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SCP 0428/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 15 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
15 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
52027-2022-105-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, al debido proceso -en su dimensión del derecho a la defensa- y del principio de seguridad jurídica; toda vez que, habiendo solicitado por quinta vez la realización de una audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad judicial demandada fijó dicho acto procesal para el día 20 de septiembre de 2022, a horas 11:30, en modalidad virtual; sin embargo, a pesar de ser la quinta audiencia programada y que su abogada se conectó con diez minutos de anticipación, la audiencia no fue instalada, no hubo conexión de la Jueza ni se fijó nueva fecha de audiencia. Ante ello, la Jueza demandada no remitió informe escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme al Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la pérdida del objeto procesal en la acción de libertad
  2. III.2. Sobre la remisión de la prueba a la jurisdicción constitucional y los presupuestos de procedencia de la inversión de carga de la prueba
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0428/2025-S2 Sucre, 15 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 52027-2022-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 22/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alicia Analy Zapata Lino, abogada del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Walter Camilo Quintero Giraldo contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de septiembre de 2022, cursante a fs. 1 y 6 a 7 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el marco del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito; y, conducción peligrosa de vehículo, se dispuso su detención preventiva. En virtud de ello, el 15 de septiembre de 2022 solicitó la cesación de dicha medida, conforme a lo establecido en el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). En atención a dicha solicitud, Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, fijó audiencia virtual para el 20 del mismo mes y año a horas 11:30, siendo ésta la quinta convocatoria programada; no obstante, pese a que su abogada se conectó con diez minutos de anticipación y permaneció en línea hasta las 14:30, la audiencia no llegó a instalarse, no existiendo conexión de la Jueza ni de la Secretaria del referido Juzgado, y menos aún se señaló fecha para nueva audiencia. Frente a esta omisión, interpone la presente acción de libertad en su modalidad innovativa, con el objeto de prevenir la repetición de actos lesivos similares.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente derecho a la defensa; y, el principio a la “seguridad jurídica”, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: a) Que la autoridad demandada señale día y hora para la audiencia de cesación de la detención preventiva conforme el art. 239.2 del CPP y supervise el cumplimiento de las notificaciones correspondientes antes de la fecha fijada; y, b) Siendo repetitivo el accionar de la mencionada autoridad, se proceda a llamar la atención conforme a los arts. 187.7 y 14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 22 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 14 a 15.

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia, señaló que: 1) La Jueza demandada incurrió en una dilación sistemática del proceso penal, toda vez que, pese a presentar numerosos memoriales solicitando la fijación de audiencia para considerar la cesación de su detención preventiva, estas fueron constantemente suspendidas, ya sea por la falta de notificación a las partes o porque, directamente, no llegaron a instalarse; y, 2) “Hoy” -se entiende el día de la audiencia de esta acción tutelar- a horas 6:40, fue notificado vía WhatsApp con la convocatoria a una audiencia programada para el día siguiente -23 de septiembre de 2022, a horas 8:00-, lo cual, por el escaso margen de tiempo, impediría cumplir con el requisito de notificación al Ministerio Público con una antelación mínima de veinticuatro horas; en consecuencia, solicitó se conmine a la autoridad demandada a programar las audiencias con la debida anticipación, a efectos de evitar futuras suspensiones por deficiencias en las diligencias procesales.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal de Warnes del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de garantías ni remitió informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 9 y 13.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 22/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 16 a 17 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El petitorio del accionante no se enmarca en los presupuestos establecidos por los arts. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que regulan el objeto y procedencia de la acción de libertad; y, ii) Respecto a la supuesta dilación en la programación de la audiencia de cesación de la detención preventiva -alegada por el accionante en razón de una falta de celeridad por parte de la Jueza demandada-, según consta en el expediente, se fijó audiencia virtual para el 20 de septiembre de 2022 a horas 11:30.; asimismo, se evidenció que el impetrante de tutela fue debidamente notificado con el señalamiento, y que la Secretaria del Juzgado remitió el enlace correspondiente para la conexión a la audiencia; sin embargo, el peticionante de tutela no acompañó prueba que acredite que su abogada efectivamente se conectó desde las 11:30 hasta las 14:00, con el propósito de demostrar que la Jueza ni la Secretaria se hicieron presentes, tampoco aportó elementos que permitan verificar que la audiencia no fue instalada o, en su caso, se haya señalado una nueva audiencia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 15 de septiembre de 2022 ante Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz -demandada-, Walter Camilo Quintero Giraldo -hoy accionante- solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 3 y vta.). II.2. Mediante providencia de 16 de septiembre de 2022, la autoridad demandada, en atención al memorial de 15 de similar mes y año, señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el 20 de igual mes y año, a horas 11:30 (fs. 4).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, al debido proceso -en su dimensión del derecho a la defensa- y del principio de seguridad jurídica; toda vez que, habiendo solicitado por quinta vez la realización de una audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad judicial demandada fijó dicho acto procesal para el día 20 de septiembre de 2022, a horas 11:30, en modalidad virtual; sin embargo, a pesar de ser la quinta audiencia programada y que su abogada se conectó con diez minutos de anticipación, la audiencia no fue instalada, no hubo conexión de la Jueza ni se fijó nueva fecha de audiencia. Ante ello, la Jueza demandada no remitió informe escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la pérdida del objeto procesal en la acción de libertad

Al respecto, la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, estableció que: “La sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, deviene por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación porque la violación o amenaza de violación del derecho cesó; y consecuentemente, el hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos constitucionales, debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución. Asimismo, el objeto procesal constituye el elemento sustancial a resolver por la jurisdicción constitucional; en tal sentido, ante la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, en acción de libertad, cuando el petitorio devino en insubsistente por la desaparición del hecho o supuesto que lo sustentaba, se inhibe un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, correspondiendo la sustracción del mismo; toda vez que, la eventual concesión de la tutela, se tornaría en ineficaz e innecesaria” (las negrillas nos corresponden)

III.2. Sobre la remisión de la prueba a la jurisdicción constitucional y los presupuestos de procedencia de la inversión de carga de la prueba

Al respecto la SCP 0087/2012 de 19 de abril, estableció: “De lo anteriormente explicado se establece que todo juez o tribunal de garantías, cuenta con la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional:

a. Toda la prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad. b. La prueba que de oficio pudo producir máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la problemática”. Ahora bien, en aquellos casos en los que no se hubiese presentado prueba alguna, el órgano de control de constitucionalidad puede, como medida para mejor proveer, requerir los elementos de convicción necesarios, conforme establece el art. 7.I del Código Procesal Constitucional (CPCo). Asimismo, es posible presumir la veracidad de los hechos alegados en la demanda; sin embargo, corresponde precisar que la aplicación de esta presunción exige que el accionante, impulsado por su propio interés conforme al art. 33.7 del citado Código, haya señalado expresamente el lugar donde se encontrarían tales elementos de prueba; además, debe exponer los hechos de manera clara, detallando cómo, cuándo y dónde habría ocurrido la supuesta vulneración de derechos. Esta exigencia tiene por finalidad delimitar el objeto del proceso, permitiendo a los jueces, tribunales de garantías o sala constitucionales, requerir a la parte demandada la presentación de medios probatorios pertinentes y ante el incumplimiento del mismo evaluar la procedencia de invertir la carga de la prueba.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante identifica como acto lesivo la reiterada suspensión de la audiencia de cesación de la detención preventiva, destacando que, en la convocatoria fijada por quinta vez para el 20 de septiembre de 2022, su abogada se conectó a la plataforma virtual con diez minutos de antelación -a las 11:20- y permaneció conectada hasta las 14:30 horas, sin que la audiencia se llegara a instalar, motivo por el cual interpuso la presente acción de libertad de pronto despacho. No obstante, del acta de la audiencia constitucional se advierte que el propio accionante manifestó haber sido notificado, a horas 6:40 del mismo día vía WhatsApp, con el señalamiento de una nueva audiencia fijada para el día siguiente, viernes, a horas 8:00, esta circunstancia torna insubsistente la presente acción tutelar, puesto que la pretensión estaba dirigida a exigir se señale nueva audiencia de cesación de la detención preventiva, conforme se advierte de su petitorio, por lo que, al disponerse una nueva convocatoria con fecha y hora determinadas, desapareció el supuesto fáctico que motivó la activación de la jurisdicción constitucional. En este contexto y conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional -aplicable al caso-, se entiende que existe pérdida de objeto procesal cuando cesan los hechos que originaron la acción tutelar, haciendo innecesaria la intervención de la jurisdicción constitucional y volviendo insubsistente el petitorio; es decir, cuando la presunta vulneración de derechos fundamentales desaparece, como ocurrió en el presente caso. En consecuencia, al ser notificado el accionante con un nuevo señalamiento para la audiencia de cesación de la detención preventiva, el objeto de la acción de defensa desapareció, por lo que corresponde a este Tribunal denegar la tutela solicitada, sin necesidad de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En ese contexto, como otro elemento de su reclamo, el impetrante de tutela, bajo la suposición de que tampoco se llevaría a cabo la nueva audiencia programada -en atención a los antecedentes de suspensiones anteriores, planteó una acción de libertad de carácter innovativo con el propósito de evitar la reiteración de actos dilatorios; sin embargo, debe señalarse que la Jueza demandada no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a haber sido legalmente notificada con la demanda, el auto de admisión y el señalamiento correspondiente (fs. 9 y 13). No obstante lo anterior, no resulta posible aplicar la inversión de la carga de la prueba respecto a la supuesta quinta suspensión de la audiencia, pues el accionante no acreditó tal extremo con prueba pertinente ni solicitó expresamente dicha inversión conforme al art. 7.I del CPCo, tampoco ofreció un relato claro y detallado sobre las causas de las suspensiones denunciadas ni sobre la supuesta demora indebida generada. Por tanto, este Tribunal se encuentra imposibilitado de tener por ciertos los hechos alegados en cuanto a las supuestas suspensiones, por lo que no es posible considerar como acreditada una situación que justifique la consideración de ello, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme al Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0428_2025-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): ed6dccf740a88475b23098181f08fd2f0ea91898d8d9e06ef535742bf00f41b4

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