Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 24 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal y de circulación, a la dignidad, a la vida, a la salud; y, al “acceso a medicamentos”; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancias de Nayeli Rodríguez Taboada, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez demandado dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, sin considerar: i) Su condición de paciente con hemofilia que requiere recibir tratamiento en el Hospital San Juan de Dios, el único avalado por el Ministerio de Salud y Deportes para tal servicio; y, ii) Adjuntó a la acción tutelar documentales que justifican la imposición de medidas cautelares menos gravosas debido a su situación médica. Ante ello, el Juez demandado, alegó que: a) El impetrante de tutela tenía la posibilidad de interponer el recurso de apelación contra la determinación que dispuso las medidas cautelares, el cual no puede ser sustituido por la presente acción tutelar; b) Si bien el accionante no adjuntó la documentación referida, se dispuso la posibilidad de que pueda salir a efectos de recibir el tratamiento reclamado; y, c) Su determinación consideró tanto la situación del nombrado como la de la víctima de violencia de género. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2023 de 18 de agosto, cursante de fs. 33 a 36, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los razonamientos desarrollados precedentemente, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0420/2026-S2 Sucre, 24 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58354-2023-117-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 21/2023 de 18 de agosto, cursante de fs. 33 a 36, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Bernabé Nelson Bustamante Castro en representación sin mandato de Alexander Mamani Aneiva contra Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 18 de agosto de 2023, cursante a fs. 1 y 26 a 27 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, a instancias de Nayeli Rodríguez Taboada, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), un funcionario policial irrumpió sin orden legal en el domicilio de sus padres para proceder a su aprehensión. Al momento del operativo, sus familiares advirtieron expresamente al efectivo policial que su persona padecía de hemofilia, una enfermedad hereditaria, incurable y de baja prevalencia que exige un tratamiento permanente. Cabe destacar que, debido a la gravedad de esta condición, la SCP 0381/2021-S2 de 27 de julio -dictada dentro de una acción de defensa interpuesta previamente- ya declaró la vital importancia del tratamiento profiláctico y del acceso oportuno a medicamentos para pacientes con dicha patología.
No obstante, Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola del citado departamento. Esta medida extrema pone en inminente riesgo su salud y su vida, toda vez que le impide recibir tratamiento especializado en el Hospital San Juan de Dios, único centro médico avalado por el Ministerio de Salud y Deportes para la atención de pacientes con hemofilia.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad personal y de circulación, a la dignidad, a la vida, a la salud; y, al “acceso a medicamentos”, citando al efecto los arts. 21.7, 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene: a) Su conducción para la verificación de su “existencia física” y que no fue sujeto a vejámenes o tortura; y, b) Se disponga su libertad para que ejerza defensa en tal condición debido a la patología que padece.
Celebrada la audiencia virtual el 18 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 31 a 33, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de sus abogados, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad, y en audiencia de garantías manifestó que: 1) En su condición de Presidente de la Asociación de Hemofilia de Santa Cruz -entidad que agrupa a pacientes con dicha patología-, tomó conocimiento de su situación y la hizo conocer al Hospital San Juan de Dios, donde recibe tratamiento y accede personalmente a medicamentos, a los cuales actualmente se encuentra impedido de acceder, situación que podría generarle secuelas irreversibles; y, 2) Correspondía disponer una medida cautelar menos gravosa que la detención preventiva, más aun, considerando que adjuntó certificado alodial, facturas de servicios básicos -de agua y energía eléctrica-, certificado médico y credencial de hemofilia; no obstante, no presentó certificado domiciliario notarial por carecer de recursos económicos para sufragar dicho gasto. Ante la pregunta realizada por la Jueza de garantías, respecto a si puso en conocimiento del Juez demandado la citada documentación, señaló que no lo hizo porque obtuvo el certificado médico de forma posterior; y, lo presentó directamente ante la justicia constitucional debido a la premura en la atención de su condición médica.
Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia de garantías, manifestó que: i) Contra el auto interlocutorio que dispuso la detención preventiva del accionante, el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) prevé el recurso de apelación como mecanismo idóneo de impugnación, el cual no puede ser sustituido por la acción de libertad; ii) El impetrante de tutela no presentó, durante la audiencia de medidas cautelares, la documentación a la que hizo referencia; no obstante, tomó conocimiento de su enfermedad y determinó que “…puede salir a hacerse los correspondientes estudios…” (sic), pudiendo además, solicitar autorización para salir del Centro Penitenciario Palmasola del señalado departamento a efectos de recibir el tratamiento requerido; y, iii) Su decisión ponderó tanto la situación del peticionante de tutela como el de la víctima, quien merece protección reforzada al tratarse de un caso de violencia de género.
La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 21/2023 de 18 de agosto, cursante de fs. 33 a 36, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) El accionante no presentó, durante la audiencia de medidas cautelares, documentación alguna relativa a su estado de salud, razón por la cual, dicha circunstancia no pudo ser considerada por el Juez demandado; no obstante, ponderando ese extremo y la situación de la víctima, se dispuso autorizar salidas periódicas a un centro hospitalario a efectos de recibir el tratamiento correspondiente; y, b) La acción de libertad no constituye un recurso ordinario destinado a suplir la negligencia de la defensa del impetrante de tutela, siendo su finalidad la protección de derechos fundamentales.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Certificado Médico de 17 de agosto de 2023, Lizeth Portugal Gálvez, Médico Hematóloga del Hospital San Juan de Dios, dependiente del Gobierno Autónomo Departamental (GAD) de Santa Cruz, certificó que Alexander Mamani Aneiva -ahora accionante-, recibe atención en el servicio de hematología de dicho nosocomio, habiendo sido diagnosticado con: 1) “Hemofilia A” desde su niñez, condición que requiere cuidados especiales y cuyo tratamiento oportuno es necesario para evitar secuelas; y, 2) Un sangrado a nivel de la articulación del tobillo izquierdo, que requirió tratamiento de urgencia durante cuatro días consecutivos, con evolución favorable (fs. 3).
II.2. Cursa credencial médica del impetrante de tutela, emitida por el Ministerio de Salud y Deportes, con vigencia del 10 de octubre de 2019 al 10 de octubre de 2025, mediante la cual, se acredita su condición de paciente con “HEMOFILIA ‘A’ LEVE” (fs. 4).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal y de circulación, a la dignidad, a la vida, a la salud; y, al “acceso a medicamentos”; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancias de Nayeli Rodríguez Taboada, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez demandado dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, sin considerar: i) Su condición de paciente con hemofilia que requiere recibir tratamiento en el Hospital San Juan de Dios, el único avalado por el Ministerio de Salud y Deportes para tal servicio; y, ii) Adjuntó a la acción tutelar documentales que justifican la imposición de medidas cautelares menos gravosas debido a su situación médica. Ante ello, el Juez demandado, alegó que: a) El impetrante de tutela tenía la posibilidad de interponer el recurso de apelación contra la determinación que dispuso las medidas cautelares, el cual no puede ser sustituido por la presente acción tutelar; b) Si bien el accionante no adjuntó la documentación referida, se dispuso la posibilidad de que pueda salir a efectos de recibir el tratamiento reclamado; y, c) Su determinación consideró tanto la situación del nombrado como la de la víctima de violencia de género. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 125 de la CPE señala que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad…”, siendo cuatro los presupuestos para la activación de esta acción tutelar; mismos que, según la SCP 0618/2012 de 23 de julio, se concretizan en: “…a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas corresponden al texto original).
Ahora bien, para la tutela inmediata al derecho a la vida, debe existir certidumbre en su lesión; en este sentido, la SCP 0007/2025-S2 de 14 de febrero, estableció: “Por lo que, para la procedencia de una solicitud en la cual esté de por medio la vida, los certificados médicos deben ser claros sobre la situación de salud y las necesidades que requiere el solicitante y, en su caso, respecto a la necesidad de valoración por parte de otro médico especialista; es decir, lo que se espera es que el informe médico establezca, con probabilidad y de manera justificada, qué afectaciones al derecho a la vida se pueden presentar, para que, de esta forma, la autoridad judicial no interprete o traduzca lo que el perito quiso decir y pueda ser, como se señaló, una base cierta de su decisión”.
La SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: “El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas nos corresponden).
Ahora bien, con relación al punto i) reclamado, el accionante señala que en su condición de paciente con hemofilia requiere recibir tratamiento en el Hospital San Juan de Dios, el único autorizado por el Ministerio de Salud y Deportes para tal servicio. Al respecto, siguiendo el lineamiento jurisprudencial del Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, si bien el impetrante de tutela adjuntó el Certificado Médico de 17 de agosto de 2023 (Conclusión II.1) y la credencial médica con vigencia del 10 de octubre de 2019 al 10 de octubre de 2025 (Conclusión II.2), mediante los cuales acredita su condición de paciente con “HEMOFILIA ‘A’ LEVE”, y que recibe “…tratamiento de urgencia con Factor VIII antihemofílico…” (sic) en el Hospital San Juan de Dios dependiente del GAD de Santa Cruz, que consiste en que los pacientes con dicha patología reciban inyecciones del medicamento de manera regular para llevar una vida normal; en ese sentido, dichas documentales si bien demuestran su condición de salud, en relación a una enfermedad hereditaria y que recibe tratamiento continuo, tal situación no constituye prueba conducente ni pertinente que demuestre de manera fehaciente la inminente afectación o lesión de sus derechos a la vida y a la salud, ni la urgencia o necesidad de su inmediata libertad para recibir el tratamiento requerido. Ello se refuerza si se considera que, según lo alegado por el Juez demandado y corroborado por la Jueza de garantías, en relación a que en el auto interlocutorio de medidas cautelares se dispuso la posibilidad de que el peticionante de tutela pueda salir del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, previa autorización, a efectos de recibir el tratamiento que requiera; sin embargo, dicha posibilidad no habría sido activada, acudiéndose directamente a la justicia constitucional.
En consecuencia, al no haberse acreditado la inminencia de la lesión que justifique la excepción al principio de subsidiariedad, y considerando que el auto interlocutorio de medidas cautelares prevería la posibilidad de salidas autorizadas para el tratamiento médico reclamado o en todo caso, dada la posibilidad de requerir el mismo al Juez demandado, corresponde denegar la tutela solicitada respecto a los derechos a la vida, a la salud y al “acceso a medicamentos”, siendo insuficiente la mera invocación de los mismos para su procedencia. Respecto al punto ii) reclamado, el accionante refiere que adjuntó a esta acción tutelar documentales que justifican la imposición de medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva debido a su situación médica. En relación a ello, y siguiendo el lineamiento jurisprudencial del Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, cabe precisar que el art. 251 del CPP, prevé la posibilidad de interponer recurso de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares dentro de un proceso penal; y, por su parte, el art. 239 del citado Código, establece las causales por las cuales dichas medidas pueden cesar o modificarse, los cuales no pueden ser sustituidos por la justicia constitucional y deben agotarse previamente; no obstante, en el presente caso, el impetrante de tutela no los activó, reconociendo que acudió directamente a la justicia constitucional luego de haber colectado recientemente las documentales necesarias para enervar los riesgos procesales que permitan la cesación o modificación de su detención preventiva.
Por lo tanto, al no haberse agotado dichos mecanismos, corresponde denegar la tutela solicitada respecto a este extremo, vinculado a los derechos a la libertad personal y de circulación, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
Finalmente, en cuanto al derecho a la dignidad, dado que el mismo sólo fue enunciado sin mayor fundamentación respecto a su eventual vulneración, no corresponde mayor análisis al respecto. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2023 de 18 de agosto, cursante de fs. 33 a 36, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los razonamientos desarrollados precedentemente, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0420_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): c526dd699635018138bd0f7daee8f28ad0b05cdedce3eb4169771fddeaf36408
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