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SCP 0423/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 16 de agosto de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
16 de agosto de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
48951-2022-98-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad; toda vez que, al haber cumplido más de las dos quintas partes de la pena impuesta, dentro de los procesos penales seguidos en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, solicitó a la Jueza de Ejecución Penal Primero y Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, el beneficio de redención de la pena; dicha autoridad dispuso oficiar al Director del Centro Penitenciario Palmasola para que remita la carpeta correspondiente en el plazo de cuarenta y ocho horas; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de defensa no fue remitida la documentación. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 11/22 de 24 de junio de 2022, cursante de fs. 37 a 38 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto del Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo que en el plazo de 24 horas de notificado con el presente fallo constitucional cumplan con la remisión de la documentación solicitada mediante los oficios de 722/2022 y 405/2022 de 6 de junio, siempre y cuando no hayan sido remitidos hasta la presente fecha. 2° CONCEDER la tutela solicitada respecto del Director Departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo que en el plazo de 24 horas de notificado con la presente Sentencia Constitucional cumpla con la remisión de la documentación solicitada mediante los oficios de 722/2022 de 6 de junio.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0423/2024-S1 Sucre, 16 de agosto de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 48951-2022-98-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 11/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 37 a 38 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gustavo Guardia Anagua contra Nicanor Oscar Corcuy Peredo, Director del Centro Penitenciario Palmasola; y, Mauricio Ariel Romero Catacora, Director Departamental de Régimen Penitenciario, ambos del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de junio de 2022, cursante de fs. 8 a 10, el accionante, expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro de los procesos penales por la presunta comisión del delito de estafa, signado con el NUREJ 70203863 se le impuso una pena privativa de libertad de cuatro años, y en el proceso con NUREJ 70189733, la pena de cuatro años y seis meses. Encontrándose radicada la causa en el Juzgado de Ejecución Penal Primero y Tercero, respectivamente, de la Capital del departamento de Santa Cruz, y habiendo cumplido más de las dos quintas partes de la pena impuesta, solicitó ante dichos Juzgados, el beneficio de redención de pena, que fue providenciada disponiendo oficio a la Dirección del Centro Penitenciario de Palmasola del mismo departamento, para remitir la documentación a fin de resolver el incidente interpuesto en el plazo de cuarenta y ocho horas; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de defensa no fue remitida la documentación, vulnerando de esa manera su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 14.III y IV, 115.II, 178, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se disponga el cese del procesamiento indebido y se imprima la celeridad correspondiente.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se celebró el 24 de junio de 2022, según consta en acta cursante a fs. 35 a 38 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El peticionante de tutela a través de su abogada, en audiencia de la presente acción de defensa, reiteró el contenido del memorial de acción de defensa presentada.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Nicanor Oscar Corcuy Peredo, Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, presento informe escrito que cursa a fs. 32 a 33 y en audiencia de la presente acción de defensa a través de su abogado informó que: a) El oficio 722/2022 notificado el 7 de junio de 2022 dispone la remisión la carpeta o documentación siempre y cuando el beneficiario hubiera trabajado, en tiempo hábil se ha remitido el mismo ante el Director del Régimen Penitenciario para que realice la carpeta, toda vez que el equipo multidisciplinario está a su cargo y es dependiente del Ministerio de Gobierno, entonces no es evidente que hubiera vulnerado los derechos del accionante; b) Antes de acudir a instancias constitucionales el accionante debe agotar instancias, es decir debería acudir ante la Jueza de Ejecución Penal y hacer conocer que no se dio cumplimiento al citado oficio 722/2022; en ese sentido, se tiene demostrado que no vulneró el derecho a la libertad del accionante, toda vez que dicha carpeta no ha llegado a su despacho para que sea remitida en término hábil ante la autoridad judicial, más aun cuando se presentó una certificación del Encargado de la División del Régimen Interno, dependiente del Director del referido Centro Penitenciario, donde manifiesta que no se tiene conocimiento que el accionante hubiera presentado alguna certificación de trabajo; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Mauricio Ariel Romero Catacora, Director Departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, en audiencia a través de su abogada refirió que efectivamente se tiene en despacho el oficio del privado de libertad que llegó el 9 de junio de 2022, el mismo fue notificado a las diferentes áreas del equipo multidisciplinario el 13 de junio de igual año, pero lamentablemente por la recarga laboral y los hechos sucedidos, existe una retardación en cuanto a la valoración y las entrevistas al privado de libertad, toda vez que se tiene que evaluarlo, entrevistarlo porque está dentro de un sistema progresivo, y el área de trabajo social tiene que enviar las planillas de trabajo al Ministerio de Trabajo ya que la Junta de Trabajo es la instancia que los evalúa y está compuesto también por dicha institución externa al régimen penitenciario, siendo que ya se tiene armado el folder del privado de liberad, sin embargo faltan los informes del equipo multidisciplinario del área médica, psicológica, trabajo social, y una vez terminada la audiencia se le entrevistará de manera inmediata, por lo que solicitó se deniegue la acción de libertad presentada.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimaprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Jueza de garantías, mediante Resolución 11/22 de 24 de junio, cursante de fs. 37 a 38 vta., concedió parcialmente la tutela solicitada en base a los siguientes fundamentos: 1) Las solicitudes que están directamente vinculadas a la libertad de las personas deben ser atendidas con la debida celeridad y de manera inmediata; 2) En cuanto a la subsidiariedad denunciada se debe tomar en cuenta que ésta ocasionaría mayor dilación a la solicitud de una persona que se encuentra privada de su libertad, y que la omisión está vinculada a la solicitud de antecedentes a efecto que el mismo pueda saber si se beneficia o no para obtener su libertad, lo que será resuelto por la Jueza de Ejecución Penal; 3) Respecto al requisito de trabajo, será valorado en su momento por la Jueza que reciba las carpetas correspondientes; 4) A la fecha se mencionó que existe una recarga a raíz también de lo que está sucediendo en el Centro Penitenciario, lo cual es de conocimiento público, pero no es menos cierto que se recepcionó el oficio en la Dirección respectiva el 9 de junio de 2022 y a la fecha transcurrieron más o menos unos veinte días que no se remitió las carpetas ante la Jueza de Ejecución Penal, cuando la misma le otorgaba el plazo de cuarenta y ocho horas; 5) Se considera que existe dilación y una retardación por parte de la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario y del Centro Penitenciario Palmasola, ya que el mismo sería el encargado de realizar estos informes y remitirlos ante el Director del referido Centro de Rehabilitación, dado que este último oficio a efectos que se realicen las carpetas y puedan ser remitidas ante la autoridad judicial; y, 6) En cuanto al Director del mencionado Centro Penitenciario, no tendría legitimación pasiva en la presente acción tutelar.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa oficio 722/2022 de 6 de junio, emitido por la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, en el cual ordena al Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, expida en plazo de cuarenta y ocho horas la documentación requerida para el trámite de redención de la pena de Gustavo Guardia Anagua -ahora accionante-, oficio que fue recibido en dicho Centro Penitenciario el 7 del mismo mes y año a horas 14:30 (fs. 4). II.2. Consta oficio 405/2022 de 6 de junio, emitido por la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, en el cual ordena al Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, expida en plazo de cuarenta y ocho horas la documentación requerida para el trámite de redención de la pena de Gustavo Guardia Anagua, oficio que fue recibido en dicho centro penitenciario el 9 del mismo mes y año a horas 14:50 (fs. 7). II.3. Mediante nota 1003/2022 de 8 de junio, Nicanor Oscar Corcuy Peredo, Director del Centro Penitenciario Palmasola, remitió a Mauricio Ariel Romero Catacora, Director Departamental de Régimen Penitenciario, el oficio 722/2022 de 7 de junio, mismo que fue recibido el 9 de junio de 2022 a horas 15:15 (fs. 34 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad; toda vez que, al haber cumplido más de las dos quintas partes de la pena impuesta, dentro de los procesos penales seguidos en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, solicitó a la Jueza de Ejecución Penal Primero y Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, el beneficio de redención de la pena; dicha autoridad dispuso oficiar al Director del Centro Penitenciario Palmasola para que remita la carpeta correspondiente en el plazo de cuarenta y ocho horas; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de defensa no fue remitida la documentación. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0332/2021-S1 de 12 de agosto -entre otras- asumió el siguiente razonamiento:

La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituirse un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos-SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.

El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido, pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.

El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Con ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad; toda vez que, al haber cumplido más de las dos quintas partes de la pena impuesta, dentro de los procesos penales seguidos en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, solicitó a la Jueza de Ejecución Penal Primero y Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, el beneficio de redención de la pena; dicha autoridad dispuso oficiar al Director del Centro Penitenciario Palmasola para que remita la carpeta correspondiente en el plazo de cuarenta y ocho horas; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de defensa no fue remitida la documentación.

III.2.1 Respecto a Nicanor Oscar Curuy Peredo, Director del Centro Penitenciario Palmasola

Ahora bien, de los antecedentes que cursan en obrados se advierte que mediante oficios 722/2022 y 405/2022 de 6 de junio, la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, ordenó al Director del Centro Penitenciario Palmasola, expida en el plazo de cuarenta y ocho horas hábiles toda la documentación requerida para el trámite de redención de la pena del impetrante de tutela, mismos que fueron recibidos el 7 y 9 del mismo mes y año; asimismo, conforme a lo manifestado por el referido Director en audiencia de la presente acción de defensa, este puso a conocimiento del Director de Régimen Penitenciario; sin embargo, la carpeta de referencia no fue remitida en el plazo establecido, debido a que no llegó a su despacho.

De acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho; al respecto, conforme a lo dispuesto en el art. 140 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2021-, corresponde al Director del Centro Penitenciario la remisión de la documentación que acredite el tiempo de trabajo o estudio ante el Juez de Ejecución Penal, situación que no ocurrió en el caso que se analiza; toda vez que la autoridad demandada fue notificada el 7 y 9 de junio de 2022 -Conclusión II.1 y 2-, con los oficios de solicitud de documentación respecto al beneficio de redención de la pena del impetrante de tutela; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad -23 de junio de 2022-, no fue remitida la documentación requerida, sobrepasando el plazo establecido para la misma; ocasionándole un grave perjuicio por cuanto impide que la autoridad judicial resuelva su situación jurídica del privado de libertad; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada en la modalidad traslativa o de pronto despacho.

III.2.2 Con relación a Mauricio Ariel Romero Catacora, Director Departamental de Régimen Penitenciario

De acuerdo a los datos del proceso se advierte que el oficio 722/2022 de solicitud de documentación relacionada al beneficio de redención de la pena del ahora solicitante de tutela, no se encuentra dirigido a esta autoridad; sin embargo, Mauricio Ariel Romero Catacora en su calidad de Director Departamental de Régimen Penitenciario conoció del mismo cuando el Director del antes mencionado Centro Penitenciario le remitió a través de la nota 1003/2022 de 8 de junio, por lo que en audiencia responde afirmativamente con relación a la existencia de atraso en la remisión de documentación solicitada por la autoridad judicial, reconociendo la dilación denunciada, omisión que incumple el principio de celeridad con el que deben actuar todos los funcionarios públicos cuando de por medio se encuentra el derecho a la libertad de las personas, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada también con relación a dicha autoridad. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder parcialmente la tutela obró en forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 11/22 de 24 de junio de 2022, cursante de fs. 37 a 38 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto del Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo que en el plazo de 24 horas de notificado con el presente fallo constitucional cumplan con la remisión de la documentación solicitada mediante los oficios de 722/2022 y 405/2022 de 6 de junio, siempre y cuando no hayan sido remitidos hasta la presente fecha. 2° CONCEDER la tutela solicitada respecto del Director Departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo que en el plazo de 24 horas de notificado con la presente Sentencia Constitucional cumpla con la remisión de la documentación solicitada mediante los oficios de 722/2022 de 6 de junio. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0423_2024-S1.pdf · páginas 1 a 8.

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