Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 29 de julio de 2024
Deniega la tutela
La peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la petición, al debido proceso en sus componentes motivación, fundamentación y congruencia, al acceso a la justicia y a la protección oportuna y efectiva; en razón a que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Fiscal de Materia demandada presentó acusación formal de 11 de febrero de 2022, con datos equivocados, sin realizar una correcta valoración de los antecedentes y elementos probatorios de descargo que cursan en el cuaderno de investigación, además, de contener una relación de hechos y datos distintos al proceso penal en cuestión, lo cual conculca sus derechos reclamados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 273/2022 de 12 de octubre, cursante de fs. 85 a 89 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2° Llamar la atención a la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0427/2024-S2 Sucre, 29 de julio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 51270-2022-103-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 273/2022 de 12 de octubre, cursante de fs. 85 a 89 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sussy Giovanna Morales Escobar Vda. de Tambo contra Teresa Apaza Catari, Fiscal de Materia.
Por memoriales presentados el 11 y 26 de agosto de 2022, cursantes de fs. 50 a 57 y 68 a 72, la accionante expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Fiscal de Materia demandada presentó acusación formal de 11 de febrero de 2022, incumpliendo lo previsto en los arts. 5, 72 y 278 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin tomar en cuenta la jurisprudencia establecida y los elementos esenciales de acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, para que dicha autoridad sustente la comisión de un ilícito; tampoco realizó una correcta valoración de todos los antecedentes y elementos probatorios de descargo que cursan en el cuaderno de investigación; de igual manera, “…LA FISCAL COPIÓ RESOLUCIÓN DE OTRO PROCESO CON OTROS HECHOS Y DELITOS COMPLETAMENTE DISTINTOS AL PRESENTE PROCESO, SIENDO INADMISIBLE QUE SE PRETENDA SUSTENTAR ESTE PROCESO CON OTROS HECHOS PORQUE DE ESTA FORMA SE CONCULCAN DERECHOS…” (sic).
Denunció la lesión de sus derechos a la petición, al debido proceso en sus componentes motivación, fundamentación y congruencia, al acceso a la justicia y a la protección oportuna y efectiva, citando al efecto los arts. 24, 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto la acusación formal de 11 de febrero de 2022 emitida por la “…DRA. HELE R. QUIROGA BARRAGÁN” (sic); y, b) Que el Fiscal de Materia asignado al caso emita un nuevo requerimiento conclusivo materializando los derechos y garantías conculcados.
Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 81 a 84, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la acción de amparo constitucional, y ampliándolos señaló que: 1) La acusación formal presenta datos incoherentes de la denunciante y víctima del proceso penal en cuestión, así como de sus abogados, los cuales se entremezclan, además, de presentar una relación de hechos incoherentes, como también se confunde el bien jurídico protegido, señalando otro tipo penal; circunstancias ajenas a la investigación y distinta fecha en la que se habrían suscitado los hechos delictivos; y, 2) Se encuentra con el conflicto de asumir defensa en un proceso penal en el cual observa distintos datos, lo cual atenta contra sus derechos y garantías constitucionales, más cuando la referida causa es por delitos comprendidos en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- y el indicado requerimiento conclusivo hace mención a ilícitos contra la propiedad.
Teresa Apaza Catari, Fiscal de Materia, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 79.
Roxana Huayllas Escobar, no presentó escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 79.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 273/2022 de 12 de octubre, cursante de fs. 85 a 89 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Se debe realizar el control de subsidiariedad e inmediatez, siendo que en el presente caso se advierte que concurre la subsidiariedad; ii) “…en las reglas y sub reglas que han establecido una situación de improcedencia por subsidiariedad, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha logrado establecer que, cuando en su oportunidad y en plazo, y aún se encuentra en oportunidad y en plazo porque hay una acusación descabellada traída, parte accionante bien puede reclamar ante el juez cautelar con el objeto de que pueda hacer ver que existe una actividad procesal defectuosa…” (sic), lo cual no fue activado y aún puede ser presentado conforme prevé la norma ante el Juez que conoce la causa; y, iii) La inobservancia del referido principio deviene en la aplicación de los arts. 33 y 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); aspecto que, imposibilitó atender los reclamos de esta acción tutelar; pese a ello, exhortó al representante del Ministerio Público, a que en cualquier actuación que vaya a realizar, debe obrar con responsabilidad a efectos de no perjudicar a los sujetos procesales.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante acusación formal de 11 de febrero de 2022, dirigido al Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, Helen Rosenda Quiroga Barragán, Fiscal de Materia, acusó a Sussy Giovana Morales Escobar -ahora accionante-, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 45 a 48).
La peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la petición, al debido proceso en sus componentes motivación, fundamentación y congruencia, al acceso a la justicia y a la protección oportuna y efectiva; en razón a que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Fiscal de Materia demandada presentó acusación formal de 11 de febrero de 2022, con datos equivocados, sin realizar una correcta valoración de los antecedentes y elementos probatorios de descargo que cursan en el cuaderno de investigación, además, de contener una relación de hechos y datos distintos al proceso penal en cuestión, lo cual conculca sus derechos reclamados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0945/2017-S2 de 18 de septiembre, citando la SCP 0611/2016-S2 de 30 de mayo, al respecto estableció que: «…“La Constitución Política del Estado en su art. 129.I, señala que: ‘La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’”. En el mismo sentido, respecto al principio de subsidiariedad la SCP 0415/2013 de 3 de junio, asumiendo el entendimiento de la jurisprudencia desarrollada en la SCP 1476/2012 de 24 de septiembre, precisa que: “La acción de amparo constitucional, se configura como una garantía jurisdiccional extraordinaria, de tramitación especial y sumarísima, que tiene por objeto la restitución o restablecimiento de los derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Política del Estado, cuando éstos son restringidos, suprimidos o amenazados por parte de particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección; es decir, que esta acción se activa cuando no existen otros medios o vías idóneas para otorgar la tutela solicitada. Este recurso es una acción de naturaleza subsidiaria, así lo ha establecido el art. 129.I de la CPE que dispone ‘…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’, concordante con el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que manifiesta: I ‘La acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela”’. En ese entendido, la jurisprudencia del Tribunal anterior sobre la subsidiariedad dentro la acción de amparo constitucional ha establecido mediante la SC 0273/2010-R de 7 de junio, que: “…El Amparo Constitucional no es un instrumento alternativo o sustitutivo de las acciones ordinarias que la Constitución y la ley asignan a las distintas jurisdicciones, según su especialidad, para la protección de los derechos considerados vulnerados, sino, por el contrario, es un mecanismo subsidiario, porque puede instaurarse cuando el lesionado no tiene otro medio de defensa; por lo tanto, cuando hay otros recursos expeditos, éstos deben ser utilizados primero y sólo se concederá el Amparo Constitucional cuando aquéllos resultaren ineficaces para la defensa de los derechos, o cuando se lo conceda como protección inmediata para evitar un daño irreparable”. En el mismo sentido la SCP 0471/2012 de 4 de julio, respecto a la subsidiariedad, expresó lo siguiente: “…el entonces Tribunal Constitucional a través de la SC 1035/2010-R de 23 de agosto, reiterando el entendimiento asumido por la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, señaló que existen: ‘…reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuándo: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución…”’» (las negrillas son nuestras).
Al respecto, la SCP 0727/2017-S2 de 31 de julio, sostuvo que: «Sobre este tema, el art. 169 del CPP, refiere: “(DEFECTOS ABSOLUTOS). No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a: 1) La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; 2) La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece;
3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad”. Sobre este tema, la SCP 1484/2014 16 de julio, señaló: “…la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0522/2005-R de 12 de mayo, señaló: ‘…la corrección de la actividad procesal defectuosa dentro de los procesos penales puede hacérsela por la vía incidental ante el juez cautelar en la etapa preparatoria, ante el Juez o Tribunal de Sentencia en el juicio oral, y, en su caso, a través del recurso de apelación restringida, recursos que deberán ser interpuestos con carácter previo, puesto que sólo ante el agotamiento de los mismos la jurisdicción constitucional, a través del amparo, quedará abierta para el análisis y consideración de los actos u omisiones que impliquen lesión de los derechos y garantías constitucionales’. De donde se puede establecer que, existen medios de defensa específicos para impugnar errores o defectos cometidos, ya sea por el Juez o por el Ministerio Público, a través de los Fiscales de Materia y que hubieran sido detectados por las partes procesales, los cuales deben corregirse por el órgano jurisdiccional competente, precautelando el debido proceso y los derechos y garantías constitucionales”. (…) En ese sentido, la SCP 0839/2012 de 20 de agosto, ha establecido que: “…los incidentes se constituyen en mecanismos de defensa que han sido previstos por el ordenamiento jurídico a efecto de que las partes puedan solicitar el saneamiento del proceso cuando consideren que durante la tramitación del mismo se ha incurrido en actos u omisiones que se constituyen en defectos relativos y absolutos que ocasionan lesión a los derechos y garantías del imputado; es decir, el incidente es un proceso accesorio que surge y se sustancia dentro del proceso principal y cuya resolución es independiente pero necesaria para resolver aquel”. En ese marco, la SC 2888/2010-R de 17 de diciembre, respecto a la actividad procesal defectuosa glosado precedentemente, señaló lo siguiente: “(…) las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento con inobservancia de la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal, que causaren agravio a las partes procesales podrán ser impugnadas ante la autoridad judicial con el debido fundamento. Lo que implica que cuando el agraviado alegue nulidad por defectos absolutos, necesariamente deberán ser planteados ante la autoridad jurisdiccional como contralor de garantías y que el procedimiento se desarrolle sin vicios de nulidad”. Razonamiento que a su vez fue reiterado por la SCP 1047/2015-S1 de 30 de octubre. En ese sentido, según el entendimiento jurisprudencial citado precedentemente, el incidente de actividad procesal defectuosa prevista en el art. 169 del CPP, resulta ser el medio idóneo para impugnar ante la autoridad jurisdiccional competente, aquellas omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido, durante la tramitación o sustanciación del proceso penal, y como consecuencia de ello, causen agravio a las partes procesales» (las negrillas nos corresponden). Sobre el particular, la SCP 2338/2012 de 16 de noviembre, en su último párrafo aclaró que: “…que el incidente de actividad procesal defectuosa, debe ser entendido como cualquier otro incidente de nulidad interpuesto dentro de un proceso penal, este sea, nulidad de notificación o de cualquier otro actuado procesal donde se identifique un defecto previsto en el art. 167 del CPP y sgts., sin que pueda existir a efectos de apelación, una distinción entre incidente de actividad procesal defectuosa o incidente de nulidad que en lo esencial es lo mismo” (las negrillas son nuestras).
La peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la petición, al debido proceso en sus componentes de motivación, fundamentación y congruencia, al acceso a la justicia y a la protección oportuna y efectiva; en razón a que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Fiscal de Materia demandada presentó acusación formal de 11 de febrero de 2022, en su contra con datos equivocados, sin realizar una correcta valoración de los antecedentes y elementos probatorios de descargo que cursan en el cuaderno de investigación, además, de contener una relación de hechos y datos distintos al proceso penal en cuestión, lo cual conculca sus derechos reclamados. Conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de amparo constitucional, por el carácter subsidiario que la reviste, puede activarse cuando no exista otro medio que precautele los derechos y garantías del impetrante de tutela, o cuando las vías idóneas pertinentes ya fueron agotadas y, pese a ello, el presunto yerro no hubo sido reparado; por lo que, este mecanismo tutelar, no es un instrumento sustitutivo ni subsidiario de las acciones ordinarias; en tal sentido, de inobservarse este presupuesto se impide el análisis de fondo de la problemática. En mérito de lo expuesto, del análisis de la presente problemática, el entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional es aplicable al caso; toda vez que, en conocimiento la impetrante de tutela de la acusación formal de 11 de febrero de 2022, se encontraba plenamente facultada para presentar los medios de defensa o recursos legales en la vía ordinaria para la protección inmediata de los derechos y garantías que reclama al presente, como ser el incidente de actividad procesal defectuosa; mecanismo que se constituye en idóneo para que se puedan reparar los defectos y omisiones que denuncia la prenombrada, respecto de dicho requerimiento conclusivo. Así, la jurisprudencia constitucional sostuvo que: “…la corrección de la actividad procesal defectuosa dentro de los procesos penales puede hacérsela por la vía incidental ante el juez cautelar en la etapa preparatoria, ante el Juez o Tribunal de Sentencia en el juicio oral…” (SC 0522/2005-R de 12 de mayo), más cuando expone la transgresión de sus derechos con el actuar de la representante fiscal demandada. En consecuencia, la accionante pudo recurrir ante la instancia ordinaria, presentando el referido incidente para cuestionar todas las omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido durante la tramitación o sustanciación del proceso penal, y más aún al tener conocimiento de la acusación formal de 11 de febrero de 2022, que se presentó en su contra; el citado incidente, es el instrumento que faculta a la autoridad de control jurisdiccional a revisar tal requerimiento conclusivo en lo que en derecho corresponda, conforme sus facultades de ejercicio de control jurisdiccional o en su caso disponer se repare el acto vulneratorio; aspecto que no aconteció en el presente caso. Concluyéndose que, antes de acudir a la justicia constitucional, la impetrante de tutela debió presentarse con esa reclamación ante la autoridad de la jurisdicción ordinaria, conforme previenen los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo; por lo que, ante la inobservancia de no haber hecho uso de los mecanismos que le franquea la ley, se imposibilita el análisis de fondo de esta causa, ya que, solo en caso de persistir las presuntas vulneraciones, recién se puede reclamar ante la justicia constitucional; correspondiendo denegar la tutela solicitada.
De los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se evidencia que, se identifica a Teresa Apaza Catari como la Fiscal de Materia demandada; empero, la acusación formal cuestionada dentro del presente proceso fue emitida por Helen Rosenda Quiroga Barragán; lo cual eventualmente pudo generar una nulidad de obrados, situación que no se asume en el presente caso, pero impele que la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en futuras actuaciones debe observarse la misma debidamente al resolver los procesos puestos a su conocimiento; ya que, si bien en la presente causa este Tribunal no ingresó al análisis de fondo de la problemática, y tal aspecto resulta irrelevante, al haberse denegado la tutela por una causal reglada de improcedencia; empero, en casos similares donde se observe responsabilidad administrativa o penal, la notificación e identificación correcta del sujeto pasivo se constituye en un aspecto transcendental a objeto del resguardo del derecho a la defensa; por lo que, se debe tener el reparo necesario al efectuarse las notificaciones a las partes intervinientes. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 273/2022 de 12 de octubre, cursante de fs. 85 a 89 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2° Llamar la atención a la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0427_2024-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 59134af1398e5aaac7af2baef9d3b8bc73cf98ab5664256b1dc4217c0d70a91c
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