B.IA.LEGAL

SCP 0420/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 9 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
9 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
44880-2022-90-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Las impetrantes de tutela, alegan la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro el proceso penal que les sigue el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, estafa agravada y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, la Jueza de control jurisdiccional dispuso su detención preventiva, determinación que siendo apelada fue confirmada en segunda instancia; por lo que habiendo solicitado la cesación de la medida extrema, el Juez ahora demandado, mediante Auto Interlocutorio de 21 de diciembre de 2021 rechazó la misma, con argumentos infundados, incongruentes y arbitrarios, respecto al peligro de fuga, sosteniendo que, en cuanto al domicilio, no se acredito boletas de los servicios básicos de los vecinos, por lo cual y basándose en meras suposiciones mencionó que podrían permanecer ocultas ante el desconocimiento de morada y que en libertad podrían adquirir un chip de línea telefónica para influenciar en alguna declaración. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, 2) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2021 de 23 de diciembre, cursante de fs. 134 a 136 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática venida en revisión.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0420/2023-S1 Sucre, 9 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 44880-2022-90-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 17/2021 de 23 de diciembre, cursante de fs. 134 a 136 vta., pronunciada dentro la acción de libertad interpuesta por Freddy Alejandro Vidovic Falch en representación sin mandato de Maritza y Yaquelin ambas Aramayo Velásquez contra Roberto Parada Mole, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de diciembre de 2021, cursante de fs. 116 a 119, las accionantes a través de su representante sin mandato, expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en sus contras y de otros, por la presunta comisión del “delito de estafa con víctimas múltiples” (sic), mediante audiencia de aplicación de medidas cautelares de 14 de octubre de 2021, la Jueza de control jurisdiccional emitió el Auto Interlocutorio 262 de igual fecha, por la que dispuso la detención preventiva de sus personas, de forma ilegal, arbitraria e “infundadamente”, siendo detenidas desde la indicada fecha, dicho Auto Interlocutorio fue objeto de apelación, siendo ratificada por Auto de Vista 389 de 18 de noviembre del citado año por el Tribunal de alzada. Los arts. 234 y 235 del CPP en su parte segunda establecen que, tanto el peligro de fuga y obstaculización deben ser evaluados integralmente, y no se podrán fundar en meras presunciones abstractas, y que deben surgir de la información precisa, confiable y circunstanciada que den razonabilidad suficiente del porqué de la circunstancia alegada que el imputado eludirá la acción de la justicia y obstaculizará la averiguación de la verdad. Ante estos infundados y arbitrarios argumentos, tanto del Auto Interlocutorio y Auto de Vista mencionados supra, que vulneran el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación, solicitaron audiencia de cesación a la detención preventiva, ofreciendo nuevas pruebas como certificaciones domiciliarias y declaraciones juradas notariales, para desvirtuar los riesgos procesales. Así mismo, ofreció en calidad de prueba (Maritza Aramayo Velásquez) todo en cuaderno de actuados procesales, en la cual el Fiscal de Materia, poniendo en control jurisdiccional hace conocer en estos setenta días de privación de libertad, más de cincuenta apersonamientos de las supuestas víctimas, quienes desconocían de su persona, y con los cuales nunca tuvo ningún tipo de contacto. También ofreció en calidad de prueba el cuaderno de investigaciones, donde se verifica que su celular como su línea telefónica se encuentran secuestrados hace setenta días, no teniendo acceso a ellos y no pudiendo influenciar en las supuestas víctimas; sin embargo bajo el argumento de que “compraría” otro chip el Juez de la causa decidió infundadamente mantener vigente este supuesto riesgo procesal de peligro de obstaculización, en una clara y franca violación al debido proceso, y contradictorio a la ley ya la jurisprudencia constitucional, de basar su fundamento en una mera presunción abstracta, así como lo establece la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio de 2018 que refiere que, no basta señalar que no se tiene domicilio, es necesario justificar como esa circunstancia implica el peligro de fuga. Solicitaron “al Juez en suplencia 3ro de Instrucción anticorrupción y violencia contra la mujer” (sic) la cesación a la detención preventiva, misma que fue “ratificada” el 21 de diciembre de 2021, bajo los mismos argumentos infundados, incongruentes y arbitrarios, señalando que las certificaciones domiciliarias no se adjunta boleta de luz de la CRE o de SAGUAPAC de los vecinos, y por esa razón se mantiene vigente dicho riesgo procesal de peligro de fuga por desconocimiento de domicilio, derivando de esta la posibilidad de permanecer ocultas, siendo su detención ilegal vulnerando sus derechos constitucionales y procesales…” (sic).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Las impetrantes de tutela denunciaron la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 115.I y II, 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga que: a) En el día se libre mandamiento de libertad a favor de las mismas al no existir ningún riesgo procesal o se dé cumplimiento al numeral II del art. 231 bis del CPP; b) Se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 21 de diciembre de 2021; y, c) Se instruya a la autoridad demandada dictar nuevo fallo en función a la resolución constitucional dictada por el Tribunal de garantías.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 23 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 130 a 133 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Las impetrantes de tutela a través de su abogado, ratificaron el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliándolo señalaron que: 1) Fueron imputadas dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en sus contras y “de Gary Shaw y Hon Chan Kan de nacionalidad China quienes habrían creado una aplicación con la cual captaron cierto monto de dinero y estaría dispuesto a devolver como lo están haciendo…” (sic), y esa declaración no fue tomada en cuenta por ninguna autoridad, el Auto Interlocutorio 262 de 14 de octubre de 2021, que fue objeto de apelación, y ratificada el Tribunal de alzada mediante Auto de Vista 389 de 18 de noviembre del mismo año; 2) Los supuestos riegos procesales que dieron lugar a la detención arbitraria, refiriendo al numeral 1 y 2 del art. 234 del CPP, por desconocimiento de domicilio al no reconocer las certificaciones emitidas por Notario de Fe Pública, quien dio fe a la verificación realizada, según la autoridad demandada, al desconocer que permanecerán ocultas, siendo esta una mera presunción abstracta sin ningún fundamento; 3) Señalo que el numeral 2 del art. 235 del CPP sobre peligro de obstaculización “solamente para Maritza Aramayo Velásquez esta última según el fundamento en audiencia cautelar y ratificado por auto de vista al haberse agregado donde se le aprendió y se secuestró su teléfono celular agregada aun grupo de WhatsApp con fundamento que podría mantener contacto con una supuesta víctima, de esta forma señalar el riesgo procesal, quien podría influenciar negativamente en la declaración de ellas…” (sic), no fundamenta ni motiva de qué forma podría obstaculizar la averiguación de la verdad, y los mismos riesgos procesales deben ser interpretados de manera integral y no en meras presunciones; y, 4) Asimismo aparejaron en calidad de prueba el cuaderno de investigaciones, ahí se verifica sus celulares con su línea telefónica, secuestradas hace más de setenta días, existiendo vulneración al derecho a la libertad, errónea valoración de las pruebas, y se tomaron en cuenta la verdad material que son las certificaciones que acreditaron irrefutablemente que no tienen domicilio real donde puedan ser habidos, además se vulneró el derecho al debido proceso al estar indebidamente privadas de libertad, el derecho al trabajo, al verse afectadas al llevar el sustento a su hogar porque son madres de familia, por lo que solicitan que la autoridad demandada dicte un nuevo fallo en función a la resolución constitucional dictada.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Roberto Parada Mole, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia manifestó que: i) Atendió la solicitud de cesación a la detención preventiva en consideración a que las accionantes se encontraban cumpliendo detención, en consideración al Auto Interlocutorio 262 de 14 de octubre de 2021, que fue objeto de apelación, y mediante Auto de Vista 389 de 18 de octubre de igual año, se confirmó la Resolución apelada; ii) Con relación al art. 234.1 del CPP, “que las accionantes no pudieron haber acreditado de manera legal en cuanto al domicilio real de las mismas. Donde el Juez nuevamente observó su domicilio en consideración de que con lo establecido en la línea de la Norma Suprema se debe demostrar dos requisitos -la habitualidad y la habitabilidad del inmueble-“ (sic), cuando son medidas de cesación a la detención preventiva la carga de la prueba recae sobre las partes solicitantes que establece el art. 239.1 del CPP; iii) La prueba presentada al ser observada por el “Ministerio Público y la parte civil, y posteriormente aceptada las observaciones por este juzgador en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales; precisando que el Auto que rechazó la cesación a la detención preventiva de 21 de diciembre, fue recurrido el curso de apelación incidental por las -ahora accionantes-; es decir, el recurso de acción de libertad” (sic) no puede venir a sustituir con relación al recurso de apelación incidental, tal como lo establece el art. 251 del CPP, con relacional art. 403.2 y 404 del CPP es apelable en la vía incidental” (sic); iv) “…Que el recurso de acción de libertad debe cumplir requisitos entre ellos es el principio de subsidiariedad; las ahora impetrantes de tutela presentaron un recurso de apelación incidental que fue sorteado por la circular 28/2021 del tribunal departamental de justicia de Santa Cruz, sorteado por la sala penal de turno en cumplimiento del art. 143 del Código de Procedimiento Penal, la parte recurrente debe proporcionar las copias pertinentes para su remisión; es decir existe un recurso pendiente de resolver por el tribunal de alzada tal como lo establece el art. 398 del CPP…”(sic); y, v) Al existir un recurso pendiente en la vía ordinaria no se agotó el principio de subsidiariedad, “…sin suplir la acción de libertad, más aún en la petición de que su digna autoridad el auto interlocutorio que ha sido dictado de acuerdo a lo que establece el art 54 núm. 2 del CPP” (sic).

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 17/2021 de 23 de diciembre, cursante de fs. 134 a 136 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) Las accionantes refieren que la autoridad demandada el 21 de diciembre de 2021, habría llevado a cabo una audiencia de cesación de medidas cautelares, bajo argumentos basados en meras suposiciones, aduciendo procesamiento indebido que vulneró su derecho a la libertad; y, b) Del análisis de la prueba aportada y de lo expresado por las partes, se infiere que la parte accionante no habría agotado las instancias en la vía ordinaria; toda vez que, del acta de la señalada audiencia se tiene que las impetrantes de tutela no hacen renuncia al recurso de apelación incidental al amparo del art. 251 del CPP, lo que implica no se agotó la vía idónea y expedita para que su derecho o garantía sea precautelada; razón a que son medios o mecanismos ordinarios que la ley le franquea, que son vias idóneas y rápidas para que su derecho sea tutelado, por lo que no se puede activar la vía constitucional cuando previamente no se activó la jurisdicción ordinaria, o cuando la misma no hizo uso de ella, y máxime no es admisible que a través de la acción de libertad, la misma pretenda que sea reparada, lo que implica que la “decidía” u omisión de la parte accionante no puede ser reencausada a través esta acción de defensa, y que debió haber agotado la vía ordinaria, lo contrario implicaría vulnerar el principio de seguridad jurídica y resolver hechos por los cuales la vía ordinaria se pronunció. Por lo que se colige que la parte accionante deberá acudir a esa vía, a fin de que las garantías y derechos sean precautelados por la jurisdicción ordinaria, en razón al principio de subsidiariedad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 14 de octubre de 2021, realizada dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Maritza y Yaquelin ambas Armayo Velásquez – ahora peticionantes de tutela– y otros, por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, estafa agravada y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado; en la cual Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, pronunció el Auto Interlocutorio 262 de igual fecha, disponiendo la detención preventiva de las prenombradas en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el lapso de tres meses, ante la concurrencia de los riesgos procesales establecido en los arts. 234.1 y 2 y 235.1 y 2 del CPP, determinación que en audiencia fue objeto de apelación por las ahora accionantes (fs. 2 a 26 vta.). II.2. Cursa Auto de Vista 389 de 18 de noviembre de 2021, emitido por la Vocal Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante la cual resolvió el recurso de apelación incidental planteado por las ahora peticionantes de tutela contra el Auto Interlocutorio 262 de 14 de octubre del citado año, declarando admisible e improcedente dicha apelación (fs. 31 a 39 vta.). II.3. Por memorial presentado el 3 de diciembre de 2021, las ahora accionantes, solicitaron audiencia de cesación a la detención preventiva en virtud al art. 239.1 del CPP, por existir nuevos elementos que demuestran que esa medida se tornaba innecesaria y debía ser sustituida por otras medidas menos gravosas (fs. 40 a 44 vta.). II.4. Conforme se tiene del Acta de audiencia de acción de libertad, la autoridad demandada, informó que a través del Auto Interlocutorio de 21 de diciembre de 2021, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, realizada por las ahora impetrantes de tutela, al no haber demostrado la habitabilidad y habitualidad en cuanto al domicilio, señalando que “…es importante precisar que el auto que rechazó la cesación a la detención preventiva (…), fue recurrido el recurso de apelación incidental por las ahora accionantes; es decir el recurso de acción de libertad no puede venir a sustituir con relación al recurso de apelación incidental tal como lo establece el art. 251 del Código de procedimiento penal con relacional articulo 403 núm. 2 y 404 del CPP es apelable en la vía incidental” (sic[fs. 130 a 133 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Las impetrantes de tutela, alegan la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro el proceso penal que les sigue el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, estafa agravada y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, la Jueza de control jurisdiccional dispuso su detención preventiva, determinación que siendo apelada fue confirmada en segunda instancia; por lo que habiendo solicitado la cesación de la medida extrema, el Juez ahora demandado, mediante Auto Interlocutorio de 21 de diciembre de 2021 rechazó la misma, con argumentos infundados, incongruentes y arbitrarios, respecto al peligro de fuga, sosteniendo que, en cuanto al domicilio, no se acredito boletas de los servicios básicos de los vecinos, por lo cual y basándose en meras suposiciones mencionó que podrían permanecer ocultas ante el desconocimiento de morada y que en libertad podrían adquirir un chip de línea telefónica para influenciar en alguna declaración. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

El principio de subsidiariedad excepcional, que exige el agotamiento de los recursos ordinarios establecidos por ley previamente antes de acudir a la vía constitucional, no forma parte de la naturaleza de la acción de libertad, pues por su ámbito de protección de los derechos a la libertad personal y de locomoción y a la vida, justamente su trámite tiene carácter sumarísimo, inmediato e informal.

En este sentido, de acuerdo al entendimiento efectuado en la SC 982/00-R de 23 de octubre de 2020 , el entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad- no requería que la persona previamente acuda a la jurisdicción ordinaria para agotar los recursos ordinarios a fin de reparar la lesión de su derecho a la libertad, pues la vía constitucional estaba expedita para ello; sin embargo, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 160/2005-R de 23 de febrero, moduló este entendimiento y estableció excepciones en las que era permisible declarar la improcedencia del citado recurso al existir otros medios o recursos inmediatos, expeditos e idóneos, lo cual empero implica que la aplicación del principio de subsidiariedad tiene carácter excepcional; toda vez que, “si el ordenamiento jurídico no prevé un medio de defensa que tenga las características de idoneidad, especificidad e inmediatez, es posible, a través del habeas corpus, analizar las supuestas lesiones al derecho a la libertad”.

En este marco, la SCP 0026/2010-R de 13 de abril, respecto a la legalidad o no de las actuaciones policiales y de la aprehensión fiscal, en su ratio decidendi señaló que:

“…de conformidad a lo previsto por el art. 54 inc.1) del CPP le compete controlar la investigación; por ende, es al mencionado Juez a quién le corresponde analizar los argumentos fácticos y jurídicos, como también valorar la prueba aportada por las partes, a objeto de determinar conforme a derecho la legalidad o no de las actuaciones policiales y de la aprehensión fiscal, y precisamente dicha autoridad jurisdiccional -a momento del análisis de la acción tutelar- ya ha fijado fecha y hora para la consideración de las supuestas ilegalidades en la aprehensión del imputado hoy accionante; y toda vez que está bajo control jurisdiccional, será esa la autoridad que determine su libertad, si es que corresponde; motivo por el cual no es posible conceder la tutela solicitada, por cuanto la presente acción, no es la vía idónea para revisar y valorar las actuaciones de dichos funcionarios, mucho menos para ordenar la libertad del recurrente” (el resaltado corresponde al texto original). Ahora bien, con la finalidad de delimitar los casos excepcionales en los cuales no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada a través de la acción de libertad, en el marco de la aplicación de los valores de equilibrio y complementariedad de las jurisdicciones ordinaria y constitucional, es que en la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, se estableció los siguientes supuestos de subsidiariedad:

“Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.

Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.

Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (las negrillas y el subrayado son ilustrativas).

Sin embargo, la citada Sentencia Constitucional, en el caso de que se denuncie la vulneración del derecho a la vida por medio de la acción de libertad ha establecido que no opera la improcedencia por subsidiariedad. Igualmente, sobre la activación simultánea de jurisdicciones distintas en la acción de libertad, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, estableció que:

“…para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

Por su parte, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, efectuó el cambio de línea jurisprudencial que fue establecida en la primera parte del primer presupuesto de la SC 0080/2010-R, en virtud al ámbito de protección de la acción de libertad; toda vez que, si el Juez cautelar no tiene conocimiento del inicio de investigación o si en un caso ajeno que no implique un delito, las personas, los servidores públicos y por ende las fuerzas del orden público como la autoridad fiscal tienen la obligación de dar cumplimiento a la Constitución Política del Estado y respetar el derecho a la libertad, en ese entendido se instituyó que:

“…en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad” (las negrillas son añadidas).

De acuerdo a lo señalado la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, ha mantenido el razonamiento efectuado en la segunda parte del primer presupuesto de SC 0080/2010-R, al señalar que:

“…cuando la restricción se hubiera presuntamente operado al margen de los casos y formas establecidas por ley y que, sin embargo, tal hecho se hubiera dado a conocer al juez cautelar del inicio de la investigación y, en su caso, de la imputación, resulta indispensable recordar que el art. 54.1 del CPP, establece que entre las competencias del Juez de Instrucción en lo Penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el Juez de Instrucción en lo Penal, que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación”(las negrillas fueron añadidas).

De otro lado, la SCP 0360/2012 de 22 de junio, en cuanto a la competencia para conocer una denuncia de vulneración del derecho a la libertad señaló como excepción a lo establecido ya por la jurisprudencia lo siguiente:

“Cuando no existe al menos una denuncia o investigación penal abierta contra la persona, o que al momento de su aprehensión ni siquiera se le sorprendió en la comisión de un delito flagrante, situación que posibilita ingresar directamente al análisis de fondo de la causa a través de la acción de libertad, sin necesidad de acudir ante el Juez cautelar, al no existir los medios inmediatos y eficaces previstos por ley para que opere el carácter excepcional de subsidiariedad de la acción de libertad”. Así también, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0482/2013 de 12 de abril, vio la necesidad de realizar una aclaración en relación al Juez de Instrucción de turno como instancia previa antes de activar la acción de libertad y unificar la interpretación que desarrollaron las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0185/2012 y 0360/2012, para así efectuar una integración marco de la línea jurisprudencia con la finalidad de que las personas puedan acceder de manera efectiva a la jurisdicción constitucional y asimismo facilitar el trabajo de los operadores de justicia y otorgar seguridad y certeza respecto a la aplicación del principio de subsidiariedad en la acción de libertad. En este entendido, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional unificando la jurisprudencia señalada precedentemente, estableció de manera excepcional los siguientes escenarios que imposibilitan ingresar al fondo de la mencionada acción de defensa:

“1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.

3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad. 4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. 5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el resaltado fueron incluidos). Asimismo, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, realizó la modulación de la SCP 0185/2012 y el primer presupuesto establecido en la SCP 0482/2013, sobre la posibilidad de la presentación de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, bajo los siguientes presupuestos:

“i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional” (las negrillas nos corresponden).

Sin embargo, la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional, también explicó que el razonamiento señalado precedentemente no implica un desconocimiento a la previsión contenida en el art. 303 del CPP, el cual establece que si el fiscal no formaliza la imputación formal de la persona que se encuentra detenida dentro del plazo de veinticuatro horas desde que tomó conocimiento de la aprehensión; “…el juez de la instrucción dispondrá, de oficio o a petición de parte, la inmediata libertad del detenido…”; la cual fue prevista para los supuestos en los que existe una autoridad jurisdiccional identificada, pues en este caso se comprende que el fiscal ya dio aviso al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones. De igual forma, aclaró que si la persona acude directamente al Juez de instrucción “la persona aprehendida ya no podrá acudir de manera paralela con su reclamo ante la justicia constitucional a través de la acción de libertad, sino sólo cuando dicha autoridad jurisdiccional de turno no hubiere reparado la supuesta lesión denunciada por el imputado”. Este entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1067/2021-S3, 0762/2021-S2, 0235/2020-S1 y 0560/2020-S1, entre otras. De la sistematización jurisprudencial efectuada, se concluye que la acción de libertad no tiene carácter subsidiario por su naturaleza jurídica; empero, de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia constitucional, se establecieron excepciones que imposibilitan acudir directamente a la jurisdicción constitucional a través de la referida acción tutelar para resolver la vulneración denunciada y por ende la aplicación del principio de subsidiariedad excepcional, en tal sentido, de acuerdo a la modulación efectuada por la jurisprudencia, en lo concerniente a la jurisdicción competente para conocer la presunta lesión del derecho a la libertad, queda establecido que, cuando el Fiscal hubiera dado a conocer el inicio de la investigación al juez de turno o la imputación formal, queda plenamente identificado el Juez que ejerce el control jurisdiccional del proceso; en consecuencia, corresponde que la persona acuda previamente a dicha autoridad judicial para que resguarde ese derecho y en caso de que el mismo no lo restablezca recién se puede acudir a la instancia constitucional, de lo contrario si se acude directamente ante esta jurisdicción se aplica la subsidiariedad excepcional y no se ingresa al fondo del asunto reclamado.

III.2. Análisis del caso concreto

Las impetrantes de tutela, alegan la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro el proceso penal que les sigue el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, estafa agravada y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, la Jueza de control jurisdiccional dispuso su detención preventiva, determinación que siendo apelada fue confirmada en segunda instancia; por lo que habiendo solicitado la cesación de la medida extrema, el Juez ahora demandado, mediante Auto Interlocutorio de 21 de diciembre de 2021 rechazó la misma, con argumentos infundados, incongruentes y arbitrarios, respecto al peligro de fuga, sosteniendo que, en cuanto al domicilio, no se acredito boletas de los servicios básicos de los vecinos, por lo cual y basándose en meras suposiciones mencionó que podrían permanecer ocultas ante el desconocimiento de morada y que en libertad podrían adquirir un chip de línea telefónica para influenciar en alguna declaración. Ahora bien, conforme a las Conclusiones del presente fallo constitucional, se advierte que, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra las ahora accionantes y otros, por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, estafa agravada y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió el Auto Interlocutorio 262 de 14 de octubre de 2021, en la cual dispuso la detención preventiva de las prenombradas en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el lapso de tres meses, por la concurrencia de los riesgos procesales establecido en los arts. 234.1 y 2 y 235.1 y 2 del CPP; determinación que siendo objeto de apelación, mereció el Auto de Vista 389 de 18 de noviembre del referido año, emitido por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la referida resolución (Conclusiones II.1 y II.2). Es así que, a través de memorial presentado el 3 de diciembre de 2021, las ahora impetrantes de tutela, solicitaron cesación a su detención preventiva al amparo del art. 239.1 del CPP, misma que tuvo lugar el 21 de igual mes y año, emitiéndose el Auto Interlocutorio ahora cuestionado, que rechazó la solicitud de dicha medida cautelar, siendo esta Resolución apelada por las prenombradas (Conclusiones II.3 y II.4). Bajo ese contexto, y siendo que las solicitantes de tutela esencialmente cuestionan el Auto Interlocutorio de 21 de diciembre de 2021, por la cual el Juez ahora demandado rechazó la cesación de la detención preventiva solicitada por las referidas, ante la subsistencia de los peligros procesales de fuga y obstaculización –arts. 234.2 y 235.1 y 2–, sobre los cuales precisamente las accionantes denuncian que la subsistencia de los mismos se basó en argumentos infundados, incongruentes y arbitrarios, porque en cuanto al domicilio exigió que se acredite boletas de los servicios básicos de los vecinos, y basándose en meras suposiciones menciono que podrían permanecer ocultas ante el desconocimiento de morada y que en libertad podrían adquirir un chip de línea telefónica para influenciar a testigos; consecuentemente, ante tal denuncia, concierne remitirnos a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, referida a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, la cual establece que, en los casos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser agotados previamente antes de activar la acción de libertad;

pudiendo la misma ser interpuesta directamente, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, únicamente cuando la supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o no exista los medios inmediatos y eficaces previstos por ley; en tal sentido, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico referido ha establecido supuestos excepcionales por los cuales no es posible ingresar al análisis de fondo de la acción de libertad, entre ellos, el segundo supuesto, establece que en los casos donde exista imputación y/o acusación formal y se impugna una resolución judicial sea esta de una medida cautelar o de cuestiones lesivas a derechos fundamentales o al debido proceso, con carácter previo a interponer la acción de defensa, el agraviado debe plantear el recurso de apelación correspondiente a efectos de que la autoridad de segunda instancia, pueda corregir o reparar la arbitrariedad denunciada a través de los medios impugnaticios rápidos y oportunos previstos en el Código de Procedimiento Penal para tales vulneraciones. Al respecto y siendo que el Auto Interlocutorio de 21 de diciembre de 2021 que las accionantes cuestionan, deviene de la aplicación de medidas cautelares, específicamente de la solicitud de cesación a la detención preventiva que fue rechazado por la autoridad demandada, concierne referir que, el derecho a impugnar se halla garantizado tanto en el art. 180.II de la CPE, como en la norma infra constitucional, en el art. 394 del CPP; consecuentemente, en esta última norma adjetiva penal, se encuentra previsto un medio ordinario rápido y oportuno para corregir posibles lesiones a derechos fundamentales que puedan generarse en el desarrollo del proceso penal, constituyéndose este, en el recurso de apelación incidental inserto en el art. 403 del CPP, que refiere que el recurso de apelación incidental procede contra las resoluciones expresamente señaladas por la ley, estableciendo en su numeral 3 que son apelables incidentalmente las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, recurso que tiene su propia regulación establecida en los arts. 404 al 406 del citado Código; de igual forma, el art. 251 de la norma adjetiva penal regula el instituto de la apelación en medidas cautelares, ello en virtud a que dichas determinaciones involucran o están vinculadas generalmente al derecho fundamental a la libertad personal, razón por la cual, la tramitación y resolución de este recurso en aplicación de medidas cautelares exige una mayor celeridad; a tal efecto, se tiene del informe presentado por la autoridad demandada, que dicho medio de impugnación fue activado por las impetrantes de tutela, lo cual no fue negado por su abogado en audiencia, y no obstante a que este señaló que habían procedido a retirar dicho recurso renunciando al mismo, no se advierte constancia de tal extremo, máxime cuando los derechos fundamentales son irrenunciables.

En tal sentido, respecto a esta denuncia concurre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, puesto que, con carácter previo a interponer la acción de defensa, se debe impugnar la resolución considerada vulneratoria a sus derechos, para que la instancia respectiva tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada, como lo hizo la parte accionante, por consiguiente, corresponde aplicar para el caso concreto, la referida jurisprudencia constitucional señalada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; toda vez que, las impetrantes de tutela impugnaron la resolución que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, por lo cual tampoco es posible activar de manera paralela ambas jurisdicciones, ya que implicaría una duplicidad de fallos, que pudiera resultar perjudicial a las propias accionantes, además de generar una disfunción procesal no deseada para el ordenamiento jurídico; puesto que, al pretender utilizar ésta acción tutelar como un mecanismo de protección de la jurisdicción ordinaria, se desnaturaliza el alcance del carácter subsidiario excepcional de la acción de libertad, cuando en los hechos, la jurisdicción ordinaria ofrece los mecanismos procesales impugnatorios para revisar las decisiones que afecten sus derechos; por lo cual, antes de acudir a la instancia constitucional deben hacer uso de los medios idóneos, eficaces, inmediatos y oportunos, para la reparación de las presuntas lesiones a sus derechos, y de ningún modo acudir llanamente a esta jurisdicción; razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada. Consiguientemente, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2021 de 23 de diciembre, cursante de fs. 134 a 136 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática venida en revisión. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Serrudo Santelices, Patricia. La tutela eficaz del derecho a la libertad personal en el marco del art. 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos: Una visión a la acción de libertad en el Estado Plurinacional de Bolivia, páginas 21 a 22.

2 “…para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0420_2023-S1.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): f8962bd8f839ca11bda990614ec38e4e78cdfcaf9990c69c7e71d714af61d7d8

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