Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de abril de 2026
Deniega la tutela
El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación, a la petición; y, “ la supresión de documentos”; toda vez que, dentro del proceso penal iniciado en contra de Luis Gualberto Fernández Ramos -exJuez -, Mariela Gutiérrez Mallea -Secretaria- y Mabel Condori Calle -Auxiliar- del Juzgado Disciplinario Segundo de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes; el Fiscal Departamental de La Paz, emitió la Resolución 1633/2019 de 15 de octubre, con una evidente incongruencia omisiva, al no haber realizado una compulsa integral de los hechos ni valorar las pruebas presentadas por el accionante, limitando su pronunciamiento de revocación de la Resolución de Rechazo 210/2019, emitido por el Fiscal de Materia, a tan uno solo de los denunciados -Luis Gualberto Fernández Ramos- y omitiendo la situación jurídica de las demás sindicadas, a pesar de haberse presentado la suficientes pruebas que demuestran la comisión del precitado delito; finalmente, dicha autoridad, mediante requerimiento de 29 de marzo de 2020, lesionó el derecho a la petición y la tutela judicial efectiva al rechazar la solicitud de enmienda de forma arbitraria; aparte de ello denunció que Juan Onofre Mamani Cordero, Auditor Jurídico del Consejo de la Magistratura, de rehusarse a cumplir el requerimiento del Fiscal de Materia, de manera injustificada para la realización de una auditoria jurídica del proceso disciplinario tramitado en su contra, vulnerando su derech…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 023/2022 de 01 de febrero de 2022, cursante de fs. 273 a 279, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0421/2026-S3 Sucre, 10 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 45860-2022-92-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 023/2022 de 1 de febrero, cursante de fs. 273 a 279 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Luis Quiroga Flores contra William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz; y, Juan Onofre Mamani Cordero, Auditor Jurídico del Consejo de la Magistratura del Distrito Judicial de La Paz.
Por memoriales presentados el 25 de noviembre de 2021 y 5 enero de 2022, cursantes a fs. 1, 48 a 78; y, 82 a 98 vta., respectivamente, el accionante señaló que:
Dentro del proceso penal seguido contra Luis Gualberto Fernández Ramos, Mariela Gutiérrez Mallea y Mabel Condori Calle, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, previsto por el art. 154 del Código Penal (CP), el Fiscal de Materia emitió la Resolución de Rechazo 210/2019 de 3 de junio, basando dicha determinación en el art. 304.3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque la investigación no aportó suficientes elementos para fundar la acusación; por lo que, contra dicha determinación, el accionante interpuso memorial de objeción, el 14 de junio de 2019, exigiendo que el Fiscal Departamental revoqué el rechazo determinado por el Fiscal de Materia, por no haberse efectuado una adecuada compulsa de los antecedentes, conforme a la denuncia ni valorado la evidencia obtenida, específicamente el Reglamento de Procesos Disciplinarios y las declaraciones informativas de los imputados.
En la tramitación de la referida objeción interpuesta de su parte, denunció que el Fiscal Departamental, William Eduard Alave Laura, vulneró de manera deliberada y dolosa el art. 305 del CPP al rehusar, inicialmente, conocer el referido recurso, ello bajo el argumento de que el Fiscal de Materia debía mantener actualizado el registro en el sistema informático; situación que generó que los antecedentes fueran devueltos y remitidos en tres oportunidades distintas, entre los meses de julio y octubre de 2019, entre otros actos dilatorios derivando en que el Fiscal Departamental demandado, emitiera la Resolución 1633/2019 el 15 de octubre, por la cual revocó la resolución de rechazo, después de cuatro meses desde su recepción, cuando la norma otorga el plazo fatal de diez días para emitir la correspondiente resolución jerárquica; lo más curioso es que dicha resolución, se le notificó a su persona el 27 de mayo de 2020, es decir, después de más de siete meses de emitida la misma.
Refiere que el 28 de enero de 2020, solicitó la enmienda de la citada resolución jerárquica, debido a que en su contenido no se pronunció respecto a todas las personas sindicadas, limitándose únicamente al Juez Disciplinario Segundo de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura -Luis Gualberto Fernández Ramos-, lo que configuraría una incongruencia omisiva por parte del Fiscal Departamental de La Paz, ya que los elementos presentados claramente demostraban la comisión del delito de incumplimiento de deberes por parte de la Secretaria del Juzgado Disciplinario Segundo de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura -Mariela Gutiérrez Mallea-, como de la Auxiliar notificadora del referido juzgado, al no haber actuado dichas funcionarias, conforme a sus obligaciones dentro del trámite del proceso disciplinario iniciado en su contra, al haber arrimado de manera irregular y extemporánea memoriales y realizado notificaciones irregulares.
Sin embargo, mediante requerimiento de 29 de marzo de igual año, dicha autoridad rechazó su solicitud con el argumento de que debía estarse al resultado del recurso jerárquico ya fundamentado, invocando además la SCP 0818/2013 de 17 de junio, para afirmar que dicha autoridad no tendría facultades para pronunciarse sobre solicitudes de complementación y enmienda al ser estas de carácter estrictamente jurisdiccional.
Asimismo, dirigió esta acción tutelar contra Juan Onofre Mamani Cordero, Auditor Jurídico del Consejo de la Magistratura, que rehusó deliberadamente cumplir el requerimiento fiscal para la realización de una auditoria jurídica, al emitir un informe de rechazo de 7 de mayo de 2021, respecto del proceso disciplinario por faltas graves que sigue Eugenio Huanca Laura en contra del impetrante de tutela, argumentando que dentro de los procesos disciplinarios existe una potestad autónoma de conocer y sancionar faltas disciplinarias, por lo que no correspondería que sean objeto de una auditoría jurídica, desconociendo lo establecido en el art. 184 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
Ello implica que el referido Auditor Jurídico del Consejo de la Magistratura, no obstante, de la advertencia del Fiscal de Materia Alejandro Gamboa Mendoza para la realización de auditoría jurídica, al emitir una negativa injustificada de prestar cooperación judicial directa, en su condición de perito reconoció las prerrogativas, fueros, privilegios e inmunidades que benefician al exjuez disciplinario y las funcionarias de apoyo jurisdiccional denunciadas penalmente de su parte; lo que implica una desobediencia directa de lo establecido por los arts. 136 -cooperación interna- y 218 -informes- del CPP, que establecen la obligación que tienen tanto las autoridades judiciales como administrativas de prestar informes y de cooperar ante los requerimientos del Ministerio Público dentro de la tramitación de un proceso penal.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación; a la petición; y, “la supresión de documentos”, citando al efecto los arts. 13. I, 14. I, II, III, IV y V; 115.II, 119.II, 180.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) La nulidad de la Resolución 1633/2019, emitida por el Fiscal Departamental del Distrito Judicial de La Paz de 15 de octubre de 2019, que revoca la Resolución de Rechazo 210/2019 de 3 de junio, emitida por el Fiscal de Materia Samuel Lima Carvajal, disponiendo la emisión de la imputación formal en contra de los hoy terceros interesados; b) Se conmine al Fiscal Departamental a instruir al Fiscal de Materia Gustavo Reynaldo Balderrama Tola, emita requerimiento fiscal al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, para que disponga la reposición de actuaciones y literales que han sido sustraídas del Ministerio Público; y, c) En cuanto a Juan Onofre Mamani Cordero -Auditor Jurídico del Consejo de la Magistratura-, pide se conceda la tutela y se disponga cumplir con el requerimiento fiscal de 22 de abril emitido por el Fiscal de Materia Alejandro Gamboa Mendoza y elaborar el correspondiente informe y auditoria legal.
Celebrada la audiencia pública el 1 de febrero de 2022, según consta en acta cursante de fs. 266 a 272, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: 1) El proceso penal se mantuvo paralizado por un periodo superior a los tres años y un mes, lo cual excedió el plazo máximo de ochenta días, previsto en el Código de Procedimiento Penal para la etapa de investigación preliminar; 2) Diversos Fiscales de Materia, omitieron comunicar de manera completa el inicio de las investigaciones, por los delitos de prevaricato y retardación de justicia contra Luis Gualberto Fernández Ramos, situación que se regularizó recién el 7 de abril de 2021; 3) El Fiscal Departamental, emitió la Resolución 1633/2019 de 15 de octubre, que revocó la Resolución Rechazo 210/2019 de 3 de junio, pero incurrió en una contradicción al reconocer indicios de responsabilidad por incumplimiento de deberes y, simultáneamente, disponer una auditoría jurídica en lugar de la imputación formal; 4) La referida Resolución Jerárquica pretendió supeditar el proceso penal a los resultados de una auditoría administrativa, a pesar de que la normativa y la jurisprudencia establecen la independencia de la investigación penal frente a cualquier proceso administrativo previo; y, 5) El auditor Juan Onofre Mamani Cordero, rechazó cumplir con el requerimiento fiscal de 22 de abril de 2021, para realizar la auditoría jurídica del proceso disciplinario, desobedeciendo la obligación legal de cooperar con el Ministerio Público.
William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, a través de informe escrito presentado el 27 enero de 2022, cursante de fs. 257 a 259 vta., señaló que: i) La acción de amparo constitucional fue interpuesta fuera del término de seis meses, incumpliendo así el principio de inmediatez, correspondiendo en consecuencia su improcedencia; además se precisó que, tras la notificación personal de la Resolución Jerárquica el 27 de enero de 2020 y la respuesta a la complementación el 11 de febrero de 2020, el accionante presentó su recurso recién el 26 de noviembre de 2021, es decir, después de más de un año y medio de haber conocido el presunto acto ilegal; ii) Existieron actos consentidos que configuraron una causal de improcedencia, toda vez que el interesado realizó peticiones que denotaron la aceptación voluntaria de la resolución impugnada; se detalló que, con posterioridad al fallo fiscal, el accionante presentó memoriales solicitando la ampliación de la denuncia, la citación de sindicados y el cumplimiento de la misma Resolución 1633/2019 que ahora se cuestiona; iii) La resolución fiscal, fue emitida en cumplimiento de las facultades legales, al advertirse indicios de dilación y falta de valoración probatoria en el proceso disciplinario previo; se argumentó que, al disponer la revocatoria de la Resolución de rechazo de denuncia, la fiscalía buscó la continuación de la investigación para esclarecer los hechos, cumpliendo con las exigencias de congruencia entre lo pedido y lo resuelto; y, iv) La pretensión del accionante resultó contradictoria e incompatible, ya que calificó como agravio la realización de una auditoría jurídica sugerida por el Ministerio Público, pero al mismo tiempo solicitó al Tribunal de garantías, que se conmine a un auditor para elaborar un informe; se afirmó que no se demostró una relación de causalidad clara entre los hechos y la supuesta lesión de derechos, lo que impedía la otorgación de la tutela.
Juan Onofre Mamani Cordero, Auditor Jurídico del Consejo de la Magistratura del Distrito Judicial de La Paz, a través de informe escrito presentado el 26 enero de 2022, cursante de fs. 202 a 204 vta., señaló que: a) El antecedente administrativo se remontó al 28 de abril de 2021, cuando ingresó un requerimiento fiscal para realizar una auditoría jurídica sobre un proceso disciplinario por faltas graves iniciado contra el accionante; b) En fecha 7 de mayo de 2021, emitió el informe de rechazo IR-AJ 35/2021, fundamentando que, según el acuerdo 054/2018, las auditorías jurídicas solo eran aplicables a procesos jurisdiccionales en materia ordinaria y agroambiental, excluyendo la materia disciplinaria; c) El informe concluyó que los reclamos sobre providencias, autos y resoluciones debían ser impugnados mediante los recursos que la propia norma disciplinaria franqueaba, y no a través de una auditoría, la cual carecía de atribuciones para interpretar la correcta aplicación de la Ley 025 o el acuerdo 109/2015; d) Se determinó además que la causa no se circunscribía a un proceso de relevancia social o interés del Estado, ya que no se trataba de casos de feminicidio o violencia, ni el Estado figuraba como parte en el proceso disciplinario de origen; e) Tras la emisión de la Resolución de Rechazo 210/2019, se notificó al Fiscal de Materia solicitante el 10 de mayo de 2021, mediante tablero institucional, otorgándole el plazo legal para impugnar la decisión; f) Resultó trascendental que el Fiscal de Materia Alejandro Gamboa Mendoza, no presentó ninguna solicitud de revisión ante la Unidad Nacional de Control y Fiscalización en el plazo de dos días, por lo que el rechazo quedó firme y se agotó la vía administrativa sin oposición; g) Respecto al impetrante de tutela, se aclaró que el señor José Luis Quiroga Flores nunca presentó personalmente una solicitud de auditoría jurídica, por lo que no existió ninguna acción u omisión directa que vulnerara sus derechos o garantías constitucionales; y, h) Finalmente, se argumentó la extemporaneidad de la acción de amparo constitucional, puesto que el plazo de seis meses venció el 10 de noviembre de 2020, habiendo sido presentada la demanda recién el 26 de noviembre de 2021.
Luis Gualberto Fernández Ramos, Juez Disciplinario Segundo de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura a través de informe escrito presentado el 27 enero de 2022, cursante de fs. 237 a 241, señaló que: 1) La acción presentada carece de los requisitos básicos de admisión y del nexo de causalidad exigidos por el Código Procesal Constitucional, afirmó que el accionante no señaló adecuadamente los hechos ni el acto ilegal, limitándose a transcribir íntegramente memoriales previos presentados ante el Ministerio Público, los cuales carecían de relevancia constitucional para cuestionar la resolución del Fiscal Departamental; tampoco, se estableció una fundamentación adecuada de los derechos supuestamente vulnerados, ya que el impetrante de tutela, solo mencionó normas de rango ordinario y no constitucional; deficiencia que impide que la justicia constitucional pudiera ingresar al análisis de fondo, pues no existía una relación lógica entre los hechos relatados y una verdadera lesión a garantías fundamentales; 2) El accionante pretendió desnaturalizar la acción de amparo constitucional, al intentar que la justicia constitucional revisara la actividad jurisdiccional ordinaria y valorara nuevamente las pruebas; 3) No se cumple con el principio de inmediatez en la presentación de esta acción de amparo constitucional, señalando que la resolución impugnada fue emitida y notificada al accionante hace más de seis meses, por lo que de acuerdo con la normativa vigente, este retraso implica la preclusión del derecho de acudir a la vía constitucional, evidenciando una actitud negligente por parte del afectado al no actuar de manera diligente en la protección de sus derechos; y, 4) Se argumentó la improcedencia de la acción tutelar, debido a la existencia de actos consentidos, puesto que el accionante aceptó tácitamente los efectos de la resolución impugnada al intentar proseguir con la investigación preliminar bajo los términos determinados en dicho fallo; según el memorial, el consentimiento libre y expreso de un acto impide que este pueda ser reclamado posteriormente mediante una acción de amparo constitucional. Mariela Gutiérrez Mallea, Secretaria del Juzgado Disciplinario Segundo de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura, a través de informe escrito presentado el 26 enero de 2022, cursante de fs. 232 a 236 vta., señaló que: i) Alega la extemporaneidad, señalando que el accionante presentó la acción de amparo constitucional el 26 de noviembre de 2021, superando ampliamente el plazo máximo de seis meses establecido en el art. 129.II de la CPE; ii) Se incumplió el principio de subsidiariedad, debido a que el impetrante de tutela tenía pendiente un trámite de reposición de actuados en la vía jurisdiccional ordinaria antes de acudir a la justicia constitucional; iii) Argumentó la inexistencia de la figura de "enmienda" para resoluciones jerárquicas emitidas por la Fiscalía Departamental, afirmando que el accionante utilizó este recurso inexistente para intentar justificar el vencimiento del plazo de interposición; y, iv) El accionante no agotó la vía administrativa respecto al informe de rechazo de auditoría jurídica, ya que no utilizó el mecanismo de revisión previsto en el reglamento correspondiente dentro del plazo de dos días. Mabel Condori Calle, Auxiliar y Notificadora del Juzgado Disciplinario Segundo de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 102.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 023/2022 de 1 de febrero, cursante de fs. 273 a 279 denegó la tutela solicitada, determinación que fue asumida sobre la base de los siguientes fundamentos: a) Se constató que el proceso penal de origen derivó en una Resolución de Rechazo 210/2019, emitida por el Fiscal de Materia Samuel Lima Carvajal a favor de Mariela Gutiérrez Mallea y otros; ante la objeción planteada por José Luis Quiroga Flores, el Fiscal Departamental de La Paz, emitió la Resolución 1633/2019 de 15 de octubre, agotando así la vía ordinaria y permitiendo, en principio, el análisis en la jurisdicción constitucional; b) En cuanto a la debida fundamentación, la Sala aplicó la jurisprudencia de las SCP 1113/2016-S2 de 3 de noviembre y SCP 0515/2022-S2 de 6 de octubre, señalando que toda autoridad debe exponer los hechos, valoración probatoria y normas legales de forma clara y precisa; al examinar la Resolución 1633/2019 -impugnada-, se concluyó que la misma gozó de la motivación necesaria y respetó los principios de congruencia interna y externa, no constituyéndose en una decisión arbitraria; c) Respecto a la valoración de la prueba, se aplicó la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, estableciendo que dicha labor fue facultad exclusiva de la jurisdicción ordinaria; la Sala determinó que no pudo revisar dicha valoración debido a que no se demostró que el fiscal se apartara de marcos legales de razonabilidad o que omitiera pruebas de forma arbitraria, reduciéndose la competencia constitucional únicamente a verificar la ausencia de equidad en dicha tarea; d) Sobre la solicitud de reposición de actuaciones supuestamente destruidas, la Sala observó que el accionante confundió la naturaleza de esta acción tutelar, pues tales pretensiones debieron ser canalizadas ante el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, que ejercía el control jurisdiccional, agotando los mecanismos previstos en la Ley del Órgano Judicial antes de activar la vía constitucional; e) En relación al informe de auditoría jurídica solicitado al Auditor del Consejo de la Magistratura -Juan Onofre Mamani Cordero-, se evidenció que el informe de rechazo 35/2021, fue notificado al Fiscal de Materia -Alejandro Gamboa Mendoza- el 10 de mayo de 2021; quién no utilizó los recursos legales previstos en el acuerdo 054/2018 para impugnar dicho informe y que, a la fecha de presentación de la acción de amparo constitucional, ya habían transcurrido más de seis meses desde dicha notificación; f) El fundamento central para denegar la tutela fue el incumplimiento del principio de inmediatez establecido en los arts. 129.II de la CPE y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo); se verificó que el accionante, tuvo conocimiento de la resolución fiscal el 27 de enero de 2020, pero interpuso la acción -NUREJ 203992232- recién el 25 de noviembre de 2021, excediendo ampliamente el plazo máximo de seis meses; y, g) Finalmente, se aclaró que las solicitudes de enmienda y complementación no son aplicables a las resoluciones de los Fiscales de Materia según el art. 125 del CPP y la SC 818/2003-R de 17 de junio. Al ser el plazo de seis meses un término de caducidad insuperable, la Sala Constitucional concluyó que la acción resultó improcedente, sin posibilidad de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante mediante memorial de 2 de febrero de 2022, cursante de fs. 282 a 284 solicitó: 1) Con relación al régimen de caducidad de los seis meses para la presentación de la acción de amparo constitucional en contra de Juan Onofre Mamani Cordero, Auditor de Control y Fiscalización, se considera como inicio del cómputo del plazo para la interposición una supuesta notificación con el informe de rechazo de 7 de mayo de 2021 al Fiscal de Materia Alejandro Gamboa Mendoza, diligencia que sin embargo no se encuentra registrado en el cuaderno de investigaciones, ni en el portal de ciudadanía digital del Ministerio Público, por lo que no se notificó a la víctima del acto ilegal; 2) Mediante informe de rechazo de 7 de mayo de 2021, el demandado -Juan Onofre Mamani Cordero- rehúsa y desobedece un requerimiento fiscal, señalando que el titular de la impugnación debió impugnar el informe de rechazo de elaboración de auditoria por ante la Dirección Nacional de Control y Fiscalización, conforme establece un Acuerdo del Consejo de la Magistratura que ordena la impugnación de rechazos de auditorías; sin embargo, refiere que este acuerdo no puede estar por encima de la Ley del Ministerio Público y la Ley del Órgano Judicial; y, 3) Como se puede efectuar el computo del inicio de la acción de amparo constitucional de documentos que fueron sustraídos y extraviados inexistentes hasta el momento de su reposición que recién se produjo el 26 de noviembre de 2021 a cargo del Fiscal de Materia -Gustavo Balderrama-.
En sustanciación y resolución de lo impetrado, la precitada Sala Constitucional, con respecto al primer, segundo y tercer punto, señaló estarse a la Resolución 23/2022 de 1 de febrero, al considerar que la determinación pronunciada era clara con sus fundamentos.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de José Luis Quiroga Flores -ahora accionante-, contra Luis Gualberto Fernández Ramos, Mariela Gutiérrez Mallea y Mabel Condori Calle -ahora terceros interesados-, por el delito de incumplimiento de deberes, cursa Resolución de Rechazo 210/2019 de 3 de junio, emitida por el Fiscal de Materia, a través del cual se dispone el rechazo de la denuncia a favor de los denunciados (fs.3 a 7). II.2. Cursa Resolución 1633/2019 de 15 de octubre, emitida por William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz -ahora demandado-, que resuelve revocar la Resolución de Rechazo 210/2019, disponiendo continuar la investigación y realizar las actuaciones necesarias, entre ellas la Auditoria Jurídica, cumpliéndose con el acto de notificación de dicha Resolución a horas 8:35 del día 27 de enero de 2020 (fs.21 a 23 vta.). II.3. Por memorial de 28 de enero de 2020, el accionante solicitó aclaración complementación y enmienda a la Resolución 1633/2019; que fue resuelto por el Fiscal Departamental demandado, mediante requerimiento de 29 de igual mes y año, rechazando dicha solicitud al considerar que la determinación era clara en sus fundamentos, la cual es notificada al ahora accionante el 11 de febrero de similar año (fs. 8 a 20 vta., 24 y 243 a 244). II.4. Cursa carátula judicial de recepción en plataforma, el cual consigna como fecha de presentación de la presente acción de amparo constitucional, el 25 de noviembre de 2021 (fs. 1). II.5. Cursa requerimiento de 22 de abril de 2021, emitida por el Fiscal de Materia a través del cual requiere que, por la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura del Distrito Judicial de La Paz, se realice auditoria jurídica del proceso disciplinario a denuncia de Eugenio Huanca Laura en contra de José Luis Quiroga Flores (fs. 29-30); cursa informe de rechazo IR-AJ-38/2021 de 07 de mayo, emitido por Juan Onofre Mamani Cordero, Auditor Jurídico de la indicada Unidad -ahora codemandado- quien resuelve rechazar la solicitud de Auditoria Jurídica por no contemplar los requisitos y condiciones exigidos para su admisión; consta oficio de 17 de mayo de 2021, a través del cual remite el informe de rechazo de auditoria, el cual es providenciado por el Fiscal de Materia el 25 de mayo de igual año, disponiendo arrimarse al cuaderno de investigación (fs.41 a 45 y 46 a 47).
El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación, a la petición; y, “ la supresión de documentos”; toda vez que, dentro del proceso penal iniciado en contra de Luis Gualberto Fernández Ramos -exJuez -, Mariela Gutiérrez Mallea -Secretaria- y Mabel Condori Calle -Auxiliar- del Juzgado Disciplinario Segundo de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes; el Fiscal Departamental de La Paz, emitió la Resolución 1633/2019 de 15 de octubre, con una evidente incongruencia omisiva, al no haber realizado una compulsa integral de los hechos ni valorar las pruebas presentadas por el accionante, limitando su pronunciamiento de revocación de la Resolución de Rechazo 210/2019, emitido por el Fiscal de Materia, a tan uno solo de los denunciados -Luis Gualberto Fernández Ramos- y omitiendo la situación jurídica de las demás sindicadas, a pesar de haberse presentado la suficientes pruebas que demuestran la comisión del precitado delito; finalmente, dicha autoridad, mediante requerimiento de 29 de marzo de 2020, lesionó el derecho a la petición y la tutela judicial efectiva al rechazar la solicitud de enmienda de forma arbitraria; aparte de ello denunció que Juan Onofre Mamani Cordero, Auditor Jurídico del Consejo de la Magistratura, de rehusarse a cumplir el requerimiento del Fiscal de Materia, de manera injustificada para la realización de una auditoria jurídica del proceso disciplinario tramitado en su contra, vulnerando su derecho de acceso a la justicia; por lo que solicitó se conceda la tutela, disponiendo: i) La nulidad de la Resolución 1633/2019, disponiendo la emisión de imputación formal en contra de los hoy terceros interesados; y, ii) Se conmine al Fiscal Departamental a instruir al Fiscal de Materia, emita requerimiento fiscal al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, para que disponga la reposición de actuaciones y literales que han sido sustraídas del Ministerio Público. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0687/2024-S3 de 20 de agosto, citando la SCP 0083/2018-S2 de 4 de abril, señala que: “El principio de inmediatez se encuentra previsto en el art. 55.I del CPCo, entendido como el requisito de solicitar la tutela de manera pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias; es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho o garantía y se agoten las vías legales ordinarias pertinentes; plazo que también se encuentra previsto en el art. 129.II de la CPE, que señala: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’. De manera más específica, sobre el inicio para el cómputo de los seis meses referido supra, se indicó que el mismo corre a partir de la comisión de la lesión alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial efectiva, para que el afectado pueda acudir a la vía constitucional a fin que sea reparado el agravio a derechos o garantías constitucionales; en ese sentido, la jurisprudencia consolidada por el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0791/2010-R de 2 de agosto, se determinó que los medios reparadores a los que acuda el accionante deben ser idóneos, lo que significa que debe estar previsto por ley, y que tenga la posibilidad de cambiar el fondo, lo que implica que se excluye del cómputo de los seis meses aquellos medios y recursos no previstos por ley o aquellos que fueron presentados de manera errónea, por el hecho que el objeto de esta acción de defensa es la de tutelar derechos fundamentales y no el de reparar los errores del agraviado.
La primera denuncia del accionante, refiere que el Fiscal Departamental emitió una Resolución 1633/2019 con incongruencia omisiva, además de lesionar mediante requerimiento el derecho a la petición al rechazar arbitrariamente una solicitud de enmienda. De los antecedentes, se advierte que cursa un proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del ahora accionante, contra Luis Gualberto Fernández Ramos, Mariela Gutiérrez Mallea y Mabel Condori Calle -ahora terceros interesados- por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, en el cual se dictó la Resolución de Rechazo 210/2019 de 3 de junio, a favor de los denunciados (Conclusión II.1). Tal resolución al ser objetada, mereció que William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz -ahora demandado-, pronuncie la Resolución 1633/2019 de 15 de octubre, que resuelve Revocar la Resolución de Rechazo 210/2019, disponiendo continuar la investigación y realizar las actuaciones necesarias, entre ellas la recepción de declaraciones testificales, así como la realización de una auditoria jurídica. Asimismo, consta sello del Ministerio Público que acredita la notificación personal al accionante con la Resolución 1633/2019 a horas 8:35 del día 27 de enero de 2020 (Conclusión II.2); pese a que no cursa en el expediente constitucional la diligencia de notificación al accionante con la referida resolución, lo cierto es que la fecha de notificación no fue controvertida por las partes, es más el propio accionante en su memorial de acción tutelar refiere: “ … lo más curioso que esta determinación se notificó a mi persona en fecha 27 de mayo de 2020 en forma personal” (sic [fs. 58 vta.]); en tal situación, se entenderá como cierta la notificación alegada por la parte actora. De otro lado, refiere el accionante haber solicitado al Fiscal Departamental demandado, enmienda a la Resolución 1633/2019, siendo resuelta por requerimiento de 29 de marzo de 2020, sin embargo, manifiesta que no existe en el cuaderno de investigación la notificación con dicho actuado procesal, no siendo posible por ello efectuar el computo de plazo, para la interposición de la acción de amparo constitucional; no obstante de lo señalado, cursa en el expediente la notificación realizada el 11 de febrero de 2020 al ahora accionante con el Requerimiento de 29 de enero de igual año, aspecto que es corroborado por informe de 25 de enero de similar año, emitida por la Secretaria de Recursos Jerárquicos de la Fiscalía Departamental de La Paz (Conclusión II.3).
Ahora bien, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, lo señalado en la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, se establece que el plazo para la interposición de la acción de amparo constitucional es de seis meses, computables desde la notificación con la última decisión judicial; en el presente caso, dicho acto corresponde al Requerimiento de 29 de enero de 2020, señalado como lesivo de los derechos de la parte impetrante de tutela, que como se tiene acreditado, la notificación con dicho fallo se produjo el 11 de febrero de 2020; sin embargo, conforme evidencian los antecedentes, la presente acción de tutela fue presentada el 25 de noviembre de 2021, según consta en la carátula judicial de Plataforma (Conclusión II.4); es decir, después de nueve meses y catorce días de encontrarse vencido el citado plazo, incumpliéndose de esa manera con el principio de inmediatez, lo cual amerita que sea denegada la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En cuanto al derecho de petición invocado, se observa que la parte accionante fundamenta su pretensión en el hecho de que el Fiscal Departamental demandado, mediante requerimiento de 29 de marzo de 2020, rechazó su solicitud de enmienda de forma presuntamente arbitraria; al respecto, la jurisprudencia constitucional, específicamente la SC 0818/2003-R, determina con claridad que las resoluciones emitidas por los representantes del Ministerio Público no son susceptibles de ser impugnadas mediante facultades de complementación, explicación y enmienda. En consecuencia, se establece que el Fiscal Departamental, al denegar la enmienda solicitada, adecuó su conducta estrictamente al marco legal vigente, sin incurrir en la vulneración de los derechos y garantías constitucionales alegados por el accionante, lo que determina la improcedencia de la tutela sobre este punto. Respecto a la pretensión de que este Tribunal conmine al Fiscal de Materia a emitir un requerimiento ante el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, para la reposición de actuaciones y literales sustraídas del Ministerio Público, dicha solicitud carece de fundamento en esta vía. Los extremos solicitados no pueden ser objeto de análisis por la jurisdicción constitucional, toda vez que la acción de amparo constitucional tiene por finalidad única la protección de derechos fundamentales, debiendo la parte interesada acudir a las instancias ordinarias competentes para la resolución de cuestiones procesales o administrativas de esa naturaleza. La segunda denuncia, tiene relación a la problemática referida a la negativa de efectuar una auditoría jurídica por parte del auditor del Consejo de la Magistratura -codemandado-, es necesario el advertir que dicho trámite administrativo no fue instado por el accionante, sino que emergió de un requerimiento fiscal emitido el 22 de abril de 2021 por Alejandro Gamboa Mendoza -Fiscal de Materia-. Acto que fue concebido como un elemento investigativo dentro de un proceso penal -impulsado incluso por recomendación del Fiscal Departamental- y no como una petición personal de la parte accionante; en ese sentido, el informe de rechazo IR-AJ 38/2021, constituyó una respuesta técnica dirigida exclusivamente a la autoridad fiscal. Al respecto, consta que dicha decisión fue notificada al Ministerio Público el 10 de mayo de 2021, mediante tablero institucional, otorgándole el plazo legal para impugnar conforme al acuerdo 054/2018 (Conclusión II.4); sin embargo, ante la ausencia de una solicitud de revisión en el plazo de dos días, el rechazo adquirió firmeza en sede administrativa; consecuentemente, si bien el accionante posee legitimación para activar la presente acción tutelar, respecto a este punto específico de controversia se advierte una falta de vinculación directa con el acto denunciado, toda vez que pretende la tutela de derechos derivados de un procedimiento administrativo del cual no fue parte solicitante. Al haber quedado el rechazo firme por la inactividad del Ministerio Público -titular legítimo del requerimiento-, opera el principio de subsidiariedad, pues la justicia constitucional no puede revisar el fondo de una determinación que no fue cuestionada oportunamente por quien tenía la facultad legal de hacerlo. Por tanto, al no existir una acción u omisión de la autoridad demandada, que lesione de forma directa un derecho subjetivo del accionante en este aspecto, corresponde denegar la tutela solicitada, ya que la acción de amparo constitucional no es una instancia para activar pretensiones ajenas o subsanar la negligencia procesal de terceros vinculados a la investigación penal. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 023/2022 de 01 de febrero de 2022, cursante de fs. 273 a 279, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0421_2026-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): b96d09b6a1a8b0bd678974cfb7c9c8491307e74ede862b18f56e3f6f6b7e176f
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