B.IA.LEGAL

SCP 0420/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 8 de mayo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
8 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
51987-2022-104-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; y, a la tutela judicial efectiva; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo de mineral con agravante, la autoridad accionada emitió el Auto de Vista 262/2022-SP1 de 17 de febrero, por el cual declaró la improcedencia de su recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 649/2022 de 8 de octubre, que determinó su detención preventiva, incurriendo en los siguientes hechos lesivos: i) Con relación al riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, no identificó sobre quienes se influirá, además que la resolución no se fundamentó de forma individualizada; y en cambio, se fundó el riesgo a partir de meras presunciones pues no existe elemento que permita determinar que en libertad podrían influir en alguna persona; ii) Con relación al riesgo procesal del art. 234.4 del CPP, realizó una deficiente fundamentación, pues únicamente señaló que los imputados trataron de darse a la fuga y que fueron retenidos por la fuerza pública sin explicar la conducta individualizada de cada sindicado en consideración a que dentro del proceso existen ocho personas investigadas. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 16/2022 de 17 de noviembre, cursante de fs. 466 a 469, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de Oruro; en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada a los accionantes Limbert Omar Mamani Tarqui y Ever Rodrigo Apaza Mamani, por la lesión al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, únicamente sobre el análisis del riesgo procesal dispuesto por el art. 235.2 del CPP; disponiendo en consecuencia, dejar sin efecto el Auto de Vista 262/2022-SP1 de 17 de octubre, debiendo la autoridad accionada emitir una nueva resolución en el plazo de cuarenta y ocho horas desde su legal notificación con el presente fallo constitucional, si es que la situación jurídica de los accionantes no hubiera sido modificada; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada a la accionante Jimena Arroba de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0420/2025-S4 Sucre, 8 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 51987-2022-104-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 16/2022 de 17 de noviembre, cursante de fs. 466 a 469, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio Cesar Gamboa Ancieta en representación sin mandato de Jimena Arroba, Limbert Omar Mamani Tarqui y Ever Rodrigo Apaza Mamani contra Eve Carmen Mamani Roldán, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

A través de memorial presentado el 16 de noviembre de 2022, cursante de fs. 448 a 450 vta., la parte accionante expresó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo de mineral con agravante, a través de Auto Interlocutorio 649/2022 de 8 de octubre, se dispuso su detención preventiva, por lo que apelaron tal determinación siendo resuelta mediante Auto de Vista 262/2022-SP1 de 17 de octubre, por el que la ahora accionada declaró la improcedencia de su recurso. El indicado Auto de Vista, carece de una adecuada fundamentación y motivación, pues sobre el riesgo procesal del art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no identificó sobre quienes se influirá y cuál es la conducta desplegada por cada uno de los imputados; es decir, no se cumplió con la exigencia de fundamentar y motivar la resolución de forma individualizada y en relación a los elementos de prueba presentados para determinar el riesgo procesal. De igual manera, el riesgo se fundó a partir de meras suposiciones, pues se indicó que “…los imputados en un estado de libertad pueden influir en los mismos para que estos se comporten de manera reticente” (sic), sin embargo, tal argumento se constituye en una mera especulación, pues no existe elemento que permita demostrar tal afirmación.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante, señaló como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; y, a la tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 116 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y se disponga la nulidad del Auto de Vista 262/2022-SP1 de 17 de octubre y se ordene la emisión de una nueva resolución conforme los entendimientos a ser desarrollados en el fallo constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 17 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 462 a 465 se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, ratificó los términos de su acción de libertad y ampliándolos manifestó que: con relación al riesgo procesal del art. 234.4 del CPP, se observó que el Auto de Vista, también realizó una deficiente fundamentación, pues únicamente señaló que los imputados trataron de darse a la fuga siendo retenidos por la fuerza pública; sin embargo, no explicó cuál fue la conducta individualizada desplegada por cada imputado, en razón a que dentro del proceso penal existen ocho imputados.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Eve Carmen Mamani Roldán, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través de informe cursante de fs. 459 a 461 señaló que: a) Con relación a Jimena Arroba, se tiene que conforme memorial de 14 de octubre de 2022, desistió de su recurso de apelación incidental refiriendo “por así convenir a sus intereses”, por lo que su competencia no se aperturó para pronunciarse sobre tal imputada; b) Con relación a Limbert Omar Mamani Tarqui y Ever Rodrigo Apaza Mamani, se observa que lo impetrado, no se adecúa a ningún supuesto de procedencia de la acción de libertad, por lo que corresponde se deniegue la tutela; y, c) El Auto de Vista fundó su razonamiento conforme a procedimiento, tomando en cuenta los argumentos de la autoridad judicial de primera instancia que acreditó que al momento de la intervención policial, las personas que se encontraban en el lugar de los hechos escaparon, aspecto que demuestra la existencia del riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, pues lo imputados en libertad influirán en los que se dieron a la fuga.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de Oruro, por Resolución 16/2022 de 17 de noviembre, cursante de fs. 466 a 469, denegó la tutela solicitada en razón de los siguientes argumentos: 1) Con relación al art. 235.2 del CPP, la resolución se fundó bajo el argumento que, con la intervención policial y del Ministerio Público en el lugar de los hechos, las personas que se encontraban en el lugar huyeron, por lo que los imputados en libertad, podrían influir en los que escaparon para que se comporten de manera reticente; entonces, es ilógico que se pida la identificación de estas personas, cuando son quienes precisamente huyeron al momento de la intervención del Ministerio Público; 2) De la revisión de las actas y los argumentos del Ministerio Público, se observa que esta instancia señala que existen entrevistas policiales como de Juan Contreras Fernández y Marco Antonio Fernández, por lo que se identificó a las personas sobre los cuales se podría influir, fundándose el peligro de obstaculización, por lo que la autoridad judicial dio cumplimiento estricto a lo que establece la norma procesal, no solo en cuanto a determinar el peligro sustancial sino también con relación a los peligros procesales; y, 3) Con relación al art. 234.4 del CPP, la misma prueba presentada por la parte accionante, muestra la existencia de un informe de intervención policial preventivo emitido por el investigador asignado al caso, donde se refiere que en presencia policial personas se dieron a la fuga por la pared, de los cuales pudieron capturar a ocho personas; siendo este el elemento sobre el cual se fundó el Auto de Vista, demostrando así la subsistencia del riesgo procesal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 649/2022 de 8 de octubre, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de Oruro, por el cual se dispuso la detención preventiva de los ahora accionantes, por el lapso de tres meses (fs. 389 a 396).

II.2. A través de memorial de 14 de octubre de 2022, la accionante Jimena Arroba, desistió del recurso de apelación incidental presentado contra el Auto Interlocutorio 649/2022 de 8 de octubre (fs. 193). II.2. Consta Auto de Vista 262/2022-SP1 de 17 de octubre, por el cual la Vocal ahora accionada, declaró la improcedencia del recurso de apelación presentado por Limbert Omar Mamani Tarqui y Ever Rodrigo Apaza Mamani, entre otros, manteniendo incólume el Auto Interlocutorio 649/2022 de 8 de octubre (fs. 426 a 433).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; y, a la tutela judicial efectiva; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo de mineral con agravante, la autoridad accionada emitió el Auto de Vista 262/2022-SP1 de 17 de febrero, por el cual declaró la improcedencia de su recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 649/2022 de 8 de octubre, que determinó su detención preventiva, incurriendo en los siguientes hechos lesivos: i) Con relación al riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, no identificó sobre quienes se influirá, además que la resolución no se fundamentó de forma individualizada; y en cambio, se fundó el riesgo a partir de meras presunciones pues no existe elemento que permita determinar que en libertad podrían influir en alguna persona; ii) Con relación al riesgo procesal del art. 234.4 del CPP, realizó una deficiente fundamentación, pues únicamente señaló que los imputados trataron de darse a la fuga y que fueron retenidos por la fuerza pública sin explicar la conducta individualizada de cada sindicado en consideración a que dentro del proceso existen ocho personas investigadas. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional, sistematizando los entendimientos jurisprudenciales referidos a la fundamentación y motivación de las resoluciones sean judiciales o administrativa, como elementos del debido proceso, señaló en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala: …a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. (…) Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio[8], estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. (…) En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa”. Como se advierte de la jurisprudencia constitucional glosada precedentemente, la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones sean judiciales o administrativas, como elementos componentes del debido proceso deben ser observadas y cumplidas tanto por los operadores de justicia, como también por toda autoridad administrativa que la emita.

III.2. Análisis del caso concreto

La parte accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; y, a la tutela judicial efectiva; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo de mineral con agravante, la autoridad accionada emitió el Auto de Vista 262/2022-SP1 de 17 de febrero, por el cual declaró la improcedencia de su recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 649/2022 de 8 de octubre, que determinó su detención preventiva, incurriendo en los siguientes hechos lesivos: 1) Con relación al riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, no identificó sobre quienes se influirá, además que la resolución no se fundamentó de forma individualizada; y en cambio, se fundó el riesgo a partir de meras presunciones pues no existe elemento que permita determinar que en libertad podrían influir en alguna persona; 2) Con relación al riesgo procesal del art. 234.4 del CPP, realizó una deficiente fundamentación, pues únicamente señaló que los imputados trataron de darse a la fuga y que fueron retenidos por la fuerza pública sin explicar la conducta individualizada de cada sindicado en consideración a que dentro del proceso existen ocho personas investigadas. A partir de lo descrito, previamente se debe tomar en cuenta que si bien la presente acción tutelar fue presentada en representación sin mandato de Jimena Arroba, la misma carece de legitimación activa, pues el objeto de esta acción tutelar busca se deje sin efecto el Auto de Vista 262/2022-SP1 de 17 de febrero, que confirmó el Auto Interlocutorio 649/2022 de 8 de octubre; sin embargo, la mencionada presentó el 14 de octubre de 2022 memorial por el cual renunció a su recurso de apelación contra el referido Auto Interlocutorio (Conclusión II.2), razón por la cual, el Auto de Vista ahora cuestionado, no emitió determinación alguna sobre la situación jurídica de la misma precisamente en razón a la renuncia al recurso de apelación; por ende, el presente fallo constitucional únicamente analizará la posible lesión de derechos y garantías de los accionantes Limbert Omar Mamani Tarqui y Ever Rodrigo Apaza Mamani. Con tal determinación, corresponde ingresar a analizar si los agravios vertidos contra el mencionado Auto de Vista son evidentes; teniendo así que: Respecto al riesgo procesal descrito por el art. 235.2 del CPP Sobre el punto, la parte accionante alega que las autoridades demandadas no identificaron sobre quienes se influirá, además que la resolución no se fundamentó de forma individualizada; y en cambio, se fundó el riesgo a partir de meras presunciones pues no existe elemento que permita determinar que en libertad podrían influir en alguna persona Al respecto, el Auto de Vista ahora cuestionado señaló que: i) Por los argumentos del Ministerio Público se puede entender que al momento de la intervención policial y de la Fiscalía en el lugar de los hechos, las personas que se encontraron huyeron del lugar, por lo que los imputados en libertad tienen la facilidad de influir en los mismos para que se comporten de manera reticente; no pudiendo pretenderse su identificación cuando son personas que huyeron del lugar a la intervención del Ministerio Público y la Policía; y, ii) Existen testigos que fueron identificados por el Ministerio Público, pues se identifica las entrevistas policiales de Marco Antonio Enríquez Fernández y Juan Contreras Fernández, por lo que se identificó a las personas sobre las cuales se puede influir. En consideración a tales argumentos, se debe tomar en cuenta que el art. 235 del CPP establece que existirá peligro de obstaculización a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad; aclarando en su parte in fine, que este peligro no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad; así, el numeral 2 de tal artículo establece que existirá peligro de obstaculización cuando el imputado “amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente” circunstancia que fue interpretada por la SCP 0210/2019-S2 de 10 de mayo, que señaló: “Así, precisados los fundamentos por los cuales se mantuvieron latentes los riesgos procesales antes señalados, se observa que los Vocales demandados incurrieron en falta de motivación y fundamentación respecto a las razones por las cuales determinaron que los numerales 2 y 4 del art. 235 del CPP no hubieran sido desvirtuados; por cuanto, respecto a la posibilidad que la imputada pueda influir negativamente sobre los partícipes, testigos y peritos a objeto que informen falsamente o se comporten de manera reticente, no resulta suficiente indicar el número de personas imputadas y las probables futuras investigaciones a ser realizadas; pues, para que la imputada pueda comprender a cabalidad los motivos por los cuales este riesgo sigue latente, se le debe indicar concretamente en cuáles de los sujetos procesales podría influir negativamente y en qué medida; de lo contrario, el establecer de manera indeterminada la influencia descrita en el numeral 2 del art. 235 del CPP, no sería razonable y conllevaría a la imposibilidad de desvirtuar dicho riesgo procesal…”. Conforme lo desarrollado, se observa que el Auto de Vista ahora cuestionado incurre en los siguientes hechos lesivos: - El fundamento utilizado para determinar la existencia del riesgo procesal se funda en meras presunciones abstractas, pues de forma subjetiva estableció que los accionantes en libertad podrían influir en las personas que al momento de la intervención policial y del Ministerio Público huyeron del lugar de los hechos; es decir, no determina de manera objetiva como se daría esta obstaculización y en cambio supone sin sustento alguno que en libertad sucederá la influencia en las personas que huyeron. - No identifica a las personas a las cuales se podrá influir y no desarrolla la medida en la que podría darse la influencia; es decir, como se desarrolló previamente, no resulta suficiente indicar el número de personas sobre las cuales podría influirse; pues, para que la parte imputada pueda comprender a cabalidad los motivos por los cuales este riesgo sigue latente, se le debe indicar concretamente en cuáles de los sujetos procesales podría influir negativamente y en qué medida; y si bien la resolución señala que además de “los que huyeron” podría influirse sobre los testigos Marco Antonio Enríquez Fernández y Juan Contreras Fernández, no establece en ningún momento cómo o la medida en la que podría darse esta influencia, en consideración a las características personales tanto de los imputados como de los testigos.

- Finalmente, es pertinente considerar que las medidas cautelares en razón de su naturaleza instrumental y temporal, tienen carácter personalísimo, por lo que el análisis del presente riesgo procesal, debió realizarse de manera individualizada o en su caso debió aclararse porque las circunstancias comunes son aplicables a cada imputado.

Por lo descrito, se evidencia una incorrecta fundamentación y motivación, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela impetrada respecto a este riesgo procesal. Respecto al riesgo procesal del art 234.4 del CPP Al respecto, el accionante argumenta se realizó una deficiente fundamentación, pues el Auto de Vista únicamente señaló que los imputados trataron de darse a la fuga y que fueron retenidos por la fuerza pública sin explicar la conducta individualizada de cada sindicado en consideración a que dentro del proceso existen ocho personas investigadas. Al respecto, se observa que el Auto de Vista indicó que: existe un Acta de Intervención Policial Preventiva, que incluye a todos los coimputados y que señala que estos fueron sorprendidos en un lote intentando darse a la fuga, demostrando de esta manera su intención de no someterse al proceso. Al respecto se debe considerar que el art. 234 del CPP, entendió que existe peligro de fuga, a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia; de forma específica el art. 234.4 del CPP entiende que existirá el presente riesgo procesal en la circunstancia que “El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo”. Entonces, en el presente caso se observa que el Auto de Vista ahora cuestionado, de manera correcta identifica la existencia del Acta de Intervención Policial Preventiva, como elemento objetivo que describe que todos los coimputados -incluidos los ahora accionantes-, huyeron ante la intervención del Ministerio Público y de la Policía para posteriormente ser aprehendidos, demostrando de esta manera que su comportamiento demuestra su voluntad de no someterse al mismo. Por lo descrito, no se evidencia carencia de fundamentación y motivación respecto al análisis del presente riesgo procesal, por lo que sobre el mismo corresponde denegar la tutela impetrada. Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 16/2022 de 17 de noviembre, cursante de fs. 466 a 469, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de Oruro; en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada a los accionantes Limbert Omar Mamani Tarqui y Ever Rodrigo Apaza Mamani, por la lesión al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, únicamente sobre el análisis del riesgo procesal dispuesto por el art. 235.2 del CPP; disponiendo en consecuencia, dejar sin efecto el Auto de Vista 262/2022-SP1 de 17 de octubre, debiendo la autoridad accionada emitir una nueva resolución en el plazo de cuarenta y ocho horas desde su legal notificación con el presente fallo constitucional, si es que la situación jurídica de los accionantes no hubiera sido modificada; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada a la accionante Jimena Arroba de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0420_2025-S4.pdf · páginas 1 a 11.

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