Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 31 de mayo de 2023
Deniega la tutela
Los accionantes a través de su representante, denuncian la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba; y, de los principios de seguridad jurídica, legalidad, presunción de inocencia y favorabilidad; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de parricidio, a través del Auto Interlocutorio 220 de 16 de agosto de 2021, Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso su detención preventiva en el CENVICRUZ; determinación que apelaron en la vía incidental, mereciendo el Auto de Vista 359 de 22 de noviembre de igual año, que confirmó aquella decisión, transgrediendo los aludidos derechos al mantenerlos indebidamente detenidos; puesto que, no se consideró las declaraciones de Irma Cadima Ortiz, Henrry Ayala Torrejón e Irma Ortiz Oyola, esta última manifestó ser la homicida de su “esposo”, circunstancias que denotarían ausencia de autoría y responsabilidad en el hecho. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/2022 de 2 de febrero, cursante de fs. 125 a 129, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0427/2023-S2 Sucre, 31 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 45639-2022-92-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 33/2022 de 2 de febrero, cursante de fs. 125 a 129, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Camata Mamani en representación sin mandato de Richard Alfredo Cadima Ortiz y, Juan Santiago y Jhon Henry Ayala Cadima contra Miriam Rosell Terrazas, Vocal de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del citado departamento.
Por memorial presentado el 1 de febrero de 2022, cursante de fs. 58 a 64 vta., los accionantes a través de su representante, expresaron que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de parricidio, previsto y sancionado en el art. 253.2 del Código Penal (CP), el 24 de junio de 2021, la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, declinó competencia; toda vez que, al momento de los hechos eran menores de edad, siendo sorteada la causa al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la aludida Capital y departamento; desde esa fecha se dio inició a la investigación. El 20 de julio de igual año, Francoise Cecilia Barrón Márquez, Fiscal de Materia, presentó imputación formal en su contra; en consecuencia, el 16 de agosto del referido año, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, en la que formularon incidente de falta de tipicidad, alegando que existía otra investigación; que el 25 de junio de 2021, se celebró un verificativo, en el que, Irma Ortiz Oyola -su abuela-, Irma Cadima Ortiz -su madre- y Henrry Ayala Torrejón -su padre- declararon de forma cronológica y detallada los hechos, inclusive los instrumentos utilizados que quitaron la vida de Florencio Cadima Ponce, siendo la primera y segunda nombradas autoras confesas; sin embargo, la Jueza codemandada, sin probar su participación en los hechos, carente de fundamentación, motivación y congruencia, y efectuando una valoración desigual de la prueba, pronunció el Auto Interlocutorio 220 de 16 de agosto de idéntico año, disponiendo de forma excepcional su detención preventiva en el Centro Educativo Piloto de Justicia Real Juvenil “Nueva Vida Santa Cruz” (CENVICRUZ), sin tomar en cuenta que Irma Ortiz Oyola manifestó ser la homicida de su esposo y que su familia no participaron en el hecho, lo cual constituyó la verdad histórica de los hechos, existiendo una duda razonable, que se adecúa al principio de favorabilidad por su condición de menores adolescentes y aplicación de medidas socioeducativas; no obstante, la Jueza codemandada, basó su determinación en una supuesta llamada realizada por la prenombrada; siendo meras suposiciones, dejando de lado los principios de objetividad y proporcionalidad en relación al de favorabilidad al concurrir duda razonable. Pasando por alto sus declaraciones que eran similares a lo descrito en la audiencia de medidas cautelares, y transgrediendo el debido proceso en su vertiente de valoración de la prueba y el principio de verdad material; más aún cuando presentaron el acta de 25 de junio de 2021, en la cual se detalló cronológicamente cómo, con qué y quién ayudó a asesinar a Florencio Cadima Ponce -su padre-, pues, los Vocales demandados únicamente basándose en un criterio, y no en prueba fehaciente que los involucraba, confirmó el referido Auto Interlocutorio.
Denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba; y, de los principios de seguridad jurídica, legalidad, presunción de inocencia y favorabilidad, citando al efecto los arts. 21.7, 23.I, II y III, 59.I, II y V, 60, 115, 116.I, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) La nulidad del Auto de Vista 359 de 22 de noviembre de 2021; y, b) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 220, debiendo emitirse uno nuevo “…respetando los principios de congruencia, motivación y fundamentación (…) al debido proceso a la defensa y valore las pruebas en igualdad, proporcionalidad y aplique la duda razonable y el principio de favorabilidad…” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 2 de febrero de 2022, según consta en acta cursante de fs. 123 a 125, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante, ratificaron in extenso los argumentos expresados en su memorial de acción de libertad, añadiendo que: 1) Se encuentran detenidos desde el 16 de agosto de 2021, por determinación de la Jueza codemandada, fallo ratificado por el Auto de Vista 359; 2) En cuanto a la autoría, cursa un informe en el que se advertiría que Irma Ortiz Oyola habría realizado una llamada a su hija Rosario Cadima Ortiz indicando que ella había quitado la vida a su padre; posteriormente, efectuó una declaración ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) -dentro de otro proceso-; señalando que, cansada de agresiones físicas, psicológicas y sexuales terminó con la vida de su esposo, detallando como lo había consumado; hechos que reiteró en la audiencia de medidas cautelares, extremos que no fueron valorados por las autoridades demandadas; pues, se basaron únicamente en indicios negativos; por ello, debió aplicarse el principio de la duda razonable; y, 3) El aludido fallo de alzada, no valoró ni advirtió los indicios que no tiene responsabilidad en el hecho, “tampoco lo rechazó” la prueba desarrollada en otro proceso, en el que, Irma Ortiz Oyola confesó haber quitado la vida a su esposo; no habiendo valorado las pruebas fehacientes en relación a los peligros de fuga y obstaculización.
Miriam Rosell Terrazas, Vocal de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 2 de febrero de 2022, cursante a fs. 99 y vta., manifestó que: i) Una vez radicado el expediente de apelación en el efecto devolutivo, relativo al proceso seguido por el Ministerio Público contra los accionantes por la presunta comisión del delito de parricidio, el 22 de noviembre de 2021, se dictó el Auto de Vista 359 resolviendo el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 220, conforme lo previsto en los arts. 57 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) concordante con el 265 del Código Procesal Civil (CPC), siendo el mismo claro, concreto y acorde conforme a la precisión de agravios de dicho recurso, reuniendo los elementos del debido proceso de fundamentación, motivación y congruencia establecido por el art. 115 de la CPE, en relación al art. 213 del CPC; y, ii) La acción de libertad no cumplió con el requisito prescrito en el art. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), tomando en cuenta que la referida Sala se encontraría conformada por su persona y Oscar Jesús Menacho Angeleri, que no fue demandado; pues, toda decisión es emitida por ambos Vocales; por lo tanto, impedidos de dictar cualquier resolución de concederse la tutela, al no haber sido demandado el Tribunal por completo.
Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del citado departamento, no presentó informe escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 76.
María del Carmen Diez Oyola en representación de Sonia Cadima Ortiz a través de su abogado en la audiencia de garantías refirió que: a) Se adhirió al informe escrito presentado por la Vocal demandada; b) Este mecanismo de defensa cuenta con requisitos formales para establecer si concurren o no los supuestos agravios denunciados; c) Los accionantes realizaron una interpretación antojadiza, refiriendo que las autoridades demandadas no hubieran tomado en cuenta la documentación probatoria pertinente acerca de la autoría y el peligro de fuga; d) No ofrecieron elementos de descargo puntual y categórico emitido por alguna autoridad para que en la audiencia de garantías sea valorada y demuestre el indebido procesamiento; e) En la audiencia de medidas cautelares no se valoran pruebas, simplemente se estiman elementos suficientes de convicción; f) Al generarse agravios en la etapa de juicio oral, debieron interponer una acción de amparo constitucional y no así de acción de libertad; g) No hubo vulneración de derechos; pues, todo lo argumentado fue parte de los fundamentos expuestos en la audiencia de medidas cautelares; h) Durante el desarrollo del referido acto procesal, se efectuó apelación oral; empero, los solicitantes de tutela no hicieron conocer cuál fue el agravio de la Jueza codemandada que el Tribunal de alzada no hubiera tomado en cuenta, lo único que alegaron fue el carácter subjetivo de la apreciación de la prueba presentada, no existiendo ningún descargo que demuestre dicha situación; i) El Tribunal de garantías se encontraría inhibido de realizar una valoración probatoria, más aun si la misma no fue identificada ni individualizada; j) En la acción de libertad no existe la individualización de los impetrantes de tutela; k) El art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), prevé que una audiencia de apelación únicamente debe circunscribirse a los puntos de reclamación; y, l) En el verificativo de apelación se establecieron los mismos fundamentos expresados en la audiencia de garantías.
El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 33/2022 de 2 de febrero, cursante de fs. 125 a 129, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) La Jueza codemandada cumplió con lo previsto en el art. 124 del CPP, al expresar los motivos de hecho y de derecho en los que basó su decisión, así como, el valor que otorgó a cada una de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y cimentado su decisión sobre los elementos constitutivos previstos en el art. 289.I incs. a) y b) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), refiriéndose en la fundamentación jurídica lo previsto por el art. 253 del CP, 289 y 290 del CNNA, que establece el régimen de imposición de medidas cautelares, y el art. 23.I de la CPE; asimismo, se observó la fundamentación fáctica referente a la probabilidad de participación de los impetrantes de tutela en el hecho imputado, haciendo énfasis a la respuesta a la denuncia, informe de inicio de investigación, los diferentes requerimientos fiscales; mayor ponderación al desdoblamiento de un Disco Compacto (CD) realizado por el Instituto Técnico Científico de la Universidad Policial (ITCUP), un informe de verificación domiciliaria de los accionantes; documentos que a criterio de la aludida Jueza establecería la existencia de indicios de convicción suficientes sobre la presunta existencia del hecho y que los prenombrados hubieran participado en el mismo; 2) La Vocal demandada en el Auto de Vista 359, fundamentó su resolución expresando los motivos del por qué a su criterio concurrían los dos elementos constitutivos del art. 289 del CNNA; se refirió a la probabilidad de participación de los solicitantes de tutela en el hecho, sobre los riesgos procesales de fuga y obstaculización, y domicilio; 3) Constaría en el cuaderno procesal el memorial de 17 de noviembre de 2021, por el cual, los aludidos solicitaron cesación de la detención preventiva, pretensión que significaría que se dio por bien hecho lo resuelto por la Jueza codemandada; y, 4) No puede pretenderse que ese Tribunal valore elementos de prueba que fueron ya analizados en la instancia jurisdiccional, debiendo tomarse en cuenta lo referido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1215/2012 de 6 de septiembre y 0238/2018-S2 de 11 de junio, señalando que su competencia se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en dicha labor.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Richard Alfredo Cadima Ortiz y, Juan Santiago y Jhon Henry Ayala Cadima -impetrantes de tutela-, por la supuesta comisión del delito de parricidio, previsto y sancionado por el art. 253 del CP, mediante Auto Interlocutorio 220 de 16 de agosto de 2021, Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz -codemandada-, dispuso de forma excepcional la medida cautelar de detención preventiva de los prenombrados en el CENVICRUZ (fs. 112 a 120 vta.). II.2. Mediante Auto de Vista 359 de 22 de noviembre de 2021, Miriam Rosell Terrazas y Oscar Jesús Menacho Angeleri, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, confirmaron el supra citado Auto Interlocutorio (fs. 94 a 96 vta.).
Los accionantes a través de su representante, denuncian la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba; y, de los principios de seguridad jurídica, legalidad, presunción de inocencia y favorabilidad; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de parricidio, a través del Auto Interlocutorio 220 de 16 de agosto de 2021, Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso su detención preventiva en el CENVICRUZ; determinación que apelaron en la vía incidental, mereciendo el Auto de Vista 359 de 22 de noviembre de igual año, que confirmó aquella decisión, transgrediendo los aludidos derechos al mantenerlos indebidamente detenidos; puesto que, no se consideró las declaraciones de Irma Cadima Ortiz, Henrry Ayala Torrejón e Irma Ortiz Oyola, esta última manifestó ser la homicida de su “esposo”, circunstancias que denotarían ausencia de autoría y responsabilidad en el hecho. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 2362/2012 de 22 de noviembre, sostuvo que: “La legitimación pasiva, se constituye en el requisito esencial mediante el cual, la acción de libertad deberá ser dirigida contra la autoridad o persona particular que cometió el acto ilegal u omisión indebida, que ocasionó la lesión del derecho fundamental relacionado con la libertad física o la vida, cuando se encuentre ligada a dicho derecho fundamental. Conforme el entendimiento desarrollado por la jurisprudencia constitucional, respecto a la falta de legitimación pasiva, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al señalar que: ‘Para la procedencia del recurso de hábeas corpus, actualmente acción de libertad, se debe observar la legitimación pasiva; es decir, que la acción sea dirigida contra la autoridad, funcionario o persona que cometió el acto ilegal u omisión indebida que atenta contra el derecho a la libertad, o a la vida, ya sea a través de una persecución, procesamiento o detención ilegales o indebidas; vale decir, que se deberá demandar a quien impartió la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, o en su caso, a la que directamente incurrió en los actos u omisiones que derivaron en que la aprehensión o detención sea ilegal o indebida, como por ejemplo pueden darse casos de la ejecución de una orden pero con notoria arbitrariedad al margen de lo encomendado. De lo contrario la acción carecería de falta de legitimación pasiva; es decir, en la no coincidencia o correspondencia entre la persona, autoridad o funcionario contra quien se interpuso la acción de defensa de derechos fundamentales, con quien efectivamente causó la supuesta lesión a derechos que se denuncia y que motiva la interposición de la misma.
Situación que neutraliza este mecanismo de defensa de rango constitucional e imposibilita ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, puesto que si bien la acción de libertad está exenta de formalismos en su presentación; sin embargo, ello no libera al accionante de la responsabilidad de señalar o identificar a quien se demanda, que en el caso de funcionarios o autoridades públicas, no siempre es exigible el nombre, pues bastaría la indicación del cargo, lo cual se corrobora con la narración de los hechos que motivan la petición de tutela y la prueba aparejada, como también ante situaciones de notoria arbitrariedad; empero, en los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, como sucede en este caso, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionante’ (SC 0192/2010-R de 24 de mayo). Es decir que, para cumplir la legitimación pasiva en la acción de libertad, es ineludible: ‘…que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 0691/2001-R de 9 de julio, reiterada en las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 0233/2003-R, 0396/2004-R, y 0807/2004-R. De lo relacionado, se concluye que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad; su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados’ (SC 0827/2010-R de 10 de agosto, citando a su vez a la SC 1651/2004-R de 11 de octubre). La jurisprudencia constitucional estableció como principio general para la procedencia de la acción de libertad, que la misma debe ser dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, y que su observancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal Constitucional Plurinacional ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la jurisprudencia precitada se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. Conforme a los entendimientos precedentes, es necesario que la acción se dirija contra la autoridad o particular que causó la violación al derecho a la libertad; aclarándose que los únicos supuestos en los que es posible analizar el fondo de un recurso, pese al incumplimiento de esa regla, es cuando el recurso: ‘…por error en la identidad, es dirigido contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió efectivamente el acto ilegal, y sólo cuando éste es manifiestamente contrario a la ley y existen los elementos de convicción pertinentes que lo acrediten; no siendo aplicable a otras situaciones en las que no se aprecie tal error y existe la necesidad de contar con mayores elementos de convicción para acreditar la existencia del acto ilegal’ (SC 1651/2004-R de 11 de octubre). Consecuentemente, para que pueda ingresar a analizarse una acción de libertad en la que no se haya establecido con certeza la legitimación pasiva, es necesario que, el demandado erróneamente, pertenezca a la misma institución, rango o jerarquía y tenga las misma atribuciones que quien en realidad cometió el acto lesivo, pues como es de suponer no puede imponerse a otra persona una responsabilidad administrativa, penal o civilmente por la lesión ocasionada por una autoridad diferente en cuanto a rango, jerarquía y atribuciones” (las negrillas son nuestras).
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los accionantes por la presunta comisión del delito de parricidio, mediante Auto Interlocutorio 220 de 16 de agosto de 2021, la Jueza codemandada dispuso de forma excepcional la medida cautelar de detención preventiva de los nombrados en el CENVICRUZ (Conclusión II.1); asimismo, como resultado del recurso de apelación incidental interpuesto por los peticionantes de tutela, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Santa Cruz, emitieron el Auto de Vista 359 de 22 de noviembre del señalado año, confirmó el merituado Auto Interlocutorio (Conclusión II.2). Previo a ingresar a resolver la problemática planteada, corresponde indicar que la revisión de las decisiones asumidas debe efectuarse en el marco del principio de subsidiaridad que rige a esta acción de defensa; es decir, a partir de la última resolución pronunciada; en razón a que, la misma tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía; en virtud a ello, se procederá al análisis de la presunta transgresión de derechos a partir del Auto de Vista 359. Ahora bien, conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, “La jurisprudencia constitucional estableció como principio general para la procedencia de la acción de libertad, que la misma debe ser dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, y que su observancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal Constitucional Plurinacional ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, debido a la falta de legitimación pasiva…” (SCP 2362/2012). Bajo dicho razonamiento, en el caso que se analiza, la acción de libertad se interpuso contra Miriam Rosell Terrazas, Vocal de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y no así, contra Oscar Jesús Menacho Angeleri, autoridad judicial que -como componente de la citada Sala- también suscribió el cuestionado Auto de Vista 359, que confirmó el Auto Interlocutorio 220, pronunciado por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del citado departamento; fallo de segunda instancia del cual devendría la presunta amenaza del derecho a la libertad de los impetrantes de tutela; consecuentemente, al no haber dirigido este mecanismo de defensa contra la totalidad de las autoridades componentes de la mencionada Sala, quienes rubricaron el aludido Auto de Vista, se colige que en el presente caso existe falta de legitimación pasiva conforme se manifestó en el Fundamento Jurídico precedente; por lo que, este Tribunal se ve impedido para ingresar al análisis de fondo respecto a la problemática planteada, correspondiendo por ende denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/2022 de 2 de febrero, cursante de fs. 125 a 129, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0427_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): fb3555adb83bdf5802b9ee4e44017627fb7f266f32aabc0d2740033427e34ccb
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