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SCP 0425/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 15 de mayo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
15 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
51966-2022-104-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión a sus derechos a la dignidad; a la libertad; al debido proceso; a la defensa; y, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; toda vez que, el 6 de octubre de 2022, al permanecer en detención preventiva durante cuatro años, seis meses y diez días sin que se haya emitido la acusación ni dictado la sentencia correspondiente, solicitó la cesación de las medidas cautelares personales impuestas en su contra, amparándose en el art. 239.4 del CPP; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no se emitió resolución alguna a su solicitud. Asimismo, aunque su solicitud habría sido atendida signándose: “Se tiene presente” en el Libro Diario del Juzgado, no ha tenido acceso al cuaderno de control jurisdiccional para verificar tal extremo ni al referido libro de registro judicial.

Por su parte, la autoridad demandada no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías.

En consecuencia, corresponde determinar si tales argumentos, son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 127 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 007/2022 de 18 de noviembre, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que la solicitud del accionante se tramite de acuerdo al art. 239 del Código de Procedimiento Penal modificado por el art. 2.VI de la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente y conforme los fundamentos de este fallo constitucional; salvo que, la situación del mismo, al presente, ya se encuentre definida.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de celeridad en la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0425/2025-S2 Sucre, 15 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 51966-2022-104-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 007/2022 de 18 de noviembre, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcelo Antonio Ortega Garate en representación sin mandato de Rodmy Ramírez contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de noviembre de 2022, cursante a fs. 1 y 8 a 10 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal incoado en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de robo agravado, el 9 de enero de 2018, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz; no obstante, a la fecha -de interposición de la presente acción tutelar-, ha estado privado de libertad durante un período de cuatro años, diez meses y ocho días, excediendo el plazo máximo legalmente establecido para la emisión de la acusación y la sentencia correspondiente.

Es así que, el 6 de octubre de 2022, solicitó a Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado- la cesación de las medidas cautelares que le fueron impuestas; sin embargo, dicha solicitud no ha sido atendida, a pesar de que, el auto interlocutorio que debía ser emitido no requería la convocatoria de alguna audiencia, sino que, correspondía que se resolviera en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

Asimismo, de la revisión del Libro Diario del Juzgado, si bien su solicitud fue tomada en cuenta con un simple "Se tiene presente", no ha tenido acceso al cuaderno de control jurisdiccional -asignado con el Número Único de Registro Judicial (NUREJ) 20272170- para constatar ello, extremo que, vulnera sus derechos constitucionales.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad; a la libertad; al debido proceso; a la defensa; y, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, citando al efecto, los arts. 8.II, 22, 73.I, 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada disponiendo reparar los derechos y garantía constitucionales vulnerados.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 18 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 14 a 16 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso los argumentos de su memorial de acción de libertad, y ampliando en audiencia sostuvo que: a) La solicitud de cesación de la detención preventiva se fundamentó en lo dispuesto por el art. 239.4 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, por lo tanto, debía resolverse conforme al art. 239 “núm. 6” del citado Código; y, b) Se requirió que la autoridad demandada presentara el cuaderno de control jurisdiccional correspondiente al caso con NUREJ 20272170, así como, el Libro Diario del Juzgado, documentación que hasta la fecha no remitió. En consecuencia, solicitó que se conmine al Juez demandado, poner a disposición el cuaderno solicitado y cumplir con lo establecido por la normativa procesal penal.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 13.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 007/2022 de 18 de noviembre, denegó la tutela impetrada y exhortó a la autoridad jurisdiccional demandada que, al encontrarse una persona privada de libertad, y que por ello, esta forma parte de un sector vulnerable, realice una revisión exhaustiva de los antecedentes del proceso que sustancia, a los fines de no vulnerar sus derechos; determinación asumida con base en los siguientes argumentos: 1) Si bien la acción de libertad se constituye en un medio idóneo para conocer y restituir cualquier tipo de omisión o vulneración que pueda atentar el derecho a la vida y a la libertad, debe considerarse que, de existir mecanismos procesales específicos de defensa, debe acudirse a éstos; 2) Para la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva conforme establece el art. 239.3 y 4 del CPP, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho horas, con contestación o sin ella, se dictará resolución sin necesidad de audiencia en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, declarando su procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos; y; 3) Se hizo conocer que la solicitud de cesación de la detención preventiva, se registró en el Libro Diario del Juzgado señalando: “Se tiene presente”, actuado del que no pidió corrección, modificación o revocatoria a la autoridad demandada que lo pronunció, lo que demuestra que, no se agotaron los medios intraprocesales previstos al efecto; y, considerando el principio de subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, se considera inviable lo solicitado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Por Certificado de Permanencia y Conducta 15401/2022 de 19 de agosto, David Rodolfo Machicado Cuela, Director; y, Paola Andrea Aguilar Arancibia Encargada de Archivo y Kardex, ambos del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, certificaron que Rodmy Ramírez -ahora accionante- ingresó al referido Centro Penitenciario el 9 de enero de 2018 y a la fecha de la certificación, su permanencia es de cuatro años, siete meses y diez días (fs. 4).

II.2. Mediante memorial presentado el 6 de octubre de 2022, el impetrante de tutela, solicitó a Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, la cesación de las medidas cautelares personales impuestas en su contra, debido a que, se encuentra detenido por cuatro años, siete meses y diez días sin que se hubiera emitido la acusación y la sentencia correspondiente, extremo que, hace aplicable el art. 239.4 del CPP (fs. 6 a 7 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión a sus derechos a la dignidad; a la libertad; al debido proceso; a la defensa; y, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; toda vez que, el 6 de octubre de 2022, al permanecer en detención preventiva durante cuatro años, seis meses y diez días sin que se haya emitido la acusación ni dictado la sentencia correspondiente, solicitó la cesación de las medidas cautelares personales impuestas en su contra, amparándose en el art. 239.4 del CPP; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no se emitió resolución alguna a su solicitud. Asimismo, aunque su solicitud habría sido atendida signándose: “Se tiene presente” en el Libro Diario del Juzgado, no ha tenido acceso al cuaderno de control jurisdiccional para verificar tal extremo ni al referido libro de registro judicial.

Por su parte, la autoridad demandada no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías.

En consecuencia, corresponde determinar si tales argumentos, son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de celeridad en la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El art. 115.II de la CPE establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso; lo cual exige que toda causa sea esta judicial o administrativa, se tramite sin demoras innecesarias, es decir, de manera oportuna; por su parte, los arts. 178 y 180 de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Con referencia a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…”.

III.2. Análisis del caso concreto

Delimitada la problemática que motivó la interposición de esta acción de defensa y conocidos los argumentos expuestos por el accionante, corresponde verificar el cumplimiento del principio de subsidiariedad. En ese sentido, en los casos en los que se denuncia la existencia de demoras indebidas que inciden o puedan incidir directamente en el derecho a la libertad de una persona privada de libertad, no puede exigirse el agotamiento de los mecanismos ordinarios porque dicha demora impediría hacer uso efectivo de estos. Tal es el caso de la presente acción tutelar, en la que, la solicitud de cesación a las medidas cautelares personales fue presentada el 6 de octubre de 2022 (Conclusión II.2), y hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, el cuaderno de control jurisdiccional no estaría a la vista, existiendo únicamente un decreto en el Libro Diario del Juzgado que se limitaría a señalar: “Se tiene presente”. El art. 8.II de la CPE reconoce a la libertad como uno de los valores fundamentales del Estado, valor que, se encuentra estrechamente vinculado con los principios procesales sobre los que se sustenta la jurisdicción ordinaria, entre ellos, el principio de celeridad, consagrado en los artículos 178.I y 180.I de la Norma Suprema. Este principio impone a las autoridades jurisdiccionales el deber de resolver los procesos judiciales sin dilaciones, garantizando la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas, particularmente el derecho a la libertad. En ese marco, el texto constitucional establece como mecanismo de defensa la acción de libertad, destinada a acelerar trámites judiciales o administrativos cuando existan demoras injustificadas que impidan resolver la situación jurídica de personas privadas de libertad. En tales circunstancias, esta acción se constituye como el medio procesal idóneo, mismo que, no requiere agotar previamente los medios de defensa intraprocesales. Por otra parte, el art. 239.4 del CPP, modificado por el art. 2.VI de la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022- establece que, las medidas cautelares personales cesarán cuando la detención preventiva exceda los doce meses sin que se haya dictado acusación o veinticuatro meses sin que se haya dictado sentencia -con ciertas excepciones referidas a delitos graves-. Asimismo, el referido artículo dispone que, en los casos señalados en los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos debe correr traslado de la solicitud en un plazo de veinticuatro horas, debiendo las partes responder en un plazo de cuarenta y ocho horas; y, con o sin respuesta, el juez o tribunal, sin necesidad de audiencia, debe emitir resolución correspondiente en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, declarando procedente o improcedente la cesación, sin posibilidad de suspender los plazos establecidos. En ese marco, las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de resolver, de forma oportuna y conforme a procedimiento, las solicitudes sometidas a su conocimiento, más aún, cuando está en juego el derecho a la libertad de una persona, como ocurre con el impetrante de tutela; mismo que, es procesado y privado de libertad por la presunta comisión del delito de robo agravado, sancionado con una pena de cuatro a doce años de presidio. Es por ello que, conforme señala el Certificado de Permanencia y Conducta 15401/2022, si el prenombrado estaría detenido preventivamente durante cuatro años, diez meses y ocho días (Conclusión II.1), en caso de recibir la pena mínima, ya habría cumplido íntegramente su condena; y, en caso de recibir una pena mayor, se encontraría cumpliendo parte sustancial de la misma, aspecto que, en su caso debe verificarse. Todo ello, evidencia la falta de definición de la situación jurídica del peticionante de tutela y la retardación indebida en la atención de su solicitud, aspecto que, repercute en su derecho fundamental a la libertad. Es así que, la referida dilación es atribuible tanto al Juez demandado, por no tramitar la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante conforme al procedimiento legalmente previsto, como al Juez de garantías constitucionales, quien rechazó la acción de libertad bajo el argumento de la subsidiariedad, prolongando de manera indebida la privación de libertad del impetrante de tutela; así, esta actuación resulta incompatible con los principios que rigen la administración de justicia, entre ellos, la celeridad procesal. Por tanto, se hace necesario que las autoridades judiciales atiendan con la debida prontitud las solicitudes de cesación de la detención preventiva en los casos en que los imputados se encuentran privados de libertad, dando cumplimiento al principio de celeridad previsto en la Constitución Política del Estado, cuya finalidad es garantizar el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; principio que, también se encuentra previsto en el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, el cual, se constituye en una exigencia esencial del servicio judicial. En consecuencia, el Juez hoy demandado, debió realizar un análisis integral de la referida solicitud, y al no hacerlo, incurrió en vulneración del principio de celeridad como componente del debido proceso, vinculado al derecho fundamental a la libertad del peticionante de tutela. Asimismo, incumplió el mandato previsto en el art. 115.II de la CPE, al no garantizar el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, sumado a ello, la omisión de resolver conforme al procedimiento previsto en el art. 239.4 modificado por el art. 2.VI de la Ley 1443, evidencia su responsabilidad directa en la dilación injustificada del proceso. Por todo lo expuesto, corresponde conceder la tutela, a fin de garantizar la debida celeridad en la tramitación de la solicitud de cesación a las medidas cautelares personales impuestas contra el accionante. En cuanto a la lesión de los derechos a la dignidad; a la defensa; y, a una justicia plural, gratuita y transparente no se advirtió carga argumentativa para realizar su análisis de fondo. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 127 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 007/2022 de 18 de noviembre, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que la solicitud del accionante se tramite de acuerdo al art. 239 del Código de Procedimiento Penal modificado por el art. 2.VI de la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente y conforme los fundamentos de este fallo constitucional; salvo que, la situación del mismo, al presente, ya se encuentre definida.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0425_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): f760b1957730c8573129100f7e68d0534796b25639100e845b3824a2579e2b04

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