B.IA.LEGAL

SCP 0426/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
58298-2023-117-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al acceso a la justicia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración de la prueba y defensa; así como, de los principios pro actione, igualdad, legalidad y seguridad jurídica; puesto que, la entonces Fiscal Departamental hoy accionada -en conocimiento de la impugnación a la Resolución de Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 18 de febrero de 2022 en favor de Carmen Rodríguez Ramos y Joel “Quiroga” Castedo ahora terceros interesados-, sin valorar, ni considerar razonablemente los elementos probatorios colectados durante la etapa investigativa que acreditaron su participación en los hechos del delito de estafa, ratificó la decisión recurrida en apelación mediante la Resolución Jerárquica FDC/NGGR IS 552/2022 de 20 de diciembre, limitándole injustificadamente el acceso a una instancia superior con la finalidad de exponer sus argumentos y que la prueba sea valorada, careciendo de un análisis integral que lo dejó desprotegido como parte afectada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La exigencia de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público; 2) Sobre la valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC-094/2023 de 30 de agosto, cursante de fs. 137 a 140 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La exigencia de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público
  2. III.2. Sobre la valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0426/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 58298-2023-117-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución AAC-094/2023 de 30 de agosto, cursante de fs. 137 a 140 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Franz Igor Vidal Aparicio contra Nuria Gisela Gonzáles Romero, ex Fiscal Departamental de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memoriales presentados el 27 de julio y 4 de agosto de 2023, cursantes de fs. 32 a 47 vta. y 58 y vta., manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Franz Igor Vidal Aparicio contra Carmen y Sandro Luis, ambos de apellidos Rodríguez Ramos y Joel “Quiroga” Castedo -ahora terceros interesados-, por la presunta comisión del delito de estafa con agravante de víctimas múltiples, previsto y sancionado por los arts. 335 y 346 bis del Código Penal (CP), el Fiscal de Materia asignado al caso, emitió la Imputación Formal el 14 de junio de 2021, al encontrar suficientes elementos de convicción sobre la existencia del hecho y la autoría de los hoy terceros interesados; sin embargo, después de la etapa preparatoria, el citado Fiscal concluyó con la Resolución de Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 18 de febrero de 2022, en el que por un lado, acusó a Sandro Luis Rodríguez Ramos, hoy tercero interesado, y sobreseyó a los otros coimputados, Carmen Rodríguez Ramos y Joel “Quiroga” Castedo, alegando la falta de elementos de prueba para sustentar la acusación fiscal. Contra la Resolución de Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 18 de febrero de 2022, formuló impugnación, siendo resuelta por Resolución Jerárquica FDC/NGGR IS 552/2022 de 20 de diciembre, pronunciada por la entonces Fiscal Departamental de Cochabamba -hoy accionada-, quien arguyendo una supuesta falta de carga probatoria argumentativa y sin efectuar un análisis integral de los elementos probatorios colectados durante la etapa investigativa, confirmó la mencionada Resolución de Requerimiento Conclusivo, omitiendo considerar que: a) No se colectaron elementos probatorios que contradigan o destruyan los presupuestos que establecieron la participación de los sobreseídos, Carmen Rodríguez Ramos y Joel “Quiroga” Castedo, durante la etapa preparatoria de la investigación, y lo recopilado no fue objeto de valoración adecuada a pesar que sirvió como base para la Imputación Formal de 14 de junio de 2021, limitándose a aspectos superficiales que no responden a criterios de razonabilidad, y con ello limitaron y eliminaron injustificadamente su acceso a una instancia superior para exponer sus fundamentos y presentar pruebas adicionales, afectando la igualdad de las partes dentro de un proceso penal; y, b) Infringió el principio pro actione, al privarle de la protección como parte afectada e incumplir su obligación de promover y facilitar el ejercicio de sus derechos fundamentales.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al acceso a la justicia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración de la prueba y defensa; así como, de los principios pro actione, igualdad, legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 8.II, 14.II, 115.I y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución Jerárquica FDC/NGGR IS 552/2022 de 20 de diciembre, debiendo emitirse una nueva, considerando los fundamentos expuestos en la presente acción tutelar.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 30 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 134 a 136, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestó que: 1) La entonces Fiscal Departamental hoy accionada emitió la Resolución Jerárquica FDC/NGGR IS 552/2022, con la cual limitó el acceso a una instancia superior para exponer sus fundamentos, presentar sus pruebas y demostrar la autoría de los sobreseídos, Carmen Rodríguez Ramos y Joel “Quiroga” Castedo; y, 2) No se tiene una valoración adecuada de la prueba recopilada durante la etapa investigativa en el proceso penal, careciendo de un análisis exhaustivo de la evidencia presentada que sustentó la Imputación Formal de 14 de junio de 2021, en la cual se evidenció la participación de los coautores, Carmen Rodríguez Ramos y Joel “Quiroga” Castedo, siendo incluso uno de ellos hermana del acusado, Sandro Luis Rodríguez Ramos.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Nuria Gisela Gonzáles Romero, entonces Fiscal Departamental de Cochabamba, mediante informe presentado el 14 de agosto de 2023, cursante de fs. 73 a 79, manifestó que: i) El accionante se limitó a mencionar que la Resolución Jerárquica FDC/NGGR IS 552/2022, no realizó una valoración integral de los elementos de convicción colectados, sin cumplir con la carga argumentativa y probatoria de acreditar cuál de los elementos de convicción reclamados tiene relevancia constitucional o tenga incidencia en la resolución final de modo que se determine algo distinto, lo que impide que la jurisdicción constitucional -Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba-realice la valoración de la prueba, siendo esa valoración exclusiva de la jurisdicción ordinaria; ii) Existen autorestricciones para ingresar a evaluar la interpretación de la legalidad ordinaria conforme lo establece la SCP 0390/2018-S1 de 13 de agosto; más aun, si en la presente acción de amparo constitucional, el accionante no identificó la regla de interpretación que fue omitida, y tampoco estableció el nexo de causalidad entre los hechos y los derechos o garantías que fueron vulnerados; iii) Los principios de legalidad, congruencia, fundamentación, verdad material, igualdad, no discriminación y seguridad jurídica, no pueden ser tutelados por medio de la presente acción de defensa, en mérito a su naturaleza jurídica, conforme señala la SCP 0551/2012 de 20 de julio; y, v) La SC 1905/2010-R de 25 de octubre y la SCP 1062/2016-S3 de 3 de octubre, establecen la relevancia constitucional como un límite para la procedencia de la acción de libertad, presupuesto que no fue cumplido por el accionante. Por lo manifestado, pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Joel “Quiroga” Castedo, a través de su abogado en audiencia, manifestó que los alegatos del accionante fueron incongruentes con los fundamentos planteados en el memorial de 14 de marzo de 2022, en el cual, el nombrado formuló impugnación contra la Resolución de Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 18 de febrero de igual año, referente a la valoración de la prueba, al ser la misma valorada por el Fiscal de Materia y luego por la entonces Fiscal Departamental hoy accionada en la Resolución Jerárquica FDC/NGGR IS 552/2022; además, el accionante contra la misma pudo presentar complementación a objeto de corregir o subsanar su contenido; por lo que, su pretensión no se adecúa a la acción de amparo constitucional, debiendo denegarse la tutela solicitada.

Carmen Rodríguez Ramos, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 133.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución AAC-094/2023 de 30 de agosto, cursante de fs. 137 a 140 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) Por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución privativa y exclusiva para las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha atribución, las autoridades jurisdiccionales o administrativas se apartaron de los marcos de razonabilidad, equidad y que la prueba no fue omitida de manera arbitraria, ni se basaron en prueba inexistente; sin embargo en el caso, la entonces Fiscal Departamental ahora accionada advirtió que el Fiscal de Materia no se apartó de la valoración, ni omitió considerar elemento probatorio alguno; puesto que, identificó todas la pruebas proporcionadas en la etapa de investigación, cumplió con las reglas de la jurisprudencia a efectos de corroborar el pronunciamiento respecto a las mismas, sin que se advierta tal omisión que vulnere el derecho al debido proceso; y, b) No se advierte la vulneración del derecho a la justicia; ya que, el criterio de la mencionada Fiscal Departamental al emitir la resolución Jerárquica FDC/NGGR IS 552/2022, contiene la debida fundamentación al responder de manera precisa y clara los agravios alegados. Con relación a la tutela de principios, no es función de la jurisdicción constitucional, sino, de derechos y garantías constitucionales.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Resolución de Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 18 de febrero de 2022, emitida por el Fiscal de Materia en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Franz Igor Vidal Aparicio -hoy accionante- contra Carmen y Sandro Luis, ambos de apellidos Rodríguez Ramos y Joel “Quiroga” Castedo -ahora terceros interesados-, por la presunta comisión del delito de estafa con agravante de víctimas múltiples, previsto y sancionado por los arts. 335 y 346 bis del CP, determinando el “…SOBRESEIMIENTO a favor de los imputados CARMEN RODRIGUEZ RAMOS Y JOEL “QUIROGA” CASTEDO…

Haciendo constar que en contra de SANDRO LUIS RODRIGUEZ RAMOS, se ha emitido resolución de acusación formal” (sic [fs. 3 a 14]). II.2. Por memorial de 14 de marzo de 2022, el accionante impugnó la Resolución de Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 18 de febrero de 2022 (fs. 15 a 24); mereciendo como respuesta la Resolución Jerárquica FDC/NGGR IS 552/2022 de 20 de diciembre, pronunciada por Nuria Gisela Gonzáles Romero, entonces Fiscal Departamental de Cochabamba -ahora accionada-, dictaminando que: “…RATIFICA la Resolución de Sobreseimiento de 18 de febrero de 2022 disponiendo, en consecuencia, la conclusión del proceso, debiendo tramitarse la cancelación de los antecedentes penales y medidas cautelares, que se hubiesen impuesto a los imputados, ante la autoridad judicial que ejerció el control jurisdiccional” (sic [fs. 28 a 31 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al acceso a la justicia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración de la prueba y defensa; así como, de los principios pro actione, igualdad, legalidad y seguridad jurídica; puesto que, la entonces Fiscal Departamental hoy accionada -en conocimiento de la impugnación a la Resolución de Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 18 de febrero de 2022 en favor de Carmen Rodríguez Ramos y Joel “Quiroga” Castedo ahora terceros interesados-, sin valorar, ni considerar razonablemente los elementos probatorios colectados durante la etapa investigativa que acreditaron su participación en los hechos del delito de estafa, ratificó la decisión recurrida en apelación mediante la Resolución Jerárquica FDC/NGGR IS 552/2022 de 20 de diciembre, limitándole injustificadamente el acceso a una instancia superior con la finalidad de exponer sus argumentos y que la prueba sea valorada, careciendo de un análisis integral que lo dejó desprotegido como parte afectada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La exigencia de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público; 2) Sobre la valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. La exigencia de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público

La SCP 0710/2024-S3 de 23 de agosto, citando a la SCP 0825/2018-S1 de 5 de diciembre, y esta a su vez a la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, establece que: «“ʽ…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPPʼ”. Igualmente, la SCP 0245/2012 de 29 de mayo, que refrendó a la SC 1523/2004-R de 28 septiembre, expresó que: “…se declaró la procedencia de un amparo constitucional en razón a que el requerimiento de sobreseimiento y su ratificación por el Fiscal de Distrito demandado se circunscribieron a citar algunas pruebas ignorando el resto de las mismas y a partir de generalizaciones se llegó a la conclusión de que no existían suficientes elementos de juicio para el juzgamiento penal sin individualizar siquiera a los imputados, ni analizar sus conductas en relación a los elementos constitutivos de los delitos por los que fueron imputados, lesionándose el derecho de acceso a la justicia de la víctima e ignorándose que toda resolución que resuelva el fondo del asunto: ‘…no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver…’, de lo contrario su decisión resultaría arbitraria: ‘…pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión…’; lo que en definitiva debió ser observado por el fiscal superior”. (…) Por lo que la Resolución fiscal debe estar debidamente fundamentada, lo que significa que resolviendo el fondo, su requerimiento debe cumplir exigencias de estructura de forma como de contenido, no limitándose a relatar lo ya expuesto por los sujetos procesales, sino citar los elementos probatorios aportados por éstos, exponer su criterio sobre el valor dado a los mismos luego del contraste y valoración que hagan de ellos y aplicando las normas jurídicas a resolver, evitando así tomar decisiones arbitrarias» (las negrillas son nuestras).

III.2. Sobre la valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional

La SC 0025/2010-R de 13 de abril, señala que: “…este Tribunal, en invariable y reiterada jurisprudencia, ha establecido que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba, dado que ésta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y tribunales, conforme a la atribución que les confiere la Constitución de manera general; y las leyes de manera específica, deben examinar todo cuanto sea presentado durante el proceso y finalmente emitir un criterio con la independencia que esto amerita...” (las negrillas nos pertenecen). Asimismo, estableció situaciones excepcionales en las que se puede ingresar a la valoración de la prueba, así mediante las SSCC 0938/2005-R, 0965/2006-R y 0662/2010-R, entre otras, establece que:“…La facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por ende la jurisdicción constitucional no puede ni debe pronunciarse sobre cuestiones de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, en consecuencia, menos aún podría revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, emitiendo criterios sobre dicha valoración y pronunciándose respecto a su contenido. Ahora bien, la facultad del Tribunal Constitucional a través de sus acciones tutelares alcanza a determinar la existencia de lesión a derechos y garantías fundamentales cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido arbitrariamente efectuar dicha ponderación” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen [SC 0662/2010-R de 19 de julio]). La SC 0115/2007-R de 7 de marzo, señala que: “…además de la omisión en la consideración de la prueba, (…) es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento” (las negrillas nos corresponden). La SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, establece que: “…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente” (las negrillas son nuestras). Finalmente, la SCP 0514/2025-S1 de 22 de mayo, reiterando lo razonado por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, que efectuó la clasificación de los referidos criterios sobre valoración de la prueba en sede constitucional, previa aclaración de que, si bien la valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas, la justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: “b.1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b.2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, b.3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; c) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, d) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales”.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al acceso a la justicia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración de la prueba y defensa; así como, de los principios pro actione, igualdad, legalidad y seguridad jurídica; puesto que, la entonces Fiscal Departamental hoy accionada -en conocimiento de la impugnación a la Resolución de Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 18 de febrero de 2022 en favor de Carmen Rodríguez Ramos y Joel “Quiroga” Castedo ahora terceros interesados-, sin valorar, ni considerar razonablemente los elementos probatorios colectados durante la etapa investigativa que acreditaron su participación en los hechos del delito de estafa, ratificó la decisión recurrida en apelación mediante la Resolución Jerárquica FDC/NGGR IS 552/2022 de 20 de diciembre, limitándole injustificadamente el acceso a una instancia superior con la finalidad de exponer sus argumentos y que la prueba sea valorada, careciendo de un análisis integral que lo dejó desprotegido como parte afectada. De la revisión de los antecedentes descritos en la parte conclusiva de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, del proceso penal referido con anterioridad, se advierte que el Fiscal de Materia emitió Resolución de Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 18 de febrero de 2022, en favor de los imputados -Carmen Rodríguez Ramos y Joel “Quiroga” Castedo-, hoy terceros interesados y acusación formal contra Sandro Luis Rodríguez Ramos, ahora tercero interesado (Conclusión II.1.); asimismo, el accionante por memorial de 14 de marzo de igual año, impugnó la referida Resolución de Requerimiento Conclusivo, mereciendo en respuesta la Resolución Jerárquica FDC/NGGR IS 552/2022, emitido por la entonces Fiscal Departamental hoy accionada, ratificando esa Resolución de Requerimiento Conclusivo y disponiendo la conclusión del proceso penal, debiendo tramitarse la cancelación de los antecedentes penales y las medidas cautelares impuestas a los imputados sobreseídos, Carmen Rodríguez Ramos y Joel “Quiroga” Castedo, ahora terceros interesados (Conclusión II.2.). Ahora bien, precisada la problemática planteada, amerita dilucidar si la Resolución Jerárquica FDC/NGGR IS 552/2022, emitida por la ex Fiscal Departamental ahora accionada, fue emitida en: i) Inobservancia de la valoración de la prueba; y, ii) Carencia de los elementos de fundamentación y motivación. Conforme la delimitación pretendida por el accionante en la acción de amparo constitucional. a) Con relación al elemento de falta de valoración de la prueba Respecto al elemento de falta de valoración de la prueba en el debido proceso, la jurisprudencia constitucional -por regla general-establece la imposibilidad de considerarla en sede constitucional, por ser una atribución privativa y exclusiva de las autoridades administrativas y jurisdiccionales; empero, -siempre tratándose de la vulneración de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales-, precisa situaciones en las que es posible tratar su análisis, reconociendo supuestos de verificación, si en dicha labor: “…b.1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b.2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, b.3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; c) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, d) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales” (SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero). En ese entendido, en el caso de autos, el accionante claramente delimita su pretensión al no considerar los elementos de investigación que fueron base para la Imputación Formal de 14 de junio de 2021, respecto a Carmen Rodríguez Ramos y Joel “Quiroga” Castedo -sobreseídos- ahora terceros interesados, cuestionando la razonabilidad en la labor valorativa aparentemente distinta al medio probatorio, en especial de informes de diferentes instituciones que acreditaron que los nombrados formaban parte de una asociación delictuosa, como establece: 1) El Informe UNI/JS/CBBA/C 021/2021 de 12 de enero, emitido por Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA Sociedad Anónima (S.A.) Cochabamba, que develó la identidad de la persona que adquirió el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) de los vehículos con placa de circulación 3591-GXN y 4062-CCE, durante las gestiones 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, indicando que el primer vehículo no contaba con registro de adquisición de SOAT; empero, el segundo si contaba con dicho registro en las gestiones 2017, 2018, 2019 y 2020, adquiridas por Joel “Quiroga” Castedo -hoy tercero interesado-; 2) La Nota de 15 de enero de 2021, firmada por el Director Departamental de Fiscalización y Recaudaciones, que adjuntó el Informe D.D.F.R. -CBBA/ITV/ 0007/2021 de 14 de enero, en el cual informó que: al vehículo con placa de circulación 3591-GXN, desde el 2016 no se le realizó la Inspección Técnica Vehicular y al vehículo con placa de circulación 4062-CCE si se hizó la Inspección Técnica Vehicular el 2016, 2017, 2018 y 2019, consignando los datos de Joel “Quiroga” Castedo -ahora tercero interesado- y el 2019 se efectúo el registro a nombre de Juan Carlos Rojas López -poseedor-; y, 3) El Cite: ANH 01281 DCB 0275/2021 de 21 de enero, presentado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Cochabamba, que informó y remitió el kardex de ambos motorizados, precisando que en la base de datos registrados en el sistema “B-SISA”, el vehículo con placa de circulación 3591-GXN, consignó como propietaria a Carmen Rodríguez Ramos, hermana del acusado Sandro Rodríguez Ramos ahora terceros interesados, y el vehículo con placa de circulación 4062-CCE registrado a nombre de Joel “Quiroga” Castedo hoy tercero interesado, de quien figura el nombre en todas las certificaciones adjuntadas a la investigación en el proceso penal. Asimismo, el accionante informó que el nombre que se consignó en facturas de las compras de gasolina en dichos vehículos, desde “noviembre” de 2016 hasta el 14 del referido mes de 2020, se encontraban a nombre de Carmen Rodríguez Ramos y Joel “Quiroga” Castedo ahora terceros interesados, y en la última temporada a nombre de Juan Carlos Rojas López, poseedor. Además, respecto de la prueba testifical de cargo, el accionante ratificó que los hoy terceros interesados participaron de manera conjunta en la comisión de los delitos de estafa y hurto para obtener ventajas a través de la disposición patrimonial contra su economía, precisando detalles de su accionar; además, que el Fiscal de Materia aseguró que Joel “Quiroga” Castedo ahora tercero interesado se encontraba en posesión de un vehículo que no fue de su propiedad. Respecto de las alegaciones, la ex Fiscal Departamental hoy accionada procedió a identificar las pruebas proporcionadas en la etapa preparatoria de la investigación a efectos corroborar su consideración; asimismo, con relación a Carmen Rodríguez Ramos -beneficiada con el sobreseimiento- hoy tercera interesada, apoyándose en el kardex del motorizado expedido por la ANH, que la convalidó como propietaria del vehículo con placa de circulación 3591-GXN y con registro de adquisición de SOAT el 8 de julio de 2015, así como en las declaraciones testificales de Ruddy Pinto Andia y Emerzon Jovany Alemán Martínez, quienes refirieron tener conocimiento, que el accionante tomó contacto con la ahora tercera interesada; empero, sin que dicho contacto fuese suficiente para establecer su participación en la comisión delictiva que se investigó; más aun, si de los datos de la denuncia, se advierte que la entrega de ese vehículo se realizó el 2016, y si bien la denunciada Carmen Rodríguez Ramos en esa denuncia manifestó que no denuncie a Sandro Luis Rodríguez Ramos -su hermano-, hoy terceros interesados, y que el nombrado se encargaría de devolver tanto el dinero y los vehículos, esas aseveraciones tampoco lograron ser corroboradas por algún otro elemento probatorio. De manera similar, con relación a Joel “Quiroga” Castedo hoy tercero interesado, según el Informe UNI/JS/CBBA/C 021/2021, fue quien adquirió el SOAT del vehículo con placa de circulación 4062-CCE el 2017, 2018, 2019 y 2020, así también según la Nota de 15 de enero de 2021, remitida por el Director Departamental de Fiscalización y Recaudaciones, adjuntando el Informe D.D.F.R.-CBBA/ITV/0007/2021, que menciona que la inspección técnica vehicular fue realizada a su nombre, elementos probatorios apoyados en la versión testifical de Rubén Pascual Rodríguez Herrera, señalando que el acusado -Sandro Luis Rodríguez Ramos- llevaba troncos al aserradero de Joel “Quiroga” Castedo ahora terceros interesados, lugar al que también llevó una vagoneta Ford Color gris, entregándole en calidad de garantía por un préstamo de dinero, coincidente con la declaración de Lizeth Jhenny Gutiérrez Camacho, quien aseveró que el vehículo fue dejado en garantía por un préstamo de dinero por la suma de $us5 000.- (cinco mil dólares estadounidenses), acciones realizadas por el acusado Sandro Luis Rodríguez Ramos con la única finalidad de beneficiarse del bien económico del accionante, y si bien el 2019, se realizó la inspección técnica vehicular a nombre de Juan Carlos Rojas López, la misma se efectuó en calidad de garantía por Joel “Quiroga” Castedo hoy tercero interesado. En efecto, la valoración desplegada por la ex Fiscal Departamental hoy accionada, observa las reglas de la jurisprudencia de considerar los elementos probatorios en el marco de la razonabilidad, cuya compulsa sustenta la determinación de mantener el sobreseimiento de Carmen Rodríguez Ramos y Joel “Quiroga” Castedo ahora terceros interesados con pertinencia y con base en la cual se sustanció el proceso penal, no evidenciándose un apartamiento en la labor valorativa de los cánones de equidad, y si bien se le dio un valor diferente al medio probatorio, no se desconoció el principio de verdad material, cuestiones que llevaron a la lógica conclusión de la ex Fiscal Departamental ahora accionada sobre la inexistencia de elementos para sustentar una acusación fiscal respecto de los sobreseídos Carmen Rodríguez Ramos y Joel “Quiroga” Castedo hoy terceros interesados; por lo que, no resulta ser cierta la denuncia de carencia de valoración de la prueba que se alega en esta acción tutelar. ii) Respecto a la ausencia de los elementos de fundamentación y motivación Sobre los elementos de fundamentación y motivación del debido proceso, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en particular tratándose de las resoluciones de segunda instancia dictaminadas dentro de un proceso penal que concierne al fondo de lo que se investiga, razonó que deben ser necesariamente motivadas y fundamentadas, señalando las pruebas que aportaron, exponiendo su criterio sobre el valor que le dan a las mismas, y luego del contraste y valoración que hagan de esas pruebas, aplicarán las normas jurídicas a resolver, cumpliendo exigencias de manera y de contenido, evitando asumir decisiones arbitrarias. Ahora bien, en el caso de autos, el objeto de la presente acción tutelar si bien se centra sustancialmente en cuestionar la falta de valoración probatoria, de manera genérica refiere que la Resolución Jerárquica FDC/NGGR IS 552/2022, carecería de fundamentación y motivación del debido proceso, vinculándola a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, alegando que se le priva de la protección como parte afectada de su ejercicio; sin embargo, tanto en sus antecedentes como en la parte del análisis propiamente, la ex Fiscal Departamental hoy accionada efectuó un despliegue normativo aplicable al caso que respalda la decisión asumida, considerando los aspectos cuestionados en la impugnación a la Resolución de Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 18 de febrero de 2022, haciendo una enumeración de las circunstancias fácticas del caso, analizando los hechos y la documentación presentada como prueba, advirtiéndose una explicación descriptiva de las circunstancias de hecho y los motivos de derecho a través de una ilustración fáctica e intelectiva con base en los indicios colectados en el desarrollo de la investigación por el Fiscal de Materia de la causa para el descubrimiento de la verdad histórica del delito denunciado, conteniendo un extenso análisis de los elementos probatorios sobre la existencia del hecho vinculado a la participación y autoría de los sobreseídos Carmen Rodríguez Ramos y Joel “Quiroga” Castedo ahora terceros interesados, para concluir que no se logró fundar una acusación fiscal.

Por consiguiente, la Resolución Jerárquica FDC/NGGR IS 552/2022, efectuó un recuento y cronología de los antecedentes, analizando los hechos y la documentación existente en el cuaderno de investigación, concluyendo a partir de los indicios colectados de manera fundamentada en la ratificación de la Resolución de Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 18 de febrero de 2022, por estimar que los elementos de prueba son insuficientes para fundar una acusación fiscal, conforme prevé el art. 323 del Código de Procedimiento Penal (CPP), resultando esa labor hermenéutica en explicación suficiente que emerge de una valoración integral del contenido de las actuaciones, establecida por el art. 65. de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP). Asimismo, dicha disposición se enmarca al trámite que regula el art. 324 del CPP, al determinar la conclusión del proceso penal con relación a los imputados sobreseídos Carmen Rodríguez Ramos y Joel “Quiroga” Castedo ahora terceros interesados, el cese de las medidas cautelares y la cancelación de sus antecedentes penales que se impusieron a los nombrados, resultando la mencionada labor hermenéutica suficiente, ameritando denegar la tutela solicitada respecto de los elementos del debido proceso examinados.

Sobre el reclamo de los derechos al acceso a la justicia y a la defensa, también denunciados como vulnerados, corresponde igualmente su denegatoria en mérito a que, de la revisión minuciosa del memorial de acción de amparo constitucional, no se advierte cómo y de qué manera la ex Fiscal Departamental ahora accionada a través de la emisión de la Resolución Jerárquica FDC/NGGR IS 552/2022, vulneró los citados derechos, cuya mención sin ninguna argumentación, ni prueba que la respalde, no activa su consideración, debiendo demostrar la amenaza en circunstancias reales y materiales (SCP 0273/2018-S1 de 25 de junio). Asimismo, con relación a los principios pro actione, igualdad, legalidad y seguridad jurídica; puesto que, según la jurisprudencia constitucional la acción de amparo constitucional no tiene por objeto tutelar los mismos, sino derechos y garantías constitucionales, extendiendo su protección únicamente cuando se los vincule con ellos (SCP 1167/2015-S3 de 16 noviembre), extremo que en el caso de autos esa relación no fue evidenciada y que justifique la intervención de esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, correspondiendo su denegatoria. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC-094/2023 de 30 de agosto, cursante de fs. 137 a 140 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0426_2026-S1.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8c358fbcfe5257979f80c1d389eafcc5e839573d0bcb7ab1ed0bdf47bd023b8c

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