Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 15 de agosto de 2024
Deniega la tutela
La accionante denunció la vulneración del debido proceso en su triple dimensión y en sus elementos a la debida fundamentación, tutela judicial efectiva, aplicación objetiva de la Ley y principio de legalidad; puesto que, dentro del proceso ejecutivo que le sigue Marlene Godoy Valverde –ahora tercera interesada–, en ejecución de sentencia, interpuso excepción de extinción de la obligación por cosa juzgada y conciliación, que al ser declarada improcedente por el Juez a quo, interpuso recurso de apelación; mismo que, fue rechazado. Ante lo cual, interpuso recurso de compulsa, que fue declarado ilegal por Auto de Vista 32 de 1 de noviembre de 2021, bajo el argumento que el recurso de apelación debió plantearse en el plazo de tres días, considerando erradamente que se trataba de un auto interlocutorio simple y no uno definitivo, como en realidad correspondía, porque cortaba todo procedimiento. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 143/2022 de 6 de septiembre, cursante de fs. 618 a 622 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR, la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0426/2024-S4 Sucre, 15 de agosto de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 51196-2022-103-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 143/2022 de 6 de septiembre, cursante de fs. 618 a 622 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Dolores Rosario Conde Villegas contra Mirian Rosell Terrazas, Oscar Jesús Menacho Angeleri, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 9 de agosto de 2022, cursante de fs. 9 a 13; y, de subsanación de 19 del mismo mes y año (fs. 585 a 589 vta.) la accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso ejecutivo sobre cobro de dinero seguido en su contra, a instancias de Marlene Godoy Valverde; en etapa de ejecución de sentencia, interpuso excepción de extinción de la obligación por cosa juzgada y conciliación; la misma que, fue desestimada por el Juez de primera instancia, dando lugar a que por su parte, interpusiera recurso de apelación; el mismo que, en primer término fue aceptado y tramitado por la precitada autoridad, al haberlo corrido en traslado a la otra parte, y luego lo desestimó de manera prematura, impidiendo que el Tribunal de alzada revisara y se pronunciara sobre el asunto. Ante lo cual, interpuso recurso de compulsa, que fue declarada ilegal, por considerar que el rechazo a su impugnación fue correcta, al haber sido planteada de manera extemporánea, sin tomar en cuenta que lo impugnado no era un decreto, sino un auto interlocutorio definitivo; y por lo tanto, el plazo para plantear su recurso de apelación era de diez días y de tres, como se comprendió de manera errada. Aclaró que la excepción interpuesta por su parte, no debió haber sido dilucidada, sustanciada y resuelta como un trámite incidental, porque se trata de una excepción sobreviniente que puede ser presentada en cualquier procedimiento y etapa del proceso; porque se logra, independientemente en sentencia, vía y/o a través de excepción y no mediante incidente; dado que, un trámite incidental, en esencia no puede definir ni dirimir un proceso; puesto que, sus resoluciones nunca definirán el fondo; y en el caso, las excepciones de conciliación y cosa juzgada presentadas, deben concluir con la emisión de un auto definitivo y no uno simple; y consecuentemente, es susceptible de recurrirse por la vía de la apelación directa en el efecto suspensivo en el plazo establecido por el art. 261.I del Código Procesal Civil (CPC) y no conforme prevé el art. 344.I de la misma Ley; habida cuenta que, toda conciliación y cosa juzgada, corta todo procedimiento ulterior y cierra el mismo; y al tener presente que nos encontramos ante un proceso monitorio y/o ejecutivo, resulta congruente lo normado en los arts. 260.I y 261 de la citada normativa. La excepción de conciliación y cosa juzgada de acuerdo transaccional no se pudo tramitar, sustanciar ni resolver mediante acción o incidente; pues, solo resta su planteamiento como excepción sobreviniente, porque se trata sobre la extinción y cierre de la causa; lo cual, se logró independientemente mediante sentencia, vía o a través de excepción y no mediante incidente; toda vez que, un trámite incidental, en esencia no puede definir, dirimir un proceso, en suma un incidente trata temas accesorios y no fundamentales al tema del litigio principal; de modo que, en cuanto a la pretensión principal, se buscó extinguir el proceso, dando merito a la causa, por ello es que se la tramitó vía excepción en ejecución de sentencia, si no que específicamente un incidente, trata y resuelve toda cuestión accesoria al planteamiento principal del litigio, sin extinguir la causa, tal cual establece el art. 338 del Código Procesal Civil (CPC) máxime cuando el art. 237.II de la mencionada Ley da cuenta que la conciliación arribada, cuenta con efecto vinculante entre partes y por tal, es de inexorable cumplimiento.
La impetrante de tutela denunció la lesión del debido proceso en su triple dimensión en sus elementos, debida fundamentación, tutela judicial efectiva, aplicación objetiva de la Ley y principio de legalidad. Citando al efecto, los arts. 115, 117, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se anule el Auto de Vista 32 de 1 de noviembre de 2021 y se declare legal el recurso de compulsa interpuesto; disponiendo que, el Tribunal de alzada y el Juez de origen, David Ricardo Caicedo Balcázar, Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Segundo del departamento de Santa Cruz, remitan antecedentes de la causa y en acto de legalidad manifiesta, se libre provisión compulsoria, para que previo sorteo por plataforma se endilgue un tribunal de segunda instancia al tratamiento y resolución de lo planteado y debatido.
Celebrada la audiencia virtual el 6 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 614 a 618, presentes la solicitante de tutela, acompañada de sus abogados; así como, la tercera interesada, y ausentes los vocales demandados, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de sus abogados, en audiencia ratificó los argumentos esgrimidos de su demanda de acción de amparo constitucional.
Freddy Pérez Chavarría y Efraín Cruz Limachi, actuales Vocales; y, Miriam Rosell Terrazas y Oscar Menacho Angeleri ex Vocales, todos de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no se hicieron presentes en audiencia ni presentaron informe escrito alguno, pese a su legal notificación, cursante de fs. 610 a 613.
Marlene Godoy Valverde, a través de su abogado, presente en audiencia y conforme al informe escrito presentado el 31 de agosto de 2022, cursante de fs. 605 a 609 vta., refirió lo siguiente: a) El Auto de Vista de 1 de noviembre de 2021, dictado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, es correcto; ya que, conforme al art. 381 del CPC, se infiere, que el proceso ejecutivo de estructura monitoria tiene como principio y requisito fundamental, la presentación de un "Titulo Ejecutivo que demuestre la fundabilidad de la demanda" (sic); el cual, fue admitido mediante una sentencia inicial, con la que fue citado el demandado, quien únicamente pudo oponer excepciones como mecanismos de defensa; las cuales, fueron resueltas en una sola audiencia, en la que se dictó sentencia final, concluyendo de esta forma el proceso, no contemplándose para este trámite, "excepciones sobrevinientes", a diferencia del proceso ordinario conforme prevé esta figura consagrada en el art. 128 del CPC; b) Respecto a la improcedencia de la excepción de conciliación, y por ende, de cosa juzgada, se advierte acta de audiencia de conciliación suscrita entre las partes, el 6 de septiembre de 2018; mediante la que, se estableció el pago de la suma adeudada de $us70 000.- (setenta mil dólares estadounidenses), hasta el 2 de diciembre de igual año, la que no fue cancelada por la ahora impetrante de tutela; por lo que, se procedió a su ejecución, resultando absurdo el pedido de archivo del proceso por conciliación, cuando precisamente la obligación continúa pendiente y debe ser ejecutada ante el incumplimiento a la conciliación; c) Por disposición de lo previsto por el art. 296.XI del CPC, la autoridad jurisdiccional que aprobó la conciliación, será competente para la ejecución de los acuerdos arribados en el acta de conciliación, lo que significa que la excepción sobreviniente de cosa juzgada, opuesta por la ejecutada, resulta improcedente; en primer lugar, porque el hecho de que la conciliación tenga calidad de cosa juzgada, no impide que pueda ser ejecutada dentro de dicho proceso ante el incumplimiento de lo acordado en el referido acto procesal; en segundo lugar, porque en atención a lo dispuesto por la referida norma legal, el Juez tiene plena competencia para continuar la ejecución del acta conciliatoria; en tercer lugar, de darse curso a lo pretendido por la ejecutada, se atentaría contra los principios de economía procesal, autonomía de la voluntad y justicia oportuna; los cuales, son la base principal de la conciliación, dando lugar a una total y absoluta inseguridad jurídica e inaplicabilidad de los propios acuerdos suscritos por las partes para precisamente concluir con sus discrepancias; d) Por Auto de 15 de octubre de 2019, dictado por el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Segundo del departamento de Santa Cruz; mediante el cual, dispuso medidas previas de remate, ante el incumplimiento de pago de la demandada Dolores Rosario Conde Villegas; con el cual, fue notificada sin que hubiera apelado, demostrando su conformidad, por tanto, tiene carácter de cosa juzgada, inmutable, vinculante y definitivo; e) El Auto definitivo es aquella resolución que corta todo procedimiento ulterior, impidiendo la prosecución de la causa y haciendo que el juzgador pierda competencia, en cambio el auto interlocutorio es la resolución que decide las cuestiones incidentales suscitadas durante la tramitación del proceso, constituye un pronunciamiento sobre el proceso y no sobre el derecho, y no corta procedimiento ulterior, como ocurre en el presente caso; ya que, consta que el fallo ahora impugnado declaró la improcedencia de la excepción sobreviniente de conciliación y cosa juzgada, opuesta por la ejecutada, que no corta procedimiento ulterior; de modo que, tales autos podrán ser apelados en el plazo de tres días a partir de su notificación, no obstante en el presente caso, no ocurrió lo señalado, pues la ejecutada –ahora accionante– fue notificada personalmente con dicho Auto interlocutorio simple el 16 de agosto de 2021 y formuló recurso de apelación recién el 20 de igual mes y año.
La Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, por Resolución 143/2022 de 6 de septiembre, cursante de fs. 618 a 622 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: 1) No se advirtió la vulneración del derecho alegado por la ahora accionante, máxime cuando el Auto de Vista generó una suficiente comprensión sobre las determinaciones de la decisión asumida; 2) No se demostró por qué la labor interpretativa establecida en el Auto de Vista 32 de 1 de noviembre del año 2021, resultaría insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, ilógica o con un error evidente, y tampoco identificó, cuáles las reglas de interpretación que hubieran sido omitidas por dicha instancia judicial, ni el nexo de causalidad ente la ausencia de la motivación, arbitraria y otra situación absurda, por no haber aplicado según su criterio o su entender, la interpretación que consideró debió efectuarse y los derechos y/o garantías que hubiesen sido lesionados con dicha interpretación, explicando el resultado dañoso y cuál sería la relevancia constitucional; 3) El Auto Interlocutorio 150 del 6 de septiembre de 2021, que no fue objeto de la presente acción de amparo, rechazó el recurso de apelación, entendiendo que se trataba de un "Auto Interlocutorio Definitivo y no así uno simple" (sic), como erróneamente interpretó el Juez de primera instancia. En ese entendido, la acción tutelar que se analizó debió haberse presentado contra dicha decisión y no contra el Auto de Vista 32 del 1 de noviembre de 2021; mismo que, explicó de manera razonable, el porqué de la decisión asumida, exponiendo con claridad los motivos que la sustentan, sin crear incertidumbre en el justiciable.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se llega a las siguientes conclusiones: II.1. Mediante Auto 115 de 5 de agosto de 2021, el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Segundo del departamento de Santa Cruz, declaró improcedente la excepción sobreviniente por conciliación y cosa juzgada opuesta por la ejecutada –ahora accionante– (fs. 480 a 481). Decisión fue notificada a Dolores Rosario Conde Villegas el 16 del mismo mes y año (fs. 483). II.2. Por memorial presentado el 20 de agosto de 2021, la impetrante de tutela, interpuso recurso de apelación contra el Auto de 115 de 5 de agosto de 2021 (fs. 484 a 488 vta.). II.3. Mediante Auto interlocutorio 150 de 6 de septiembre de 2021, David Ricardo Caicedo Balcazar; Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Segundo del departamento de Santa Cruz, rechazó el recurso de apelación planteado por la ahora solicitante de tutela (fs. 493 y vta.). II.4. Cursa memorial de 1 de octubre de 2021; mediante el cual, la hoy accionante interpuso recurso de compulsa (fs. 495 a 499), concedido por el Juez de la causa mediante Auto Interlocutorio del 4 de octubre del mismo año, quien remitió el mismo a la Sala Civil de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para su resolución (fs. 500).
II.5. Por Auto de Vista 32 de 1 de noviembre de 2021, los Vocales ahora demandados declararon ilegal el recurso de compulsa interpuesto por el hoy impetrante de tutela. Fundaron su decisión en que el Juez a quo, actuó correctamente y conforme a lo establecido por el art. 262 del CPC, respecto al plazo para plantear apelación de autos interlocutorios, que es de tres días. Consideraron que la ahora solicitante de tutela fue notificada el 16 de agosto de 2021, y que ella presentó el memorial de recurso de apelación el 20 del mismo mes y año; por lo que, el recurso fue interpuesto fuera de plazo (fs. 537 a 538).
La accionante denunció la vulneración del debido proceso en su triple dimensión y en sus elementos a la debida fundamentación, tutela judicial efectiva, aplicación objetiva de la Ley y principio de legalidad; puesto que, dentro del proceso ejecutivo que le sigue Marlene Godoy Valverde –ahora tercera interesada–, en ejecución de sentencia, interpuso excepción de extinción de la obligación por cosa juzgada y conciliación, que al ser declarada improcedente por el Juez a quo, interpuso recurso de apelación; mismo que, fue rechazado. Ante lo cual, interpuso recurso de compulsa, que fue declarado ilegal por Auto de Vista 32 de 1 de noviembre de 2021, bajo el argumento que el recurso de apelación debió plantearse en el plazo de tres días, considerando erradamente que se trataba de un auto interlocutorio simple y no uno definitivo, como en realidad correspondía, porque cortaba todo procedimiento. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0144/2019-S4 de 17 de abril, razonó: “‘Sin duda que el debido proceso, previsto en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convección América sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), se constituye en un prerequisito para poner en movimiento los derechos humanos reconocidos en los tratados y convenios internacionales sobre la materia y consiguientemente, la protección de cualquier otro derecho establecido en la Constitución Política del Estado, de manera que se constituye en un límite al ejercicio de poder que ostenta el Estado.
El debido proceso ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional, como el derecho que tiene toda persona a un proceso justo y equitativo, de manera que sus derechos se adecúen a disposiciones jurídicas generales aplicables a todas las personas que se encuentren en similares situaciones, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, de manera que posibilite que las personas puedan defenderse de manera adecuada en cualquier tipo de proceso, evitando de esa manera cualquier lesión a los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, así como en los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, al constituirse los últimos, en parte integrante del bloque de constitucionalidad, según lo ordenado en el art. 410.II de la Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano1, y que, en el marco de lo previsto por el art. 256 de la CPE, son de aplicación directa y preferente en el ámbito interno, cuando contengan normas más favorables.
Partiendo de los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la CPE, el Tribunal Constitucional ha desarrollado la triple dimensión del debido proceso, así la SC 0896/2010-R, del 10 de agosto, estableció que: “…La Constitución Política del Estado, en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso, como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía; es decir, su naturaleza está reconocida por la misma Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, un principio procesal y una garantía de la administración de justicia; de ella, se desprende como derecho fundamental autónomo e indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido, en ‘El Derecho de los Derechos’: ‘El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dichos procedimientos de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático”’. En cuanto a los elementos que componen el debido proceso, el Tribunal Constitucional, en las SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 0022/2006-R, entre otras, estableció que forman parte del mismo los derechos a un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra sí mismo, a la garantía de presunción de inocencia, a la comunicación previa de la acusación, a la defensa material y técnica, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, al principio del non bis in ídem, a la valoración razonable de la prueba, y a la fundamentación, motivación y congruencia de las decisiones; precisando sin embargo, que dicho listado, en el marco del principio de progresividad, sólo tienen un carácter enunciativo, dado que pueden agregarse otros elementos que forman parte del debido proceso como una garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de éste, como un medio para asegurar la realización del valor justicia. Respecto a lo anotado en la última parte del párrafo precedente, es decir, el debido proceso como medio para asegurar el valor justicia, debe señalarse que, es indiscutible la relación entre el debido proceso y la búsqueda del orden justo, dado que el primero no se limita únicamente al concepto de instrumento o vía para poner en movimiento mecánico las reglas del procedimiento, puesto que lo que se protege realmente a través del debido proceso, no es la rigurosa observancia de reglas de orden simplemente legal, sino el manejo de reglas procesales para tomar decisiones que puedan justificarse constitucionalmente, es decir, debe comprenderse al debido proceso desde el ámbito constitucional y no desde el simplemente legal. Se concluye entonces que, el debido proceso está integrado por distintos elementos que lo configuran; entre ellos, la garantía de presunción de inocencia, la congruencia entre acusación y condena y la necesaria fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones, elementos que, como quedó anotado en el párrafo precedente, forman parte de los presupuestos propios de las reglas del debido proceso, por tanto, de obligado cumplimiento, tanto por las autoridades jurisdiccionales en los procesos que conocen y resuelven, como por las autoridades administrativas que, en el marco de las competencias específicas asignadas por la ley, resuelven conflictos jurídicos, sea aplicando sanciones o conociendo recursos administrativos, de manera que se garantice el libre y pleno ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, previstos en la Ley Fundamental y los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos; obligación que se encuentra vinculada con la seguridad jurídica, que es definida por el art. 3 núm. 4 de la Ley del Órgano judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, como la aplicación objetiva de la ley, de manera que las personas conozcan sus derechos, garantías y obligaciones, y tengan certidumbre y previsibilidad de todos los actos de la administración de justicia, con lo que, se pretende lograr la paz social, previsto como fin en el art. 10 de la CPE. En cuanto a la fundamentación y motivación de las resoluciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ampliando el contenido del art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha incorporado el deber de motivación como una garantía del debido proceso, estableciendo que, las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos, tal como el derecho a la participación política, deben estar debidamente fundamentadas, de lo contrario serían decisiones arbitrarias3. La Corte también señaló que la decisión motivada implica una decisión que permita conocer cuáles fueron los motivos y normas en que se basó la resolución de manera clara, y si estos fundamentos son compatibles con los parámetros dispuestos en la Convención, por lo que cuando dicha resolución no cumpla con la garantía de encontrarse debidamente motivada se entenderá como contraria al artículo 8.1 de la CADH4. Por otra parte, la referida Corte Internacional ha señalado que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. Precisó el alcance de esta garantía bajo los siguientes argumentos: 1) El deber de motivar es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática; 2) La motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado; y 3) En aquellos casos en los que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. En esa línea también, la jurisprudencia constitucional comprendida en la SCP 0874/2014 de 8 de mayo, señaló: “El debido proceso, a partir de la comprensión de los diferentes instrumentos normativos de orden internacional, se nutre de diferentes componentes; así, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen sus elementos preponderantes y persiguen tres fines específicos a saber; primero, permite que los Tribunales de instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado, habida cuenta que, a partir de una clara explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán interponer las respectivas impugnaciones y, a falta de ello el afectado estará en la imposibilidad de precisar contra qué criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, confianza y convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que conlleve a comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la autoridad para decidir en una determinada forma; asimismo, apreciar qué circunstancias y elementos de hecho y derecho fueron tomados en cuenta por el juzgador y, si las alegaciones y proposiciones probatorias fueron consideradas, explicando con meridiana claridad el valor que merecieron los mismos; y, tercero, pretende hacer públicas las razones que le asistieron al juzgador para fallar en un determinado sentido, a fin de que el ciudadano común comprenda la razón de la decisión, porque de ellos deviene la facultad de impartir justicia, conforme estipula el art. 178. I de la CPE”. Más adelante, la misma Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto al elemento específico de la motivación y fundamentación de las resoluciones, y por ende al contenido que debe tener toda resolución judicial o administrativa para ser considerada motivada y fundamentada, con base al entendimiento desarrollado en la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, reiteradas en las SSCC 2023/2010-R, 1054/2011-R y SCP 0401/2012 de 22 de junio, precisó que la motivación no significa una mera exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino la exigencia de una estructura de forma y de fondo, que puede ser concisa pero clara, de manera que se satisfagan todos los puntos demandados, expresándose las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente la decisión, en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; y, al contrario, cuando la resolución, aun siendo extensa, no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas. A su vez, la jurisprudencia constitucional comprendida en la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, precisó que: “...toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”. En cuanto a la congruencia como principio característico del debido proceso, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló el siguiente entendimiento: “...en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En virtud a este principio, las autoridades jurisdiccionales o administrativas están obligadas a velar porque en sus resoluciones exista una estricta correspondencia entre lo peticionado, lo considerado y lo resuelto, lo que implica, no solamente la concordancia entre la parte considerativa y la dispositiva, sino que su materialización debe reflejarse a lo largo de todo su contenido, de manera que no se incurra en una incongruencia aditiva o incongruencia omisiva, ello sin descuidar la cita de las disposiciones legales que sirvieron de base para asumir la decisión respecto al objeto del proceso‴ (las negrillas son nuestras). Asimismo, otorga sustento jurídico al criterio expuesto, el entendimiento de la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, que desarrolló y razonó lo siguiente: “De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”.
Al respecto la SCP 0807/2019-S4 de 12 de septiembre, sostuvo que: "El proceso judicial se constituye en una concatenación de actos procesales debidamente regulados en las respectivas normas jurídicas de procedimiento, a través de las cuales, y siempre y cuando concurran los requisitos formales previstos, se viabiliza el recurso formulado por la parte o partes del proceso, quedando dirigido a un pronunciamiento en el cual, la autoridad competente debe resolver conforme a derecho la cuestión planteada; en este sentido, todas las actuaciones llevadas a cabo en el seno del proceso deben ajustarse al principio de legalidad procesal, pues solo así se dará verdadero cumplimiento al debido proceso con todas las garantías.
Conforme quedó establecido en el Fundamento Jurídico precedente, el principio de impugnación presupone un principio regulador de nuestro ordenamiento jurídico; empero, el mismo no resulta absoluto, en cuyo sentido el legislador ha previsto determinadas situaciones en las cuales se han regulado los medios de impugnación, estableciendo determinados plazos diferenciados y ciertos efectos sobre el planteamiento de los mecanismos de impugnación.
Es así que, en cuanto a las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, la norma prevista en el art. 518 del CPCabrg. –aplicable al caso concreto en razón a la Disposición Transitoria Octava, parágrafo I del CPC–, establece que, contra las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, únicamente es viable el recurso de apelación en efecto devolutivo, sin recurso ulterior, ello obedece a que ya se cuenta con una sentencia que resuelve la pretensión principal de la parte o las partes en el proceso. Debe tenerse en cuenta que la fase de ejecución de sentencia, por esencia no puede suspenderse, por ningún recurso ordinario o extraordinario, o cualquier solicitud que busque rechazar o dilatar esa ejecución, conforme a lo delineado en el art. 517 del CPCabrg., a ello obedece precisamente el que toda resolución dictada en esta fase es apelable solo en el efecto devolutivo, y no así en efecto suspensivo, por cuanto se entiende que se tratan de autos interlocutorios y no así de autos definitivos. Siendo que las indicadas resoluciones pronunciadas en ejecución de sentencia se tratan de autos interlocutorios, por expresa previsión del art. 215 del CPCabrg., son impugnables mediante el recurso de reposición, que será interpuesto por escrito dentro de los tres días siguientes al de la notificación con la providencia o auto, salvo cuando la resolución sea dictada en audiencia, caso en el que debe interponerse verbalmente en el mismo acto, todo ello conforme a la previsión contenida en el art. 216 del mismo cuerpo procesal anotado, y tomando en cuenta que también la ley prevé el recurso de apelación, este último debe formularse de manera alternativa a la reposición, respetando sin embargo el término previsto en el art. 216.I del cuerpo normativo procesal ya citado. En ese sentido, la resolución que rechaza un incidente de nulidad de obrados formulado en ejecución de sentencia, no puede considerarse como un auto definitivo debido a que no pone fin al proceso. Según anota el tratadista Eduardo J. Couture, un auto interlocutorio es un pronunciamiento sobre el proceso no sobre el derecho, que dirime cuestiones accesorias que surgen con ocasión de lo principal. En similar razonamiento, Gonzalo Castellanos Trigo, en su libro Resoluciones, Principios y Nulidades Procesales, Primera Edición, de la Gestión 2008, en su Página 136 a 137 señala que: “Los autos interlocutorios son como su nombre señala ‘intermedios’ entre una providencia y sentencia y normalmente están destinados para resolver algunas cuestiones de procedimiento que se presentan en la tramitación del proceso, pero jamás resuelven el fondo del problema…() Los autos interlocutorios no causan gravamen irreparable, no ponen fin al proceso y solo se pronuncian sobre el proceso, nunca sobre el derecho que es objeto del litigio; por consiguiente, solo tienen por objeto la marcha del proceso y resolver cuestiones procesales, incidentes y otros trámites que se presentan en la tramitación del proceso y que necesitan de fundamentos. Por ejemplo, se resuelven con autos interlocutorios los incidentes de nulidad, los puntos de hecho a probar y la calificación del proceso; las excepciones dilatorias, decisiones como la que rechaza una prueba las que resuelven una tercería de derecho preferente de pago o mejor derecho propietario, las que fijan los honorarios profesionales, las que imponen una sanción pecuniaria, etc”. Respecto a los autos definitivos, el mismo Autor en su libro citado, página 142, señala: “Los autos definitivos se equiparan a una sentencia judicial, porque ponen fin al proceso en forma definitiva; por lo tanto, resuelven cuestiones que requieren sustanciación, motivación y una explicación a las partes. Constituyen autos definitivos aquellas que se pronuncian, por ejemplo, sobre una excepción previa de cosa juzgada, transacción, prescripción o sobre una forma extraordinaria de conclusión del proceso, igualmente los procesos voluntarios concluyen con este tipo de resolución...() Estas resoluciones se pronuncian sobre el derecho que es objeto del proceso; por lo tanto, no se refieren sobre el proceso, una vez dictada esta resolución y ejecutoriada la misma concluyen en forma definitiva con el proceso; por eso, contra dichos autos, procede el recurso de apelación, como también el de casación, situación que no ocurre con los autos interlocutorios”. En ese sentido, la SCP 1658/2013 de 4 de octubre, al referirse a los recursos de reposición y apelación, y con base en el análisis de los arts. 215, 216, 219, 223, 224 y 225 del CPCabrg., concluyó que: “De las normas del Código de Procedimiento Civil, citados precedentemente, se extrae que contra los autos interlocutorios procede el recurso de reposición y cuando este fuere denegado, la apelación alternativa”. El razonamiento expuesto anteriormente guarda plena coherencia con la regulación actual prevista en el Código Procesal Civil, que concibe a los autos interlocutorios como aquellos que resuelven cuestiones que se suscitan durante la tramitación del proceso y como autos definitivos a los que resuelven cuestiones que requieren sustanciación, que ponen fin al proceso y no resuelven el mérito de la causa (arts. 210 y 211 del CPC), regulando a través del art. 253.I del CPC, que contra las providencias y autos interlocutorios, procede el recurso de reposición, en tanto que la apelación procede contra las sentencias, autos definitivos y otras resoluciones que expresamente establezca la ley, conforme se tiene dispuesto en el art. 257 del CPC. Bajo tales razonamientos, toda determinación emergente en fase de ejecución de sentencia, por regla general es susceptible de recurso de reposición, conforme orienta el art. 215 del CPCabrg., y dado que por disposición del art. 225 num. 5) del mismo cuerpo normativo precedentemente anotado, se regula también el recurso de apelación en el efecto devolutivo, este debe ser interpuesto de manera alternativa en el mismo escrito o audiencia, ello para el caso en que el juez no modifique o deje sin efecto la resolución impugnada, conforme a la previsión expresa comprendida en el art. 216.II del CPCabrg. Un razonamiento contrario, es decir, que considere a las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia como autos definitivos, daría lugar a la formulación del recurso de apelación en efecto suspensivo, lo que ciertamente resulta contrario al espíritu de la norma comprendida en el art. 517 del CPCabrg., que taxativamente ordena que la ejecución de autos y sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario extraordinario, el de compulsa, el de recusación ni por ninguna solicitud que tendiere a dilatar o impedir el procedimiento de ejecución“. Conforme al razonamiento expuesto de la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, toda determinación emergente en fase de ejecución de sentencia, por regla general es susceptible de recurso de reposición con apelación alternada que se activa cuando el Juez no modifica o deja sin efecto la resolución impugnada en reposición; así también, lo determina el art. 344.I del CPC, en cuyo texto dispone que las resoluciones que resuelvan los incidentes, admitirán recurso de reposición con alternativa de apelación, así también el art. 253 de la referida Ley adjetiva, prevé que el recurso de reposición procede contra las providencias y autos interlocutorios, pudiendo plantearse inclusive en ejecución de sentencia, si la naturaleza de lo resuelto lo permite; esto en virtud a que el proceso ya cuenta con una sentencia que resolvió la pretensión principal de la parte o las partes en el proceso, la misma que tiene calidad de cosa juzgada, debe tenerse en cuenta que la fase de ejecución de dicho fallo, por disposición de lo previsto por el art. 400 del CPC no puede suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, o cualquier solicitud que busque rechazar o dilatar esa ejecución, en tal entendido, se debe tener en cuenta que los actos y fallos emitidos en esta etapa tienden a buscar la ejecución de la Sentencia ejecutoriada y a resolver cuestiones accesorias, y por lo mismo, todos los emitidos en ejecución de sentencia, se resuelven a través de un auto de naturaleza interlocutoria simple, a ello obedece precisamente el que toda resolución dictada en esta fase es recurrible de reposición bajo alternativa de apelación en el efecto devolutivo; y no así, en efecto suspensivo.
Sobre el tema de la naturaleza de los autos interlocutorios definitivos y simples la SCP 0807/2019-S4 de 12 de septiembre, explicó y entendió: “En ese sentido, la resolución que rechaza un incidente de nulidad de obrados formulado en ejecución de sentencia, no puede considerarse como un auto definitivo debido a que no pone fin al proceso.
Según anota el tratadista Eduardo J. Couture, un auto interlocutorio es un pronunciamiento sobre el proceso no sobre el derecho, que dirime cuestiones accesorias que surgen con ocasión de lo principal. En similar razonamiento, Gonzalo Castellanos Trigo, en su libro Resoluciones, Principios y Nulidades Procesales, Primera Edición, de la Gestión 2008, en su Página 136 a 137 señala que: ‘Los autos interlocutorios son como su nombre señala ‘intermedios’ entre una providencia y sentencia y normalmente están destinados para resolver algunas cuestiones de procedimiento que se presentan en la tramitación del proceso, pero jamás resuelven el fondo del problema…() Los autos interlocutorios no causan gravamen irreparable, no ponen fin al proceso y solo se pronuncian sobre el proceso, nunca sobre el derecho que es objeto del litigio; por consiguiente, solo tienen por objeto la marcha del proceso y resolver cuestiones procesales, incidentes y otros trámites que se presentan en la tramitación del proceso y que necesitan de fundamentos. Por ejemplo, se resuelven con autos interlocutorios los incidentes de nulidad, los puntos de hecho a probar y la calificación del proceso; las excepciones dilatorias, decisiones como la que rechaza una prueba las que resuelven una tercería de derecho preferente de pago o mejor derecho propietario, las que fijan los honorarios profesionales, las que imponen una sanción pecuniaria, etc.’.
Respecto a los autos definitivos, el mismo Autor en su libro citado, página 142, señala: ‘Los autos definitivos se equiparan a una sentencia judicial, porque ponen fin al proceso en forma definitiva; por lo tanto, resuelven cuestiones que requieren sustanciación, motivación y una explicación a las partes. Constituyen autos definitivos aquellas que se pronuncian, por ejemplo, sobre una excepción previa de cosa juzgada, transacción, prescripción o sobre una forma extraordinaria de conclusión del proceso, igualmente los procesos voluntarios concluyen con este tipo de resolución...() Estas resoluciones se pronuncian sobre el derecho que es objeto del proceso; por lo tanto, no se refieren sobre el proceso, una vez dictada esta resolución y ejecutoriada la misma concluyen en forma definitiva con el proceso; por eso, contra dichos autos, procede el recurso de apelación, como también el de casación, situación que no ocurre con los autos interlocutorios’” (las negrillas fueron agregadas).
Asimismo, siguiendo esa línea, la SCP 0606/2022-S4, señalo que: “Dentro del marco señalado, es necesario precisar el tipo de resoluciones que pueden ser objeto de apelación en la vía civil y en qué término deben impugnarse, a efectos de viabilizar la posibilidad de que el tribunal de apelación pueda pronunciarse en el fondo. Sobre el particular, debe razonarse, que los autos interlocutorios definitivos se caracterizan porque cortan todo procedimiento ulterior del juicio, haciendo imposible la prosecución del proceso, suspenden la competencia de la autoridad judicial, por ello, causan estado.
Empero, los autos interlocutorios simples tratan sobre el proceso mismo y no del derecho discutido en el proceso; por tanto, precisamos en base a un análisis de las normas contenidas en el Código adjetivo de la materia, que los denominados autos interlocutorios definitivos, resuelven el fondo del problema litigioso o ponen fin al proceso y los autos interlocutorios simples, resuelven cuestiones incidentales suscitadas durante la tramitación del proceso, es decir, cuestiones accesorias, empero, no resuelven el fondo del problema litigioso ni mucho menos ponen fin al proceso. De lo anotado, pueden advertirse los criterios diferenciadores de ambos autos interlocutorios, vigentes en el ordenamiento jurídico procesal civil, en su mérito, los arts. 261 y 262 del CPC respectivamente, establecen los siguientes plazos de la apelación: a) Diez días cuando se trate de sentencias y autos (interlocutorios) definitivos; y, b) Tres días cuando se trate de autos interlocutorios (simples)” (las negrillas y el subrayado nos corresponde).
En cuanto al mencionado recurso, la SCP 0309/2020-S3 de 22 de julio, estableció lo siguiente: “…el recurso de compulsa viene a constituirse en un mecanismo de reclamo que a su vez procura garantizar el derecho de las partes de acceder a los recursos establecidos en la ley, permitiendo cuando corresponda que éstos sean admitidos o en su caso sean corregidos en cuanto al efecto de su concesión, a fin de precautelar sobre todo el derecho a la defensa de los justiciables. A partir del cual, se evidencia que su objeto se encuentra limitado justamente a la revisión por el superior en grado, de la admisibilidad del recurso de apelación o casación y no a cuestiones de fondo del mismo, siendo su finalidad precisamente la de reencausar el trámite procesal desplegado y adecuar el recurso que fue indebidamente negado. Al respecto, ya este Tribunal se refirió cuando a tiempo de establecer la naturaleza jurídica de este tipo de recurso, en cuanto a su finalidad, precisó que: ‘En el sistema procesal boliviano, el recurso de compulsa constituye una vía de impugnación de la decisión judicial que, de manera indebida o ilegal, niega la concesión de los recursos de apelación o de casación o, en su caso, concede la apelación de manera incorrecta. Este recurso tiene una doble finalidad, de un lado, protege a las partes que intervienen en el proceso en su derecho de impugnar la decisión judicial ante el superior en grado en los casos expresamente previstos por ley; y, de otro, garantiza y asegura la debida observancia de las normas procesales que son de orden público, el cual quedaría vulnerado si no se facilitara el remedio para impedir que una denegación de recurso legal, dispuesta por error, malicia o ignorancia, comprometa la defensa de los litigantes, contraviniendo el presupuesto procesal de igualdad a las partes en todas las actuaciones procesales’ (SC 1468/2004-R de 14 de septiembre). En ese sentido, a través de este medio de impugnación si bien su fin principal es el de permitir el acceso del afectado al recurso interpuesto corrigiendo lo tramitado; empero, también se garantiza no solo el derecho a la defensa de las partes sino la observancia de las normas procesales que son de orden público al circunscribir su análisis precisamente a los presupuestos de admisión de los mismos, lo que en definitiva halla relación respecto a los principios de legalidad y seguridad jurídica relacionados con el derecho al debido proceso”.
La impetrante de tutela denunció la vulneración del debido proceso en su triple dimensión, en sus elementos a la debida fundamentación, tutela judicial efectiva, aplicación objetiva de la Ley y principio de legalidad; puesto que, dentro del proceso ejecutivo sobre cobro de dinero que le sigue Marlene Godoy Valverde –ahora tercera interesada–; en etapa de ejecución de sentencia, interpuso excepción sobreviniente de extinción de la obligación por cosa juzgada y conciliación, que al ser declarada improcedente por el Juez aquo, la misma fue apelada; no obstante, luego fue rechazado por Auto Interlocutorio 150 de 6 de septiembre; por lo cual, interpuso recurso de compulsa, que fue declarado ilegal por Auto de Vista 32 de 1 de noviembre de 2021, bajo el argumento de que el recurso de apelación debió plantearse en el plazo de tres días; en ese marco solicita, se declare legal el recurso de compulsa interpuesto, se anule el Auto de Vista 32 y se libre provisión compulsoria. Una vez identificada la problemática planteada, corresponde a continuación contextualizar los antecedentes de la causa ordinaria que dio origen a la presente acción, de donde es posible establecer que dentro del proceso ejecutivo de pago de deuda, instaurado por Marlene Godoy Valverde contra la ahora accionante; en etapa de ejecución de sentencia, la ejecutada interpuso excepción sobreviniente sobre conciliación y cosa juzgada; misma que, fue declarada improcedente por Auto 115 de 5 de agosto de 2021; actuado procesal que fue puesto a conocimiento de la solicitante de tutela, mediante notificación personal de 16 de agosto de 2021 (Conclusión II.1). Contra la mencionada determinación, mediante memorial de 20 de agosto de 2021, la afectada interpuso recurso de apelación; no obstante, el Juez de la causa rechazó el mismo, al considerar que fue presentado de manera extemporánea, cuatro días después de notificársele con el Auto Interlocutorio 115, cuando dicho término vencía en tres días (Conclusión II.2 y II.3). Contra el precitado rechazo, la impetrante de tutela, interpuso recurso de compulsa, concedido por Auto interlocutorio de 4 de octubre de 2021 (Conclusión II.4), y remitido a la Sala de turno conformada por los Vocales ahora demandados, autoridades que mediante Auto de Vista 32 de 1 de noviembre del mismo año, resolvieron declarar ilegal el mismo, con el fundamento que el Juez aquo, aplicó de manera correcta los alcances del art. 262 del CPC, en relación al plazo para interponer apelación de autos interlocutorios, siendo este de tres días.
Ahora bien, previo a ingresar al fondo de lo demandado, corresponde recordar que el debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial y administrativo, observando todas las formas propias del mismo; así como, los presupuestos normativamente preestablecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones, tomando en cuenta siempre que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; asimismo, la motivación no significa una mera exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino la exigencia de una estructura de forma y de fondo, que puede ser concisa pero clara; de manera que, se satisfaga todos los puntos demandados, expresándose las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente la decisión, en cuyo caso, las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; también, en observancia a la congruencia las autoridades jurisdiccionales o administrativas están obligadas a velar porque en sus resoluciones exista una estricta correspondencia entre lo peticionado, lo considerado y lo resuelto, lo que implica, no solamente la concordancia entre la parte considerativa y la dispositiva, sino que su materialización debe reflejarse a lo largo de todo su contenido, ello sin descuidar la cita de las disposiciones legales que sirvieron de base para asumir la decisión respecto al objeto del proceso.
En ese orden, de la revisión de los argumentos contenidos en el recurso de compulsa interpuesto por la accionante, se evidencia que responden al siguiente detalle: 1. El recurso de apelación interpuesto por su parte, fue viabilizado y corrido en traslado por parte de la autoridad jurisdiccional; por lo tanto, debió continuar con su tramitación; pues, no puede iniciarse y dar curso a un procedimiento, reconociendo el Juez su propia competencia, para luego impedir su revisión en alzada, negando el mismo de manera indebida, revocando sus propios actos;
2. La pretensión que motivó su impugnación, se consolidó mediante la interposición de una excepción sobreviniente, planteada en ejecución de la Litis, de nomen juris conciliación y cosa juzgada; dado que, en el proceso, “…ya no hay nada y asunto esencial u vertebral a tratar propiamente dicho, es decir que nuestro obrar se circunscribe bajo las vertientes, establecidas en el art. 128.II y III) de la Ley N°.: 439; MAS ‘NO’, se ha presentado, ningún incidente INNOMINADO, en ejecución de sentencia como adquiere y entiende, el juez de la causa” (sic), y por ello, correspondía ser resuelto mediante un auto interlocutorio definitivo y no uno simple, a través de la interposición directa de recurso de apelación en el plazo de diez días para ser tramitada en el efecto devolutivo y/o suspensivo, de acuerdo al estado del trámite principal;
3. El art. 367.I.3 del CPC, ilustra su obrar probo y acorde a derecho; pues, la excepción de conciliación y cosa juzgada interpuesta en juicio, admite impugnación de manera directa en el efecto suspensivo, al resolverse mediante auto definitivo que corta todo procedimiento ulterior, impidiendo que la causa se siga tramitando, porque trata el fondo de la misma; en tanto el incidente planteado en ejecución de sentencia, se debe recurrir de reposición con alternativa de apelación en un plazo de tres días, tal cual manda la norma, y se resuelve mediante un auto interlocutorio simple y no mediante un definitivo;
4. En ese orden, y siendo que en el caso interpuso excepción sobreviniente en ejecución de sentencia, la misma debe concluir con la emisión de auto interlocutorio definitivo que corta o cierra el procedimiento y no así como simple; por lo mismo, deben aplicarse los arts. 260.I y 261.I del CPC;
5. Por lo tanto, su solicitud de conciliación y cosa juzgada no podía ser tramitada, sustanciada y resuelta vía acción y/o extremo judicial, como incidente innominado o no especializado; ya que, un trámite incidental, en esencia, no puede definir, dirimir un proceso, sus resoluciones no van al fondo del controvertido y nunca irán a definir al fondo y no declara el mérito de la causa, no suspende la ejecución de un procedimiento judicial;
6. No se puede establecer, como se hizo, que su derecho a la impugnación hubiera decaído, al tenor de lo previsto por el art. 262 del CPC, lo que constituye ciertamente una privación de sus derechos de acceso a la justicia e impugnación; nunca se tramitó el incidente de petición, conciliación y cosa juzgada, sino se sustanció y resolvió una excepción en ejecución de sentencia.
En respuesta al recurso interpuesto, las autoridades demandadas emitieron el Auto de Vista 32 de 1 de noviembre de 2021; en cuyo tenor señalaron lo siguiente:
a) Los alcances y la competencia del Tribunal que conoce la compulsa se circunscribe únicamente a verificar si la concesión del recurso es legítima o no, para ello, se deberá tomar en cuenta la regulación que prevé la ley procesal en función a la naturaleza del proceso, las resoluciones pronunciadas dentro del mismo y otros aspectos de carácter estrictamente procesal que hacen al régimen de impugnaciones, el tribunal que conoce de un recurso de compulsa, no tiene atribuciones para tomar determinaciones sobre aspectos de carácter sustancial o de fondo de las resoluciones contra las cuales, se concedió erróneamente el recurso, u otras cuestiones que no sean la concesión indebida; b) La impetrante de tutela fue notificada el 16 de agosto de 2021 a las 15:45; e interpuso recurso de apelación el 20 del mismo mes y año, habiéndose resuelto mediante Auto interlocutorio de 6 de septiembre del citado año, dictado por el Juez a quo, que rechazó el mismo de acuerdo a lo establecido por el art. 262 del CPC; dando lugar a la presentación de recurso de compulsa el 1 de octubre de 2021; concedido por Auto interlocutorio de 4 de octubre de 2021;
c) La autoridad judicial al rechazar la apelación actuó de manera correcta y conforme a procedimiento en estricta aplicación del art. 262 del CPC, cuyo tenor dispone que el recurso de apelación contra autos interlocutorios, se regirá por lo dispuesto en el artículo anterior, con las siguientes modificaciones: 1. Si se tratare de Autos Interlocutorios dictados fuera de audiencia, se podrá apelar de ellas, en el plazo de tres días:
d) En consecuencia, el recurso de apelación presentado por Dolores Rosario Conde Villegas, el 20 de agosto de 2021, evidencia que se encuentra presentado fuera de término al correspondiente al recurso de apelación. Lo que evidencia que el Juez de la causa realizó una correcta aplicación a lo establecido por el art. 262.I del CPC; por lo que, corresponde declarar ilegal la compulsa interpuesta.
A efectos de verificar si el fallo impugnado cumplió con otorgar una debida fundamentación a tiempo de resolver el recurso de compulsa interpuesto por la accionante, corresponde previamente revisar la jurisprudencia constitucional glosada en los fundamentos jurídicos precedentes, en cuyo tenor establece que toda determinación emergente en fase de ejecución de sentencia, es susceptible de recurso de reposición con apelación alternada, esta última que se activa cuando el Juez no modifica o deja sin efecto la decisión impugnada en reposición; de modo tal, que las resoluciones que resuelven los incidentes, admitirán recurso de reposición con alternativa de apelación. El entendimiento anterior, parte del razonamiento de que la fase de ejecución de un fallo, por disposición de lo previsto por el art. 400 del CPC, no puede suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, y por lo mismo, cualquier solicitud que busque rechazar o dilatar la ejecución de una sentencia ejecutoriada, debe ser resuelta a través de un auto de naturaleza interlocutoria simple; no siendo viable la consideración de una “excepción sobreviniente” y que por ello merezca un tratamiento distinto. Ello obedece al criterio de que toda resolución dictada en esta fase es recurrible de reposición bajo alternativa de apelación en el efecto devolutivo; y no así, en efecto suspensivo; de modo que, entre los presupuestos normativos del proceso judicial en ejecución de sentencia se encuentran los incidentes, mismos que en su totalidad, son resueltos mediante Autos interlocutorios simples.
En ese orden y conforme se tiene dicho, el recurso de compulsa tiene como único propósito la revisión por el superior en grado, de la admisibilidad o rechazo de un recurso de apelación o casación. El mismo no se enfoca en las cuestiones de fondo del asunto mismo, pues su finalidad es reencausar el trámite procesal y adecuar el recurso, cuando éste fue indebidamente negado.
No obstante los argumentos expuestos por la impetrante de tutela, toda determinación emergente en fase de ejecución, por regla general es susceptible de recurso de reposición con apelación alternada y se tramitan en el efecto devolutivo sin recurso ulterior, y por lo mismo, deben ser resueltos a través de autos interlocutorios simples, habida cuenta que la causa ya cuenta con una Sentencia que resolvió la pretensión principal del proceso, y en ejecución de sentencia no resulta viable suspenderse por ningún recurso, sea ordinario o extraordinario o cualquier solicitud que pretenda rechazar o dilatar esa ejecución; por lo mismo, no resulta razonable, conforme pretende la solicitante de tutela, que se tramite ningún tipo de petición, ni incidente o excepción en fase de ejecución de sentencia, como un aspecto sobreviniente, pues en esta etapa solo resta el cumplimiento de la sentencia con calidad de cosa juzgada, y por lo mismo, su ejecución no puede ser suspendida por ningún recurso.
En consecuencia, la naturaleza del Auto 115 que resolvió la excepción “sobreviniente por conciliación y cosa juzgada”, al haber sido dictado en fase de ejecución de sentencia, dentro del proceso principal de cobro de dinero, es simple y no definitivo, en razón a que no puede poner fin al proceso principal que cuenta con sentencia; y consecuentemente, el plazo para impugnarlo era de tres días y no de diez, conforme establece el art. 262.1 del CPC.
De lo señalado precedentemente, es posible concluir que los Vocales demandados, no suprimieron ni restringieron el contenido esencial del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación ni congruencia de la hoy accionante; y si bien el Auto 32 dictado como resultado de la compulsa interpuesta por la precitada, no contiene argumentos ampulosos; sin embargo, se encuentra ajustado a derecho, al haber aplicado de manera correcta las normas procesales civiles; y por lo mismo, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, evaluó de forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 143/2022 de 6 de septiembre, cursante de fs. 618 a 622 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR, la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0426_2024-S4.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): 98cb1469eba86170c1873a6dda54122587a45f06dbc09e0a26f279dfa3dc4f45
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