Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 23 de mayo de 2025
Concede la tutela
La accionante denuncia como lesionados sus derechos a la inamovilidad laboral por gestación, al trabajo, a la vida y a la seguridad social; aduciendo que, fue arbitrariamente despedida de su fuente laboral, sin que medie motivo, ni proceso alguno y sin contemplar su estado de embarazo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08 de 15 de febrero de 2023, cursante de fs. 49 a 51 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y en los mismos términos dispuestos por la citada Sala Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0423/2025-S3 Sucre, 23 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 54428-2023-109-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 08 de 15 de febrero de 2023, cursante de fs. 49 a 51 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Aymeth Deysi Valverde Tardío contra Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde y Manfredo Menacho Ferrante, Director de Recursos Humanos (RR.HH.), ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 23 de diciembre de 2022 y 8 de febrero de 2023, cursante de fs. 22 a 31 y fs. 34 a 35, la accionante expresó lo siguiente:
El 11 de junio de 2021, fue designada como trabajadora del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, al cargo de “Profesional A”, mediante Memorándum de designación 146i/2021, Ítem 1391, nivel salarial 12, dependiente de la Dirección de Centros de Abastecimiento Minorista y Servicio de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento. Sin embargo, el 19 de agosto de 2022, mediante memorándum 1061re/2022, de “agosto 2022”, firmado por Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz -demandado-, dio por concluida la relación laboral. Por lo que, mediante oficio de 9 de septiembre de 2022, dirigido a Manfredo Menacho Ferrante, Director de RR.HH. de la señalada entidad edil -codemandado-, solicitó se deje sin efecto el memorándum 1061re/2022, indicando que se encontraba en estado de gestación, adjuntando documentación que acreditaba ese extremo. La Dirección de RR.HH. del referido Gobierno Municipal, mediante oficio D.RR.HH. OF. 2630/2022 de 29 de septiembre, emitió respuesta manifestando que la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la mencionada entidad edil, en uso de sus atribuciones conferidas por la Norma Suprema y la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, que le faculta remover a funcionarios municipales no incorporados a la carrera administrativa, no ingresados por concurso de méritos, por lo que le extendió el memorándum 1061re/2022 de desvinculación funcionaria; toda vez que, se encontraba sujeta a libre remoción en función al cargo que ejercía como “PROFESIONAL A”, porque fue designada de manera directa con ítem no concursado, siendo una servidora pública de libre nombramiento y considerada en el ordenamiento jurídico de carácter provisorio, de acuerdo al art. 1.II de la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012 y art. 5 inc. c) del Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, normativa que la excluye del alcance del régimen legal de la Ley General del Trabajo y asimismo no alcanzándola la inamovilidad laboral, ya sea en estado de gestación, hijo menor a un año de edad, discapacidad del funcionario o tener dependiente con capacidades diferentes, tomando en cuenta que la inamovilidad no es absoluta, toda vez que, no alcanza a los trabajadores del ámbito provisorio. El 29 de septiembre de 2022, presentó escrito al cual adjuntó pruebas que demuestran su estado de gestación y solicitó nuevamente se deje sin efecto el memorándum 1061re/2022 de conclusión laboral y que se ordene de forma inmediata su reincorporación a su fuente laboral. En respuesta a esta solicitud, la Dirección de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, mediante oficio D.RR.HH. OF. 2796/2022 de 18 de octubre, respondió manifestando que se encontraba sujeta a libre remoción en función al cargo que ejercía, porque fue designada de manera directa con ítem no concursado, siendo una servidora pública de libre nombramiento y considerada en el ordenamiento jurídico de carácter provisorio, por lo que manifiestan que la solicitud de revocatoria no procede.
Denunció como lesionados sus derechos a la inamovilidad laboral por gestación; a la vida, al trabajo y a la seguridad social; citando al efecto los arts. 45 y 48 VI de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se revoque el memorándum 1061re/2022 y se proceda a su inmediata restitución al cargo que desempeñaba al momento de su ilegal despido en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz; b) El pago de sus salarios devengados desde su retiro hasta su reincorporación, más el pago del aguinaldo de la gestión 2022; c) Que no se afecte su ubicación en su puesto de trabajo, ni se le declare en comisión a un cargo de menor jerarquía; y, d) Que se mantenga su antigüedad desde la fecha de su ingreso de manera ininterrumpida en la entidad edil.
Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 47 a 48 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos expuestos en la acción de amparo constitucional y ampliándolos, señaló que: 1) El 9 de septiembre de 2022, presentó memorial adjuntando certificado de la Caja Nacional de Salud (CNS), firmado por Erick Cruz García, médico, donde certificó que esta de cuatro semanas y seis días de gestación, es decir que al momento de su destitución ya se encontraba embarazada; y solicitó que se revoque el Memorándum 1061re/2022 de conclusión laboral, en virtud a lo establecido en el art. 48.VI de la CPE y el art. 3 del Decreto Supremo (DS) 012 de 19 de febrero de 2009, “…donde establece la garantía a la no discriminación y la inamovilidad laboral para las mujeres embarazadas y hasta que el hijo cumpla 1 año…”(sic); 2) Manifestó que existe abundante jurisprudencia que fue desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, siendo así que la “Sentencia N° 572/2005-R”, -no indico fecha- donde señaló que la mujer embarazada se encuentra protegida por el Estado, que “…protege la vida sobre todos los demás derechos, y esa vida la protege desde la concepción, en ese sentido la sentencia indico que todas las mujeres que estén estado de gravidez y sean destituidas así sean funcionaria[s] de libre nombramiento tiene[n] que ser restituida[s] de manera inmediata, esta sentencia confirmada por la Sentencia Constitucional N° 434/2010-R, Sentencia Constitucional N° 1650/2010-R y Sentencia Constitucional N° 0086/2012-R, donde seguía la misma línea jurisprudencial, luego esta fue modulada por la Sentencia Constitucional N° 1417/2012 en el entendido de que la funcionari[a] de libre nombramiento que hay[a] sido destituida incluso en un proceso interno, la sanción debía postergársela después de que el niño cumpla un año edad…” (sic); y, 3) Señaló que se atentó contra el derecho al trabajo, establecido en los arts. 46 y 48, VI de la CPE, al derecho a la inamovilidad laboral y no discriminación de las mujeres embarazadas, estos derechos han sido vulnerados porque se le ha coartado su única fuente de ingresos, privándole de su seguro y subsidio, donde también repercute al primer derecho que debe proteger el Estado, que es el derecho a la vida consagrado en el art. 15 de la Norma Suprema.
Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde y Manfredo Menacho Ferrante, Director de RR,HH., ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, a través de su representante en audiencia señaló que: i) Conforme a la documentación entregada por la oficina de RR.HH. de la entidad edil, se verificó que el Memorándum 1061re/2022 de conclusión de la resolución laboral fue recibida por la accionante el 19 de agosto de 2022; al momento de la recepción la demandante de tutela no dio a conocer su estado de gestación, es por esa razón, que se procedió conforme correspondía.; ii) Manifiesto que la MAE del Gobierno Autónomo, en pleno uso de sus atribuciones conferidas por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y Ley del Gobierno Autónomo Municipal, le faculta remover funcionarios municipales no incorporados a la carrera administrativa, no ingresados por concurso de méritos, es por esa misma razón que se extendió el Memorándum 1061re/2022, desvinculándola de sus funciones a Aymeth Deysi Valverde Tardío -hoy impetrante de tutela-; toda vez que, se encontraba sujeta a la libre remoción en función al cargo que ejercía como “profesional A”, a la cual fue designada de manera directa con ítem no concursado, siendo una servidora pública de libre nombramiento y considerada en el ordenamiento jurídico de carácter provisorio.; iii) Como Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz reconoció que la inamovilidad laboral es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger un pluralidad de derechos fundamentales, sin embargo, esta inamovilidad no puede ser aplicada en todos los casos, por el mismo hecho de que no todas las funciones públicas son iguales; en el caso de Aymeth Deysi Valverde Tardío -accionante-, ha sido designada como funcionaria provisoria, por consiguiente el Alcalde de la entidad edil ha actuado conforme a sus atribuciones previstas en la Ley de Municipalidades, Estatuto del Funcionario Público y las demás Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal; el memorándum de ingreso de la accionante al municipio, no establece que haya reunido los requisitos de convocatoria y concurso de méritos, sino que ingresó a trabajar a través de una designación en calidad de provisorio; iv) Presentó en audiencia la SCP 0626/2020-S4 de 28 de octubre, que hace mención de todo lo manifestado anteriormente; asimismo, la SCP 0153/2020-S3 de 9 de julio de 2020, respecto a la inamovilidad laboral en caso de las trabajadoras embarazadas o trabajadores progenitores con contrato o memorándum de trabajo sujetos a un término o plazo fijo, el art. 5 del DS 0012, que establece en cuanto a la vigencia de este beneficio que: a) No gozaran del beneficio de inamovilidad laboral la madre y/o padre, progenitores que incurren en causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona previo cumplimiento por parte del empleador púbico o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral; b) La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos o memorándum de trabajo que por su naturaleza sea temporales, eventuales o en su caso finalización de obra, salvo las relaciones laborales en las que bajo esta u otra modalidad se intente eludir el alcance de esta norma; por lo que, en el caso de la accionante al ingresar a la institución, ella tenía conocimiento de la relación laboral de acuerdo a las cláusulas estipuladas, conforme a las normas y leyes municipales, siendo designada por la MAE para ocupar determinadas funciones temporales, es por ello que, no corresponde su reincorporación a la institución.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 08 de 15 de febrero de 2023, cursante de fs. 49 a 51 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo la restitución de la accionante al cargo que ocupaba hasta antes de su desvinculación laboral o en su caso a un cargo de igual jerarquía con el mismo salario, hasta que cumpla un año de edad el menor, en resguardo a la protección reforzada de la cual goza la madre y del hijo en gestación. El pago de los subsidios establecidos por ley, que resguarden la alimentación, salud y vida de la madre progenitora, decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) La accionante manifestó que el 11 de junio de 2021, fue designada como “profesional A”, mediante Memorándum 146i/2021 y con el ítem 1391, con un nivel salarial 12, dependiente de la Dirección de Centros de Abastecimiento Minorista y Servicio de la Secretaria Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento; donde desempeñó sus funciones hasta el 19 de agosto de 2022, fecha en la cual de forma intempestiva y sin justificación alguna fue notificada con Memorándum 1061re/2022 de conclusión laboral, firmado por Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo de Santa Cruz. No obstante, ante este Memorándum, -la accionante- presentó, oficio de 09 de septiembre de 2022, mediante el cual solicitó deje sin efecto el referido Memorándum de conclusión laboral por encontrarse en estado de gestación; ante esta solicitud la Dirección de RR.HH., mediante oficio D.RR.HH. OF. 2630/2022, emitió respuesta manifestando que la MAE, en uso de sus atribuciones conferidas por la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, le faculta remover a funcionarios municipales no incorporados a la carrera administrativa, no ingresados por concurso de méritos; por lo que, se le extendió Memorándum 1061re/2022 de desvinculación funcionaria, toda vez que, se encontraba sujeta a libre remoción en función al cargo que ejercía porque fue designada de manera directa con ítem no concursado, siendo una servidora pública de libre nombramiento.; 2) La accionante alegó que fue desvinculada de su fuente laboral sin tomar en cuenta que estaba en estado de gestación de cuatro semanas y tres días de gestación, lo cual fue acreditado con la ecografía transvaginal ginecológica que presentó y que conforme establece el art. 48.VI de la CPE, que refiere: "las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rango físico, o número de hijos o hijas. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad." (sic); y, 3) El Tribunal Constitución Plurinacional a través de la SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, refirió que dentro del nuevo orden constitucional que consagra la inamovilidad funcionaria por estado de gravidez, sea en el ámbito público o privado como un derecho fundamental comprendido en su ámbito de protección a las servidoras públicas de libre nombramiento; sin embargo, los servidores públicos de libre nombramiento, de acuerdo al art. 7 núm. 2 inc. a) del EFP no llegan a gozar del derecho a la estabilidad laboral; sin embargo, es preciso indicar que esta norma no debe interpretarse de manera literal así como tampoco de manera aislada al resto de las normas constitucionales, sino que, debe ser entendida en base a una interpretación teleológica y sistemática, puesto que, el art. 233 de la CPE, si bien hace una distinción de los tipos de servidores públicos, ello no debe entenderse como una negación absoluta de derechos a aquellos funcionarios que no forman parte de la carrera administrativa en base a la negación establecida en el art. 7.II inc. a) del EFP, el funcionario debe tener su excepción en el caso al que se ingresa a analizarse en situaciones de grupos vulnerables; en el presente caso estamos ante un grupo vulnerable como es el caso del bebe por nacer que tiene la protección directa del estado a través de lo que manda el art. 60 de la CPE, que refiere que: "Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado", esto constituye el interés superior del niño y si la madre fuera desvinculada efectivamente de su fuente de trabajo se estaría vulnerando este principio del interés superior de niño, bajo ese entendimiento y conforme a lo que estable el art. 48.VI, que tiene relación directa con el art. 60 de la CPE, en el presente caso señaló que la hoy accionante fue desvinculada ilegalmente de su fuente de trabajo y como tal tiene que ser reincorporada en las mismas condiciones y con el mismo nivel salarial, sin que esto signifique que ella pueda estar en otro espacio laboral, sin disminuir su categoría; bajo ese entendimiento es que corresponde conceder la tutela solicitada con carácter provisional y sea conforme lo establece el art. 48.VI de la Norma Suprema, que su protección alcanza hasta que el niño por nacer tenga un año de edad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Consta Memorándum 146i/2021 de “junio de 2021” por el que se designó a Aymeth Deysi Valverde Tardío -accionante- en el cargo de PROFESIONAL A, con ítem 1391, del nivel 12, dependiente de la Dirección de Centros de Abastecimiento Minorista y Servicio de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz (fs. 3). II.2. Por Memorándum 1061re/2022 de “agosto de 2022”, firmado por Max Johnny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, a través del cual se comunicó a la impetrante de tutela, que se dio por concluida su actividad laboral como servidora pública de esa entidad edil (fs. 4). II.3. Mediante oficio de 9 de septiembre de 2022, dirigido al Director de RR.HH. -hoy codemandado- de la referida entidad edil, la accionante solicitó deje sin efecto el Memorándum 1061re/2022 por motivo de estado de gestación (fs. 5 a 7)
II.4 A través de oficio D.RR.HH. OF. 2630/2022 de 29 de septiembre, emitido por el Director de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz -codemandado-, que dio respuesta a la hoy peticionante de tutela, señalando que es una servidora pública de libre nombramiento y considerada en el ordenamiento jurídico de carácter provisorio, de acuerdo al art. 1.II de la Ley 321 y art. 5 inc. c) del EFP, normativa que la excluye del alcance del régimen legal de la Ley General del Trabajo (LGT [fs. 8]). II.5 Por memorial de 29 de septiembre de 2022, la ahora solicitante de tutela, solicitó reincorporación de manera inmediata y adjuntó pruebas que demuestran su estado de gestación y pidió nuevamente se deje sin efecto el memorándum 1061re/2022 (fs. 9 a 11). II.6 Consta oficio D.RR.HH. OF. 2796/2022 de 18 de octubre, emitido por el Director de RR.HH. de la referida entidad municipal, dando respuesta a la peticionante de tutela que se encontraba sujeta a libre remoción, con designación de manera directa, con ítem no concursado, siendo una servidora de libre nombramiento, por lo que su solicitud de revocatoria al Memorándum 1061re/2022 no procede (fs.12).
La accionante denuncia como lesionados sus derechos a la inamovilidad laboral por gestación, al trabajo, a la vida y a la seguridad social; aduciendo que, fue arbitrariamente despedida de su fuente laboral, sin que medie motivo, ni proceso alguno y sin contemplar su estado de embarazo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0491/2024-S4 de 26 de agosto, manifestó que: «El art. 233 de la Norma Suprema, establece que: “Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñan cargos electivos, las designadas y los designados y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento”; por su parte, el art. 5 incs. c) y d) del Estatuto del Funcionario Público, señala: “c) Funcionarios de libre nombramiento: Son aquellos que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados (…) Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto; en tanto el inc. d) refiere: que los funcionarios de carrera: Son aquellos que forman parte de la administración pública, cuya incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la Carrera Administrativa que se establecen en el presente Estatuto”. Respecto a los derechos que les asisten a los funcionarios públicos de carrera, el art. 7 de dicho Estatuto, establece: “II. Los funcionarios de carrera tendrán, además, los siguientes derechos: a) A la carrera administrativa y estabilidad, inspirada en los principios de reconocimiento de mérito, evaluación de desempeño, capacidad e igualdad.
(…) c) A impugnar, en la forma prevista en la presente Ley y sus reglamentos, las decisiones administrativas que afecten a situaciones relativas a su ingreso, promoción o retiro, o aquellas que deriven de procesos disciplinarios. d) A representar por escrito, ante la autoridad jerárquica que corresponda, las determinaciones que se juzguen violatorias de alguno de sus derechos”. Por su parte, el art. 71 de dicho Estatuto, respecto a la condición de funcionario provisorio, señaló: “Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 7o de la presente Ley”. Así, la SC 0474/2011-R de 18 de abril, sostuvo: “La jurisprudencia constitucional también precisó la distinción existente entre servidor público de carrera y servidor público provisorio, señalando que la diferencia entre ambos radica en las previsiones por los arts. 7.II y 71 de la indicada norma legal, que rige el sistema de administración de personal en las entidades públicas. En síntesis, el servidor público de carrera, es aquel que independientemente de gozar de los mismos derechos que los demás previstos en el art. 7 del EFP, tiene derecho a la inamovilidad laboral y en su caso a impugnar toda determinación relacionada con su ingreso, promoción o retiro, o aquellas que deriven de procesos disciplinarios; de otra parte, el art. 57 del DS 26115 de 16 de marzo de 2001, dispone quienes son los funcionarios reconocidos en la carrera administrativa, estableciendo para ello requisitos como el cumplimiento de determinada cantidad de años de servicio ininterrumpidos, registro en la Superintendencia del Servicio Civil y la renuncia voluntaria a su cargo”. En relación a la inamovilidad laboral de los funcionarios públicos, la jurisprudencia constitucional, señaló: “El extinto Tribunal Constitucional a partir de la SC 0051/2002-R de 18 de enero, sostuvo que los funcionarios provisorios no gozan del derecho a la estabilidad laboral, por cuanto dicha facultad solo asiste a los de carrera, por consiguiente tampoco pueden ser sometidos a un previo proceso disciplinario para su destitución, resolviendo el caso concreto concluyó que: ʽen su condición de funcionario público provisorio, el recurrente no goza del derecho a la estabilidad laboral, prevista sólo para los funcionarios de carrera, de acuerdo al art. 7.II, inc. a) del Estatuto del Funcionario Público, y tampoco es aplicable el caso de retiro por la vía de la destitución, previo proceso disciplinario, pues éste también es un derecho exclusivo de aquellos funcionarios incorporados a la carrera administrativa, según determina el art. 41 de dicho Estatuto”. Asimismo, la SC 1068/2011-R de 11 de julio, estableció que: ʽLos preceptos normativos señalados, determinan claramente la diferenciación entre funcionarios de carrera con los funcionarios designados y los de libre nombramiento. Mientras que la incorporación y permanencia de los primeros se ajusta a las disposiciones de la carrera administrativa, los funcionarios designados y los de libre nombramiento pertenecen al ámbito de los funcionarios provisorios, por cuanto su ingreso a una entidad pública no es resultado de aquellos procesos de reclutamiento y selección de personal, sino que obedece a una invitación personal del máximo ejecutivo para ocupar determinadas funciones de confianza o asesoramiento en la institución, infiriéndose de ello que estas funciones son temporales o provisionales…”. (SCP 0776/2016-S3 de 4 de julio [las negrillas corresponden al texto original]).
Municipales. Jurisprudencia reiterada
En cuanto al régimen laboral de los funcionarios públicos que trabajan en Gobiernos Autónomos Municipales, la SCP 0477/2022-S4 de 6 de junio, sostuvo: “El Estatuto del Funcionario Público, en su art. 3.III, establece que las carreras administrativas en los Gobiernos Municipales, Universidades Públicas, Escalafón Judicial del ʽPoderʹ Judicial, carrera fiscal del Ministerio Público, Servicio Exterior y Escalafón Diplomático así como el Magisterio Público, debían regularse por su legislación especial aplicable en el marco establecido en la indicada norma, aunque no existe constancia de que se hubiera emitido tal legislación. En el caso de los Gobiernos Municipales, la Ley 2028 de 28 de octubre de 1999 (actualmente abrogada por la Ley 482 de 9 de enero de 2014, denominada Ley de Gobiernos Autónomos Municipales), reguló la carrera municipal señalando que debía articularse a través de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal; y, además previó que las personas contratadas en las empresas municipales públicas o mixtas, establecidas para la prestación directa de servicios públicos, estaban sujetas a la Ley General del Trabajo.
Posteriormente, mediante Ley 321 de 20 de diciembre de 2012, se regularon las siguientes disposiciones respecto al personal municipal: i) Incorporó al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativas de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento y de El Alto de La Paz; ii) Exceptuó expresamente, a las y los servidores públicos electos y de libre nombramiento, así como a quienes ocupen cargos de: 1. Dirección, 2. Secretarías Generales y Ejecutivas, 3. Jefatura, 4. Asesor, y 5. Profesional; y, iii) Mantuvo la aplicación del régimen laboral de las empresas municipales públicas o mixtas, dispuesto en el Numeral 3 del artículo 59 de la Ley 2028 de Municipalidades; es decir, bajo el amparo de la Ley General del Trabajo. En todos los casos, en atención a que los Gobiernos Autónomos Municipales son entidades de derecho público, previó que las trabajadoras y los trabajadores asalariados que prestan servicios en ellos, se encuentran sujetos a las responsabilidades funcionarias establecidas por la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, y sus disposiciones complementarias. Resumiendo, se tiene que gozan de la protección de la Ley General del Trabajo y por ende, de la reincorporación señalada por el DS 0496 de 1 de mayo de 2010, los trabajadores que desempeñan funciones en servicios manuales así como técnico operativo administrativas; y el personal de las empresas municipales públicas y privadas, excluyéndose a los funcionarios electos (Alcalde y Concejales); al personal de libre nombramiento (Secretarias y Secretarios Municipales y el personal de asesoramiento técnico especializado que integra el Órgano Ejecutivo y el Órgano Deliberante) y al resto de funcionarios públicos que no ejecutan dichas tareas manuales ni técnico operativas administrativas, vale decir, dirección asesoramiento y funciones que requieren formación profesional. En el marco señalado, al clasificar al personal de libre nombramiento, el art. 13 de las citadas NB SAP, establece que se ubica en el tercer nivel de la escala de puestos de la entidad, y esclarece que ocuparán solamente puestos con funciones administrativas de confianza y asesoramiento especializado y técnico a los puestos de la categoría superior de una entidad, razón por la cual, también son de libre remoción; es decir, no gozan de estabilidad laboral y por ende, de inamovilidad funcionaria, aunque la jurisprudencia constitucional reconoce el pago de subsidios familiares. (SCP 0635/2020-S4 de 28 de octubre).”
La SCP 1043/2013 de 27 de junio, manifestó que: «El art. 48.VI de la CPE, de manera imperativa garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de gravidez y de los progenitores, hasta que la hija o hijo cumplan un año de edad, precepto relacionando a su vez con la previsión contenida en el art. 60 de la misma Norma Fundamental, que establece como deber del Estado, velar por la sociedad, la familia y por la prioridad del interés superior de la niña, niño adolescente, deber que comprende la preeminencia de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia. Por su parte el art. 2 del Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, expresa: “La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozaran de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo”; precepto concordante con el art. 86 inc. d) del DS 29894 de 7 de febrero de 2009, que efectiviza este derecho cuando dispone que es atribución del Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, promover y garantizar el acceso al trabajo e inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y del progenitor, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad. Regulando los alcances de este beneficio, el art. 5 del DS 0012, determina que: “I. No gozaran del beneficio de inamovilidad laboral la madre y/o padre progenitores que incurren en causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona, previo cumplimiento por parte del empleador público o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral. II. La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo éstas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma. En este último caso corresponderá el beneficio. III. La inamovilidad laboral del padre y/o madre progenitores se mantendrá siempre y cuando cumplan con sus obligaciones legales y de asistencia para con el hijo o hija”. A objeto de efectivizar el citado beneficio de inamovilidad, el art. 6 de la referida norma previene que:
“I. En caso de incumplimiento de la inamovilidad laboral, a solicitud de la madre y/o padre progenitores, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruirá al empleador, para que cumpla en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de su notificación, la reincorporación con goce de haberes y otros derechos sociales por el tiempo que duro la suspensión de la relación laboral. II. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo precedente, la afectada o afectado podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de inamovilidad laboral”. Desarrollando los alcances de esta garantía constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0086/2012 de 16 de abril expreso lo siguiente: “Del nuevo orden constitucional, se infiere su particularidad de disciplinar políticas a favor de sectores vulnerables que necesitan de una protección reforzada por parte del Estado, que debe procurar la validez plena y efectiva de sus derechos; es así que, como valores estructurales del Estado Plurinacional de Bolivia, la 'igualdad' y la 'justicia' sustentan la matriz axiológica a partir de la cual el constituyente boliviano diseñó políticas afirmativas a favor de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia, como de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año de edad. En efecto, el art. 48.VI de la CPE, señala que: ‘Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos, se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad’. Precepto constitucional que converge en una política constitucional positiva que, a entendimiento de la jurisprudencia constitucional, resulta en las siguientes reglas: ‘a) La prohibición de despido de toda mujer trabajadora en situación de embarazo; b) La inamovilidad de la mujer trabajadora en gestación y por un lapso de un año de edad; y c) La inamovilidad del progenitor varón por un lapso de un año, computable desde el nacimiento de su hijo o hija’ (SC 1650/2010-R de 25 de octubre). Bajo ese criterio, se procura, por un lado, evitar la discriminación por la condición de embarazo y, por otro, garantizar la estabilidad laboral de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia, como también del progenitor varón, independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado, como a funcionarias (os) o servidoras (o) públicas (os); todo esto, en resguardo de la hija o hijo nacido y hasta su primer año de edad, desde el momento de su concepción, como sujeto de derechos en todo lo que pudiera favorecerle.
Precisamente, con dicha finalidad y tomando en cuenta los aspectos antes referidos, además del deber del Estado, la sociedad y la familia, de garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, -que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados-, es que a través del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, complementado por el DS 0496 de 1 de mayo de 2010, se estableció que:
(…) En ese orden de ideas, resulta incuestionable que se faculta a la madre en estado de gestación y lactancia, como al progenitor varón, -cuando la hija o hijo fueran menores al año de edad-, el acudir directamente ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en resguardo de su derecho a la inamovilidad, en el caso que se hubiera incumplido la previsión constitucional de resguardo a su estabilidad laboral. Inclusive, admitiéndose el interponer acciones de defensa de este derecho ante esta jurisdicción y conforme a los términos descritos en el artículo de referencia”. De lo señalado, se infiere que la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año edad, se sustenta en el deber que tiene el Estado de garantizar la prioridad y preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, que consiste en la primacía de recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, así también esta garantía se sustenta en el derecho fundamental a la estabilidad laboral; derechos que se encuentran plenamente reconocidos por la Constitución Política del Estado y normas de carácter social infra-constitucionales, como los preceptos contenidos en el referido DS 0012» (las negrillas son nuestras).
La impetrante de tutela a través de sus abogados denuncia la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral por gestación, al trabajo, a la vida y a la seguridad social; señaló que, mediante Memorándum 146i/2021 “de junio”, la ahora accionante fue designada como Servidora Pública Municipal, con Ítem 1391, del nivel 12, en el cargo de “PROFESIONAL A”, de la Dirección de Centros de Abastecimiento Minorista y Servicio de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento del Gobierno Municipal de Santa Cruz, (Conclusión II.1); asimismo, se advierte que, mediante Memorándum 1061re/2022 “de agosto de 2022”, se comunicó a la impetrante de tutela, la conclusión de su actividad laboral como servidora pública del citado Gobierno Autónomo Municipal; (Conclusión II.2), al respecto, la solicitante de tutela, señala que fue retirada de su fuente laboral aun sabiendo que se encontraba en estado de gestación, situación que fue comunicada a su empleador en dos oportunidades, recibiendo rechazos a sus solicitudes (Conclusiones II.3 y II.5).
Con carácter previo al análisis del caso, cabe reparar en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. del presente fallo constitucional, que remitiéndose al art. 5 inc. c) y d) del EFP, señala que los funcionarios de libre nombramiento son aquellos que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos y designados, quienes al no estar sujetos a las disposiciones relativas a la carrera administrativa, no gozan de los derechos establecidos en el art. 7.II del mencionado Estatuto; toda vez que, su ingreso a una entidad pública no responde a un proceso de selección de personal, sino a una invitación cursada por dicha entidad.
En cuanto al régimen laboral de los funcionarios públicos que desempeñan actividades en las alcaldías municipales, la Ley 321 incorporó al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a los trabajadores que desempeñan funciones en servicios manuales; así como, técnico operativo administrativo y el personal de las empresas municipales públicas y privadas, excluyéndose a los funcionarios electos (Alcalde y Concejales); al personal de libre nombramiento (Secretarias y Secretarios Municipales y el personal de asesoramiento técnico especializado que integra el Órgano Ejecutivo y el Órgano Deliberante) y al resto de funcionarios públicos que no ejecutan dichas tareas manuales ni técnico operativo administrativo, vale decir, dirección asesoramiento y funciones que requieren formación profesional. De igual forma, al clasificar al personal de libre nombramiento, las Normas Básicas de Administración de Personal en su art. 13, prevé que éstos se ubican en el tercer nivel de la escala de puestos de la entidad, y ocuparán solamente puestos con funciones administrativas de confianza y asesoramiento especializado y técnico; razón por la cual, también son de libre remoción; es decir, no gozan de estabilidad laboral. En el caso de autos, los antecedentes que hacen a la acción permiten advertir que la accionante fue designada por el demandado, como Profesional I de la Dirección de Centros de Abastecimiento Minorista y Servicio de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz; en ese contexto, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y por disposición del art. 233 de la CPE: “Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas que forman parte de la carrera administrativa, exceptuando aquellas personas que desempeñan cargos electivos, designadas y los designados y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento”, entendiendo que los funcionarios o servidores públicos, cuyo cargo provenga del libre nombramiento o designación de la MAE, son considerados provisorios; en ese sentido, se advierte que la ahora accionante tiene la calidad de funcionaria pública provisoria, por cuanto de los antecedentes que cursan en obrados se estableció que su ingreso al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, no fue el resultado de un proceso de selección de personal de conformidad a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal; en consecuencia, su cesación no se encontraba sujeta a un proceso previo, cabiendo precisar que, se halla bajo el régimen del Estatuto del Funcionario Público y la Ley de Municipalidades, como funcionario provisorio, sujeto a la facultad discrecional del Ejecutivo Municipal, de conformidad al art. 44.6 de la Ley de Municipalidades. Consiguientemente, resulta menester aclarar que si bien de acuerdo a la clasificación establecida en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la peticionante de tutela no se encuentra comprendido en la categoría de funcionario de libre nombramiento o de carrera; sin embargo, se ha establecido que forma parte de la estructura municipal en su calidad de funcionario público provisorio, en razón de que su designación y retiro constituye una facultad privativa de la MAE; cuya atribución de acuerdo al art. 44 de la Ley de Municipalidades, es: “designar y retirar a los Oficiales Mayores y personal administrativo”, de donde se concluye que, los funcionarios municipales, para efectos de su designación y remoción son considerados como personal administrativo provisorio y no así, como designados o de libre nombramiento, puesto que esa denominación comprende únicamente a los comprendidos en el numeral 2 del art. 59 de la Ley de Municipalidades. Realizada dicha aclaración, la impetrante de tutela refiere que, se lesionaron sus derechos invocados en la presente acción de defensa, por haber sufrido el retiro de su fuente de trabajo mediante Memorándum 1061re/2022; y, que por intermedio de oficio de 9 de septiembre de 2022 y memorial de 29 de septiembre de igual año, al cual se adjuntaron pruebas que demuestran su estado de gestación, por lo que solicitó su reincorporación laboral, alegando que, goza de inamovilidad laboral, aspecto que no fue considerado por el Alcalde demandado, quien rechazó su petición manifestando que al momento de su desvinculación no conocía el estado de gestación y que no correspondía su reincorporación por ser una servidora pública de libre nombramiento; por lo descrito, la autoridad demandada asumió una conducta contraria a la jurisprudencia constitucional, la cual no exige hacer conocer dicho extremo para que aquella garantía adquiera efectividad, eludiendo el principio de progresividad y no regresión, apartándose del criterio que favorezca al trabajador, deviniendo tal despido en la trasgresión de los derechos de la accionante.
Ahora bien, precisado el problema jurídico a resolver, resulta imperativo remitirnos a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, en el cual, se desarrolló los alcances y protección constitucional de la inamovilidad laboral cuando emerja de la condición de progenitores de niñas o niños menores de un año de edad, en resguardo de las prerrogativas de sectores vulnerables que necesitan de una protección reforzada a efectos de procurar la validez plena y efectiva de sus derechos, así como de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumplan un año de vida como sujeto de derechos en todo lo que pudiera favorecerle, efectivizando el interés superior del menor; a cuyo efecto, el beneficio alcanza a la prohibición de despido, independientemente de tratarse tanto de funcionarios del sector privado, como de servidores públicos. Por lo desarrollado ut supra, el citado Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, debió considerar la petición de reincorporación de la accionante que realizó mediante oficio de 9 de septiembre de 2022 y memorial de 29 de igual mes y año, solicitando su inamovilidad laboral, haciendo conocer su estado de gestación a través del certificado médico de 8 de igual data, e informe de la CNS del Hospital Obrero del servicio de ecografía de 8 de idéntico mes y año. Finalmente, en virtud a la documentación adjunta como prueba, conforme al principio de favorabilidad, por tratarse de los derechos de un sector vulnerable que requiere de una protección reforzada, y en consideración a la jurisprudencial que resguarda la inamovilidad laboral de los padres progenitores de hijos menores de un año de edad -aspecto acreditado por la peticionante de tutela-, corresponde otorgar la protección, garantizando su inamovilidad laboral; cuya concesión para el caso concreto alcanza a su restitución hasta el año de nacido de su hijo o hija, conforme la permisibilidad del precepto normativo constitucional citado ut supra; al igual que las demás determinaciones dispuestas en la resolución constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08 de 15 de febrero de 2023, cursante de fs. 49 a 51 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y en los mismos términos dispuestos por la citada Sala Constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0423_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): ddc3f62e2857c180e82a8f6d4462653d7e653935ab2a0027a71030ae31ef71c1
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