Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos a los principios de legalidad y seguridad jurídica; y, al trabajo, remuneración y estabilidad laboral; puesto que, Milton Elías Altamirano Vargas, Gerente General a.i. y Samuel Augusto Pita Romero, Autoridad Sumariante, ambos de la Empresa Minera Colquiri autoridades accionadas al emitir la Resolución Administrativa Jerárquica 02/2024 de 9 de febrero no efectuaron una revisión exhaustiva del proceso sumario administrativo para verificar el cumplimiento del plazo de tres días previsto en el art. 22 literal a del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública modificado por .el Decreto Supremo (DS) 26237 de 29 de junio de 2001, para la activación del sumario. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 168/2024 de 4 de octubre, cursante de fs. 256 a 259, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
a) Disponer el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por Auto Constitucional 211/2025-CA/S de 19 de mayo, sea en el plazo de un mes calendario a partir de la notificación del presente fallo constitucional, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0424/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 67983-2024-136-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 168/2024 de 4 de octubre, cursante de fs. 256 a 259, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edgar Sánchez Aviz contra Milton Elías Altamirano Vargas, Gerente General a.i. y Samuel Augusto Pita Romero, Autoridad Sumariante, ambos de la Empresa Minera Colquiri .
El accionante, por memoriales presentados el 11 y 16 de septiembre de 2024, cursantes de fs. 33 a 36; y, 39, manifestó lo siguiente:
Fue Fisioterapeuta del Centro de Salud “Virgen de Fátima” dependiente de la Empresa Minera Colquiri. El 3 de noviembre de 2023, Mabel Leydi Torrico Zenteno de Guerreros -ahora tercera interesada- mediante informe presentó una denuncia contra su persona por supuestos malos tratos, agresión psicológica y actitud prepotente; por consiguiente, el 20 de ese mes y año se dictó el Auto de Inicio Sumario Administrativo 22/2023, para luego dictarse la Resolución Administrativa de Proceso Sumario 20/2023 de 27 de diciembre contra la que planteó Recurso de Revocatoria denunciando el incumplimiento del art. 22 literal a del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública modificado por el Decreto Supremo (DS) 26237 de 29 de junio de 2001; puesto que, el Auto de Inicio Sumario Administrativo 22/2023 fue emitido diecisiete días comunes después de la denuncia y once días administrativos, incumpliendo el plazo improrrogable de tres días previsto en dicho artículo. En respuesta fue emitida la Resolución Administrativa sobre Recurso de Revocatoria 01/2024 de 5 de febrero, que incurrió en una incongruencia normativa respecto al incumplimiento del plazo para el inicio del proceso de acuerdo al citado artículo. En consecuencia, presentó recurso jerárquico denunciando lesiones al debido proceso incurridas por la Resolución de revocatoria impugnada que fue ratificada la Resolución Administrativa Jerárquica 02/2024 de 9 de febrero, que le fue notificada el 14 de marzo de 2024. Fue vulnerado el derecho al debido proceso en el momento en el que se le inició el sumario administrativo, el cual debió ser activado dentro de tres días de recepcionada la denuncia, incurriendo en una falta del principio de legalidad y seguridad jurídica al incumplirse lo previsto por el art. 22 literal a del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública modificado por .el Decreto Supremo (DS) 26237 de 29 de junio de 2001. Asimismo, la Resolución Administrativa sobre Recurso de Revocatoria 01/2024, en su Considerando II al citar el art. 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) incurre en una incongruencia porque el proceso seguido contra su persona se sujetó a la Ley de Administración y Control Gubernamentales y al señalado Reglamento; por lo que, al no cumplirse los plazos procesales no podía iniciarse el sumario administrativo. Sin embargo, la Resolución Administrativa Jerárquica 02/2024 fue pronunciada sin efectuar una revisión exhaustiva del proceso sumario para así evitar la vulneración de sus derechos en cuanto a la legalidad y cumplimiento del plazo para el inicio del sumario administrativo, por lo que también vulneró su derecho al debido proceso, restringiendo asimismo su derecho al trabajo al privárselo de su medio de subsistencia de la cual percibe una remuneración para mantenerse así y a su familia, atentando contra la estabilidad laboral a la que tiene derecho.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos a los principios de legalidad y seguridad jurídica; y, al trabajo, remuneración y estabilidad laboral; citando al efecto los arts. 46.I, 48.III y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga la nulidad del proceso administrativo interno aperturado por Auto de Inicio Sumario Administrativo 22/2023 de 20 de noviembre, y por consiguiente, su inmediata reincorporación al cargo que desempeñaba en la Empresa Minera Colquiri.
Celebrada la audiencia pública el 10 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 250 a 255 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo manifestó que: a) A confesión de parte relevo de pruebas, puesto que se admitió que no se cumplió la ley “…y han demás dicho, sus motivos tendrían, para que la denuncia sea una fecha y muy posteriormente inicien el sumario” (sic); b) En una anterior acción de amparo constitucional en el que reclamó el incumplimiento de plazos en otro proceso, fue concedida la tutela; y, c) La relevancia jurídica para solicitar la nulidad del proceso sumario administrativo es el hecho de que nadie puede eximirse de no cumplir la ley.
Samuel Augusto Pita Romero, Autoridad Sumariante de la Empresa Minera Colquiri, por sí y representación de Milton Elías Altamirano Vargas, Gerente General a.i. de la misma entidad, en audiencia, manifestó que: 1) El Auto de Inicio Sumario Administrativo 22/2023, respecto al cual recae la pretensión de nulidad, fue emitido el 20 de noviembre de 2023, fecha desde la cual debe computarse el plazo de la inmediatez, habiendo el accionante planteado la presente acción tutelar recién en septiembre de 2024; 2) En su recurso jerárquico el accionante no cuestionó el incumplimiento del art. 22 literal a -del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública modificado por el Decreto Supremo (DS) 26237 de 29 de junio de 2001-, pretendiendo que la instancia constitucional sustituya la labor de las autoridades administrativas y si bien reclamó ese extremo en el recurso de revocatoria, abandonó esa pretensión al momento de presentar su recurso jerárquico; entendiéndose que ese fue un acto de voluntad propia; es decir, que su autoridad no tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto a ese reclamo, provocándose su indefensión en sede constitucional; 3) Conforme a la SCP 1400/2022-S1 de 29 de noviembre, no puede procederse a la nulidad por nulidad, al contrario, deben observarse los principios de legalidad y de especificidad en la normativa propia de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) como es su Reglamento interno que en ninguna parte de su normativa sanciona con nulidad el incumplimiento de plazos; asimismo, el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública modificado por .el Decreto Supremo (DS) 26237 de 29 de junio de 2001 tampoco sanciona ese aspecto con nulidad. Además, el accionante no consideró los principios de finalidad del acto, principio de trascendencia ni de convalidación, cuando debió cumplir los presupuestos que puedan hacer viable su planteamiento; 4) El accionante fue sujeto a otros procesos disciplinarios y uno de ellos cuenta con resolución de destitución, en razón a un actuar similar al del presente proceso sumario administrativo. Al respecto, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, le concedió en parte la tutela solicitada, únicamente respecto al principio de legalidad por el plazo; a pesar de estar en desacuerdo con ese “fallo”, se reinició el proceso sumario administrativo, llegándose a la misma determinación de destitución. En ese orden, ni la prueba ni los aspectos sustantivos se modificaron sino que solo se dio una tutela aparente, habiéndose dilatado el proceso; 5) El “art. 114 de la CPE” sanciona con destitución a las personas que cometen agresiones contra mujeres, siendo que en el presente caso se aplicaron los principios y valores establecidos por la Norma Suprema; por lo que, al existir un “fallo” anterior en el que se dispone la destitución del accionante, no es posible atender a su petitorio de reincorporación; y, 6) No se expuso el nexo de causalidad; por cuanto, el accionante no expuso cuál fue el perjuicio ocasionado a su persona por no haberse iniciado el proceso administrativo dentro de tres días “…que es evidente no se inicia en el plazo de tres días eso es objetivo y hay que ser hidalgos en reconocerlo, de pronto la carga laboral y los problemas de la Empresa (…), han ameritado de que se inicie con posterioridad…” (sic), por lo cual, no se sustenta el petitorio de nulidad; puesto que, se llegaría al mismo resultado y no existiría una tutela de fondo. Por lo expuesto, debe denegarse la tutela; ya que, incluso en su declaración informativa el accionante trató de justificar sus actos contra la víctima.
Mabel Leydi Torrico Zenteno de Guerreros, en audiencia, manifestó que se adhiere y ratifica en lo expuesto por los accionados.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 168/2024 de 4 de octubre, cursante de fs. 256 a 259, denegó la tutela solicitada, manifestando que fue incumplido el principio de subsidiariedad; por cuanto, al momento de formular su recurso jerárquico el accionante no reclamó -el incumplimiento del plazo establecido en el art. 22 literal a del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública modificado por .el Decreto Supremo (DS) 26237 de 29 de junio de 2001-, evidenciándose que no dio oportunidad a la autoridad superior de conocer, corregir y subsanar la vulneración de derechos y garantías constitucionales denunciada; por lo cual, el accionante no puede acudir de manera directa al “tribunal de garantías” sin antes haber agotado la instancia procesal administrativa, lo cual impide a la instancia constitucional ingresar al análisis de fondo.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, ser dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Informe de 3 de noviembre de 2023, dirigido a Milton Elías Altamirano Vargas Gerente General hoy accionado, a través del cual, Mabel Leydi Torrico Zenteno de Guerreros ahora tercera interesada denuncia malos tratos, agresión psicológica, falta de respeto, actitud prepotente y negativa de responsabilidad de manejo de equipos de fisioterapia por parte de Edgar Sánchez Aviz hoy accionante (fs. 202). Posteriormente, fue emitido el Auto de Inicio de Sumario Administrativo 22/2023 de 20 de noviembre que resolvió instaurar proceso sumario administrativo contra el accionante por la presunta contravención de los arts. 1 inc. e) del Estatuto del Funcionario Público y 25 incs. g) y l) y 64 inc. c) del Reglamento Interno de Personal de la COMIBOL (fs. 2 a 4). Dicho Auto fue notificado al nombrado el 5 de diciembre de 2023, a las 17:15 horas (fs. 196). II.2. Consta memorial presentado el 19 de diciembre de 2023, ante la Autoridad Sumariante de la Empresa Minera Colquiri, mediante el que el accionante presentó descargos (fs. 183 a 186). II.3. Por Resolución Administrativa de Proceso Sumario 20/2023 de 27 de diciembre, se declararon probados los indicios de responsabilidad administrativa contra el accionante por contravenir los arts. 25 incs. g) y l) y 64 inc. c) del Reglamento Interno de Personal de la COMIBOL, disponiéndose la sanción administrativa de destitución de la Empresa Minera Colquiri (fs. 174 a 179). II.4. Mediante memorial presentado el 26 de enero de 2024, el accionante planteó recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa de Proceso Sumario 20/202, señalando -entre otros- “…se tiene que vuestro Auto de Inicio de Sumario Administrativo 22/2023 fue iniciado después de once (11) días hábiles de conocida la denuncia de la Lic. Mabel Leydi Torrico Zenteno…” (sic) lo que contravino el DS 26237 (fs. 165 a 168), emitiéndose en consecuencia la Resolución Administrativa sobre Recurso de Revocatoria 01/2024 de 5 de febrero, que ratificó en todas sus partes el fallo impugnado (fs. 158 a 160). II.5. Por memorial presentado el 8 de febrero de 2024, el accionante planteó recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa sobre Recurso de Revocatoria 01/2024, denunciando como agravios: i) La vulneración del principio de estabilidad laboral; ii) Lesión del principio de congruencia, por no existir coherencia entre el Auto Inicial Sumarial 22/2023 y la Resolución de Revocatoria 01/2024; además, de no existir una valoración e interpretación técnica jurídica ajustada a Derechos y de transgredirse los principios de proporcionalidad, de tipicidad, de fundamentación y motivación, y ;asimismo, el derecho a la defensa por no habérsele entregado las fotocopias requeridas; iii) La vulneración de los principios de realidad, proteccionismo y legalidad; ya que, la Resolución impugnada no guarda relación con los hechos denunciados y no precisó en qué consistía la vulneración denunciada; iv) Lesión del principio de legalidad, en razón a que el Reglamento Interno de Personal de la COMIBOL no prevé la sanción de destitución; v) Transgresión del principio no bis in ídem; puesto que, en otras causas también fue destituido por la presunta vulneración de los arts. 25 incs. g) y l) y 64 inc. c) del Reglamento Interno de Personal de la COMIBOL; y, vi) La vulneración del principio de proteccionismo del Estado al trabajador; puesto que, no se consideró que su despido tendrá incidencia en su entorno familiar y social (fs. 124 a 128). En consecuencia, fue emitida la Resolución Administrativa Jerárquica 02/2024 de 9 de febrero, que ratificó en todas sus partes la Resolución Administrativa sobre Recurso de Revocatoria 01/2024 (fs. 133 a 142).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos a los principios de legalidad y seguridad jurídica; y, al trabajo, remuneración y estabilidad laboral; puesto que, Milton Elías Altamirano Vargas, Gerente General a.i. y Samuel Augusto Pita Romero, Autoridad Sumariante, ambos de la Empresa Minera Colquiri autoridades accionadas al emitir la Resolución Administrativa Jerárquica 02/2024 de 9 de febrero no efectuaron una revisión exhaustiva del proceso sumario administrativo para verificar el cumplimiento del plazo de tres días previsto en el art. 22 literal a del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública modificado por .el Decreto Supremo (DS) 26237 de 29 de junio de 2001, para la activación del sumario. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional; y, b) Análisis del caso concreto.
La SCP 0148/2018-S2 de 30 abril señala que: “La Constitución Política del Estado, en su art. 128, establece: ‘La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley’; a su vez, el art. 129.I de la referida Ley Fundamental, señala: ‘La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’ (…). En coherencia con la última disposición, el art. 54 del CPCo, respecto a la subsidiariedad e inmediatez, dispone: I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela. El Tribunal Constitucional a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa; y supletorio, pues viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. Es así, que en el Fundamento Jurídico III.1, estableció reglas y subreglas de improcedencia por subsidiariedad: …cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución (…). Asimismo, el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional supone que ésta no podrá activarse mientras no se agoten otros medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada; así lo establecen los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo”.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos a los principios de legalidad y seguridad jurídica; y, al trabajo, remuneración y estabilidad laboral; puesto que, Milton Elías Altamirano Vargas, Gerente General a.i. y Samuel Augusto Pita Romero, Autoridad Sumariante, ambos de la Empresa Minera Colquiri autoridades accionadas al emitir la Resolución Administrativa Jerárquica 02/2024 de 9 de febrero no efectuaron una revisión exhaustiva del proceso sumario administrativo para verificar el cumplimiento del plazo de tres días previsto en el art. 22 literal a del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública modificado por .el Decreto Supremo (DS) 26237 de 29 de junio de 2001, para la activación del sumario.
De la revisión de antecedentes, se constata que mediante Informe de 3 de noviembre de 2023 dirigido a Milton Elías Altamirano Vargas Gerente General hoy accionado, Mabel Leydi Torrico Zenteno de Guerreros la ahora tercera interesada denuncia malos tratos, agresión psicológica, falta de respeto, actitud prepotente y negativa de responsabilidad de manejo de equipos de fisioterapia por parte del accionante. Posteriormente, fue emitido el Auto de Inicio de Sumario Administrativo 22/2023 de 20 de noviembre que resolvió instaurar proceso sumario administrativo contra el accionante por la presunta contravención de los arts. 1 inc. e) del Estatuto del Funcionario Público y 25 incs. g) y l) y 64 inc. c) del Reglamento Interno de Personal de la COMIBOL. Dicho Auto fue notificado al accionante el 5 de diciembre de 2023 a 17:15 horas (Conclusión II.1.). En ese orden, por memorial presentado el 19 de diciembre de 2023 ante la Autoridad Sumariante de la Empresa Minera Colquiri, el accionante presentó descargos (Conclusión II.2.). Posteriormente, fue emitida la Resolución Administrativa de Proceso Sumario 20/2023 de 27 de diciembre, por la que se declararon probados los indicios de responsabilidad administrativa contra el hoy accionante por contravenir los arts. 25 incs. g) y l) y 64 inc. c) del Reglamento Interno de Personal de la COMIBOL, disponiéndose la sanción administrativa de destitución de la Empresa Minera Colquiri (Conclusión II.3.). Luego, mediante memorial presentado el 26 de enero de 2024, el accionante planteó recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa de Proceso Sumario 20/202, señalando -entre otros-“…se tiene que vuestro Auto de Inicio de Sumario Administrativo 22/2023 fue iniciado después de once (11) días hábiles de conocida la denuncia de la Lic. Mabel Leydi Torrico Zenteno…” (sic) lo que contravino el DS 26237; emitiéndose en consecuencia la Resolución Administrativa sobre Recurso de Revocatoria 01/2024 de 5 de febrero que ratificó en todas sus partes el fallo impugnado (Conclusión II.4.). Por memorial presentado el 8 de febrero de 2024, el accionante planteó recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa sobre Recurso de Revocatoria 01/2024, denunciando como agravios: 1) La vulneración del principio de estabilidad laboral; 2) Lesión del principio de congruencia, por no existir coherencia entre el Auto Inicial Sumarial 22/2023 y el “fallo” impugnado; además, de no existir una valoración e interpretación técnica jurídica ajustada a Derechos y de transgredirse los principios de proporcionalidad, de tipicidad, de fundamentación y motivación y; asimismo, el derecho a la defensa por no habérsele entregado las fotocopias requeridas; 3) La vulneración de los principios de realidad, proteccionismo y legalidad; puesto que, la Resolución impugnada no guarda relación con los hechos denunciados y no precisó en qué consistía la vulneración denunciada; 4) Vulneración del principio de legalidad, en razón a que el Reglamento Interno de Personal de la COMIBOL no prevé la sanción de destitución; 5) Lesión del principio no bis in ídem; ya que, en otras causas también fue destituido por la presunta transgresión de los arts. 25 incs. g) y l) y 64 inc. c) del Reglamento Interno de Personal de la COMIBOL; y, 6) La violación del principio de proteccionismo del Estado al trabajador; puesto que, no se consideró que su despido tendrá incidencia en su entorno familiar y social. En consecuencia, fue emitida la Resolución Administrativa Jerárquica 02/2024 de 9 de febrero que ratificó en todas sus partes la Resolución Administrativa sobre Recurso de Revocatoria 01/2024 (Conclusión II.5.). Ahora bien, la SCP 0148/2018-S2 de 30 de abril determinó que la acción de amparo constitucional tiene carácter subsidiario, pues únicamente procede cuando no existe otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos presuntamente vulnerados. Este entendimiento, es concordante con los arts. 129.I de la CPE y 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo) e implica que el accionante debe agotar previamente todos los recursos ordinarios disponibles, permitiendo que las autoridades competentes se pronuncien sobre la presunta vulneración antes de acudir a la justicia constitucional.
De esa manera, la subsidiariedad se vulnera cuando la autoridad administrativa o judicial no tuvo la oportunidad de pronunciarse porque la parte interesada no utilizó correctamente o no agotó los medios de defensa previstos por ley. Dentro de las subreglas de improcedencia por subsidiariedad, se encuentra el supuesto en que “…se utilizó un medio de defensa útil y procedente, pero en su trámite el mismo no se agotó” (Fundamento Jurídico III.1.). Aplicando dicha línea jurisprudencial al caso concreto, se advierte que el accionante sí observó la extemporaneidad en la emisión del Auto de Inicio de Sumario Administrativo 22/2023 de 20 de noviembre, mediante recurso de revocatoria, pero omitió reiterar o mantener ese reclamo en el recurso jerárquico, que se constituye la última instancia administrativa. Esta omisión impidió que la autoridad jerárquica accionada tuviera la posibilidad de pronunciarse sobre la alegada vulneración, impidiendo así la posibilidad de que la vía administrativa repare el agravio dentro de su propio ámbito competencial. En consecuencia, conforme al entendimiento contenido en la SCP 0148/2018-S2, la falta de insistencia o reiteración del reclamo en la última instancia administrativa configura un incumplimiento del principio de subsidiariedad, pues el accionante no agotó plenamente los medios ordinarios idóneos de defensa, tampoco alegó en su memorial de amparo constitucional la existencia de un daño irremediable o que la protección ordinaria resultara manifiestamente tardía -supuestos excepcionales previstos por el art. 54.II del CPCo- que podría justificar la activación del amparo; sin embargo, en el presente caso, no se advierte la concurrencia de tales circunstancias. Al respecto, es menester aclarar que las actuaciones procesales posteriores -como la concesión del anticipo de sorteo y la medida cautelar de inejecutabilidad dispuesta mediante el Auto Constitucional 211/2025-CA/S-no inciden en la verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad, puesto que tales determinaciones, de carácter estrictamente provisional y procesal, fueron adoptadas con la finalidad de evitar un posible perjuicio durante la tramitación de la causa, sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre la procedencia o el fondo de la presente acción tutelar. Por tanto, al no haberse agotado íntegramente la vía administrativa conforme exige el principio de subsidiariedad desarrollado por la SCP 0148/2018-S2 (Fundamento Jurídico III.1.), corresponde denegar la tutela solicitada con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.
Finalmente, si bien ante la denegatoria de la tutela corresponde levantar la medida cautelar de inejecutabilidad de la Resolución Administrativa de Proceso de Desalojo Administrativo 003/2024 de 1 de octubre, dispuesta mediante el AC 211/2025-CA/S; no obstante, en atención a la especial situación del accionante, quien acreditó tener a su cargo dos hijas menores de edad y una persona de la tercera edad, se dispone que el levantamiento de dicha medida surta efectos en el plazo de un mes calendario a partir de la notificación de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a objeto de permitir la adopción de medidas razonables que eviten un perjuicio inmediato a las personas bajo su cuidado. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 168/2024 de 4 de octubre, cursante de fs. 256 a 259, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
a) Disponer el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por Auto Constitucional 211/2025-CA/S de 19 de mayo, sea en el plazo de un mes calendario a partir de la notificación del presente fallo constitucional, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0424_2026-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): c0c6f0254fb524e6a46ca16cb2135bf0be7f010b12189170d3bf8e4f1aee973a
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