Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 24 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción y de la garantía del debido proceso; toda vez que, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, por más de nueve días, el Juez demandado no dio respuesta a su memorial en el que solicitó la modificación de la medida cautelar de fianza económica en una personal, ya que extraviaron el mismo, desconociendo si se firmó el acta de asentimiento de sus garantes para obtener su libertad. El Juez demandado, no presentó informe alguno ni ingresó a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 27/22 de 29 de diciembre de 2022, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, en el marco de la fundamentación jurídica contenida en el presente fallo constitucional; 2° Exhortar a los Jueces y Tribunales de garantías en acciones de libertad, realizar las notificaciones de manera inmediata con el señalamiento de día y hora para la celebración de audiencia de garantías con el tiempo pertinente, considerando las razones explicadas en los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; y, 3° Disponer que, mediante Secretaría General de este Tribunal Constitucional Plurinacional, se remita copia del presente fallo constitucional a los Tribunales Departamentales de Justicia del país para su atención.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0426/2026-S2 Sucre, 24 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53024-2023-107-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 27/22 de 29 de diciembre de 2022, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María José Herrera Ribera y Luis René Alejandro Sauciri Urrelo en representación sin mandato de Luis Fernando Flores Mendoza contra Hebert Zeballos Domínguez, Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 28 de diciembre de 2022, cursante de fs. 3 a 4, el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:
Por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica seguido en su contra, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz desde el 28 de abril de 2020, por el lapso de noventa días; término que venció el 28 de julio del mismo año, motivo por el cual, el 22 de octubre de igual año se dictó la cesación de su detención preventiva y, en su lugar, se dispuso fianza real de Bs30 000.- (treinta mil bolivianos), monto que fue de imposible cumplimiento durante los dos años siguientes; por ello, habiendo radicado la causa ante el Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, el 19 de diciembre de 2022 presentó nuevo memorial de sustitución de garantía, el mismo que, por más de nueve días hasta la fecha de presentación de la presente acción de defesa, no tuvo respuesta alguna por parte Hebert Zeballos Domínguez, Juez del referido Juzgado -ahora demandado-, y no conoce si fueron o no aceptados sus garantes.
No denunció en concreto la vulneración de derecho alguno; no obstante, -se infiere- el derecho a la libertad, sin señalar disposición constitucional que lo contenga.
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo que el Juez demandado de respuesta y firme el acta de asentimiento de los garantes que ofreció, haciéndose efectivo su libertad; además, se oficie a la Dirección del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz la comparecencia a la audiencia de garantías.
Celebrada la audiencia virtual el 29 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 14 a 15, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de sus abogados, ratificó in extenso el contenido de su acción de defensa y, ampliando en audiencia, señaló que se encuentra detenido dos años en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz sin acusación o sentencia; pese a que solicitó sustitución de la garantía real por una personal, el Juez demandado no respondió su memorial, impidiendo pueda salir de la cárcel a pesar de estar dispuesta la suspensión de su detención preventiva; tal actuar vulnera su derecho a libertad de locomoción, ya que en el juzgado a cargo, no hay registro en el libro diario del memorial que presentó en audiencia anterior, algo inusual porque el Juez y la Secretaria lo tenían en sus manos.
Hebert Zeballos Domínguez, Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe alguno ni ingresó a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante a fs. 11.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 27/22 de 29 de diciembre de 2022, cursante de fs. 15 a 17, concedió la tutela impetrada, disponiendo que el Juez demandado dé respuesta al memorial presentado por el accionante el 19 de diciembre de igual año; con base en los siguientes fundamentos: a) Es evidente que la petición formulada por el impetrante de tutela no mereció respuesta, estando el mismo vinculado a su libertad de locomoción, considerando que el mismo se encuentra con detención preventiva, cumpliéndose el primer presupuesto ante la falta de respuesta de la autoridad demandada; y, b) En cuanto al segundo y tercer presupuesto, se encuentra restringido, ya que no hubo una respuesta a su solicitud, estando justificado por la no respuesta del Juez demandado, siendo aplicable la presunción de veracidad.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa (fs. 21 a 23).
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa formulario del Sistema Integrado de Registro Judicial, en el que se consigna la presentación de acción de libertad el 28 de diciembre de 2022 a horas 16:03 por parte de María José Herrera Ribera y Luis René Alejandro Sauciri Urrelo en representación sin mandato de Luis Fernando Flores Mendoza -ahora accionante- contra Hebert Zeballos Domínguez, Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy demandado- (fs. 4). II.2. Mediante Auto de 29 de diciembre de 2022, los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz admitieron la acción de libertad interpuesta por el impetrante de tutela y señalaron audiencia de consideración para la misma fecha a desarrollarse a horas 14:00 vía virtual (fs. 5). II.3. A través de informe emitido por Víctor Hugo Siles Silva, Secretario de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz señaló que el 29 de diciembre de 2022, a horas 12:16 se procedió a la notificación del Juez ahora demandado vía WhatsApp al número de celular 70873829 (fs. 10).
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción y de la garantía del debido proceso; toda vez que, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, por más de nueve días, el Juez demandado no dio respuesta a su memorial en el que solicitó la modificación de la medida cautelar de fianza económica en una personal, ya que extraviaron el mismo, desconociendo si se firmó el acta de asentimiento de sus garantes para obtener su libertad. El Juez demandado, no presentó informe alguno ni ingresó a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La o el juez de garantías debe velar porque los requisitos de procedencia de la acción de libertad sean cumplidos y que la tramitación de esta se sujete, igualmente, a un debido proceso. Bajo ese entendimiento, la o el juez de garantías está obligado a cumplir el procedimiento de tramitación de las acciones tutelares, principalmente la notificación legal de la parte demandada, de modo que la acción tutelar no se convierta en atentatoria de los derechos de la parte accionada o demandada. En ese sentido, la comunicación previa debe efectuarse con anticipación razonable; es decir, debe existir una notificación enviada con tiempo suficiente que permita a la parte demandada preparar su defensa; esta anticipación no tiene un tiempo específico, pero debe ser razonable en función del acto procesal notificado. En este sentido, la SCP 0050/2024-S2 de 7 de marzo establece las condiciones sine qua non para la procedencia de este tipo de notificación, refiriendo: “…con el fin de evitar cualquier tipo de vulneración al derecho a la defensa como elemento del debido proceso, en estricta observancia al principio de celeridad, y tomando en cuenta que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional se persigue el conocimiento real y efectivo de la determinación judicial por su destinatario, más que la mera formalidad de la diligencia, se establece que en un proceso penal es admisible la notificación por WhatsApp, cumpliendo con los siguientes requisitos: 1) Que se comunique con un tiempo de anticipación razonable el contenido del acto procesal que se requiera notificar; y, 2) Se verifique con certeza que el contenido del acto procesal a notificarse, sea de conocimiento de la parte notificada, para ese efecto se debe cumplir con la finalidad de la notificación, obteniendo constancia de la recepción a las personas notificadas; es decir, que esa comunicación se envió al número de celular correcto de la persona a notificarse -que fue constituido en su primera actuación procesal- y que exista como prueba una foto de captura de pantalla, con la que se demuestre con convicción su recepción, o en su caso, se evidencie de alguna manera tener conocimiento de dicho acto procesal, caso contrario se provocaría su indefensión” (las negrillas son nuestras). Entonces, sorteada la acción de libertad a una sala o juez de garantías, corresponde señalar audiencia de manera inmediata, de forma que se pueda solicitar, de corresponder, la remisión del privado de libertad, y otorgar un tiempo oportuno a la parte demandada para presentar su informe; por regla general, no es admisible la notificación efectuada minutos antes de la realización de la audiencia. Igualmente, resulta importante la acreditación de la verificación del número telefónico de la parte demandada, pudiendo solicitarse, de manera inmediata, certificación de Recursos Humanos (RR.HH.) de la entidad en la que trabaje la persona notificada, o certificación de la empresa telefónica y/o una representación del personal judicial responsable de la verificación, acompañando la captura de la recepción de la documentación enviada y, por ende, la notificación efectiva. Consecuentemente, son cruciales la verificación del número de la persona notificada, la acreditación de remisión y recepción del mensaje, y la documentación que acompaña las acciones constitucionales; en este sentido, la notificación de la acción de libertad debe realizarse considerando que no se busca dejar en indefensión a la parte demandada, sino garantizarle la oportunidad de ejercer plenamente el contradictorio.
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, pide respuesta a su memorial de ofrecimiento de garantes personales y una llamada de atención al personal del juzgado por haber extraviado su memorial, el cual se encuentra sin respuesta desde hace más de nueve días; además, que tiene derecho a saber si se aceptó o no su ofrecimiento, considerando que habría cesado su detención preventiva desde hace dos años. En el caso de autos, el Juez de garantías conoció y ejerció competencia el 28 de diciembre de 2022, admitiendo la acción a través de Auto el 29 de igual mes y año, señalando día y hora de realización de la acción de libertad para la misma fecha -29 de diciembre de 2022- a horas 14:00; sin embargo, la notificación al Juez ahora demandado se produjo el mismo día de la audiencia a horas 12:16, es decir una hora y cuarenta y cuatro minutos antes de su consideración. Como consecuencia de ello, ante la ausencia del Juez demandado y la no presentación de antecedentes, el Tribunal de garantías consideró la presunción de veracidad, sin reparar en que el tiempo otorgado a la autoridad demandada no era el suficiente. La resolución ahora revisada no muestra la verificación del cumplimiento o no de las obligaciones del Juez ahora demandado, vinculadas con el proceso y el normal desarrollo de cada etapa, examen obligatorio cuando se argumenta vulneración al debido proceso. La presunción de veracidad que implica la ausencia de informe de la parte demandada, igualmente, debe guiarse por la razonabilidad y la legalidad de la notificación a esta; no resultando razonable efectuar una notificación a pocas horas de la audiencia de acción de libertad y pretender un apersonamiento en cuestión de horas o minutos; en el caso concreto, se generaron dos efectos negativos: la indefensión de la autoridad jurisdiccional demandada y la aplicación del principio de veracidad en su contra, lo cual no resulta legal, coherente o razonable. Por ello, se entiende que las resoluciones de un juez deben emitirse en tiempo oportuno, evitando la retardación de justicia y la consiguiente vulneración del principio de celeridad, a la luz del art. 3.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo); en tal situación, el Juez de garantías debe analizar ambas cuestiones: la oportunidad de las resoluciones y el cumplimiento de cada etapa del procedimiento, tanto en el juzgado cuestionado dirigido por la parte demandada como en su propio despacho. En este sentido, si bien el accionante presentó el memorial por el cual ofreció garantes el 19 de diciembre de 2022, el mismo no habría sido respondido, aplicándose el principio de presunción de veracidad que derivó en la concesión de la tutela, no corresponde ratificar dicha decisión en la medida en que, pese al tiempo transcurrido desde la remisión de antecedentes hasta la dictación de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Juez demandado no presentó ante el órgano de control constitucional prueba que desvirtúe la concesión de la tutela; sin embargo, corresponde exhortar a los Tribunales y Jueces de garantías a que el señalamiento de la audiencia de acción de libertad considere un tiempo razonable para que la autoridad demandada pueda revisar antecedentes, presentar informe y remitir el expediente o cuaderno correspondiente; para ello, conforme al principio de celeridad, el señalamiento de audiencia debe notificarse de manera inmediata.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 27/22 de 29 de diciembre de 2022, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, en el marco de la fundamentación jurídica contenida en el presente fallo constitucional; 2° Exhortar a los Jueces y Tribunales de garantías en acciones de libertad, realizar las notificaciones de manera inmediata con el señalamiento de día y hora para la celebración de audiencia de garantías con el tiempo pertinente, considerando las razones explicadas en los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; y, 3° Disponer que, mediante Secretaría General de este Tribunal Constitucional Plurinacional, se remita copia del presente fallo constitucional a los Tribunales Departamentales de Justicia del país para su atención. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0426_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1d0a76839adafda194e58cdb3eddfe38592ff9fb6375d968ff734d96cc11be45
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