B.IA.LEGAL

SCP 0424/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 9 de mayo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
9 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
44945-2022-90-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; así como al debido proceso en sus elementos celeridad y economía procesal; toda vez que, como emergencia del proceso penal en su contra por violencia familiar o doméstica fue sentenciado a tres años, por tal motivo solicitó la aplicación de sanciones alternativas conforme prevé el art. 76 de la Ley 348; empero, las ahora demandadas incurrieron en las siguientes ilegalidades: a) La Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz: a.1) El 24 de agosto de 2021, habiéndose instalado la audiencia para considerar la aplicación de sanciones alternativas, arbitrariamente la referida jueza suspendió la misma, señalando que debía primeramente notificarse a la víctima con la sentencia condenatoria, para ello; y, para tal finalidad, el accionante solicitó su notificación mediante edictos, mismo que por proveído de 16 de septiembre de igual año, se dispuso que previamente se oficie a SEGIP establecer la ubicación del último domicilio de la víctima para su notificación con la sentencia mencionada; sin embargo, hasta la presentación de esta acción tutelar, no se cumplió con la comunicación a dicha repartición; a.2) No consideró que en delitos de violencia familiar, para acceder a las sanciones alternativas conforme prevé el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 22/2021 de 22 de octubre, cursante de fs. 32 a 37, emitida por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Jueza de Garantías; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, por franca vulneración del derecho a la libertad, debido proceso en sus componentes de celeridad y economía procesal, a una justicia pronta oportuna transparente y sin dilaciones, conforme a los extremos desarrollados en las problemáticas III.6.1.a y III.6.1.b de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar severamente la atención a Ysabel Sarita Maza Moruno Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, por los antecedentes descritos precedentemente, disponiendo que:

2.1. En el plazo de 24 horas de conocer el presente fallo, la jueza ahora demandada, lleve adelante la audiencia de consideración de sanción alternativa impetrada por el ahora accionante, si es que hasta la fecha no se hubiera tramitado. Además se disponga que en similar plazo, se proceda a la notificación de la instituciones señalada en el proveído de 16 de septiembre de 2021 (Conclusión II.2), si es que no se hubiera cumplido actualmente. 2.2. Remitir antecedentes ante la Dirección Departamental del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, para que a través de su instancia pertinente, se investigue y sancione si corresponde conforme a normativa, a la Jueza ahora demandad. 3° DENEGAR la tutela solicitada en cuanto a Ana María Espinoza Rocha, Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, por lo descrito en la sub problemática III.6.2 del presente fallo constitucional.

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Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
  3. III.3. El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución.
  4. III.4. Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad
  5. III.5. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0424/2023-S1 Sucre, 9 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 44945-2022-90-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 22/2021 de 22 de octubre, cursante de fs. 32 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Vivian Rocio Delgadillo Quispe en representación sin mandato de Cornelio Salvatierra Mendoza contra Ysabel Sarita Maza Moruno y Ana María Espinoza Rocha, respectivamente Jueza y Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de octubre de 2021, cursante de fs. 9 a 11 vta, el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de violencia familiar o doméstica, al estar cumpliendo detención preventiva en el centro Penitenciario Palmasola, se sometió a procedimiento abreviado, mismo que al ser aceptado por la autoridad judicial, fue condenado a tres años de reclusión; ahora bien el 24 de agosto de 2021, habiéndose desarrollado su audiencia para someterse a alguna sanción alternativa conforme prevé el art. 76 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; la jueza ahora demandada, de manera arbitraria suspendió la audiencia, bajo el argumento de que la víctima debía ser notificada con la sentencia emitida el 14 de febrero de 2020; sin embargo no consideró lo siguiente: Primero: Que la víctima fue debidamente notificada previo al actuado de 24 de agosto de 2021 y que en delitos de violencia familiar, conforme prevé el art. 76 de la mencionada Ley, toda .

persona que no sea reincidente y su pena no exceda de tres años, puede disponerse en su favor medidas alternativas a la privación de libertad, beneficios que no pueden estar condicionados a la ejecutoria de una determinada resolución según razono la SCP 721/2018-S2 de 31 de octubre: Segundo: Que habiendo dispuesto mediante proveído de 16 de septiembre de 2021, se oficie notificación al Servicio de Registro Cívico (SERECI) y Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) para establecer la ubicación del último domicilio de la víctima, obvio considerar que correspondía su comunicación vía edicto judicial. En cuanto a la Secretaria ahora codemandada, negó aceptar sus solicitudes de señalamiento de audiencia, bajo el argumento que primero debe notificar a la víctima con la sentencia, sin considerar que a la fecha –entiéndase presentación de acción tutelar- estuviera detenido por más de dos años.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela, alega la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus componentes de celeridad y economía procesal, a una justicia pronta oportuna, transparente y sin dilaciones, citando los arts. 115.II, 125, 180.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE)

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y se restituya su derecho a la libertad personal aplicando las sanciones alternativas según establece el art. 76 de la Ley 348.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 22 de octubre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 32, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratifico íntegramente los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad, y ampliadolo el mismo; señalo que, conforme la documentación aparejada como el certificado de conducta emitido por el “centro penitenciario”, reflejaría que su defendido –ahora accionante- se encuentra cumpliendo detención desde el 20 de septiembre de 2019, así como el certificado de permanencia establecería que se encuentra cumpliendo condena desde el 14 de febrero de 2020, demostrando estar detenido por más de dos años, razón por lo que interpuso la presente acción de libertad reparadora.

I.2.2. Informe de la autoridad judicial y funcionaria demandada

Ysabel Sarita Maza Moruno, Jueza Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, mediante .

informe escrito cursante a fs. 17 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando lo siguiente: a) Es evidente que, se dictó sentencia de tres años en contra del imputado, por el presunto delito de violencia familiar o domestica; actuado en el cual, la víctima no participó, por consiguiente desconocía la sentencia dictada en audiencia, quedando subsistente su comunicación; b) Si bien el art. 76 de la Ley 348 prevé aplicar sanciones alternativas en los casos en los que el solicitante no sea reincidente o su pena no exceda de tres años, empero su consideración debe ser aplicada en audiencia contradictoria y oral, así lo establece el art. 373.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el cual señala que, la víctima puede plantear oposición fundada a la aplicación de procedimiento abreviado, facultad que no puede ser reconocida como no ejercida en razón de que la misma no haya concurrido al actuado; y al no haber sido notificada con la sentencia desconocería el contenido de la resolución, entendimiento que el juzgador expreso en art. 11 de la Ley de Modificaciones al Sistema Normativa Penal -Ley 007 de 18 de mayo de 2010-, el cual establece que la víctima tiene derecho de conocer todas las actuaciones y determinaciones que se adopten, reforzado por la Ley Integral para garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia que establece un status de especial protección hacía las mujeres; c) El art. 77 del CPP, es imperativo al señalar que la víctima aun cuando no hubiera intervenido en el proceso debe ser informada por la autoridad responsable de la persecución penal; y, d) Es evidente que la defensa del ahora impetrante de tutela solicitó que el mismo sea sometido a una sanción alternativa, sin embargo, ante la falta de notificación de la sentencia como su falta de ejecutoría se suspendió el actuado hasta cumplirse las formalidades en resguardo de los derechos de la víctima. Ana María Espinoza Rocha, Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito cursante a fs. 18 y vta., solicitó se deniegue la tutela requerida, refiriendo lo siguiente: 1) Respecto de la presente denuncia, nadie se apersono al juzgado, razón por la cual, mal se podría señalar que se habría negado la recepción de memoriales al respecto del proceso; y, 2) El art. 94 y 95 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) – Ley 025 de 24 de junio de 2010- establece las funciones del personal de apoyo, mismas que se cumplieron a cabalidad, y en razón del tal labor que es limitada para dar fe de los actos efectuados al interior del proceso, elaborar actas entre otros, no interviene en las decisiones como tal.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juzgado de garantías, mediante la Resolución 22/2021 de 22 de octubre, cursante de fs. 32 a 37, concedió en parte la tutela solicitada, ordenando a la Jueza ahora demandada, resolver la solicitud de sanciones alternativas conforme prevé la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, con base en los siguientes fundamentos: i) Conforme los .

antecedentes traídos en revisión se establece que evidentemente la audiencia de procedimiento abreviado se llevó adelante el 14 de febrero de 2020, por el cual el ahora accionante fue sentenciado a tres años de presidio a cumplir en el Centro Penitenciario de Palmasola del referido departamento, determinación que conforme el informe evacuado por la Secretaria ahora codemandada, no habría sido apelada en la vía restringida según prevé el art. 408 del CPP, estando ejecutoriada a la fecha; además se evidenció que a través de memorial la defensora del ahora impetrante de tutela solicitó audiencia para considerar las sanciones alternativas, mismo que por decreto de 7 de julio de 2021 fue señalado para el 8 de igual mes y año, y habiéndose notificado a todas las partes, este se suspendió a solicitud del Ministerio Público por choque de audiencia, reprogramando el mismo para el día 13 de similar mes y año, que de igual forma habiéndose notificado a las partes también se suspendió por inasistencia del defensor del condenado –ahora peticionante de tutela-; ii) A petición de la abogada del ahora accionante, habiéndose señalado nuevamente audiencia para considerar las sanciones alternativas; el mismo fue suspendido por la jueza ahora demanda, bajo el argumento de que la víctima no hubiera sido notificada con la sentencia conforme determina el art. 77 del CPP, razón por lo que en dicho actuado conforme prevé el art. 165 de referida Norma Adjetiva Penal, el abogado del ahora peticionante de tutela, solicitó disponer su comunicación mediante edictos, situación que fue acogida por la autoridad judicial, quien previo a atender lo solicitado, dispuso oficiar notificación a SEGIP para que certifiquen la ubicación del último domicilio de la víctima; iii) Respecto del caso concreto, la SCP 721/2018-S2 de 31 de octubre, estableció una antinomia respecto al Código de Procedimiento Penal y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, los cuales se remiten a la consideración de la suspensión condicional de la pena señalado en el art. 366 del CPP, buscando reorientar el comportamiento del condenado a la sociedad, otorgándole la oportunidad de enmendar el ejercicio de su libertad; entendimiento que, también fue asumido a partir de la SCP 528/2010 de 12 de julio, que habla sobre el perdón judicial como medida criminal destinada a descongestionar el sistema penal. Por su parte la “SCP 1614/2015” razono en sentido que no se justifica la detención preventiva, hasta que una sentencia se ejecutoríe de quien fue favorecido con perdón judicial, libertad que se atentada por desaparición de la utilidad procesal en la que se sustenta la medida cautelar de detención preventiva; iv) El legislador estableció que la persona que cumpla con lo establecido en el art. 366 del CPP, puede acogerse a los beneficios de la suspensión condicional de la pena, así como al perdón judicial para acortar su privación de libertad: v) En cuanto a las sanciones alternativas, en el fundamento segundo de la SCP 721/2018-S2 de 31 de octubre, estableció plenamente los instrumentos internacionales, en los cuales los estados parte deben identificar los actos que constituyan violencia y su carácter vulnerador de derechos humanos, como las pautas culturales con una visión patriarcal y atribuir esa diferencia a los roles de la mujer y también varón, ubicándolos siempre en una jerarquía de distinción. Al respecto en la legislación boliviana, el art. 15 de la CPE señala todos los derechos fundamentales de las personas en especial de las mujeres; vi) La citada Sentencia Constitucional .

Plurinacional, haciendo referencia al art. 76 de la Ley 348, estableció que en cuanto a la consideración de la aplicación de las sanciones alternativas, deben tratarse como un beneficio, a objeto de que la autoridad judicial las haga prevalecer; vii) En el presente caso, habiéndose notificado a todas las partes para la audiencia de 24 de agosto de 2021, resultaba viable aplicar la sanción alternativa sin mayor trámite conforme prevé el art. 76 de la mencionada Ley, extremo que la Jueza ahora demandada no consideró, contemplando previamente la necesidad de notificación con dicha sentencia a la víctima del hecho para su ejecutoria respectiva, privándolo así acogerse a tal beneficio interpretado a partir de la SCP 721/2018 S2; viii) Respecto a la denuncia formulada en contra la Secretaria ahora codemandada, la misma no encuentra sustento, pues no se arrimó documental que haga entrever que no haya querido recepcionar los memoriales aludidos.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 18 de agosto de 2021, el ahora accionante solicitó se señale nueva fecha de audiencia para considerar la sanción alternativa, el cual, atendido mediante Decreto de 20 de igual mes, fue señalado para el día 24 de similar mes (fs. 26 a 27). II.2. Se verifica acta de suspensión de audiencia de 24 de agosto de 2021, por el cual, la jueza demandada, suspende la audiencia, bajo el siguiente argumento: “…previo a instalar la audiencia se ha podido verificar el cuaderno de control jurisdiccional que con la sentencia de fecha 14 de febrero de 2020 el cual fue condenado el señor CORNELIO SALVATIERRA MENDOZA por VIOLENCIA FAMILIAR, LAS PARTES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN audiencia fueron notificadas con la sentencia, en la cual la parte denunciante y víctima no fueron notificadas con las sentencia siendo su derecho de las partes a tener conocimiento aún no se hubieran constituido como querellante toda vez como indica que el art. 77 del C.P.P. la información es responsabilidad hacerle conocer las resoluciones y actuados procesales en el presente caso, siendo que en la misma se tiene un certificado de ejecutoria realizado por la señora secretaria en fecha 07 de septiembre de 2020, a quien se le llama severamente la atención por no haber revisado antes de emitir el certificado en el cual queda para evitar cualquier vicio de nulidad queda anulado, debiendo notificarse con la sentencia a la parte denunciante y víctima en el presente caso para poder así realizar la audiencia solicitada por el imputado de sanción, alternativa, con la finalidad de evitar vicios procedimentales a futuro, debiendo el imputado proporcionar los datos, el domicilio y conducirlo al oficial de diligencias al domicilio real de la víctima y denunciante con la finalidad de notificar y la sentencia sea ejecutoriada” (sic [fs. 28 y vta.)] II.3. Por memorial de 8 de septiembre de 2021, el ahora peticionante de tutela solicitó notificación por edictos de la víctima, señalando desconocer .

su domicilio; mismo que por providencia de 16 de igual mes y año, la autoridad judicial demandada dispuso lo siguiente:

“Con carácter previo por secretaria ofíciese al SEGIP para que se nos informe sobre el ultimo domicilio que tuviera en los registros de dicha institución la víctima. Toda vez que se debe agotar las instancias por donde se pueda datos del domicilio en el que viviera, para en última instancia se libre los edictos de prensa” (sic [fs. 29 y vta.)]

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; así como al debido proceso en sus elementos celeridad y economía procesal; toda vez que, como emergencia del proceso penal en su contra por violencia familiar o doméstica fue sentenciado a tres años, por tal motivo solicitó la aplicación de sanciones alternativas conforme prevé el art. 76 de la Ley 348; empero, las ahora demandadas incurrieron en las siguientes ilegalidades: a) La Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz: a.1) El 24 de agosto de 2021, habiéndose instalado la audiencia para considerar la aplicación de sanciones alternativas, arbitrariamente la referida jueza suspendió la misma, señalando que debía primeramente notificarse a la víctima con la sentencia condenatoria, para ello; y, para tal finalidad, el accionante solicitó su notificación mediante edictos, mismo que por proveído de 16 de septiembre de igual año, se dispuso que previamente se oficie a SEGIP establecer la ubicación del último domicilio de la víctima para su notificación con la sentencia mencionada; sin embargo, hasta la presentación de esta acción tutelar, no se cumplió con la comunicación a dicha repartición; a.2) No consideró que en delitos de violencia familiar, para acceder a las sanciones alternativas conforme prevé el art. 76 de la Ley 348, no se exige como requisito la ejecutoria de una determinada resolución según razonó la SCP 0721/2018-S2 de 31 de octubre; y, b) La Secretaria ahora demandada del mismo Juzgado, negó aceptar sus solicitudes de señalamiento de audiencia de sanciones alternativas, indicando que previamente se notifique a la víctima con la Sentencia condenatoria. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: i) El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; ii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; iii) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna, y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución Política del Estado; iv) Protección de los derechos de los privados de libertad; v) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, vi) Análisis del caso concreto; y, vii) Otras consideraciones.

III.1. El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad

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Con relación a la aplicación del debido proceso como expresión del estándar jurisprudencial más alto en las acciones de libertad, incumbe remitirnos a lo desarrollado en la SCP 0153/2020-S1 de 24 de julio; toda vez que, la Magistrada relatora, en dicha Sentencia Constitucional Plurinacional efectuó un cambio de razonamiento, ante la existencia de dos líneas contradictorias entre sí, mismas que expresaban entendimientos distintos en cuanto a la procedencia de la acción de libertad cuando se denunciaba vulneración al debido proceso; a tal fin, y cumpliendo la obligación que tiene este Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo guardián de la Constitución Política del Estado, de velar por la supremacía de la Norma Suprema, ejercer el control de constitucionalidad, y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, mandato conferido en el art. 196 de la CPE, determinó aplicar los entendimientos contenidos en las SCP 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, glosados en su Fundamento Jurídico III.1, el cual establecieron que el juzgador tiene la obligación de vincularse al precedente jurisprudencial que contenga el estándar jurisprudencial más alto; es decir, aquel fallo que ha desarrollado una interpretación más favorable y progresiva del derecho, entendiendo que:

“…el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva, a través de una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad”(las negrillas son nuestras).

En esa misma línea y siguiendo dichos entendimientos, la indicada SCP 0153/2020-S1 de 24 de julio en su Fundamento Jurídico III.2., desarrolló más ampliamente los razonamientos expresados en la SCP 2233/2013 sobre la aplicación del estándar más alto, misma que advirtió dos aspectos importantes para aplicar el referido estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, uno de ellos cuando se advierta la existencia de dos líneas contradictorias, señalando que el juzgador está obligado a vincularse al entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial y no solamente a partir de un criterio temporal; para lo cual describiendo el .

contenido de la SCP 2233/2013, la precitada SCP 0153/2020-S1 señalo que:

”Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en aquél que resulte de dicha comparación.” (las negrillas son nuestras).

Bajo esa comprensión y los razonamientos contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, esta Magistratura en la mencionada SCP 0153/2020-S1, inicio en su Fundamento Jurídico III.3., el análisis integral y dinámico de la línea jurisprudencial respecto a la protección del derecho al debido proceso a través de la acción de libertad, a efectos de identificar el precedente en vigor; así, señaló que entre los primeros razonamientos emitidos por el Tribunal Constitucional se tiene a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, el cual establece que la activación de la vía constitucional a través de la acción de libertad, cuando se denuncia vulneraciones al debido proceso no alcanza a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión; en ese mismo sentido la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, estableció el agotamiento previo de todos los medios ordinarios antes de acudir a esta jurisdicción, puesto que las lesiones al debido proceso debían ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, exceptuando los casos en que por dichas vulneraciones del debido proceso se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.

Siguiendo, esos entendimientos la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, incluyó ambos condicionamientos como presupuestos que se deben .

concurrir a efectos de activar la acción de libertad en busca de protección de lesiones al derecho al debido proceso; es decir: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad; presupuestos, que fueron exigiéndose de manera uniforme por esta instancia constitucional, y denegándose la tutela ante la inconcurrencia de los mismos en reiterados fallos.

Luego de ese desarrollo, la SCP 0153/2020-S1 señalo que dicho razonamiento jurisprudencial, fue seguida en diferentes fallos emitidos por este Tribunal Constitucional de manera uniforme y reiterada, incluida esta Magistratura, citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0151/2015-S1 de 26 de febrero; 1133/2016-S2 de 7 de noviembre; 0859/2017-S3 de 1 de septiembre; 0495/2018-S3 de 13 de septiembre; 0768/2019-S3 de 17 de octubre; 1094/2019-S1 de 26 de noviembre, entre otras; agregando que la misma reflexión; es decir, la exigencia de la vinculación directa del acto ilegal con el derecho a la libertad, también se fue aplicando en los casos en los que se invocaba tutela vía acción de libertad en los procedimientos para otorgar el beneficio de indulto y/o amnistía, denegándose las mismas por tal razón –cita las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1043/2019-S1 de 21 de octubre; 0661/2017-S3 de 30 de junio-.

En tal sentido y continuando con ese análisis dinámico, la tantas veces señalada SCP 0153/2020-S1, citó a la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, la cual a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts.

0768/2019-S3 de 17 de octubre; 1094/2019-S1 de 26 de noviembre, entre otras. Asimismo, respecto de la invocación de tutela vía acción de libertad ante observaciones o negativa de otorgar el beneficio de indulto y/o amnistía, dichas denuncias fueron denegadas siguiendo las mismas razones a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1043/2019-S1 de 21 de octubre; 0661/2017-S3 de 30 de junio, entre tantas. 3La citada SCP, continúo señalando: “…de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad. (…) En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. (…) en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad.” (el resaltado nos pertenece).

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115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Codigo Procesal Constitucional (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, moduló la línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad, que exige que la causalidad de los actos u omisiones denunciados deben tener directa vinculación con la supresión o limitación del derecho a la libertad, estableciendo que:

“En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. (…) en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad.” (el resaltado nos pertenece).

A partir de estos razonamientos en dicha SCP 0153/2020-S1, esta Magistratura concluyó en que debía ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales, por mandato de los arts. 13.I y 256.I de la CPE, considerando que debe buscarse siempre la interpretación más amplia y progresiva de los derechos que este mismo Tribunal haya efectuado en diferentes fallos, los cuales entran en el catálogo del estándar jurisprudencial más alto, por lo que, en cuanto a la invocación de tutela vía acción de libertad por indebido procesamiento, determinó acoger los criterios de la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, al considerar que la misma se constituye en el precedente en vigor, al haber superado ampliando la exigencia de una causalidad directa de los actos u omisiones con el derecho a la libertad, siendo suficiente una vinculación indirecta que el proceso penal conlleva, posibilitando a este Tribunal Constitucional Plurinacional garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Por lo cual, en el entendido que dicho razonamiento condice con el carácter progresivo de la norma fundamental y garantiza el acceso efectivo a la justicia constitucional cuando se invoca tutela vía acción de libertad por indebido procesamiento, la ya citada SCP 0153/2020-S1, .

en apego al estandar más alto de protección de los derechos señalo que es atendible cuando: 1) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, 2) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

El art. 8.II de la Constitución Política del Estado CPE, se sustenta entre otros valores: en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta, el vivir bien; en este sentido, como ya se tiene expuesto, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria; entre ellos, el principio de celeridad –arts. 178 y 180.I de la Norma Suprema−, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Ley Fundamental. Es así que, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, han previsto medios de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma que en una interpretación evolutiva del artículo 125 de la CPE a través del Tribunal Constitucional como máximo guardián de la norma fundamental, fue incorporando tipologías de esta acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustitutiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de las personas privadas de libertad, sin necesidad de agotar medios intraprocesales de defensa. En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus −ahora .

acción de libertad− expuso las tipologías de esta acción, siendo estas, el habeas corpus preventivo y correctivo, agregando la jurisprudencia constitucional al habeas corpus restringido; y ampliando su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad. En esa misma línea, la SCP 0465/2010-R de 5 de julio, confirmó dichos postulados y la necesidad contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señaló que:

Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales… A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad, las mismas que son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues la referida SCP 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que:

Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente-concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (SC 0044/2010-R de 20 de abril). En este mismo sentido, la referida Sentencia Constitucional citada anteriormente, reiteró que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye:

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“…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.”(las negrillas son nuestras)

III.1.1. Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho

De lo desarrollado y explicado precedentemente se llega a la comprensión de que la jurisprudencia fue uniforme en asumir que la naturaleza jurídica de la acción de libertad en su tipología traslativa o de pronto despacho, la cual también deviene o se encuentra implícita en el art. 125 de la CPE, busca apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Bajo ese razonamiento el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia fue conociendo casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; es por ello, que ante la evidencia de dichas demoras este Tribunal fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, por lo que exige a los administradores de justicia su observancia. En tal sentido, la jurisprudencia a través de los años fue estableciendo supuestos de procedencia para la activación de este tipo de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, generando sub reglas para la consideración de distintos actos dilatorios, entre ellos, sobre la consideración de aplicación de medidas cautelares, lo inherente a las solicitudes de cesación de la detención preventiva, o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, entre otros; por lo que, para conocer esta evolución dinámica de la jurisprudencia constitucional en relación a estos casos donde se ve involucrada la celeridad, y por los que se puede activar a la justicia constitucional, se hace necesario citar a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que efectuó una sistematización de los supuestos de dilaciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad, siendo estos:

i) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre .

en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los arts. 6, 16 y 116-X de la de la Constitución Política del Estado y 8-1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Sub regla generada en la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre) ii) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo) iii) Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero) iv) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva. (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio). v) Eventual apelación de Ministerio público no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad, por cuanto apelación tiene efecto devolutivo o efecto no suspensivo conforme a las SSCC 660/2006-R, 236/2004-R, 1418/2005-R. (Regla generada en la SC 0107/2007-R de 6 de marzo)

La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por .

ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad”

Ahora bien, posterior a la SCP 0078/2010-R, la 0384/2011-R de 7 de abril, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que:

d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley.

Asimismo, la SCP 0110/2012 de 27 de abril, siguiendo el entendimiento de que en las solicitudes de cesación de la detención preventiva, las autoridades están obligadas a tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, moduló la sub regla establecida en el inc. b) de la SC 0078/2010-R, señalando que al estar expresamente fijado el plazo para señalar audiencia en el art. 132.1 del CPP, al tratarse de un actuado de mero trámite, dicho señalamiento deberá ser providenciando en el plazo de veinticuatro horas:

“…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este .

entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento.”

Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, se introdujeron importantes modificaciones a la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999 -Código de Procedimiento Penal, cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art. 239 del CPP referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 de la referida Norma Adjetiva Penal, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de veinticuatro horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se 7Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio;

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,

6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.

La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.

Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.

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puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, estableció un plazo de cuarenta y ocho horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución –en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6−, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva. Por otro lado, de manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, advierte que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto, si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, debiendo ser resuelta por el tribunal de alzada en el plazo improrrogable de setenta y dos horas, de no hacerlo dentro del término señalado significa dilación indebida en el proceso, vulnerando así los derechos a la libertad, vida y otros, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la señalada resolución. De la misma forma, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, de manera excepcional; es decir, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días; vencido dicho plazo, la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que también puede ser denunciado ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

8En el F.J. III.4 “El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”

El trámite del referido medio de impugnación, no establece que previo a su remisión ante el superior jerárquico, deba ser corrido en traslado para que las partes del proceso contesten, con el fin de proseguir el trámite. Por encontrarse de por medio el bien jurídico de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas que tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, tramitarse dentro de los plazos establecidos por la norma adjetiva penal.

Cabe agregar que, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación. 9En su F.J. III.2 “Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

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En el mismo sentido, la SCP 1975/2013 de 21 de noviembre, afirma que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual, se computa el plazo previsto en el art. 251 del referido Código. Con similar entendimiento, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las sub reglas señaladas anteriormente de la forma siguiente:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art.

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251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte. Finalmente, incumbe remitirnos a las modificaciones introducidas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, referido a la apelación y su tramitación prevista en el art. 251 del CPP; en ese marco, la actual previsión señala:

“Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.

El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son agregadas).

La indicada disposición destaca dos aspectos importantes, la primera, referida a que, interpuesto el recurso de apelación incidental, las actuaciones deben ser remitidas ante el tribunal superior en el término de veinticuatro horas bajo responsabilidad, lo cual supone que la instancia ante quien se apela, debe remitir de forma inmediata las piezas procesales pertinentes; es decir, dentro las 24 horas, y su incumplimiento conlleva responsabilidad; y, la segunda, remitidos los actuados, el Vocal de turno de la Sala Penal donde se sorteó la causa, debe resolver sin más trámite, en audiencia, dentro los tres días siguientes de su recepción; lo cual conlleva que, de igual forma aplicando la celeridad en la tramitación, una vez recepcionada la causa, el Vocal de turno debe señalar audiencia y resolver la apelación, contando para ello el término de 3 días desde la recepción de la causa, y su incumplimiento también es objeto de responsabilidad.

De todo este desarrollo jurisprudencial, se tiene que el Tribunal Constitucional mediante la jurisprudencia emitida cumpliendo el postulado contenido en el art. 115.II de la CPE, como es el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones fue regulando los supuestos de procedencia de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, bajo una sola premisa, que cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la .

administración de justicia deben realizar sus actuados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad, puesto que generalmente lo que se buscará a través de esta, es el cumplimiento de los actuados de mero trámite y simples peticiones en la sustanciación de los procesos penales, empero, que para el privado de libertad tienen una gran significancia ya que la finalidad es el acceso a una justicia sin dilaciones.

III.3. El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución.

El art. 410.II de la CPE, establece que:

“La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los A partir de este texto constitucional se entiende que la Constitución Política del Estado tiene una jerarquía normativa y goza de aplicación preferente frente a cualquier otra disposición normativa, así fue interpretada también por la SCP 0112/2012 de 27 de abril; esta primacía hace que surja la preponderancia del órgano judicial que exige de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por el contrario requiera la aplicación directa de la Constitución; primacía que no es solo un asunto meramente formal de jerarquías y competencias, sino porque está cargada de normas constitucionales-principio, que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, que conviven como expresión de su base material pluralista y se comunican entre sí como expresión de su base intercultural y son los que informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad −art. 2 de la CPE−.

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En igual sentido, la jurisprudencia interpretó en la citada SCP 0112/2012, que la Constitución Política del Estado goza de primacía con relación al ordenamiento jurídico; es decir es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, en ese sentido, los tribunales, jueces y autoridades deben aplicarla con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualquier otras resoluciones; interpretación que se encuentra acorde a lo previsto en el art. 410.II de la CPE. Esta misma Sentencia citada, en un entendimiento, relevante sostuvo que:

Entonces, con mayor razón, la primacía de las normas constitucionales principios respecto de las normas legales-reglas (contenidas en las leyes formales o materiales, códigos sustantivos o procesales, disposiciones reglamentarias en general, etc.)”, bajo dicho marco, refirió que las normas constitucionales-principio son los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales que orientan al poder público, la convivencia social, así como las relaciones entre particulares y estos con el Estado. Consecuentemente, de esta descripción jurisprudencial, se tiene que por mandato constitucional todos estos derechos, valores y principios obligan a todos los actores sea en el ámbito judicial, administrativo o particular a regir sus actos en observancia de los mismos, y por ello, el Tribunal Constitucional a través de su basta jurisprudencia fue ratificando dichos postulados, y dando realce a uno prevaleciente que compele a quienes administran justicia a su observancia, cuyo fin es el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así se tiene que, el mismo está expresamente inmerso en la norma fundamental, en los artículos: 178.I de la CPE, que dispone: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”, así también el art. 180.I de la Norma Suprema, que prevé: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”. Ahora bien, relacionado a estas dos normas constitucionales, se halla previsto el art. 115.II de la CPE, que expresa: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. En tal entendido se tiene que, el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se .

desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios. Es así que sobre este principio, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncia dilaciones indebidas y se advierta una mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto más aun tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad; esa misma línea jurisprudencial se siguió en la SC 0862/2005-R, de 27 de julio reiterada por las SSCC 1213/2006-R; 0900/2010, 1157/2017; 0052/2018-S2 de 15 de marzo entre otras. En ese entendido, la SCP 0112/2012 de 27 de abril citada anteriormente, generó una regla procesal penal que estableció que la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no solo a los jueces o tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia y de cuya actuación dependa la libertad del privado.

III.4. Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad

De acuerdo art. 8.II de la CPE, la dignidad es uno de los valores en los que se sustenta el Estado Plurinacional de Bolivia, siendo uno de los fines y funciones especiales según el art. 9.2 de la misma Norma Suprema: “Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe”.

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Además de estar concebida como un valor, la dignidad también está consagrada como un derecho fundamental así se tiene establecido en el art. 21.2 de la CPE, la cual refiere que las bolivianas y los bolivianos tienen, entre otros, el derecho a la dignidad, teniendo junto al derecho a la libertad un carácter inviolable, imponiendo al Estado el deber primordial de respetarlo y protegerlo, como lo reconoce el art. 22 de la Norma Fundamental. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que forma parte del bloque de constitucionalidad previsto en el art. 410.II de la CPE, al respecto establece en su art. 11.1, que “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”. Ahora bien, en ese marco normativo constitucional y convencional, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0338/2003-R de 19 de marzo, reiterada por la SC 1694/2011-R de 21 de octubre y la SCP 0251/2012 de 29 de mayo, entre otras, ha establecido que la dignidad “designa un conjunto de creencias, valores, normas e ideales que, de una manera u otra, asumen como postulado que hay un valor intrínseco o una condición especial de lo humano, lo que implica que hay una forma de existir superior que de hecho está viviendo la gente”. Asimismo la SC 2134/2013 de 21 de noviembre afirma:

“El respeto de todo ser humano como un fin en sí, empieza por el respeto a la vida y al reconocimiento de los múltiples derechos en los que se despliega su dignidad, lo que presupone el reconocimiento de su derecho a la existencia; de tal forma, se puede afirmar categóricamente que el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda persona por su sola condición de “humano”, para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan.”

Por su parte, sobre la dignidad humana el tratadista Stern, afirma “la dignidad humana es la base de los derechos fundamentales, por tanto son derechos humanos supra positivos que han sido positivados en la 14 “La dignidad humana, en su sentido moderno, designa un conjunto de creencias, valores, normas e ideales que, de una manera u otra, asumen como postulado que hay un valor intrínseco o una condición especial de lo humano, lo que implica que hay una forma de existir superior que de hecho está viviendo la gente. El respeto de todo ser humano como un fin en sí, empieza por el respeto a la vida y al reconocimiento de los múltiples derechos en los que se despliega su dignidad, lo que presupone el reconocimiento de su derecho a la existencia. De tal forma, se puede afirmar categóricamente que el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda persona por su sola condición de “humano”, para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan". 15 Sobre la dignidad humana La Constitución Política del Estado, en su art. 8.II, ha dejado establecido que la dignidad es uno de los valores en el cual se sustenta el Estado; por ende tiene por fin y función esencial garantizar, el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el dialogo intracultural, intercultural y plurilingüe (art. 9.2 CPE). Por otra parte a través del art. 21 ha consagrado a la dignidad como un derecho fundamental, cuando se refiere: “Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad”. Asimismo en el art. 22 ha establecido: “La dignidad y la libertad de la persona inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”. De lo referido la CPE hace entrever que la dignidad debe ser considerada como un valor y un derecho fundamental. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en su art. 11.1 dice: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”. 16 STERN, K. (2009). Jurisdicción Constitucional y Legislador. Editorial DYKINSON, S.L. Madrid. Pág. 24

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Constitución y vinculados a una serie de objetivos para asegurar la condición existencial del hombre como persona individual y ser social”; al vulnerar uno sólo de tales derechos fundamentales, estamos lesionando la dignidad humana porque privamos al ofendido de la posibilidad de ejercer en forma plena la facultades que le corresponden como ser humano, especialmente cuando el atentado es contra la vida; así, el mismo autor, continúa señalado:

“De ahí que pueda sostenerse que los preceptos constitucionales que consagran la idea de dignidad humana no sean meras declaraciones, sino que resulten ser fuente directa de prescripciones normativas, cuya contravención indudablemente puede acarrear, como consecuencia jurídica, la inconstitucionalidad del acto en que tal contravención se materializa.” Conforme a lo señalado precedentemente, es deber del legislador, al formular las leyes, adecuar las normas para que ninguna de estas atenten contra la dignidad humana que constituye un atributo o condición propia del ser humano; por lo tanto, un valor básico y fundamental de los derechos humanos, reconocido por la norma suprema y por tanto, puedan ser objeto de declaratoria de inconstitucionalidad. En esa misma línea de razonamiento y respecto a las personas privadas de libertad, el art. 73.I de la CPE, garantiza ese derecho en los siguientes términos: “Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana” e impone al Estado el deber de velar por el respeto de sus derechos, conforme establece el art. 74.I de la misma norma. De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), señala al respecto en su art. 10.1 que “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. En sintonía con lo anotado precedentemente, mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió la Resolución 1/08 “Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las personas Privadas de Libertad en las Américas”, en la cual se reconocen los derechos .

fundamentales que tienen las personas privadas de libertad, a través de principios tales como:

“Trato humano - Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”; “Igualdad y no-discriminación - Toda persona privada de libertad será igual ante la ley, y tendrá derecho a igual protección de la ley y de los tribunales de justicia. Tendrá derecho, además, a conservar sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, a excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley, y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad.

Las normas constitucionales y convencionales citadas precedentemente, así como los razonamientos desarrollados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permiten concluir que las personas privadas de libertad, conservan esa condición propia de ser humano, así sean restringidos en su libertad de locomoción, ya sea por una condena o una medida cautelar. En esa línea de razonamiento, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001, establece de manera expresa el respeto a su dignidad humana y las garantías constitucionales de los privados de libertad, así como la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes en los establecimientos penitenciarios; entendiendo que, los mismos son sujetos de derechos, en cuyo mérito pueden ejercer todos los derechos que no estén afectados por la condena o por esta Ley, fuera de ellas no son aplicables ninguna otra limitación. En correspondencia con el marco legal citado, la jurisprudencia sentada por este Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0618/2012 de 23 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, estableció:

“… la privación de libertad por causas legales, no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema, mismos que si bien, por la esencia misma de la privación de libertad, pueden verse disminuidos en su ejercicio, no pueden por ningún motivo ser suprimidos, del razonamiento que se vislumbra del entendido de que no obstante que el privado de libertad, por esta misma calidad, se encuentra en situación de desventaja y en desigualdad de condiciones frente a aquellos sujetos que gozan de su libertad, no involucra el hecho de que esta disminución en el ejercicio pleno de algunos derechos, signifique, de ninguna manera, que los otros derechos fundamentales que le son reconocidos constitucionalmente, no sean, en su caso, pasibles de defensa por parte del interesado y por supuesto de tutela por parte del Estado.”

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En esa misma línea de razonamiento se pronunció la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico de la SCP 1624/2013 de 4 de octubre, al señalar:

“…la privación de libertad, implica la restricción de aquellos derechos que, por la naturaleza de la condena o de la medida cautelar (detención preventiva), se vean afectados, sin lesionar el derecho a la dignidad de las personas y menos sus derechos a la vida o a la integridad física; pues los mismos bajo ninguna circunstancia quedan disminuidos como efecto de la privación de libertad, siendo más bien los jueces y tribunales, así como los encargados de las penitenciarías y los representantes del Ministerio Público, los garantes para que dichos derechos sean materializados…”

Asimismo, la jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 0192/2018 de 14 de mayo, citando la SCP 0618/2012 de 23 de julio, expreso que:

“Es responsabilidad del Estado velar por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad; de donde se infiere que, la privación de libertad por causas legales, no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema” En atención a las citas constitucionales, convencionales y jurisprudenciales precedentes, habida cuenta del carácter universal de los derechos fundamentales que asumió el constituyente, estableciendo el deber de respetar el valor intrínseco de todo ser humano, traducido en su dignidad; que si bien en virtud a la potestad sancionadora del Estado, es legítimo sancionar y disponer medidas cautelares en los casos y según las formas previstas en la ley, no es menos importante el respeto de los derechos de los privados de libertad. En ese entendido, las persona privadas de libertad encuentran limites a su libertad personal, por la naturaleza restrictiva de la condena o de la medida cautelar (detención preventiva); empero, eso no implica que los demás derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, se vean afectados, más al contrario se mantienen incólumes; así se tiene, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, a la integridad física, a la vida, a la educación, el acceso a la justicia, que tienen como sustrato la dignidad humana, cuya limitación o supresión se torna en una restricción ilegítima, injustificada, que si bien pueden verse disminuidos en el .

ejercicio pleno de algunos derechos, no obstante, no pueden ser suprimidos. En esa comprensión el privado de libertad que por su condición temporal y excepcional se encuentra limitado en su libertad personal, se halla en estado de vulnerabilidad, en situación de desventaja y desigualdad; por lo que, es el Estado, el que asume la responsabilidad de velar por el respeto de sus derechos –excepto el de libertad personal cuya limitación fue impuesta conforme a las formas y según los casos que la ley establece−, lo contrario significaría una exclusión, en desmedro de su condición humana, de su derecho a la dignidad, extremo que se encuentra reñido con los valores −como el de dignidad− que fundan o sustentan la Constitución Política del Estado Plurinacional. Por último, y considerando todo lo desarrollado, debemos afirmar, que dentro de los fines y funciones del Estado está el de garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en el art. 9.4 de la CPE, y en ese marco, todos los niveles del Estado (Central, departamental y municipal) tienen la obligación de adoptar medidas y acciones en favor de los sectores vulnerables, dentro de los que se encuentran los privados de libertad; ello con el objetivo, de desplegar acciones inmediatas destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos de éste grupo de personas, quienes por diferentes circunstancias de la vida se encuentran internos en centros penitenciarios; considerando que no perdieron otros derechos inherentes al ser humano, siendo los Jueces y Tribunales, así como los encargados de las penitenciarías y los representantes del Ministerio Público, los garantes para que dichos derechos sean materializados. En ese entendido es la instancia judicial y administrativa, en la que se dilucidan los derechos de las personas privadas de libertad quienes tiene el deber de llevar adelante estos trámites con diligencia y celeridad, cumpliendo a cabalidad los plazos que la normativa prevé, pues de lo contrario estaría consintiendo una actuación dilatoria e injustificada que repercute en la conculcación de los derechos humanos de los privados de libertad.

III.5. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

El art. 232 de la CPE, en cuanto a los servidores públicos prevé lo siguiente: “La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, .

honestidad, responsabilidad y resultados”; asimismo, en su art. 235.1 La Norma Suprema consagra la obligación de los servidores públicos a efecto de cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes. En ese sentido, se debe señalar que la acción de libertad respecto a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad, que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esta acción de defensa, cuando el sujeto pasivo es funcionario público tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia con la finalidad de desvirtuar los actos o hechos denunciados como lesivos a los derechos del accionante pues de no hacerlo se presume su veracidad.

En el mismo sentido la SC 1164/2003-R de 19 de agosto, refirió que:

“Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación, (…) con lo que se cumplió lo dispuesto por el art. 18.II CPE que establece que la autoridad judicial que conozca el hábeas corpus, ‘señalará de inmediato día y hora de audiencia pública, disponiendo que el actor sea conducido a su presencia. Con dicha orden se practicará citación personal o por cédula en la oficina de la autoridad demandada...’”.

Posteriormente, la SC 0650/2004-R de 4 de mayo indicó lo siguiente:

“…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno,

Entendimiento asumido y reiterado en las SSCC 0141/2006-R y 0181/2010-R, y la SCP 0576/2018-S1, entre otras.

Siguiendo esa línea, la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió que:

Por su parte la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio estableció las excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad en los siguientes casos:

“a) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales .

Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, b) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras” (las negrillas nos pertenecen).

De acuerdo a lo desarrollado precedentemente, se concluye que la autoridad demandada tiene el deber en su propio interés de presentar informe con la prueba necesaria y suficiente ante el Juez, Tribunal de garantías o Sala Constitucional para desestimar la acción tutelar planteada en su contra, caso contrario asistir a la audiencia pública con el fin de desvirtuar las denuncias formuladas por el impetrante de tutela, puesto que su negligencia dará lugar a que se presuma la veracidad de los actos o hechos denunciados por el accionante, generándole en consecuencia responsabilidad por su condición de funcionario o servidor público

III.6. Análisis del caso concreto

La parte accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; así como al debido proceso en sus elementos celeridad y economía procesal; toda vez que, como emergencia del proceso penal en su contra por violencia familiar o doméstica fue sentenciado a tres años, por tal motivo solicitó la aplicación de sanciones alternativas conforme prevé el art. 76 de la Ley 348; empero, las ahora demandadas incurrieron en las siguientes ilegalidades: a) La Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de San Jose de Chiquitos del Departamento de Santa Cruz: a.1) El 24 de agosto de 2021, habiéndose instalado la audiencia para considerar la aplicación de sanciones alternativas, arbitrariamente la referida Jueza suspendió la misma, señalando que debía primeramente notificarse a la víctima con la sentencia condenatoria, para ello; y, para tal finalidad, el ahora peticionante de tutela solicitó su notificación mediante edictos, mismo que por proveído de 16 de septiembre de igual año, se dispuso que previamente se oficie a SEGIP establecer la ubicación del último domicilio de la víctima para su notificación con la sentencia mencionada; sin embargo, hasta la presentación de esta acción tutelar, no se cumplió con la comunicación a dicha repartición; a.2) No consideró que en delitos de violencia familiar, para acceder a las sanciones alternativas conforme prevé el art. 76 de la Ley 348, no se exige como requisito la ejecutoria de una determinada resolución según razonó la SCP 0721/2018-S2 de 31 de octubre; b) La Secretaria ahora codemandada del mismo Juzgado, negó aceptar sus solicitudes de señalamiento de audiencia de sanciones alternativas, indicando que previamente se notifique a la víctima con la Sentencia condenatoria. Identificada la problemática, incumbe remitirnos a los antecedentes; así, se tiene que: Mediante solicitud de 18 de agosto de 2021, el ahora peticionante de tutela solicito se señale nueva fecha de audiencia para .

considerar su sanción alternativa, el cual atendido mediante decreto fue programado para el día 24 de similar mes y año (Conclusión II.1); Consta acta de suspensión de audiencia de 24 de igual mes y año, en razón de que la jueza demandada, señalo que la víctima no hubiera sido notificada con la sentencia inicial (Conclusión II.2)

El 8 de septiembre de 2021, el ahora impetrante de tutela solicitó a la autoridad accionada disponer la notificación de la víctima vía edicto judicial por desconocimiento de su domicilio; mismo que por providencia de 16 de igual mes y año, se dispuso previamente notificar a SERECI Y SEGIP para establecer el ultimo domicilio de la demandante en la causa penal (Conclusión II.3) Previo a ingresar al análisis del caso, incumbe señalar que, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se denuncia violaciones al debido proceso mediante acciones de libertad, es posible ingresar a su compulsa cuando: 1) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, 2) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa. En ese marco, para el caso presente, se advierte que el ahora peticionante de tutela, se encuentra con medidas cautelares personales (detención preventiva) como emergencia de una resolución jurisdiccional dentro un proceso penal en su contra, en la cual denuncia que, cuando la Jueza ahora demandada negó al ahora impetrante de tutela atender su solicitud de sanción alternativa, bajo el argumento que la víctima no hubiera sido notificada con la sentencia inicial (Conclusión II.2), y que habiendo solicitado su notificación vía edicto judicial, previamente hubiera dispuesto la notificación al SEGIP para establecer el ultimo domicilio de la demandante, sin que hasta (entiéndase día de interposición de acción de defensa) se haya notificado a tal institución (Conclusión II.3), lo cual genera una dilación para acceder se consideré las sanciones alternativas conforme prevé el art. 76 de la ley 348; irregularidad que, si bien no incidieron en su limitación a su derecho a la libertad; empero, tienen vinculación indirecta con este derecho al ser procesado penalmente; consecuentemente, en aplicación del estándar más alto desarrollado por la SCP 0153/2020-S1 del señalado Fundamento Jurídico, se ingresará a compulsar la denuncia del ahora impetrante de tutela. Bajo tal descripción introductoria, ahora corresponde contrastar las supuestas lesiones denunciadas en relación a cada accionada, procediendo .

a la verificación constitucional de las problemáticas establecidas por cada una de ellas; ahora bien, por didáctica constitucional el análisis se iniciará con la segunda problemática relacionada a la Jueza accionada, así se tiene que:

III.6.1. En cuanto a la Jueza ahora demandada
III.6.1.a. Respecto a la segunda problemática

No consideró que en delitos de violencia familiar, para acceder a las sanciones alternativas conforme prevé el art. 76 de la Ley 348, no se exige como requisito la ejecutoria de una determinada resolución según razonó la SCP 0721/2018-S2 de 31 de octubre.

Al respecto, para efectos de contraste, el acta de audiencia de 24 de agosto de 2021, evacuado por la autoridad judicial demandada (Conclusión II.2), describe lo siguiente:

“…se ha podido verificar el cuaderno de control jurisdiccional que con la sentencia de fecha 14 de febrero de 2020 el cual fue condenado el señor CORNELIO SALVATIERRA MENDOZA por VIOLENCIA FAMILIAR, LAS PARTES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN audiencia fueron notificadas con la sentencia, en la cual la parte denunciante y víctima no fueron notificadas con las sentencia siendo su derecho de las partes a tener conocimiento aún no se hubieran constituido como querellante toda vez como indica que el art. 77 del C.P.P. la información es responsabilidad hacerle conocer las resoluciones y actuados procesales en el presente caso…”

De igual forma, es preciso referir lo señalado por el art. 76 de la Ley 348, mismo que establece lo siguiente:

ARTÍCULO 76. (APLICACIÓN DE SANCIONES ALTERNATIVAS).

I. En delitos de violencia hacia las mujeres, siempre que el autor no sea reincidente, se podrán aplicar sanciones alternativas a la privación de libertad, cuando:

1. La pena impuesta no sea mayor a tres años, en cuyo caso será remplazada por una sanción alternativa de las señaladas en la presente Ley.

2. A solicitud del condenado a pena privativa de libertad superior a tres años que hubiera cumplido al menos la mitad de ésta, las sanciones alternativas no podrán superar el tiempo de la pena principal impuesta. II. La autoridad judicial aplicará una sanción alternativa junto a otras, cuando sea necesario para proteger a .

la mujer, hijos e hijas o el núcleo familiar en situación de violencia.(las negrillas son nuestras)

Bajo tal descripción, podemos comprender que el art. 76 de la Ley 348 instituye la aplicación de sanciones alternativas a la detención preventiva, en los casos de violencia contra las mujeres y establece los requisitos para la aplicación de dichas medidas que son los siguientes: a) Que la persona procesada no sea reincidente respecto a algún hecho delictivo;y, b) Que su pena no exceda de tres años.

En tal sentido, podemos concluir que el artículo 76 de la Ley 348, no establece la ejecutoria de la resolución como un requisito para la aplicación de las medidas alternativas; por lo tanto, una persona procesada puede solicitar la aplicación de sanciones alternativas conforme a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia en cualquier momento del proceso penal, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales establecidos para ello, sanciones alternativas que varían como la reparación del daño causado, terapias de tratamiento y rehabilitación, trabajo comunitario, y otras medidas que buscan la resocialización del agresor y la prevención de futuras conductas violentas, además pueden incluir, por ejemplo, la presentación de una garantía económica, el compromiso de comparecer ante las autoridades judiciales cuando sea requerido, entre otros.

Es importante destacar que estas sanciones alternativas no deben ser consideradas como una forma de impunidad, sino como una medida complementaria a las sanciones penales tradicionales, mismas que previamente deben ser evaluadas caso por caso, teniendo en cuenta factores como la gravedad de la violencia, el nivel de arrepentimiento y cooperación del agresor, e impacto que la violencia haya tenido en la víctima y su entorno.

Por otra parte, en cuanto al razonamiento descrito en el Fundamento Jurídico III. 3 de la SCP 721/2018-S2 de 31 de octubre, aludida en el presente, el cual, haciendo referencia a la colisión existente entre el Código de Procedimiento Penal y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia respecto al beneficio de la suspensión condicional de la pena y las sanciones alternativas, establecieron lo siguiente:

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III.3.1. La suspensión condicional de la pena en el Código de Procedimiento Penal

…a efectivización del beneficio de suspensión condicional de la pena, dada su naturaleza jurídica, no puede estar supeditada o condicionada a la ejecutoria de la resolución que lo concedió, ya que implicaría ir contra la finalidad de dicho beneficio, cual es la necesidad de evitar los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración; por lo que, una vez otorgada la suspensión condicional de la pena su efecto inmediato, cual es dejar en suspenso la ejecución de la condena, la misma que únicamente podrá ser revocada por la autoridad que la concedió, conforme lo precisado en el art. 367 del CPP, que establece los efectos del beneficio de la suspensión condicional de la pena.

III.3.3. Norma aplicable

Conforme al desarrollo anterior, se evidencia la existencia de una antinomia entre el Código de Procedimiento Penal y la Ley 348, en cuanto se refiere al cumplimiento de la sanción; así, el Código de Procedimiento Penal establece la posibilidad de suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena, si se presentan los requisitos previstos en el art. 366 de la misma norma procesal, cuyo contenido y alcance de ese instituto fue desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3.1, de este fallo constitucional. (…) Conforme a lo anotado, la Ley 348, en el marco de las normas internacionales sobre Derechos Humanos, hace especial énfasis en la persecución y sanción de los agresores, no previendo, por lo mismo, la posibilidad de otorgar al agresor la suspensión condicional de la pena; más bien, establece la posibilidad de la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad, entre otros casos, cuando la pena impuesta no sea mayor a tres años, en cuyo caso, el juez podrá aplicar las sanciones alternativas descritas en los arts. 77 al 82 de la referida Ley; debiendo la autoridad judicial, aplicar un plan de conducta al condenado, de conformidad a lo previsto por el art. 82 de la misma norma. (…) Consiguientemente, la Ley 348, al prever de manera expresa, en el Título V, Capítulo I, las sanciones alternativas a aplicarse en los casos en los que la privación de libertad no sobrepase los tres años, se constituye en una norma especial que debe ser aplicada de manera preferente como lo dispone su art. 5.III, al señalar que la referida Ley: “No reconoce fuero ni privilegio de ninguna clase, su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma para los delitos establecidos en la presente Ley” (el resaltado es ilustrativo); con la aclaración, que ello no significa que en todos los casos se deba disponer la privación de libertad del condenado, sino por el contrario, la aplicación de las sanciones alternativas previstas en la .

Ley 348, como la multa, detención de fin de semana, trabajo comunitario, entre otras.(las negrillas son nuestras). En resumen, la precitada sentencia, haciendo referencia a la colisión normativa relativa al Código de Procedimiento Penal y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, en cuanto a la aplicación de la suspensión condicional de la pena y el perdón judicial, estableció que a efectos de cumplir con tal sanción, la misma sería aplicable en caso de que se presente los requisitos previstos en el art. 366 del (CPP), en cambio la referida Ley, adoptó medidas específicas, tendientes a evitar que los delitos respecto de violencia hacia la mujer, queden en impunidad, bajo la lógica de que en ningún caso los derechos del agresor puedan ser valorados judicialmente por encima de los derechos humanos de la mujer; y que por ende, en ese marco de normas internacionales, en vez de otorgar al agresor la suspensión condicional de la pena; a contrario según la mencionada Ley, correspondería la posibilidad de la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad, entre otros casos, cuando la pena impuesta no sea mayor a tres años, descritos en los arts. 77 al 82 de la referida Ley.

Respecto al caso en concreto analizado por tal jurisprudencia constitucional (SCP 0721/2018-S2 de 31 de octubre), describió una acción tutelar, por el cual, el entonces accionante denunció que, al haber sido condenado a tres años de reclusión, solicitó acogerse a la suspensión condicional de la pena, empero que tratándose de un hecho violencia en razón de género regulada por la señalada Ley, correspondía aplicar sanciones alternativas, más no la suspensión condicional de la pena, en aplicación del principio de especialidad de la norma.

Ahora bien, compulsando lo descrito precedentemente, tal como hemos hecho referencia, podemos concluir que el art. 76 de la Ley 348, en su desarrollo, no inserta alguna causal de exigencia respecto a que una determinada resolución, necesariamente tenga que estar ejecutoriada para que se pueda considerar la aplicación de las sanciones alterativas insertas en los arts. 77 al 82 de la referida Ley; además, conforme al razonamiento asumido a partir de la jurisprudencia constitucional antes mencionada en la SCP 0721/2018, la misma, de igual manera, realizando un análisis en cuanto al instituto de la suspensión condicional .

de la pena y perdón judicial, estableció plenamente que la consideración del beneficio de la suspensión condicional de la pena, no podía estar supeditado a la ejecutoria de un explícito fallo; situación que la jueza ahora demandada no consideró, pues estando en la obligación de verificar los antecedentes que derivaron en la solicitud formulada por el ahora peticionante de tutela, se apartó de tal lógica, optando por condicionar su tratamiento a una formalidad (notificación) que por ende la jurisprudencia constitucional ha superado; que aunque resulta importante garantizar los derechos de las víctimas en un proceso penal y de especial tratamiento como establece la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; empero, también es respetar los derechos fundamentales de las personas procesadas; en consecuencia, respecto de esta segunda problemática, corresponde conceder la tutela solicitada.

Por otra parte, cabe aclarar lo referido por el ahora impetrante de tutela en cuanto a que la mencionada SCP 0721/2018-S2, habría razonado señalando que, en las solicitudes de aplicación de Sanciones Alternativas no se constituye como requisito exigir la ejecutoria de resoluciones. Al respecto, teniendo como base lo desarrollado líneas arriba, se tiene que dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, si bien en su Fundamento 22 De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la suspensión condicional de la pena, busca reorientar el comportamiento del condenado, reinsertándolo a la sociedad, otorgándole oportunidades de enmienda en ejercicio de su libertad - SC 0528/2010 -R de 12 de julio; entendimiento que tiene su antecedente en la SC 1614/2005-R de 9 de diciembre, que hizo el análisis del perdón judicial como una medida de política criminal, destinada a paliar los efectos de la llamada contaminación penitenciaria; y, de la desvinculación del recluso con su familia y la colectividad.

En la referida SC 1614/2005-R, el Tribunal Constitucional entendió que no se justifica la continuación de la detención preventiva hasta que se ejecutoríe la sentencia, de quien fue favorecido con el perdón judicial, argumentando en el Fundamento Jurídico III.2, que:

…el sacrificio del valor libertad sería injustificado al haber desparecido la utilidad procesal en la que se sustenta la medida cautelar personal, y es más, no guardaría congruencia con el principio de intervención penal mínima que caracteriza al derecho sancionador en todo Estado democrático de derecho, en el que la imposición de toda medida restrictiva de la libertad se justifica solamente en casos de estricta necesidad, por la utilidad que la misma representa para la consecución de otros fines, que como se dijo, que también sean constitucionalmente legítimos.

Conforme a ese entendimiento, el imputado condenado que cumpla con los requisitos previstos por el art. 366 del CPP, puede acogerse al beneficio de la suspensión condicional de la pena, aun se encuentre pendiente de resolución el recurso de apelación restringida contra la sentencia que se hubiere pronunciado.

El razonamiento respecto al perdón judicial, fue aplicado también a la suspensión condicional de la pena a través de la SC 0797/2006-R de 15 de agosto, al señalar que: …la suspensión condicional de la pena, al igual que el perdón judicial, constituye un beneficio instituido por el legislador como una medida de política criminal con similar finalidad a la que persigue el perdón judicial, encuentra su fundamento en la necesidad de privar de los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración, por ello es un instituto de carácter sustantivo que se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos que el legislador ha previsto (Fundamento Jurídico III.2).

Este entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0509/2016-S2 de 23 de mayo y 1099/2016-S2 de 3 de noviembre, entre otras; esta última, en su Fundamento Jurídico III.3, indica:

…a efectivización del beneficio de suspensión condicional de la pena, dada su naturaleza jurídica, no puede estar supeditada o condicionada a la ejecutoria de la resolución que lo concedió, ya que implicaría ir contra la finalidad de dicho beneficio, cual es la necesidad de evitar los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración; por lo que, una vez otorgada la suspensión condicional de la pena su efecto inmediato, cual es dejar en suspenso la ejecución de la condena, la misma que únicamente podrá ser revocada por la autoridad que la concedió, conforme lo precisado en el art. 367 del CPP, que establece los efectos del beneficio de la suspensión condicional de la pena.

.

Jurídico III.3.1 citó a jurisprudencia constitucional que señaló que, para acceder a los beneficios de la suspensión condicional de la pena y el perdón judicial, no es aceptable que los juzgadores exijan otros requisitos no previstos en la norma como la ejecutoria de las sentencias; sin embargo, dichas citas jurisprudenciales fueron la base para más adelante sustentar la antinomia advertida entre el Código de Procedimiento Penal que regula dichos institutos procesales (Suspensión Condicional de la Pena y Perdón Judicial) y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia que prevé las Sanciones Alternativas, para luego concluir en que, al tratarse de sentencias condenatorias emergentes de delitos contra la violencia, no es aplicable la suspensión condicional o el perdón judicial, sino en función al criterio de especialidad de la norma, debe regir la referida Ley e imponerse las Sanciones Alternativas previstas. Asimismo, la citada SCP 0721/2018-S2, en el análisis de su caso concreto, no reflexiono respecto a los requisitos exigidos para acceder a las sanciones alternativas, sino que, resolvió una dilación indebida en la tramitación de la suspensión condicional de la pena, orientando que a ese asunto no procedía aplicar tal beneficio, sino las indicadas sanciones alternativas.

Bajo ese entender, lo aseverado por el accionante resulta una comprensión sesgada de lo razonado por la señalada Sentencia Constitucional Plurinacional.

III.6.1.b. Respecto a la primera problemática

El ahora peticionante de tutela, denuncia que la jueza ahora demandada el 24 de agosto de 2021, habiéndose instalado la audiencia para considerar la aplicación de sanciones alternativas, arbitrariamente la jueza ahora demandada suspendió la misma, señalando que debía primeramente notificarse a la víctima con la sentencia condenatoria, para ello; y, para tal finalidad, el ahora impetrante de tutela solicitó su notificación mediante edictos, mismo que por proveído de 16 de septiembre de 2021, se dispuso que previamente se oficie a SEGIP establecer la ubicación del último domicilio de la víctima para su notificación con la sentencia referida; sin embargo .

hasta la presentación de esta acción tutelar, no se cumplió con la comunicación a dicha repartición.

En cuanto a la presente denuncia, referido a la comunicación al SEGIP para establecer el domicilio de la víctima, de obrados se evidencia, que la autoridad judicial a momento de emitir su informe escrito cursante a fs. 17 y vta., no arrimó documental que haga entrever que la notificación a SEGIP haya sido cumplida, como tampoco tal aspecto fue rebatida con argumento en contra, demostrándose que tal acusación resulta evidente, pues desde la emisión del decreto de 16 de septiembre de 2021 que dispone se oficie a dicha entidad (Conclusión II.3), hasta la fecha de la consideración de la acción de defensa – entiéndase 21 de octubre del mismo año-, transcurrió más de un mes sin que se haya comunicado a dicha instancia estatal, medida que impidió al accionante se vuelva a considerar su situación legal a través del sometimiento de las sanciones alternativas tal cual hemos desarrollado en el punto anterior; en consecuencia, corresponde tener por ciertos los extremos aseverados por el ahora impetrante de tutela, esto de acuerdo al principio de presunción de veracidad, que razona en sentido, de que, el silencio de la autoridad demandada, se considera como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado según lo señalado en el Fundamento Jurídico III.5 del presente fallo constitucional; mismo que encuentra ligado estrechamente con la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2, el cual desarrolló que la Acción de Libertad Traslativa o de Pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, constituyéndose en el medio idóneo para los casos donde existe vulneración al principio de celeridad vinculado con el derecho a la Libertad; a su vez el Fundamento Jurídico III.3, estableció que los actores deben observar el principio de celeridad en la .

tramitación del proceso, con mayor prioridad, cuando los trámites o solicitudes estén vinculados con la libertad de las personas que tienen restringido ese derecho, debiendo atender los mismos en un plazo razonable; lo contrario, implicaría incurrir en actos dilatorios sobre los derechos del detenido afectando su libertad, que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en la que se encuentra. Finalmente en cuanto al Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo advierte que, será la instancia judicial y administrativa, la que dilucide los derechos de las personas privadas de libertad quienes tiene el deber de llevar adelante estos trámites con diligencia y celeridad, cumpliendo a cabalidad los plazos que la normativa prevé, pues de lo contrario estaría consintiendo una actuación dilatoria e injustificada que repercute en la conculcación de los derechos humanos de los privados de libertad; evidenciándose en consecuencia, bajo tales parámetros, se establece que la jueza ahora demandada, incurrió en actos dilatorios indebidos e injustificados que afectaron la libertad del ahora impetrante de tutela, vulnerando así su derecho a la libertad, sin considerar que el mismo se encontraba detenido preventivamente por más de dos años, pues a contrario de imprimir debida celeridad y primordial atención a aquellos casos en los cuales se encuentra comprometido la libertad personal como ocurre en el presente caso, la falta de notificación a la instancia estatal de SEGIP, de una u otra manera limitó que el mismo, pueda solicitar nuevamente acceder a tal beneficio señalado en el art. 76 de la Ley 348, restringiendo el ejercicio de sus derechos constitucionales.

Por su parte, en cuanto a la alegada arbitrariedad incurrida por la autoridad judicial ahora ademandada al haber suspendido la audiencia bajo el pretexto de notificar previamente a la víctima con la sentencia condenatoria; al respecto conforme ya se compulso en la problemática anterior en cuanto a los requisitos que se debe cumplir para acceder a las sanciones alternativas previstas en el art. 76 de la Ley 348, oportunidad donde se concluyó en que no es exigible que una resolución adquiera ejecutoria, tal como comprendió la autoridad demandada, que al no haberse notificado a la víctima, la sentencia condenatoria no estaba ejecutoriada, y por ello dispuso que previamente se notifique a la víctima con la indicada sentencia condenatoria, proceder que se constituye en una .

arbitrariedad, vulnerando los derechos del privado de libertad que debido a dicha negatoria, no puede acceder a las sanciones alternativas solicitadas en marco del art. 76 de la referida Ley. En consecuencia, luego de advertirse los indicados actos vulneratorios, corresponde conceder la tutela solicitada, ante la evidente vulneración a la libertad del ahora accionante.

III.6.2. En cuanto a la Secretaria ahora codemandada

El peticionante de tutela, denuncia que: La Secretaria ahora codemandada, negó aceptar sus solicitudes de señalamiento de audiencia de sanciones alternativas, indicando que previamente se notifique a la víctima con la Sentencia condenatoria. Al respecto de este punto, el mismo no puede ser considerado como verídico; toda vez que, al presente la Secretaria, no contaría con legitimación pasiva, pues su accionar, no se enmarca en ninguna causal como alteración de determinaciones de la autoridad judicial, incumplimiento de funciones o instrucciones emitidas por su superior, para disponer su responsabilidad; así mismo tampoco se arrimó documental que haga entrever tal extremo, más aún si se evidencia que en pleno ejercicio de sus derechos, el ahora impetrante de tutela presentó dos memoriales de solicitud de audiencia de consideración de sanción alternativa de 6 de julio de 2021 y 18 de agosto de similar año, verificables en la presente acción de defensa; situación por lo que corresponde denegar la tutela impetrada.

III.6.3. Otras consideraciones

Finalmente, de obrados se evidencia, que la sentencia condenatoria que dispuso tres años de reclusión al autor del hecho –accionante-, el cual data de febrero de 2020, hasta la fecha de la audiencia de 24 de agosto de 2021, “por más de un año”, no se haya procedido con la notificación a la víctima, pues llama la atención, que la Jueza ahora demandada no haya realizado ningún tipo de acción para tal cometido, responsabilidad que de ninguna manera resulta atribuible al imputado, correspondiendo su reproche constitucional, y severa llamada de atención como la remisión de antecedentes ante la Dirección Departamental del Consejo .

de la Magistratura Santa Cruz, a efecto de investigar y sancionar si corresponde, conforme al ordenamiento jurídico. En consecuencia, la Jueza de Garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 22/2021 de 22 de octubre, cursante de fs. 32 a 37, emitida por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Jueza de Garantías; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, por franca vulneración del derecho a la libertad, debido proceso en sus componentes de celeridad y economía procesal, a una justicia pronta oportuna transparente y sin dilaciones, conforme a los extremos desarrollados en las problemáticas III.6.1.a y III.6.1.b de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar severamente la atención a Ysabel Sarita Maza Moruno Jueza Pública Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, por los antecedentes descritos precedentemente, disponiendo que:

2.1. En el plazo de 24 horas de conocer el presente fallo, la jueza ahora demandada, lleve adelante la audiencia de consideración de sanción alternativa impetrada por el ahora accionante, si es que hasta la fecha no se hubiera tramitado. Además se disponga que en similar plazo, se proceda a la notificación de la instituciones señalada en el proveído de 16 de septiembre de 2021 (Conclusión II.2), si es que no se hubiera cumplido actualmente. 2.2. Remitir antecedentes ante la Dirección Departamental del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, para que a través de su instancia pertinente, se investigue y sancione si corresponde conforme a normativa, a la Jueza ahora demandad. 3° DENEGAR la tutela solicitada en cuanto a Ana María Espinoza Rocha, Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, por lo descrito en la sub problemática III.6.2 del presente fallo constitucional.

.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 En este sentido, el uso del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional al menos tiene dos consecuencias prácticas: i) Provoca que un juez o tribunal en caso de contar con dos sentencias constitucionales contradictorias elija de acuerdo a las particularidades de cada caso el entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales que llega a ser el estándar más alto. ii) Asimismo, de existir diversos entendimientos jurisprudenciales no antagónicos sino progresivos los mismos deben armonizarse para la resolución más adecuada del caso en atención a los derechos fundamentales obteniéndose vía integración de jurisprudencia el estándar más alto.

2 La SCP…(Exp. 31042-2019-63-AL), en su FJ. III. 3 desarrollo: “…a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”. A partir de dicho razonamiento jurisprudencial, esta instancia contralora de garantías, en la resolución de los casos, de manera uniforme y reiterada siguió la referida reflexión mediante las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0151/2015- S1 de 26 de febrero; 1133/2016-S2 de 7 de noviembre; 0859/2017-S3 de 1 de septiembre; 0495/2018-S3 de 13 de septiembre;

4 Art. 125 de la CPE “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertada personal, podrá interponer Acción de Libertada y acudir, de manera oral o escrita, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitara se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad.” 5En su F.J.III.5,señalo: “Dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que se le ha agregado el hábeas corpus restringido, debe considerarse también al hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…”, como se pasa a explicar: (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e

implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”

6 En su F.J. III.1 señalo: “No obstante, dada la problemática planteada y la necesidad procesal de dar respuesta a la misma, cabe señalar que el principio de celeridad no comprende el conocimiento del trámite de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como ser el dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda.”

órganos ejecutivos correspondientes” 10En su F.J.III.1 indico que: “La Constitución es una norma jurídica directamente aplicable y justiciable por su órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, de naturaleza judicial y de composición plurinacional (Tribunal Constitucional Plurinacional) así como -atendiendo sus específicas atribuciones- por los jueces y tribunales de garantías que ejercen justicia constitucional; sin exclusión de los jueces o autoridades originarias de la pluralidad de jurisdicciones reconocidos en el texto constitucional (Jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originario campesina y las jurisdicciones especializadas reguladas por la ley, conforme disponen los arts. 179 y 410 de la CPE), últimos operadores jurídicos, que se constituyen en los garantes primarios de la Constitución.”

11 La SCP 0112/2012 de 27 de abril, refirió que: “Existe uniformidad en la doctrina y jurisprudencia constitucional comparada en reconocer, de manera general, que los textos constitucionales están integrados prevalentemente por normas constitucionales- principios (Constituciones principistas) y también en la primacía de éstas respecto de las normas constitucionales-reglas (ante eventuales “antinomias” que salven la coherencia del sistema normativo).”

12 En su F.J. III.2 “(...) el tratamiento que debe darse a las solicitudes en las que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido favorecido por un beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el hábeas corpus ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado.” (las negrillas nos corresponden)

13 En su F.J.III. “…La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”.

17 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ratificado por Bolivia mediante Ley No. 2119, promulgada el 11 de septiembre de 2000.

18 La Organización de Estados Americanos a través de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OBSERVANDO CON PREOCUPACIÓN la crítica situación de violencia, hacinamiento y la falta de condiciones dignas de vida en distintos lugares de privación de libertad en las Américas; así como la particular situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad mental privadas de libertad en hospitales psiquiátricos y en instituciones penitenciarias; y la situación de grave riesgo en que se encuentran los niños y niñas, las mujeres, y los adultos mayores recluidas en otras instituciones públicas y privadas, los migrantes, solicitantes de asilo o de refugio, apátridas y personas indocumentadas, y las personas privadas de libertad en el marco de los conflictos armados; CON EL OBJETIVO de aportar al proceso de preparación de una Declaración Interamericana sobre los derechos, deberes y la atención de las personas sometidas a cualquier forma de detención y reclusión por el Consejo Permanente, en seguimiento a la Resolución AG/RES 2283 (XXXVII-0/07); ADOPTA los siguientes PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS (OEA/Ser/L/V/II.131 doc. 26).

19 Al respecto la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, prescribe el respeto a la dignidad y la prohibición de trato cruel o inhumano en los arts. 2.III, 5.I, 9, entre otros.

20 “…es imprescindible dejar establecido que los derechos fundamentales, le son reconocidos a las personas en virtud a esa calidad de seres humanos, concepto dentro del cual no puede efectuarse discriminación alguna respecto a su situación esporádica de privados de libertad, esto como consecuencia de que aun cuando se trate de personas privadas de libertad, conservan su esencia de seres humanos y en consecuencia su calidad de ciudadanos a quienes se les reconoce los derechos contenidos en la Constitución Política del Estado y que, aún encontrándose en calidad de sujetos pasivos respecto al ejercicio de su derecho a la libertad y libre locomoción, no dejan de formar parte de la sociedad y por ende del Estado, gozando, por tanto, de la protección del aparato estatal con referencia a sus derechos y garantías, los cuales, en caso de ser lesionados, suprimidos o amenazados, son susceptibles de tutela.”

21 Art. 9. CPE “Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y las Ley: 4)Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta constitución”

por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso”. “…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley”.

23 En el mismo sentido la SC 1164/2003-R de 19 de agosto, refirió que: “Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación, (…) con lo que se cumplió lo dispuesto por el art. 18.II CPE que establece que la autoridad judicial que conozca el hábeas corpus, ‘señalará de inmediato día y hora de audiencia pública, disponiendo que el actor sea conducido a su presencia. Con dicha orden se practicará citación personal o por cédula en la oficina de la autoridad demandada...’”. Posteriormente, la SC 0650/2004-R de 4 de mayo indicó lo siguiente: “…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso”

24 Respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla; es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) Incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) La vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa que emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos y, c) Proceden del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0424_2023-S1.pdf · páginas 1 a 41.

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