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SCP 0422/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 5 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
5 de junio de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
47737-2022-96-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, tutela judicial efectiva y el principio de verdad material; alegando que interpuso un incidente por actividad procesal defectuosa, el cual fue resuelto por el Juez ahora demandado, quién a través del Auto Interlocutorio de 22 de febrero de 2022, dispuso el rechazo in limine basado en los principios de convalidación y preclusión, sin considerar que éstos no operaban en actos castigados con nulidad absoluta por ser inconvalidables, además si se analizaba el art. 315.II del CPP, se tenía que las excepciones y/o incidentes serían manifiestamente improcedentes cuando carezcan de fundamento y prueba, lo que en el caso no ocurría, pues si se revisaba el incidente podía verificarse que se adjuntó prueba contundente y precisa que demostraba que no fue notificado; por lo que, desconocía de la actividad procesal defectuosa, tampoco los incidentes se encontraban sometidos al término previsto en el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 17 de mayo de 2022, cursante de fs. 514 a 518, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Marco contextual y jurisprudencial sobre la tramitación de los incidentes según la norma adjetiva penal, modificada por la Ley
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0422/2023-S4 Sucre, 5 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 47737-2022-96-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución de 17 de mayo de 2022, cursante de fs. 514 a 518, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Justiniano Peñafiel contra Cristian Ramiro Sosa Hinojosa, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero y de Sentencia Penal Segundo de Villamontes del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 9 de mayo de 2022, cursante de fs. 60 a 73, y de subsanación el 13 de igual mes y año (fs. 244 a 248), el accionante expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 4 de septiembre de 2020, la Asesora Legal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Villamontes del departamento de Tarija presentó denuncia ante el Ministerio Público en contra de su hijo menor de edad por el delito de violación, quién fue declarado inimputable; y, contra su persona por el ilícito de abuso sexual agravado. Dentro del referido proceso, la Fiscal de Materia dispuso su notificación por edictos para que preste su declaración informativa, pues se desconocía su domicilio; no obstante, fue realizada con notables irregularidades; posteriormente, se presentó imputación formal ante la Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes, quién de acuerdo al art. 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), fijó audiencia de consideración de medidas cautelares para el 5 de enero de 2021, disponiendo que sea notificado por un medio de prensa escrito, sin realizar ningún control de la investigación, como si prestó su declaración o si fue notificado por edictos legalmente, por cuanto llevado a cabo dicho verificativo fue declarado rebelde. El 20 de agosto de igual año, se presentó acusación formal en su contra, donde se señaló su domicilio real en la Comunidad de Las Bayas, donde bien pudieron realizar las notificaciones en forma personal o mediante cédula; sumado a ello, la presunta víctima menor de edad, en terapia psicológica habría cambiado la entrevista informativa que motivó las investigaciones, refiriendo que fue objeto de violación desde sus siete años; por lo que, considerando que dicha declaración fue prestada antes de la interposición de la imputación, debió en su momento imputarse por el delito de violación y acusar por lo mismo, “porque no se hizo conocer esa ampliación de declaración de la menor al existir CONTRADICCION porque no se requirió declaración ampliatoria en cámara Gesell a menor víctima Art. 306 del CPP. Más todavía para salir de dudas la representante del MP. Requiere un informe al médico forense sobre los efectos de violación a una menor de 7 años, médico que informa que ES IMPOSIBLE QUE EXISTA PENETRACION A UNA MENOR DE 7 años, Y SI SE DARIA LE PRODUCIRÍA un daño LEJOS DE INGNORAR O NO SER PERCIBIDO, prueba precedentemente descrita que no se hizo conocer a las partes del proceso ni se adjuntó en la acusación formal” (sic). El 15 de febrero de 2022, el padre de la presunta víctima presentó escrito solicitando su rebeldía “con autorización de horas extraordinarias y allanamiento de domicilio” (sic), que mereció el decreto de 17 de igual mes y año, emitido por el Juez del Tribunal de Sentencia de Villamontes del departamento de Tarija, quién en suplencia legal de la autoridad ahora demandada señaló audiencia de control jurisdiccional para el 22 de febrero del citado año, basado en el art. 279 del adjetivo penal, acto que fue notificado a su patrocinador, por cuanto llevado a cabo dicho verificativo fue emitido el Auto Interlocutorio de la misma fecha, el cual en el Considerando III párrafo tercero, sostuvo que se habría apersonado el 29 de noviembre de 2021; es decir, después de la acusación formal emitida en su contra, habiendo radicado la causa en el referido Tribunal el 27 de agosto de 2021, “ES DECIR, TENGO CONOCIMIENTO DE TODO LO ACTUADO EN LA ETAPA PREPARATORIA DESPUES DE LA ACUSACIÓN FISCAL, POR NO HABERSEME NOTIFICADO LO QUE PROVOCO MI INDEFENSIÓN QUE SI SE HUBIESEN CUMPLIDO OTROS FUERAN LOS RESULTADOS EN LA FECHA” (sic); por lo que, ante la existencia de actividad procesal defectuosa y defectos absolutos, planteó incidente de nulidad de defecto absoluto, con fundamentación concreta y prueba documental, el cual con carencia de fundamentación y motivación fue rechazado in límine a través del Auto Interlocutorio de 22 de febrero de 2022, mismo que fue basado en los principios de convalidación y preclusión, sin considerar que éstos no operan en actos castigados con nulidad absoluta por ser inconvalidables, además si se analiza el art. 315.II de la norma procesal penal, se establece que las excepciones y/o incidentes serán manifiestamente improcedentes cuando carezcan de fundamento y prueba, lo que en el caso no concurre, pues si se revisa el incidente se adjuntó prueba contunde y precisa que demuestra que no fue notificado; debido a lo cual, desconocía la actividad procesal defectuosa hasta después de la acusación formal, lo que impidió poder realizar el trámite previsto en el art. 314.I del adjetivo penal. Añadió que de acuerdo a los parámetros determinados en la SCP 0007/2018-S1 de 27 de febrero, los incidentes no se encuentran sometidos al plazo del art. 314 del CPP, pues de lo contrario las partes procesales quedarían en estado de indefensión absoluta durante la tramitación de la causa, ya que vencido el plazo de los diez días computables desde el inicio de la investigación, se verían impedidos de poder denunciar cualquier tipo de actividad procesal defectuosa que pudiera suscitarse de forma posterior al plazo referido, lo que resultaría constitucionalmente inadmisible, ya que el derecho a la defensa en la vía incidental debe poder ser ejercido desde el inicio hasta la finalización de una causa penal, ya que si bien para la presentación de las excepciones se estableció el limite referido, es porqué los motivos en los que se fundan son previos a la causa; es decir, denuncia defectos procedimentales que impiden propiamente el inicio del proceso, de ahí que resulta lógico fijar un plazo fatal dentro de la etapa preliminar para su oposición, en cambio en el caso de los incidentes sus fundamentos son por causas sobrevinientes a la tramitación del proceso, pudiendo generarse en cualquier etapa procesal de ahí que resulta inviable establecer un tiempo límite para su presentación como ocurre con las excepciones. Finalizó, haciendo conocer que contra el rechazo de su incidente, interpuso recurso de apelación, que según proveído emitido por el hoy demandado, dispuso: “Estese a lo resuelto en resolución judicial de fecha 22 de febrero de 2022 y a lo que señala el Art. 315-II del código de procedimiento penal, todo en merito a haber rechazado in limine el referido incidente” (sic).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante, alegó como lesionado su derecho al debido proceso, tutela judicial efectiva y el principio de verdad material, citando al efecto los arts. 9.4, 22, 23.V, 115, 116 117.I, 119.II y 180.II de la CPE; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 1, 25 y 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 22 de febrero de 2022, concurrente con la Resolución emitida el 4 de marzo de igual año, que rechazan in limine el incidente de nulidad de obrados y apelación incidental del Auto descrito.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 17 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 510 a 513 vta., presentes la parte accionante y representante del Ministerio Público y ausente el Juez demandado y el tercero interesado, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela través de su abogado, ratificó in extenso los fundamentos de la acción de amparo constitucional y ampliándola señaló que: a) Nunca fue notificado de forma personal para prestar su declaración informativa, lo que vulnera su derecho a conocer la acción por la que se encuentra siendo denunciado; de igual forma, la imputación formal emitida en su contra y el señalamiento de audiencia, no consta que hayan sido publicadas por un medio de prensa, incumpliéndose con los arts. 160 y “164-1). III 3” del CPP; por lo que, se subsumiría al art. “169-3 y 4” del Código Penal (CP), tomando en cuenta que de acuerdo al art. 160 del CPP para adelante, desde la Modificación realizada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres ‒Ley 1173 de 3 de mayo de 2019‒ y 1226 de 18 de septiembre de 2019, debía hacerse la publicación del edicto, cumpliendo los requisitos que determina la norma conforme lo acordado por la Sala Plena 13/2018 de 7 de febrero, del Tribunal Supremo de Justicia, que estableció que las notificaciones deben ser realizadas a través del correo de dicho Tribunal, o por el Tribunal Departamental de Justicia, para hacer conocer alguna acción emitida por una autoridad judicial concurrente con el art. 160, 163 y 165 del adjetivo penal; b) Constituyó su defensa después de llevarse a cabo la acusación; c) El hecho de no haber sido notificado con la imputación en forma legal, le causó un perjuicio muy grande; por lo que, interpuso el incidente de referencia, que cumple con una adecuada fundamentación y contiene prueba a fs. “33”; no obstante, fue rechazado in limine haciendo una transcripción del principio de convalidación y preclusión, y fundamentado en los alcances del art. 315.II del CPP, el cual refiere: “Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba”, lo cual no acontece en el caso, evidenciando que no se realizó una valoración de fondo del incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa como determina el art. 169 incs. 3) y 4) del adjetivo penal; d) Aludiendo a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0007/2018-S1 de 27 de febrero y 0067/2021-S4 de 30 de abril, señaló que cuando concurran defectos absolutos que lesionen derechos fundamentales y garantías constitucionales podrá plantearse incidentes, siendo la oportunidad procesal para promoverlas en la etapa preparatoria o juicio oral a partir de la notificación con el Auto impugnado; sin embargo, nunca fue notificado con la imputación formal, para poder hacer uso del agravio sufrido por dicha acción penal; y, e) Finalizó, solicitando se determine la nulidad del Auto Interlocutorio de 22 de febrero de 2022, y se promueva su derecho a la defensa.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Cristian Ramiro Sosa Hinojosa, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero y de Sentencia Penal Segundo de Villamontes del departamento de Tarija, no se apersonó a la audiencia de consideración a esta acción de defensa tampoco presentó escrito alguno pese a su legal notificación mediante Provisión Citatoria 36/2022 de 13 de mayo, cursante de fs. 461 a 482; no obstante, a través de nota Cite of. J.S.P.2.V.M 104/2022 de 16 de mayo, que consta a fs. 458, remitió copia legalizada de todo el cuaderno jurisdiccional.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Paola Andrea Monzón Camacho, en representación del Ministerio Público, en audiencia manifestó que, la parte accionante reclama una presunta lesión a su derecho a la defensa, señalando la existencia de lesión en la etapa preparatoria ante la falta de notificación con la imputación formal, pero finalmente concreta que el acto vulnerador sería el derecho a recurrir, y que este se hubiera dado a través de la emisión del Auto Interlocutorio de 22 de febrero de 2022, por el Juez ahora demandado; por lo que, al respecto, no debe olvidarse que en materia de nulidades procesales rigen los principios de convalidación y preclusión, advirtiéndose de la propia manifestación del impetrante de tutela que su apersonamiento al proceso fue realizado el 29 de noviembre de 2021, por cuanto a la fecha de interposición del incidente transcurrió tiempo sobreabundante en relación al plazo establecido en el art. 314 del CPP; debido a lo cual, pidiendo se valore dicho extremo además de los antecedentes, se resuelva conforme a derecho la presente acción tutelar.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución de 17 de mayo de 2022, cursante de fs. 514 a 518, denegó la tutela impetrada, con base en el fundamento de que la parte interpuso el incidente de nulidad emitiéndose el Auto Interlocutorio de 22 de febrero de 2022, a través del cual se dispuso rechazar in limine el mismo; por lo que, recurrió en apelación, mereciendo la providencia de 4 de marzo de igual año; por el cual, el juzgador dispone que bajo advertencia del art. 315.II del CPP, al haber sido rechazado in limine el aludido incidente, debía estarse a lo resuelto, por cuanto al constituir éstas el objeto vulnerador, se advierte que la última resolución pronunciada no fue objeto de impugnación alguna, pues bajo lo regulado por el adjetivo penal en su art. 401, establece un mecanismo más para recurrir dentro de una acción penal, el recurso de reposición, que procede contra providencias de mero trámite, a fin de que el Juez o Tribunal advertido de su error la revoque o modifique, por cuanto al no haberlo activado impidió que la autoridad ahora demandada tenga la oportunidad de pronunciarse al respecto; es decir, que no hizo uso oportuno de dicho recurso, generando la imposibilidad de ingresar al fondo de lo denunciado ante la inobservancia del principio de subsidiariedad, pues convalidó y dejó consentir el proveído de 4 de marzo de 2022.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante memorial presentado el 21 de febrero de 2022, ante el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de Villamontes de departamento de Tarija, Carlos Justiniano Peñafiel ‒ahora accionante‒, interpuso incidente de nulidad por defecto absoluto, que fue resuelto a través de Auto Interlocutorio de 22 de igual mes y año; por el cual, Cristian Ramiro Sosa Hinojosa, autoridad judicial hoy demandado, rechazó in limine dicho incidente (fs. 415 a 419 vta.; y, 420 a 422). II.2. A través de escrito presentado el 3 de marzo de 2022, ante el citado Juzgado, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental contra el precitado Auto Interlocutorio, que mereció el proveído de 4 de igual mes y año; por el que, la referida autoridad jurisdiccional estableció que debía estarse a lo resuelto en la Resolución de 22 de febrero del aludido año, y a lo que señalaba el art. 315.II del CPP, en mérito a haber sido rechazado in limine el incidente de referencia, determinación que fue notificada al solicitante de tutela el 15 de marzo de 2022 (fs. 424 a 428; y, 429 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, tutela judicial efectiva y el principio de verdad material; alegando que interpuso un incidente por actividad procesal defectuosa, el cual fue resuelto por el Juez ahora demandado, quién a través del Auto Interlocutorio de 22 de febrero de 2022, dispuso el rechazo in limine basado en los principios de convalidación y preclusión, sin considerar que éstos no operaban en actos castigados con nulidad absoluta por ser inconvalidables, además si se analizaba el art. 315.II del CPP, se tenía que las excepciones y/o incidentes serían manifiestamente improcedentes cuando carezcan de fundamento y prueba, lo que en el caso no ocurría, pues si se revisaba el incidente podía verificarse que se adjuntó prueba contundente y precisa que demostraba que no fue notificado; por lo que, desconocía de la actividad procesal defectuosa, tampoco los incidentes se encontraban sometidos al término previsto en el art. 314 del CPP, ya que vencido el plazo de los diez días computables desde el inicio de la investigación, se verían impedidos de poder denunciar cualquier tipo de actividad procesal defectuosa que podría suscitarse de forma posterior al plazo referido, lo que resultaría constitucionalmente inadmisible, pues los incidentes al devenir de causas sobrevinientes a la tramitación del proceso, podían generarse en cualquier etapa procesal de ahí que resultaba inviable establecer un tiempo límite para su presentación como ocurría con las excepciones; determinación que al ser lesiva a sus derechos fue objeto de apelación incidental, que mereció la providencia de 4 de marzo del mismo año; por el que, la citada autoridad judicial, dispuso que esté a lo resuelto en el referido Auto Interlocutorio y a lo que señalaba el art. 315.II del adjetivo penal, al haberse rechazo in limine el incidente de referencia. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Marco contextual y jurisprudencial sobre la tramitación de los incidentes según la norma adjetiva penal, modificada por la Ley

1173 de 3 de mayo de 2019

La SCP 007/2023-S4 de 3 de marzo, al respecto precisó: “Conforme prevén los arts. 314 y 315 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescente y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019– las excepciones e incidentes, tienen el siguiente trámite: ʽARTÍCULO 314. (TRÁMITES). I. Durante la etapa preparatoria las excepciones e incidentes se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente. Las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal hasta diez (10) días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal. Los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de diez (10) días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional. El planteamiento de las excepciones e incidentes no implica la suspensión de los actos investigativos o procesales. II. La jueza o el juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de tres (3) días, en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes. Cuando la parte procesal que planteó las excepciones e incidentes no asista injustificadamente a la audiencia señalada, se rechazará su planteamiento y en su caso, se aplicará el principio de convalidación del acto u omisión cuestionada. Cuando la otra parte no asista a la audiencia, no será causal de suspensión, salvo impedimento físico acreditado mediante prueba idónea. III. Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, el imputado podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, la cual será notificada a las partes conforme establece el numeral 4 del Artículo 308 del presente Código. ARTÍCULO 315. (RESOLUCIÓN).

I. La jueza, el juez o tribunal en audiencia dictará resolución fundamentada declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda. II. Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la jueza, el juez o tribunal, deberá rechazarlas in límine sin recurso ulterior en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite. III. Cuando las excepciones y/o incidentes sean declarados manifiestamente dilatorios, maliciosos y/o temerarios, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente la jueza, el juez o tribunal, previa advertencia en el uso del poder ordenador y disciplinario, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos (2) salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial. En caso de continuar con la actitud dilatoria, la autoridad jurisdiccional apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio. IV. El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivosʹ. Precepto normativo que establece el plazo y tramitación para la interposición de excepciones e incidentes; en tal contexto, la jurisprudencia contenida en la SCP 0513/2017-S2 de 22 de mayo, inicialmente estableció que el plazo de diez días previsto en el art. 314.I del CPP, era aplicable únicamente a las excepciones previstas por el art. 308 del mismo cuerpo legal, estableciendo que un razonamiento distinto, generaba un estado de indefensión a las partes durante la tramitación de la causa, pues vencido el término de los diez días, no era viable denunciar cualquier tipo de actividad procesal defectuosa. Sin embargo, dicho entendimiento, fue modulado a través de la SCP 0007/2018-S1 de 27 de febrero, que tras una interpretación sistemática del art. 314 de la norma adjetiva penal, estableció que: ʽLa oportunidad procesal para promover un incidente dentro de un proceso penal debe ser a partir de la notificación con el acto impugnado, sea en etapa preparatoria o en fase de juicio, es decir que, el cómputo de los diez días establecidos para la interposición del o de los incidentes será computable desde la notificación con la actuación procesal que genera el incidenteʹ” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes procesales cursantes en obrados, consta que mediante memorial presentado el 21 de febrero de 2022, ante el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de Villamontes de departamento de Tarija, Carlos Justiniano Peñafiel ‒ahora accionante‒, interpuso incidente de nulidad por defecto absoluto, que fue resuelto a través de Auto Interlocutorio de 22 de igual mes y año; por el cual, Cristian Ramiro Sosa Hinojosa, autoridad judicial hoy demandado en esta acción tutelar, rechazó in limine dicho incidente (Conclusión II.1.). Determinación que fue apelada a través de escrito presentado ante el citado Juzgado el 3 de marzo del referido año, que mereció el proveído de 4 de igual mes y año; por el que, la nombrada autoridad jurisdiccional estableció que se esté a lo resuelto en el Auto Interlocutorio referido, y a lo que señala el art. 315.II del CPP, en mérito a haber sido rechazado in limine el aludido incidente, acto procesal que fue notificado al impetrante de tutela el 15 de marzo de 2022 (Conclusión II.2.). Con carácter previo a ingresar a considerar el problema jurídico planteado, que en lo principal cuestiona el rechazo in limine de su incidente por actividad procesal defectuosa, inicialmente corresponde aclarar que si bien conforme los antecedentes procesales cursantes en obrados, consta que la parte ahora accionante interpuso el recurso de apelación contra el rechazo del incidente de referencia; sin embargo, no correspondía su activación; dado que, la norma procesal penal limita su impugnación, estableciendo en el art. 315.II del CPP, que las excepciones que sean declaradas manifiestamente improcedentes por carecer de prueba o fundamentos deberán ser rechazadas in límine sin recurso ulterior, por cuanto su activación no resulta un óbice para que esta jurisdicción pueda ingresar al fondo de lo denunciado respecto al Auto Interlocutorio de referencia. Puntualizado dicho aspecto y tomando en consideración el contexto de la denuncia interpuesta corresponde remitirnos al contenido del Auto Interlocutorio confutado, el cual en el: 1) CONSIDERANDO I, contextualizó el fundamento objeto del incidente de nulidad de obrados, precisando que el incidentista sostuvo que no fue notificado con el señalamiento de audiencia de medidas cautelares dispuesto para el 5 de enero de 2021, por el Juzgado de Instrucción Penal mediante decreto de 8 de diciembre de 2020, “que no se le notifico personalmente con el señalamiento de audiencia de control jurisdiccional, que se le hizo de forma directa, cuando debió hacerle de forma personal en su domicilio y de no ser habido conforme señala la normativa desglosada en su incidente recién se activaría el formato de edictos, y que además la Sra. Fiscal no ofreció una prueba relevante para el presente proceso” (sic); 2) CONSIDERANDO II, estableció que en materia de nulidades procesales regían los principios de convalidación y preclusión, refiriendo en lo principal en cuanto al primero que si la parte que se creyere perjudicada omite deducir la nulidad de manera oportuna, en su primera actuación, este hecho reflejaba la convalidación de dicho actuado, proceder que en doctrina se llama convalidación por conformidad o pasividad que se interpreta como aquiescencia frente al acto irregular, respecto al principio de preclusión indicó que, va concatenado con el de convalidación, ya que cuando no se reclama oportunamente en la primera actuación, se cierra esta etapa para reclamar; por tanto, precluye su derecho no pudiendo retrotraerse nuevamente la etapa procesal; 3) CONSIDERANDO III, haciendo referencia a los antecedentes del cuaderno de autos, se tenía que el 7 de diciembre de 2020 la autoridad fiscal presentaba la imputación formal en contra del impetrante de tutela y al desconocerse su domicilio la Jueza de la causa por decreto de 8 de diciembre del citado año, señaló audiencia de control jurisdiccional para el 5 de enero de 2021, que le fue notificado mediante formato de edictos, instalada la audiencia fue declarado rebelde a través de Auto Interlocutorio de la misma fecha, presentándose el 24 de agosto del citado año, acusación fiscal, radicándose la causa en ese Tribunal de Sentencia el 27 de igual mes y año, el 29 noviembre del mismo año, el accionante se apersonó al proceso en la etapa preparatoria de los actos previos para la instalación de la audiencia de juicio oral, señalando que se constituye defensa y solicita fotocopias del cuaderno de autos, posteriormente “a fs. 82” (sic), vuelve a apersonarse e impetra notificación mediante edictos, el 12 de enero de 2022 nuevamente se apersona y señala domicilio real donde estaría viviendo, “a fs. 110” (sic), nuevamente se apersona e interpone recurso de reposición contra un Auto Interlocutorio simple, el cual fue rechazado por decreto de 10 de febrero del citado año, “a fs. 112-114” (sic), vuelve a apersonarse y ofrece prueba de descargo para el desarrollo del juicio oral, habiéndose fijado audiencia de juicio para el 25 de marzo de 2022 a las 8:00, a través de Auto Interlocutorio de 15 de febrero de 2022; concluyendo que cuando el impetrante de tutela se apersonó al proceso en su primera actuación debió haber reclamado oportunamente el defecto relativo a su notificación con el señalamiento de audiencia de control jurisdiccional; sin embargo, desde su primer memorial de 29 de noviembre de 2021, hasta el escrito de su ofrecimiento de prueba de descargo, no efectivizó su reclamo, convalidando el mismo; por tanto, perdió la oportunidad de su reclamo, precluyendo su derecho de incidentar lo que hoy fundamenta, debiendo además considerarse que el art. 314.I tercer párrafo del CPP, señala que: “Los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de diez días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional”, plazo que comenzó a correr desde el 29 de noviembre de 2021, cuando se apersonó al proceso habiendo solicitado fotocopias simples, al margen de señalar que constituía defensa, por lo que al no haber hecho su reclamo en su oportunidad convalidó las actuaciones procesales que reclama; y, 4) Respecto a la existencia de indefensión y que la Fiscal de Materia no hubiera ofrecido prueba referente al proceso, se tenía que el acusado ofreció su prueba de descargo en el proceso, teniendo oportunidad para su presentación por tanto no resultaba evidente el extremo relativo al ofrecimiento de prueba presentada por la autoridad fiscal, ya que dicha autoridad gozaba de autonomía en la relación de sus actos, y si se tomó conocimiento que la parte acusadora no presentó alguna prueba que consideraba el acusado relevante para el proceso, debió ofrecerla. Argumentos en base a los cuales rechazó in limine el incidente planteado por el solicitante de tutela, sin recurso ulterior. Contexto que evidencia que bajo las circunstancias descritas no incumbía el análisis de fondo de la pretensión efectuada por el accionante; razón por la que, fue rechazada in limine, previa explicación razonada y fundamentada de los datos que informaban los antecedentes procesales cursantes en el cuaderno jurisdiccional, ya que si bien resulta evidente que el instituto de los incidentes previstos por el ordenamiento jurídico constituye un mecanismo de defensa al cual pueden acudir las partes solicitando el saneamiento del proceso cuando consideren que durante su tramitación se incurrió en actos u omisiones que constituyen defectos relativos o absolutos que provocaron lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales, el plazo para su presentación no se encontraba al libre albedrío de las partes, pues de acuerdo a la previsión contenida en el art. 314.I del CPP, modificado por la Ley 1173, los incidentes debían ser planteados dentro del plazo de diez días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional, normativa que no restringe etapas procesales, y la cual fue aplicada en concordancia con los principio de convalidación y preclusión, bajo intelectos claros, en torno a los cuales fue sustentado y resuelto el incidente de referencia, al advertirse su manifiesta improcedencia, en cuanto a la oportunidad de su presentación, pues de acuerdo a la verificación cronológica realizada por el Juez demandado, el primer acto procesal fue realizado por el ahora impetrante de tutela el 29 de noviembre de 2021, cuando se apersonó al proceso, el cual en ese momento procesal se encontraba en etapa preparatoria y no obstante haber presentado otros memoriales donde reiteró su apersonamiento, solicitó fotocopias legalizadas, señaló su domicilio real, interpuso recurso de reposición y ofreció prueba de descargo para el desarrollo del juicio oral, en ninguno de los escritos de referencia reclamó el defecto relativo a su notificación con el señalamiento de audiencia de control jurisdiccional, lo que evidencia que la actuación ejercida por el accionante al interponer el aludido incidente se encontraba de manera innegable al margen del plazo establecido por ley. De lo cual se concluye que el Auto Interlocutorio ahora cuestionado, se encuentra debidamente fundamentado, habiendo el Juez demandado resuelto dicho incidente en observancia plena a los límites normativos y dentro de los marcos jurisprudenciales emanados por este Tribunal, exponiendo de manera suficiente y clara las razones determinativas que sustentaron su decisión, correspondiendo por ello, denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 17 de mayo de 2022, cursante de fs. 514 a 518, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0422_2023-S4.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8c3cde8d2a3ec95554f71557632fa6409a714e0c2511e5133e0a7e530d88defe

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