Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 8 de mayo de 2025
Concede en parte la tutela
La parte peticionante de tutela denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad procesal; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas previsto y sancionado por el art. 48, en relación al art. 33 inciso m) de la Ley 1008; la Jueza demandada, mediante Auto Interlocutorio 199/2022 de 23 de enero, ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el plazo de noventa (90) días, el cual venció el 23 de abril de igual año; sin embargo, pese a las reiteradas solicitudes de cesación a la detención preventiva conforme el art. 239.2 del CPP, presentadas el 23 y 24 de abril, 31 de mayo y 3 de junio de 2022, la autoridad judicial ahora demandada suspendió las audiencias programadas, debido a que se encontraba en otra audiencia con aprehendido, sin reprogramar una nueva fecha para considerar su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; 3) La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las Leyes 1173 y 1226; y, 4) Análisis del caso concreto; y, 5) Otras consideraciones.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 12/2022 de 10 de junio, cursante de fs. 19 a 22, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia:
1º CONCEDER la tutela impetrada por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad procesal, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la suspensión injustificada de audiencias, sin señalar una nueva conforme a ley;
2° Disponer que la Jueza ahora demandada, en el plazo de veinticuatro (24) horas de notificada con el presente fallo constitucional, señale audiencia de cesación a la detención preventiva y resuelva la petición efectuada, siempre y cuando no se hubiera modificado la situación jurídica de los ahora accionantes; 3º DENEGAR la tutela solicitada por los ahora solicitantes de tutela, con relación al Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional;
y, 4° Llamar severamente la atención a Cinthia Fabiola Pardo Chavarría, Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.5 del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0419/2025-S1 Sucre, 08 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52032-2022-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 12/2022 de 10 de junio, cursante de fs. 19 a 22, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Darwin Vásquez Moreno y Hugo Alejandro Sandoval Montenegro en representación sin mandato de Yasmani Sevilla Rocha y Fabián Gustavo Sevilla Rocha contra Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza y Cristian Mauricio Orellana Rojas, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Mediante memorial presentado el 9 de junio de 2022, cursante de fs. 4 a 6 vta, los impretrantes de tutela, a través de sus representantes sin mandato, manifestaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señalan que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Yasmani Sevilla Rocha y Fabián Gustavo Sevilla Rocha -ahora accionantes-, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas previsto y sancionado por el art. 48, en relación al art. 33 inciso m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-; la Jueza ahora demandada, por Auto Interlocutorio 199/2022 de 23 de enero, ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, por el plazo de noventa días, misma que se cumplió el 23 de abril de igual año. El 23 y 24 de abril de 2022, solicitaron su cesación de su detención preventiva, conforme el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-; sin embargo, la audiencia señalada fue suspendida por razones y motivos ajenos a nuestra voluntad; posteriormente, el 31 de mayo del mismo año, nuevamente solicitó se señalé día y hora de audiencia para considerar el cumplimiento del plazo de la detención preventiva, la cual mereció providencia de 1 de junio de igual año, señalando audiencia para el 3 de junio del indicado año, misma que no se instaló, debido a que la Jueza ahora accionada, se encontraba en otra audiencia con aprehendido. Al no tener respuesta, el 3 de junio de 2022, nuevamente solicitaron el señalamiento de día y hora de audiencia, que fue providenciado el 7 de igual mes y año señalando audiencia para el 9 del mismo mes y año, -a horas 11:15-; sin embargo, la misma se suspendió debido a que supuestamente, la Jueza -ahora demandada-, se encontraba en audiencia, sin señalar nuevo fecha para considerar el plazo de su detención preventiva, transcurriendo más de un (1) mes y diecisiete (17) días, sin que la Jueza ahora demandada resuelva nuestra situación jurídica.
Los impetrantes de tutela, consideran lesionados de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad procesal, citando al efecto los arts. 23, 115 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); arts. 8.1 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); arts. 2.1, 3 y 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitan que se conceda la tutela; y, en consecuencia, se señale audiencia de cesación a la detención preventiva, y sea en el plazo de veinticuatro (24) horas, restituyendo los derechos y garantías de los ahora accionantes.
Celebrada la audiencia pública el 10 de junio de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 18 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de sus abogados, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su demanda tutelar y ampliando sus fundamentos, señaló que: a) Los ahora peticionantes de tutela, cumplieron su detención preventiva de noventa (90) días, el 23 de abril de 2022, sin que se haya fijado audiencia para considerar el plazo de su detención preventiva; b) A pesar de haber solicitado varias veces la audiencia conforme al art. 239.2 del CPP, estas fueron suspendidas sin justificación legal, ya que supuestamente la autoridad jurisdiccional estaba en otras audiencias con aprehendido; y, c) Las audiencias se suspendieron sin señalar nuevo día y hora para su celebración, por ello se vulneró flagrante del derecho de los imputados -ahora impetrantes de tutela- a la libertad, a ser oídos y a una justicia pronta sin dilaciones, por lo que solicita se conceda la tutela y se fije audiencia en un plazo de 24 horas hábiles.
Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza y Cristian Mauricio Orellana Rojas, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentaron informes escritos ni asistieron a la audiencia tutelar, pese a su legal notificación cursante a fs. 10 y 16.
La Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través de la Resolución 12/2022 de 10 de junio, cursante de fs. 19 a 22, denegó la tutela solicitada en base a los siguientes fundamentos: 1) Se constató que la Jueza de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, ordenó la detención preventiva de los ahora demandantes de tutela por noventa (90) días mediante Auto Interlocutorio 199/2022 de 23 de enero y después del vencimiento del plazo, los abogados presentaron solicitudes de audiencia de consideración de su situación jurídica, conforme el art. 239.2 del CPP; 2) A lo largo del proceso, se programaron audiencias para los días 26 de mayo, 3 de junio y 9 de igual mes, pero todas fueron suspendidas por diversas razones, principalmente porque la Jueza -ahora demandada- se encontraba en otras audiencias con aprehendidos; 3) En cada caso, se evidenció que se realizaron las notificaciones correspondientes, y las suspensiones fueron comunicadas por el Secretario del Juzgado -ahora demandado-; sin embargo, al no haberse instalado formalmente las audiencias, no se elaboraron actas de suspensión; y, 4) En consecuencia, no se configuró una vulneración al derecho a la libertad, ni al debido proceso, dado que la Jueza ahora accionada, sí dio cumplimiento a lo solicitado, señalando las audiencias en los plazos legales. Además, se señala que ante la última suspensión, los solicitantes de tutela pudieron haber solicitado nuevamente el señalamiento de audiencia antes de interponer la Acción de Libertad; asimismo, se reconoce la carga laboral que enfrentan los juzgados cautelares, lo cual explica en parte, las suspensiones de las audiencias previamente programadas. En la vía de aclaración, enmienda o complementación, los solicitantes de tutela a través de su abogado manifestó que: i) No se aplicó correctamente la presunción de veracidad prevista en la “SCP 027/2018 de 7 de marzo” y en el art. 35.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), ya que la autoridad demandada no presentó informe escrito, ni oral, ni asistió a la audiencia, lo que debió presumir la vulneración del derecho; ii) Cuestiona que se haya justificado la suspensión de audiencias por sobrecarga laboral del juzgado cautelar, señalando que todos los derechos tienen igual jerarquía ante el derecho constitucional, especialmente tratándose del derecho a la libertad; y, iii) Sostiene que se incumplió el art. 113 del CPP, que prohíbe suspender audiencias sin previa instalación, lo cual ocurrió en este caso, según consta en el informe del Secretario del Juzgado -ahora demandado-; por ello, solicita que se reconozca la ilegalidad de suspender audiencias sin causa válida ni reprogramación inmediata. Petición que fue atendida y tenida presente por el Juez de garantías, que señaló que: a) La presunción de veracidad prevista en el art. 35.3 del CPCo, no implica que la autoridad accionada esté obligada a presentar informe, y que la decisión se basa en las pruebas aportadas por la parte accionante, las cuales fueron insuficientes, ya que no demostraron de manera clara una vulneración de derechos; b) Respecto a la prioridad de audiencias, aclaró que si bien todos los derechos tienen igual jerarquía, las audiencias cautelares con personas aprehendidas tienen prioridad práctica, ya que determinan la situación jurídica inmediata de una persona aún no recluida, mientras que los peticionantes de tutela ya estaban detenidos preventivamente en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; y, c) Finalmente, indicó que el abogado no precisó claramente en su demanda qué audiencia, no fue señalada por la Jueza ahora demandada, y que el expediente demuestra que sí se fijaron audiencias, aunque algunas fueron suspendidas; además, sostuvo que antes de interponer la acción de libertad, la parte accionante debió reiterar su solicitud de audiencia si esta había sido suspendida. Por lo tanto, concluyó que no existió vulneración al derecho a la libertad ni al debido proceso, y ratificó íntegramente la decisión asumida.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Cursan Nota Cite TDJ-SC/JICP13/CMOR/N959/2022, de 10 de junio, remitido ante Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por la Jueza de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, a través del cual se remitió el cuaderno procesal en original por acción de libertad, relativo al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los ahora impetrantes de tutela, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas NUREJ. 701102302200031 (fs. 17).
La parte peticionante de tutela denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad procesal; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas previsto y sancionado por el art. 48, en relación al art. 33 inciso m) de la Ley 1008; la Jueza demandada, mediante Auto Interlocutorio 199/2022 de 23 de enero, ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el plazo de noventa (90) días, el cual venció el 23 de abril de igual año; sin embargo, pese a las reiteradas solicitudes de cesación a la detención preventiva conforme el art. 239.2 del CPP, presentadas el 23 y 24 de abril, 31 de mayo y 3 de junio de 2022, la autoridad judicial ahora demandada suspendió las audiencias programadas, debido a que se encontraba en otra audiencia con aprehendido, sin reprogramar una nueva fecha para considerar su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; 3) La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las Leyes 1173 y 1226; y, 4) Análisis del caso concreto; y, 5) Otras consideraciones.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último: “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificados legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo. Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, introdujo el principio ético-moral del ama qhilla -1 El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
2 El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
3 El FJ III.2.1, indica: “De acuerdo al nuevo orden constitucional, el art. 8.I de la CPE, dentro de los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, asume y promueve como de carácter ético-morales de la sociedad plural, el `ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón)´; máximas milenarias que fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa.
no seas flojo- a las construcciones jurisprudenciales referidas a la celeridad procesal, al establecer que las autoridades judiciales, en virtud al citado principio, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva sometidas a su conocimiento.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento: Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, señala que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto al principio de celeridad exigido a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:
…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud (las negrillas nos pertenecen).
Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales, como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad es dispuesta por una orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R de 27 de julio.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la 0787/2022-S1 de 12 de agosto, asumió el siguiente razonamiento: La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 1226 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días. Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días. Sin embargo, el plazo en el que debe llevarse a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, así como el trámite que debe imprimirse a dicho pedido de acuerdo a la casual invocada, fue modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que entró en vigencia el 4 de noviembre Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días.
En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código (las negrillas son añadidas).
6 El FJ III.3, dispone que: “…tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio [cesación de la detención preventiva], debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de `sobrecarga procesal´ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”.
7Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:
1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;
2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;
3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;
4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio;
5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,
6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra.
Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de de igual año, introdujo las modificaciones al art. 239 del CPP; empero dicha ley a su vez fue modificada por la Ley de Modificación a la Ley 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1226 de 23 de septiembre-, bajo el siguiente tenor:
Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.” Por lo tanto, el precepto vigente del art. 239 del CPP, establece que ante la petición de cesación de las medidas cautelares personales basada en la existencia de nuevos elementos que evidencien que no concurren los motivos que la fundaron o se torne conveniente que sea sustituida por otra medida; así como cuando se funda en las causales previstas en los numerales 2, 5 y 6 de dicha norma, el juez o tribunal que conozca de tal solicitud deberá señalar audiencia para la resolución de la solicitud de cesación de la detención preventiva dentro de las cuarenta y ocho horas, debiendo tramitarla con la mayor celeridad posible en el nuevo plazo estipulado.
Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, debe tramitarla con celeridad y dentro del plazo establecido por el art. 239 del CPP, puesto que el incumplimiento de esta obligación impuesta por dicha norma, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. Respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad de los impetrantes de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad.
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad procesal; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas previsto y sancionado por el art. 48, en relación al art. 33 inciso m) de la Ley 1008; la Jueza demandada, mediante Auto Interlocutorio 199/2022 de 23 de enero, ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el plazo de noventa (90) días, el cual venció el 23 de abril de igual año; sin embargo, pese a las reiteradas solicitudes de cesación a la detención preventiva conforme el art. 239.2 del CPP, presentadas el 23 y 24 de abril, 31 de mayo y 3 de junio de 2022, la autoridad judicial ahora demandada suspendió las audiencias programadas, debido a que se encontraba en otra audiencia con aprehendido, sin reprogramar una nueva fecha para considerar su situación jurídica. En ese entendido, conforme la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se estableció que de acuerdo al art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226 de 23 de septiembre, ante la petición de cesación de las medidas cautelares personales basada en las causales previstas en los numerales 1, 2, 5 y 6 del CPP, el Juez o Tribunal que conozca de tal solicitud deberá señalar audiencia para la resolución de la solicitud de cesación de la detención preventiva dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, debiendo tramitarla con la mayor celeridad posible, puesto que el incumplimiento de esta obligación impuesta por dicha norma, provocaría una restricción indebida de la libertad física o personal, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del citado derecho está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. Asimismo, la indicada jurisprudencia estableció claramente que ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro (24) horas de su presentación, conforme dispone el art. 132.1 del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando exista demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo. En consecuencia, se estableció que las autoridades Jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro (24) horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido por el art. 239 del CPP, es decir, de cuarenta y ocho (48) horas, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad. Ahora bien, de la revisión del legajo constitucional, se advierte que no se remitieron los antecedentes necesarios que permitan a este Tribunal Constitucional Plurinacional, contar con los elementos suficientes para tener certeza sobre los hechos ocurridos y efectuar un análisis adecuado de los datos del proceso, así como de la presunta vulneración alegada; ello resulta relevante, ya que en virtud del principio procesal de motivación establecido por el art. 3.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la jurisdicción constitucional está obligada a fundamentar y argumentar los fallos de forma jurídicamente razonable. No obstante, en aplicación de los principios de celeridad, no formalismo y verdad material, la resolución de la presente acción tutelar se sustentará en las afirmaciones realizadas por las partes procesales, contrastando el memorial de acción de libertad y los antecedentes relevantes que fueron remitidos ante el Juez de garantías, mismo que los consideró para resolver la presente acción tutelar (Conclusión II.1). De la revisión del legajo constitucional, se advierte que la problemática en cuestión radica en las suspensiones de audiencias realizadas por la Jueza ahora demandada, ante las reiteradas solicitudes de cesación a la detención preventiva conforme el art. 239.2 del CPP, presentadas el 23 y 24 de abril, 31 de mayo y 3 de junio de 2022. En ese contexto, conforme a los antecedentes del proceso penal de referencia, que fueron revisados por la Jueza de garantías, se tiene que en atención a los memoriales de 23 y 24 de abril de 2022, se señaló audiencia para el 26 de mayo del mismo año a horas 11:15, que “…fue suspendida por falta de notificación a todos los sujetos procesales…” (sic [fs. 19 vta. a 20]); razón por la cual, mediante memorial de 31 de igual mes y año, solicitó nuevamente el señalamiento de audiencia, siendo programada para el 3 de junio de igual año -a horas 11:00-, estando todas las partes legalmente notificadas; sin embargo, la misma “…fue suspendida en razón de que la autoridad accionada se encontraba en otra audiencia con aprehendido dentro de un proceso el cual tiene bajo su control…” (sic [fs. 20]); el mismo día -3 de junio del mismo año-, la parte ahora accionante solicitó nuevamente el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, fijando la misma para el 9 del mismo mes y año a horas 11:15, notificando a todas las partes procesales; no obstante, “…fue suspendida en relación a que la autoridad se encontraba con aprehendido dentro de varios procesos que tiene bajo su control jurisdiccional esto es acreditado mediante una nota emitida por el secretario (…) en la misma fecha que ha sido suspendida la Audiencia…(…) esto en base a que toda vez de que la audiencia no ha sido instalada no se puede realizar un acta con el cual se evidencia la suspensión de las audiencias” (sic [fs. 20]). En ese entendido, si bien las audiencias señaladas para el 26 de mayo, 3 y 9 de junio de 2022 fueron suspendidas con un justificativo aparentemente valedero, ya que en el primer caso, no se notificó a las partes procesales, y en el segundo y tercer caso, la Jueza ahora demandada se encontraba en otra audiencia con aprehendido en un proceso penal distinto; sin embargo, la dilación indebida resulta evidente en el señalamiento de las audiencias, puesto que las mismas fueron fijadas fuera del plazo de cuarenta y ocho (48) horas previsto en los arts. 113.II y 239 del CPP, modificado por las leyes 1173 y esta a su vez por la Ley 1226, dado que la primera audiencia fue fijada un (1) mes y dos (2) días después, la segunda, tres (3) días después y la tercera, seis (6) días después, por lo que se reputan las mismas como dilatorias puesto que la Jueza ahora demandada no tomó en cuenta que el tratamiento del pedido de cesación a la detención preventiva debe ser atendido con diligencia y en el marco del principio de celeridad, en razón a que se encuentra involucrado el derecho a la libertad de los impetrantes de tutela, quienes están privados de su libertad y a través de esta audiencia se podría modificar su situación jurídica; consiguientemente, se ha vulnerado los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad procesal, que corresponde tutelar por medio de la acción de libertad de pronto despacho. Por otra parte, también se advierte que en los casos de suspensión de las audiencias programadas para el 26 de mayo, 3 y 9 de junio de 2022, la Jueza ahora demandada no señaló nuevo día y hora de audiencia para considerar la situación jurídica de los ahora impetrantes de tutela, contraviniendo lo dispuesto en el art. 113.II del CPP modificado por las leyes 1173 y 1226, en cuyo párrafo séptimo, establece que “Excepcionalmente ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la Jueza, el Juez o Tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles”; de igual forma, al suspender la audiencia de 9 de junio de 2022 sin instalación previa, se incumplió lo previsto por el mencionado artículo -113.II del CPP- en su párrafo octavo que señala “En ningún caso podrá disponerse la suspensión de las audiencias sin previa instalación. En ese entendido, al suspender las audiencias programadas sin su previa instalación y sin señalar una nueva dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas previsto por ley, habilitando incluso horas inhábiles, la Jueza ahora demandada igualmente vulneró los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad procesal de los accionantes. En ese entendido, es evidente que se lesionó los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad procesal, de los impetrantes de tutela, situación que amerita, de acuerdo con lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.1, III.2 y III.3 del presente fallo constitucional, conceder la protección que brinda esta acción de libertad traslativa o de pronto despacho, ante la existencia de una dilación indebida en el señalamiento de las audiencias fuera del plazo de cuarenta y ocho (48) horas previsto por ley. Finalmente, con relación al Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Décimo Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, de la revisión del legajo constitucional y el memorial de interposición de la presente acción tutelar, se verifica que no se manifestó de qué forma y en qué medida hubiera vulnerado derechos y garantías constitucionales; por lo tanto, no corresponde pronunciarse al respecto y denegar la tutela solicitada al respecto.
Es necesario considerar el accionar de la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien como Jueza de garantías en la presente acción de libertad, denegó la tutela solicitada, considerando los antecedentes relevantes del proceso penal de referencia, que fueron remitidos por la Jueza ahora demandada. Al respecto, de la revisión de antecedentes remitidos ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, se extrañan la documentación mínima necesaria que fue remitida a conocimiento de la Jueza de garantías, quien revisó las solicitudes presentadas el 23 y 24 de abril, 31 de mayo y 3 de junio de 2022 y los antecedentes que evidencian el señalamiento de las audiencias programadas para el 26 de mayo, 3 y 9 de junio de igual año, que fueron suspendidas por la Jueza ahora demandada, los cuales imperativamente debieron ser remitidos a conocimiento de esta instancia constitucional en revisión; por otra parte, se extraña la notificación con el Auto de admisión de 9 de junio de 2022 y memorial de la presente acción de libertad (fs. 4 a 7 vta.), efectuada a Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Décimo Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, que debió ser remitida, toda vez que se constituyen en un actuado esencial que permite verificar que la autoridad demandada tuvo conocimiento de la acción tutelar a efectos de asumir su defensa, presentar informe y remitir antecedentes del proceso ordinario que dio lugar a la presente acción tutelar, por lo que su omisión implica para este Tribunal el desconocimiento de dicha actuación; sin embargo, considerando que la Jueza ahora demandada remitió la Nota Cite TDJ-SC/JICP13/CMOR/N959/2022, de 10 de junio (Conclusión II.1) dentro de la presente acción de libertad, la falta de remisión de dicho actuado procesal no incide en la decisión asumida en el presente fallo constitucional, por lo que corresponde llamar severamente la atención a la Jueza de garantías por estas omisiones. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 12/2022 de 10 de junio, cursante de fs. 19 a 22, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia:
1º CONCEDER la tutela impetrada por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad procesal, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la suspensión injustificada de audiencias, sin señalar una nueva conforme a ley;
2° Disponer que la Jueza ahora demandada, en el plazo de veinticuatro (24) horas de notificada con el presente fallo constitucional, señale audiencia de cesación a la detención preventiva y resuelva la petición efectuada, siempre y cuando no se hubiera modificado la situación jurídica de los ahora accionantes; 3º DENEGAR la tutela solicitada por los ahora solicitantes de tutela, con relación al Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional;
y, 4° Llamar severamente la atención a Cinthia Fabiola Pardo Chavarría, Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.5 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Los principios ético morales constitucionalizados: `ama qhilla, ama llulla y ama suwa´, vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional”.
4 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”.
5 La detención preventiva cesará: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 3. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) 4. meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y, 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal.
audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.
8 El FJ III.3, expresa: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0419_2025-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0e02b8c4859c84d4ad22405efdd3f21028cfaa8c6ebfe751fd70fad2225c4997
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