B.IA.LEGAL

SCP 0428/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 4 de julio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
4 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante considera que el Juez demandado ha vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso en sus vertientes a la congruencia, pertinencia, fundamentación, motivación y el principio de legalidad; derecho a la tutela judicial efectiva; citando al efecto el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la S-68 de 29 de junio de 2023, cursante de fs. 52 vta. a 57 vta., pronunciada por Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela, conforme a los fundamentos contenidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Excepciones al principio de subsidiaridad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0428/2024-S3 Sucre, 4 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente 57387-2023-115-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución S-68 de 29 de junio de 2023, cursante de fs. 52 vta. a 57 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yoselín Vargas Minny y Wilfredo Coria Vargas contra Williams Gerardo Escalante Cabrera, Juez Público Civil y Comercial Decimosexto del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 15 de mayo y 6 de junio, cursantes de fs. 7 a 16 vta. y 21 a 24, los accionantes expusieron los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se tramita en su contra, un proceso coactivo civil, en el Juzgado Público Civil y Comercial Decimosexto del departamento de Santa Cruz, por la demanda ejecutiva presentada por Marioly Viera Chávez (ahora tercera interesada), en la que solicitó el pago del Instrumento Público 1615/2019 de 5 de julio, por el monto de $us 250 000 (doscientos cincuenta mil dólares estadounidenses), motivo por el cual se procedió a adoptar una serie de medidas en contra del bien inmueble propiedad de los ahora accionantes, que se encuentra ubicado en la zona norte, UV 75, MZO 26, LOTES N° 4 y 6, registrado en la Oficina de Derecho Reales (DD.RR.) Asiento 2, con Matrícula computarizada 7011060112802, a nombre de la ahora impetrante de tutela. Bajo tales antecedentes, se emitió sentencia y posteriormente se realizó el avalúo del referido bien inmueble, señalando un precio menor al real, ya que éste se realizó en agosto de 2020, mientras que la adjudicación judicial de este inmueble corresponde al año 2023, motivo por el cual se ha solicitado de manera reiterada la realización de un nuevo avalúo pericial, con el objeto de actualizar el monto del mencionado inmueble, sin embargo, de forma ilegal y sin resolver el mismo, la autoridad judicial ahora accionada emitió el Auto 59/2023 de 16 de marzo, en el que se ordenó la adjudicación del bien inmueble a favor de Marioly Viera Chávez. Refieren que, el Código Civil establece el “avalúo pericial”, mismo que consiste en el acto procesal por el cual un perito refleja el precio de un bien inmueble estableciendo en su dictamen sus características y referencias; por tal motivo, éste era necesario para aplicar la variación de precios en virtud a la plusvalía existente, extremo que fue impugnado por las partes para su consideración, sin que se emita respuesta en el Auto recurrido, por lo que tal acto vicia de nulidad el proceso civil, además de vulnerar el derecho al debido proceso, en su triple demisión, como derecho, garantía y principio al conocer el precio real del inmueble. Los actos descritos previamente, no dan curso al avalúo pericial solicitado, provocan una lesión al debido proceso en su vertiente a la igualdad de las partes, ocasionando además, una indefensión material en una de ellas que interviene en este proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; ya que, ni siquiera existió un pronunciamiento respecto a lo solicitado. Finalmente, sostiene que las lesiones denunciadas tienen relevancia constitucional, ya que esa infracción procedimental ocasiona que, dentro del referido proceso, se tenga un resultado diferente al que hubiera dado de no haber incurrido en los errores denunciados. En el memorial de subsanación en cuanto a la subsidiariedad, refiere que, el Auto 59/2023, impugnado, dentro del marco jurídico no existe previsto recurso judicial para resguardar sus derechos fundamentales; no siendo aplicable la exigencia de plantear el recurso de reposición ya que el mismo no se encuentra establecido dentro de la norma, generando la vulneración de su derecho de acceso a la justicia de considerarse tal criterio, debiendo en su caso aplicarse el principio de no formalismo; por ese motivo corresponde que se ingrese a analizar el fondo de esta acción tutelar. Si se considera que existen medios de defensa en la jurisdicción ordinaria que habrían sido activados de su parte, solicitan que se analice lo establecido por la “SCP 170/2013”, que determina las excepciones al principio de subsidiariedad, siendo la existencia de daño irreparable o perjuicio irremediable la aplicable en su caso, toda vez que, en la etapa que se encuentra el proceso principal (proceso coactivo) mediante el Auto 59/2023, ahora impugnado; la autoridad judicial demandada determinó la adjudicación del referido inmueble de su propiedad a favor de la coactivante (tercera interesada), lo que se constituye en una seria amenaza de vulnerar sus derechos fundamentales de una forma que puede generar un daño irreparable, ya que claramente se encuentran en la fase final de la adjudicación para la coactivante, hecho que implica el despojo de su bien inmueble, que se constituye en su vivienda y la de su familia, que además incluye a su hija menor de edad (ocho años) que pertenece a un grupo vulnerable, si no se le cancela el precio justo.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Señalaron como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes a la congruencia, pertinencia, fundamentación, motivación y el principio de legalidad; derecho a la tutela judicial efectiva; citando el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Se deje sin efecto el Auto 59/2023 de 16 de marzo; y, b) Ordene a las autoridades accionadas dicten un nuevo Auto conforme a derecho y respetando el principio al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación, congruencia, que responda a todos los agravios expuestos en su memorial del cual deviene la resolución, considerado como vulnerador de sus derechos fundamentales, estableciendo que se practique otro avalúo pericial con relación al bien inmueble materia de ejecución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 29 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 49 a 52 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Los accionantes, a través de su abogado, ratificaron in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo lo siguiente: 1) Solicita que se tome en cuenta que dentro de las personas afectadas, por los actos denunciados en la emisión del Auto ahora impugnado por parte de la autoridad judicial demandada, se encuentra una menor de edad de ocho años, nacida el 12 de junio de 2015, hija de los impetrantes de tutela, por ello se encuentra dentro del grupo de personas vulnerables, por lo que solicita además tomar en cuenta la perspectiva de género, debido a que esta se encuentra bajo protección reforzada por parte del Estado, respecto a sus derecho fundamentales, extremo que justifica que se aplique una excepción al principio de subsidiariedad, para poder analizar el fondo propuesto en esta acción tutelar, aparte del daño irreparable o perjuicio irremediable, ya fundamentados en su acción tutelar; 2) Afirma que del avalúo pericial solicitado el precio del inmueble de su propiedad supera la cifra del millón de dólares, en consideración de la ubicación y extensión del terreno, por lo que se cuestionó el referido auto en la vía incidental solicitando la realización del nuevo avalúo, en consideración que el precio referencial para la adjudicación de este inmueble es del año 2019, y la adjudicación data del año 2023, como lo establece el Auto recurrido 59/2023 de 16 de marzo, solicitudes que no tuvieron respuesta por la autoridad judicial accionada.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Williams Gerardo Escalante Cabrera, en su calidad de Juez Público Civil y Comercial Decimosexto del departamento de Santa Cruz, -ahora accionado-remitió informe escrito el 20 de junio de 2023, cursante de fs. 45 a 46, argumentó lo siguiente: i) Mediante Auto Interlocutorio 59 de 16 de marzo de 2023, su autoridad otorgó la adjudicación del inmueble ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Zona Norte, UV 75, MZA 26, Lotes 4 y 6, con una superficie de 2.907.80 m², registrado en Oficina de DD.RR. bajo la Matrícula computarizada 7011060112802, en favor de la coactivante; el 22 de marzo del mismo año se notificaron a ambas partes con el referido Auto; el 31 de marzo Yoselín Vargas Minny interpuso recurso de apelación en contra del referido Auto de 16 de marzo, mismo que fue rechazado por que fue presentado de manera extemporánea, fuera del plazo establecido por el art. 262 del Código de Procedimiento Civil (CPC), según consta en el Auto 117/2023 de 14 de abril de 2023, por lo que se declaró la ejecutoria del Auto 59/2023; ii) Afirma que respetó el derecho al debido proceso de ambas partes, otorgándoles seguridad jurídica y justicia oportuna, que es aplicable dentro de los procesos coactivos, en mérito a que los accionantes no cumplieron con el principio de la subsidiariedad, ya que apelaron de forma extemporánea contra el Auto de adjudicación y ante el rechazo de su apelación, la recurrente tenía abierto el recurso de compulsa, si es que consideraba indebida o ilegal el rechazo o la negativa del recurso de apelación, conforme a lo establecido por el art. 279 del CPC, lo que implica la inviabilidad de la presente acción de amparo constitucional.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Marioly Viera Chávez, en su calidad de tercera interesada, presentó informe el 19 de junio de 2023, cursante de fs. 42 a 43, donde sostiene lo siguiente: a) Dentro del proceso coactivo seguido por su persona, los ahora accionantes, con anterioridad, específicamente el 28 de septiembre de 2020, ya impugnaron el avalúo pericial, impugnación que en esa oportunidad ya fue rechazada por el Juez Público Civil y Comercial Decimosexto del departamento de Santa Cruz, el 23 de noviembre de 2020, por el Auto N° 35/2020, siendo dicha resolución objeto de recurso de apelación, que fue declarada inadmisible por el Auto de Vista 82/2021; b) Dentro del presente caso, se advierte que no se cumplió con el principio de la subsidiariedad de esta acción tutelar, ya que la resolución que supuestamente vulnera los derechos de la parte accionante es el Auto 59/2023, y el mismo no fue objeto de apelación, los ahora accionantes presentaron su recurso de apelación de manera extemporánea, por lo que esta fue rechazada por el juez del caso; c) De la revisión de obrados, se tiene que los impetrantes de tutela en realidad no viven en el inmueble rematado, sino que estos se encuentran viviendo en otro inmueble, mismo que se encuentra ubicado en la Avenida Banzer, 4to Anillo, Condominio Barrio Norte 2 de la ciudad de Santa Cruz, tal como se puede evidenciar en las citaciones efectuadas dentro del proceso coactivo y el mismo memorial de amparo constitucional, donde estos mismos indican su domicilio real; por lo que, en ningún momento se vulneró su derecho a la vivienda; d) Aparte de lo ya mencionado, afirma que el inmueble objeto de esta acción de amparo constitucional, ya es de su propiedad, ya que éste se encuentra registrado bajo la matrícula computarizada de DDRR 7011060112802, según se evidencia por el Folio Real, inscrito y registrado el Asiento A-3 de titularidad de dominio a su nombre, motivo por el cual solicita denegar la tutela impetrada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante la Resolución S-68 de 29 de junio de 2023, cursante de fs. 52 vta. a 57, concedió la tutela solicitada, disponiendo en consecuencia que la autoridad accionada; el Juez Público Civil y Comercial N° 16 del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita una nuevo Auto en el marco de los fundamentos expuestos en su resolución; tal determinación se dio con base a los siguientes fundamentos: 1) Una de las características esenciales de la acción de amparo constitucional, reside en el principio de la subsidiariedad, sin embargo, conforme a lo establecido en el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo) -Ley 254 de 5 de julio de 2012- establece la excepcionalidad de este principio, previa justificación fundamentada cuando existe la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela, a ello se tiene que tanto la autoridad demandada como la tercera interesada alegan la improcedencia de esta acción tutelar debido a que se presentó de manera extemporánea su recurso de apelación, en ese sentido, conforme al análisis hecho, que dentro del presente caso resulta aplicable lo determinado por la SCP 367/2012 de 22 de junio, respecto a los procesos ejecutivos y coactivos; ya que, si bien lo que alegan las partes podría estar circunscrito a lo que establece el art. 386 del CPC; sin embargo, por tratarse de un aspecto que tiene que ver con la familia, y la existencia de un niño al interior de la misma, y de un inmueble que es la vivienda de la referida familia, entonces se aplica la excepción a la subsidiariedad, tal cual lo establece el art. 54.II del CPCo respecto al daño irremediable e irreparable, que puede ocurrir dentro del presente caso de no otorgarse la tutela impetrada; 2) La problemática traída se refiere a que se remató un bien inmueble de propiedad de los accionantes, en un precio ínfimo al precio que debió ser rematado, y ello debido a que la autoridad hoy accionada no permitió que se realizara un nuevo avalúo pericial, teniendo en cuenta que el avalúo por el cual se remató el referido inmueble data de hacía dos años atrás, a cuando se registró el remate, correspondiendo en este caso aplicar la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional Plurinacional sentada por la SCP 1113/2015-S2, que en un caso similar, determinó la necesidad material de permitir un nuevo avalúo para el remate, máxime si de por medio se habla de una vivienda familiar en la que existen niños, aplicando el contenido del art. 60 de la CPE. Marioly Viera Chávez, en vía de aclaración, complementación y enmienda, sostuvo lo siguiente: i) No existe prueba de que algún menor de edad viva en el inmueble objeto de esta acción tutelar, ya que en los carnets presentados, en sus datos se tiene que los accionantes viven en otro inmueble; ii) La SCP 1113/2015-S2 de 3 de noviembre utilizada para conceder la tutela, no tiene los mismos supuestos fácticos que se dan en el presente caso, ya que la parte accionante hizo uso de su recurso ordinario en contra de un Auto interlocutorio, pero lo interpuso fuera del plazo legalmente estipulado; mientras que en la sentencia citada se trataba de un Auto de Vista; iii) Solicita que se aclare respecto a qué pasará con el pago de impuestos realizados al Estado, si se ordenará la devolución de tal pago, o en qué situación quedara la tercera interesada que se compró de buena fe y conforme al Código de Procedimiento Civil el referido inmueble; además que, su persona también tiene una hija menor de edad que forma parte de un grupo vulnerable. La Presidenta de Sala refirió lo siguiente a los puntos planteados por la tercera interesada; a) En cuanto al primer punto, se tiene que el Tribunal de garantías no ha realizado la valoración de la prueba, ni la interpretación de la legalidad ordinaria, sino que ha expuesto sobre la existencia del menor de edad, mismo que goza de protección reforzada respecto a la exigencia del principio de subsidiariedad, razón por la cual no se tiene nada que complementar sobre este punto; b) Respecto a la utilización de la SCP 1113/2015-S2 al caso concreto, esta resolución fue utilizada como jurisprudencia aplicable al caso en el entendido que la misma se refiere al valor de un inmueble a efectos de subasta o un remate judicial que debería ser considerado con base al precio real y comercial, siendo esa la esencia central respecto a los derechos invocados por la parte accionante en la presente acción tutelar; tampoco corresponde complementarse este punto; c) Respecto al pago de los impuestos realizados por la tercera interesada, si se le devolvería tal importe, es menester que el tribunal de garantías no realiza la interpretación de la legalidad ordinaria por lo que no le corresponde analizar lo solicitado, correspondiendo en todo caso que la autoridad a cargo del control jurisdiccional, por lo que se declara no ha lugar la complementación planteada por la tercera interesada.

II.CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Adjudicación 59/2023 de 16 de marzo de 2023, emitido por el Juez Público Civil y Comercial Decimosexto del departamento de Santa Cruz, por el cual se determinó ADJUDICAR el inmueble en la “…Zona norte, U.V. 75, MZA. 26, LOTES N° 4 y 6, con una superficie de 2.907.80 Mts.2, é inscrito en DD.RR. bajo la Matrícula Computarizada N° 7.01.1.06.0112802, en el valor de la última base, es decir, en la suma de QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 80/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.531.894 80), debiendo en consecuencia en ejecución de la presente resolución extenderse la respectiva minuta de adjudicación judicial y la francatura del testimonio correspondiente de las piezas principales del proceso, ordenándose su protocolización por ante cualquier Notario de Fe Pública…” (sic. [fs. 4]). II.2. Por memorial presentado el 31 de marzo de 2023, por Yoselín Vargas Minny, se interpuso recurso incidental en contra del “….AUTO NRO. 59/2023, solicitando en definitiva SIRVA REVOCAR EL AUTO DE ADJUDICACIÓN NRO 59/2023 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2023 Y POR CONSIGUIENTE ORDENAR QUE SE REALICE UN OFICIO AL COLEGIO DE AGRIMENSORES SOLICITA UNA TERNA DE PERITOS, PARA QUE UN PERITO IMPARCIAL REALICE EL AVALUÓ VERDADERO SOBRE EL COSTO REAL DEL INMUEBLE.” (sic. [fs. 61 a 63]). II.3. Consta Auto Interlocutorio 117/2023 de 14 de abril, emitido por el Juez Público Civil y Comercial Decimosexto del departamento de Santa Cruz, en el cual rechazó la apelación interpuesta por Yoselín Vargas Minny, y se ordenó la ejecutoria del precitado Auto impugnado; debido a que la recurrente fue notificada el 22 de marzo de 2023, y el recurso fue interpuesto el 31 del mismo mes y año, incumpliendo lo establecido en el art. 262.1) del CPC, el que dispone que, la parte recurrente tenía el término de tres días para hacer uso del recurso de apelación, por lo que el mismo fue presentado de manera extemporánea (fs. 64).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante considera que el Juez demandado ha vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso en sus vertientes a la congruencia, pertinencia, fundamentación, motivación y el principio de legalidad; derecho a la tutela judicial efectiva; citando al efecto el art. 115.II de la CPE, en mérito a que dentro del proceso coactivo seguido en su contra por Marioly Viera Gómez (ahora tercera interesada), la autoridad demandada emitió el Auto 59/2023 de 16 de marzo de 2023, en el que se ordenó la adjudicación del bien inmueble de su propiedad a favor de la ahora tercera interesada, basándose en un avalúo realizado hace más de dos años, motivo por el cual se presentó de su parte recurso de apelación incidental, solicitando que se realizara un nuevo avalúo que revelara el precio real y actualizado del referido inmueble, mismo que fue rechazado sin que se emita respuesta a su petición por lo que tal acto vicia de nulidad el proceso civil, además de vulnerar el derecho al debido proceso, en su triple demisión, como derecho, garantía y como principio a conocer el precio real del inmueble; se solicita que dentro del presente caso al evidenciarse la posibilidad de un daño irreparable, al despojarles de su vivienda a su familia, que incluye a su hija menor de edad de ocho años, que se encuentra dentro del grupo de personas vulnerables, lo que justifica que se aplique la excepción del principio de subsidiariedad; por lo previamente referido, solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia se deje sin efecto el Auto 59/2023 de 16 de marzo y se ordene a las autoridades accionadas dicten un nuevo Auto que se conforme a derecho y respetando el principio del debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación, congruencia. En consecuencia, dentro del presente caso, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela, para el efecto se analizarán los siguientes temas: 1) Subsidiariedad de la acción de amparo constitucional; y, 2) Excepciones al principio de subsidiaridad; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Subsidiariedad de la acción de amparo constitucional

Al respecto, la SCP 0395/2018-S4 de 2 de agosto, señaló: “La acción de amparo constitucional se encuentra instituida en la Constitución Política del Estado, en el art. 128 que establece: ‘La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley’ A su vez el art. 129.I del texto constitucional referido, resalta que: ‘La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados´; en consecuencia, la Ley Fundamental establece esta acción como mecanismo de protección, poniéndola al alcance de toda persona que sufra amenaza a sus derechos reconocidos en la norma suprema, siendo su objeto principal el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías (restringidos, suprimidos o amenazados); procediendo dicho mecanismo siempre y cuando el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida. En este sentido la SC 0428/2010-R de 28 de junio, sobre la acción de amparo constitucional y sus requisitos ha establecido que: ‘…esta acción por mandato del art. 19. V de la CPE abrg y 129. I de la CPE, se caracteriza por la vigencia del principio de subsidiaridad, toda vez que este mecanismo no sustituye las otras vías o mecanismos legales que las leyes confieren a los afectados para restituir los derechos fundamentales afectados. (…)

Lo expresado precedentemente, implica que la justicia ordinaria resuelve conflictos con relevancia social y garantiza así la tan ansiada paz social, asimismo, la justicia constitucional en relación a la primera, es garante de los derechos fundamentales cuando estos han sido vulnerados en sede judicial ordinaria. El postulado antes señalado tiene gran relevancia ya que el juez o tribunal ordinario, no es solamente garante de la legalidad, sino que en su función de administrador de justicia, es también garante de derechos fundamentales, por tal razón, solamente en caso de incumplir este rol, puede operar la tutela constitucional, ya que de lo contrario y de no agotarse todos los medios procesales para el resguardo de los mismos en sede jurisdiccional ordinaria, se tendrían justicias con roles paralelos, equivocando así el verdadero sentido de la justicia constitucional y ocasionándose incoherencias jurídicas que afecten los cimientos propios de la justicia ordinaria y constitucional”’. De ello, se concluye que la acción de amparo constitucional ha sido establecida por la Norma Suprema como un recurso extraordinario para brindar resguardo inmediato contra actos ilegales u omisiones indebidas, provenientes de servidores públicos o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías constitucionales de la persona, reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes, siempre que no exista otro medio o recurso legal que garantice una protección inmediata de tales derechos y garantías. Es así, que la jurisprudencia constitucional ha instaurado respecto a esta acción tutelar dos características primordiales: la inmediatez y la subsidiariedad; esta última obliga que de manera previa a la interposición del recurso, deben agotarse todas las instancias y mecanismos legales idóneos y efectivos para la restitución de la lesión ya mencionada; de lo contrario, amerita su improcedencia.

III.2. Excepciones al principio de subsidiaridad

Asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional antes mencionada, precisó: “El principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional se encuentra regulado en el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que dispone: ‘La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo’, de dicho precepto normativo se tiene claramente establecido que esta acción tutelar, se debe plantear una vez agotadas todas las vías legales judiciales o administrativas previstas por ley; pues de no agotarse las mismas, la acción de amparo constitucional será denegada en aplicación al principio de subsidiariedad.

Sin embargo, conforme dispone el mismo art. 54.II del CPCo ‘Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela’; disposición que denota la existencia de situaciones excepcionales en las que el agotamiento de las vías legales que en su resolución podrían resultar tardías, implicaría la consumación irreversible de la vulneración del derecho, con el consiguiente daño irremediable, en cuyo caso la tutela de la acción de amparo constitucional resulta necesaria.

Dichas excepciones, anteriormente ya fueron ampliamente desarrolladas en la jurisprudencia constitucional, en cuyo caso la SC 0119/2003-R de 28 de enero, estableció: ‘…una de las características inherentes a la naturaleza jurídica del Amparo Constitucional es la subsidiaridad, lo que significa que esta vía tutelar sólo se activa cuando la persona no tiene o no cuenta con ningún otro recurso o vía legal para la reparación inmediata, efectiva e idónea de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, salvo que la restricción o supresión de los derechos o garantías constitucionales ocasione un perjuicio irremediable o irreparable, en cuyo caso, de manera excepcional, se activa el Amparo Constitucional para otorgar una tutela efectiva e inmediata que evite la consecuencia irremediable’. Siguiendo esta línea la SC 0142/2003-R de 6 de febrero, sostuvo: ‘…no obstante el carácter subsidiario del amparo, solamente en casos excepcionales y a fin de evitar un real, inminente e irreparable daño, procede otorgar la tutela de este recurso, aún en caso que la persona tenga otra vía o recurso legal al que acudir, pero que por las características especiales la lesión resulta irreparable, por no actuar con la inmediatez que la emergencia exige…’. Caso en el que para que la excepción proceda, el daño inminente debe ser de tal magnitud o características que una tutela tardía otorgada por otro mecanismo ordinario no tendría el mismo efecto en su restablecimiento. Así también, la SCP 2172/2012 de 8 de noviembre, respecto a la excepción a la subsidiariedad señaló que: ‘…la acción de amparo constitucional, no sólo tiene por finalidad reparar la lesión causada por el acto ilegal u omisión indebida en que hubiere incurrido la persona particular o el servidor público, sino, la de prevenir la vulneración a través de una tutela constitucional inmediata y efectiva que evite la consumación de la infracción. En ese sentido, los pronunciamientos de esta jurisdicción han sido uniformes al sostener que, la abstracción del principio de subsidiariedad que rige a esta acción, se producirá en cuatro casos específicos, cuando sea previsible un daño irreparable o irremediable, cuando el medio de defensa resulte ineficaz, cuando se trate de grupos de atención prioritaria -niños, adultos mayores y personas con capacidades diferentes- y por medidas de hecho. En el mismo orden y con la finalidad de resolver el problema jurídico planteado, corresponde referirnos a la prescindencia del principio de subsidiariedad en los casos que se advierta la existencia de un daño irreparable e irremediable, que obedece al razonamiento, que no es suficiente un simple reconocimiento formal de derechos en el texto constitucional; sino, que deben materializarse o efectivizarse, es para dicho efecto que el constituyente, impone al Estado como uno de sus fines y funciones esenciales, de garantizar su cumplimiento y el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos’. En este contexto, es importante precisar que quien acciona la tutea de la acción de amparo constitucional arguyendo la excepción a la subsidiariedad por daño inminente e irreparable, tiene la obligación de probar mediante medios objetivos, el riesgo de daño grave e irremediable que pueda producirse en caso de no concederse la tutela en la jurisdicción constitucional de manera inmediata, no siendo suficiente describir los hechos que en criterio de quien acciona el amparo constitucional, puedan ocasionar daños irreparables a sus derechos”. (Las negrillas y subrayado fueron añadidos). De lo glosado, se extrae que, si bien la acción de amparo constitucional está rodeada del carácter subsidiario para evitar su utilización alternativa, indiscriminada y sustitutiva -que podrían conducir a su desnaturalización-en resguardo de derechos y garantías; es también cierto que, ha sido prevista su activación excepcional y en contadas circunstancias en que la protección pueda resultar tardía y/o exista un daño irremediable, irreparable e inminente que pueda producirse o que implique la ineludible consumación de la lesión del derecho, si acaso no se otorgase la tutela impetrada. Es decir, se trata de situaciones excepcionales -aún en caso de que la persona afectada tenga otro medio o recurso legal al cual recurrir a fin de evitar un real, inminente e irreparable daño-, en que es procedente otorgar la tutela a través de este recurso, a condición de que la amenaza alegada sea probada o justificada de manera objetiva y no en base a meras suposiciones o interpretaciones personales.

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante considera que el Juez demandado ha vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso en sus vertientes a la congruencia, pertinencia, fundamentación, motivación y el principio de legalidad; derecho a la tutela judicial efectiva; citando al efecto el art. 115.II de la CPE, en mérito a que dentro del proceso coactivo seguido en su contra por Marioly Viera Chávez (ahora tercera interesada), la autoridad demandada emitió el Auto 59/2023 de 16 de marzo de 2023, en el que se ordenó la adjudicación del bien inmueble de su propiedad a favor de la ahora tercera interesada, basándose en un avalúo realizado hace más de dos años, motivo por el cual se presentó de su parte recurso de apelación incidental, solicitando que se realice un nuevo avalúo que revele el precio real y actualizado del referido inmueble, mismo que fue rechazado sin que se emita respuesta a su petición por lo que tal acto vicia de nulidad el proceso civil, además de vulnerar el derecho al debido proceso, en su triple demisión, como derecho, garantía y como principio a conocer el precio real del inmueble; se solicita que dentro del presente caso al evidenciarse la posibilidad de un daño irreparable, al despojarles de su vivienda a su familia, que incluye a su hija menor de edad (8 años), que se encuentra dentro del grupo de personas vulnerables, lo que justifica que se aplique la excepción del principio de subsidiariedad. De la revisión de antecedentes, se tiene que el Juez Público Civil y Comercial Decimosexto del departamento de Santa Cruz, emitió el Auto de Adjudicación 59/2023 de 16 de marzo de 2023, por el cual se determinó ADJUDICAR el inmueble ubicado en la zona norte, UV 75, MZO 26, LOTES 4 y 6, registrado en DD.RR. bajo la matrícula computarizada N° 7011060112802, con una superficie de 2.907.80 m², a favor de la parte coactivante Marioly Viera Chávez, en el valor de la última base, es decir, en la suma de $us531 894.80.- (Quinientos treinta y un mil ochocientos noventa y cuatro dólares estadounidenses) (Conclusión II.1). Posteriormente, mediante memorial presentado por Yoselín Vargas Minny el 31 de marzo, se interpuso recurso incidental en contra del Auto de Adjudicación 59/2023 de 16 de marzo de 2023, emitido por el Juzgado Público Civil y Comercial, N° 16 del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; solicitando que se revocara el referido Auto y en consecuencia se ordene al Colegio de Agrimensores una terna de peritos, para que un perito imparcial realizara un avalúo verdadero sobre el costo real del inmueble objeto del referido proceso, por no ser procedente el Auto de adjudicación sobre el precio establecido, sosteniendo que el auto recurrido no correspondía al principio de verdad, toda vez que el precio fijado en el mismo no era el precio real, ya que tal monto se basaba en un avalúo realizado dos años atrás, vulnerando con lo determinado el derecho al debido proceso en su elemento a la debida fundamentación, específicamente en sus vertientes de la congruencia y pertinencia (Conclusión II.2). El Juez hoy accionado, emitió el Auto Interlocutorio 117/2023 de 14 de abril, por el cual se rechazó la apelación interpuesta por Yoselín Vargas Minny, y se ordenó la ejecutoria del precitado Auto impugnado; tal determinación se la tomó debido a que la recurrente fue notificada el 22 de marzo de 2023, y el recurso fue interpuesto el 31 de marzo del mismo año, por lo que de acuerdo con lo establecido en el art. 262.1) del CPC, la parte recurrente tenía el término de tres días para hacer uso del recurso de apelación, por lo citado el recurso fue presentado de manera extemporánea (Conclusión II.3). Ante tal marco fáctico, resulta claro, que los argumentos expuestos por la parte accionante faltan a la verdad, ya que estos refieren a que efectivamente hubieran presentado su recurso incidental en contra del Auto 59/2023, pero la autoridad no hubiera emitido respuesta alguna, extremo que no resulta cierto, ya que, tal recurso fue rechazado, por el Auto Interlocutorio 117/2023 de 14 de abril, en el que claramente se le respondió que tal recurso no fue tomado en cuenta, en mérito a que el mismo fue interpuesto fuera del plazo determinado en el art. 262.1 del CPC, que textualmente determina lo siguiente: “ARTÍCULO 262. (APELACIÓN DE AUTOS INTERLOCUTORIOS).

El recurso de apelación contra los autos interlocutorios, se regirá por lo dispuesto en el artículo anterior, con las siguientes modificaciones: 1. Si se tratare de autos interlocutorios dictados fuera de audiencia, se podrá apelar de ellas en el plazo de tres días. Corrido en traslado el recurso, la contraparte podrá contestar en el mismo plazo. (…)”. En ese sentido, resulta claro que la parte accionante utilizó el recurso de apelación que tenía a su alcance, pero de manera extemporánea, dando a entender dentro de su acción tutelar que la autoridad demandada no hubiera emitido respuesta alguna a su recurso de apelación, que como se ve, tal argumento falta a la verdad material, así como el afirmar que existirían otros medios de impugnación que se encontrarían pendientes de activación, cuando de la revisión del expediente, claramente se concluye que en este caso en particular no activó de manera correcta y en el tiempo previsto por ley su recurso de apelación, motivo por el cual, ante tales elementos, se tiene que la presente acción tutelar no ha cumplido con el principio de la subsidiariedad, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada.

III.3.1. Sobre el pedido de aplicar la excepción al principio de subsidiariedad dentro del presente caso

En cuanto a su solicitud que se aplique la excepción al principio de la subsidiariedad, alegando la posibilidad que se produjera un daño irremediable que afectaría su derecho a la vivienda, de los accionantes, añadiendo que uno de los afectados sería su hija menor de ocho años de edad, por lo que al pertenecer a un grupo vulnerable, se justificaría dejar de lado el referido principio. Dentro del Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que la excepción al principio de subsidiariedad solamente procede cuando se demuestre por un lado que la protección podría ser tardía; es decir, que aunque existan vías ordinarias de reclamación pendientes, éstas por sus propias características, a pesar de su activación y agotamiento, por lo moroso de su trámite, tal tutela podría darse a destiempo, cuando ya el daño estuviera consumado; dentro del presente caso, el accionante activó un medio ordinario ante la resolución que supuestamente le causa agravio a sus derechos fundamentales (Auto de Adjudicación 59/2023 de 16 de marzo), mismo que fue rechazado por la emisión del Auto Interlocutorio 117/2023 de 14 de abril, porque tal recurso de apelación fue interpuesto de manera extemporánea, lo que implica que dentro del presente caso no se aplica este primer presupuesto de que existirían otras vías pendientes de activación. Otro elemento para la procedencia de la excepción al principio de la subsidiariedad, es que debe probarse de forma objetiva que el daño que se cause, de no concederse la tutela, es que éste sea previsiblemente irreparable e irremediable; es decir, que no basta con simplemente aludir la posible existencia de un daño grave e irremediable a los derechos de la parte accionante, sino que debe probarse tal extremo, al respecto, dentro del presente caso, la parte accionante denuncia que la adjudicación dispuesta por el juez demandado hubiera lesionado de manera grave su derecho a la propiedad y a la vivienda, dando a entender que los ahora accionantes quedarían prácticamente en la calle por lo determinado por el juez demandado; sin embargo, tal extremo, no se ha probado de manera material y objetiva, más allá de su simple mención, ya que incluso, dentro de los datos consignados dentro del carnet de identidad de la accionante Yoselín Vargas Minny, se tiene que su domicilio actual se encontraría ubicado en el Cuarto Anillo Av. Banzer, Cond. Barrio Norte 2 (fs. 2), dirección totalmente distinta al del inmueble objeto del proceso coactivo; mientras que la Cédula de identidad del otro accionante, Wilfredo Coria Vargas, se consigna como su domicilio en el Cuarto Anillo Barrio Norte 3, este (fs. 3), lo que nos lleva a la conclusión que éstos, al igual que la referida menor, tienen más de un inmueble de su propiedad, que son utilizados como domicilios. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, obró en forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la S-68 de 29 de junio de 2023, cursante de fs. 52 vta. a 57 vta., pronunciada por Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela, conforme a los fundamentos contenidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0428_2024-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 12b5ca8ecff368094979aa2bfea6d1a0f247c1367197c7c4b67a6feccd3d4ef5

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