B.IA.LEGAL

SCP 0428/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 15 de mayo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
15 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
47667-2022-96-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la seguridad social, a la salud y a la alimentación; puesto que, durante la relación laboral con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni -hoy accionado-, nació su hija AA; sin embargo, la citada entidad estatal le adeuda once meses de subsidios de lactancia correspondiente al periodo de mayo de 2021 a marzo de 2022; por lo que, tuvo que correr con los gastos de alimentación de la indicada menor del edad ella misma.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 48/2022 de 9 de mayo, cursante de fs. 32 a 35, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, en el marco del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y el Decreto Supremo 3546 de 1 de mayo de 2018; conforme los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo invariable la concesión de tutela dispuesta por la indicada Sala Constitucional, con base en los argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.3.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La excepción del principio de subsidiariedad en el caso de trabajadores progenitores hasta el año de nacido de la hija o hijo
  2. III.2. El régimen de asignaciones familiares. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0428/2023-S3 Sucre, 15 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 47667-2022-96-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 48/2022 de 9 de mayo, cursante de fs. 32 a 35, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Consuelo Trujillo Mendizábal contra José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de mayo de 2022, cursante de fs. 13 a 17 vta., la accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Inició un vínculo laboral con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, el 15 de febrero de 2019 mediante Memorándum SDAF 110/A-D/2019 de igual data, en el cargo de “Técnico III” dependiente de la Dirección Departamental de Bienestar Laboral y Previsión Social; periodo en el cual, quedó embarazada, y el 22 de marzo de 2021 nació su hija AA; por lo que, realizó el trámite correspondiente ante la Caja de Salud de la Corporación Regional de Desarrollo (CORDES) -se entiende para la calificación del régimen de asignaciones familiares-. Desde esa "fecha", solicitó de forma verbal el pago de subsidio de lactancia, y posteriormente de manera escrita; sin embargo, no obtuvo respuesta alguna, y siendo que su persona erogó los gastos de alimentación de su hija menor de edad, ahora no corresponde la entrega de dicha prestación en especie. En ese sentido, interpone la presente acción tutelar, impetrando el pago de los subsidios de lactancia correspondientes al periodo de mayo a diciembre de 2021 y de enero a marzo de 2022, siendo un total de once prestaciones que ascienden a la suma de Bs22 000.- (veintidós mil bolivianos); mismos que, al no ser entregados de manera oportuna, pide sean pagados en dinero; asimismo, dicho retraso puso en grave riesgo la nutrición y formación física de su hija AA; por tal motivo, presenta este mecanismo de defensa a efecto de precautelar la vida y salud de la nombrada niña.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la seguridad social, a la salud y a la alimentación, citando al efecto los arts. 15.I, 18.I; 45.I, 48.III; y, 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga la cancelación de las asignaciones familiares retroactivas en dinero correspondiente a once meses de subsidio de lactancia.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 9 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 31 vta., con la presencia de la accionante asistida de su abogado y las representantes legales de la autoridad accionada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a través de sus representantes legales, mediante informe escrito cursante de fs. 27 a 28 vta., manifestó lo siguiente: a) Una de las causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional es la subsidiariedad, por la cual, solo podrá ser analizada en el fondo cuando la parte accionante hubiere acudido con su reclamo ante la misma autoridad o instancia que incurrió en la supuesta vulneración al derecho fundamental o garantía constitucional invocados, para posteriormente agotar las demás instancias reconocidas por ley para revertir el acto ilegal u omisión indebida dentro de esa misma vía; b) La impetrante de tutela solicitó el pago de once subsidios de lactancia equivalentes a Bs2 000.-(dos mil bolivianos) por cada mes, haciendo un total de Bs22 000.-, cancelación que pidió sea realizada de forma monetaria y retroactiva; c) Se efectuaron las gestiones para la modificación presupuestaria, remisión de recursos económicos de parte del gobierno central, ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; por lo que, pidieron el plazo de veinte días para el pago de las señaladas prestaciones; d) El art. 4 inc. a) del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida -aprobado por Resolución Administrativa (RA) Assus 013-2019 de 156 de enero, modificado por la RA 076-2019 de 29 de marzo- , respecto a dichos beneficios refirió que corresponden al régimen de la seguridad social de corto plazo, consistente en prestaciones en especie (prenatal-lactancia) y/o en dinero (prenatal-natalidad-sepelio), que son entregados por los empleadores a la titular o beneficiaria de acuerdo a las disposiciones legales vigentes; asimismo, el referido artículo en su inc. e), señaló que el subsidio de lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos alimenticios inocuos, con alto valor nutritivo, de origen nacional y equivalente al pago de Bs2 000.-, acorde a normativa vigente, por cada hija o hijo nacido vivo, desde el nacimiento hasta el primer año de vida; y, e) Ante la prohibición a los empleadores de otorgar dicha asignación en efectivo, prevista en el art. 21 del citado Reglamento, solicita se deniegue la tutela del pago de once meses de subsidio de lactancia en dinero, pero sí en especie.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Resolución 48/2022 de 9 de mayo, cursante de fs. 32 a 35, concedió la tutela solicitada, ordenando al Gobernador accionado que, en el plazo de veinte días proceda al pago de once subsidios de lactancia en favor de la accionante, debiendo ser dichas compensaciones retroactivas y canceladas en dinero; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) Ante la necesidad de protección inmediata de los derechos de la seguridad social es que corresponde abstraer el principio de subsidiariedad; 2) Durante la relación laboral con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni -hoy accionado- la impetrante de tutela tuvo una hija nacida el 22 de marzo de 2021; 3) La parte accionada no desvirtuó lo solicitado por la peticionante de tutela, requiriendo que se otorguen veinte días para la cancelación de los subsidios devengados; puesto que, se deben efectuar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para tal efecto; 4) El deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por parte del empleador, permite la materialización de los derechos a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concretan con el derecho a la vida y a la salud; implicando lo contrario vulneración del contenido esencial de ambos derechos, sea destruyéndolos o debilitándolos; y, 5) La falta de provisión oportuna de las prestaciones subsidiarias que corresponden a la accionante, generó vulneración de los derechos constitucionales invocados, siendo viable determinar su pago en forma monetaria; puesto que, en especie resultaría inoportuna, desactualizado y no cumpliría con su finalidad, debido a que la entrega de productos con valor nutritivo se encuentran acordes tanto al desarrollo de la madre como del niño hasta su primer año de vida; y, siendo que "al presente" la hija menor de edad de la impetrante de tutela cuenta con un año y un mes de nacida, corresponde disponer el pago retroactivo de las asignaciones familiares en dinero.

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Consta Memorándum SDAF 110/A-D/2019 de 15 de febrero, emitido por el Secretario Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni -entidad accionada-, mediante el cual se designó a Consuelo Trujillo Mendizábal -hoy accionante- en el cargo de "TÉCNIA" -se entiende Técnica- II – Bienestar Social, bajo dependencia de la Dirección Departamental de Bienestar Laboral y Previsión Social de dicha entidad (fs. 3).

II.2. Cursa Certificado de Nacimiento 0277933 correspondiente a AA, nacida el 22 de marzo de 2021, figurando como madre la impetrante de tutela (fs. 4).

II.3. Mediante Formulario de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares de 13 de abril de 2021, emitido por la Caja de Salud CORDES de Beni, se determinó que, en cumplimiento del Decreto Supremo (DS) 21637 de 25 de junio de 1987 modificado por el DS 3546 de 1 de mayo de 2018, se debía cancelar el pago de asignaciones familiares -subsidio de lactancia- a partir del 22 de abril de 2021 hasta el 22 de marzo de 2022, en favor de AA, hija de la peticionante de tutela (fs. 6).

II.4. Por nota presentada el 26 de abril de 2022, dirigida a Carolina Rodríguez Ribera, Directora Departamental de Bienestar Laboral y Previsión Social del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, la accionante solicitó el pago de once subsidios de lactancia correspondientes al periodo de mayo de 2021 a marzo de 2022, señalando que se le canceló los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia de abril de 2021 (fs. 8).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la seguridad social, a la salud y a la alimentación; puesto que, durante la relación laboral con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni -hoy accionado-, nació su hija AA; sin embargo, la citada entidad estatal le adeuda once meses de subsidios de lactancia correspondiente al periodo de mayo de 2021 a marzo de 2022; por lo que, tuvo que correr con los gastos de alimentación de la indicada menor del edad ella misma.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La excepción del principio de subsidiariedad en el caso de trabajadores progenitores hasta el año de nacido de la hija o hijo

La SCP 0408/2022-S3 de 12 de mayo, citando a la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, refiriéndose a este tópico de seguridad social y la excepción al principio de subsidiariedad concluyó lo siguiente: “Por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiari[e]dad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa.”.

III.2. El régimen de asignaciones familiares. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0239/2022-S3 de 11 de abril sobre la temática citada en el exordio, expresó lo siguiente: [«La Constitución Política del Estado, prevé el derecho a la seguridad social, estableciendo en su art. 45, lo siguiente:

“I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.

II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.

III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales”.

Asimismo, el art. 48.I de la Norma Suprema, dispone que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, y el parágrafo IV del referido artículo, establece que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles, entre ellos los subsidios prenatal y de lactancia.

Por su parte, el art. 5 inc. a) del Reglamento Específico de Afiliación, Reafiliación y Desafiliación en el Seguro Social de Corto Plazo, establece que: “Todos los empleadores deberán registrar y afiliar a sus trabajadores en la entidad gestora respectiva, en el plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles; a partir de la fecha de iniciación de la relación laboral”.

El Decreto Supremo (DS) 3546 de 1 de mayo de 2018, que modifica el art. 25 del DS 21637 de 25 de junio de 1987, establece, que se reconocen las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado, y de las cooperativas mineras:

“a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaría, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2 000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; b) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.-(DOS mil 00/100 BOLIVIANOS); c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.-(DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida”.

Al respecto, la SCP 0367/2015-S3 de 10 de abril, siguiendo la línea jurisprudencial asumida en la SCP 0134/2014 de 10 de enero, sostuvo que: “El art. 45.II de la CPE, establece: ‘La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social’”; es decir, que el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud y a la seguridad social, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y bienestar común. Así, cabe recordar que la seguridad social, no sólo comprende el acceso a la salud, sino también, cuando se trate de mujeres embarazadas y/o madres o progenitores de niños (a) menores de un año, el derecho a recibir las prestaciones que por derecho les corresponde. Al respecto la SCP 1906/2012 de 12 de octubre, citó el contenido de la SC 1532/2011-R de 11 de octubre, reiterando el pronunciamiento de esta jurisdicción, indicó: “Respecto al régimen de asignaciones familiares en contingencia de maternidad, la SC 0030/2002 de 2 de abril, precisó lo que sigue: ‘…el sistema de Seguridad Social, es reformado estructuralmente por Ley 924 de 15 de abril de 1987, que regula la administración de los regímenes del Sistema de Seguridad Social y establece en su art. 4 que el Poder Ejecutivo reglamentará y regulará su ejecución. Así se pronunció el DS 21637 de 25 de junio de 1987, que en su art. 25, reconoce las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que (serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado), que -entre otras- son: a) El Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses; b) El Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo un pago mínimo nacional; y, c) el Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida’.

Se concluye, que siendo la seguridad social un derecho fundamental y por mandato constitucional, se garantiza su efectivo cumplimiento a través de los instrumentos legales referidos en la citada Sentencia Constitucional, corresponde al empleador, del sector público o privado, cumplir con la prestación de las asignaciones familiares correspondientes; consistentes en subsidios, prenatal, de natalidad y de lactancia, relativas a la maternidad hasta que el niño cumpla un año de edad y demás derechos laborales. Esto se justifica, en la prioridad de resguardar el derecho a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados -art. 60 de la CPE-. En ese sentido, el deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por el empleador, permitirá la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud. Lo contrario, implicaría vulnerar el contenido esencial de ambos derechos, sea destruyendo o debilitándolos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas y como se dijo son de cumplimiento obligatorio para el empleador, dada la finalidad de los mismos…”» (las negrillas son añadidas).

III.2.1. La compensación y pago con carácter retrasado de las asignaciones familiares por subsidio prenatal y de lactancia en especie y en dinero. Jurisprudencia reiterada

En el mismo fallo constitucional, respecto a la temática citada, se expresó lo siguiente: “De acuerdo a lo previsto por el art. 28 del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, aprobado por Resolución Administrativa (RA) ASUSS 013-2019 de 15 de enero, modificado en parte por la RA 076-2019 de 29 de marzo, se podrá efectuar el pago retrasado del subsidio prenatal y de lactancia en los siguientes casos: ‘a) En caso de que el empleador hubiese incumplido la otorgación de los subsidios prenatal y de lactancia de manera oportuna, la compensación del subsidio en especie o en dinero se realizará con carácter retrasado a los meses correspondientes, actualizando el valor del mismo al subsidio vigente. Asimismo, el SEDEM independientemente de la fecha de pago de los subsidios por parte del empleador, queda facultado a realizar la entrega de los paquetes; el SEDEM, remitirá de manera mensual ante la ASUSS un informe de los pagos retrasados por los empleadores. b) La ASUSS queda facultada para determinar las sanciones que correspondan por el retraso en el pago de subsidios’.

Así, el art. 19 del supra mencionado Reglamento, establece la posibilidad de la entrega excepcional del SUBSIDIO PRENATAL en dinero, debiendo el empleador a ese efecto realizar el trámite de autorización de pago ante la ASUSS, quien emitirá una Resolución Administrativa expresa, por beneficiaria (o), previo el cumplimiento de los siguientes requisitos y del procedimiento establecido:

a) NIT de la empresa;

b) FUNDEMPRESA actualizado;

c) ROE emitido por el Ministerio de Trabajo;

d) Copia Legalizada de Afiliación a Ente Gestor;

e) Nota fundamentada sobre razones para el pago excepcional en dinero; y, f) Fotocopia de la Nota de Cargo girada por la ASUSS, ante la falta del cumplimiento a la obligación del pago de subsidio prenatal en especie.

Así, respecto al trámite a desarrollarse para el pago con carácter retrasado del subsidio prenatal, el referido precepto normativo, a partir de su parágrafo II., señala que: ‘Una vez iniciado el trámite tendrá una duración de 15 días hábiles, si la solicitud fuese observada el empleador podrá subsanar las observaciones en un lapso de 2 días hábiles posteriores al recojo de su solicitud ante oficinas de la ASUSS.

III. Si el trámite fuese denegado, el empleador podrá presentar por única y última vez el trámite de autorización excepcional de pago de subsidio prenatal en dinero, fundamentando con nuevos argumentos su solicitud. Si la solicitud fuese aceptada, la ASSUS remitirá los antecedentes y la Resolución de Autorización Excepcional de Pago de Subsidio prenatal en dinero ante el solicitante.

IV. El EMPLEADOR será el encargado del pago del subsidio prenatal en dinero mediante depósito bancario a la beneficiaria del subsidio.

V. El recojo del subsidio prenatal en dinero, será realizado de forma personal o apoderado legalmente acreditado por la beneficiaria’.

En ese marco legal, se establece que, conforme la normativa aplicable a las asignaciones familiares se encuentra contemplada la posibilidad de que el subsidio prenatal sea efectivizado en dinero, situación que se halla condicionada al cumplimiento de los señalados requisitos y al trámite determinado en el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida.

En tal sentido, teniéndose en cuenta que el subsidio prenatal consiste en la entrega de una asignación mensual a la madre asegurada o beneficiaria de productos alimenticios inocuos, no transgénicos con alto valor nutritivo de origen nacional, acorde a las necesidades de la misma en su estado de gravidez (equivalente al pago de Bs2 000.-), tendientes a garantizar un desarrollo integral del nuevo ser que se encuentra en gestación, así como la provisión de los recursos y alimentos necesarios a la madre gestante, debe considerarse que el incumplimiento del pago oportuno del mismo por parte del empleador, involucra la afectación de su derecho a la vida, a la salud, a la seguridad social, y a la alimentación, que repercute en la vida digna de la madre y de la niña o niño que está por nacer, por lo que en caso de ser necesaria la compensación y pago con carácter retrasado de dicho beneficio; es decir, posterior al nacimiento del ser que se encontraba en gestación, y existiendo el requerimiento de la parte accionante del pago del mismo en dinero, se comprenderá que su otorgación en especie mediante los productos alimenticios necesarios en la etapa de embarazo de la madre beneficiaria, resulta inoportuna e ineficaz, dado que ya no cumple con la finalidad a la que estaba destinada.

A tal efecto, también deberá considerarse: a) Que el reclamo realizado por la beneficiaria (o) en cuanto al pago de subsidio prenatal debe efectuarse de forma oportuna y no con excesiva posterioridad, aspecto que se justifica precisamente en el propósito de la entrega de dicho beneficio, cual es la contribución al desarrollo integral del ser en etapa de gestación; y, b) El cumplimiento de las correspondientes obligaciones que adquieren los beneficiarios, entre ellas la debida afiliación y la asistencia mensual de la madre gestante ante el Ente Gestor para su respectivo control prenatal.

Asimismo, en cuanto al pago del SUBSIDIO DE LACTANCIA, considerándose que el mismo se constituye en la entrega de productos alimenticios inocuos no transgénicos, con alto valor nutritivo por cada hija o hijo desde el primer día del nacimiento hasta el cumplimiento del primer año de edad (equivalente a Bs2 000.-); ante el incumplimiento oportuno por parte del empleador y debiendo procederse a la compensación y pago con carácter retrasado; vale decir, posterior al cumplimiento del primer año de edad del menor beneficiario, se debe tener en cuenta que de acuerdo al Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, se establece como prohibiciones:

Art. 21.- ‘(PROHIBICIONES A LOS EMPLEADORES). Los empleadores están prohibidos de: a) Otorgar el subsidio de lactancia en dinero’ .

Art. 22.- ‘(PROHIBICIONES DE LAS BENEFICIARIAS). Los beneficiarios están prohibidos de: a) Recibir el subsidio de lactancia en dinero’.

En consecuencia, respecto al subsidio de lactancia conforme a la norma vigente se dispone de manera expresa un impedimento para procederse de forma monetaria; por lo que, no resulta atendible su materialización en dinero” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.3. Análisis del caso concreto

Con la finalidad de resolver la problemática planteada por la parte accionante, es necesario revisar los antecedentes de hecho que contextualizan la denuncia de lesión de derechos y garantías.

En la Conclusión II.1 de este fallo constitucional se describe el Memorandum SDAF 110/A-D/2019 de 15 de febrero, emitido por el Secretario Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, mediante el cual se designó a la impetrante de tutela en el cargo de Técnica II – Bienestar Social, bajo dependencia de la Dirección Departamental de Bienestar Laboral y Previsión Social de esa entidad.

De igual manera se tiene, Certificado de Nacimiento 0277933 correspondiente a AA, hija de la peticionante de tutela, nacida el 22 de marzo de 2021 (Conclusión II.2).

Por otro lado, consta Formulario de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares de 13 de abril de 2021, emitido por la Caja de Salud CORDES Beni, en el que se determinó que en cumplimiento del DS 21637 modificado por su similar 3546, correspondería cancelar las asignaciones familiares -subsidio de lactancia- a partir del 22 de abril de 2021 hasta el 22 de marzo de 2022, en favor de AA, hija de la accionante (Conclusión II.3).

Finalmente, por Nota presentada 26 de abril de 2022, dirigida a Carolina Rodríguez Ribera, Directora Departamental de Bienestar Laboral y Previsión Social del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, la impetrante de tutela solicitó el pago de once subsidios de lactancia correspondientes al periodo de mayo de 2021 a marzo de 2022, señalando que se le canceló los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia de abril de 2021 (Conclusión II.4).

Sobre la aplicación del principio de subsidiariedad:

En ese contexto fáctico, corresponde referirse en primer lugar a la alegación de la parte accionada respecto a que la peticionante de tutela debió agotar otros medios de impugnación o vías antes de activar el presente mecanismo de defensa.

Al respecto, conforme a los razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se tiene que, no obstante uno de los principios que rige la acción de amparo constitucional es el de subsidiariedad, el cual implica que, no constituye una vía subsidiaria o alternativa de otros mecanismos de impugnación o protección; por lo que, la parte accionante debe agotar todos los medios ordinarios antes de activar la indicada acción tutelar; por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que la hija o hijo cumpla un año de vida, el señalado principio no es aplicable a casos vinculados a la referida población en razón a los derechos de la mujer embarazada y del lactante que tutela, hasta el año de nacimiento del mismo; excepción que, es también extensiva en materia de seguridad social en cuanto a las prestaciones del régimen de asignaciones familiares, dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud, tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser, futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas.

En consecuencia, en virtud a que la accionante alega la existencia de hechos presuntamente lesivos de su derecho a la seguridad social en su condición de servidora pública y madre de una niña menor de un año de edad, corresponde ingresar al fondo de la problemática identificada prescindiendo de la aplicación del principio de subsidiariedad descrito precedentemente.

III.3.1. Sobre el incumplimiento en la otorgación de subsidio de lactancia

El impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos a la vida, a la seguridad social, a la salud y a la alimentación, en virtud a que, durante la relación laboral con la entidad estatal accionada, nació su hija AA; sin embargo, no se le pagó once meses del subsidio de lactancia correspondiente al periodo de mayo de 2021 a marzo de 2022; por lo que, tuvo que correr con los gastos de alimentación de la indicada menor de edad ella misma.

Al respecto, de la revisión de la documental sometida a conocimiento de esta jurisdicción, se advierte que efectivamente la peticionante de tutela cumple funciones en el Gobierno Autónomo Departamental de Beni desde el 5 de febrero de 2019, en la Dirección Departamental de Bienestar Laboral y Previsión Social; asimismo, que durante la vigencia de dicha relación laboral el 22 de marzo de 2021 nació su hija AA, a cuyo efecto, se extendió en su favor el Formulario de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares de 13 de abril del mismo año, en el cual se estableció que el pago del subsidio de lactancia en beneficio suyo y de su hija, tenía vigencia a partir del 22 de abril de 2021 del indicado mes y año hasta el 22 de marzo de 2022; es decir, que le corresponde doce asignaciones familiares.

Empero, ante la falta de pago de once de las doce prestaciones correspondientes a la lactancia, por nota presentada el 26 de abril de 2022, la accionante pidió a la Directora Departamental de Bienestar Laboral y Previsión Social del referido Gobierno Departamental su cancelación, debiendo relievarse que dicha omisión se extendió por más un año, a contar desde la fecha de emisión de la Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares -13 de abril de 2021-, situación que no es justificable desde ningún punto de vista; por cuanto, el derecho a la seguridad social, dentro del cual se encuentra la prestación de las asignaciones familiares pertinentes, están encaminadas a garantizar el bienestar, salud y vida no sólo de la madre sino también del ser en gestación y del recién nacido, hasta que cumpla un año de edad.

Los referidos extremos no fueron rebatidos ni desvirtuados por la parte accionada, quien contrariamente no solo aceptó la existencia del pago pendiente de las once asignaciones de lactancia, sino trató de justificar dicho retraso en la necesidad de efectuar las gestiones para la modificación presupuestaria ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, solicitando al efecto se le otorgue veinte días de plazo para su cumplimiento.

En ese entendido, se advierte que la falta de pago de prestaciones familiares, constituye un incumplimiento del art. 48 de la CPE, el cual establece que, las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. Al respecto, en los razonamientos jurisprudenciales asumidos en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se estableció que el Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud y a la seguridad social, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y bienestar común. La seguridad social, no sólo comprende el acceso a la salud, sino también, cuando se trate de mujeres embarazadas y/o madres o progenitores de niñas y niños menores de un año de edad, el derecho a recibir los beneficios que por derecho les corresponde. De igual manera, la necesaria protección reforzada que merece el recién nacido hasta que cumpla un año de vida está sustentado en el principio de interés superior de la niñez y adolescencia reconocido en el art. 60 de la Norma Suprema, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia así como la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados.

La omisión del pago de asignaciones familiares, también se verifica como una inobservancia de las normas legales y reglamentarias que establecen que las asignaciones familiares constitutivas del subsidio prenatal, de natalidad y lactancia, deben ser pagadas a cargo y costo de los empleadores de los sectores público y privado, así como de las cooperativas mineras -DS 3546, que modifica el art. 25 del DS 21637-. Sobre ello, en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que si bien el subsidio prenatal puede pagarse en dinero de manera excepcional; es decir, cuando el empleador omitió su otorgación oportuna, siempre y cuando se cumpla con el procedimiento establecido en el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares; empero, otra cuestión sobreviene cuando se trata del pago o compensación de la asignación familiar de lactancia que, conforme al citado Reglamento, se constituye en una prestación en especie y consiste en la entrega a la madre, de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional, equivalente a Bs2 000.-, acorde a normativa vigente, por cada hija o hijo vivo, desde su afiliación al Ente Gestor de Salud y durante sus primeros doce meses de vida.

Ante el incumplimiento por parte del empleador, y debiendo procederse a su compensación y abono con carácter retrasado; vale decir, posterior al cumplimiento del primer año de edad del menor beneficiario; se debe tener en cuenta que, de acuerdo al Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, se establece como prohibiciones para los empleadores otorgar el subsidio de lactancia en dinero; y, para las beneficiarias, a recibir dicha prestación de forma monetaria; consecuentemente, conforme a la norma vigente se dispone de manera expresa un impedimento para procederse al pago en efectivo; por lo que, no resulta atendible su materialización en dinero.

En el caso, respecto al subsidio de lactancia, la normativa de referencia prohíbe su pago en efectivo, misma que se funda en la específica finalidad que persigue su otorgación, como es mejorar la alimentación durante el embarazo, extendiéndose esa cobertura al periodo de lactancia, protegiendo de ese modo el derecho a la vida y a la salud tanto al ser en gestación y/o recién nacido, así como de la madre; los cuales, constituyen la piedra angular del derecho a la seguridad social, comprendiéndose así la exigencia legal de que el mismo sea otorgado en especie; pues, su pago en dinero sin que existan mecanismos de control, no cumpliría con lo pretendido por el Estado; en este contexto, también debe considerarse lo establecido por el art. 60 de la CPE y que se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades, tanto administrativas como judiciales, así como la familia y la sociedad, deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales; por consiguiente, en ese punto, no podría disponerse -conforme pretende la peticionante de tutela- su pago en dinero.

Por lo expuesto, la falta de cancelación de once asignaciones familiares de lactancia en favor de la accionante amerita que se conceda la tutela en su favor por vulneración del derecho a la seguridad social en vinculación con los derechos a la vida, a la salud y a la alimentación de la prenombrada y de su hija AA; disponiéndose que, la parte accionada asuma las acciones necesarias e inmediatas a fin de satisfacer el pago retroactivo de las señaladas prestaciones devengadas; ello, en el marco de lo previsto en el art. 28 del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida.

III.3.2. Dimensionamiento de los efectos de la concesión dispuesta por la Sala Constitucional

Resuelto como se encuentra el problema jurídico planteado, corresponde a este Tribunal hacer referencia al alcance de la concesión de tutela inicialmente otorgada por la Sala Constitucional que provocó efectos jurídicos con relación a la modalidad de pago de las asignaciones familiares devengadas, en el entendido de que su resolución es de ejecución y cumplimiento inmediato -art. 40.I del Código Procesal Constitucional (CPCo)-

Por ello, amerita referirse a lo establecido en la previsión normativa del art. 28.II del indicado Código, el cual prevé que la parte resolutiva del fallo sobre el fondo de la acción, demanda, consulta o recurso podrá determinar su dimensionamiento en el tiempo y los efectos sobre lo resuelto.

De modo que, en aplicación de la referida disposición facultativa, en el presente caso, con base en los principios de previsibilidad y seguridad jurídica, se dispone que, si como consecuencia de la decisión asumida mediante la Resolución 48/2022 de 9 de mayo, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -a través de la cual se dispuso que en el plazo de veinte días se proceda al pago de los once subsidios de lactancia en favor de la impetrante de tutela en compensaciones retroactivas y en dinero-, ya se hubiese procedido a la cancelación de las indicadas asignaciones familiares, dichos efectos quedan válidos y subsistentes; en razón a que, retrotraer o modificar esa inicial determinación, agravaría la consecución de la finalidad que persigue aquel beneficio orientado a precautelar el bienestar de la niña o niño.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos y efectos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 48/2022 de 9 de mayo, cursante de fs. 32 a 35, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, en el marco del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y el Decreto Supremo 3546 de 1 de mayo de 2018; conforme los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo invariable la concesión de tutela dispuesta por la indicada Sala Constitucional, con base en los argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.3.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente el Dr. Petronilo Flores Condori.

Fdo. Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0428_2023-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): d3dfc841eea78b4c9d908eaa84afa2af1a980c8f4d304080b4185925432c9736

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