B.IA.LEGAL

SCP 0424/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 23 de mayo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
23 de mayo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
54433-2023-109-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba; por cuanto, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la ANB contra Reveca Ruth Villarreal Cardozo, por la presunta comisión del delito de contrabando, presentó objeción a los Decretos de 17 de mayo de 2022, que determinaron la acumulación de la denuncia a otra causa, y se esté a los antecedentes del proceso; a tal efecto, la Fiscal Departamental de Potosí -ahora demandada-, emitió la Resolución Jerárquica Trámite de Objeción de Negativa y Rechazo a Proposición de Diligencias Investigativas FDP-T.O.D.I./R.CH.G. 20/2022 de 21 de septiembre, disponiendo la devolución de antecedentes, por no encontrarse facultada para hacer uso del recurso jerárquico de objeción a la proposición de diligencias, previsto en el art. 306 del CPP; sin embargo, dicho fallo carece de fundamentación y motivación; ya que, por más que la objeción no se encuadre dentro las permisiones de la citada normativa penal, la Fiscal demandada, debió ingresar al fondo de la solicitud presentada, bajo los principios establecidos en el art. 5 de la LOMP. Por otra parte, omitió valorar la prueba contenida en el cuaderno de investigación que se le remitió. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 016/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 85 a 89 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, ordenando la nulidad de la Resolución Jerárquica Trámite de Objeción de Negativa y Rechazo a Proposición de Diligencias Investigativas FDP-T.O.D.I./R.CH.G. 20/2022 de 21 de septiembre, emitida por la Fiscal Departamental de Potosí, disponiendo se emita una nueva Resolución debidamente fundamentada y motivada, conforme a los argumentos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Denegar respecto al derecho al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público
  2. III.2. Alcance de la valoración de la prueba en sede constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0424/2025-S3 Sucre, 23 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 54433-2023-109-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 016/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 85 a 89 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eliana Brenda Serrano Ibañez, Cyndy Vanessa Calvimontes Quispe, Alain Onnil Pabón Molina y Wilber Niño Condori, en representación de Carola Cazón Fernández, Gerente General a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) contra Roxana Choque Gutiérrez, Fiscal Departamental de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 27 de febrero y 7 de marzo de 2023, cursantes de fs. 36 a 49; y, 53 a 58, la parte accionante a través de sus representantes, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 12 de mayo de 2022, la Gerencia Regional Potosí de la ANB, presentó querella contra Reveca Ruth Villarreal Cardozo, por la presunta comisión del delito de contrabando, previsto y sancionado por el art. 181, con la agravante establecida en el art. 155.1 (reincidencia), ambos del Código Tributario Boliviano (CTB). Luego, la Fiscal de Materia de la Unidad de Análisis y Distribución de Causas, el 17 de igual mes y año, emitió el Decreto de la misma fecha, disponiendo la acumulación de la denuncia signada como CUD: 501102012201112, a otro proceso investigativo aperturado de oficio, signado como CUD: 501102012200325, ante la existencia de los mismos hechos e igual tipo penal; posteriormente, el Fiscal de Materia asignado al caso, dictó el Decreto de la citada fecha, señalando que, al encontrarse dicho proceso con auto de archivo, emergente de una Resolución de Rechazo de 25 de marzo de 2022, “…la misma no es susceptible a reapertura, ampliación o cualquier circunstancia similar, por lo que los impetrantes debe estar a los antecedentes del proceso” (sic). Ante ello, el 16 de septiembre la ANB Regional Potosí, presentó memorial objetando el citado Decreto, argumentado que no era pertinente acumular la querella por el delito de contrabando por reincidencia; a cuyo efecto, la Fiscal Departamental de ese departamento -ahora demandada-, emitió la Resolución Jerárquica Trámite de Objeción de Negativa y Rechazo a Proposición de Diligencias Investigativas FDP-T.O.D.I./R.CH.G. 20/2022 de 21 de igual mes, disponiendo la devolución de antecedentes, por no encontrarse facultada para hacer uso del recurso jerárquico de objeción a la proposición de diligencias, previsto en el art. 306 del Código de Procedimiento Penal (CPP), debiendo estar a lo dispuesto por la determinación del titular asignado al caso o hacer uso de la vía legal pertinente. Sin embargo, dicho fallo carece de fundamentación y motivación; pues, por más que la objeción no se encuadre dentro las permisiones de la citada normativa penal, la Fiscal demandada debió controlar el desempeño de las y los fiscales a su cargo, y llevar un registro de los actos iniciales y requerimientos conclusivos, e ingresar al fondo de la solicitud, bajo los principios previstos en el art. 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); asimismo, no consideró lo dispuesto en la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, que determina los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elementos configurativos del debido proceso. Por otra parte, la Fiscal jerárquica omitió valorar la prueba contenida en el cuaderno de investigación que se le remitió junto con la objeción presentada; puesto que, de haberlo hecho no hubiese dispuesto simplemente la devolución de antecedentes, y evidenciar que todo lo referido en la objeción era cierto, por más que haya sido errado el procedimiento efectuado por la entidad aduanera, incurriendo en una flagrante vulneración de sus derechos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto la Resolución Jerárquica Trámite de Objeción de Negativa y Rechazo a Proposición de Diligencias Investigativas FDP-T.O.D.I./R.CH.G. 20/2022, y que la Fiscal Departamental de Potosí disponga la anulación de los Decretos de 17 de mayo del mismo año, dictados por la Fiscal de Materia de la Unidad de Análisis y Distribución de Causas y el entonces Fiscal de Materia Raúl Raya Cueto; y, b) Se ordene el inicio de investigación a la autoridad fiscal asignada al presente proceso.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 22 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 78 a 84 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante a través de su representante, ratificó los argumentos contenidos en su demanda tutelar presentada.

I.2.2. Informe de la demandada

Roxana Choque Gutiérrez, Fiscal Departamental de Potosí, en audiencia de garantías, a través de su representante, manifestó que: 1) Entre las resoluciones que puede revisar jerárquicamente la Fiscal Departamental, están la proposición de diligencias investigativas establecido en el art. 306 del CPP, así como las resoluciones de desestimación que se emiten en aplicación del art. 55.II de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), como una facultad potestativa del Ministerio Público; y, a partir de la SCP “092/2014-S3” se estableció que las mismas tienen que ser objeto de revisión jerárquica, siguiendo el mismo trámite de la resolución de rechazo; 2) En el presente caso, dispuso la devolución de antecedentes, por no encontrarse facultada para hacer uso del recurso jerárquico de objeción a la proposición de diligencias; por ello, no se ingresó a valorar el fondo, no habiéndose vulnerado ningún derecho ni garantía, porque se obró dentro de los parámetros de la norma; y, 3) La ANB debió acudir a la autoridad jurisdiccional para objetar el Decreto que ahora cuestiona, verificar y hacer prevalecer que se controle éste para la admisión de la querella, “…pero no era lo correcto acudir al recurso jerárquico mediante el auto máxima autoridad departamental del Ministerio Público” (sic); por lo que pidió, se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención de los representantes del Ministerio Público

Leticia Ramírez Campos, Fiscal de Materia de la Unidad de Análisis y Distribución de Causas; y, Raúl Raya Cueto, ex Fiscal de Materia, no presentaron memoriales, tampoco asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 62 y 63. Reveca Ruth Villarreal Cardozo, no presentó escrito alguno, menos asistió a la audiencia de garantías, a pesar de su notificación cursante de fs. 64 a 65.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 016/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 85 a 89 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La Resolución Jerárquica cuestionada, tiene su respectiva explicación, motivación y fundamento, para resolver ordenando la devolución de antecedentes (querella) que se pretendía introducir al sistema como nueva causa; en consecuencia, no analizó ni resolvió el fondo, incluso cumple con la estructura de fondo y forma; por ello, no existe vulneración por falta de motivación o fundamentación; y, ii) No podía analizarse respecto a la valoración razonable de la prueba, porque sólo se tomó en cuenta aspectos de procedibilidad, no existiendo un análisis del fondo; máxime, cuando la SCP “08/2018-S4 de 6 de febrero” explicó de qué forma se debe observar una prueba cuando se trata de su apreciación, lo que no fue cumplido en esta causa, menos se señaló cómo podría incidir en caso de ser positiva una respuesta por parte del Ministerio Público.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución de 25 de marzo de 2022, el Fiscal de Materia rechazó las actuaciones policiales del caso signado como CUD: 501102012200325, dentro del proceso penal iniciado de oficio contra de autores, por la presunta comisión del delito de contrabando, tipificado y sancionado por el art. 181 del CTB, en razón que el hecho no constituye delito (fs. 9 a 11). II.2. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la ANB contra Reveca Ruth Villarreal Cardozo, por la supuesta comisión del delito de contrabando por reincidencia, signado con el caso CUD: 501102012201112, tipificado por el art. 181 del CTB; el 4 de mayo de 2022, la Presidenta Ejecutiva a.i. de la ANB a través de sus representantes, formuló querella contra la prenombrada (fs. 16 a 21 vta.). II.3. Por Decreto de 17 de mayo de 2022, la Fiscal de Materia de la Unidad de Análisis y Distribución de Causas, en mérito a la denuncia presentada por la entidad aduanera, por la presunta comisión del delito de contrabando; estableció que, conforme a la revisión del Sistema Integrado de Causas Penales de la Fiscalía Departamental de Potosí JL, estableció que ya existe proceso investigativo aperturado DE OFICIO, haciendo conocer los mismos hechos denunciados contra Reveca Ruth Villarreal Cardozo, además de igual tipo penal; señalando: “…por lo que en suma corresponde únicamente acumular la presente denuncia al cuaderno investigativo señalado en apego a lo establecido por el Art. 4 del CPP…” (sic [fs. 15]). II.4. A través del Decreto de 17 de mayo de 2022, el Fiscal de Materia asignado al caso, señaló que, siendo que el proceso con el CUD: 501102012200325, se encuentra con Auto de Archivo, emergente de la Resolución de Rechazo de 25 de marzo de igual año, acorde con el art. 304 inc. 1) del CPP, “…la misma no es susceptible a reapertura, ampliación o cualquier circunstancia similar, por lo que los impetrantes deben estar a los antecedentes del proceso” (sic [fs. 14]). II.5. Mediante escrito de 14 de septiembre del referido año, la ANB objetó el Decreto de 17 de mayo de 2022, dictado por la Fiscal de Materia de la Unidad de Análisis y Distribución de Causas (fs. 12 a 13); a tal efecto, la Fiscal Departamental de Potosí -ahora demandada-, pronunció la Resolución Jerárquica Trámite de Objeción de Negativa y Rechazo a Proposición de Diligencias Investigativas FDP-T.O.D.I./R.CH.G. 20/2022 de 21 de septiembre, disponiendo la devolución de antecedentes, por no encontrarse facultada para poder hacer uso al recurso jerárquico de objeción a la proposición de diligencias, previsto en el art. 306 del CPP, dentro del proceso penal descrito precedentemente, debiendo estar a lo dispuesto por la determinación del titular asignado al caso o hacer uso de la vía legal pertinente (fs. 6 a 7 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba; por cuanto, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la ANB contra Reveca Ruth Villarreal Cardozo, por la presunta comisión del delito de contrabando, presentó objeción a los Decretos de 17 de mayo de 2022, que determinaron la acumulación de la denuncia a otra causa, y se esté a los antecedentes del proceso; a tal efecto, la Fiscal Departamental de Potosí -ahora demandada-, emitió la Resolución Jerárquica Trámite de Objeción de Negativa y Rechazo a Proposición de Diligencias Investigativas FDP-T.O.D.I./R.CH.G. 20/2022 de 21 de septiembre, disponiendo la devolución de antecedentes, por no encontrarse facultada para hacer uso del recurso jerárquico de objeción a la proposición de diligencias, previsto en el art. 306 del CPP; sin embargo, dicho fallo carece de fundamentación y motivación; ya que, por más que la objeción no se encuadre dentro las permisiones de la citada normativa penal, la Fiscal demandada, debió ingresar al fondo de la solicitud presentada, bajo los principios establecidos en el art. 5 de la LOMP. Por otra parte, omitió valorar la prueba contenida en el cuaderno de investigación que se le remitió. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público

El art. 73 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que: “…(Actuaciones fundamentadas). Los fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica…” (las negrillas son añadidas); precepto concordante con el art. 57 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), que dispone: “…(FORMA DE ACTUACIÓN). Las y los Fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica…”.

La citada normativa legal debe ser observada por los representantes del Ministerio Público al momento de pronunciar sus fallos, a fin de que las partes tengan conocimiento de las razones por las que se adopta una determinada decisión dentro de un proceso penal, con el objeto de asumir defensa en resguardo de sus derechos y garantías constitucionales; ahí radica la importancia que las resoluciones se hallen debidamente fundamentadas, citando al efecto los argumentos de hecho y de derecho que las justifiquen. Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, señaló que: “…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP” (el énfasis nos corresponde).

Así, la SCP 1385/2016-S3 de 2 de diciembre, concluyó que: “…las Resoluciones que resuelvan una objeción de rechazo de denuncia, obligatoriamente deben encontrarse razonadas y con el debido sustento legal, sin que ello implique la exposición exagerada de consideraciones o citas legales sino más bien que contengan una estructura de forma y de fondo justificable de tal manera que permita a las partes conocer las razones por las cuáles se ha tomado tal determinación” (el remarcado es propio).

Razonamiento que fue reiterado por la SCP 0231/2017-S2 de 20 de marzo, estableciendo que: “…las resoluciones y requerimientos que emitan los Fiscales, deben observar una adecuada fundamentación y motivación legal, exponiendo los hechos y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución asumida, no solo mencionando las pruebas aportadas por las partes, sino expresando el valor que le dan a las mismas luego de su contraste y valoración que se haga de ellas. De donde se infiere que, la Resolución Jerárquica que emita el Fiscal Departamental, resolviendo una objeción de rechazo, de la misma forma debe ser razonada y con el debido sustento legal, conteniendo una estructura de forma y de fondo justificable, que permita a las partes conocer las razones por las cuales se tomó determinada decisión” (las negrillas son nuestras).

Por su parte, la SCP 0645/2018-S3 de 11 de diciembre, asumiendo el entendimiento jurisprudencial expresado en líneas precedentes, refirió que: “La fundamentación y motivación de resoluciones como componente del debido proceso, es también exigible en los requerimientos emitidos por el Ministerio Público, máxime, si en ejercicio del principio de objetividad los Fiscales de Materia como tenedores del monopolio de la investigación criminal en delitos de acción pública, optan por la desestimación, rechazo de la denuncia y sobreseimiento; por lo cual, resulta pertinente establecer, que a tiempo de analizar la fundamentación y motivación desplegada por los Fiscales de Materia, se debe considerar el momento procesal de la investigación penal; es decir, que, en los actos iniciales no se puede exigir la misma intensidad argumentativa que en los momentos conclusivos de la investigación penal; por cuanto, una resolución de rechazo de denuncia, y la de sobreseimiento -formas de requerimientos conclusivos de la etapa preliminar y preparatoria-, son el resultado del análisis de los actos investigativos, en tanto que, una desestimación solo obedece al incumplimiento de las formalidades o presupuestos para la activación de la etapa inicial de la investigación. Dicho criterio se aplica no solo en cuanto a las resoluciones y requerimientos emitidos por los fiscales del caso, sino también a las autoridades jerárquicas, cuando resuelven impugnaciones contra las determinaciones de los primeros” (las negrillas son añadidas). Entendimiento que fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0829/2019-S3 de 18 de noviembre y 0515/2020-S2 de 6 de octubre, entre otras.

III.2. Alcance de la valoración de la prueba en sede constitucional

Al respecto, la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, señaló que: “El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento.

En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia: … se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales” (énfasis añadido).

III.3. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se llegó a evidenciar que, mediante informe de acción directa se procedió a un allanamiento y decomiso de mercancía, caso signado como CUD: 501102012200325, y tomando en cuenta que lo decomisado tenía una cuantía de UFV28 425,35.- (veintiocho mil cuatrocientos veinticinco unidades de fomento a la vivienda, la conducta asumida por los autores no constituía ilícito dentro la esfera penal, sino simplemente una contravención aduanera; pues, para ello la cuantía debía ser mayor a UFV200 000.-(doscientos mil); por tal motivo, el Fiscal de Materia emitió la Resolución de Rechazo de 25 de marzo de 2022. Posteriormente, el 4 de mayo de 2022, la Presidenta Ejecutiva a.i. de la ANB, a través de sus representantes, formuló querella contra Reveca Ruth Villarreal Cardozo, por la presunta comisión del delito de contrabando reincidente, previsto y sancionado por el art. 181 del CTB, caso que fue signado con el CUD: 501102012201112, cuya Fiscal de Materia de la Unidad de Análisis y Distribución de Causas, mediante Decreto de 17 de mayo de 2022, determinó la acumulación de la presente denuncia al otro proceso investigativo con CUD: 501102012200325 descrito anteriormente. Luego, el Fiscal de Materia asignado al caso, mediante Decreto de la misma fecha, dispuso que el citado proceso no era susceptible a reapertura, ampliación o cualquier circunstancia similar, al encontrarse con Auto de Archivo, emergente de la mencionada Resolución de Rechazo.

En mérito a ello, la Administración Aduanera impugnó los citados Decretos mediante objeción; a tal efecto, la Fiscal Departamental de Potosí -ahora demandada-, pronunció la Resolución Jerárquica Trámite de Objeción de Negativa y Rechazo a Proposición de Diligencias Investigativas FDP-T.O.D.I./R.CH.G. 20/2022 de 21 de septiembre, disponiendo la devolución de antecedentes, por no encontrarse facultada para hacer uso del recurso jerárquico de objeción a la proposición de diligencias, previsto en el art. 306 del CPP, dentro del proceso penal descrito precedentemente, debiendo estar a lo dispuesto por la determinación del titular asignado al caso o hacer uso de la vía legal pertinente.

Ahora bien, la parte peticionante de tutela mediante sus representantes, denuncia falta de fundamentación y motivación en el aludido fallo jerárquico, pronunciado por la Fiscal Departamental demandada; en ese marco, a efectos de analizar si el mismo contiene los elementos del debido proceso señalados, corresponde conocer los argumentos esgrimidos que sustentan su decisión: a) La argumentación efectuada por la ANB, en su memorial de objeción al Decreto de 17 de mayo de 2022, no se encuadra dentro de las permisiones del art. 306 del CPP; puesto que, no se trata de la proposición de un acto o diligencia investigativa, dando una aplicación errónea a la normativa procedimental penal, al realizar una objeción sin ningún fundamento legal y sin aplicar lo estatuido en el citado artículo; ya que el mismo, da la oportunidad que ante la negativa de la realización de un acto o diligencia investigativa, el accionante pueda recurrir a la autoridad jerárquica superior, quien resolverá conforme corresponda; b) La solicitud presentada por la entidad Aduanera, no puede considerarse un acto o diligencia investigativa; debido a que, el acto en materia penal consiste en aquellas acciones que realiza la policía en coordinación del Ministerio Público, para identificar, observar, recaudar, analizar y obtener información sobre un probable delito, con el fin de conocer la verdad histórica del hecho. Asimismo, la diligencia investigativa, consiste en una actividad de constancia o fijación de lo averiguado, que involucra la reunión o acopio del material indiciario, que una vez sometido a contradictorio, se convierte en medio de prueba;

c) Bajo esas consideraciones, la parte solicitante de tutela no podría ampararse en dicho precepto legal, para tratar de obstruir lo requerido por el titular de la investigación; máxime, si no se trataría de la negativa a actos o diligencias investigativas; coligiéndose que, la objeción planteada no tiene sustento o asidero legal en el cual puedan fundar los impetrantes su viabilidad y exigibilidad; y, d) Las partes podrán proponer actos o diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria, teniendo la facultad de objetar ante el superior jerárquico la negativa, para que el mismo pueda resolverla conforme a sus facultades legales, pero siempre y cuando se trate de la proposición de diligencias investigativas y no así la realización de ampliación de la investigación por otros tipos penales; “…por lo que la suscrita Fiscal no tiene competencia, para ejercer control jerárquico sobre el pronunciamiento del inferior” (sic).

Conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga, debe ser necesariamente fundamentada y debidamente motivada, cumpliendo las exigencias de estructura de forma y de contenido; caso contrario, será considerada arbitraria y subjetiva; requerimiento que también alcanza a las determinaciones asumidas por el Ministerio Público en sus diferentes fallos, como es el caso de la resolución jerárquica pronunciada por el Fiscal Departamental, cuando resuelve las impugnaciones contra las determinaciones asumidas por los Fiscales de Materia; debiendo a tal efecto, exponer los hechos y la cita de la normativa legal pertinente que respalde la parte dispositiva o resolutiva de su decisión.

En el marco del razonamiento jurisprudencial anotado y de una revisión detallada de la Resolución Jerárquica Trámite de Objeción de Negativa y Rechazo a Proposición de Diligencias Investigativas FDP-T.O.D.I./R.CH.G. 20/2022, se advierte claramente que dichas exigencias no fueron cumplidas por la Fiscal Departamental demandada, al momento de dictar el citado fallo, al no contener una fundamentación y motivación suficiente; puesto que, la Administración Aduanera en la objeción presentada, argumentó como principal agravio, que no era pertinente acumular la querella presentada por el delito de contrabando por reincidencia caso CUD: 501102012201112, al proceso CUD: 501102012200325, el cual se encontraba cerrado, es decir, con Auto de Archivo y se trataba de diferente tipificación; siendo que, la Fiscal Departamental demandada de oficio calificó la objeción como si se tratara de una objeción a la proposición de diligencias previsto en el art. 306 del CPP, cuando lo invocado no se refirió a ello, y es con base a esta reconducción oficiosa que dispuso la devolución de antecedentes, sin pronunciarse sobre el fondo de la pretensión (contrabando por reincidencia), que según lo dispuesto en el art. 55.II de la LOMP, si es susceptible de objeción de acuerdo a la SCP 0092/2014-S3 de 27 de octubre; puesto que, al Ministerio Público le corresponde por mandato constitucional, promover la acción penal pública y no buscar subterfugios técnicos para impedir la persecución, siendo evidente la carencia de fundamentación y motivación del referido fallo cuestionado, lesionando el debido proceso al constituirse en una decisión arbitraria.

En ese marco, se pudo advertir que no existe la debida fundamentación jurídica que justifique y sustente la decisión de la Fiscal demandada, de disponer la devolución de antecedentes, bajo el argumento de no tener competencia para ejercer control jerárquico sobre el pronunciamiento del inferior, y se esté a lo dispuesto por la decisión del Fiscal de Materia asignado al caso o hacer uso de la vía legal pertinente; toda vez que, la Resolución objetada no expresó los motivos de su determinación que se ajusten a los entendimientos jurisprudenciales glosados en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, considerando que uno de los elementos estructurales que hace a la debida motivación de las resoluciones, es la exposición del criterio jurídico, donde las autoridades expongan de manera clara las razones que sustentan su determinación; lo que, no aconteció en el caso analizado.

Por lo precedentemente señalado, se evidencia la vulneración del derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación alegada por la parte accionante, al pronunciar la Resolución Jerárquica Trámite de Objeción de Negativa y Rechazo a Proposición de Diligencias Investigativas FDP-T.O.D.I./R.CH.G. 20/2022, correspondiendo en tal mérito conceder la tutela solicitada. Finalmente, respecto a la valoración de la prueba alegada por la Administración Aduanera, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la misma es exclusividad de la jurisdicción ordinaria, siendo excepcional su revisión en sede constitucional, cuando exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales. En ese contexto, de lo expresado se puede advertir que la entidad aduanera, si bien señaló que la Fiscal demandada habría omitido valorar la prueba contenida en el cuaderno de investigación; sin embargo, no detalló la misma, tampoco explicó de qué manera se habría vulnerado ese derecho; por lo que, sobre este aspecto corresponde denegar la tutela invocada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 016/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 85 a 89 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, ordenando la nulidad de la Resolución Jerárquica Trámite de Objeción de Negativa y Rechazo a Proposición de Diligencias Investigativas FDP-T.O.D.I./R.CH.G. 20/2022 de 21 de septiembre, emitida por la Fiscal Departamental de Potosí, disponiendo se emita una nueva Resolución debidamente fundamentada y motivada, conforme a los argumentos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Denegar respecto al derecho al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0424_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): ecd209ba87598eb8e45eafb716591c65fabd6e97fbc3e684d71134fad6a44649

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