Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 8 de mayo de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la educación y a los principios de celeridad, especialidad y pro homine; puesto que, ante la suspensión de la audiencia de modificación o sustitución de medidas socio-educativas de 4 de julio de 2022, debido a que el cuaderno de investigación se encontraba archivado, por consiguiente se ordenó al Fiscal Departamental de La Paz el respectivo desarchivo; no obstante, de las reiteradas solicitudes hasta la interposición de esta acción de libertad, no se programó nuevo día y hora de audiencia, transcurriendo cuatro meses y seis días, reflejando una retardación de justicia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad innovativa; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; c) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2022 de 22 de noviembre, cursante de fs. 102 a 104, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de principio de celeridad, especialidad y pro homine vinculados con el derecho a la libertad, en las modalidades de acción de libertad de pronto despacho o traslativa y acción de libertad innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR la tutela solicitada respecto a la vulneración del derecho a la educación; así como en cuanto a Ybar Hugo Ulloa Castaños, Secretario, del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Viacha del departamento de La Paz por carecer de legitimación pasiva, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 3º Exhortar a Modesta Irma Quisbert Rojas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Viacha del departamento de La Paz, a que en futuras actuaciones obre bajo los principios de celeridad, eficacia y eficiencia previstos en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado, evitando la vulneración de derechos y garantías constitucionales, de acuerdo a lo señalado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 4º Exhortar a Michael Marcial Salazar Urquiza, Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a que en futuras acciones de libertad puestas a su conocimiento, tome en cuenta los entendimientos respecto a la legitimación pasiva, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0426/2025-S1 Sucre, 8 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52018-2022-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 13/2022 de 22 de noviembre, cursante de fs. 102 a 104, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Bismar Pocoma Montaño contra Modesta Irma Quisbert Rojas, Jueza; Ybar Hugo Ulloa Castaños, Secretario y Auxiliar, todos del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Viacha del departamento de La Paz.
El accionante por memorial presentado el 21 de noviembre de 2022, cursante de fs. 26 a 32 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal (CP) fue sentenciado con la medida restrictiva de libertad por seis años en el Centro de Rehabilitación “Qalahuma” de La Paz; por lo que, al cumplir cinco años, seis meses y dieciséis días en dicho Centro de Rehabilitación conforme se puede advertir a través del Certificado de Permanencia y el Plan Individual de Ejecución de Medidas (PIEM), en amparo del art. 347 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de junio de 2014-, solicitó la modificación o sustitución de medidas socio-educativas impuestas; señalándose audiencia para el 4 de julio de 2022; sin embargo, la misma fue suspendida debido a que el Fiscal de Materia no contaba con el cuaderno de investigación, ya que se encontraba archivado; por lo que, la Jueza ahora accionada dispuso que se oficie a la Fiscalía Departamental de La Paz, a efecto del correspondiente desarchivo, se suspendió la mencionada audiencia sin señalar fecha y hora, remitiéndose oficio al referido Fiscal Departamental, el 7 de igual mes y año, para fines consiguientes. El 26 de septiembre, 17 y 26 de octubre de 2022, reiteró la solicitud de señalamiento de día y hora de audiencia de modificación o sustitución de medidas socio-educativas impuestas; sin embargo, hasta la formulación de esa acción de libertad, transcurrieron cuatro meses y seis días sin que se señale día y hora de la citada audiencia, reflejando una retardación de justicia e incumplimiento con lo previsto por el art. 346 del CNNA.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la educación y a los principios de celeridad, especialidad y pro homine; citando al efecto los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado; 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga que la Jueza ahora accionada señale día y hora de audiencia a la brevedad posible y resuelva su solicitud de modificación o sustitución de medidas socio-educativas que le fueron impuestas.
Celebrada la audiencia virtual el 22 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 99 a 101 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) Por un error interpuso la presente acción de libertad contra la Auxiliar del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Viacha del departamento de La Paz; b) Considerando que su persona se encontraba en el Centro de Rehabilitación “Qalahuma” del referido departamento, el tratamiento que tiene que recibir debe ser en función del Código Niña, Niño y Adolescente, es decir, como un adolescente con responsabilidad penal que en su momento fue sentenciado con una pena privativa de libertad de seis años, con ese criterio, se debe aplicar el art. 347 del CNNA; puesto que, la modificación o sustitución de medidas socio-educativas equivale a una libertad condicional para un adulto, siendo el único requisito establecido que el informe PIEM determine un nivel de riesgo bajo; en ese sentido, el art. 347.4 de dicho Código establece que en los casos que el delito cometido hubiese sido de extrema gravedad solo podrá hacerse uso de las facultades de suspensión o sustitución de las referidas medidas cuando transcurrió al menos la mitad del tiempo del régimen dispuesto; por lo que, el accionante hasta la formulación de la acción de libertad se encontraba cinco años y seis meses en el citado Centro de Rehabilitación, es decir, se encuentra con más tiempo de la mitad de la pena que le fue impuesta; c) Solicitó la modificación o sustitución de medidas “cautelares” -se entiende socio-educativas” ya que se cumplió con el PIEM; a su vez pidió en tres oportunidades que se señale audiencia de modificación o sustitución de medidas socio-educativas; sin embargo, hasta el 21 de noviembre -de 2022-, no se le notificó con ninguna disposición al respecto; no obstante, intentó tener acceso al cuaderno de investigación, pero no se le permitió, como tampoco se pudo tener conocimiento de los decretos a los memoriales presentados; d) El Secretario ahora coaccionado, refirió que no se contaba con el cuaderno de investigación para la prosecución de la referida audiencia, siendo que se cuenta con plataformas virtuales en las que se encuentra escaneada toda la documentación; asimismo, se debe tener en cuenta que para la atención de la solicitud que presentó únicamente se requiere el PIEM y no así el cuaderno de investigación; e) Mediante esta acción de libertad solicitó que se señale día y hora de audiencia de consideración para que el accionante pueda acceder a la modificación o sustitución de medidas socio-educativas, siendo que la Jueza hoy accionada se limitó a pedir al Fiscal Departamental de La Paz, que remita el cuaderno de investigación, el cual tendría que estar en plataforma virtual o en su defecto al contar con una sentencia podría resolverse la solicitud con base en ella, ya que el proceso penal ya se encontraría tramitado; y, f) Por todo lo mencionado pidió que se conceda la tutela solicitada, ya que se demostró una dilación en un proceso de justicia penal juvenil en el que debe primar el principio de celeridad.
Modesta Irma Quisbert Rojas, Jueza; Ybar Hugo Ulloa Castaños, Secretario; y, Reinaldo Quispe García, Oficial de Diligencias -a pesar de no ser citado, presentó el correspondiente informe-; todos del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Viacha del departamento de La Paz, mediante informe de 22 de noviembre de 2022, cursante a fs. 38 y vta., manifestaron que: 1) El proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante se encuentra concluido con la Sentencia “22/2017”, mediante la cual fue condenado a la pena privativa de libertad de seis años, a cumplirse en el Centro de Rehabilitación “Qalahuma” del referido departamento, por la comisión del delito de asesinato; 2) Ante la solicitud de modificación o sustitución de medidas socio-educativas del accionante se señaló audiencia para el 4 de julio de 2022; cumplidas las formalidades y convocadas a las partes procesales, el Fiscal de Materia indicó que la causa se encontraría archivada y que no se contaba con el cuaderno de investigación; por lo que, el 8 de igual mes y año, se pidió a la Fiscalía Departamental de La Paz que se proceda al desarchivo de obrados con la finalidad de celebrar la referida audiencia; sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna, a pesar de los constantes reclamos; 3) El 26 de septiembre de ese año, los padres del accionante nuevamente solicitaron señalamiento de día y hora de audiencia de modificación o sustitución de medidas socio-educativas; empero, al no tener respuesta de la citada Fiscalía Departamental, nuevamente el 27 de igual mes y año, se le conminó a dicha Fiscalía Departamental bajo alternativa de oficiarse a la Fiscalía General del Estado en caso de incumplimiento; 4) La supuesta dilación en la tramitación de esa solicitud no es atribuible al indicado Juzgado Público, sino a la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Órgano Judicial al no otorgar a tiempo la boleta de fotocopias para remitir antecedentes a la Fiscalía “Departamental” -se entiende General- y a la Fiscalía Departamental de La Paz, por no responder a tiempo los oficios y las conminatorias enviadas; y, 5) Ante el apersonamiento del Fiscal de Materia el 18 de noviembre de 2022, se señaló audiencia de modificación o sustitución de medidas socio-educativas del accionante para el 29 de igual mes y año, a las 9:00 horas, tomando en cuenta que ese Juzgado es Mixto y se les notificó con las jornadas de descongestionamiento en los centros penitenciarios de manera obligatoria.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 13/2022 de 22 de noviembre, cursante de fs. 102 a 104, concedió la tutela solicitada, respecto a la Jueza ahora accionada; y, denegó la tutela solicitada en cuanto al Secretario hoy coaccionado y al “Oficial de Diligencias”; disponiendo que la referida Jueza atienda y resuelva en un plazo razonable y sin lugar a justificaciones indebidas y fuera del marco legal la petición de modificación o sustitución de medidas socio-educativas solicitadas por el accionante. Exhortando a dicha Jueza observar el principio de celeridad en todas las causas, con mayor atención más aun si se encuentran involucrados privados de libertad; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) La solicitud realizada por el accionante en esta acción de defensa ingresa dentro de los alcances determinados en la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, ya que se trata de una petición de un privado de libertad respecto a definir su situación jurídica; ii) Desde la audiencia celebrada el 4 de julio -de 2022-, transcurrieron más de cuatro meses sin que la petición de modificación o sustitución de medidas socio-educativas se hubiese resuelto, en ese sentido, la Jueza ahora accionada justificó tal demora debido a que en la respectiva audiencia el Fiscal de Materia indicó que la causa se encontraba archivada, en consecuencia no se contaba con el cuaderno de investigación; sin embargo, lo mencionado no constituye justificación válida para que una solicitud no sea resuelta por más de cuatro meses, más aún si se trata de una persona con condena, no siendo una necesidad contar con el cuaderno de investigación; ya que, existe una sentencia condenatoria que estableció la responsabilidad penal del menor de edad infractor; iii) Se debe tomar en cuenta que el rol del Juez es de un tercero imparcial, el Ministerio Público al ser la institución estatal encargada de la persecución penal debe procurar las condiciones necesarias con la finalidad de participar en las actuaciones jurisdiccionales que son convocadas; por lo que, la Jueza hoy accionada supeditó la resolución -de la situación jurídica- de un privado de libertad al desarchivo de un cuaderno de investigación y esperó un tiempo irracional a que la Fiscalía Departamental de La Paz, desarchive un cuaderno de investigación únicamente para brindarle condiciones a esa institución de participar en el acto -jurisdiccional-. Por responsabilidad como funcionarios públicos deben informarse sobre todas las actuaciones que en su caso se habrían realizado en determinado proceso y la no existencia de un cuaderno de investigación respecto a una persona condenada, no puede ser causa -de una dilación- a fin de evitar resolver una petición de un privado de libertad, por lo que, la Jueza ahora accionada abiertamente atentó al derecho a la libertad y al debido proceso del accionante; iv) No pudo suspenderse la audiencia de 4 de julio -de 2022- por la falta del cuaderno de investigación, más aún cuando el Ministerio Público no acató el mandato judicial y tampoco informó sobre la situación del cuaderno de investigación, o en su caso desarchivarlo en un plazo razonable, no superior a setenta y dos horas; por lo que, la Jueza hoy accionada al tener conocimiento de que la audiencia de modificación o sustitución de medidas socio-educativas fue suspendida por tal motivo, debió convocar de oficio a ese actuado judicial e ingresar a valorar la petición del privado de libertad -accionante- en las condiciones en que el Ministerio Público se encontraba, no siendo correcto convocar una y otra vez esperando a que dicha institución encuentre el cuaderno de investigación y recién ingresar a analizar esa petición; por consiguiente esa actuación fue flagrantemente dilatoria y atentatoria a los derechos y garantías del condenado -accionante-; v) En la presente acción de libertad también se accionó contra el Secretario y el Auxiliar del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Viacha del departamento de La Paz; no obstante, de la revisión de antecedentes y del informe presentado por los nombrados no cuentan con legitimación pasiva, ya que la situación de un señalamiento y una suspensión de manera indebida de una audiencia, el pronunciamiento de conminatorias relativas al desarchivo del cuaderno de investigación y la emisión de los decretos que dilataron la tramitación de la petición de modificación o sustitución de medidas socio-educativas del accionante, no alcanza a los funcionarios de apoyo jurisdiccional al no adecuarse a sus funciones conforme con lo previsto por la Ley del Órgano Judicial; en consecuencia, no se encontró responsabilidad alguna sobre ellos; y, vi) Es obligación de todo funcionario público que conoce una petición vinculada al derecho a la libertad de una persona, otorgarle el tramite correspondiente conforme al principio de celeridad, más aún si se trata de un menor de edad infractor, quien como cualquier otro ciudadano tiene el derecho a una justicia pronta y oportuna, debiendo efectuarse las actuaciones a la brevedad posible tendientes a resguardar los derechos y garantías de un menor de edad, quien tiene derecho a una decisión de fondo en un plazo razonable, que conforme a la jurisprudencia constitucional no debe ser siempre positiva, sino que debe existir un pronunciamiento acorde a la ley. Si bien existe un señalamiento de audiencia para el 29 de noviembre -de 2022-, ese aspecto no deja de lado de que se vulneraron los derechos a la libertad y al debido proceso, la cual se encontraba latente al momento de la emisión de la Resolución 13/2022.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia de modificación o sustitución de medidas socio-educativas de 4 de julio de 2022, en el que Modesta Irma Quisbert Rojas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Viacha del departamento de La Paz -ahora accionada-, suspendió la citada audiencia sin señalar fecha y hora, disponiendo que previamente se oficie a la Fiscalía Departamental -de La Paz- a objeto de que ordene y se proceda al desarchivo del caso caratulado con el interno de “Fiscalía 350/2017”; asimismo, se dispuso que por Secretaría se notifique a la “víctima”, previa verificación de la existencia del domicilio real de la misma y si el caso lo amerita sea mediante edictos a través del Sistema Hermes (fs. 4 a 5). II.2. Por Oficio con Cite JNATSSSP1º 198/2022 de 7 de julio, emitida por la Jueza hoy accionada, mediante el cual puso en conocimiento de la Fiscalía Departamental de La Paz, lo determinado y ordenado en la audiencia de modificación o sustitución de medidas socio-educativas de 4 de julio de 2022. Constando sello de recepción de la referida Fiscalía Departamental de 8 de julio de 2022, a las 15:35 horas (fs. 6). II.3. Mediante memorial presentado el 26 de septiembre de 2022, ante la Jueza hoy accionada, los padres del accionante solicitaron día y hora de audiencia de modificación o sustitución de medidas socio-educativas (fs. 8 a 14 vta.); mereciendo el decreto de 27 de igual mes y año, por el que la Jueza ahora accionada indicó que el 8 de julio de ese año, se ofició a la Fiscalía Departamental de La Paz; sin embargo, hasta la indicada fecha no se dio cumplimiento a lo solicitado; por lo que, conminó a la representación distrital de la Fiscalía Departamental del referido departamento, para el desarchivo del caso caratulado con el interno de “Fiscalía 350/2017”, debiéndose informar al respecto en el plazo de cinco días bajo alternativa de oficiar al Fiscal General del Estado en caso de incumplimiento (fs. 15). II.4. A través de memorial presentado el 14 de octubre de 2022, ante la Jueza hoy accionada, los padres del accionante reiteraron la solicitud de señalamiento de día y hora de audiencia de modificación o sustitución de medidas socio-educativas (fs. 87 a 87); escrito que mereció el decreto de 17 de igual mes y año, por el que la Jueza ahora accionada indicó cúmplase con lo dispuesto en el decreto de 27 de septiembre de dicho año, por lo cual se dispondrá lo que en derecho corresponda (fs. 87 vta.).
II.5. Consta Oficio con Cite JNATSSSP1º 322/2022 de 24 de octubre, dirigido al Fiscal Departamental de La Paz, por el que la Jueza ahora accionada conminó a la representación distrital, para que desarchive el caso caratulado con el interno de la “Fiscalía 350/2017” seguido por el Ministerio Público contra el accionante y otro y asigne el mismo a alguno de los fiscales del asiento fiscal de Viacha, debiendo informar a ese despacho judicial sobre lo requerido por dicha Jueza, y sea en el plazo de cinco días hábiles, bajo alternativa de oficiar al Fiscal General en caso de incumplimiento. Constando sello de recepción de la referida Fiscalía Departamental de 8 de noviembre de 2022, a las 15:58 horas (fs. 94 y vta.). II.6. Por memorial presentado el 25 de octubre de 2022, ante la Jueza hoy accionada, los padres del accionante reiteraron la solicitud de día y hora de audiencia de modificación o sustitución de medidas socio-educativas (fs. 16 a 24 vta.); mereciendo el decreto de 26 de igual mes y año, por el que la referida Jueza dispuso estése a lo dispuesto en el decreto de 17 de dicho mes y año (fs. 25). II.7. Mediante memorial presentado el 18 de noviembre de 2022, ante la Jueza hoy accionada, el Fiscal de Materia se apersonó solicitando fotocopias simples y/o legalizadas de la resolución judicial que mereció la resolución de acusación fiscal, o en su caso señale día y hora de audiencia pendiente por resolver conforme a procedimiento, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra el accionante (fs. 97 y vta.); dicho escrito mereció el decreto de 21 del referido mes y año, por el que la indicada Jueza señaló audiencia de modificación o sustitución de medidas socio-educativas para el 29 de igual mes y año, a las 9:00 horas, a realizarse de manera virtual (fs. 98).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la educación y a los principios de celeridad, especialidad y pro homine; puesto que, ante la suspensión de la audiencia de modificación o sustitución de medidas socio-educativas de 4 de julio de 2022, debido a que el cuaderno de investigación se encontraba archivado, por consiguiente se ordenó al Fiscal Departamental de La Paz el respectivo desarchivo; no obstante, de las reiteradas solicitudes hasta la interposición de esta acción de libertad, no se programó nuevo día y hora de audiencia, transcurriendo cuatro meses y seis días, reflejando una retardación de justicia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad innovativa; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; c) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; y, d) Análisis del caso concreto.
La SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, recogiendo el razonamiento realizado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, establece que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. (…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan” (las negrillas son nuestras).
La SC 0465/2010-R de 5 de julio, señala que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, establece que: “De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la educación y a los principios de celeridad, especialidad y pro homine; puesto que, ante la suspensión de la audiencia de modificación o sustitución de medidas socio-educativas de 4 de julio de 2022, debido a que el cuaderno de investigación se encontraba archivado, por consiguiente se ordenó al Fiscal Departamental de La Paz el respectivo desarchivo; no obstante, de las reiteradas solicitudes hasta la interposición de esta acción de libertad, no se programó nuevo día y hora de audiencia, transcurriendo cuatro meses y seis días, reflejando una retardación de justicia. De antecedentes se tiene que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, fue sentenciado con la medida restrictiva de libertad por seis años, a ser cumplidas en el Centro de Rehabilitación “Qalahuma” de La Paz, en ese sentido, al cumplir cinco años, seis meses y dieciséis días de dicha pena, solicitó la modificación o sustitución de medidas socio-educativas que le fueron impuestas; por lo que, se señaló día y hora de audiencia para el 4 de julio de 2022; sin embargo, la citada audiencia fue suspendido, debido a que el Fiscal de Materia no contaba con los antecedentes al estar los mismos archivados; en ese sentido, la referida audiencia fue suspendida sin señalar fecha y hora, y la Jueza ahora accionada dispuso que previamente se oficie a la Fiscalía Departamental -de La Paz- a objeto de que ordene y se proceda al desarchivo del caso caratulado con el interno de “Fiscalía 350/2017”; asimismo, dispuso que por Secretaría se notifique a la “víctima”, previa verificación de la existencia del domicilio real de la misma y si el caso lo amerita sea mediante edictos a través del Sistema Hermes (Conclusión II.1.). En consecuencia, por Oficio con Cite JNATSSSP1º 198/2022 de 7 de julio, la Jueza hoy accionada puso en conocimiento de la Fiscalía Departamental de La Paz lo determinado y ordenado en la audiencia de consideración de modificación de medidas socio-educativas del accionante. Constando sello de recepción de la referida Fiscalía Departamental de 8 de julio de 2022, a las 15:35 horas (Conclusión II.2.). Posteriormente, mediante memorial presentado el 26 de septiembre de 2022, los padres del accionante solicitaron día y hora de audiencia de modificación o sustitución de medidas socio-educativas; mereciendo el decreto de 27 de igual mes y año, por el que la Jueza ahora accionada indicó que el 8 de julio de ese año se ofició a la Fiscalía Departamental de La Paz; sin embargo, hasta la indicada fecha no se dio cumplimiento a lo solicitado; por lo que, conminó a la representación distrital de la Fiscalía Departamental del referido departamento, para que proceda a desarchivar el caso caratulado con el interno de la “Fiscalía 350/2017”, debiéndose informar al respecto en el plazo de cinco días bajo alternativa de oficiar al Fiscal General del Estado en caso de incumplimiento (Conclusión II.3.).
Finalmente, a través de memorial presentado el 18 de noviembre de 2022, ante la Jueza hoy accionada, el Fiscal de Materia se apersonó solicitando fotocopias simples y/o legalizadas de la resolución judicial que mereció la resolución de acusación fiscal, o en su caso señale día y hora de audiencia pendiente por resolver conforme a procedimiento, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra el accionante; dicho escrito mereció el decreto de 21 de igual mes y año, por el que la referida Jueza señaló audiencia de modificación o sustitución de medidas socio-educativas para el 29 del citado mes y año, a las 9:00 horas, a realizarse de manera virtual (Conclusión II.7.).
Ahora bien, en el contexto de los antecedentes descritos, es preciso señalar que el accionante mediante esta acción de libertad pidió que se señale día y hora de audiencia para la resolución de la solicitud de modificación o sustitución de medidas socio-educativas que le fueron impuestas, lo cual tuvo efectividad mediante el decreto de 21 de noviembre de 2022, por el que la Jueza ahora accionada señaló día y hora de la referida audiencia para el 29 de igual mes y año, a las 9:00 horas; sin embargo, dicha situación no es impedimento para que la jurisdicción constitucional pueda analizar la problemática planteada; puesto que, es posible activar la acción de libertad innovativa, cuya finalidad es evitar que en el futuro se reiteren conductas u omisiones lesivas y dilatorias, que afecten el derecho a la libertad y que se encuentran al margen del ordenamiento jurídico vigente, conforme lo establece la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional; por consiguiente, se ingresará a examinar las actuaciones efectuadas en el presente caso por la Jueza hoy accionada y los funcionarios de apoyo jurisdiccional ahora coaccionados con relación a la denuncia de la vulneración de los derechos del accionante. Respecto a Modesta Irma Quisbert Rojas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Viacha del departamento de La Paz En el presente caso se tiene que la audiencia programada para el 4 de julio de 2022, en la que se debió resolver la solicitud de modificación o sustitución de medidas socio-educativas impuestas al accionante; sin embargo, el Fiscal de Materia observó que no se contaba físicamente con el cuaderno de investigación debido a que se encontraba archivado, motivo por el que se suspendió dicha audiencia, sin señalar fecha y hora, y se dispuso que se oficie a la Fiscalía Departamental de La Paz, a efecto de que se pueda desarchivar la causa; asimismo, debido a que la víctima fue notificada para esa audiencia en Secretaría de su Despacho, también se ordenó que la notificación a la víctima, sea de manera personal previa verificación de la existencia del domicilio real y si el caso lo amerita sea mediante edictos a través del Sistema Hermes. En ese sentido, es que se emitió un primer Oficio con Cite JNATSSSP1º 198/2022 a la Fiscalía Departamental de La Paz, el 7 de julio de 2022, a efecto de que el caso sea desarchivado; por lo que, el 26 de septiembre de igual año, los padres del accionante solicitaron día y hora de audiencia de modificación o sustitución de medidas socio-educativas; sin embargo, la Jueza ahora accionada, mediante decreto de 27 de igual mes y año, indicó que la Fiscalía Departamental de La Paz no desarchivó la causa, motivo por el que conminó a dicha Fiscalía; posteriormente, por memorial de 14 de octubre de 2022, los padres del accionante reiteraron la solicitud de señalamiento de día y hora de la citada audiencia; mereciendo el decreto de 17 del citado mes y año, por el que la Jueza ahora accionada indicó cúmplase lo dispuesto en el decreto de 27 de septiembre de dicho año, por lo cual se dispondrá lo que en derecho corresponda (Conclusión II.4.). En consecuencia, mediante Oficio con Cite JNATSSSP1º 322/2022 de 24 de octubre, la Jueza ahora accionada conminó a la representación distrital de la Fiscalía Departamental de La Paz, se desarchive el caso caratulado con el interno de la “Fiscalía 350/2017” seguido por el Ministerio Público contra el accionante y otro, y asigne el mismo a alguno de los fiscales del asiento fiscal de Viacha, debiendo informar a ese despacho judicial sobre lo requerido por dicha Jueza, sea en el plazo de cinco días hábiles, bajo alternativa de oficiar al Fiscal General en caso de incumplimiento. Constando sello de recepción de 8 de noviembre de 2022, a las 15:58 horas (Conclusión II.5.).
Posteriormente, mediante memorial presentado el 25 de octubre de 2022, los padres del accionante reiteraron la solicitud de día y hora de audiencia para la modificación o sustitución de medidas socio-educativas; mereciendo el decreto de 26 de igual mes y año, por el que la Jueza ahora accionada dispuso estése a lo dispuesto en el decreto de 17 de dicho mes y año (Conclusión II.6.). Finalmente, recién ante el apersonamiento del Fiscal de Materia a través del memorial de 18 de noviembre de ese año, se señaló día y hora de audiencia para el 29 del referido mes y año. Ahora bien, en ese contexto, se tiene que de conformidad con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, es el mecanismo procesal idóneo ante la vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso cuando tenga relación con la libertad y devenga de dilaciones indebidas que retardan la resolución de la situación jurídica de la persona privada de libertad. En consecuencia, como se mencionó anteriormente, la Jueza ahora accionada, de manera injustificada dilató la resolución de la solicitud de modificación o sustitución de medidas socio-educativas impuestas al accionante, exigiendo el desarchivo del cuaderno de investigación a la Fiscalía Departamental de La Paz, cuando en lo sustancial para resolver la situación jurídica del nombrado únicamente necesitaba la sentencia, el informe del Centro de Rehabilitación “Qalahuma” del mismo departamento, con relación a la evaluación psicosocial y el respectivo cumplimiento del PIEM conforme a lo previsto por los arts. 346 y 347 del CNNA; en ese entendido, la Jueza ahora accionada una vez efectuada la notificación ordenada a la víctima, de oficio y de la manera más pronta debió señalar día y hora de audiencia de modificación o sustitución de medidas socio-educativas impuestas al accionante; por lo que, al dejar que transcurran aproximadamente más de cuatro meses sin resolver la situación jurídica del nombrado incurrió en dilaciones indebidas, omitiendo actuar con la celeridad que amerita el caso, más aún en aplicación del principio de especialidad que rigen los procesos penales de adolescentes infractores, que si bien, en el presente caso el accionante al momento de plantear esta acción de libertad contaba con la mayoría de edad, no se debe olvidar que debe ser procesado y tratado conforme a la normativa especializada en materia del sistema penal para adolescentes, por su condición de minoría de edad al momento de la comisión del hecho. En conclusión, la Juez ahora accionada bajo el argumento del incumplimiento del desarchivo del cuaderno de investigación por parte de la Fiscalía Departamental de La Paz, no señaló día y hora de audiencia de modificación o sustitución de medidas socio-educativas impuestas al accionante, no obstante ante a la insistencia del nombrado mediante memoriales presentados el 26 de septiembre, 14 y 25 de octubre de 2022, no resolvió su situación jurídica; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada, respecto a la Jueza hoy accionada, ante la evidente vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de celeridad, especialidad y pro homine vinculados con la libertad del accionante; con la aclaración de que la disposición de poner o no en libertad al mencionado corresponde a la Jueza ahora accionada, conforme corresponde en procedimiento, una vez revisada la documentación y los requisitos a ser cumplidos, además de escuchar a las partes procesales en audiencia, de acuerdo a la normativa procesal penal juvenil. Respecto a Ybar Hugo Ulloa Castaños, Secretario del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Viacha del departamento de La Paz
Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, los funcionarios de apoyo jurisdiccional carecen de ser accionados en acciones de defensa, ya que no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro del proceso; sin embargo, la excepción se presenta cuando: “…a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado…” (SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo).
Bajo ese entendimiento jurisprudencial se tiene que el Secretario ahora coaccionado, no subsumió su conducta en ninguna de las excepciones descritas para poder adquirir la legitimación pasiva en esta acción de defensa; puesto que, no incurrió en excesos que contrariaron o alteraron lo dispuesto por la Jueza hoy accionada, no incumplió o desconoció sus funciones y obligaciones conferidas, como tampoco incumplió las órdenes impartidas por el superior en grado; al contrario, la decisión de no programar una audiencia con la debida celeridad para la consideración de la solicitud de modificación de medidas socio-educativas fue exclusivamente de la referida Jueza; por consiguiente, corresponde denegar la tutela solicitada en cuanto a este funcionario de apoyo jurisdiccional. Finalmente, sobre la vulneración al derecho a la educación, que solo fue mencionado referencialmente en el memorial de esta acción de libertad sin señalar cómo hubiese sido vulnerado, no corresponde emitir pronunciamiento al respecto; asimismo, dicho derecho tampoco se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad. Otras consideraciones Estando resuelta la problemática planteada en la presente acción de libertad, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional encuentra necesario hacer mención respecto a la legitimación pasiva, la cual es entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la vulneración de los derechos y garantías constitucionales y aquella contra quien se dirige la acción; por lo que, se tiene que en el memorial de esta acción de defensa, se indicó que se accionaba también contra el Auxiliar del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Viacha del departamento de La Paz, quien fue citado con esta acción de defensa el 22 de noviembre de 2022, conforme se puede advertir de la diligencia cursante a fs. 35; sin embargo, quien presentó el respectivo informe fue Reinaldo Quispe García, Oficial de Diligencias de ese Juzgado; asimismo, en la audiencia de consideración de esta acción de defensa, la abogada del accionante manifestó que por un error se interpuso la presente acción de libertad contra el Auxiliar del mencionado Juzgado; y finalmente, el Juez de garantías denegó la tutela solicitada en cuanto al Oficial de Diligencias. Ahora bien, conforme a lo mencionado existe una confusión respecto al funcionario de apoyo jurisdiccional coaccionado, no obstante que en la acción de libertad rige el principio de informalismo, el Juez de garantías debió tomar en cuenta esa situación de orden procesal, que si bien dentro del presente caso no atinge al fondo de la problemática planteada, ya que los mismos carecerían de legitimación pasiva conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional al no advertirse que los mismos hubiesen vulnerado los derechos y garantías denunciados por el accionante; no obstante, es necesario que el Juez de garantías al momento de conocer y resolver las acciones de defensa puestas a su conocimiento observe esos aspectos. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2022 de 22 de noviembre, cursante de fs. 102 a 104, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de principio de celeridad, especialidad y pro homine vinculados con el derecho a la libertad, en las modalidades de acción de libertad de pronto despacho o traslativa y acción de libertad innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR la tutela solicitada respecto a la vulneración del derecho a la educación; así como en cuanto a Ybar Hugo Ulloa Castaños, Secretario, del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Viacha del departamento de La Paz por carecer de legitimación pasiva, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 3º Exhortar a Modesta Irma Quisbert Rojas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Viacha del departamento de La Paz, a que en futuras actuaciones obre bajo los principios de celeridad, eficacia y eficiencia previstos en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado, evitando la vulneración de derechos y garantías constitucionales, de acuerdo a lo señalado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 4º Exhortar a Michael Marcial Salazar Urquiza, Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a que en futuras acciones de libertad puestas a su conocimiento, tome en cuenta los entendimientos respecto a la legitimación pasiva, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0426_2025-S1.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2c76a20815b6fb3208a78c2e6ca57c158bb500e18ef8fce3068c0cca0f55e35f
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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