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SCP 0425/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 24 de marzo de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
24 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
53018-2023-107-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes, a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho a la libertad y de la garantía al debido proceso en su vertiente de derecho a la defensa; toda vez que: 1) La apelación incidental que formularon contra el “Auto Interlocutorio” que determinó su detención preventiva no fue remitida al Tribunal de alzada, bajo el argumento de que no se habría concluido la transcripción del acta de audiencia; además, se les indicó que sería remitida antes del inicio de la vacación judicial, el cual comenzó el 10 de enero de 2023, sin que ello hubiera ocurrido; y, 2) De igual forma, no se remitieron los antecedentes al Juzgado de turno, lo que, a su vez, les impedía plantear incidentes y excepciones, al haber sido notificados con la imputación formal. Ante ello, el Juez demandado manifiesta que, durante las vacaciones judiciales, asumió la competencia de numerosos casos que le fueron remitidos y atendió diversas audiencias de distintos distritos judiciales; y, si bien la transcripción de actas de audiencia corresponde a la Secretaría del Juzgado, la recarga laboral y la falta de personal oficial impidieron su elaboración en veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 12 de enero de 2023, cursante de fs. 29 a 34, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a la dilación en la remisión de la apelación incidental formulada por los accionantes contra el “Auto Interlocutorio” que determinó su detención preventiva; disponiéndose la inmediata remisión del cuaderno de apelación ante el Tribunal de alzada, si es que hasta la fecha no se hubiera cumplido conforme instruyó el Juez de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela respecto a la alegada falta de remisión de antecedentes al Juzgado de turno por vacación judicial, por no tener relación con los derechos que tutela la acción de libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio rector de celeridad en la potestad de impartir justicia
  2. III.2. La acción de libertad traslativa ante el reconocimiento de la autoridad demandada de que conocía la demora indebida
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0425/2026-S2 Sucre, 24 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53018-2023-107-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 12 de enero de 2023, cursante de fs. 29 a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Néstor Julio Enríquez Quiroga en representación sin mandato de Carmen Beatriz Quinteros Tambo y Elías Rojas Salinas contra José Hernán Gutiérrez Moscoso, Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de enero de 2023, cursante de fs. 1 a 2 vta., los accionantes, a través de su representante sin mandato, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal instaurado en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de estafa y estelionato, con la agravante de víctimas múltiples, José Hernán Gutiérrez Moscoso, Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, señaló audiencia de consideración de medidas cautelares para el 28 de diciembre de 2022, en la cual fue dispuesta su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba; asimismo, en dicha audiencia se interpuso recurso de apelación incidental contra la resolución emitida; sin embargo, hasta la fecha de interposición del memorial de acción de libertad, esta no fue remitida al Tribunal de alzada, a pesar de su condición de privados de libertad. No obstante, pese a los reclamos efectuados ante el juzgado, les indicaron que el acta de audiencia aún no habría sido concluida debido a la extensión de la misma, ya que la audiencia tuvo una duración de más de tres horas; asimismo, les señalaron que el cuaderno de apelación sería remitido antes del inicio de la vacación judicial; sin embargo, siendo que esta comenzó el 10 de enero de “2022” -lo correcto es 2023-, desconocían cuándo sería elevado el referido recurso, más aun considerando que los antecedentes no fueron remitidos al Juzgado de turno por el mismo motivo, lo que les impidió interponer incidentes y excepciones.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

Denuncian la lesión de su derecho a la libertad y de la garantía al debido proceso en su vertiente de derecho a la defensa; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela impetrada, disponiendo se ordene la remisión de antecedentes a la Sala Penal de turno que corresponda.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 12 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 28 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes, a través de su abogado, ratificaron in extenso el contenido de su acción de libertad y, ampliando en audiencia, manifestaron que a) Exigió diariamente a la Secretaría del Juzgado la elaboración del acta de la audiencia de medidas cautelares referida; b) Al haber sido notificados con la imputación formal, contaban con el plazo de diez días hábiles para plantear incidentes y excepciones; sin embargo, este venció el día anterior a la audiencia de garantías, sin que la autoridad demandada haya remitido el expediente solicitado al Juzgado de origen, por lo que no pudieron plantear los referidos medios de defensa; y, c) Las autoridades jurisdiccionales son responsables de exigir el efectivo cumplimiento de las funciones al personal subalterno a su cargo.

I.2.2. Informe de la parte demandada

José Hernán Gutiérrez Moscoso, Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito cursante a fs. 19 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: 1) Se encontraba de turno, por motivo del inicio de las vacaciones judiciales, en la jurisdicción de todo el Valle Bajo del departamento de Cochabamba, habiéndosele remitido las causas de los demás juzgados, por lo que debió sustanciar las solicitudes que le fueron presentadas, además de atender las audiencias que se encontraban programadas según agenda; 2) Si bien la transcripción de actas es de responsabilidad de la Secretaría del juzgado, el intenso flujo de audiencias impidió que dicho personal subalterno pudiera labrarlas en veinticuatro horas, máxime cuando no contaba en su Juzgado con personal oficial, debiendo recurrir al apoyo de amanuenses, los cuales no poseían la experticia necesaria para la elaboración de las mismas; y, 3) Remitiría al Juez de garantías todo el expediente judicial, que incluía el acta reclamada, quedando su efectivización a cargo de los impetrantes de tutela ante la Sala Penal de turno.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Marcela Tatiana Salazar Agreda, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: i) No correspondía indicar que el Juez demandado era responsable de la elaboración del acta de audiencia requerida y abstraerse de la realidad, por cuanto su juzgado no contaba, durante varios días, con Secretaría titular, quien lamentablemente se encontraba con baja médica, producto de su delicado estado de salud; y, ii) No era evidente que los accionantes hubiesen estado impedidos de plantear excepciones e incidentes, por cuanto en la audiencia de medidas cautelares hicieron efectivos dichos mecanismos de defensa, de modo que lo alegado carecía de sustento, más aún porque fue humanamente imposible que el Juez demandado remitiera la causa en el tiempo indicado, en particular cuando no pudieron ser computados los días de plazo de manera corrida, debido a que luego de la referida audiencia transcurrieron días feriados y fines de semana.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución de 12 de enero de 2023, cursante de fs. 29 a 34, concedió la tutela solicitada, ordenando que en el día se proceda a la remisión del cuaderno de apelación a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y los antecedentes del proceso al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Tiquipaya del mismo departamento; con base en los siguientes fundamentos: a) A pesar del informe recibido del Juez demandado, en antecedentes no cursaba el acta de audiencia de medidas cautelares extrañada, ni tampoco pudo ser evidenciada la remisión de la apelación dentro del plazo establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), incluso si se consideraba la flexibilización establecida al efecto por la jurisprudencia constitucional; y, b) De igual forma, no fue advertida la remisión de antecedentes al Juzgado de Instrucción de turno de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, hasta el 6 de enero de 2023, conforme a la “Circular 12/2022”.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a la Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional; en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido por ley (fs. 39 a 41).

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante imputación formal de 27 de diciembre de 2022, Marcela Tatiana Salazar Agreda, Fiscal de Materia, imputó a Carmen Beatriz Quinteros Tambo y Elías Rojas Salinas -ahora accionantes- por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato con la agravante de víctimas múltiples, sancionados por los arts. 335, 337 y 346 bis del Código Penal (CP), y solicitó la aplicación de medidas cautelares (fs. 20 a 24 vta.). II.2. Mediante decreto de 27 de diciembre de 2022, José Hernán Gutiérrez Moscoso, Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, convocó a audiencia de aplicación de medidas cautelares para el 28 de igual de mes y año (fs. 25), determinación notificada a los accionantes en la misma fecha (fs. 26 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes, a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho a la libertad y de la garantía al debido proceso en su vertiente de derecho a la defensa; toda vez que: 1) La apelación incidental que formularon contra el “Auto Interlocutorio” que determinó su detención preventiva no fue remitida al Tribunal de alzada, bajo el argumento de que no se habría concluido la transcripción del acta de audiencia; además, se les indicó que sería remitida antes del inicio de la vacación judicial, el cual comenzó el 10 de enero de 2023, sin que ello hubiera ocurrido; y, 2) De igual forma, no se remitieron los antecedentes al Juzgado de turno, lo que, a su vez, les impedía plantear incidentes y excepciones, al haber sido notificados con la imputación formal. Ante ello, el Juez demandado manifiesta que, durante las vacaciones judiciales, asumió la competencia de numerosos casos que le fueron remitidos y atendió diversas audiencias de distintos distritos judiciales; y, si bien la transcripción de actas de audiencia corresponde a la Secretaría del Juzgado, la recarga laboral y la falta de personal oficial impidieron su elaboración en veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio rector de celeridad en la potestad de impartir justicia

Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, como una de las modalidades de esta acción de defensa, la SC 0224/2004-R de 16 de enero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (las negrillas nos corresponden). Entendimiento que tiene relación con la celeridad, uno de los principios rectores de la potestad de impartir justicia del Órgano Judicial, previsto en el art. 178.I de la CPE que, conforme al entendimiento desarrollado en la SCP 0023/2013 de 4 de enero, “…persigue como principal objetivo que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos dispuestos por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse; sin embargo, en los casos en los que estos plazos surjan como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente establecidas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento; una actuación contraria, conlleva no sólo la vulneración de derechos y garantías, sino también el fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación” (el énfasis es agregado).

III.2. La acción de libertad traslativa ante el reconocimiento de la autoridad demandada de que conocía la demora indebida

La SCP de Avocación 0003/2026 de 25 de febrero, establece que las dilaciones indebidas pueden manifestarse en dos modalidades, a saber: i) Por acción, regulada en el Fundamento Jurídico II.3.1 del referido fallo constitucional, que establece la interposición del recurso de reposición en supuestos en los cuales la dilación es atribuida a verbigracia un señalamiento de audiencia lejano; y, ii) Por omisión, regulada en el Fundamento Jurídico II.3.2 de la citada Sentencia Constitucional Plurinacional de Avocación, que ocurre ante la inacción de las autoridades demandadas, por ejemplo cuando estas no señalan audiencia o no remiten el legajo de una apelación de resolución de medidas cautelares. Ahora bien, el propósito de la SCP de Avocación 0003/2026, es la de acreditar que la autoridad judicial en el marco de su competencia tuvo la posibilidad y oportunidad de tomar las medidas adecuadas para corregir actos u omisiones que demoran la tramitación de solicitudes de las cuales depende la libertad de procesados penales entonces frente a omisiones el referido fallo constitucional establece el deber de asegurarse de que el juez competente conoció sobre la demora y no adoptó las medidas idóneas para corregir la misma, en este sentido se estableció: “…frente a demoras en el cumplimiento de los plazos establecidos por la ley que incidan en la libertad, es la parte la que debe acreditar que efectuó reclamo escrito, dejó constancia en el libro del litigante, presentó denuncia disciplinaria, efectuó reclamo al vocal semanero o utilizó otro mecanismo de reclamo establecido por el Órgano Judicial frente a dicha inacción previamente a interponer la acción de libertad”, de lo cual se deduce que si la autoridad demandada reconoce en audiencia o a través de otro medio que conocía de la demora, entonces no es necesario el reclamo previo referido en la mencionada Avocación, en la medida en la que, si la finalidad es darle a conocer sobre la demora de forma que tenga la oportunidad de corregir la misma, entonces sí reconoce que conocía de la misma, dicha formalidad se vuelve innecesaria. Asimismo, se aclara que dicho entendimiento por decisión de la mayoría de Sala Plena del órgano de control de constitucionalidad será aplicable a futuros casos en la medida en la que se entendió que las avocaciones no tendrán efecto retroactivo entendimiento con el cual el suscrito magistrado relator no se encuentra de acuerdo en la medida en la que jurisprudencia contradictoria no genera derecho alguno pero que respeta la decisión.

III.3. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Carmen Beatriz Quinteros Tambo y Elías Rojas Salinas -ahora accionantes- por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, con agravante de víctimas múltiples, la Fiscal de Materia asignada al caso presentó imputación formal el 27 de diciembre de 2022, solicitando la aplicación de medidas cautelares de carácter personal contra ambos impetrantes de tutela (Conclusión II.1); posteriormente, por decreto de la misma fecha, el Juez ahora demandado convocó a audiencia de medidas cautelares para el 28 de diciembre de igual año, determinación que fue notificada a los peticionantes de tutela en la referida fecha (Conclusión II.2); en dicha audiencia se dispuso la detención preventiva de los prenombrados, quienes interpusieron recurso de apelación incidental contra tal determinación; sin embargo, conforme indicó la autoridad demandada en audiencia de garantías, la misma no fue remitida al Tribunal de alzada oportunamente, debido a la recarga laboral en su juzgado. En ese orden, debe tenerse en cuenta que, conforme la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el principio de celeridad constituye un componente esencial de la garantía del debido proceso y es exigible en aquellas actuaciones en las que se encuentra comprometido el derecho a la libertad personal, de modo que toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud o trámite que involucre directamente el derecho a la libertad, como en el presente caso la remisión del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada, debe tramitarla con la mayor celeridad posible; por consiguiente, se advierte que la apelación incidental formulada por los accionantes no fue remitida oportunamente al Tribunal de alzada, extremo que fue reconocido por la propia autoridad demandada en audiencia de garantías, quien atribuyó dicha demora a la recarga laboral y a la falta de personal de apoyo jurisdiccional en su Juzgado; asimismo, de la revisión de antecedentes no cursa documentación alguna que acredite la efectiva remisión del cuaderno de apelación ante el Tribunal de apelación; sin embargo, al haber tenido conocimiento de la demora denunciada y persistir la omisión en la remisión de la apelación incidental, se evidencia una dilación indebida contraria al derecho a la libertad de los accionantes, razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada. Por otro lado, respecto a la alegada falta de remisión de antecedentes al Juzgado de turno por motivo de vacación judicial, lo que le impediría plantear incidentes y excepciones, al respecto se advierte la inconcurrencia de los presupuestos para la activación de la acción de libertad en la medida en la que los referidos actos no se constituyen en los actos que estén relacionados de forma directa a su libertad; en consecuencia, corresponde denegar la tutela por este extremo, siendo que la alegada falta de remisión de antecedentes por vacación judicial al Juzgado de turno no es causa directa de la privación de libertad de los accionantes, toda vez que esta surge de su detención preventiva, la cual, como se desarrolló en esta misma sentencia, está pendiente de apelación. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 12 de enero de 2023, cursante de fs. 29 a 34, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a la dilación en la remisión de la apelación incidental formulada por los accionantes contra el “Auto Interlocutorio” que determinó su detención preventiva; disponiéndose la inmediata remisión del cuaderno de apelación ante el Tribunal de alzada, si es que hasta la fecha no se hubiera cumplido conforme instruyó el Juez de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela respecto a la alegada falta de remisión de antecedentes al Juzgado de turno por vacación judicial, por no tener relación con los derechos que tutela la acción de libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0425_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3125672e222df1726eec620a99bed2fd6480c1aba84986d2d56ef9304d6d26ba

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