B.IA.LEGAL

SCP 0422/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 15 de mayo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
15 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
47635-2022-96-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela considera lesionados sus derechos y los de sus hijas AA y BB, a la vida, a la seguridad social, a la salud y a la alimentación; toda vez que, el Gobierno Autónomo Departamental de Beni donde presta sus servicios, representado por el hoy accionado, pese a las reiteradas solicitudes que realizó ante las instancias pertinentes, no hizo efectivo el pago de las asignaciones familiares que le corresponden tras el nacimiento de las nombradas, concernientes a tres meses por el subsidio prenatal, dos subsidios de natalidad respecto al nacimiento de cada una de sus hijas, y diez meses del subsidio de lactancia en relación a cada una de ellas, poniendo en grave riesgo su nutrición y formación física; por lo que tuvo que erogar los gastos necesarios a fin de procurar su protección; en consecuencia, la compensación retroactiva debe ser en dinero. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 048/2022 de 11 de mayo, cursante de fs. 50 a 55 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, respecto de los subsidios prenatal en tres asignaciones; de natalidad; y, diez meses del subsidio de lactancia, estos dos últimos subsidios en relación a cada una de las hijas de la accionante, según el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida -modificado por la Resolución Administrativa 076-2019 de 29 de marzo- y el Decreto Supremo 3546 de 1 de mayo de 2018, conforme a los fundamentos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en consideración al tiempo transcurrido, manteniendo invariable el pago en dinero tanto del subsidio prenatal como el de lactancia, en mérito a la concesión de tutela dispuesta por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, con base en los argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4.1 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La excepción del principio de subsidiariedad en el caso de trabajadores progenitores hasta el año de nacido el hijo o hija
  2. III.2. Con relación al Régimen de asignaciones familiares.
  3. III.3. De la posibilidad de compensación y pago con carácter retrasado de las asignaciones familiares por subsidio prenatal y de lactancia en especie y en dinero. Jurisprudencia reiterada
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0422/2023-S3 Sucre, 15 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 47635-2022-96-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 048/2022 de 11 de mayo, cursante de fs. 50 a 55 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yissell Rea Berdecio contra José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 6 de mayo de 2022, cursante de fs. 29 a 33 vta.; la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Siendo dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, quedó embarazada dando a luz posteriormente a dos gemelas el 10 de mayo de 2021, habiendo realizado los trámites correspondientes para el pago de los subsidios prenatal, de natalidad y de lactancia; sin embargo, pasado el tiempo sin que dichos beneficios sociales le sean cancelados, de forma verbal y en reiteradas ocasiones solicitó al Director de Bienestar Social de la mencionada institución su correspondiente pago sin lograr al efecto una respuesta a su solicitud. También acudió a Recursos Humanos (RR.HH.) del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a fin de consultar sobre su respectivo pago; empero, se le informaba que no existía dinero pero que pronto éstos serían cancelados; no obstante, hasta la interposición de la presente acción tutelar, los mismos -no-fueron efectivos, por lo que de forma reiterada y por escrito realizó su solicitud ante el Secretario Departamental de Obras Públicas del citado Gobierno Departamental.

En ese marco, refiere que las asignaciones que le corresponden conciernen a los meses de febrero, marzo y abril de 2021, por el subsidio prenatal con un monto de Bs6 000.- (seis mil bolivianos); el subsidio de natalidad respecto al nacimiento de cada hija haciendo la suma de Bs4 000.- (cuatro mil bolivianos); y, de lactancia de los meses de junio a diciembre de 2021 y de enero a marzo de 2022, también respecto a cada una de sus hijas, con un monto de Bs40 000.- (cuarenta mil bolivianos), ascendiendo el monto total por las asignaciones en la suma de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos), beneficios que no fueron cancelados oportunamente y que por lo tanto, corresponde sean pagados en dinero; toda vez que, su persona erogó los gastos alimenticios propios y de sus dos hijas, cuya espera a fin de su pago puso en grave riesgo la nutrición y formación física de sus niñas, siendo por ello y a objeto de precautelar la vida y salud de sus niñas, que solicita se conceda la tutela impetrada a efectos de que el Gobierno Autónomo Departamental de Beni efectivice los pagos de las mencionadas asignaciones familiares devengadas.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela considera lesionados sus derechos y -se asume- los de sus hijas AA y BB, a la vida, a la seguridad social, a la salud y a la alimentación, citando al efecto los arts. 15.I, 18.I, 35 a 44, 45.I, II, III y V, 48.I, II, III y IV, y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga la cancelación en dinero de las asignaciones familiares retroactivas respecto a tres meses del subsidio prenatal (Bs6 000.-); subsidio de natalidad por cada una de sus hijas gemelas (Bs4 000.-); así como diez meses del subsidio de lactancia igualmente respecto a cada una de sus hijas (Bs40 000.-), haciendo un total de Bs50 000.-.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 11 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 49 y vta., presente la peticionante de tutela asistida por su abogado, y la representante legal de la autoridad accionada, ausente la tercera interesada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante a través de su abogada en audiencia ratificó el planteamiento formulado en su memorial de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la parte accionada

José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a través de sus representantes legales por informe cursante de fs. 46 a 48, manifestó lo siguiente: a) El Gobierno Autónomo Departamental de Beni es una institución pública y por los trámites de rigor, como la modificación presupuestaria, remisión de recursos económicos de parte del Gobierno Central, se solicita que el pago de asignaciones familiares se efectivice en el plazo de veinte días; y, b) El art. 21 del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida -aprobado por Resolución Administrativa (RA) ASSUS 013-2019 y modificado por la RA 076-2019 de 29 de marzo-, establece que los empleadores están prohibidos de otorgar el subsidio de lactancia en dinero. Con base a lo cual solicita se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Nathaly Dávila Antezana, Secretaria Departamental de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, por informe cursante de fs. 68 a 70, manifestó lo siguiente: 1) La accionante es funcionaria de la Secretaría Departamental de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, debiendo hacer notar que la pretensión económica que demanda es desmedida, lo que sin duda afectará el techo presupuestario de la institución pública; 2) En relación al subsidio de natalidad, del formulario de Calificación de Beneficios Sociales del Régimen de Asignaciones Familiares de 20 de mayo de 2021, se establece que este debe pagarse si corresponde, de lo cual se evidencia que el mismo no es un derecho otorgado, sino una sugerencia; asimismo, de la última parte del citado formulario se establece que las asignaciones fueron dispuestas para su pago en especie hasta el 10 de mayo de 2022, de lo que se advierte que no se llegó a calificar ningún beneficio respecto al subsidio prenatal, por lo que no corresponde el pago por dicho subsidio; 3) El seguro social no otorga ni reconoce el pago de nacido vivo, sino solo reconoce una posibilidad, por lo que no se encuentran obligados al pago de dicho beneficio; 4) En relación a la cancelación del subsidio de lactancia, la accionante únicamente reclama el pago por diez meses, sin referirse a los meses restantes, ello en razón a que la accionante conoce que su trámite para la asignación correspondiente se encuentra aprobado; 5) De manera errada la accionante persigue la cancelación de beneficios por el subsidio prenatal, cuando el mismo no fue calificado en el formulario al que se hace referencia por parte del Ente Gestor, pretendiendo utilizar un informe jurídico elaborado dentro del área donde la misma trabaja, sin cumplir con la legalidad observando únicamente sus intereses; 6) El informe antes referido no fue recibido por su autoridad ni tampoco está dirigido con nota de comunicación de aceptación u otro en favor de la accionante, siendo solamente una recomendación, y por lo tanto no es una imposición menos una nota de comunicación, por lo que su autoridad no puede otorgar o reconocer un beneficio que no sea el calificado por el Ente Gestor; y, 7) En función a lo aludido solicita que se conceda la tutela impetrada solamente respecto a los diez meses del subsidio de lactancia de cada una de las menores, por ser la única solicitud que guarda relación con el formulario de Calificaciones de Beneficios Para el Régimen de Asignaciones Familiares de 20 de mayo de 2021, debiendo disponerse su cancelación en especie.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Resolución 048/2022 de 11 de mayo, cursante de fs. 50 a 55 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo el pago en dinero, no así en especie, de tres subsidios prenatal, dos subsidios de natalidad y veinte subsidios de lactancia, por estar autorizados por el Ente Gestor y por encontrarse devengados a la fecha de presentación de la acción de amparo constitucional, sea en el plazo máximo de veinte días hábiles; todo ello bajo los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: i) La accionante ejerce el cargo de Asistente II de la Dirección de Administración y Finanzas dependiente de la Secretaría Departamental de Obras Públicas de Gobierno Autónomo Departamental de Beni, habiendo nacido sus hijas el 10 de mayo de 2021, siendo las mismas beneficiarias de los subsidios familiares autorizados por el Ente Gestor; ii) De la problemática planteada nace la necesidad de precautelar los intereses de las dos menores en cuyo favor se formuló la presente acción tutelar, garantizándoles el acceso a la seguridad social y en general un desarrollo integral traducido en el resguardo de sus vidas emergente del derecho que les asistía de recibir de manera oportuna los subsidios prenatal y de lactancia en especie, así como el subsidio de natalidad en dinero, que fueron reclamados oportunamente y que a la fecha de interposición de la presente acción de defensa se encuentran devengados; y, iii) En el fondo se evidenció que lo reclamado por la accionante no fue negado por la parte accionada, por el contrario su postulación fue reconocida al solicitar un plazo prudencial para su cumplimiento en caso de otorgarse la tutela impetrada; en ese sentido, siendo la Caja de Salud Corporación Regional de Desarrollo (CORDES) la instancia que autorizó la entrega de los subsidios reclamados, corresponde ordenar al Gobierno Autónomo Departamental de Beni proceda al pago de los subsidios prenatal y de lactancia devengados en favor de la accionante y de sus hijas menores en dinero en aplicación y observancia de la jurisprudencia constitucional establecida a partir de la SCP 0894/2018-S3 de 31 de octubre, así como el pago del subsidio de natalidad en la forma que lo estipula la norma que lo regula.

I.3. Trámite en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Al no haber obtenido consenso en Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente a fin de dirimir con su voto el caso en análisis; por lo que, el pronunciamiento de la presente Resolución, se encuentra dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Memorándum S.D.O.P/39/2021 de 4 de enero, mediante el cual la Secretaria Departamental de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, designó a Yissell Rea Berdecio -ahora accionante- en el cargo de Asistente II Encargada de Registro y Entrega de Cheque dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la mencionada Secretaría (fs. 4). II.2. Constan Certificados de Atención Pre-natal emitidos a nombre de la impetrante de tutela y firmado por el Ginecólogo-Obstetra, Trabajadora Social, y el Administrador - Jefe Médico, todos de la Caja de Salud CORDES, correspondientes al séptimo, octavo y noveno mes de embarazo, de 25 de febrero, 20 de abril y 8 de mayo, todos de 2021 (fs. 11 a 13). II.3. Cursan dos Certificados Médicos de Nacido Vivo correspondiente al nacimiento de las lactantes AA y BB, acontecido el 10 de mayo de 2021, en el que se registra como progenitora a la impetrante de tutela (fs. 15 y 17). II.4. Por formulario de Calificación de Beneficios Para el Régimen de Asignaciones Familiares de 20 de mayo de 2021, la Caja de Salud CORDES hizo conocer al Gobierno Autónomo Departamental de Beni las asignaciones familiares otorgadas en beneficio de la lactante AA respecto al subsidio de natalidad y doce asignaciones familiares a pagarse en especie desde el 10 de junio de 2021 hasta el 10 de mayo de 2022 (fs. 14), cursando igual formulario en relación a la lactante BB (fs. 16). II.5. Consta nota presentada el 24 de mayo de 2021, por la cual la accionante solicitó ante el entonces Secretario Departamental de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, el pago en efectivo del subsidio prenatal (fs. 25); solicitud reiterada por notas presentadas el 23 de septiembre y 29 de noviembre, ambos de igual año y 21 de marzo de 2022 (fs. 19, 21 y 23). II.6. Por nota presentada el 24 de mayo de 2021 dirigido al entonces Secretario Departamental de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, la impetrante de tutela solicitó el pago del subsidio de natalidad respecto al nacimiento de sus dos hijas gemelas (fs. 24), petición que fue reiterada por notas presentadas el 23 de septiembre y el 29 de noviembre, ambos de igual año, y el 21 de marzo de 2022 (fs. 18, 20 y 22).

II.7. Cursa nota presentada el 24 de mayo de 2021, por el cual la accionante solicitó ante el Secretario Departamental de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, la cancelación del subsidio de lactancia que fue otorgado por doce meses desde el 10 de junio de 2021 al 10 de mayo de 2022, respecto a cada hija (fs. 24). II.8. Consta Informe Legal - 66/2021 de 31 de agosto, emitido por el Analista V de Asesoría Legal de la Secretaría Departamental de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, respecto a la solicitud de pago por el subsidio prenatal en efectivo realizado por la impetrante de tutela, a través del cual se recomendó dar viabilidad a la solicitud efectuada (fs. 5 a 8). II.9. Cursan Certificados de Nacimiento 1180493 y 1180494 de 17 de septiembre de 2021, por los cuales se certifica el nacimiento de las niñas AA y BB, ocurrido el 10 de mayo de 2021, donde se registra como progenitora a la accionante (fs. 9 y 10).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela considera lesionados sus derechos y los de sus hijas AA y BB, a la vida, a la seguridad social, a la salud y a la alimentación; toda vez que, el Gobierno Autónomo Departamental de Beni donde presta sus servicios, representado por el hoy accionado, pese a las reiteradas solicitudes que realizó ante las instancias pertinentes, no hizo efectivo el pago de las asignaciones familiares que le corresponden tras el nacimiento de las nombradas, concernientes a tres meses por el subsidio prenatal, dos subsidios de natalidad respecto al nacimiento de cada una de sus hijas, y diez meses del subsidio de lactancia en relación a cada una de ellas, poniendo en grave riesgo su nutrición y formación física; por lo que tuvo que erogar los gastos necesarios a fin de procurar su protección; en consecuencia, la compensación retroactiva debe ser en dinero. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La excepción del principio de subsidiariedad en el caso de trabajadores progenitores hasta el año de nacido el hijo o hija

Sobre este tópico procesal de connotación constitucional, inherente a la seguridad social a corto plazo y la excepción al principio de subsidiariedad, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1176/2022-S3 de 15 de septiembre y 1306/2022-S3 de 28 de septiembre, citando a su vez a la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, precisaron que: “Por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiari[e]dad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa” (las negrillas y subrayado son propias del texto original).

III.2. Con relación al Régimen de asignaciones familiares.

Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 1566/2022-S3 de 2 de diciembre, a tiempo de abordar tal temática, emitió el siguiente razonamiento: «La Constitución Política del Estado, prevé el derecho a la seguridad social, estableciendo en su art. 45, lo siguiente: “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales”. Asimismo, el art. 48.I de la Norma Suprema, prevé que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, y el parágrafo IV del referido artículo, establece que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles, entre ellos los subsidios prenatal y de lactancia. Por su parte, el art. 5 inc. a) del Reglamento Específico de Afiliación, Reafiliación y Desafiliación en el Seguro Social de Corto Plazo, aprobado mediante Resolución Administrativa (RA) ASUSS 065-2018 de 20 de noviembre, establece que: “Todos los empleadores deberán registrar y afiliar a sus trabajadores en la entidad gestora respectiva, en el plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles; a partir de la fecha de iniciación de la relación laboral”. El Decreto Supremo (DS) 3546 de 1 de mayo de 2018, que modifica el art. 25 del DS 21637 de 25 de junio de 1987, estableció, que se reconocen las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras: “a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaría, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2 000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; b) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS); c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida”. De igual manera, la SCP 0367/2015-S3 de 10 de abril, siguiendo la línea jurisprudencial asumida en la SCP 0134/2014 de 10 de enero, sostuvo que: “El art. 45.II de la CPE, establece: ‘La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social´; es decir, que el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud y a la seguridad social, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y bienestar común. Así, cabe recordar que la seguridad social, no sólo comprende el acceso a la salud, sino también, cuando se trate de mujeres embarazadas y/o madres o progenitores de niños (a) menores de un año, el derecho a recibir las prestaciones que por derecho les corresponde. Al respecto la SCP 1906/2012 de 12 de octubre, citó el contenido de la SC 1532/2011-R de 11 de octubre, reiterando el pronunciamiento de esta jurisdicción, indicó: ‘Respecto al régimen de asignaciones familiares en contingencia de maternidad, la SC 0030/2002 de 2 de abril, precisó lo que sigue: ‘…el sistema de Seguridad Social, es reformado estructuralmente por Ley 924 de 15 de abril de 1987, que regula la administración de los regímenes del Sistema de Seguridad Social y establece en su art. 4 que el Poder Ejecutivo reglamentará y regulará su ejecución. Así se pronunció el DS 21637 de 25 de junio de 1987, que en su art. 25, reconoce las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que (serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado), que -entre otras- son: a) El Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses; b) El Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo un pago mínimo nacional; y, c) el Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida’. Se concluye, que siendo la seguridad social un derecho fundamental y por mandato constitucional, se garantiza su efectivo cumplimiento a través de los instrumentos legales referidos en la citada Sentencia Constitucional, corresponde al empleador, del sector público o privado, cumplir con la prestación de las asignaciones familiares correspondientes; consistentes en subsidios, prenatal, de natalidad y de lactancia, relativas a la maternidad hasta que el niño cumpla un año de edad y demás derechos laborales. Esto se justifica, en la prioridad de resguardar el derecho a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados -art. 60 de la CPE-. En ese sentido, el deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por el empleador, permitirá la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud. Lo contrario, implicaría vulnerar el contenido esencial de ambos derechos, sea destruyendo o debilitándolos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas y como se dijo son de cumplimiento obligatorio para el empleador, dada la finalidad de los mismos…”» (las negrillas corresponden al texto original). Por su parte, el art. 2.I del Decreto Supremo (DS) 4167 de 27 de febrero de 2020, que modifica el inc. c) del art. 25 del DS 21637 de 25 de junio de 1987, que a su vez fue modificado por el Artículo Único del DS 3546 de 1 de mayo de 2018, en cuanto al subsidio de lactancia, establece lo siguiente: “…en la entrega de productos que cubran los requerimientos nutricionales y productos para la protección e higiene de la madre y el lactante, equivalentes a Bs2.000.-(DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce (12) meses de vida”» (el resaltado nos pertenece).

III.3. De la posibilidad de compensación y pago con carácter retrasado de las asignaciones familiares por subsidio prenatal y de lactancia en especie y en dinero. Jurisprudencia reiterada

En cuanto al tópico propuesto, la Sentencia Constitucional Plurinacional a la que se hace referencia, desarrolló el siguiente criterio: “De acuerdo a lo previsto por el art. 28 del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, aprobado por la Resolución ASUSS 013-2019 de 1 de enero, modificado en parte por RA 076-2019 de 29 de marzo, se podrá efectuar el pago retrasado del subsidio prenatal y de lactancia en los siguientes casos: ‘a) En caso de que el empleador hubiese incumplido la otorgación de los subsidios prenatal y de lactancia de manera oportuna, la compensación del subsidio en especie o en dinero se realizará con carácter retrasado a los meses correspondientes, actualizando el valor del mismo al subsidio vigente. Asimismo, el SEDEM independientemente de la fecha de pago de los subsidios por parte del empleador, queda facultado a realizar la entrega de los paquetes; el SEDEM, remitirá de manera mensual ante la ASUSS un informe de los pagos retrasados por los empleadores. b) La ASUSS queda facultada para determinar las sanciones que correspondan por el retraso en el pago de subsidios’. Así, el art. 19 del supra mencionado Reglamento, establece la posibilidad de la entrega excepcional del SUBSIDIO PRENATAL en dinero, debiendo el empleador a ese efecto realizar el trámite de autorización de pago ante la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), quien emitirá una Resolución Administrativa expresa, por beneficiaria (o), previo el cumplimiento de los siguientes requisitos y del procedimiento establecido: a) NIT de la empresa;

b) FUNDEMPRESA actualizado;

c) ROE emitido por el Ministerio de Trabajo;

d) Copia Legalizada de Afiliación a Ente Gestor;

e) Nota fundamentada sobre razones para el pago excepcional en dinero; y, f) Fotocopia de la Nota de Cargo girada por la ASUSS, ante la falta del cumplimiento a la obligación del pago de subsidio prenatal en especie. Así, respecto al trámite a desarrollarse para el pago con carácter retrasado del subsidio prenatal, el referido precepto normativo, a partir de su parágrafo II., señala que: ‘Una vez iniciado el trámite tendrá una duración de 15 días hábiles, si la solicitud fuese observada el empleador podrá subsanar las observaciones en un lapso de 2 días hábiles posteriores al recojo de su solicitud ante oficinas de la ASUSS. III. Si el trámite fuese denegado, el empleador podrá presentar por única y última vez el trámite de autorización excepcional de pago de subsidio prenatal en dinero, fundamentando con nuevos argumentos su solicitud. Si la solicitud fuese aceptada, la ASSUS remitirá los antecedentes y la Resolución de Autorización Excepcional de Pago de Subsidio prenatal en dinero ante el solicitante.

IV. El EMPLEADOR será el encargado del pago del subsidio prenatal en dinero mediante depósito bancario a la beneficiaria del subsidio.

V. El recojo del subsidio prenatal en dinero, será realizado de forma personal o apoderado legalmente acreditado por la beneficiaria’.

En ese marco legal, se establece que, conforme la normativa aplicable a las asignaciones familiares se encuentra contemplada la posibilidad de que el subsidio prenatal sea efectivizado en dinero, situación que se halla condicionada al cumplimiento de los señalados requisitos y al trámite determinado en el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida. En tal sentido, teniéndose en cuenta que el subsidio prenatal consiste en la entrega de una asignación mensual a la madre asegurada o beneficiaria de productos alimenticios inocuos, no transgénicos con alto valor nutritivo de origen nacional, acorde a las necesidades de la misma en su estado de gravidez (equivalente al pago de Bs2 000.-), tendientes a garantizar un desarrollo integral del nuevo ser que se encuentra en gestación, así como la provisión de los recursos y alimentos necesarios a la madre gestante, debe considerarse que el incumplimiento del pago oportuno del mismo por parte del empleador, involucra la afectación de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, y a la alimentación, que repercute en la vida digna de la madre y de la niña o niño que está por nacer, por lo que en caso de ser necesaria la compensación y pago con carácter retrasado de dicho beneficio; es decir, posterior al nacimiento del ser que se encontraba en gestación, y existiendo el requerimiento de la parte accionante del pago del mismo en dinero, se comprenderá que su otorgación en especie mediante los productos alimenticios necesarios en la etapa de embarazo de la madre beneficiaria, resulta inoportuna e ineficaz, dado que ya no cumple con la finalidad a la que estaba destinada. A tal efecto, también deberá considerarse: a) Que el reclamo realizado por la beneficiaria (o) en cuanto al pago de subsidio prenatal debe efectuarse de forma oportuna y no con excesiva posterioridad, aspecto que se justifica precisamente en el propósito de la entrega de dicho beneficio, cual es la contribución al desarrollo integral del ser en etapa de gestación; y, b) El cumplimiento de las correspondientes obligaciones que adquieren los beneficiarios, entre ellas la debida afiliación y la asistencia mensual de la madre gestante ante el Ente Gestor para su respectivo control prenatal. Asimismo, en cuanto al pago del SUBSIDIO DE LACTANCIA considerándose que el mismo se constituye en la entrega de productos alimenticios inocuos no transgénicos, con alto valor nutritivo por cada hija o hijo desde el primer día del nacimiento hasta el cumplimiento del primer año de edad (equivalente a Bs2 000.-); ante el incumplimiento oportuno por parte del empleador y debiendo procederse a la compensación y pago con carácter retrasado; vale decir, posterior al cumplimiento del primer año de edad del menor beneficiario, se debe tener en cuenta que de acuerdo al Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, se establece como prohibiciones: Art. 21.- ‘(PROHIBICIONES DE LOS EMPLEADORES). Los empleadores están prohibidos de: a) Otorgar el subsidio de lactancia en dinero’. Art. 22.- ‘(PROHIBICIONES DE LAS BENEFICIARIAS). Los beneficiarios están prohibidos de: a) Recibir el subsidio de lactancia en dinero’. En consecuencia, respecto al subsidio de lactancia conforme a la norma vigente se dispone de manera expresa un impedimento para procederse de forma monetaria; por lo que, no resulta atendible su materialización en dinero” (lo resaltado nos corresponde).

III.4. Análisis del caso concreto

La problemática traída en revisión centra su análisis en la denuncia de la falta de pago de los subsidios prenatal, natalidad y de lactancia que a criterio de la accionante le correspondería en atención a la relación laboral existente con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni donde presta sus funciones, solicitando el pago retroactivo en dinero de tres meses del subsidio prenatal, dos subsidios de natalidad en relación al nacimiento de sus dos hijas, y diez meses del subsidio de lactancia respecto a cada una de ellas. Previamente, a ingresar al análisis de la problemática planteada, resulta necesario referirse al cumplimiento del principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, debiendo precisar que conforme a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, si bien la acción de amparo constitucional tiene una naturaleza esencialmente subsidiaria, por cuanto se activa únicamente ante la inexistencia de otras vías previstas por la ley; sin embargo, tomando en cuenta la naturaleza de los derechos que se tutelan es posible hacer abstracción de dicho principio, por lo que en virtud a la protección especial de la que gozan tanto la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, así como el ser en gestación o nacido hasta un año de edad no opera tal requisito, al tratarse del régimen de asignaciones familiares, dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida, a la salud y alimentación tanto de la madre/progenitor como fundamentalmente del nuevo ser, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, correspondiendo aperturar de manera excepcional el ámbito de protección de la jurisdicción constitucional. Realizada tal precisión, corresponde ingresar al análisis de fondo del problema jurídico planteado, para lo cual se hace necesario puntualizar, conforme se advierte de los antecedentes del caso, que la accionante mediante Memorándum S.D.O.P/39/2021 de 4 de enero, fue designada por la entonces Secretaria Departamental de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, como Asistente II Encargada de Registro y Entrega de Cheque dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la mencionada Secretaría (Conclusión II.1). Asimismo, constan Certificados de Atención Pre-natal, emitidos a nombre de la impetrante de tutela por parte de la Caja de Salud CORDES, correspondientes al séptimo, octavo y noveno mes de embarazo, como también dos Certificados Médicos de Nacido Vivo correspondiente al nacimiento de las lactantes AA y BB, acontecido el 10 de mayo de 2021, en el que se registra como progenitora a la accionante, aspecto igualmente corroborado a partir de los Certificados de Nacimiento emitidos el 17 de septiembre de 2021 (Conclusiones II.2, II.3 y II.9). Por otra parte, también cursan formularios de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares de 20 de mayo de 2021, por los cuales se advierte los subsidios otorgados en beneficio de las niñas AA y BB, hijas gemelas de la accionante, respecto al subsidio de natalidad y doce asignaciones familiares a pagarse en especie desde el 10 de junio de 2021 hasta el 10 de mayo de 2022 (Conclusión II.4). En ese marco, se advierten las notas presentadas el 24 de mayo de 2021, por parte de la accionante ante la Secretaría Departamental de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, por las cuales solicitó el pago efectivo del subsidio prenatal, de natalidad, así como el inicio del pago del subsidio de lactancia; todo ello, en relación al nacimiento de sus dos hijas gemelas; notas reiteradas el 23 de septiembre y 29 de noviembre, ambas de igual año, y el 21 de marzo de 2022 (Conclusiones II.5, II.6 y II.7). También consta Informe Legal 66/2021 de 31 de agosto, emitido por el Analista V de Asesoría Legal de la Secretaría Departamental de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, respecto a la solicitud de pago en efectivo por el subsidio prenatal realizado por la accionante, a través del cual se recomendó dar viabilidad a la petición efectuada (Conclusión II.8).

Tomando en cuenta el análisis a efectuar en el caso concreto, se hace necesario considerar los entendimientos jurisprudenciales sentados en torno al régimen de las asignaciones familiares y que fueron plasmados en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, quedando claramente establecido que la parte empleadora del sector público o privado tiene el deber de acatar de forma estricta la provisión de las asignaciones familiares, permitiendo de este modo la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido estrechamente vinculado a los derechos a la vida, salud y alimentación de los mismos. En ese marco fáctico y jurisprudencial corresponde referirnos a cada una de las asignaciones familiares solicitadas. Sobre el subsidio prenatal Al respecto, y a fin establecer lo que debe entenderse por el subsidio prenatal, corresponde remitirnos a lo dispuesto en el art. 4 inc. d) del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida modificado por la RA 076-2019, normativa que al respecto establece que este subsidio consiste “…en la entrega a la madre gestante, de una asignación mensual de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional acorde a las necesidades de la gestante, excepcionalmente en dinero; equivalente al pago de Bs. 2 000.- (Dos Mil 00/100 bolivianos) acorde a la normativa vigente, a partir del primer día del quinto mes de gestación, feneciendo al nacimiento del niño y/o niña”. En el caso en cuestión, la accionante reclama la falta de pago oportuno de los últimos tres meses del subsidio prenatal, adjuntando al efecto conforme fue puntualizado de los antecedentes, tres Certificados de Atención Pre-natal, emitidos a nombre de la prenombrada por parte del Ente Gestor correspondientes al séptimo, octavo y noveno mes de gestación, de lo que se advierte que la misma se encontraba perfectamente habilitada para recibir el subsidio prenatal a partir de ese periodo; sin embargo, pese a las reiteradas solicitudes efectuadas por la accionante e incluso la emisión del Informe Legal-66/2021 evacuado por el Analista V de Asesoría Legal de la Secretaría Departamental de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, que recomendó dar viabilidad a la solicitud efectuada (Conclusiones II.5 y II.8), la parte accionada no efectivizó dicha entrega, no habiendo manifestado argumento en contrario y menos aún acreditado su efectivo pago, limitándose únicamente a solicitar que se le otorguen veinte días hábiles para proceder al pago respectivo, lo que no significa más que reconocer los derechos que asisten a la accionante, verificándose de otro lado que lo aludido por la tercera interesada en relación a la falta de certificación y acreditación por parte del Ente Gestor en cuanto a la correspondencia de este subsidio, no resulta evidente, pues como sostiene la accionante presentó las Certificaciones pertinentes emitidas por la Caja de Salud CORDES a efectos del pago respectivo. En ese sentido, verificándose que la institución accionada no cumplió con la entrega efectiva del mencionado subsidio, se evidencia que en efecto la accionante se vio privada de este beneficio vulnerándose de esta manera su derecho y el de sus hijas a la seguridad social, el cual conforme lo sostiene la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico citado previamente, se encuentran estrechamente vinculado a la vida, a la alimentación y a la salud, los cuales se vieron afectados por la falta de provisión oportuna del mencionado subsidio que está destinado a garantizar un desarrollo integral del nuevo ser en gestación, así como la provisión de los recursos y alimentos necesarios a la madre gestante, por lo que respecto a los mencionados, corresponde conceder la tutela solicitada. Ahora bien, teniendo en cuenta la solicitud de la accionante respecto a que dicho subsidió sea pagado en dinero, debe tomarse en cuenta tal cual se encuentra desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que de conformidad al art. 19 del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, si bien el pago retroactivo en dinero del subsidio prenatal es posible, su procedencia está dispuesta de forma excepcional correspondiendo para el efecto desarrollarse un trámite específico que concluya con una Resolución expresa emitida por la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), que luego de la verificación en el cumplimiento de los requisitos necesarios y el procedimiento dispuesto puede dar lugar a su pago; en ese sentido, y evidenciándose en el caso la falta de pago de este subsidio por la suma de Bs6 000.-, corresponde que este sea efectivizado en el marco de la normativa legal vigente, a cuyo efecto debe desarrollarse previamente el trámite de autorización respectivo ante la ASUSS que, acorde a sus competencias, emitirá una Resolución Administrativa expresa.

Sobre el subsidio de natalidad En cuanto al subsidio de natalidad, el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida -vigente al nacimiento de las menores-en su art. 4 inc. f), establece que el mismo consiste en “…la otorgación a los beneficiarios (as), de una cancelación única en dinero, equivalente a Bs. 2 000.- (Dos Mil 00/100 bolivianos), acorde a normativa vigente, por el nacimiento de cada hijo (a). Para recibir este beneficio, el progenitor deberá presentar el Certificado de Nacimiento del recién nacido vivo al Ente Gestor, al que se encuentra asegurado, para su autorización garantizando el derecho al subsidio de natalidad”. En el caso en cuestión, la peticionante de tutela como madre gestante reclama el impago del referido subsidio por parte de su empleador, adjuntando al efecto no solamente los dos formularios en relación a cada menor respecto a la Calificación de Beneficios Para el Régimen de Asignaciones Familiares de 20 de mayo de 2021, emitida por la Caja de Salud CORDES en la que expresamente se determina la cancelación del subsidio de natalidad equivalente al pago en efectivo y por única vez de Bs2 000.- (dos mil bolivianos) en cumplimiento del DS 21637 modificado por el DS 3546, sino también la Certificación Médica de Nacido Vivo de cada una de las hijas de la impetrante de tutela, así como los Certificados de Nacimiento de cada menor, lo que evidentemente demuestra el nacimiento de las dos hijas gemelas de la prenombrada acontecido el 10 de mayo de 2021, con lo que se acredita que en el caso de la peticionante de tutela en observancia de la normativa a la que precisamente se refiere el formulario de Calificación, efectivamente corresponde el pago, dada -se reitera- la efectiva demostración de que las hijas de la prenombrada nacieron con vida la fecha indicada, en función a lo cual el argumento vertido por la tercera interesada a través de su informe escrito en sentido de que no se estaría en la obligación de hacer efectivo dicho pago; toda vez que, su establecimiento a partir de lo referido en el formulario de Calificación solo se constituiría en una sugerencia y no un derecho otorgado, es un argumento ilógico, carente totalmente de sentido jurídico y que desconoce flagrantemente los derechos que le asiste no solo a la impetrante de tutela como progenitora, sino principalmente de las menores recién nacidas. En ese marco, considerando que es deber del empleador acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares las cuales permiten la materialización del derecho a la seguridad social no solo de la madre sino también del recién nacido, que a su vez permite efectivizar la protección del derecho a la alimentación, a la salud y a la vida de los antes nombrados, se tiene que en el presente caso, habiéndose verificado que en efecto el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, hasta la interposición de la presente acción tutelar no efectuó el pago por el subsidio al que se hace referencia pese incluso a las reiteradas solicitudes efectuadas por la peticionante de tutela mediante las notas presentadas el 24 de mayo, 23 de septiembre y 29 de noviembre, todos de 2021, y 21 de marzo de 2022, conforme se advierte de la Conclusión II.6 de este fallo constitucional, se establece que en efecto se vulneró el contenido esencial de dichos derechos, correspondiendo en ese marco conceder la tutela impetrada, disponiendo que el citado Gobierno Autónomo Departamental efectivice el pago del subsidio de natalidad, cancelando a la impetrante de tutela la suma total de Bs4 000.- por este concepto, en consideración al nacimiento de sus dos hijas gemelas. Sobre el subsidio de lactancia Al respecto, y considerando que de acuerdo al art. 4 inc. e) del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, modificado mediante la RA 076-2019 y vigente a tiempo de la calificación de las asignaciones familiares en relación al subsidio de lactancia suscitado el 20 de mayo de 2021 (Conclusión II.4), el subsidio de lactancia consiste “…en la entrega a la madre, de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional, equivalente al pago de Bs. 2 000.- (Dos Mil 00/100 bolivianos) acorde a normativa vigente, por cada hijo (a) vivo, desde el primer día del nacimiento hasta el cumplimiento del primer año de edad”.

En el caso de autos la peticionante de tutela alega que la parte empleadora no hizo la entrega oportuna correspondiente a los diez meses por este subsidio y en ese sentido reclama su compensación retroactiva en dinero. De los antecedentes cursantes en el expediente se tiene los formularios de Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares de 20 de mayo de 2021, en relación a cada una de las hijas de la accionante, en los que se advierte la calificación de doce asignaciones familiares equivalentes a Bs2 000.- a pagarse en especie desde el 10 de junio de 2021 hasta el 10 de mayo de 2022 (Conclusión II.4), asimismo cursa la solicitud efectuada por la impetrante de tutela el 24 de mayo de 2021, a través de la cual pidió se dé inicio al pago por dicho subsidio (Conclusión II.7), sin que al respecto conste respuesta alguna o se acredite su pago efectivo. En ese marco, cabe referir que a partir de la intervención de la parte accionada, la misma no manifiesta argumento alguno en sentido de contradecir o negar las postulaciones efectuadas por la impetrante de tutela, limitándose solamente a referir normativa acerca de la prohibición respecto al pago en dinero por dicha asignación familiar, y solicitar la extensión de veinte días hábiles para efectivizar el pago, lo que en todo caso se traduce en un reconocimiento de la falta de pago por este concepto; por lo que, en ese mérito, verificándose que la parte accionada no cumplió con el pago efectivo y oportuno del subsidio de lactancia en el número de meses que refiere la peticionante de tutela en relación a cada una de las niñas, lo que hace un total de Bs40 000.-; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada en lo que respecta a los derechos a la seguridad social y su vinculación con los derechos a la vida, a la salud y a la alimentación. Por otro lado, en lo referente a la modalidad de pago de la prestación familiar reclamada; se considera que la pretensión de la accionante orientada al pago del subsidio de lactancia en dinero, no resulta admisible; dado que, la normativa legal vigente aplicable al caso, glosada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional referente al Reglamento modificado mediante la RA 076-2019 -toda vez que, la calificación de beneficios para las asignaciones familiares en relación al subsidio de lactancia se suscitó el 20 de mayo de 2021 (es decir, antes de la promulgación del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares aprobado mediante la RA ASUSS 0101/2021 de 31 de diciembre)-, únicamente admite esa posibilidad y de manera excepcional respecto a la entrega del subsidio prenatal, en cuyo caso, debe efectuarse el trámite de autorización respectivo ante la ASUSS, entidad que acorde a sus competencias, emitirá una Resolución Administrativa expresa.

En el caso, del subsidio de lactancia, la normativa de referencia prohíbe su pago en dinero, misma que se funda en la específica finalidad que persigue su otorgación, como es otorgar los requerimientos nutricionales a la madre y al lactante a través de productos para su protección e higiene, resguardando de ese modo el derecho a la vida y a la salud tanto del recién nacido como de la madre, derechos que constituyen la piedra angular del derecho a la seguridad social, comprendiéndose así la exigencia legal de que el mismo sea otorgado en especie; pues su pago en dinero sin que existan mecanismos de control no cumpliría con lo pretendido por el Estado. En este contexto, también debe considerarse lo establecido por el art. 60 de la Norma Suprema y que se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales; por consiguiente, en ese punto, no podría disponerse conforme pretende la peticionante de tutela su pago en dinero.

III.4.1. Dimensionamiento de los efectos

Resuelto como se encuentra el problema jurídico planteado, corresponde a este Tribunal hacer referencia al alcance de la concesión de tutela inicialmente otorgada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, que provocó efectos jurídicos con relación a la modalidad de pago de las asignaciones familiares devengadas, en el entendido de que su resolución es de ejecución y cumplimiento inmediato -art. 40.I del Código Procesal Constitucional (CPCo)-; en tal sentido, corresponde traer a colación lo establecido en la SC 0595/2010-R de 12 de julio, respecto al dimensionamiento de los efectos de la Sentencia determinando, que: “…no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional toma determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica” (las negrillas son añadidas). De modo que, los efectos del presente fallo constitucional deben ser dimensionados; en tal sentido, con base en los principios de previsibilidad y seguridad jurídica, se dispone que si como consecuencia de la decisión asumida mediante la Resolución 048/2022 de 11 de mayo, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -que ordenó se proceda en el plazo de veinte días hábiles de su notificación al pago en dinero y de forma retroactiva de tres meses del subsidio prenatal, dos asignaciones del subsidio de natalidad y veinte meses de lactancia, en favor de la impetrante de tutela-, ya se hubiese procedido al pago de estas asignaciones familiares, dichos efectos quedan válidos y subsistentes; en razón a que retrotraer o modificar esta inicial determinación, agravaría la consecución de la finalidad que persigue este beneficio orientado a precautelar el bienestar de las menores de edad. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, con distinto alcance y fundamentación, asumió parcialmente la decisión correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 048/2022 de 11 de mayo, cursante de fs. 50 a 55 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, respecto de los subsidios prenatal en tres asignaciones; de natalidad; y, diez meses del subsidio de lactancia, estos dos últimos subsidios en relación a cada una de las hijas de la accionante, según el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida -modificado por la Resolución Administrativa 076-2019 de 29 de marzo- y el Decreto Supremo 3546 de 1 de mayo de 2018, conforme a los fundamentos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en consideración al tiempo transcurrido, manteniendo invariable el pago en dinero tanto del subsidio prenatal como el de lactancia, en mérito a la concesión de tutela dispuesta por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, con base en los argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4.1 de este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Al no hallar consenso en Sala, dirime el caso el Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, siendo de voto disidente el Magistrado, Dr. Petronilo Flores Condori.

Fdo. Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0422_2023-S3.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): 911efb64528021101722a25ada8975250ef698614dc2915dfaaf19ad2560c5ef

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