B.IA.LEGAL

SCP 0425/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
54899-2023-110-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; y, del principio de celeridad; puesto que, la ahora accionada -dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de estafa agravada, en el que cumple detención preventiva-, no llevó a cabo la audiencia de cesación fijada para el 1 de marzo de 2023, suspendiéndola para el 3 de ese mes y año, y esta ser nuevamente diferida por el simple hecho de que la Fiscal de Materia a cargo de la investigación tendría otra audiencia, cuando pudo ser sustituida por otro Fiscal de Materia en el marco del principio de unidad, inobservando que las peticiones vinculadas a la libertad personal deben ser atendidas de forma inmediata. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva; ii) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226; iii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; y, iv) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 06/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 12 a 15 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada, disponiendo la celebración de la audiencia de cesación de la detención preventiva dentro del plazo de cuarenta y ocho horas que prevé el art. 239 del Código Penal, con la respectiva consideración de su situación jurídica y resolución correspondiente, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Gabriela Cuellar Velazco, Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, por lo expuesto en la última parte de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva
  2. III.2. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva, el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226
  3. III.3. El principio de celeridad en las actuaciones procesales
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0425/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54899-2023-110-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 06/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 12 a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilfor Alex Callahuara Calahuana en representación sin mandato de Alejandro Aguilar Pérez contra Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Penal Décima del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 3 de marzo de 2023, cursante de fs. 2 a 3 vta., manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del ilícito de estafa agravada, donde cumplía su detención preventiva como medida cautelar, habiendo vencido el plazo de la misma el 19 de febrero de 2023, solicitó cesación en virtud del art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) el 22 de ese mes y año, ante el Juzgado de Instrucción Penal Décima del departamento de La Paz -cuya titular es ahora accionada-, fijándose la audiencia al efecto para el 1 de marzo de ese año; empero, fue suspendida ante la solicitud del abogado de la Universidad Autónomo Gabriel Rene Moreno (UAGRM), quien alegó que no fue notificado para la misma dentro de las veinticuatro horas, reprogramándola para el 3 de ese mes y año; fecha en la cual, también fue diferida, esta vez por el simple hecho de que la Fiscal de Materia a cargo de la investigación, tendría otra audiencia. El motivo de dicho diferimiento, contradice lo establecido por la SCP 0873/2017-S2 de 21 de agosto, respecto a que el Ministerio Público puede ser representado por otro Fiscal de Materia en el marco del principio de unidad, debiendo las peticiones vinculadas a la libertad personal ser atendidas de forma inmediata en virtud del principio de celeridad, sin que la inconcurrencia del representante del Ministerio Público implique un vicio ni incida en la resolución que debe asumir el juzgador en relación a su situación jurídica, tampoco por la inconcurrencia del querellante, al ser su participación potestativa, siempre que su notificación hubiera sido practicada legalmente.

I.1.2. Derechos , garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, Denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; así como, del principio de celeridad, citando al efecto los arts. 22 y 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, disponiendo: “Que la autoridad accionada en el plazo máximo de 48 horas lleve a cabo audiencia de cesación a la detención preventiva y que la misma no se suspenda bajo ninguna causal y/o motivo injustificado” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 4 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 10 a 12, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de libertad ampliándolo, manifestó que: a) La Juez ahora accionada suspendió la audiencia de cesación de su detención preventiva fijada para el 3 de marzo de 2023, ante la petición informal de la Fiscal de Materia a cargo de la investigación de tener otra audiencia de medidas cautelares, a pesar que la jurisprudencia constitucional establecida en la SCP 0128/2018 de 2 de mayo, prohíbe el diferimiento de dicho acto procesal; y, b) En el proceso penal se suscitaron una serie de suspensiones de audiencias de cesación de la detención preventiva que viene cumpliendo. Vía dúplica, expresó que por el principio de unidad, el Ministerio Público podía sustituir a la Fiscal de Materia para concurrir a la audiencia de cesación de la detención preventiva. Asimismo, por el principio de verdad material, la suspensión de dicho acto procesal ocurrió tres veces de manera consecutiva, cuando correspondía se lleve a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas.

I.2.2. Informe de la demandada

Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Penal Décima del departamento de La Paz, expresó que la audiencia a la que hace alusión el accionante fue suspendida en virtud a que la Fiscal de Materia era parte principal del proceso y considerando que tenía otras audiencias, se accedió a dicha solicitud de suspensión y si bien la reprogramación no se la realizó dentro de las cuarenta y ocho horas, fue porque se requería tiempo para notificar a la referida Fiscal de Materia y el “martes próximo”, se debía atender audiencias de procedimiento abreviado, de aquellos procesados que quieren someterse a salida alternativa, y el día miércoles, es el onomástico de la mujer, y solo se trabaja medio día; razón por la cual, se fijó para el jueves, estando justificada la ausencia de la Fiscal, puesto que, “…hay situaciones que imposibilitan el realizar en 48 o 72 horas…” (sic).

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 06/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 12 a 15 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo el señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva dentro del plazo de cuarenta y ocho horas que prevé el art. 239 del CPP y, denegó en cuanto a la suspensión de la audiencia de 3 de marzo de 2023. Determinación con base en los siguientes fundamentos: 1) Si bien la norma penal prevé que el Ministerio Público pueda ser asistido por otro fiscal ante alguna imposibilidad, esa consideración la debe hacer la autoridad jurisdiccional ante la inasistencia del nombrado, para el próximo señalamiento, tal cual prevé el art. 113 del CPP, sin que se advierta vulneración de derechos en el caso hasta ese momento, siendo que la Jueza ahora accionada no conocía hasta minutos antes de la audiencia a la que debía asistir la Fiscal de Materia; y, 2) Según regula el art. 239.2 del citado Código, el plazo para su señalamiento es de cuarenta y ocho horas, correspondiendo se programe el acto procesal suspendido dentro de ese término, más aun si no se tiene circular alguna que establezca la suspensión de actividad por el día de la mujer.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, ser dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de Admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución 06/2023 de 4 de marzo, emitida por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz constituida en -Jueza de garantías-, que coligió que: “…dentro de los actuados procesales se tiene además que el 28/02/2023 en base al instructivo 34/2023 la autoridad accionada señala audiencia, para fecha 07/03/2023 12:00 en puesto que estaría de turno…” (sic [fs. 12 a 15 vta.]). II.2. Consta en el acta de audiencia pública celebrada el 4 de marzo de 2023 por la Jueza de garantías, de la intervención de Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Penal Décima del departamento de La Paz -ahora accionada-, se tiene que: “…en el cuadernillo de investigaciones ya está señalada la audiencia pero aclarando que el día martes no vamos a poder llevar por estar en palmasola y el miércoles por el de la mujer por eso se señaló para el día jueves es decir está dentro del plazo legal…” (sic [fs. 10 a 12]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; y, del principio de celeridad; puesto que, la ahora accionada -dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de estafa agravada, en el que cumple detención preventiva-, no llevó a cabo la audiencia de cesación fijada para el 1 de marzo de 2023, suspendiéndola para el 3 de ese mes y año, y esta ser nuevamente diferida por el simple hecho de que la Fiscal de Materia a cargo de la investigación tendría otra audiencia, cuando pudo ser sustituida por otro Fiscal de Materia en el marco del principio de unidad, inobservando que las peticiones vinculadas a la libertad personal deben ser atendidas de forma inmediata. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva; ii) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226; iii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva

La SCP 0586/2025-S1 de 30 de mayo, reiterando los razonamientos de la SCP 0280/2020-S1 de 7 de agosto, señala que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’.

A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la citada SC 1579/2004-R; la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. A través de la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, razonó a partir del principio ético-moral ama qhilla, vinculándolo con el de celeridad procesal, estableciendo que las autoridades judiciales, en virtud a dichos principios tienen el deber procesal de dirigir y resolver sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de detenciones preventivas. (…) La SCP 0112/1012 de 27 de abril recogió los supuestos de dilaciones injustificadas en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad; resaltando el respeto al principio de celeridad, su carácter normativo y vinculante, como su necesaria aplicación en supuestos en los que la situación jurídica de las personas deba ser definida.”

III.2. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva, el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226

La SCP 1045/2022-S1 de 21 de septiembre, señala que: “La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días. Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días. Sin embargo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a ley N° 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 23 de septiembre de 2019- introdujo las modificaciones al art. 239 referente a la cesación de las medidas cautelares personales, siendo el texto vigente el siguiente: Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2.Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de vienticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las vienticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.’ En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. El principio de celeridad en las actuaciones procesales

La 0207/2025-S1 de 25 de marzo, reiterando los entendimientos de la SCP 0613/2018-S2 de 8 de octubre, establece que:“En cuanto al principio de celeridad, el art. 178.I de la CPE, dispone que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos’; asimismo, el art. 180.I de la Ley Fundamental expresa: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez’; ambos artículos se encuentran relacionados a lo establecido en el art. 115.II de la misma Norma Suprema al señalar que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. Complementando lo señalado, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad, y la eficiencia persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones; de manera que, las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, ratificado dicho entendimiento en la SCP 0023/2013 de 4 de enero.

Posteriormente, la SCP 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que la celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra interrelacionado con otros principios, derechos y garantías. Entendimiento reiterado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre”.

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; y, del principio de celeridad; puesto que, la Jueza ahora accionada -dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de estafa agravada, en el que cumple detención preventiva-, no llevó a cabo la audiencia de cesación fijada para el 1 de marzo de 2023, suspendiéndola para el 3 de ese mes y año, y esta ser nuevamente diferida por el simple hecho de que la Fiscal de Materia a cargo de la investigación tendría otra audiencia, cuando pudo ser sustituida por otro Fiscal en el marco del principio de unidad, inobservando que las peticiones vinculadas a la libertad personal deben ser atendidas de forma inmediata. El razonamiento jurisprudencial precisado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a tiempo de establecer el ámbito de tutela de la acción de libertad y, en particular de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, entendió que tiene la finalidad de acelerar los trámites cuando en los mismos existan demoras indebidas para efectivizar la libertad del encausado y/o resolver su situación jurídica; así también, más adelante, precisó supuestos de procedencia para considerar un acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, definiendo subreglas en su tramitación, como el hecho fijarse la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial -entre otras-. Ahora bien, considerando que en el caso no se cuenta con prueba documental del proceso penal por la presunta comisión del ilícito de estafa agravada que sigue el Ministerio Público al accionante, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional emitirá su pronunciamiento en atención a lo alegado por la parte accionante en su memorial de acción de libertad, lo expresado en la audiencia de consideración y la Resolución 06/2023 de 4 de marzo, pronunciada por la Jueza de garantías; en ese sentido, se tiene que el accionante estando cumpliendo la medida cautelar de detención preventiva, el 22 de febrero de 2023, solicitó cesación de la misma por las causales previstas por el art. 239.1 y 2 del CPP, fijando la Juez ahora accionada demandada para el 1 de marzo de ese año; empero, ante la solicitud de ampliación de dicha medida cautelar por el Ministerio Público, mediante decreto de 24 de febrero del citado año, se hubiese dispuesto la notificación de las partes -según datos extraídos de la Resolución 06/2023-, siendo dicho acto procesal reprogramando para el 3 del citado mes y año; fecha en la cual, también fue diferida, esta vez debido a que la Fiscal de Materia a cargo de la investigación tendría fijada otra audiencia; extremo corroborado por la Jueza de garantías -quien tuvo acceso a los antecedentes del proceso penal-, al referir que el 28 de febrero de 2023 hubiese señalado audiencia para el 7 de marzo de ese año, en razón a que estaría de turno días previos a la misma, reconocida tal actuación por la Jueza hoy accionada a tiempo de brindar su informe oral en audiencia de garantías, indicando que: “…ya está señalada la audiencia pero aclarando que el día martes no vamos a poder llegar por estar en palmasola y el miércoles por el de la mujer por eso se señaló para el día jueves es decir está dentro del plazo legal…” (sic [Conclusión II.2]). En efecto, dicha correlación de datos y actuados, si bien dan cuenta que evidentemente existió tal diferimiento desde un inicio, amerita el análisis a partir de la segunda suspensión en virtud al alcance de la pretensión del accionante, cuyo motivo de la suspensión habría sido que la representante del Ministerio Público tenía programada otra audiencia; cuyo diferimiento -a decir de la Jueza ahora accionada-, considerando que era viernes, no podía ser para el lunes, debido al poco tiempo para notificar al Ministerio Público y, tampoco para el martes en razón, fecha en la que debía estar en palmasola y el miércoles, por ser día de la madre, intuyendo que se suspenderán las actividades; razón por la cual, fijó para el jueves; es decir, la Jueza ahora accionada reconoce no solo que fue fijada la audiencia al efecto fuera del plazo de las cuarenta y ocho horas que prevé el art. 239 del CPP, sino también alega como motivos el hecho del corto plazo para comunicar a las partes procesales y la alusión de un día festivo como la celebración del aniversario de la mujer, en el cual podrían suspenderse las actividades jurisdiccionales, y por ende la celebración de una audiencia; es decir, pretende justificar tal diferimiento en lo que podría pasar a futuro, sin aún contarse con la instrucción o disposición sobre dicha circunstancia, valoración y apreciación alejada de la jurisprudencia constitucional citada en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III 2. del presente fallo constitucional; más aun, si la misa deviene de una suspensión anterior, lo que en el fondo confirma un diferimiento sistemático al no considerar la solicitud de cesación a una medida cautelar, y consiguientemente resolver la situación jurídica del accionante, incurriendo en la subregla de señalar la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable y prudencial.

Asimismo, dicho accionar no observa la celeridad que debe imprimir toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, estando compelida a tramitarla con la mayor prontitud posible, precisamente con el fin de agilizar los trámites judiciales y, en especial la cesación de la detención preventiva, lo que provocaría una restricción indebida del derecho a la libertad del accionante de tutela, cuya exigibilidad recae sobre todo en la autoridad que ejerza el control jurisdiccional y de quien dependa su efectivización, constituyendo la acción de libertad el medio idóneo para la protección de las transgresiones al principio de celeridad glosado en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, razonamiento que no fue observado por la Jueza hoy accionada, que no actuó con la adecuada diligencia. Por todo lo expuesto, esta Sala del Tribunal Construccional llega a la conclusión que la determinación de suspensión de la audiencia objeto de la acción de libertad, reprogramándola por segunda vez consecutiva más allá del termino previsto por el art. 239 del CPP y con un lapso de tiempo extenso, la autoridad Judicial ahora accionada no observa su obligación de tramitarla con prontitud, considerando que se encuentra involucrado el derecho a la libertad física del accionante, provocando el retraso en la resolución de su situación jurídica, llegando a constituir un acto dilatorio al margen de la jurisprudencia glosada en los Fundamentos Jurídicos precedentes de este fallo constitucional y del principio de celeridad previsto en el art. 180 de la CPE, ameritando la inmediata celebración y emisión de la resolución correspondiente, deviniendo en consecuencia en la concesión de la tutela solicitada.

III.5. Otras consideraciones

Considerando que el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que: “La resolución y antecedentes de la Acción de Defensa se elevará de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la emisión de la resolución…”; de obrados en el caso de autos, se pudo advertir que la Jueza de garantías, no remitió los antecedentes del proceso penal que motivó la presente acción tutelar, teniéndose del acta de audiencia de consideración de la presente acción de libertad, del informe de la Secretaria que la hoy accionada envió “…los antecedentes concernientes a la acción de libertad…” (sic), ratificado por esta última en su informe oral en ese acto procesal; empero, sin que curse en el expediente antecedente alguno del proceso penal, advirtiéndose la remisión incompleta del expediente, lo que amerita exhortar a la Jueza de garantías a observar el procedimiento constitucional que rige al trámite de las acciones tutelares, correspondiendo una llamada de atención e instándole a no incurrir en dicha omisión. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 06/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 12 a 15 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada, disponiendo la celebración de la audiencia de cesación de la detención preventiva dentro del plazo de cuarenta y ocho horas que prevé el art. 239 del Código Penal, con la respectiva consideración de su situación jurídica y resolución correspondiente, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Gabriela Cuellar Velazco, Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, por lo expuesto en la última parte de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0425_2026-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 053b7c51abdc699cb8eb162fda85cbc0b8d0aa25449d48d11f6e74b2983377c8

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