B.IA.LEGAL

SCP 0428/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 29 de julio de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
29 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
51342-2022-103-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al agua y al trabajo; toda vez que, habiendo suscrito dos contratos de alquiler con el demandado, para ocupar un local destinado a brindar servicios jurídicos, y pese que el último documento vencía el 5 de julio de 2020 y había la prohibición de desalojo según la Ley 1342, el prenombrado cortó el suministro de agua potable, lo que impidió desarrolle sus actividades laborales con normalidad y así poder llevar el sustento económico a su familia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 213/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 52 a 55, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la citada Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del cómputo del plazo de seis meses previsto por el principio de inmediatez de la acción de amparo constitucional frente a medidas de hecho
  2. III.2. Las vías de hecho. Finalidad de la tutela constitucional
  3. III.3. El acceso a los servicios básicos protegido por la acción de amparo constitucional ante vías de hecho
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0428/2024-S2 Sucre, 29 de julio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 51342-2022-103-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 213/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 52 a 55, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Aldo Antonio Heredia Ayala contra Sergio Michael Gómez Silva.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de agosto de 2022, cursante de fs. 28 a 32 vta., el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su calidad de arrendatario suscribió con Sergio Michael Gómez Silva -hoy demandado- un primer contrato de alquiler de 28 de junio de 2019, y luego un segundo de similar naturaleza de 3 de enero de 2020, de un local comercial para el funcionamiento de su consultorio jurídico dentro del edificio “INTI”, primer piso, oficina 1-A, ubicado en la av. Sánchez Lima 2019, zona Sopocachi de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; si bien, este último acuerdo concluía el 5 de julio de ese año; sin embargo, “…sus efectos se han retrotraído inclusive desde la declaración de emergencia sanitaria nacional…” (sic) en razón a lo dispuesto por el Decreto Supremo (DS) 4196 de 17 de marzo de 2020 y la Ley Excepcional de Arrendamientos (Alquileres) -Ley 1342 de 27 de agosto de igual año-, que prohibió el desalojo y extendió dicho impedimento hasta tres meses después de culminada la cuarentena dispuesta a consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19 en sus diversas modalidades. En ese contexto, el 17 de febrero de 2020, el demandado ejerció medidas de hecho al cortar el suministro de energía eléctrica del referido local comercial donde funciona su oficina jurídica; por lo que, formuló una anterior acción de amparo constitucional, emitiéndose la SCP 0948/2021-S2 de 8 de diciembre, que determinó la restitución del citado servicio básico; no obstante, el prenombrado desde “…su legal notificación con la SCP antes mencionada, hasta el presente no cumple con esa restitución” (sic). De igual manera, el 28 de febrero de 2022, al ingresar al baño de su oficina constató el corte de agua potable; por tal motivo, el 8 de agosto de ese año, presentó reclamó por corte a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (EPSAS S.A.); es así que, el 9 de igual mes y año, se apersonó al citado inmueble, Keyvi Franco López Condori, funcionario de dicha institución, que constató el referido corte de servicio; debido a ello, se entrevistó con el demandado, quien “…asintió que fue él quien decidió ese corte…” (sic), sustentando dicha determinación en atención a problemas internos con su persona para que desocupe el ambiente del indicado bufete jurídico. Pese a que, EPSAS S.A. notificó al demandado para la habilitación del servicio de agua potable en cuarenta y ocho horas, el prenombrado no cumplió, hecho corroborado por el Formulario de Inspección “(AOC_ATU_ODC_FOR_06.01)”; por tal razón, denuncia que “a la fecha” el corte de suministro del líquido elemento impidió el desarrollo normal de sus actividades profesionales como abogado y las necesidades económicas para su familia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al agua y al trabajo, citando al efecto los arts. 20 y 46 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La habilitación, reinstalación y se permita el uso del servicio del agua potable de forma permanente en su oficina jurídica; y, b) “…NO OBSTACULIZAR EL ACCESO IRRESTRICTO DE LOS TECNICOS TANTO DE EPSAS COMO PRIVADOS A LA INSTALACIÓN Y/O MEDIDORES DEL SERVICIO DE AGUA…” (sic), a efecto de cualquier desperfecto en el suministro del líquido elemento.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 2 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 48 a 51, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante mediante su abogado, ratificó in extenso el contenido de la demanda tutelar, y ampliándolo señaló que: 1) El último contrato provisional de alquiler venció el 5 de julio de 2020; sin embargo, a consecuencia de la pandemia por el COVID-19, el Estado por medio del DS 4196 y la Ley 1342 prohibió el desalojo hasta tres meses después de culminada la cuarenta decretada; 2) En una primera acción de amparo constitucional interpuesta contra el demandado por vías de hecho -corte de energía eléctrica-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0948/2021-S2, estableció la titularidad como arrendatario de la oficina jurídica de la av. Sánchez Lima 2019 de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; por ello, adjuntó el citado fallo constitucional a este mecanismo de defensa, por su vinculariedad conforme al art. 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo); 3) El 8 de agosto de 2022, presentó el reclamó correspondiente a EPSAS S.A. en atención al corte de servicio de agua potable que sufrió; es así que, el 9 de igual mes y año, Keyvi Franco López Condori, personal de dicha institución, constató tal hecho, para luego entrevistarse y dejarle al demandado una notificación en el que le otorgó un término de cuarenta y ocho horas para que reinstale el servicio de agua potable, quien refirió que “…el mismo (…) ha cortado el agua…” (sic) debido a asuntos jurídicos pendientes; asimismo, el 19 del señalado mes y año, el indicado funcionario constató el incumplimiento de lo ordenado y volvió a notificar al prenombrado para que habilite el servicio de agua potable; y, 4) Adjuntó en calidad de prueba de reciente obtención el Oficio CITE: EPSAS INTERV.-GCOM-DATU-0024-CAR/22 de 2 de septiembre de ese año, el cual demostraría que el demandado como propietario del inmueble donde funciona su consultorio jurídico, cometió medidas de hecho al cortar el servicio del líquido elemento; asimismo, dicho documento daría a conocer un proceso en la vía ordinaria bajo el “…NUREJ: 204019641, además adjuntan copias de Resolución Judicial No133/2022 del caso NUREJ 20352246 por el conflicto de ocupación en el referido predio…” (sic). En respuesta a las preguntas planteadas por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, indicó que: i) El Oficial de Diligencias de la indica Sala Constitucional realizó la notificación al demandado con la presente acción tutelar en la calle Jacinto Benavente y alternativamente en la av. Sánchez Lima 2019 de la zona Sopocachi, ambas direcciones en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; ii) El corte del servicio de agua potable por el nombrado fue efectuado a partir del 28 de febrero de 2022; y, iii) El mencionado inició proceso preliminar de reconocimiento de firmas sobre el contrato de arrendamiento ante el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; haciendo seguimiento del mismo, el titular de ese despacho judicial emitió Auto de desestimación -no refirió data- teniendo por no presentada la señalada demanda; es decir, dicha pretensión no fue admitida.

I.2.2. Informe del demandado

Sergio Michael Gómez Silva, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 36.

I.2.3. Intervención de EPSAS S.A.

EPSAS S.A. a través de su representante, en la audiencia de garantías indicó que: a) El 8 de agosto de 2022, el accionante reclamó el corte de agua potable que sufrió; por ello, el 9 de igual mes y año, personal de la citada institución, una vez que verificó y corroboró ese extremo, notificó al demandado para que habilite dicho servicio; al persistir la restricción al líquido elemento, mediante Formulario de Inspección C-2022-9424 de 19 del indicado mes y año, se advirtió que el prenombrado incumplió lo ordenado; b) Por medio del “CITE E6093”, el demandado hizo conocer la existencia de un proceso judicial con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 204019641 seguido por el mencionado contra el peticionante de tutela, ante el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; ante esa situación, y de acuerdo al procedimiento interno para el restablecimiento del servicio de agua potable, la Gerencia General de dicha institución envió todos los antecedentes al departamento legal para su valoración, con la finalidad de resolver el reclamó efectuado por el impetrante de tutela; trámite que aún no fue resuelto; asimismo, “…hacer notar a su autoridad que el procedimiento administrativo se suspende mientras haya el pronunciamiento de una autoridad judicial o fiscal que determine lo contrario…” (sic); y, c) El presente mecanismo de defensa debió ser interpuesto en el plazo de seis meses; dado que, de antecedentes se tiene que el solicitante de tutela refirió que el “8” de febrero de 2022, habría evidenciado el corte del servicio de dicho líquido elemento; empero, recién el 8 de agosto de igual año, realizó el reclamó del citado corte; circunstancia que tiene que ser considerada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 213/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 52 a 55, concedió la tutela impetrada, ordenando al demandado restituir el servicio de agua potable dentro de setenta y dos horas; además, permita el acceso al personal de EPSAS S.A. a fin de efectivizar dicho servicio; con base en los siguientes fundamentos: 1) Las acciones vinculadas a medidas o vías de hecho se constituyen en una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad; por lo que, el control tutelar de constitucionalidad a través de la acción de amparo constitucional, puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa; 2) El art. 55 del CPCo, señala que esta acción tutelar debe ser interpuesta en el plazo de seis meses computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho; por ello, siendo que el corte del líquido elemento se produjo el 28 de febrero de 2022 y de acuerdo al Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), la presente acción de defensa fue formulada el 25 de agosto de igual año, se colige que se encuentra dentro del plazo que establece el citado Código; 3) El hecho lesivo radica en el corte del servicio de agua potable por parte del demandado; ya que, no existió ninguna razón o causa que justifique ese accionar; originando que el 8 de agosto de 2022, el accionante acuda a la oficina de EPSAS S.A. a efecto de denunciar tal situación; por lo que, personal de dicha institución se constituyó al inmueble ubicado en la av. Sánchez Lima 2019 de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, donde verificó la inexistencia del servicio de líquido elemento, situación que fue de conocimiento del demandado, quien incumplió el plazo de cuarenta y ocho horas para restablecer ese servicio; y, 4) La SCP 0277/2019-S3 de 9 de julio, sostuvo que las medidas de hecho relacionadas a inmuebles arrendados no se limita únicamente a su acceso al mimo, sino a cualquier otro acto realizado en desconocimiento de las instancias legales y procedimiento previstos en el ordenamiento jurídico que restrinja, amenace restringir o suprimir los derechos y garantías fundamentales del inquilino, como también para el caso de actividades laborales relacionadas al comercio, haciendo procedente la tutela del acceso universal y equitativo al servicio básico de agua potable; pues, dicho razonamiento jurisprudencial se adecua a este caso; puesto que, de ninguna manera se puede cortar dicho líquido elemento.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan Formularios de Constancia de Atención al Usuario C 2022 9201 y de Inspección C-2022-9201, ambos de 8 de agosto de 2022, expedidos por EPSAS S.A. verificando el corte interno de suministro de agua potable en el inmueble ubicado en la av. Sánchez Lima 2019 de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, denunciado por Aldo Antonio Heredia Ayala -solicitante de tutela- (fs. 13 y 45). II.2. Mediante notificación por corte de 9 de agosto de 2022, ante la verificación del corte interno del líquido elemento en el supra indicado inmueble, EPSAS S.A. procedió a la “Notificación en la puerta” (sic) de Sergio Michael Gómez Silva -demandado-, quien “…no permite dirigirse a su persona, indica que har[á] representación legal. problemas internos. Usuario no deja verificar llave de paso, no se niega que realiz[ó] el corte” (sic [fs. 46]). II.3. A través del Formulario de Inspección C-2022-9424 de 19 de agosto de 2022, personal de EPSAS S.A. constató que en la propiedad ubicada en la av. Sánchez Lima 2019, el servicio de agua potable continuaba sin servicio (fs. 44).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al agua y al trabajo; toda vez que, habiendo suscrito dos contratos de alquiler con el demandado, para ocupar un local destinado a brindar servicios jurídicos, y pese que el último documento vencía el 5 de julio de 2020 y había la prohibición de desalojo según la Ley 1342, el prenombrado cortó el suministro de agua potable, lo que impidió desarrolle sus actividades laborales con normalidad y así poder llevar el sustento económico a su familia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Del cómputo del plazo de seis meses previsto por el principio de inmediatez de la acción de amparo constitucional frente a medidas de hecho

La SCP 0768/2016-S2 de 22 de agosto -citada por el AC 0094/2023-RCA de 3 de julio-, señaló que: “En definitiva, cuando las vías o medidas de hecho persisten en el tiempo, ocasionan una permanente y continua conculcación de los derechos denunciados en la acción de amparo constitucional, prolongando la consumación irregular del hecho y la vulneración de tales derechos, situación por la que no es posible admitir como válida, la alegación del transcurso del tiempo para denegar la tutela impetrada, pues los actos ilegales perviven en el tiempo impidiendo que el plazo de caducidad discurra normalmente; en tal sentido, el cómputo de dicho plazo no debe realizarse desde el primer acto lesivo, tratándose de medidas de hecho, sino que se debe tomarse en cuenta la continuidad de tal acto ilegal ejercido por el demandado” (el resaltado fue añadido).

III.2. Las vías de hecho. Finalidad de la tutela constitucional

La SCP 2076/2012 de 8 de noviembre, sostuvo que: «La SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, en un nuevo entendimiento constitucional afín a los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional respecto a las vías de hecho, estableció y delimitó los presupuestos de activación de esta acción tutelar frente a vías de hecho, señalando que: “En principio y en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, debe definirse a las llamadas ‘vías de hecho', a cuyo efecto, es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el Bloque de Constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho. Ahora bien, en el marco de la definición de las vías de hecho desarrollada precedentemente, corresponde en este estado de cosas, delimitar los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, razón por la cual, es pertinente señalar que al ser las vías de hecho actos ilegales graves que necesitan una tutela pronta y oportuna, con la finalidad de brindar una tutela constitucional efectiva, es necesario precisar tres aspectos esenciales para la activación del control tutelar de constitucionalidad: 1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandados”; supuestos que serán desarrollados de manera específica infra. Con esos argumentos, precisó: 1) En cuanto a la flexibilización del principio de subsidiaridad frente a vías de hecho: “Por los fundamentos antes expuestos, se concluye inequívocamente que las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiaridad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad, puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional”. 2) Respecto a la carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela La citada SCP 0998/2012, refirió: “…si bien debe garantizarse para los afectados con vías de hecho una tutela constitucional efectiva y un real acceso a la justicia constitucional, por la naturaleza de estos actos ilegales graves, para asegurar una certeza jurídica y consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas probatorias para la parte peticionante de tutela; en ese orden, para la determinación de las mismas, debe considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, por tanto, la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos. En este contexto, debe establecerse además que la finalidad de la Justicia Constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria. En el marco de lo señalado, es imperante precisar que de manera general, cualquier acto o medida que implique asumir la justicia por mano propia prescindiendo en absoluto de los mecanismos institucionales para la definición de hechos o derechos, se configura como una típica vía de hecho, a cuyo efecto, será necesario cumplir con las cargas probatorias señaladas precedentemente; además, es imperante precisar que de manera específica, los ‘avasallamientos’, constituyen también vías de hecho, situación en la cual, cuando se denuncie afectación al derecho a la propiedad, la parte accionante, tiene la carga probatoria específica de acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros; además, para este supuesto, es decir para ‘avasallamientos’, como carga argumentativa, será necesario probar por cualquier medio legítimo, los actos o medidas circunscritas a las vías de hecho. Por lo señalado, al margen de estas cargas probatorias, para asegurar un real acceso a la justicia constitucional, frente a vías de hecho por avasallamiento, no puede exigirse al peticionante de tutela ninguna otra carga procesal adicional, ya que un razonamiento contrario, podría afectar una tutela constitucional efectiva”. En ese contexto, señaló que el control de constitucionalidad estableció cargas probatorias para el accionante frente a vías de hecho, lo cual fue desarrollado mediante la SC 0148/2010-R de 17 de mayo; empero, ésta fue modulada por la SCP 0998/2012, cambiando el entendimiento de la sentencia citada supra, considerando que la misma responde a un real acceso a la justicia constitucional, a una tutela constitucional efectiva y a una interpretación extensiva y bajo pautas de interpretación armoniosas al postulado plasmado en el art. 256.I de la CPE, que plasma el principio de favorabilidad, “…establecen los siguientes presupuestos: i) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros”; y, 3) La flexibilización de las reglas de la legitimación pasiva y la flexibilización de la actividad probatoria de las personas no expresamente demandadas en peticiones de tutela referente a vías de hecho “…la legitimación pasiva, ha sido definida por el órgano contralor de constitucionalidad como la directa relación de causalidad entre las personas o autoridades demandadas y los actos u omisiones denunciadas como lesivas a derechos. En el marco de lo indicado, para la activación de la acción de amparo constitucional y para dar fiel observancia al presupuesto de la legitimación pasiva, el accionante deberá cumplir en primera instancia con la identificación de los particulares o autoridades demandadas, así lo establece el art. 77.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) y el art. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), norma que por su fecha de vigencia no es aplicable al caso concreto, pero que sin embargo es citada de manera referencial para su aplicación a casos futuros en relación a los cuales tenga validez temporal. En este entendido, para peticiones de tutela vinculadas con vías de hecho, la parte accionante deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional y siempre y cuando no sea posible la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva; empero este presupuesto, debe cumplir ciertos requisitos y además debe responder a fundamentos que aseguren un derecho al debido proceso tanto para la parte accionante como para la parte accionada o demandada a través de este mecanismo tutelar de defensa. En consecuencia, la acción de amparo en su tramitación debe asegurar la equidad procesal de las partes; por tal razón, para consolidar un equilibrio procesal armónico que respete las reglas de un debido proceso y que asegure la vigencia de una justicia material, la flexibilización excepcional de la legitimación pasiva para vías de hecho debe asegurar en la mayor medida posible un amplio derecho a la defensa de todas las personas que sin haber sido demandadas expresamente o citadas como terceros interesados, pudieran ser afectadas por los efectos de la concesión de tutela”» (las negrillas son nuestras).

III.3. El acceso a los servicios básicos protegido por la acción de amparo constitucional ante vías de hecho

La SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, concluyó que: “De manera general, cuando los particulares o el Estado invocando supuesto ejercicio legítimo de sus derechos o intereses adoptan acciones vinculadas a medidas o vías de hecho en cualesquiera de sus formas: i) Avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la pérdida o perturbación de la posesión o la mera tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica); y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos, desconociendo que existen mecanismos legales y autoridades competentes en el orden constitucional para la solución de sus conflictos, excluyen el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas” (las negrillas nos corresponden). Por su parte, la SCP 0251/2012 de 29 de mayo, estableció que: “La Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero del 2009, a partir de su preámbulo muestra la preeminencia de este derecho fundamental cuando menciona: ‘Un estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; respecto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos’. Asimismo el art. 16.I de la CPE dispone que: ‘Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación’, el art. 20.I de la CPE y establece: ‘Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros conforme a ley’.

De igual forma vincula el derecho al agua con el derecho a la vida, instituyendo por lo tanto una estricta conexitud entre el líquido elemento y la vida misma puesto que por disposición del art. 373.I de la CPE se tiene ‘El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad’, el art. 374.I señala que: ‘El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes. La ley establecerá las condiciones y limitaciones de todos los usos’. (...) De lo mencionado se infiere, que los particulares, también pueden lesionar el derecho fundamental al agua por lo que los mismos, con medidas de hecho o justicia por mano propia no pueden privar de este derecho, más aun cuando el mismo se constituye en un derecho básico, individual, indivisible, común, universal, imprescriptible e inalienable, que cada persona requiere para el uso personal y doméstico, además del mismo depende el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la vida y la salud” (énfasis añadido).

III.4. Análisis del caso concreto

Con carácter previo al análisis de la problemática planteada, resulta necesario referirse sobre el posible incumplimiento del principio de inmediatez alegado por EPSAS S.A.; al respecto, conforme asevera el accionante, el corte del servicio de agua potable fue el 28 de febrero de 2022, y considerando que la interposición de esta acción tutelar fue el 25 de agosto de igual año, se advierte que la misma se encuentra dentro de plazo; empero, es menester considerar lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional que establece, mientras persistan las medidas de hecho en el tiempo, no corresponde computar el plazo de seis meses de caducidad desde el primer acto lesivo, sino debe considerarse su continuidad; es decir, que el demandado ha mantenido la medida de hecho con el transcurso del tiempo; lo cual, permite el ingreso al estudio de la causa en revisión. Retomando al estudio de este caso, el solicitante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al agua y al trabajo; toda vez que, habiendo suscrito dos contratos de alquiler con el demandado, para ocupar un local destinado a brindar servicios jurídicos, el nombrado cortó el suministro de agua potable, lo que le impidió desarrollar sus actividades laborales con normalidad y así poder llevar el sustento económico a su familia.

Ahora bien, conforme se tiene precisado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, las medidas de hecho son consideradas como aquellos actos ilegales y arbitrarios asumidos con la prescindencia de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, por medio de los cuales se pretende una justicia directa, con abuso del poder que se detenta frente al agraviado, resultando estos ilegítimos por no tener respaldo legal, situación que puede ser denunciada mediante la acción de amparo constitucional, a objeto de perseguir la tutela ante la comprobación de la lesión de derechos emergentes de dichos actos; resultando considerar para su activación concurren tres aspectos esenciales: i) La flexibilización del principio de subsidiaridad; ii) La carga probatoria a ser cumplida por el impetrante de tutela; y, iii) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas. En cuanto al primer presupuesto, al invocarse vías de hecho -corte del suministro de agua potable-, es posible abstraer el principio de subsidiariedad, no siendo necesario exigir el agotamiento previo de otros mecanismos legales. Asimismo, con relación a la segunda condicionante, inherente a la carga probatoria a ser cumplida por el accionante, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional se tiene que, por la naturaleza de los actos ilegales graves -denunciados como vías de hecho-, para asegurar una certeza jurídica y consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas probatorias para el solicitante de tutela; a ese efecto, debe considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia; por ello, la carga probatoria debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica. En ese contexto, el impetrante de tutela a efectos de demostrar la concurrencia de medidas de hecho efectuada en la oficina donde brinda servicios jurídicos, presentó como pruebas: a) La verificación realizada por EPSAS S.A. sobre el corte de suministro de agua potable de la oficina ubicada en la av. Sánchez Lima 2019 de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz (Conclusión II.1); b) La notificación efectuada por la citada empresa al demandado para restablecer el referido servicio (Conclusión II.2); y, c) El Formulario de Inspección C-2022-9424 de 19 de agosto de 2022, por el cual, EPSAS S.A. constató que la citada oficina arrendada continuaba sin servicio de agua potable (Conclusión II.3). De los elementos compilados precedentemente, se advierte que el accionante acude a esta justicia constitucional denunciando que el 28 de febrero de 2022, se percató del corte del suministro de agua potable del local comercial alquilado para el funcionamiento de su oficina jurídica dentro del edificio “INTI”, primer piso, oficina 1-A, ubicado en la av. Sánchez Lima 2019, zona Sopocachi de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; y, al no haberse restituido ese servicio, el 8 de agosto de igual año, se apersonó a oficinas de EPSAS S.A. denunciando ese hecho; por ello, personal de esa institución verificó y notificó al demandado a efecto de su restitución; empero, el 19 del referido mes y año, se constató que el líquido elemento no fue restablecido; situación que se tiene por evidente conforme al Formulario de Inspección C-2022-9424 realizada por la indicada empresa. Consiguientemente, al haber generado el corte del suministro de agua potable en la actividad laboral del peticionante de tutela destinada a brindar servicios jurídicos, el demandado restringió los derechos denunciados; habida cuenta que no es permisible que se proceda al corte de este líquido elemento esencial para el desarrollo y supervivencia humana bajo ninguna circunstancia; dicho de otro modo, las acciones -medidas de hecho-ejercidas contra el accionante, obstaculizaron el normal desarrollo de su actividad laboral como abogado, generando una afectación directa al citado derecho. Bajo ese mismo entendimiento, el demandado apartándose de la norma y los procedimientos legales privó al peticionante de tutela del servicio del líquido elemento; pues, EPSAS S.A. una vez conocida la denuncia, inspeccionó y corroboró el hecho, procediendo a notificar al demandado; sin embargo, a la celebración de la presente acción tutelar no fue restablecido el servicio de agua potable, denotando así un impedimento al acceso a dicho servicio básico en detrimento de sus actividades laborales de servicios jurídicos; lo que, contraviene lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que amerita su protección por la justicia constitucional a través de la concesión de la tutela impetrada, más aun cuando el acceso al servicio de agua potable, se constituye en un derecho básico, individual, indivisible, universal, imprescriptible e inalienable, que cada persona requiere para el uso personal y doméstico, además, que del mismo depende el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la vida y la salud. Por lo expuesto, se advierte la concurrencia de vías de hecho ejercidas en total prescindencia de los medios institucionales establecidos para la definición de derechos por parte del demandado, al proceder al corte de agua de manera unilateral y arbitraria; situación que, amerita su protección constitucional a través de la concesión de tutela de la presente acción de defensa, dada la importancia de este líquido elemento en el diario vivir de las personas. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 213/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 52 a 55, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la citada Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0428_2024-S2.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 52d9100043cf0d3b42de5fe2fed7cc3e737dd7a490fac8a8ac9ebb103984cc7a

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