B.IA.LEGAL

SCP 0428/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 15 de agosto de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
15 de agosto de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
51236-2022-103-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denunciaron la lesión de sus derechos a la petición y a obtener respuesta formal y oportuna, al trabajo y al empleo en sus componentes de trabajo digno, sin discriminación y con salario justo, al sueldo, a los derechos laborales (días de descanso, a las vacaciones, al bono de antigüedad, sueldos devengados, aportes a la seguridad social y al aguinaldo); toda vez que: 1) La autoridad demandada omitió el pago por duodécimas del aguinaldo de navidad correspondiente al 2021; pese a que, prestaron sus servicios en el Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco del departamento de Santa Cruz durante más de cuatro meses de manera continua e ininterrumpida; por lo que, corresponde su pago doble como multa por incumplimiento del plazo; así también, el indicado gobierno municipal, omitió realizar el pago de los aportes a la AFP durante el tiempo de sus servicios; así como, el pago del bono de antigüedad y sueldos devengados a Angélica Taseo de Méndez; y, 2) No obstante que presentaron, en el caso de Carmelo Céspedes Ribera, una nota el 8 de diciembre de 2021, y respecto de los demás accionantes, el 10 de igual mes y año, solicitud de pago del indicado beneficio, reiterado luego el 12 de enero de 2022, impetrando el pago doble del indicado beneficio, el indicado alcalde no otorgó respuesta alguna sobre lo impetrado. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 04/22 de 15 de julio de 2022, cursante de fs. 251 vta. a 258, y Auto de Aclaración y Complementación y Enmienda de la misma fecha (fs. 258 vta. a 259 vta.), pronunciadas por el Juez Público Civil y Comercial, de Partido del Trabajo, Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada. Conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Hechos controvertidos o derechos no consolidados no pueden ser dilucidados por la jurisdicción constitucional
  2. III.2. El derecho de petición y respuesta oportuna
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0428/2024-S4 Sucre, 15 de agosto de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 51236-2022-103-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 04/22 de 15 de julio de 2022, cursante de fs. 251 vta. a 258; y, Auto de Aclaración y Complementación y Enmienda, de la misma fecha (fs. 258 vta. a 259 vta.), pronunciadas dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carmelo Céspedes Ribera por sí y en representación legal de Oscar Hugo Dorado Flores, Jorge Ignacio Dorado Jiménez, Julia Elena Masai Dorado, Pastora Vitalina López Abrego, Israel Miguel Rodríguez Dorado, Jesús Socore Gil, Eduarda Pura Villarroel Aguilar, José María Surubí Dorado, Rosa María Dorado Dorado, Jorge Yul Dorado Dorado, Dionicia Pizarro Guzmán, Angélica Taseo de Méndez, Julia Isabel Ramos y Rosa Griselda Tomichas Ramos; y, Celso Jovany Dorado Vaca, Fabiola Flores Méndez y Elio Lorenzo Mercado Núñez contra Pedro Damián Dorado López, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de junio de 2022, cursante de fs. 119 a 144 vta.; de adhesión de 24 de igual mes y año (fs. 157 y vta.); y, de subsanación de la adhesión de 28 del mismo mes y año, cursante de fs. 179 a 181 vta., los accionantes manifestaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como ex servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco del citado departamento y habiendo prestado sus servicios por más de cuatro meses continuos e ininterrumpidos durante la gestión 2021, entre enero y septiembre del mismo año –variando en cada caso el tiempo de servicio–, tenían derecho al pago por duodécimas del aguinaldo de navidad por la mencionada gestión, cuyo plazo, según el Instructivo 001/2021 de 1 de diciembre, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, era hasta el 20 de diciembre de igual año, habiéndose presentado, en el caso de Carmelo Céspedes Ribera, una nota el 8 de diciembre de 2021, y respecto de los demás accionantes, el 10 de igual mes y año, solicitud de pago del indicado beneficio, sin respuesta del Alcalde Municipal de la prenombrada entidad edil, ante la falta de repuesta y pago de lo solicitado, mediante nota presentada el 12 de enero de 2022, solicitaron el pago doble del mencionado derecho laboral; respecto de la cual, tampoco obtuvieron respuesta alguna; así mismo, por nota de 18 de abril de igual año, denunciaron dicha omisión a la Dirección General de Servicio Civil dependiente del precitado Ministerio; del cual, también no recibieron respuesta. En la acción de defensa constitucional planteada no corresponde aplicar el principio de subsidiariedad, sino la excepción al mismo; debido a que, si no se otorga la protección constitucional esta puede resultar tardía; además que, existe la inminencia de un daño irreparable o irremediable que puede producirse de no otorgarse la misma; puesto que, el aguinaldo era para pagar los gastos de los servidores públicos y sus familias en ese año; pues, no pueden acudir a la vía administrativa; ya que, no son funcionarios de carrera sino como electos, designados y de libre nombramiento, y tampoco pueden recurrir a la judicatura laboral porque no tiene competencia para dirimir controversias entre el Estado como empleador y el servidor público, quedando únicamente la vía del amparo constitucional para su reclamo. Se realizó el cálculo, caso por caso, para el pago del aguinaldo y pago doble por duodécimas del mismo derecho laboral por la gestión 2021; así como, sueldos devengados respecto a Angélica Taseo de Méndez –hoy solicitante de tutela–, y la afirmación de que en todos los casos se adeuda también el pago del bono de antigüedad y los aportes a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), en estos últimos dos casos por periodos diversos según cada funcionario.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los impetrantes de tutela denunciaron la lesión de sus derechos a la petición y a obtener respuesta formal y oportuna, al trabajo y al empleo en sus componentes de trabajo digno, sin discriminación y con salario justo, al salario o sueldo, a los derechos laborales (días de descanso, a las vacaciones, al bono de antigüedad, sueldos devengados, aportes a la seguridad social y al aguinaldo), citando al efecto los arts. 13, 24, 46.I, 48.IV, 49, 109, 110, 113, 115.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 23.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se ordene a la autoridad demandada, que de manera inmediata proceda al pago doble de las duodécimas de aguinaldo a favor de lo accionantes, en función al tiempo trabajado durante la gestión 2021, al no haber procedido a su pago hasta el 20 de diciembre de igual año; así como, al pago del bono de antigüedad y los aportes al ente gestor de la seguridad social a largo plazo, correspondientes los solicitantes de tutela; b) Se dispone a la autoridad demandada, que de manera inmediata proceda al pago de dos meses de salarios devengados correspondientes a la impetrante de tutela, Angélica Taseo de Méndez; y, c) Se determine la existencia de indicios de responsabilidad civil o penal, estimando en el primer caso, el monto a indemnizar por daños y perjuicios, y remitiendo antecedentes al Ministerio Público y a la Procuraduría General del Estado en el segundo supuesto, por incumplimiento de deberes.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Consta actas de suspensión de audiencias de 6 de julio de 2022; y, 11 de igual mes y año; respectivamente, cursantes de fs. 210; y, fs. 219, debido a la existencia de fallas al ingresar al sitio web de la sala virtual. Posteriormente se realizó la audiencia el 13 de similar mes y año, según consta en el acta cursante de fs. 227 a 228; la cual, procedió a suspenderse a solicitud de la parte demandada debido a la errónea notificación elaborada. Celebrada la audiencia pública el 15 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 236 a 251, presentes la parte accionante y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolos manifestó que: 1) El apoderado legal de la autoridad demandada señaló en su informe que, la autoridad ejecutiva saliente, que figura como co-demandante en la presente acción tutelar, no habría realizado la correspondiente transición municipal, lo que quiere decir que, no se entregó ninguna información, documentación o archivos, y que esta documentación hubiese desaparecido; empero, dicha afirmación es una falta de respeto; debido a que, en su condición de asesor legal del Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, el 29 de abril de 2021, presentó informe y entrega documentada para la transición municipal de la unidad de asesoría legal, recepcionada por la entidad el mismo día, dando cumplimiento a la Ley Autonómica Municipal 124/2021 de 9 de marzo ‒Ley Municipal de Transición Transparente‒ y a una designación interna como parte de la comisión de transición, todo en presencia de Notario de Fe Pública; 2) Se señaló la existencia de funcionarios fantasmas que cobraban sin trabajar y que por ello iniciaron procesos penales; sin embargo, no acompañaron prueba alguna que demuestre tal situación, haciendo entrega simplemente de un informe técnico sobre supuestos actos irregulares y planilla salarial del personal de planta del citado Gobierno Municipal, desde enero a abril de 2021; advirtiendo que, Antonia Méndez Taceo ocupaba el cargo de sub-alcaldesa, y que Arturo Vargas estaba como responsable de equipo pesado, sin considerar que, esas personas no son parte accionante, cuya prueba es impertinente al caso, lo propio respecto de Arturo y Antonia Méndez Taceo; 3) Al mencionar la parte demandada que la programación financiera anual incorpora en su presupuesto la partida correspondiente a sueldos, salarios y aguinaldos, se reconoce expresamente que se encontraban los recursos en las arcas o las cuentas de la entidad edil, y que por negligencia no se pagaron los mismos hasta el 20 de diciembre de 2021; y, 4) Junto al memorial de saneamiento procesal impetrado por la parte demandada y providenciada el 6 de julio de 2022, se presentó un Informe Legal emitido por el abogado Eynar Montero Aguilar, sobre pago de duodécimas de aguinaldo 2021 a ex funcionarios municipales, reconociéndose así dicho derecho, para cuyo pago se debía cumplir requisitos internos, pero el mismo nunca fue de su conocimiento, peor aún, los requerimientos establecidos no se encuentran fundados en ninguna norma.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Pedro Damián Dorado López, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco del departamento de Santa Cruz a través de su representante legal, en audiencia informó que: i) Se asumió como nuevo Alcalde Municipal en mayo de 2021, pero por la actitud reacia de las autoridades salientes, que no cumplieron la Ley Autonómica Municipal de Transición, no se realizó la transición correspondiente; es decir, no se entregó ninguna información documental ni archivos, al contrario, lo hicieron desaparecer, de allí es que se hace conocer un sin número de irregularidades, entre ellos, la existencia de funcionarios fantasmas que cobraban sin trabajar, habiéndose iniciado procesos penales por esos hechos; ii) A la mencionada entidad edil ingresaron solicitudes de pago de aguinaldos de navidad por duodécimas de la gestión 2021, las mismas que, fueron respondidas de manera oportuna por el área de administración y finanzas del Gobierno Municipal, solicitando la presentación de documentación que acredite la relación laboral; dado que, al no haberse realizado la entrega de documentación, no se contaba con información fidedigna sobre si los solicitantes eran o no funcionarios de la entidad municipal, lo que no fue cumplido por los impetrantes de tutela; iii) Los accionantes sostuvieron que la autoridad demandada no otorgó respuesta a las solicitudes presentadas, lo cual no resulta evidente, debido a que todas las solicitudes fueron consideradas dentro de plazos razonables, en el Informe Legal INF.A.M.A.J./GAM.S.M.V./42-B/2021, elaborado por el entonces Director de Asuntos Jurídicos de la referida entidad municipal, el mismo que dio lugar al comunicado dirigido a los ex servidores públicos municipales, de 15 de diciembre de 2021, fijado en el tablero municipal; el cual, es de pleno conocimiento de los solicitantes de tutela y es reconocida en su propia demanda de acción de amparo constitucional; lo cual, dio lugar al pago de aguinaldo por duodécimas; iv) Se demanda la vulneración del derecho al trabajo y al empleo en cuanto al trabajo digno, sin discriminación y con remuneración o salario justo; empero, pese al ampuloso memorial no se destinó una línea para sustentar su sindicación; ya que, no adjunta documental o elemento alguno que pueda sostener dicho aspecto, más ni siquiera intenta sostener lo aseverado; v) En cuanto a la acusación de vulneración a los beneficios reconocidos a los trabajadores, como beneficios sociales y aportes a la seguridad social; se hace conocer que, uno de los impetrantes de tutela, Oscar Hugo Dorado Flores, fungía como Alcalde Municipal; es decir, tenía la plena obligación de honrar con lo reclamado, más por la documental que se acompaña, correspondiente a liquidación de contribución en mora del Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco, a 18 de mayo de 2022, se evidencia que todas las cuotas en mora corresponden a la gestión del gobierno del señalado ex ejecutivo municipal, quien no pagó estos beneficios desde que asumió como alcalde en mayo de 2015; vi) Respecto al pago de aguinaldo por duodécimas reclamadas, se tiene ordenado y ejecutado para el pago, conforme se demuestra en dos registros de ejecución de gastos, ambos de 17 de diciembre de 2022, que comprende al ejecutivo y el legislativo, trámite que los interesados, de manera premeditada desistieron concluir a fin de usarlo políticamente y sacarle provecho, pretendiendo erradamente se les pague en duodécimas y de manera doble, sin tomar en cuenta que el Instructivo 0111/2021, emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en el Parágrafo IV (PLAZO PARA EL PAGO), sólo sanciona con el pago doble al sector privado (Punto 7), no así al sector público (PUNTO 8); vii) Se han evidenciado muchas irregularidades en la gestión del gobierno municipal representada por uno de los ahora accionantes, habiéndose iniciado acciones legales en algunos casos; en ese sentido, por notas GAMSMV.SEC.DESP. 01/2022 de 4 de julio y GAMSMV.SEC.DESP.R.P. 02/2022 de 5 de igual mes, emitidas por la Secretaria de Despacho del Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco del departamento de Santa Cruz, y Comunicaciones Internas CI/SMAF/GAMSMV 015/2022 y CI/SMAF/GAMSMV 016/2022, ambas de 5 de julio, expedidos por la Secretaria de Administración y Finanzas del citado gobierno municipal, se hace conocer que revisados los archivos con los que cuentas sus áreas, no se encuentran las certificaciones (extendidas por el ex alcalde, ahora impetrante de tutela) ni la documentación presentada como prueba por los solicitantes de tutela, y que los memorándum de designación que acompañan no llevan número de control, como ocurre con otro memorándum también presentado por los mismos, hechos que deben ser controvertidos; por lo tanto, dejan en duda su veracidad, haciendo entrever que aún existen irregularidades, lo cual debe ser investigado, y cuya documental debe ser valorada de manera objetiva y remitiéndose antecedentes al Ministerio Público; dado que, al no haber devuelto sellos y hojas membretadas, cuentan con material suficiente para elaborar documentación en su beneficio; viii) La acción de amparo constitucional presentada por los accionantes no cumple con el principio de subsidiariedad; puesto que, conforme a la SCP 0749/2015-S2 de 8 de julio y el Auto Supremo (AS) 741/2019 de 2 de diciembre, la judicatura laboral es competente para conocer y resolver las controversias sobre derechos laborales de servidores públicos, sea de carrera o no, de manera que corresponde denegar la tutela impetrada; y, ix) Los solicitantes de tutela ampliaron su acción de defensa al pago de bono de antigüedad, aportes a la AFP, pago de sueldos y pago doble del aguinaldo de navidad, pretensiones sobre las cuales no agotaron el principio de subsidiariedad; igualmente, se impetra el pago doble del aguinaldo de navidad sustentándose en el Instructivo 111/2021; siendo que, tal instructivo señala la aplicación del pago doble como sanción al sector privado y no así al sector público; de manera que, todos estos aspectos deben ser dilucidados en la judicatura laboral, y no así en la acción de defensa, cuyo objeto es tutelar derechos reconocidos, pero no reconocerlos; pues, debe demostrarse que se deben sueldos y no fueron pagados, si eran funcionarios públicos o no, si tenían antigüedad o no, y si no se les pagó el bono debido a que, se advierten hechos y derechos controvertidos, todo basado en la causal de improcedencia prevista en el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo). Con base en lo mencionado, solicitó que se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez Público Civil y Comercial, de Partido del Trabajo, Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 04/22 de 15 de julio de 2022, cursante de fs. 251 vta. a 258, y Auto de Aclaración y Complementación y Enmienda de la misma fecha (fs. 258 vta. a 259 vta.), concedió la tutela solicitada en relación a: a) Pago por duodécimas del aguinaldo únicamente en relación a los accionantes Carmelo Céspedes Ribera, Oscar Hugo Dorado Flores, José Ignacio Dorado Jiménez, Julia Elena Masaí, Israel Miguel Rodríguez Dorado, Eduarda Pura Villarroel Aguilar, José María Surubí Dorado, Jorge Yul Dorado Dorado y Dionisia Pizarro Guzmán; b) Pago de aportes a la AFP, únicamente en favor de Carmelo Céspedes Ribera; y, c) Daños y perjuicios a ser cubiertos por la parte demandada en cuanto a lo concedido en la tutela, aperturando a dicho efecto un plazo probatorio de diez días desde la notificación con la resolución de la acción de amparo constitucional; disponiendo en consecuencia que: 1) La autoridad demandada, al tercer día hábil de su notificación con esta resolución, proceda al pago de las duodécimas de aguinaldo a favor de los impetrantes de tutela precisados en el inciso a) precedente; 2) La autoridad demandada proceda al pago de los aportes a la AFP, correspondiente al solicitante de tutela precisado en el inciso b) precedente, si es que dicho pago no hubiera sido ya realizado; y, denegó la tutela en cuanto a: i) Pago por duodécimas del aguinaldo respecto a los accionantes: Pastora Vitalina López Abrego, Jesús Socoré Gil, Rosa María Dorado Dorado, Angélica Taseo de Méndez, Julia Isabel Ramos, Rosa Conzelda Tomicha Ramos, Celso Jhonny Jovani Dorado, Fabiola Flores Méndez y Elio Lorenzo Mercado; ii) Pago de bono de antigüedad respecto a todos los impetrantes de tutela; iii) Pago de dos meses de salario a favor de Angélica Taseo de Méndez; y, iv) El establecimiento de responsabilidad penal solicitada, sobre el cual, estableció que la parte accionante debe acudir directamente al Ministerio Público o a la Procuraduría General del Estado si considera que, existen elementos suficientes al efecto. Todo lo señalado, bajo los siguientes fundamentos: a) De acuerdo a la SCP 2570/2012 de 21 de diciembre, si bien en la acción de amparo constitucional rige el principio de subsidiariedad, el mismo se flexibiliza en tratándose de reclamos sobre derechos fundamentales de los servidores públicos municipales, quienes al no tener un cause jurídico claro a efectos de hacer valer sus derechos, tienen que recurrir directamente ante la Máxima Autoridad Ejecutiva del referido Gobierno Autónomo Municipal, habilitándose posteriormente la vía del amparo constitucional, requisito que únicamente fue cumplido por los funcionarios públicos respecto de quienes se concedió la tutela por el pago de las duodécimas de aguinaldo de navidad reclamado –sobre la base de la planilla de fs. 12 a 13, sobre la cual no se pronunció la autoridad demandada y tampoco adjuntó la planilla original como se ordenó, así como los memorándums de designación y certificaciones de trabajo adjuntadas al expediente– y no así a aquellos accionantes que no fue concedida la tutela en relación al indicado derecho; en cuanto a la pretensión de pago del bono de antigüedad, en el expediente no se advierte que, los solicitantes de tutela hubieran solicitado su pago; sobre el pago de aportes a la AFP, únicamente Carmelo Céspedes Ribera lo hizo mediante la nota recibida el 8 de diciembre de 2021; respecto a la pretensión de pago de salarios devengados, correspondientes a la accionante Angélica Taceo de Mendoza, no cursa ninguna solicitud o reclamo que hubiera realizado la misma a los efectos de su pago, pues si bien argumentó que trabajó hasta el 29 de septiembre; sin embargo, por la documental adjunta se acredita que trabajó hasta el 30 de abril de 2021; y, b) En cuanto a la pretensión de pago doble de aguinaldo por incumplimiento en el plazo establecido, de lo dispuesto en los Punto 7 y 8 del Instructivo 0111/2021, la sanción de pago doble en caso de incumplimiento únicamente es para el sector privado.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por memorial presentado el 19 de enero de 2023 a este Tribunal, cursante de fs. 300 a 301, Ever Quiroz Díaz solicitó como medida cautelar la suspensión de la ejecución de la Resolución 04/2022, pronunciada por el Juez de Garantías, hasta la emisión de la correspondiente Sentencia por el Tribunal Constitucional Plurinacional; lo que motivó que, la Comisión de Admisión expida el Auto Constitucional 015/2023-CA/S de 27 de febrero (fs. 306 a 310), rechazando dicha solicitud; por lo que, la presente acción de amparo constitucional fue sorteada el 10 de julio de 2024.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En virtud de certificado de trabajo de 30 de abril de 2021, Oscar Hugo Dorado Flores, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco del departamento de Santa Cruz, certificó que Carmelo Céspedes Ribera –ahora accionante–, se desempeñó como servidor público en el cargo de Asesor Municipal de Asuntos Jurídicos, desde julio de 2015 hasta el 30 de abril de 2021 (fs. 35). II.2. Con certificado de trabajo de 30 de abril de 2021, Oscar Hugo Dorado Flores, Alcalde de la referida entidad municipal, certificó que Pastora Vitalina López Abrego –hoy solicitante de tutela– se desempeñó como servidora pública en el cargo de Secretaria Municipal de Desarrollo Humano del indicado municipio, desde el 4 de enero de 2021 hasta el 30 de abril de 2021 (fs. 38).

II.3. Por certificado de trabajo de 9 de abril de 2021, Oscar Hugo Dorado Flores, Alcalde de la citada entidad edil, certificó que Jorge Yul Dorado Dorado – ahora impetrante de tutela– se desempeñó como servidor público en el cargo de Responsable de la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.) del señalado municipio, desde enero de 2018 hasta el 9 de abril de 2021 (fs. 42). II.4. A través de certificado de trabajo de 30 de abril de 2021, Oscar Hugo Dorado Flores, Alcalde de la mencionada entidad municipal, certificó que Rosa María Dorado Dorado –hoy accionante– se desempeñó como servidora pública en el cargo de Responsable de Tesorería en primera instancia, para luego ser Jefa de la Unidad de Recaudaciones de dicho municipio, desde julio de 2015 hasta el 30 de abril de 2021 (fs. 45). II.5. Mediante certificado de trabajo de 30 de abril de 2021, Oscar Hugo Dorado Flores, Alcalde de la referida entidad edil, certificó que Eduarda Pura Villarroel Aguilar –hoy solicitante de tutela– se desempeñó como servidora pública en el cargo de Secretaría de Despacho del señalado municipio, desde julio de 2015 hasta el 30 de abril de 2021 (fs. 48). II.6. Según el certificado de trabajo de 30 de abril de 2021, Oscar Hugo Dorado Flores, Alcalde de la mencionada Gobernación Municipal, certificó que Julia Elena Masai Dorado –ahora impetrante de tutela– se desempeñó como servidora pública en el cargo de Asistente de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del indicado municipio, desde julio de 2015 hasta el 30 de abril de 2021 (fs. 51). II.7. En virtud del certificado de trabajo de 30 de abril de 2021, Oscar Hugo Dorado Flores, Alcalde de la indicada entidad edil, certificó que Israel Miguel Rodríguez Dorado –hoy solicitante de tutela– se desempeñó como servidor público en el cargo de Sub-alcalde del Distrito Municipal Sapoco del prenombrado municipio, hasta el 30 de abril de 2021 (fs. 54). II.8. Con certificado de trabajo de 30 de abril de 2021, Oscar Hugo Dorado Flores, Alcalde de la citada entidad municipal, certificó que José María Surubí Dorado –ahora accionante– se desempeñó como servidor público en el cargo de Sub-alcalde del Distrito Municipal Nueva Esperanza del indicado municipio, hasta el 30 de abril de 2021 (fs. 58). II.9. Mediante certificado de trabajo de 30 de abril de 2021, Oscar Hugo Dorado Flores, Alcalde de la señalada entidad edil, certificó que Jesús Socore Gil –ahora impetrante de tutela– se desempeñó como servidor público en el cargo de Sub-alcalde del Distrito Municipal San Juan de Lomerío del citado municipio, hasta el 30 de abril de 2021 (fs. 60). II.10. Por certificado de trabajo de 30 de abril de 2021, Oscar Hugo Dorado Flores, Alcalde de la indicada Gobernación Municipal, certificó que Jorge Ignacio Dorado Jiménez –hoy solicitante de tutela– se desempeñó como servidor público en el cargo de Intendente Municipal del mencionado municipio, desde febrero de 2017 hasta el 30 de abril de 2021 (fs. 63). II.11. A través de certificado de trabajo de 30 de abril de 2021, Oscar Hugo Dorado Flores, Alcalde de la mencionada entidad municipal, certificó que Angélica Taseo de Méndez –hoy accionante– se desempeñó como servidora pública en el cargo de Responsable de Limpieza del Hospital Municipal Salvador Pilón Florián, dependiente del indicado municipio, desde julio de 2015 hasta el 30 de abril de 2021 (fs. 66). II.12. Según certificado de trabajo de 30 de abril de 2021, Oscar Hugo Dorado Flores, Alcalde de la citada Gobernación Municipal, certificó que Julia Isabel Ramos –ahora solicitante de tutela– se desempeñó como servidora pública en el cargo de Responsable de Cocina del Hospital Municipal Salvador Pilón Florián, dependiente del indicado municipio, desde julio de 2015 hasta el 30 de abril de 2021 (fs. 69). II.13. En virtud de certificado de trabajo de 30 de abril de 2021, Oscar Hugo Dorado Flores, Alcalde de la referida entidad edil, certificó que Rosa Griselda Tomichas Ramos –ahora accionante– se desempeñó como servidora pública en el cargo de Ayudante de Cocina del Hospital Municipal Salvador Pilón Florián, dependiente del señalado municipio, desde julio de 2015 hasta el 30 de abril de 2021 (fs. 72). II.14. Con certificado de trabajo de 30 de abril de 2021, Oscar Hugo Dorado Flores, Alcalde del prenombrado Gobierno Municipal, certificó que Celso Jovany Dorado Vaca –ahora impetrante de tutela– se desempeñó como servidor público en el cargo de Concejal Municipal Secretario del indicado municipio, desde el 4 de enero de 2021 hasta el 30 de abril de 2021 (fs. 175). II.15. Mediante certificado de trabajo de 30 de abril de 2021, Oscar Hugo Dorado Flores, Alcalde de la citada entidad edil, certificó que Fabiola Flores Méndez –hoy accionante– se desempeñó como servidora pública en el cargo de Secretaria del Honorable Concejo Municipal del indicado municipio, desde el 4 de enero de 2021 hasta el 30 de abril de 2021 (fs. 176). II.16. A través de certificado de trabajo de 30 de abril de 2021, Oscar Hugo Dorado Flores, Alcalde de la referida entidad municipal, certificó que Elio Lorenzo Núñez Mercado –ahora solicitante de tutela– se desempeñó como servidor público en el cargo de Técnico de Sistemas del indicado municipio, desde el 4 de enero de 2021 hasta el 30 de abril de 2021 (fs. 178). II.17. Por nota con sello de recepción de 8 de diciembre de 2021, Carmelo Céspedes Ribera, indicando ser ex funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco del departamento de Santa Cruz, señalando haber trabajado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 3 de mayo del mismo año, solicitó a Pedro Damián Dorado López, Alcalde del indicado municipio, el pago de duodécimas de aguinaldo; en ese mismo sentido y el mismo día, la indicada persona, precisando haber prestado sus servicios desde el 1 de junio de 2015 hasta el 3 de mayo de 2021, como Asesor de Asuntos Jurídicos, solicitó mediante otra nota a la misma autoridad mencionada, realizar el pago de aportes a la AFP, los que no habrían sido pagados (fs. 8 y 9). II.18. Mediante nota de 8 de diciembre de 2021, con constancia de recepción el 10 de igual mes y año, Oscar Hugo Dorado Flores, Eduarda Pura Villarroel Aguilar, Julia Elena Masai Dorado, Jorge Ignacio Dorado Jiménez, Dionicia Pizarro Guzmán, Walter Nestor Siye Morales, Jorge Yul Dorado Dorado, Israel Miguel Rodríguez Dorado, Rosa María Dorado Dorado y José María Surubí Dorado, señalando ser ex funcionarios de la mencionada entidad municipal, solicitaron a la autoridad ahora demandada, el pago de duodécimas de aguinaldo 2021, precisando como número de contacto al respecto,, el Cel. 76036661, correspondiente a Rosa María Dorado Dorado (fs. 10). II.19. Por Informe Legal INF.A.M.A.J./GAM.S.M.V./42-B/2021 de 15 de diciembre, elaborado por el Director de Asuntos Jurídicos de la prenombrada entidad municipal, en análisis de solicitudes presentadas por ex servidores públicos de la entidad municipal, mediante nota de 8 de diciembre de 2021 y otra no precisada, pero adjuntada a la Comunicación Interna de 15 de igual mes y año, sobre el pago de duodécimas de aguinaldo de la gestión 2021, recomendó a RR.HH., hacer público la presentación de certificado de no adeudar fondos en avance, emitido por la Dirección de Administración y Finanzas, certificado negativo de activo fijo, de no adeudo, con sus respectivas actas de entrega, y fotocopia de la designación del cargo que ocupaba en la entidad (fs. 188 a 190). II.20. Según el Comunicado a Ex Servidores Públicos de la señalada entidad municipal, de 15 de diciembre de 2021, suscrito por Dhaclin Cabrera Valverde, RR.HH. del indicado gobierno municipal, comunicó a todos los ex servidores públicos, que previo a la cancelación del pago de duodécimas de aguinaldo 2021, deben presentar: certificado de no adeudar fondos en avance, emitido por la Dirección de Administración y Finanzas; certificado negativo de activo fijo, de no adeudo, con sus respectivas actas de entrega; y, fotocopia de la designación del cargo que ocupaba en la entidad (fs. 191). II.21. A través de nota de 5 de enero de 2022, con constancia de recepción el 12 del mismo mes y año, Carmelo Céspedes Ribera, Oscar Hugo Dorado Flores, Jorge Ignacio Dorado Jiménez, Walter Nestor Siye Morales, Julia Elena Masai Dorado, Israel Miguel Rodríguez Dorado, José María Surubí Dorado, Eduarda Pura Villarroel Aguilar y Jorge Yul Dorado Dorado, haciendo referencia a las solicitudes presentadas el 8 de diciembre de 2021, y el 10 de igual mes y año, señalando que no merecieron respuesta, solicitaron al alcalde municipal ahora demandado que, al no haberse hecho efectivo en su favor el pago por duodécimas del aguinaldo de navidad 2021, debía procederse al pago doble de tal derecho; precisando también que, el comunicado a ex servidores públicos de la citada entidad municipal, firmado por Dhaclin Cabrera Valverde, RR.HH. del indicado gobierno municipal, con visto bueno del abogado de la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos de la misma entidad; el cual, carecía de fundamentación; porque, no era un decreto municipal o un decreto edil con Resolución Administrativa, precisando además que el mismo nunca les fue notificado en forma personal (fs. 13 a 17). II.22. Según nota de 13 de abril de 2022, con constancia de recepción el 18 de igual mes y año, Carmelo Céspedes Ribera, por sí y señalando representación legal de Oscar Hugo Dorado Flores, Jorge Ignacio Dorado Jiménez, Julia Elena Masai Dorado, Pastora Vitalina López Abrego, Israel Miguel Rodríguez Dorado, Jesús Socore Gil, Eduarda Pura Villarroel Aguilar, José María Surubí Dorado, Rosa María Dorado Dorado, Jorge Yul Dorado Dorado, Dionicia Pizarro Guzmán, Angélica Taseo de Méndez, Julia Isabel Ramos y Rosa Griselda Tomichas Ramos, identificados como ex servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco del departamento de Santa Cruz, dio a conocer al Director General de Servicio Civil, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que el Alcalde en ejercicio de la referida entidad edil, no procedió a pagar las duodécimas de aguinaldo por la gestión 2021; además de, tampoco el bono de antigüedad, las vacaciones 2019-2020, los aportes a la AFP, solicitando que se controle el cumplimiento de pago del aguinaldo de navidad 2021, conminando a la autoridad edil en ejercicio al pago doble del mismo; así como, los demás derechos laborales señalados (fs. 18 a 23 vta.). II.23. Por Comunicación Interna C.I. R.J.L./GAMSMV/102/2022 de 28 de junio, el Analista Legal de la citada entidad edil, solicitó a la Secretaria de Despacho de la entidad municipal que, a través de la unidad de RR.HH., se remita información sobre los certificados de trabajo emitidos por la entidad municipal a favor de los ahora accionantes; petición que mereció como respuesta las notas GAMSMV.SEC.DESP.01/2022 de 4 de julio y GAMSMV.SEC.DESP.R.P 02/2022 de 5 de igual mes; por la cual, María Reina Paz Aguilera, Secretaria de Despacho del GAMSMV, informa al analista legal de la entidad municipal, que revisada la documentación, no se encontró ningún archivo respecto a las personas que se indican en la comunicación interna (fs. 197, 198 y vta. y 199). II.24. Por Comunicación Interna CI/SMAF/GAMSMV 015/2022 de 5 de julio, la Secretaria Municipal de Administración y Finanzas del Gobierno Autonomo Municipal de San Miguel de Velasco del departamento de Santa Cruz, informó al Alcalde Municipal que, en atención a las Comunicaciones Internas C.I.R.J.L./GAMSMV/100/2022 y CI.R.J.L/GAMSMV/108/2022, ambas de la misma fecha, revisados los archivos en dicha repartición, concretamente la Unidad de RR.HH., no encontraron los certificados de trabajo emitidos por el ex alcalde municipal a favor de los ahora accionantes (fs. 200 y 201 a 202).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denunciaron la lesión de sus derechos a la petición y a obtener respuesta formal y oportuna, al trabajo y al empleo en sus componentes de trabajo digno, sin discriminación y con salario justo, al sueldo, a los derechos laborales (días de descanso, a las vacaciones, al bono de antigüedad, sueldos devengados, aportes a la seguridad social y al aguinaldo); toda vez que: 1) La autoridad demandada omitió el pago por duodécimas del aguinaldo de navidad correspondiente al 2021; pese a que, prestaron sus servicios en el Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco del departamento de Santa Cruz durante más de cuatro meses de manera continua e ininterrumpida; por lo que, corresponde su pago doble como multa por incumplimiento del plazo; así también, el indicado gobierno municipal, omitió realizar el pago de los aportes a la AFP durante el tiempo de sus servicios; así como, el pago del bono de antigüedad y sueldos devengados a Angélica Taseo de Méndez; y, 2) No obstante que presentaron, en el caso de Carmelo Céspedes Ribera, una nota el 8 de diciembre de 2021, y respecto de los demás accionantes, el 10 de igual mes y año, solicitud de pago del indicado beneficio, reiterado luego el 12 de enero de 2022, impetrando el pago doble del indicado beneficio, el indicado alcalde no otorgó respuesta alguna sobre lo impetrado. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Hechos controvertidos o derechos no consolidados no pueden ser dilucidados por la jurisdicción constitucional

La acción de amparo constitucional se encuentra instituida en el art. 128 de la CPE como una acción de defensa que opera contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley. Así, conforme a lo dispuesto en el art. 129.I de la Ley Fundamental, esta acción tutelar “…se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas añadidas). Similar disposición se contempla en el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que señala: “I. La acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo” (las negrillas son agregadas).

Siendo que la acción de amparo constitucional tiene por objeto la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales que hubieran sido lesionados por actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades o personas particulares, no corresponde que mediante este mecanismo de tutela constitucional se resuelvan hechos en los que se advierta controversia, ni reconocer derechos que no se encuentran consolidados a favor de quienes acuden al amparo constitucional. En ese sentido razonó la SC 0675/2011-R de 16 de mayo, que citando a la SC 0565/2010-R de 12 de julio, señaló que: “...el recurso de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos; (…) '(...) el ámbito del amparo constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentalesʼ” (las negrillas nos corresponden). Similar razonamiento fue expuesto en la SCP 2172/2012 de 8 de noviembre, cuando sostuvo que: “Dada la específica función asignada al Tribunal Constitucional Plurinacional, de acuerdo al art. 196.I de la Norma Fundamental, consistente en velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar por el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales, no le compete definir derechos que no estuvieren consolidados a su titular, ni mucho menos analizar hechos controvertidos -sea la resolución de una controversia o cuestiones de hecho- que le atañen únicamente a la jurisdicción ordinaria o administrativa. En otros términos, la activación de esta jurisdicción, vía acción de amparo constitucional, operará cuando se invoque el restablecimiento de un derecho fundamental que se encontrare consolidado o se comprueba la titularidad del mismo, supuesto en el cual, corresponderá efectuar el control de constitucionalidad sobre la restricción, supresión o amenaza del derecho fundamental, a efectos de su restablecimiento” (las negrillas son nuestras). Lo anotado permite concluir que las cuestiones relativas a hechos controvertidos o derechos que no se encuentren consolidados en favor de quienes acuden a la jurisdicción constitucional vía amparo, reclamando la reparación o el cese de la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales vinculados con derechos laborales o beneficios sociales, deben ser demandados ante la jurisdicción ordinaria o administrativa, de acuerdo a lo que corresponda en cada caso concreto, al constituir dichos mecanismos los reconocidos por la ley para resolver controversias sobre dichas cuestiones, en el marco de un debido proceso que permita la probanza de los hechos y luego de ello, la correcta aplicación de la norma a cada caso concreto; un entendimiento contrario sería apartarse de la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional.

En ese sentido, cuando en la acción de amparo constitucional se alega la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales, corresponde a la parte accionante acompañar los elementos probatorios necesarios que permitan visualizar la existencia de los hechos expuestos, sin que sobre el particular se vislumbre controversia, y con ello acreditar que es titularidad de derechos consolidados, sobre los cuales se alega la lesión de los derechos fundamentales o garantías constitucionales; puesto que, si la justicia constitucional no tiene certeza sobre la veracidad de los hechos expuestos y la consolidación de los derechos, por advertirse que existe controversia al respecto, la tutela no es viable, porque a la justicia constitucional no se compete resolver controversias sobre hechos o derechos, los mismos que de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la Ley, fueron asignadas a las demás jurisdicciones que forman parte del órgano judicial.

III.2. El derecho de petición y respuesta oportuna

Por disposición del art. 24 de la CPE: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”; Dicho precepto constitucional guarda relación con el art. XXIV de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, que al respecto señala: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”; las señaladas normas establecen entonces la obligación que tiene toda autoridad pública o particular, de otorgar una respuesta formal, clara y oportuna a las solicitudes que se formulen, sea en forma positiva o negativa. Sobre el mencionado derecho, la SC 0218/01-R de 20 de marzo de 2001, precisó que: “…consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos…() se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. Posteriormente, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando los requisitos exigidos en el marco de la jurisprudencia comprendida en la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, precisó que: “…a la luz de la Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada precedentemente, pues actualmente, el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral.

Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario…

En ese entendido, cuando la petición es dirigida a un servidor público, éste debe orientar su actuación en los principios contemplados en el art. 232 de la CPE, entre otros, el principio de compromiso e interés social, eficiencia, calidad, calidez y responsabilidad. Respecto al tercer requisito, el mismo es compatible con el texto de la Constitución vigente, pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición.

Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad.

Lo señalado también se fundamenta en la naturaleza informal del derecho de petición y en el hecho que el mismo sea un vehículo para el ejercicio de otros derechos que requieren de la información o la documentación solicitada para su pleno ejercicio; por tal motivo, la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable.

Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al derecho de petición, es exigible: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”. Finalmente, la SCP 1831/2012 de 12 de octubre, concluyó que, el derecho de petición: “…se encuentra en directa relación con el derecho de acceso a la información, de donde podemos concluir que la negativa a la solicitud oral o escrita -sea requiriendo copias, informes, certificaciones u otros análogos-, constituye un límite del libre acceso a la información.

Consiguientemente y considerando que el derecho de petición constituye un derecho civil que reviste la dignidad humana, no es permisible en un Estado de Derecho, que la autoridad o particular a quien se dirige una solicitud de diversa índole, rehúse conocer o recibir la presentación de una petición, o no la atienda de manera clara y congruente, debiendo incluso poner a conocimiento del peticionante el resultado positivo o negativo de su solicitud, elementos que hacen a la real configuración del derecho objeto de análisis”. En el marco normativo y jurisprudencial glosado se tiene que, toda petición efectuada en forma oral o escrita, ante una autoridad pública o particular, debe ser respondida formalmente, ya sea en forma positiva o negativa, y dentro de plazo razonable u oportuno; de manera que, el peticionante acceda a la información que es de su interés.

III.3. Análisis del caso concreto

En el caso de análisis, la parte accionante denuncio la lesión de sus derechos a la petición y a obtener una respuesta formal y oportuna, al trabajo y al empleo en sus componentes de trabajo digno, sin discriminación y con salario justo, al sueldo, a los derechos laborales (días de descanso, a las vacaciones, al bono de antigüedad, sueldos devengados, aportes a la seguridad social y al aguinaldo); toda vez que: i) La autoridad demandada omitió el pago por duodécimas del aguinaldo de navidad correspondiente al 2021, pese a que prestaron sus servicios en el Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco del departamento de Santa Cruz, durante más de cuatro meses de manera continua e ininterrumpida; por lo que, corresponde su pago doble como multa por incumplimiento del plazo; así también, el indicado gobierno municipal omitió realizar el pago de los aportes a la AFP durante el tiempo de sus servicios; así como, el pago del bono de antigüedad y sueldos devengados a Angélica Taseo de Méndez; y, ii) No obstante que presentaron, en el caso de Carmelo Céspedes Ribera, una nota el 8 de diciembre de 2021, y respecto de los demás accionantes, el 10 de igual mes y año, solicitud de pago del indicado beneficio, reiterado luego el 12 de enero de 2022, impetrando el pago doble del indicado beneficio, el indicado alcalde no otorgó respuesta alguna sobre lo impetrado.

Revisados los antecedentes que se acompañan al legajo constitucional y conforme con las conclusiones del presente fallo constitucional; se establecen que, el 8 de diciembre de 2021, Carmelo Céspedes Ribera, señalando ser ex funcionario de la referida entidad edil, y afirmando haber trabajado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 3 de mayo del mismo año en la entidad municipal, solicitó a la autoridad ahora demandada el pago por duodécimas del aguinaldo de navidad 2021; en ese sentido y el mismo día, la misma persona, precisando haber prestado sus servicios desde el 1 de junio de 2015 hasta el 3 de mayo de 2021, como Asesor de Asuntos Jurídicos, solicitó mediante otra nota a la autoridad mencionada, que realice el pago de aportes a la AFP; dado que, sostuvo no hubieran sido pagados, –se entiende por la anterior autoridad–.

En ese mismo sentido, mediante nota de 8 de diciembre de 2021, con constancia de recepción el 10 de igual mes y año, Oscar Hugo Dorado Flores, Eduarda Pura Villarroel Aguilar, Julia Elena Masai Dorado, Jorge Ignacio Dorado Jiménez, Dionicia Pizarro Guzmán, Walter Nestor Siye Morales, Jorge Yul Dorado Dorado, Israel Miguel Rodríguez Dorado, Rosa María Dorado Dorado y José María Surubí Dorado, señalando ser ex funcionarios de la citada entidad municipal, solicitaron a la autoridad ahora demandada, el pago de duodécimas de aguinaldo 2021.

Las solicitudes mencionadas motivaron el pronunciamiento del Informe Legal INF.A.M.A.J./GAM.S.M.V./42-B/2021, elaborado por el Director de Asuntos Jurídicos de la referida entidad edil, quien recomendó a la Unidad de RR.HH. de la propia entidad, hacer público la exigencia de presentación de determinados requisitos con el objeto de proceder al pago del indicado derecho; es así que, mediante Comunicado a Ex Servidores Públicos, el 15 de diciembre de 2021, suscrito por Dhaclin Cabrera Valverde, RR.HH. del indicado gobierno municipal, se comunicó a todos los ex servidores públicos de la entidad, que previo a la cancelación del pago de duodécimas de aguinaldo 2021, deben presentar certificado de no adeudar fondos en avance, emitido por la Dirección de Administración y Finanzas; certificado negativo de activo fijo, de no adeudo, con sus respectivas actas de entrega; y, fotocopia de la designación del cargo que ocupaba en la entidad. No obstante lo indicado, a través de nota de 5 de enero de 2022, con constancia de recepción el 12 del mismo mes y año, Carmelo Céspedes Ribera, Oscar Hugo Dorado Flores, Jorge Ignacio Dorado Jiménez, Walter Nestor Siye Morales, Julia Elena Masai Dorado, Israel Miguel Rodríguez Dorado, José María Surubí Dorado, Eduarda Pura Villarroel Aguilar y Jorge Yul Dorado Dorado, haciendo referencia a las solicitudes presentadas el 8 de diciembre de 2021, y el 10 de igual mes y año, y afirmando que no recibieron respuesta, solicitaron al Alcalde Municipal ahora demandado, que al no haberse hecho efectivo en su favor el pago por duodécimas del aguinaldo de navidad 2021, debía procederse al pago doble de tal derecho; precisando que, el comunicado a ex servidores públicos de la señalada entidad, firmado por Dhaclin Cabrera Valverde, RR.HH. del indicado gobierno municipal, con el visto bueno del abogado de la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos de la misma entidad, carecía de fundamentación, porque no era un decreto municipal o un decreto edil con resolución administrativa, además que el mismo nunca les fue notificado en forma personal.

A efectos de corroborar la emisión de los certificados de trabajo emitidos por el ex alcalde municipal de la referida entidad edil –ahora también accionante–, la entidad municipal requirió informe a la Secretaria de Despacho del ejecutivo municipal, como también a la Secretaria Municipal de Administración y Finanzas, reparticiones que, mediante nota GAMSMV.SEC.DESP.01/2022, el primero, y Comunicación Interna CI/SMAF/GAMSMV 015/2022, el segundo, informaron que revisados sus archivos no encontraron los certificados de trabajo emitidos por el ex alcalde municipal a favor de los ahora accionantes.

Ahora bien, siendo que uno de los derechos alegados por la parte accionante es el derecho de petición y respuesta formal y oportuna, previsto en el art. 24 de la CPE, cuyo contenido, de acuerdo a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta resolución constitucional, se condensa en que toda petición efectuada en forma oral o escrita, ante una autoridad pública o particular, debe ser respondida formalmente, ya sea en forma positiva o negativa, y dentro de plazo razonable u oportuno, de manera que, el peticionante acceda a la información que es de su interés; y tomando en cuenta que en el caso de análisis, las solicitudes presentadas por los ahora accionantes –mediante notas presentadas el 8 y 10 de diciembre de 2010, por las cuales impetraron el pago por duodécimas de aguinaldo de la gestión 2021, alegando haber trabajado por más de 4 meses en la entidad municipal– fueron analizadas por el indicado Gobierno Municipal, mereciendo en consecuencia su publicación en tablero municipal –conforme fue informado por la parte demandada–, del Comunicado a Ex Servidores Públicos, de 15 de diciembre de 2021, suscrito por Dhaclin Cabrera Valverde, RR.HH. del citado Gobierno Municipal, se comunicó a todos los ex servidores públicos de la entidad, que previo a la cancelación del pago de duodécimas de aguinaldo 2021, deben presentar: Certificado de no adeudar fondos en avance, emitido por la Dirección de Administración y Finanzas; certificado negativo de activo fijo, de no adeudo, con sus respectivas actas de entrega; y, fotocopia de la designación del cargo que ocupaba en la entidad.

El indicado comunicado publicado por el Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco del departamento de Santa Cruz, según este Tribunal, es la respuesta a la solicitud presentada por los hoy accionantes en cuanto a la solicitud de pago de duodécimas de aguinaldo por la gestión 2021, que independientemente de la validez o no de los fundamentos que tiene, respondió a la petición planteada, de manera que, no se puede alegar falta de respuesta formal y oportuna; como tampoco es posible alegar su falta de comunicación, dado que en la nota de 5 de enero de 2022, con constancia de recepción el 12 del mismo mes y año, presentada por los ahora accionantes ante la autoridad hoy demandada, ya se menciona su contenido, cuestionando su fundamentación, porque en su criterio no era un decreto municipal o un decreto edil con resolución administrativa, de manera que, tampoco se puede alegar su desconocimiento.

En ese sentido, se concluye que al haber merecido respuesta las solicitudes presentadas por los ahora accionantes el 8 y 10 de diciembre de 2021, en cuanto se refiere a la petición de pago de duodécimas de aguinaldo de navidad 2021, no se advierte que sea evidente la lesión al derecho de petición y respuesta formal y pronta, previsto en el art. 24 de la CPE.

De otro lado, en cuanto a la alegada lesión de derechos al trabajo y al empleo en sus componentes de trabajo digno, sin discriminación y con salario justo, al salario o sueldo, a los derechos laborales (días de descanso, a las vacaciones, al bono de antigüedad, sueldos devengados, aportes a la seguridad social y al aguinaldo), porque la autoridad demandada hubiera omitido pagar las duodécimas del aguinaldo de navidad correspondiente al 2021, pese a que prestaron sus servicios en el Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco del prenombrado departamento durante más de cuatro meses de manera continua e ininterrumpida; así también que, el indicado gobierno municipal omitió realizar el pago de los aportes a la AFP durante el tiempo de sus servicios, así como el pago del bono de antigüedad y sueldos devengados a Angélica Taseo de Méndez; debe tomarse en cuenta glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en cuanto a que la jurisdicción constitucional no puede dilucidar hechos controvertidos o derechos no consolidados.

Conforme fue señalado en el precitado Fundamento Jurídico, si en la acción de amparo constitucional se alega la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales, corresponde a la parte accionante acompañar los elementos probatorios necesarios que permitan visualizar la existencia de los hechos expuestos, sin que sobre el particular se vislumbre controversia, y con ello acreditar que es titularidad de derechos consolidados, sobre los cuales se alega la lesión de los derechos fundamentales o garantías constitucionales; puesto que, si la justicia constitucional no tiene certeza sobre la veracidad de los hechos expuestos y la consolidación de los derechos, por advertirse que existe controversia al respecto, la tutela no es viable, porque a la justicia constitucional no le compete resolver controversias sobre hechos o derechos, los mismos que de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la Ley, fueron asignadas a las demás jurisdicciones que forman parte del órgano judicial; supuesto que es aplicable al caso de examen, debido a que los accionantes alegan la lesión de los derechos fundamentales ya mencionados, porque la autoridad demandada no procedió, al pago de las duodécimas de aguinaldo que, según sostienen, les correspondería como ex servidores públicos de la mencionada entidad municipal.

Al respecto, los accionantes acompañaron como prueba para acreditar su condición de ex servidores públicos y el tiempo de servicios en la gestión 2021, certificados de trabajo emitidos por el ex alcalde municipal de la mencionada entidad municipal, el 30 de abril de 2021, documentos que no resultan suficientes para establecer la condición de ex servidores públicos del indicado municipio, primero porque fueron firmados por la ex autoridad al cierre de su mandato, y quien también es accionante en este amparo constitucional, sin la participación de la unidad de recursos humanos del municipio, cuyas copias además no existen en los archivos de la entidad, conforme se señala en los informes internos que fueron expedidos por funcionarios del municipio, además que no cuentan con ningún otro documento de respaldo, como papeletas de pago, planillas salariales, registro o marcado de asistencia, así como la fecha y forma de cesación del cargo, esto último para quienes afirman haber ocupado cargos dependientes, de manera que no se puede establecer como hecho su real prestación de servicios, y con ello, el derecho adquirido para el pago de aguinaldo por duodécimas 2021, como se pretende por los accionantes.

A lo señalado se debe agregar que los accionantes pretenden el pago doble del aguinaldo de navidad, por incumplimiento en cuanto al plazo establecido normativamente (20 de diciembre), sustentando dicha pretensión en el Instructivo 0111/2021, emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que en el Aparatado IV, (PLAZO PARA EL PAGO), punto 7, establece para el sector privado la sanción del pago doble en caso de incumplimiento del plazo, en tanto que el punto 7 del mismo instrumento reglamentario, sobre el sector público no tiene dicha previsión; de manera que, lo impetrado al respecto debe ser objeto de interpretación legal previa por la autoridad competente, cuya tarea no corresponde a esta jurisdicción.

Es más, los accionantes alegan la lesión de sus derechos fundamentales debido a que el Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco del departamento de Santa Cruz no habría realizado los aportes a la AFP, así como tampoco habría realizado el pago de su bono de antigüedad, como tampoco el salario devengado a una de la accionantes –Angélica Taseo de Méndez–, sin acompañar al respeto prueba alguna que demuestren los hechos, como la omisión de pago de aportes al seguro social a largo plazo y las causas para ello, o la acreditación de los presupuestos legales y formales para que cada uno de los accionantes sea titular del derecho al bono de antigüedad en los porcentajes correspondientes, o la prestación efectiva de los servicios de la solicitante de pago de sueldos devengados, respecto a la cual no se compaña prueba de su desvinculación ya en la nueva gestión municipal.

Lo señalado hace evidente la existencia de controversia que debe ser dilucidada en la jurisdicción ordinaria, a través de un debido proceso en el que se garanticen a las partes una amplia defensa, aportando los suficientes elementos de prueba que permitan establecer los hechos, y con ello, determinar si los ahora impetrantes de tutela constitucional son titulares de los derechos laborales reclamados; pues no corresponde a esta jurisdicción resolver dichas controversias, más cuando se demanda también el incumplimiento de obligaciones sociales que hacen a la gestión municipal de la ex Autoridad Ejecutiva Municipal, quien sin mayor explicación ahora también resulta accionante de la presente acción tutelar. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 04/22 de 15 de julio de 2022, cursante de fs. 251 vta. a 258, y Auto de Aclaración y Complementación y Enmienda de la misma fecha (fs. 258 vta. a 259 vta.), pronunciadas por el Juez Público Civil y Comercial, de Partido del Trabajo, Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada. Conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0428_2024-S4.pdf · páginas 1 a 22.

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