B.IA.LEGAL

SCP 0427/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 15 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
15 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
47719-2022-96-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes consideran vulnerado sus derechos a la petición, a la información y a la dignidad e igualdad; debido a que, al ahora accionado le notificaron con la carta notariada de 5 de julio de 2021, mediante la cual solicitaron respuesta formal y pronta sobre varias cuestionantes señaladas en seis puntos, petición que al no merecer respuesta alguna, fue reiterada a través de otra carta notariada de 18 de marzo de 2022, misma que tampoco obtuvo contestación; por tal razón, pide se le conceda la tutela impetrada y se ordene al accionado responder todos los puntos consignados en la referida carta notariada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si se debe conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 62/2022 de 27 de abril, cursante de fs. 73 a 76 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez en la interposición de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0427/2023-S3 Sucre, 15 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 47719-2022-96-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 62/2022 de 27 de abril, cursante de fs. 73 a 76 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jessica Carrazana Acosta y Yuri Mijail Quiroga Fernández contra Marvin Coro Espinoza.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 30 de marzo y 12 de abril, ambos de 2022, cursantes de fs. 31 a 36 y 41 a 45 vta., los accionantes manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 28 de marzo de 2019, consolidaron la inscripción en Oficinas de Derechos Reales (DD.RR.) sobre dos lotes de terreno, ubicados en la zona noreste, U.V. 320, manzana 5, lotes 13 y 15 signadas bajo las matrículas computarizadas 7.01.2.01.0090363 y 7.01.2.01.0090364, adquiridos de su anterior propietario Luis Fernando Suarez Vaca Diez; los cuales luego de perfeccionar el derecho propietario con la debida documentación requerida al efecto, realizaron la transferencia de dichos lotes a favor de Marvin Coro Espinoza -ahora accionado-, el 2 de septiembre del mismo año, realizando el respectivo reconocimiento de firmas y existiendo un contradocumento sobre compra venta, especificando el monto real de la operación por $us30 000.- (treinta mil dólares estadounidenses), quien consolidó su derecho propietario el 3 de diciembre de ese año. No obstante, el accionado después de seis meses de haber celebrado la compra venta, hizo el reclamo de que la documentación de los lotes de terreno no era auténtica, exigiendo la devolución del dinero, con la premisa de que seguiría acciones legales penales, presionando a la firma de un documento de reconocimiento de deuda por los $us30 000.- el 5 de marzo de 2020, ante la Notaria de Fe Pública 112 del departamento de Santa Cruz, donde en todo el tenor del mencionado documento se mencionó que la supuesta deuda sería concerniente sobre la venta de los dos lotes de terreno y que existiría documentación defectuosa, a dicho efecto con el accionado trataron de llevar una comunicación de cordialidad, viendo la forma de solucionar ese inconveniente, pero el nombrado en calidad de abogado no les proporcionó ningún tipo de información de qué documentos exactamente eran los fraguados. Ante esa circunstancia, el 5 de febrero de 2021, realizaron el abono al accionado la suma de $us15 000.- (quince mil dólares estadounidenses) a cuenta de la deuda forzada. Posteriormente, el 18 de marzo de 2021, se les notificó con una demanda ejecutiva, iniciada el 2 de diciembre de 2020, involucrando una propiedad ajena a los problemas referidos, con la mala intención de sonsacar algún tipo de beneficio propio; puesto que el accionado en ningún momento permitió que la supuesta deuda sea a razón de una transferencia defectuosa de los dos lotes de terreno en su documentación, tampoco consintió tener acceso a la misma, a fin de seguir las acciones legales que correspondan porque también se vieron afectados por ese tema, por haber sido timados por otras personas, considerando que mediante una gestoría hicieron ver todo el papeleo para perfeccionar el derecho propietario. Finalmente alegan que, el 6 de Julio de -2021-, comunicaron al accionado con una carta notariada de -5 de igual mes y año-, solicitando respuesta formal sobre todos los antecedentes existentes; empero, nunca recibieron respuesta formal, extremo que refiere lesiona su derecho constitucional a la información, debido a que el accionado negó la información requerida y la proporción de la documentación de los lotes de terreno, lo cual pedían para poder iniciar acciones legales contra las personas que les entregaron los lotes de terreno con la documentación manifestando múltiples obstáculos legales.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la petición, a la información y a la dignidad e igualdad; citando al efecto los arts. 13, 21.6 y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia: “…se realice todo lo solicitado de manera inmediata conforme a Ley” (sic) y sea con la condenación a resarcimiento de daños y perjuicios. En audiencia aclaró que el accionado responda de manera formal a todos los puntos señalados en la carta notariada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 27 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 66 a 72 vta.; presentes los accionantes asistidos de su abogado y la parte accionada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron in extenso el tenor de la acción tutelar presentada, y añadiendo en audiencia manifestaron que, al no merecer ninguna contestación por el accionado a la carta notariada de 5 de julio de 2021, por segunda vez reiteraron la misma mediante carta notariada de 18 de marzo de 2022, la cual tampoco obtuvo respuesta; motivo por el cual, a través de la presente acción de amparo constitucional piden se ordene al accionado responder todo lo requerido en la aludida carta.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Marvin Coro Espinoza, por informe escrito, cursante de fs. 59 a 60, y en audiencia refirió que: a) Los accionantes reconocen que existe una demanda ejecutiva en su contra con sentencia pendiente de cumplimiento, que radica en el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, causa que fue iniciada para el cobro de $us30 000.-, por la obligación asumida por los mencionados mediante contrato de reconocimiento de deuda de 5 de marzo de “2022” -lo correcto es 2020-; por ello, es incomprensible que en la demanda constitucional aleguen desconocimiento y desinformación sobre el origen de su obligación, máxime si tienen la vía expedita para dilucidar toda controversia al respecto en un proceso de conocimiento ante la jurisdicción ordinaria, instancia donde pueden requerir toda la información a las instituciones y registros públicos produciendo legalmente toda la prueba que vean conveniente; b) A través de la presente acción de amparo constitucional los impetrantes de tutela pretenden presionar la firma de un nuevo reconocimiento de deuda; puesto que en la carta notariada en su apartado 5.II, señalan que ponen a su consideración "NUEVO ACUERDO DE DEUDA Y COMPROMISO DE PAGO" (sic), donde los prenombrados reconocen que existe una obligación pendiente a su favor, solicitud que fue reiterada bajo el mismo tenor en la segunda carta notariada; por lo que, es ilógico que por un lado le presionan a aceptar un nuevo acuerdo y por otro aleguen desinformación y vulneración a derechos fundamentales; y, c) Por los argumentos expuestos, solicita se deniegue la tutela impetrada por el incumplimiento del principio de subsidiariedad y se condene al pago de costas y costos a los accionantes.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 62/2022 de 27 de abril, cursante de fs. 73 a 76 vta., denegó la tutela solicitada, sin costas a la parte accionada por ser excusable; bajo los siguientes fundamentos: 1) De la revisión de los antecedentes del cuaderno constitucional, se evidencia que cursa una carta notariada dirigida al ahora accionado, por la que la parte peticionante de tutela solicitó una respuesta formal a su petitorio el 6 de julio de 2021; sin embargo, luego de transcurrido más de siete meses, el 18 de marzo de 2022, reiteró la misma, para posteriormente recién plantear la presente acción de defensa; 2) De lo referido se advierte que, con dicha actuación la parte impetrante de tutela desconoció el principio de inmediatez, por cuanto correspondía a los prenombrados realizar el respectivo seguimiento a su solicitud y estar pendiente de la respuesta o el silencio, exigiendo inmediatamente una respuesta oportuna, y en caso de no existir la misma recién interponer la acción de amparo constitucional dentro del plazo, y no así luego de más de seis meses de haberse realizado la primera carta notarial, se intente realizar una nueva y a partir de ello, interponer ésta acción tutelar; y, 3) Por consiguiente, la presente acción de defensa fue presentada fuera del plazo previsto en los arts. 129.II de la CPE y 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), situación que impide se emita un pronunciamiento de fondo sobre el problema jurídico planteado; en razón de que, era obligación del accionante realizar el seguimiento a su solicitud, y al considerar que no recibía respuesta, acudir de manera inmediata a la tutela constitucional y no así después de más de siete meses de la supuesta vulneración que ahora reclama. En vía de enmienda y complementación, el accionado solicitó la condenación de costas y costos a los accionantes. Ante lo cual, la mencionada Sala Constitucional, señaló que la misma será considerada en ejecución de sentencia.

II. CONCLUSIÓNES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta reconocimiento de deuda de 5 de marzo de 2020, a través del cual, Jessica Carrazana Acosta y Yuri Mijail Quiroga Fernández -ahora accionantes-, declararon de forma expresa que adeudan la suma de $us30 000.- en favor de Marvin Coro Espinoza -hoy accionado-, a cuyo efecto se estableció la forma de pago, y el acatamiento de las cláusulas establecidas en el mismo, suscribiendo en señal de conformidad dicho documento ambas partes, constando el respectivo reconocimiento de firmas y rúbricas de igual data (fs. 49 a 50 vta.). II.2. De acuerdo a la carátula con Número de Registro Judicial (NUREJ) 70307254, el 2 de diciembre de 2020, Marvin Coro Espinoza -hoy accionado-, instauró una demanda ejecutiva contra los accionantes, solicitando el pago de la suma adeudada de $us30 000.-, en virtud a la existencia del título ejecutivo ‘“RECONOCIMIENTO DE DEUDA”’ de 5 de marzo de 2020, con reconocimiento de firmas y rúbricas ante Notaria de Fe Pública 112 de Santa Cruz. Ante ello, Claudia Janneth Méndez Duran, Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de la Capital del citado departamento, pronunció Sentencia Inicial 326 de 10 de diciembre del indicado año, declarando probada la demanda ejecutiva planteada por el accionado contra los precitados, de conformidad al art. 380 del Código Procesal Civil (CPC), debiendo proseguirse el trámite, hasta el estado de remate de los bienes embargados o por embargarse de propiedad de los ejecutados, para que con el producto de su venta se cancele la suma adeudada, más intereses y pago de costas y costos (fs. 54 a 57 vta.). II.3. Se tiene como anexo 1 recibo de pago de 5 de febrero de 2021, por el que Marvin Coro Espinoza -hoy accionado-, declaró recibir de Yuri Mijail Quiroga Fernández -ahora accionante-, la suma de $us15 000.- a cuenta de pago de la deuda reconocida mediante reconocimiento de deuda de 5 de marzo de 2020, con reconocimiento de firmas ante Notaria de Fe Pública 112 del departamento de Santa Cruz, por la obligación asumida con la también accionante -Jessica Carrazana Acosta-, suscribiendo dicho recibo para constancia del deudor, firmando al pie de la misma en señal de conformidad ambas partes (fs. 20). II.4. Por carta notariada de 5 de julio de 2021, Yuri Mijail Quiroga Fernández -hoy accionante-, al amparo del art. 24 de la CPE, solicitó al accionado, para que en el plazo de tres día hábiles otorgue respuesta formal y oportuna a las siguientes cuestionantes: i) “¿Por qué a momento de realizar la recolección previa de documentos a la venta no pudo observar algún tipo de irregularidad con el bien inmueble que su persona gestiono y tramito los documentos necesario para realizar la compra?” (sic); ii) ¿Por qué se omitió colocar los antecedentes dentro del documento de reconocimiento de deuda?; iii) ¿Por qué en el recibo de pago de 5 de febrero del 2021 usted, en su calidad de abogado entendido en materia, no indicó claramente que el pago correspondía a capital o intereses?; iv) Dentro del ordenamiento civil, la buena fe es un principio regulador de las acciones entre partes. En ese entendido, “¿Considera de BUENA FE el indicar dentro de un proceso judicial que, el pago que recibió su persona es a cuenta de intereses, cuando en el Anexo 1 podemos claramente ver que es PAGO A CUENTA?” (sic); v) Con la finalidad de culminar este proceso perjudicial para las partes, pongo a su consideración el nuevo reconocimiento de deuda y compromiso de pago, sobre el mismo ¿usted acepta los términos y condiciones del mismo? De igual forma quedamos atentos a cualquier observación al respecto; y, vi) Siendo la trasferencia del bien el motivo del reconocimiento de deuda, de manera clara indique ¿Cuándo realizara el cambio de titularidad sobre el lote con matrícula computarizada 7.01.2.01.0090363 y 7.01.2.01.0090364 nuevamente en favor de Jessica Carrazana Acosta? -hoy accionante- (fs. 19 y vta.); petición que al no merecer ninguna respuesta bajo el mismo tenor fue reiterada a través de carta notariada de 18 de marzo de 2022, siendo notificado el ahora accionado el 24 del citado mes y año (fs. 25 a 26).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes consideran vulnerado sus derechos a la petición, a la información y a la dignidad e igualdad; debido a que, al ahora accionado le notificaron con la carta notariada de 5 de julio de 2021, mediante la cual solicitaron respuesta formal y pronta sobre varias cuestionantes señaladas en seis puntos, petición que al no merecer respuesta alguna, fue reiterada a través de otra carta notariada de 18 de marzo de 2022, misma que tampoco obtuvo contestación; por tal razón, pide se le conceda la tutela impetrada y se ordene al accionado responder todos los puntos consignados en la referida carta notariada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si se debe conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de inmediatez en la interposición de la acción de amparo constitucional

Al respecto, la SC 0128/2010-R de 10 de mayo, sostuvo que: “El recurso de amparo constitucional, actualmente acción de amparo constitucional, instituido por el art. 128 de la CPE, contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley; constituye un medio de tutela de carácter extraordinario, que está regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez.

El principio de inmediatez en el ámbito procesal, entendido como el requisito de solicitar la tutela en forma pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias, es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho y se agoten las vías legales ordinarias; se encuentra previsto en el art. 129.II de la CPE, que señala: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’.

El plazo encuentra sentido cuando se tiene en cuenta que la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida a que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto y vigencia de sus derechos que sufren menoscabo, por ello tiene el derecho y el deber de acudir sin ningún tipo de espera o dilación en busca de la protección requerida.

Razonamiento que conforme a lo señalado por la SC 0770/2003-R de 6 de junio: ‘...resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección’.

Este plazo establecido a través de la jurisprudencia constitucional ya estaba vigente a momento de la interposición de la acción tutelar que hoy es objeto de revisión, y constituye una línea trazada, que la actual Constitución Política del Estado la ha recogido y constitucionalizado. En consecuencia, de conformidad a lo señalado por el art. 4.II de la Ley 003, el razonamiento jurisprudencial en torno al plazo, es aplicable al caso que se analiza.

El principio procesal de inmediatez también implica el seguimiento del recurso o reclamo, y la reacción oportuna ante el silencio a los mismos, puesto que el uso de los medios impugnativos previos a la acción de amparo constitucional, sean éstos en la vía judicial o administrativa antes de interponer el amparo, no debe ser en forma circunstancial u ocasional, sino, una vez activados los mismos, se debe exigir una respuesta oportuna y dentro de plazo, o en su defecto, si no hay un plazo específico, reiterar oportunamente el pedido, y si se mantiene la actitud lesiva, acudir a la jurisdicción constitucional como un medio reparador de tales derechos.

Lo cual significa, que no es posible que el agraviado deje pasar cierto tiempo sin prestar atención al trámite, es decir actuando sin interés en causa propia, y después de un tiempo, nuevamente vuelva a reclamar y luego otra vez abandonar su reclamo o medio impugnativo, y así sucesivamente sólo para interrumpir o dejar en suspenso el plazo de caducidad, sin que frente a una falta de definición se acuda rápidamente al amparo como mecanismo de protección inmediata. Estos aspectos no pueden pasar inadvertidos, pues cada acción de un ciudadano tiene una consecuencia jurídica, y la actitud desidiosa no puede encontrar respaldo en esta jurisdicción que no actúa de oficio, sino a instancia de parte.

Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la ya citada SC 0770/2003-R aplicable al presente caso, señaló que: ‘…el principio de inmediatez no importa la utilización discontinua o esporádica de los medios y recursos previos a la interposición del amparo, pues los reclamos deben ser interpuestos ante la instancia ordinaria o administrativa competente oportunamente, debiendo el agraviado por la lesión, hacer el seguimiento respectivo de su reclamo hasta agotar todas las instancias en el tiempo razonable, y para el caso de no obtener respuesta ni la cesación de la vulneración podrá acudir en el plazo de seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse la amenaza, restricción o supresión al derecho fundamental’” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

En la presente acción de amparo constitucional, los accionantes consideran vulnerado sus derechos a la petición, a la información y a la dignidad e igualdad; debido a que, al ahora accionado le notificaron con la carta notariada de 5 de julio de 2021, mediante la cual solicitaron respuesta formal y pronta sobre varias cuestionantes señaladas en seis puntos, petición que al no merecer respuesta alguna, fue reiterada a través de otra carta notariada de 18 de marzo de 2022, misma que tampoco obtuvo contestación; por tal razón, pide se le conceda la tutela impetrada y se ordene al accionado responder todos los puntos consignados en la referida carta notariada. Precisado como se encuentra el objeto procesal de esta acción tutelar, corresponde contextualizar la reclamación de los peticionantes de tutela en función a la documentación aparejada al expediente; así, de las documentales descritas en la Conclusión II.4 de este fallo constitucional, se tiene que Yuri Mijail Quiroga Fernández -hoy accionante-, mediante carta notariada de 5 de julio de 2021, dirigida al ahora accionado, al amparo del art. 24 de la CPE, solicitó para que en el plazo de tres días hábiles responda las siguientes cuestionantes: a) “¿Por qué a momento de realizar la recolección previa de documentos a la venta no pudo observar algún tipo de irregularidad con el bien inmueble que su persona gestiono y tramito los documentos necesario para realizar la compra?” (sic); b) ¿Por qué se omitió colocar los antecedentes dentro del documento de reconocimiento de deuda?; c) ¿Por qué en el recibo de pago de 5 de febrero del 2021 usted, en su calidad de abogado entendido en materia, no indico claramente que el pago correspondía a capital o intereses?; d) Dentro del ordenamiento civil, la buena fe es un principio regulador de las acciones entre partes. En ese entendido, “¿Considera de BUENA FE el indicar dentro de un proceso judicial que, el pago que recibió su persona es a cuenta de intereses, cuando en el Anexo 1 podemos claramente ver que es PAGO A CUENTA?” (sic); e) Con la finalidad de culminar este proceso perjudicial para las partes, pongo a su consideración el nuevo reconocimiento de deuda y compromiso de pago, sobre el mismo ¿usted acepta los términos y condiciones del mismo? De igual forma quedamos atentos a cualquier observación al respecto; y, f) Siendo la trasferencia del bien el motivo del reconocimiento de deuda, de manera clara indique ¿Cuándo realizara el cambio de titularidad sobre el lote con matrícula computarizada 7.01.2.01.0090363 y 7.01.2.01.0090364 nuevamente en favor de Jessica Carrazana Acosta? -hoy accionante-; petición que al no merecer ninguna respuesta bajo el mismo tenor fue reiterada a través de carta notariada de 18 de marzo de 2022, siendo notificado el ahora accionado el 24 del citado mes y año. Ahora bien, identificada la problemática a resolver, de acuerdo a lo descrito precedentemente se colige que la parte impetrante de tutela por carta notariada de 5 de julio de 2021, solicitó al accionado para que en el plazo de tres días otorgue respuesta formal y oportuna a todos los puntos requeridos en la misma; empero, al no merecer ninguna respuesta, notificó otra carta notariada el 24 de marzo de 2022, por la que reiteró la antedicha petición; sin embargo, cabe aclarar que esta última solicitud fue reiterada más de ocho meses después de presentada la primera solicitud, e interponiendo la presente acción de amparo constitucional el 30 del citado mes y año, cuando el plazo para presentar dicha acción ya feneció el 5 de enero de 2022. Al respecto, cabe precisar que en el marco de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, es necesario señalar que de manera previa a ingresar a dilucidar el fondo de la acción de defensa planteada, corresponde a la jurisdicción constitucional efectuar un examen previo de las causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional entre las cuales se encuentra el incumplimiento al principio de inmediatez, que implica la reclamación de los presuntos derechos vulnerados fuera del plazo de caducidad de seis meses. En ese sentido, en el caso en análisis, si bien el accionante estimaba vulnerado su derecho a la petición con la ausencia de una respuesta escrita a su solicitud presentada el 5 de julio de 2021, pese a que reiteró la misma el 18 de marzo de 2022; debió efectuar su reclamo de manera oportuna, teniendo el plazo de seis meses a partir de la primera solicitud para formular la presente acción de amparo constitucional; de ahí que, al haber interpuesto dicha acción recién el 30 de marzo de 2022, se observa que el impetrante de tutela, ante la falta de respuesta a su petición, asumió una actitud pasiva, esperando más de ocho meses para reiterar lo requerido, y con el mismo objeto. De lo descrito precedentemente, se observa que la parte peticionante de tutela no reiteró de manera oportuna sus solicitudes o hizo el reclamo de las mismas, pero de forma posterior a los seis meses e interponiendo la presente acción tutelar impetrando respuesta a las mismas luego de más de ocho meses después, actuación que ciertamente desconoce el principio de inmediatez; toda vez que, correspondía al prenombrado efectuar el debido seguimiento a su pedido, no pudiendo presentar solicitudes esporádicas, ocasionales o circunstanciales como ocurrió en el presente caso, en el cual concernía reiterar oportunamente lo impetrado y ante la falta de respuesta o pronunciamiento, según corresponda, tenía la posibilidad de plantear dentro del término, la mencionada acción tutelar en caso de considerar lesionado su derecho a la petición con respecto a los indicados escritos. Sobre dicha temática, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que: “…no es posible que el agraviado deje pasar cierto tiempo sin prestar atención al trámite, es decir actuando sin interés en causa propia, y después de un tiempo, nuevamente vuelva a reclamar y luego otra vez abandonar su reclamo o medio impugnativo, y así sucesivamente sólo para interrumpir o dejar en suspenso el plazo de caducidad, sin que frente a una falta de definición se acuda rápidamente al amparo como mecanismo de protección inmediata. Estos aspectos no pueden pasar inadvertidos, pues cada acción de un ciudadano tiene una consecuencia jurídica, y la actitud desidiosa no puede encontrar respaldo en esta jurisdicción que no actúa de oficio, sino a instancia de parte” (las negrillas nos corresponden). Por consiguiente, al haberse constatado que la parte accionante dejó transcurrir más de ocho meses desde su primer reclamo realizado el 5 de julio de 2021 -reiterado por segunda vez el 18 de marzo de 2022-, e interponer esta acción de defensa recién el 30 de igual mes y año; se concluye que la misma fue planteada fuera del plazo previsto en los arts. 129.II de la CPE; y, 55.I del CPCo, situación que impide a esta instancia constitucional, poder ingresar a efectuar un pronunciamiento de fondo sobre el problema jurídico planteado, en razón a que era obligación del impetrante de tutela realizar el seguimiento a su petición y si consideraba no haber obtenido respuesta, debió proceder con sus reclamos de manera oportuna; motivos por los cuales, corresponde denegar la tutela invocada, al no cumplirse con el principio de inmediatez. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 62/2022 de 27 de abril, cursante de fs. 73 a 76 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0427_2023-S3.pdf · páginas 1 a 10.

Huella digital del PDF (SHA-256): a68a638cda258efc94d3fbde336ab6a7762949eb5fd3eb281b3daed9680dc603

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →