, el peligro procesal de fuga vinculado al art. 234.4 del CPP en cuanto a una actitud reticente a la convocatoria de audiencia, un segundo agravio vinculado al razonamiento que la autoridad judicial A quo hubiere expuesto en el entendido que la víctima está obligada a presentar prueba sobre el incumplimiento de alguna medida, siendo esta obligación del juez cautelar a través de cooperación directa y un tercer agrario vinculado a la necesidad de una pronta diligencia, así el tribunal de alzada inicio hizo un análisis sobre lo que establecía el art. 233.1, 2 y 3 y el peligro del art. 234.4 del CPP a partir de los agravios y antecedentes remitidos concluyendo que el imputado si bien acreditó domicilio empero demostró una actitud reticente, asimismo se hizo un análisis integral de los antecedentes, por lo que se determinó revocar en parte la resolución del Juez de instancia; y, d) Para emitir el Auto de Vista denunciado, se identificó la normativa vigente y a partir de ello se efectuó un razonamiento contextual de los antecedentes remitidos, los agravios expresados y finalmente la normativa alegada en el recurso de apelación, por ello la resolución está fundamentada en la normativa legal y motivada, además la justicia constitucional no puede ser supletoria de los recursos ordinarios al alegarse una carencia o insuficiencia de fundamentación, la ausencia de motivación tiene que tener relevancia constitucional para poder ser amparada. Se denuncia que el imputado no puede ni comer solo, ni ir al baño, sin embargo, la abogada del imputado refirió que trabaja o estudia y que tiene que hacer abandono del domicilio, a lo que la autoridad judicial solicitó se acredite el horario del estudio o trabajo para que se flexibilice la medida; por lo que solicita se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del mismo departamento, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 213/2022 de 7 de julio, cursante de fs. 109 a 113, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 77/2022-SP1; disponiendo que la autoridad demandada en el plazo de 48 horas emita un nuevo fallo. Determinación asumida con el fundamento que la resolución que resuelva la revocatoria de las medidas sustitutivas y la imposición de la detención preventiva aun sea domiciliaria, debe ser una resolución debidamente motivada, fundamentada y congruente, en la cual se expongan suficientemente los motivos del porque se consideran incumplidas las medidas sustitutivas y en qué medida concurrirían los requisitos legales de procedencia de la detención domiciliaria, debiendo en dicho análisis realizarse necesariamente de la proporcionalidad, a efectos de que la determinación a ser asumida responda a un verdadero análisis integral, máxime si se va determinar la privación de libertad del imputado aun sea en su domicilio; en el caso que nos ocupa el accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad en razón que al pronunciarse el Auto de Vista 77/2022-SP1 de 19 de abril, revoco las medidas sustitutivas disponiendo la medida cautelar de detención domiciliaria, sin considerar lo previsto por el art. 247 del CPP, pues esa segunda medida extrema es aplicada en casos donde la misma sea procedente y conforme una evaluación integral de los presupuestos contenidos en los arts. 233, 234 y 235 del CPP, si bien la autoridad jurisdiccional tomó en cuenta la declaratoria de rebeldía, deduciéndose de esta reticencia a someterse al proceso, empero en el Auto de Vista no se tiene taxativamente una valoración integral de los requisitos establecidos en el art. 233 del CPP y los riesgos procesales de fuga y de obstaculización contenidos en los arts. 234 y 235 del código señalado, siendo necesario una evaluación integral de los requisitos y los riesgos procesales que debe ser fundamentada y motivada respecto a su concurrencia, tomando en cuenta los hechos, las pruebas que determinen la procedencia de la detención domiciliaria.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 426/2021 de 10 de noviembre de 2021 que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Patricia Laura Huayllas Rojas contra Manuel Alberto Soto Calle por el presunto delito de violencia familiar o domestica dispone las medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva consistentes en la obligación de no cambiar de domicilio, prohibición de contacto con la víctima, presentarse cada dos semanas ante el Ministerio Público en la ciudad de Sucre, y una vez por mes ante la representación fiscal en Oruro, así como la fianza económica de Bs. 2000 (fs. 24 a 27 vta.). II.2. Consta Auto Interlocutorio 168/2022 de 5 de abril, emitido por el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Oruro, que declara sin lugar e infundada la solicitud de revocatoria de medidas cautelares interpuesta por la victima manteniendo subsistentes las medidas impuestas en el Auto Interlocutorio 426/2021 de 10 de noviembre (fs. 61 a 63 vta.). II.3. Mediante Auto de Vista 77/2022-SP1 de 19 de abril, emitido por Eve Carmen Mamani Roldan, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -autoridad demandada-, se declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental interpuesto por Patricia Laura Huayllas Rojas y revocó en parte el Auto Interlocutorio 168/2022 de 5 de abril, modificando las medidas cautelares de carácter personal que hubieran sido impuestas inicialmente por Auto Interlocutorio 426/2021 de 10 de noviembre, disponiendo que acreditado el domicilio en la ciudad de Sucre, en las calles Brasil esquina Puerto Rico 222, domicilio real del imputado Manuel Alberto Soto Calle, se le impone la detención domiciliaria, sea con vigilancia policial así como la prohibición de salir del país sin autorización judicial previa, disponiéndose su arraigo a nivel nacional, mintiendo incólume las medidas cautelares de carácter personal impuestas al imputado por Auto Interlocutorio 426/2021 de 10 de noviembre de 2021 (fs. 73 a 78 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante por medio de su representante sin mandato, denuncia como vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación; toda vez que, el Auto de Vista 77/2022-SP1 de 19 de abril, revocó el Auto Interlocutorio de 168/2022 de 5 de abril, dispuso su detención domiciliaria con vigilancia permanente y arraigo, sin fundamentación y motivación respecto a la concurrencia de los requisitos indispensables para la revocatoria establecidas en el art. 247 del CPP y los presupuestos exigidos en el art. 233, 234 y 235 como exige el art. 236 todos del CPP.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; 1.i) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP; 2) Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:

(…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.

(…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

(…)

esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.

III.1.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, precedida por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho; y si la detención se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación -indicios razonables que vinculen al acusado, fines legítimos, aplicación excepcional y criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad-. En el marco de lo anotado, el art. 236 del CPP, exige que la resolución que disponga la detención preventiva, se encuentre debidamente motivada sobre los presupuestos que dieron lugar a su determinación. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art.

233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva. Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por 13El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.

los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.

III.2. Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, asumió el siguiente entendimiento:

Los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género. Así, la Ley 348, en el Título IV sobre Persecución y Sanción Penal, en el Capítulo I, hace referencia a la denuncia, estableciendo específicamente en su art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas:

ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia: (…)

3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas. (...)

7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho.

8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. (…) [las negrillas son añadidas]. La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

De igual modo, en el Capítulo III sobre Persecución Penal -del referido Título I-, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:

1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.

2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad.

3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado). Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que:

ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:

1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas.

2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento.

3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales.

4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad.

5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima.

6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos.

7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia.

8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización.

9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables.

10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente.

11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público.

13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas.

14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho.

15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro).

En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (el resaltado es nuestro). Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo, son de acción pública; de ahí, el deber no solo de perseguir de oficio, sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación, que se refuerza con lo previsto por el art. 94 de dicha Ley 348, que con el nombre de Responsabilidad del Ministerio Público, señala que:

Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización.

En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención.

La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo (las negrillas son añadidas).

De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima. Además, cabe señalar, que en la adopción de medidas cautelares, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer durante la investigación; entendimiento que ya fue plasmado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que al momento de establecer los criterios de peligro para la víctima, contenidos en el art. 234.10 del CPP, señaló en su Fundamento Jurídico III.2, que:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante por medio de su representante sin mandato, denuncia como vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación; toda vez, que el Auto de Vista 77/2022 de 19 de abril revoco el Auto Interlocutorio de 168/2022 de 5 de abril y dispuso su detención domiciliaria con vigilancia permanente y arraigo, sin fundamentación y motivación respecto a la concurrencia de los requisitos indispensables para la revocatoria establecidas en el art. 247 del CPP y los presupuestos exigidos en el art. 233, 234 y 235 como exige el art 236 todos del CPP. Analizados los antecedentes se tiene que, dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en audiencia de medidas cautelares se emitió el Auto Interlocutorio 426/2021 de 10 de noviembre, que dispuso medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva a favor de Manuel Alberto Soto Calle (Conclusión II.1).

Ante la solicitud de revocatoria de las medidas impuestas efectuada por la víctima, se emitió el Auto Interlocutorio 168/2022 de 5 de abril, por el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Oruro, que declara sin lugar e infundada la referida solicitud manteniendo subsistentes las medidas impuestas en el Auto Interlocutorio 426/2021 de 10 de noviembre (Conclusión II.2).

Ante tal determinación, la victima interpuso recurso de apelación que mereció el Auto de Vista 77/2022-SP1 de 19 de abril, emitido por Eve Carmen Mamani Roldan, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora autoridad demandada-, que declaró procedente en parte el recurso de apelación y revocó en parte el Auto Interlocutorio 168/2022 de 5 de abril, modificando las medidas cautelares de carácter personal impuestas inicialmente por Auto Interlocutorio 426/2021 de 10 de noviembre, disponiendo la detención domiciliaria del imputado con vigilancia policial, prohibición de salir del país sin autorización judicial previa, arraigo a nivel nacional, en lo demás se mantiene incólume las medidas cautelares de carácter personal impuestas al imputado (Conclusión II.3). En ese contexto, de acuerdo a la problemática planteada, corresponde ahora pronunciarse sobre la actuación de la autoridad de alzada demandada; a tal efecto se efectuará el análisis del Auto de Vista 77/2022-SP1 de 19 de abril. De la referida resolución, inicialmente se extraen tres agravios planteados por la víctima, que son:

“primero sostiene que a efectos de solicitar la revocatoria de las medidas cautelares de carácter personal impuestas al imputado se hubieran acreditado la concurrencia de los numerales 1, 2 y 3 del art. 233 en cuanto a la participación del imputado responsabilidad en el hecho punible, pero además la concurrencia del peligro procesal de fuga reconocido en el art. 234.4 del CPP en cuanto a la actitud reciente del imputado a una convocatoria a audiencia en la que fue declarado rebelde luego de ser buscado por bastante tiempo fue recién aprehendido en esta ciudad.

Un segundo agravio lo identifica en el entendido de que no es posible un razonamiento de que vincule a la víctima y la obligue en la presentación de prueba sobre el cumplimiento o no de alguna medida a la cual fue sometido el imputado, siendo esta obligación del juez cautelar a través de cooperación directa.

Un tercer agravio vincula a la necesidad de como percutar esa pronta diligencia en casos de género, con estos antecedentes solicita que se revoque la resolución emitida por la autoridad judicial a quo ahora impugnada a través de este recurso y se disponga la detención preventiva del imputado por el lapso de 2 meses particularmente para garantizar su presencia en el juicio y el cumplimiento de la ley”. En respuesta a los referidos agravios del recurso de apelación planteada por la víctima, la Vocal demandada se pronuncia de la siguiente manera:

“El art. 398 del CPP, delimita la competencia del Tribunal de Alzada en cuanto esta establece que la resolución hacer emitida por el Tribunal de Alzada debe circunscribirse precisamente los agravios expuestos en el recurso, sin embargo es también orientación del Tribunal Constitucional a través de la jurisprudencia que el Tribunal de Alzada tiene las facultades de valorar de forma integral no solo los elementos probatorios que hubieran sido puestos a conocimiento de la autoridad judicial que emitió la resolución que es objeto de apelación, sino también los agravios expuestos en ese actuado judicial, además de los antecedentes que hubieran sido puestos a conocimiento del Tribunal de Alzada como emergencia del recurso de apelación incidental, bajo ese contexto normativo corresponde inicio hacer un análisis de la resolución emitida por la autoridad judicial y contrarrestar si los agravios expuestos por la parte recurrente, el Auto Interlocutorio N° 168/2022 de 5 de abril del presente año, luego de hacer un análisis de los fundamentos de la postulación, vale decir, de la solicitud de revocatoria de medidas cautelares de carácter personal impetrada por la víctima y así también de la autoridad Fiscal y los fundamentos del imputado en conocimiento de estos requerimientos, realiza a través de un parágrafo II, los fundamentos jurídicos de la resolución vinculando la normativa vigente al análisis del caso.

Resumiendo de ello que le fundamento de la defensa en el entendido de que se requería la ubicación exacta del domicilio del imputado esta hubiera sido cumplida al cursar en antecedentes un croquis con la ubicación exacta del domicilio del imputado, vale decir la identificación especifica del inmueble del Sr. Manuel Soto, desechando a partir de ello el fundamento de la defensa para justificar una revocatoria de la medida cautelar para luego remitirse la segundo fundamento de la defensa técnica o del patrocinio de la víctima solicitante de la revocatoria en el entendido de que el imputado estuviera incumpliendo las presentación ante el Ministerio Publico, remitiéndose para ello la autoridad judicial a un análisis del parágrafo I del art. 314 del CPP, en cuanto que la parte que incidenta tiene la obligación de acreditar los fundamentos de su postulación y en el caso el argumento de que el imputado no está cumpliendo las presentaciones en la ciudad de Sucre o en este distrito, carece de documentación idónea que permite establecer ese extremo, remitiéndose a la exigencia de una certificación que acredite que el Sr. Soto no está asistiendo a esas presentaciones.

Razonando finalmente que alno haberse acreditado el primer requisito contenido en el art. 247 corresponde o no corresponde la revocatoria tampoco agravar la situación legal del imputado y menos la aplicación de una detención preventiva, rechazado a partir de ello la postulación de la parte ahora recurrente y es evidente también que ante una solicitud de complementación del patrocinio legal de la víctima sobre si la carga probatoria se la estaba atribuyendo a la víctima, la autoridad judicial en cuanto a acreditar el incumpliendo de las medidas impuestas al imputado, la autoridad judicial señala que se ha impuesto esa obligación a la víctima sino que tampoco es su obligación siendo obligación de este control atribuible al Juez de Ejecución Penal.

Los agravios expuestos en esta audiencia vinculan a tres componentes primero, que la audiencia de solicitud de revocatoria de medidas cautelares se hubiera acreditado de parte de la víctima solicitante de la revocatoria la concurrencia de los presupuestos establecidos en el art. 233.1, 2 y 3 del Código Procesal Penal previsto en el art. 234.4, para ellos nos remitimos a lo que establece la normativa procesal en cuanto a los identificado por la parte recurrente, vale decir los requisitos para una detención preventiva, nos dice ellos en num.1 que deben existir elementos de convicción para sostener que el imputado es con probabilidad autor o participe de un ahecho punible, elementos de convicción que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizara la averiguación de la verdad y finalmente el tercer vinculado al plazo de la duración de la detención preventiva.

Revisados los antecedentes que han sido remitidos ante este Tribunal, advertimos de inicio que por una resolución de imputación emitida por la autoridad Fiscal en primera instancia identificando al ahora imputado Manuel Soto Calle como el probable autor de un ilícito de Violencia Familiar o Domestica en su componente violencia psicológica es que este ha sido sometido inicialmente medidas cautelares de carácter personal, esto establecido a través de una resolución Auto Interlocutorio N 426/2021 de 10 de noviembre, medidas entre las que estaban precisamente el de acreditar de forma precisa el domicilio acreditado hasta entonces en la ciudad de Sucre, la prohibición de generar contacto con la víctima y la presentación de cada dos semanas ante el Ministerio Público en la ciudad de Sucre y una vez por mes en esta ciudad, finalmente una fianza económica en la suma de Bs. 2000.

De la revisión de estos antecedentes advertimos primero, que el imputado hubiera cumplido primero con establecer, precisar lo solicitado por la autoridad judicial vale decir en cuanto a su domicilio en la ciudad de Sucre, lo propio con el empoce de la fianza económica, estando vinculada a la solicitud de la parte recurrente de una revocatoria en cuanto al incumpliendo de la presentación del imputado, tanto en la ciudad de Sucre el Ministerio Público de la ciudad de Sucre como de esta ciudad para sus registro biométrico, el razonamiento de la autoridad judicial que expone para rechazar una revocatoria de la medida cautelar vinculada a este incumpliendo, vale decir en lo que previene el art. 247. Segundo en cuanto el imputado incumpla alguna de las obligaciones impuestas y que el imputado realice actos preparatorios de fuga o de obstaculización en la averiguaciones de la verdad, advertimos que si bien es cierto el art. 314 del CPP establece la carga probatoria al incidentista, en este caso a la solicitante de la revocatoria de la medidas cautelares de carácter personal, no es evidente que esta obligación de control sea atribuible al Juez de Ejecución Penal, luego siendo la autoridad judicial el Juez cautelar de Instrucción Penal el que ha impuesto esas medidas le corresponde ese control, sino que de oficio porque no olvidemos que la Juez es una autoridad imparcial luego no puede generar prueba a ninguna de las partes, ese requerimiento debe ser percutado obviamente por la parte incidentista en este caso la víctima, ese es un primer detalle que debe rescatarse en cuanto a la solicitud de la parte recurrente.

De otro lado correspondía a la autoridad judicial hacer un análisis integral de los antecedentes que conoce por ser precisamente la autoridad que ejercita ese control jurisdiccional no solo de la actividad del Ministerio Público en cuanto a la investigación sino en cuanto al desarrollo del proceso en su integridad y me refiero a la actitud asumida por Manuel Alberto Soto Calle en su condición de imputado y de obligado a cumplir las medidas que la autoridad judicial le impuso y eso va vinculado a que el Sr. Manuel Alberto Soto Calle convocado a una audiencia de revocatoria de medidas cautelares para fecha 2 de diciembre de 2021, no concurrió al llamado de la autoridad judicial lo que ha motivado la emisión de un Auto Interlocutorio N° 471/2021 donde se le declarar rebelde y en su emergencia dispone se emita mandamiento de aprehensión que fue ejecutado en fecha 4 de abril a horas 9:40 del presente año, resolución que ha permitido que el imputado asista a esa audiencia de revocatoria de medidas cautelares ese antecedente de por sí permite establecer la actitud reticente del imputado a un llamado de la autoridad judicial precisamente a una audiencia revocatoria de medias cautelares, lo que se enmarca dentro de lo que establece el art. 247 no solo el núm. 1 del CPP, toda vez que una de las obligaciones impuestas al imputado es su asistencia a todos los actuados judiciales, independiente de las medidas cautelares de carácter personal con las que fue beneficiado pero además la actitud reticente vinculada precisamente a los que establece el art. 234.4 del CPP, que nos señala: “el comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo”, estando legamente notificado porque eso lo ha establecido la autoridad judicial a través de su resolución cuando declaro la rebeldía del imputado, ha demostrado una actitud reticente al sometimiento no solo del llamado de la autoridad judicial sino también la predisposición de comparecer al proceso y cumplir con las medidas impuestas dentro de él.

En cuanto a que si es posible o no esta atribución de imponer la carga probatoria a la víctima sobre el bien cumplimiento de las medidas cautelares de carácter personal al imputado, la autoridad judicial todas las autoridades del Órgano Judicial deben estar sujetas a un principio de legalidad, vale decir, cumplimiento la norma y si la norma a través del art. 314 establece que la carga probatoria deviene de la parte solicitante de la parte requirente en el caso de la requirente de una revocatoria debe darse cumplimiento a ello y la autoridad judicial ha entendido ello y ha razonado dentro de este margen legal, empero ello no quita la facultad de la autoridad judicial de ejercitar este control obviamente a requerimiento de las partes por el principio de imparcialidad de la autoridad judicial, pudiendo ejercitar evidentemente esa cooperación institucional que también reconoce la normativa procesal penal.

En cuanto a un tercer agravio la necesidad sobre como percutar una pronta diligencia en el tema de género, si no vinculado al juez cautelar, sin embargo advertimos que el inicio de investigaciones puesto a conocimiento de la autoridad judicial en este caso el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción contra la Violencia de Mujeres N° 2 de esta capital, por el Ministerio Público data el 07 de enero del año 2019, siendo la imputación formal puesta a conocimiento también de esta misma autoridad judicial el 4 de octubre de 2021 y la celebración de una primera audiencia de medidas cautelares el 11 de noviembre del 2020.

Uno de los principios que reconoce la Constitución Política del Estado y por ende la Ley del Órgano Judicial vinculado a las autoridades judiciales es precisamente el de justicia pronta y oportuna, de otro lado se debe considerar también por mandato constitucional en cumplimiento de tratados internacionales que en casos donde vinculen a víctimas de violencia involucren a sectores vulnerable, este principio de celeridad justicia pronta, inmediatez, debe ser prioritario de otro lado el análisis que se debe hacer en cuanto a la carga de la prueba, si bien la norma procesal establece que esta deber ser perputada por el incidentista por el requirente la Ley N° 348 ley especial impone que la carga probatoria le corresponde en delitos que atenten contra la vida, seguridad, integridad física, psicológica y sexual de las mujeres al Ministerio Público.

Estos razonamientos en proceso no solo penales, pero en el caso que es un proceso penal vinculado a un hecho de violencia obligan a las autoridades a sujetar sus razonamientos dentro de estos parámetros y principios que la ley 348 impone, primero el de la informalidad siendo obligación no solo de la administración de justicia sino de toda la administración pública la no exigencia de requisitos formales, materiales que entorpezcan el proceso y que repercutan y perjudiquen el restablecimiento de los derechos vulnerados, en este caso de las víctimas, una atención diferenciada en cuanto las mujeres víctimas de violencia deben recibir una atención preferencial con criterios diferenciados para asegurar el pleno ejercicio de sus derechos, principios que además a partir del art. 86 tienen características procesales, entre ellas, el de la celeridad, legitimidad de la prueba, cuando esta norma reconoce que serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción, legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad y el de la verdad material, que nos enfoca a que las decisiones administrativas y judiciales en el caso respecto a casos de violencia contra las mujeres debe considerar la verdad de los hechos comprobados por encima de la formalidad pura y simple, para ellos nos dice la misma ley que se admitirán como medios de prueba todos los elementos de convicción obtenidos que puedan conducir al conocimiento de los hechos denunciados y esta debe ser apreciada por el juez, exponiendo los razonamientos en que funda su valoración jurídica.

Este es el razonamiento que se exige a la autoridad judicial a quo, en conocimiento de los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional, la inconcurrencia del imputado Manuel Alberto Soto Calle a un llamado de la autoridad judicial para considerar una revocatoria anterior de medidas cautelares, su actitud reacia a someterse al proceso hace a la concurrencia del presupuesto que establece el art. 247 del CPP, que amerita una consideración de una revocatoria de medidas cautelares, bajo este contexto y principios que impone la Ley 348 por mandato constitucional reitero pero no solo sino también un razonamiento convencional, de toda la normativa vigente internacionales a través de tratados reconocidos por el estado. Estos antecedentes acreditan que el imputado Manuel Alberto Soto Calle ha sujetado su conducta a estas conducta a estas causales de revocación que reconoce el art. 247 CPP ameritando la aplicación de lo que establece el art. 221 CPP en cuanto la finalidad y el alcance de las medidas cautelares, cuanto este artículo nos dice que la libertas personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución, Convenciones, Tratados Internacionales, este código solo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley.

Si bien es cierto que el art. 247 nos dice que es posible la detención preventiva cuando el incumplimiento de estas medidas provoque la revocatoria de ellas, es también cierto que este artículo nos expone que en defecto de la detención preventiva las medidas pueden ser agravadas, el imputado si bien acredito un domicilio en la ciudad de sucre conforme los antecedentes que cursan en el cuaderno de control jurisdiccional y en este testimonio de apelación incidental también es evidente que el mismo hubiese sido buscado el día lunes 28 de marzo del presente año a horas 14:00 en este domicilio para dar cumplimiento precisamente a la orden de aprehensión, en el que no hubiere sido encontrado, si bien es cierto el imputado esta beneficiado con medidas cautelares de carácter personal, es también evidente que el tiene la obligación de cumplir con las medidas impuestas por la autoridad judicial y particularmente presentarse a todo llamado de la autoridad judicial y particularmente presentarse a todo llamado de la autoridad judicial para no ser considerado en una actitud reacia, reticente al llamado de la justicia.

Estos antecedentes ameritan que la situación con la que fue beneficiado el imputado, en una aplicación de medidas cautelares de carácter personal sean agravadas para garantizar, principalmente su presencia en juicio tal cual se ha puesto en conocimiento de la audiencia, el mismo que estaría pronto radicando en un juzgado de sentencia y particularmente en cumplimiento de la ley”. Ahora bien, como se estableció, el motivo de la acción de libertad es la vulneración al derecho a la libertad y al debido proceso por falta de fundamentación y motivación; porque, el Auto de Vista impugnado revocó las medidas sustitutivas y dispuso la detención domiciliaria del accionante, sin una debida fundamentación, ni motivación. En cuanto a la fundamentación, se tiene que el juez o tribunal que va a resolver una petición de medidas cautelares, sea las que disponen, modifican, sustituyan o revocan debe partir de su análisis del mandato constitucional establecido por el art. 23.I de la CPE que dispone: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”, mandato recogido por los arts. 7 y 221 del CPP, que reiteran el carácter excepcional de la detención preventiva cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. En ese contexto, conforme claramente se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, cualquier determinación que disponga la detención preventiva o domiciliaria, debe cumplir los requisitos formales y materiales que devienen del mandato constitucional y la norma procesal penal que son esenciales y de ineludible cumplimiento; porque, con esa medida se está afectando derechos fundamentales. En ese orden, para disponer una medida cautelar como la detención preventiva o domiciliaria deben considerarse las disposiciones contenidas en los arts. 233 concordante con los arts. 234 y 235 así como lo dispuesto en los arts.23.I de la CPE; 7, 221, 236 y 247 del CPP. Condiciones que, en el caso, no cumple la resolución de apelación, impugnada, pues la misma, pese a revocar las medidas sustitutivas a la detención preventiva y disponer la medida más extrema como es la detención domiciliaria, inicialmente no se refirió a la concurrencia del numeral 1 del art. 233 del CPP, probabilidad de autoría, tampoco se refirió al numeral 3 del referido artículo. Si bien se refirió al riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.4 de CPP, sin embargo, en forma confusa y ambigua lo relaciona con la causal de revocatoria contenida en el art. 247.1 del citado código adjetivo, cuando entre lo dispuesto por el Auto Interlocutorio 426/2021 de 10 de noviembre, que impuso las medidas sustitutivas solamente se encuentran previstas la obligación de no cambiar de domicilio, prohibición de contacto con la víctima, presentarse cada dos semanas ante el Ministerio Público en la ciudad de Sucre, y una vez por mes en Oruro, así como la fianza económica de Bs2 000.- (dos mil bolivianos), más ninguna otra obligación, evidenciándose que la Vocal demandada no ha realizado una debida fundamentación al momento de pronunciar el Auto de Vista 77/2022-SP1 de 19 de abril. Lo mismo ocurre respecto a la motivación, la Vocal demandada no estableció con motivos lógicos jurídicos si en el caso concreto a efectos de disponer la revocatoria de las medidas sustitutivas concurre el elemento autoría previsto por el art. 233.1 del CPP, a pesar de que la misma advierte la exigencia de realizar un análisis integral, no lo hace; lo propio sucede en relación a las causales de revocación de la medida sustitutiva previstas en el art. 247 del CPP toda vez que contiene varios supuestos, simplemente hace alegaciones generales, concluyéndose en consecuencia, que no existe una debida motivación, incurriendo de esa manera la autoridad demandada al pronunciar el Auto de Vista 77/2022 en vulneración del debido proceso en su vertiente a la fundamentación y motivación, que conlleva vulnerar el derecho a la libertad, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada al respecto. Se aclara que, al tratarse de un caso de violencia familiar o doméstica, conforme al Fundamento Jurídico III. 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional ninguna mujer tiene la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia sino será el Ministerio Público como responsable de la investigación tal como refieren los arts. 86.12 y 94 de la Ley 348 lo dispone, lo que debe ser considerado al momento de resolver cualquier solicitud efectuado por la víctima. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 213/2022 de 7 de julio, cursante de fs. 109 a 113; pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del mismo departamento; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos dispositivos establecidos por el Juez de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

11 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 12El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades

nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0429_2024-S1.pdf · páginas 1 a 27.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0a18bf79207cb5e29b171f8d32410db55cb3cb51d09f1244cc39af07863db01d

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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