Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 31 de mayo de 2023
Deniega la tutela
Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la libertad; y, los principios de celeridad, moral y el ama qhilla; a raíz de ello, alegaron que el Ministerio Público inició un proceso penal en su contra por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas. En ese orden: a) Adán Rimba, manifestó que fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva y se ordenó que cumpla un arraigo y detención domiciliaria con vigilancia policial; sin embargo, la Secretaria demandada en suplencia legal no extendió los oficios correspondientes y no remitió el recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada; y, b) Marco Antonio Sánchez, alegó que no se “extendieron los oficios correspondientes”, y que además no se fijó audiencia de cesación a la detención preventiva. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 29 de enero de 2022, cursante de fs. 22 vta. a 26 vta., pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0423/2023-S2 Sucre, 31 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 45643-2022-92-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 29 de enero de 2022, cursante de fs. 22 vta. a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Adán Rimba y Marco Antonio Sánchez contra Mónica Marisol Herbas Pereira, Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero en suplencia legal de su similar del Tribunal de Sentencia Penal Primero, ambos de Montero del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 27 de enero de 2022, cursante de fs. 2 a 4, los accionantes expresaron lo siguiente:
El Ministerio Público inició un proceso penal en su contra por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; en ese entendido, Adán Rimba, alegó que se encontraba con detención preventiva y se ordenó que cumpla las medidas de arraigo y detención domiciliaria con vigilancia policial; en consecuencia, mediante decreto de 24 de noviembre de 2021, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz ordenaron que se extiendan los correspondientes oficios con el debido impulso procesal. Por su parte, Marco Antonio Sánchez, solicitó orden judicial para obtener los respectivos oficios; razón por la cual, se ordenó la extensión de los mismos a través del decreto de 3 de enero de 2022. Posteriormente su abogado defensor se apersonó ante la Secretaria en suplencia legal hoy demandada, a fin de ordenar la elaboración de los mismos. Sin embargo, tomaron conocimiento (por un aviso puesto en ventanilla) que la citada Secretaria atendía los casos del Tribunal de Sentencia Penal Primero, únicamente de 13:00 a 14:00 horas; a raíz de ello, se imposibilitó la extensión de los oficios extrañados. Posteriormente, por secretaria del referido Tribunal se les comunicó que no se podían realizar los oficios mientras la acusación formal no haya sido notificada a los acusados, en ese entendido, el 20 de enero de 2020 realizaron las diligencias correspondientes a fin que la Secretaria en suplencia legal demandada genere las notificaciones; sin embargo, no dio curso a lo solicitado e instruyó a los pasantes del Juzgado que los casos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, solo podían ser atendidos en el horario determinado. Finalmente, señalaron “…que hasta la fecha no ha tenido la suerte de que se lo realicen los oficios solicitados y de la misma forma hasta la fecha la Secretaria Abogada no hizo ingresar al despacho del juez el escrito pidiendo señalamiento de audiencia para considerar la cesación de las medidas cautelares personales” (sic).
Señalaron como lesionados sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la libertad; y, los principios de celeridad, moral y el ama qhilla; citando al efecto los arts. 8, 13, 115.II, 178.I, 180.I, 256.I y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar que: a) En el plazo de veinticuatro horas se entreguen todos los oficios y el mandamiento de arraigo; y, b) Ingresen al despacho del Juez de a causa todos los memoriales presentados por ellos.
Celebrada la audiencia pública el 29 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 19 a 22 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado, ratificaron in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar.
Mónica Marisol Herbas Pereira, Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero en suplencia legal de su similar del Tribunal de Sentencia Penal Primero ambos de Montero del departamento de Santa Cruz, remitió informe escrito el 28 de enero de 2022, cursante de fs. 17 a 18, mediante el que solicitó se deniegue la tutela, conforme a lo siguiente: 1) El 10 de enero de 2022, se le notificó a efectos de asumir la suplencia legal del Secretario del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del referido departamento. En ese orden, el 21 del mismo mes y año, se recepcionó el memorial de Marco Antonio Sanchez, -accionante-, el cual ingresó a despacho el mismo día, y por decreto de 26 de similar mes y año, se señaló audiencia para el 1 de febrero de ese año; 2) De igual forma, el 26 de enero del mismo año, se dispuso realizar las notificaciones con los actos preparatorios de juicio, diligencias debidamente cumplidas el 27 del citado mes y año; 3) Actuó con la debida diligencia al momento de ingresar a despacho el memorial de 21 del referido mes y año; sin embargo, el mismo demoró en el interior tres días hábiles o cinco días calendario, durante los cuales no tuvo acceso al expediente hasta el 26 de igual mes y año; en ese entendido, la acción fue formulada al día siguiente sin que el abogado de la defensa se haya comunicado con su persona; 4) En relación a los oficios solicitados por Adán Rimba, los mismos fueron ordenados el 24 de noviembre de 2021, oportunidad en la que Henry Carmelo Saavedra, Secretario del Juzgado Civil y Comercial Tercero se encontraba a cargo de la suplencia legal del citado Tribunal de Sentencia Penal Primero, ambos de Montero; en ese orden, se le responsabilizó erradamente por la elaboración de dichos oficios; 5) El 15 de diciembre de 2020, el expediente fue remitido a la “localidad de Buena Vista”, oportunidad en que la suplencia legal se encontraba a cargo de Silvia Cardona Justiniano, Secretaria del Juzgado Civil y Comercial Segundo de Montero; 6) El 5 de enero de igual año, la suplencia fue asumida por Erika Viviana Olivera Escalera, a quién se ordenó elaborar los oficios solicitados por Marco Antonio Sánchez por memorial de 3 del mismo mes de 2022. Los oficios extrañados por el precitado, debieron ser extendidos por el servidor público que se encontraba en suplencia legal en su oportunidad, debido a que ella no asumió suplencia el 24 de noviembre de 2021, tampoco el 5 de enero de 2022; por lo que, desconocía los motivos por los cuales no fueron entregados los oficios; 7) En relación al recurso de apelación incidental presentado, se ordenó la remisión de antecedentes ante la Sala Penal de turno el 28 de octubre de 2021, lo cual debió ser cumplido por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de Montero, Evelin Guissela Guzmán Sahonero, quien asumió la suplencia legal; 8) Extraña que la acción haya sido interpuesta después de tres meses de sucedidos los supuestos hechos; toda vez que, en el ínterin se solicitó cesación a la detención preventiva, sin que el impetrante de tutela haya puesto en conocimiento los citados extremos a fin de asumir las medidas necesarias; 9) Respecto a la actitud asumida por los pasantes del juzgado, los mismos se encontraban bajo dependencia directa de los Jueces del citado Tribunal de Sentencia Penal Primero; y, 10) Finalmente manifestó que era titular de un Juzgado que tiene competencia sobre dos materias que ameritan impulso procesal bajo los principios de gratuidad y celeridad procesal; en el que se celebran a diario de dos a cinco audiencias en las que es requerida su presencia; señaló “…los errores o falencias de las causas del Tribunal son situaciones que se arrastran desde hace meses e incluso más de un año, por la delicada situación que atravesaba la anterior Secretaria; es así que cada expediente requiere tiempo de revisión e incluso al no existir Red o Sistema de los jueces del Tribunal, se dificulta cada una de las notificaciones que deben ser generadas en el sistema interoperativo con la oficina Gestora de Procesos” (sic).
La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 29 de enero de 2022, cursante de fs. 22 vta. a 26 vta., concedió en parte la tutela con relación a la dilación indebida en la extensión de oficios para promover una cesación a la detención preventiva, atribuible al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del mismo departamento aclarando que los mismos no fueron demandados; sin embargo, indicó se ofíciese con la intimación realizada en la presente Resolución y denegó la misma respecto a Mónica Marisol Herbas Pereira, Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero en suplencia legal de su similar del Tribunal de Sentencia Penal Primero ambos de Montero del departamento de La Paz, con base en los siguientes fundamentos: i) La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, establece que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho procede cuando en lugar de fijar directamente la audiencia se disponen traslados previos e innecesarios no previstos por ley, en supuestos en que se fija audiencia en una fecha alejada más allá de lo razonable y cuando se suspende la misma con motivos injustificables; ii) Por su parte la SC 0384/2011-R de 7 de abril, dispone que la presente demanda tutelar procede cuando interpuesto el recurso de apelación incidental contra la resolución que rechaza una solicitud de cesación a la detención preventiva, los antecedentes no son remitidos en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); iii) Con relación a Adán Rimba, se verificó que el expediente del proceso penal fue remitido ante el Juez de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, dentro de una acción de libertad previamente formulada para que se extiendan los oficios hoy extrañados. Es decir, ante el pronunciamiento del juez de garantías, correspondía que el hoy impetrante de tutela presente una queja de incumplimiento y no otra acción tutelar; iv) En relación al recurso de apelación incidental, se verificó que los antecedentes no fueron remitidos al tribunal de apelación de turno y que por ende el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la referida localidad incumplió el deber de remisión del legajo de apelación, autoridades que debieron hacer un seguimiento sobre el cumplimiento de las ordenes emitidas; toda vez que, tenían la obligación de supervisar el trabajo de los servidores de apoyo judicial; v) Sobre los agravios expuestos por Marco Antonio Sánchez, se verificó que el memorial presentado el 21 de enero de 2022, recién fue respondido el 26 del mismo mes y año, incumpliendo el plazo previsto en el art. 239 del CPP con relación al plazo para decretar y señalar audiencia; toda vez que, la audiencia fue fijada para el 1 de febrero de igual año, con diferencia de seis días desde la providencia, excediendo las cuarenta y ocho horas que la ley dispone; vi) Se evidenció que la Secretaria demandada cumplió con cada uno de los decretos dentro de las veinticuatro horas siguientes y que en su suplencia legal no hubo dilación en la tramitación y extensión de los oficios; vii) Si bien la demanda tutelar fue interpuesta contra la mencionada Secretaria, se evidenció que los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la referida localidad no cumplieron sus deberes de supervisión sobre el cumplimiento de las ordenes dispuestas, máxime si en el caso, en los últimos tres meses asumieron la suplencia cinco secretarios distintos; viii) No se observó que se haya prohibido a la demandada extender el horario de atención; y, ix) “Bajo ese principio de informalismo se debe considerar por una parte que existe dilación en cuanto a la tramitación de estas causas, en cuanto a un seguimiento y a un desarrollo normal que contraviene los principios de la jurisdicción ordinaria previstos en el Art. 180 de la C.P.E., estos principios deben encontrar en los Jueces del Tribunal de Sentencia el resguardo suficiente, pues son las cabezas de los juzgados los que deben garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos…” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por acción de libertad de 27 de enero de 2020, Adán Rimba y Marco Antonio Sánchez -hoy accionantes, señalaron que Mónica Marisol Herbas Pereira, Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Montero en suplencia legal de su similar del Tribunal de Sentencia Penal Primero, ambos de Montero del departamento de Santa Cruz -hoy demandada-, lesionó sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la libertad; y, los principios de celeridad, moral y el ama qhilla (fs. 2 a 4). II.2. Mediante informe de 28 de enero de 2022 -no consta sello de recepción-, la citada Secretaria demandada en suplencia legal, negó cada uno de los agravios expuestos por los impetrantes de tutela, manifestando en lo principal, que su actuación fue dentro de los plazos establecidos por el Código de Procedimiento Penal (fs. 17 a 18).
Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la libertad; y, los principios de celeridad, moral y el ama qhilla; a raíz de ello, alegaron que el Ministerio Público inició un proceso penal en su contra por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas. En ese orden: a) Adán Rimba, manifestó que fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva y se ordenó que cumpla un arraigo y detención domiciliaria con vigilancia policial; sin embargo, la Secretaria demandada en suplencia legal no extendió los oficios correspondientes y no remitió el recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada; y, b) Marco Antonio Sánchez, alegó que no se “extendieron los oficios correspondientes”, y que además no se fijó audiencia de cesación a la detención preventiva. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SC 0044/2010-R de 20 de abril, dispuso: “Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”. De igual forma la SCP 0369/2012 de 22 de junio, dispuso: “El Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a lo establecido en los arts. 8.II y 180.I de la CPE, se sustenta entre otros valores en el de libertad, así como también en principios procesales específicos en los cuales se cimienta la jurisdicción ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, postulados constitucionales de donde se desprende el contenido del art. 178.I de la Ley Fundamental y que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes y para cuya concreción el constituyente ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, máxime tratándose de derechos fundamentales. (…) Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’ e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)”. Conforme al citado marco jurisprudencial, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el medio idóneo y oportuno para ordenar la ejecución inmediata de trámites judiciales o administrativos, cuya dilación impide que se resuelva la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad.
Sobre el particular, la SC 0318/2004-R de 10 de marzo, dispone que: “Si bien es cierto que el art. 90.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), determina que el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos, puesto que no puede dictarse una resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión. En la especie, los recurrentes no han demostrado con prueba alguna los extremos de su demanda, es decir que no han aportado ninguna literal que apoye las afirmaciones realizadas en su recurso, contando este Tribunal únicamente con lo expuesto por ambas partes y la literal relativa al ingreso y de Daniel Sánchez Díaz en el país, así como los informes grafotécnicos de sus firmas, documentos que no permiten un examen en el fondo de la problemática planteada en la que se tiene que analizar la actuación de cada uno de los recurridos y si la misma se ha adecuado a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico o si, contrariamente, han existido actos ilegales que violen o restrinjan los derechos y garantías del representado de los actores. Empero, en la literal aparejada a la demanda no se encuentra ninguna sobre la investigación abierta contra el nombrado, lo que acarrea la improcedencia del presente recurso. Esa es la línea jurisprudencial trazada por este Tribunal en sus SSCC 18/2000-R, 57/2000-R, 1102/2000-R, 1324/2002-R, 102/2003-R, 148/2003-R, 824/2003-R, 1158/2003-R, 1828/2003-R, y otras.
Con el mismo sentido, la SC 2152/2010-R de 19 de noviembre dispuso que: “Para resolver el presente caso, es necesario previamente, señalar que el Tribunal Constitucional ha establecido de manera uniforme, que el juez o tribunal de garantías “…para valorar los hechos demandados, requiere que el actor demuestre o acredite con la prueba pertinente la supuesta vulneración que acusa; toda vez que, el fallo o determinación que se asuma debe obedecer a la certidumbre sobre si en efecto se ha violado o está amenazado el derecho de locomoción, ya que no es suficiente la manifestación del actor, ni el informe que preste la autoridad recurrida, dado que para acusar la vulneración del derecho a la libertad, se debe demostrar los hechos que afectan ese derecho con pruebas verificables y ciertas cuyo valor les será asignado a tiempo de dictarse la Resolución; no obstante, que éste recurso no requiere de mayores formalidades para su presentación; sin embargo, cualquier acto ilegal que vulnere el derecho a la libertad y que sea atribuible al demandado debe ser debidamente acreditado por los medios de prueba permitidos por el ordenamiento jurídico, no siendo suficiente lo aseverado por las partes en audiencia” (el énfasis y subrayado nos pertenecen). Entendimiento ratificado mediante la SCP 0695/2022-S2 de 28 de junio, que señaló: “Ahora bien, es pertinente señalar que la acción de libertad se configura como un mecanismo idóneo y oportuno para la defensa y protección de los derechos a la vida, integridad física, a la libertad personal y de circulación; por tal motivo, está revestida de ciertas características que permitan una protección efectiva de los derechos previstos en el art. 46 del CPCo, esencialmente de sumariedad e informalismo; sin embargo, estos elementos no pueden ser usados por la accionante a fin de omitir la presentación de prueba para sustentar su posición respecto a los supuestos hechos lesivos denunciados, bajo un incorrecto entendimiento de la informalidad de la acción tutelar” (énfasis añadido).
Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la libertad; y, los principios de celeridad, moral y el ama qhilla; en tal sentido, alegaron que el Ministerio Público inició un proceso penal en su contra por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas. Bajo estas premisas, Adán Rimba señala que fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva y se ordenó que cumpla arraigo y detención domiciliaria con vigilancia policial; sin embargo, la Secretaria demandada en suplencia legal no extendió los oficios necesarios ni remitió el recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada; y, por otro lado, Marco Antonio Sánchez, manifiesta que la referida Secretaria no “extendió los oficios” ni “señaló” audiencia de cesación a la detención preventiva dentro el plazo establecido por ley.
Evidentemente, los antecedentes acreditan que los impetrantes de tutela presentaron la acción de libertad de 27 de enero de 2022, alegando que se lesionaron sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la libertad; empero, no cumplieron lo previsto en el art. 33.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo); es decir, no acompañaron ningún elemento de prueba para acreditar los hechos denunciados. De igual forma, la Conclusión II.2 advierte que mediante informe de 28 de enero de 2022, la citada Secretaria negó cada uno de los agravios expuestos por los accionantes; por el contrario, señala que no se encontraba en suplencia legal y que su accionar fue dentro del marco previsto por el Código de Procedimiento Penal. Ahora bien y dada la problemática jurídica expuesta, resulta pertinente manifestar que el art. 33 del CPCo establece los requisitos mínimos que debe contener una acción tutelar; como es el caso de las pruebas, que tienen como objeto acreditar la existencia y veracidad de los hechos lesivos denunciados; en ese orden, a partir del cumplimiento de los referidos requisitos se permite a la autoridad de la jurisdicción constitucional contar con elementos objetivos para así compulsar de manera correcta los antecedentes, y emitir un fallo constitucional imparcial, debidamente fundamentado y jurídicamente razonable. En el caso concreto, si bien los accionantes formularon una acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que acorde al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional tiene por objeto agilizar los trámites administrativos o judiciales que son necesarios para resolver la situación jurídica de un persona privada de libertad personal, se advierte que no adjuntaron prueba alguna para acreditar la existencia de los hechos denunciados y la participación y responsabilidad de la Secretaria demandada; en ese orden, no se observó lo previsto por el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que establece que la parte accionante debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de sus argumentos; toda vez que, no es suficiente las manifestaciones de los peticionantes de tutela ni el informe de la Secretaria demandada; más, si como sucedió en el caso, existe total contradicción entre los argumentos expuestos por estos y los ofrecidos por la Secretaria demandada. Por los motivos expuestos y en atención a la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, no es posible realizar un examen de fondo a la cuestión planteada ni conceder la tutela solicitada por los peticionantes de tutela.
En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 29 de enero de 2022, cursante de fs. 22 vta. a 26 vta., pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0423_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): e8b6e0fd5a2fdf1bab4d90bca26d31fd2ff427ff37a677ecea3decb1cb095e71
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