Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 8 de mayo de 2025
Deniega la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos y los de su hijo recién nacido a la vida y libertad, en virtud a que la autoridad jurisdiccional demandada, rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, sin considerar primero su estado de embarazo y posteriormente su estado de posparto ante el nacimiento de su hijo. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si lo alegado es evidente y en su caso, si amerita conceder o no la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14 de 23 de septiembre de 2022, cursante de fs. 40 vta. a 42, pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0419/2025-S4 Sucre, 8 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 51982-2022-104-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 14 de 23 de septiembre de 2022, cursante de fs. 40 vta. a 42, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhonny Abdón Urimo Sea en representación sin mandato de Adriana Baneza Cardon Villanueva contra Cinthia Fabiola Pardo Chavarría, Jueza de Sentencia Penal Séptima del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 22 de septiembre de 2022, cursante de fs. 1; y, 35 a 37 vta., la accionante a través de su representante sin mandato señaló lo siguiente:
Investigada por el presunto delito de suministro de sustancias controladas, la autoridad de control jurisdiccional dispuso en su contra el 3 de noviembre de 2012, detención preventiva; habiendo solicitado cesación a dicha medida de carácter personal, el 29 de noviembre de 2013; se dispuso en su favor el cumplimento de presentación cada quince días ante el Ministerio Público, arraigo, prohibición de comunicarse con algunas personas parte del proceso y detención domiciliaria; no obstante, el 3 de junio de 2022, el representante del Ministerio Público, solicitó a la Juez hoy accionada, revocatoria de las citadas medidas cautelares ante su incumplimiento, adjuntando al efecto un informe de la encargada del sistema de control biométrico, de la Unidad de Sustancias Controladas del Ministerio Público, mediante el cual se hizo conocer que la procesada no se encontraría registrada en dicho sistema.
Señalada la audiencia para la consideración de la revocatoria de medidas cautelares para el 15 de junio de 2022, ésta fue suspendida dado que a pesar de contar con la dirección de su abogado defensor, no fueron notificados al efecto, reprogramándose este acto procesal para el 24 del mismo mes y año; empero, nunca fue notificada con esta nueva fecha de audiencia, ante tal situación y en su ausencia, la jueza hoy demandada instaló la audiencia con una abogada defensora de oficio, y pese a que ésta informó que la procesada se encontraba en estado de gestación y acompañando documentación que acreditan este extremo, y la imposibilidad que se emita en su contra una detención preventiva, la autoridad jurisdiccional hoy demandada, ordenó su detención preventiva a cumplirse en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, sólo por incumplir con la firma en el biométrico, siendo que hubiere firmado de manera continua en el libro de registros del Ministerio Público. Posterior a ello, habiendo solicitado cesación a su detención preventiva, en audiencia de 7 de septiembre de 2022, la Jueza demandada rechazó la misma, pese a haber acreditado mediante dos certificados médicos, su estado de gestación de veintiocho semanas, diabetes gestacional, embarazo de alto riesgo, anemia y papeletas de salida de emergencia, que demuestran su delicado estado de salud; también presentó informe de veintitrés empresas de turismo, por las cuales acreditó que no existe ningún pasaje comprado a su nombre.
Denunció la lesión de sus derechos y la del ser en gestación a la vida y libertad, citando al efecto los arts. 45.V, 60, 115 y 118 de la Constitución Política el Estado (CPE); 25.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC); y, 12.2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, “…se restablezcan los derechos que ha citado como vulnerados” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 23 de septiembre de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 39 a 40 vta.; presente la parte accionante por medio de su abogado y ausente la autoridad jurisdiccional demandada, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, ratificó de manera íntegra su memorial de acción de libertad, y aclarando algunos aspectos en la audiencia tutelar señaló que, cumpliendo detención preventiva, el 15 de agosto de 2022 fue trasladada de emergencia al Hospital de la Mujer Percy Boland, ante una complicación en su embarazo, Centro Hospitalario en el que permaneció hasta el 9 de septiembre del mismo año en condición de internada, y luego de que le dieron el alta, retornó al Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”; no obstante “…el día sábado a las horas de la mañana ya habría nacido el bebé” (sic [se presume sábado 17 de septiembre de 2022]), mismo que se encontraría en incubadora dado que, éste presenta aire en los pulmones, y por tal razón debe estar constantemente a su lado con el fin de amamantarlo.
Cinthia Fabiola Pardo Chavarría, Jueza de Sentencia Penal Séptima del departamento de Santa Cruz, pese a su notificación que según sostuvo Ariel Condori Marcos, Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías fue, “legalmente notificado” (sic), no remitió informe alguno, tampoco se hizo presente en la audiencia tutelar.
La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 14 de 23 de septiembre de 2022, cursante de fs. 40 vta. a 42, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) En análisis de la determinación asumida por la Jueza hoy demandada, de rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva de la impetrante de tutela, se observa que la misma se basa en que la acusada, no ha desvirtuado en etapa de juicio oral todos los riesgos procesales para ser beneficiada con otra medida cautelar menos gravosa; y, b) La accionante solicitó la cesación a la detención preventiva invocando el art. 232.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), es decir alegando su condición de mujer embarazada, no obstante, de la declaración de la propia accionante, se tiene que al momento de presentar esta acción de tutela, el ser en gestación ya hubiere nacido, por lo cual, no merece una interpretación del alcance de dicho artículo, debiendo en todo caso la impetrante de tutela, solicitar su cesación en mérito al art. 232.8 del CPP, mismo que hace referencia a la imposibilidad de declarar la detención preventiva en relación a madres lactantes.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio de 29 de septiembre de 2013, emitido por el Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Santa Cruz, mediante el cual, dentro de la investigación instaurada en contra de Adriana Baneza Cardon Villanueva por el presunto delito de suministro de sustancias controladas, favoreció a ésta con medidas sustitutivas, comprendidas en: 1) Obligación de presentarse ante el Ministerio Público cada 15 días; 2) Prohibición de salir del país; 3) Prohibición de comunicarse con personas involucradas en el caso; y, 4) Detención domiciliaria (fs. 5 a 6 vta.). II.2. Auto Interlocutorio 01/2022 de 24 de junio, emitido por el Juez de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, por el cual, se revocaron las medidas sustitutivas dispuestas en favor de Adriana Baneza Cardon Villanueva, consecuentemente ordenó el libramiento en su contra del Mandamiento de detención preventiva (fs. 9 a 10 vta.). II.3. Mediante Auto Interlocutorio 08/2022 de 7 de septiembre, Cinthia Fabiola Pardo Chavarría, Jueza de Sentencia Penal Séptima de la capital del departamento de Santa Cruz, –hoy demandada– en consideración de la solicitud de Adriana Baneza Cardon Villanueva –hoy accionante–, de cesación a su detención preventiva, rechazó dicha pretensión (fs. 15 a 18 vta.).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos y los de su hijo recién nacido a la vida y libertad, en virtud a que la autoridad jurisdiccional demandada, rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, sin considerar primero su estado de embarazo y posteriormente su estado de posparto ante el nacimiento de su hijo. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si lo alegado es evidente y en su caso, si amerita conceder o no la tutela solicitada.
El art. 45.V de la CPE, dispone que: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal”, dicha disposición constitucional tiene su fundamento además en los arts. 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mismo que dispone que: “Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social”; y, 12.2 de la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, que determina: “…los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia” (el resaltado nos pertenece). De lo glosado ut supra, ya en su momento la jurisprudencia constitucional, determinó, la imperiosa necesidad de que el Estado deba proteger a la mujer embarazada, en ese comprendido la SC 1497/2011-R de 11 de octubre, en relación al artículo constitucional citado, sostuvo que: “…se desprende que la intención del Constituyente no fue únicamente proteger a la mujer en estado de gravidez, sino a la futura madre. Reconocimiento no sólo constitucional sino que se halla en innumerables tratados y convenios internacionales ratificados por Bolivia, que forman parte del bloque de constitucionalidad” (el resaltado nos pertenece). En ese entendido, la regla 64 de la Resolución aprobada por la Asamblea General [sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/65/457)] 65/229. Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) sobre la temática señaló que: “Las cárceles no están diseñadas para las mujeres embarazadas y para las mujeres con niños pequeños. Debe hacerse todo esfuerzo que sea necesario para mantener a esas mujeres fuera de la cárcel, cuando sea posible y apropiado, aunque teniendo en cuenta la gravedad del delito cometido y el riesgo para la sociedad” (el resaltado nos pertenece). Reconociendo esta realidad, el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, determinó que “…el uso de la prisión para determinadas categorías de delincuentes, como las mujeres embarazadas o madres con bebés o niños pequeños, debe ser limitado y debe realizarse un esfuerzo especial por evitar el uso prolongado de prisión como sanción para estas categorías” (el resaltado nos pertenece). En ese sentido, y siendo importante que el Estado garantice a las mujeres embarazadas así como en la etapa de posparto, un trato digno y coherente con la atención en su condición de vulnerabilidad, el legislador, mediante la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que modificó varios artículos del Código de Procedimiento Penal, dispuso que, la detención preventiva no procede cuando se trate de mujeres embarazadas y madres durante la lactancia de hijos menores de un año (art. 232.I.7 y 8 del CPP). Sin embargo, también el legislador, atendiendo a ciertas circunstancias especiales, ha determinado que este entendimiento, no es procedentes cuando se encuentre en proceso de investigación las denuncias por ciertos tipos penales, al comprender que estos, al ser bienes jurídicos de relevancia deben ser tratados como excepciones a la regla, así la Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019, que modificó la Ley 1173, determinó en su art. 232.III, que: “Los numerales 4, 6, 7, 8 y 9 del Parágrafo I del presente Artículo, no se aplicarán como causal de improcedencia de la detención preventiva cuando se trate de alguno de los siguientes delitos: 1. De lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra. 2. Contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores. 3. De contenido patrimonial que se ejerzan con violencia física sobre las personas. 4. De contenido patrimonial con afectación al Estado, de corrupción o vinculados. 5. De narcotráfico y sustancias controladas” (el resaltado nos pertenece). En ese sentido, se debe comprender que la improcedencia a la detención preventiva de mujeres embarazadas o mujeres en condición de posparto, no es aplicable en la investigación por presuntos delitos de narcotráfico y sustancias controladas.
La accionante alega como lesionados sus derechos y los de su hijo recién nacido a la vida y la libertad, ante el rechazo de la autoridad jurisdiccional demandada a la cesación de su detención preventiva, medida de carácter personal que cumple investigada por el presunto delito de suministro de sustancias controladas. En ese marco y previo a ingresar en el análisis de fondo de lo demandado, corresponde efectuar dos aclaraciones necesarias, la primera referida a que, al tratarse de los derechos de dos personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria, y en particular al tratarse del derecho a la vida, no es posible en este caso exigir el agotamiento de los mecanismo procesales internos, pues, “…por la naturaleza de los derechos que se denuncian vulnerados (como es el derecho a la vida que no admite restricciones en su ejercicio); por el grado de indefensión del agraviado y/o accionante (evidente negligencia o dilación de autoridades que rigen la actividad procesal penal, falta de defensa idónea, etc.); o por la vulnerabilidad del agraviado -y/o accionante- (menores de edad, mujeres embarazas o con hijos lactantes, personas de la tercera edad, enfermos graves o personas que merezcan protección especial del Estado)” (SCP 2453/2012 de 22 de noviembre) corresponde ingresar de manera directa a analizar la posible lesión de los derechos invocados. La segunda aclaración necesaria se refiere a que la hoy accionante, ha relatado en su acción de libertad, así como en su participación en audiencia tutelar, una serie de presuntas irregularidades en el trámite del proceso en el cual se encuentra investigada; no obstante, no presentó mayor prueba al respecto y por otro lado, se comprende que, a través de su petitorio su objetivo principal es que ésta jurisdicción analice el rechazo de su solicitud de cesación a la detención preventiva que fue determinada por la autoridad jurisdiccional demandada, en tal sentido, el presente análisis se subsumirá únicamente a este último hecho. En ese marco, de las conclusiones II.1. y II.2. de este fallo constitucional, se tiene que, en contra de Adriana Baneza Cardon Villanueva investigada por el presunto delito de suministro de sustancias controladas, el Juez penal competente determinó su detención preventiva, y posteriormente ante su solicitud, esta fue favorecida con la imposición de medidas sustitutivas, comprendidas en: i) Obligación de presentarse ante el Ministerio Público cada quince días; ii) Prohibición de salir del país; iii) Prohibición de comunicarse con personas involucradas en el caso; y, iv) Detención domiciliaria; empero, ante el incumplimiento de las mismas, mediante Auto Interlocutorio 01/2022 de 24 de junio, éstas le fueron revocadas, en consecuencia se dispuso nuevamente su detención preventiva. En esa condición –guardando detención preventiva–, exponiendo su situación de embarazo, y con complicaciones en su salud y del ser en gestación, solicitó la cesación a su detención preventiva, misma que le fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 08/2022 de 7 de septiembre, emitido por la Jueza de Sentencia Penal Séptima del departamento de Santa Cruz, –hoy demandada– (Conclusión II.3.), con lo cual denuncia una incorrecta aplicación de la norma, pues según señala, la autoridad jurisdiccional demandada debió considerar su situación y otorgarle otras medidas menos gravosas; en audiencia tutelar, su abogado aclaró que el hijo de la accionante hubiere nacido el 17 de septiembre de 2022.
Conforme a lo señalado, del Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se tiene que, como regla general, la Norma Suprema, así como el bloque de constitucionalidad, han establecido que, en resguardo de la mujer embarazada o la mujer en condición de posparto, y precautelando su salud y la del nuevo ser, se deben asumir medidas pertinentes y efectivas con el fin evitar que en contra de ella se dispongan medidas restrictivas de su libertad, tales como arrestos, aprehensiones, detenciones preventivas y cumplimiento de condenas, pues las cárceles, no son lugares adecuados, en los que se pueda desarrollar de manera óptima el embarazo, tampoco la etapa de lactancia. Sin embargo, como excepción, y comprendiendo, la gravedad del delito y el riesgo para la sociedad, también se ha establecido la posibilidad, aunque mínima –es decir en casos excepcionales– que se pueda determinar en contra de mujeres embarazadas o en etapa de lactancia, la restricción de su libertad, misma que debe ser limitada y requerir de las autoridades competentes un esfuerzo especial para evitar el uso prolongado de la prisión como sanción para estas categorías. Comprendiendo estos razonamientos el legislador, ha establecido, que si bien como regla general es improcedente determinar la detención preventiva en relación a mujeres embarazadas y madres durante la lactancia de hijos menores de un año; también, ha establecido la excepción a esta regla, en relación a la gravedad del delito y el grado de peligrosidad del mismo, teniendo –en aplicación al presente caso– que la detención preventiva de mujeres embarazadas y madres lactantes, es posible dentro de la investigación por los presuntos delitos de narcotráfico y sustancias controladas. En el presente caso, Adriana Baneza Cardon Villanueva –hoy accionante–, se encuentra investigada y con acusación fiscal (es decir en etapa de juicio oral), por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, tipo penal, que ingresa en las excepciones que posibilitan que en contra de una mujer embarazada y una madre lactante se pueda disponer excepcionalmente su detención preventiva, es decir, al respecto no existiría ninguna situación que la Jueza hoy accionada hubiere incumplido; por otro lado, del análisis del Auto Interlocutorio 08/2022 de 7 de septiembre, se tiene que el rechazo a la cesación de la detención preventiva se funda, en que la hoy impetrante de tutela no hubiere desvirtuado los riesgos procesales contenidos en el art. 234 del CPP, dado que “…ha presentado documentación pertinente al peligro de fuga y no así al 234 numeral 1, es decir no ha demostrado tener un domicilio, un trabajo y una familia” (sic).
En ese contexto, dado que el legislador, ha establecido como excepción a la regla la procedencia de su detención preventiva por el tipo penal investigado, y que no hubiere desvirtuado los riesgos procesales antes mencionados, la determinación de la Jueza hoy demandada, no transgrede ninguna norma vigente, por ende, no se observa la lesión de los derechos invocados en esta acción de libertad, lo que amerita denegar la tutela solicitada. A modo de aclaración y a la vez de recomendación, este Tribunal no puede soslayar el hecho particular, del nacimiento de un nuevo ser y las condiciones de salud en las que se puedan encontrar tanto la madre como el ser en gestación o el recién nacido, por lo que corresponde recomendar a las autoridades jurisdiccionales y administrativas, asumir con urgencia todas las medidas necesarias para resguardar la vida de la madre, del ser en gestación y del recién nacido, así como hacer los máximos esfuerzos para que la restricción de la libertad sea por tiempos no prolongados, en éste caso y en otros casos similares. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14 de 23 de septiembre de 2022, cursante de fs. 40 vta. a 42, pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
1 Por sus siglas en ingles
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0419_2025-S4.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 87123ba24da8d1fd7c6e13c8f995537a5b7d31ed87aa4c6e7e931015f861699f
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