Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 9 de mayo de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso en su componente celeridad; toda vez que, el 28 de octubre de 2021, a través de la Defensa Pública solicitó a la autoridad demandada cesación a la detención preventiva; sin embargo, no se realizó al haberse suspendido en cinco oportunidades por causas que no fueron atribuidas a su persona, incurriendo en dilación indebida constituyéndose en una ilegal privación de su libertad; por lo que, solicita se conceda la tutela. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) Sobre el principio de celeridad; ii) Sobre la solicitud de cesación a la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por la Leyes 1173 y 1226; y, iv) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 28/2021 de 8 de diciembre cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de la Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que en el plazo de 24 horas de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional el Tribunal de Sentencia Penal, de Partido, de Trabajo y Seguridad Social Primera de Caranavi del departamento de La Paz, desarrolle la audiencia de cesación a la detención preventiva solicitada por el impetrante de tutela, siempre y cuando la situación procesal de mismo no haya cambiado a la fecha o no se haya hecho efectiva dicha petición. 3° DENEGAR la tutela impetrada con relación a Josseline Cortez Cahuana, Secretaria Tribunal de Sentencia Penal, de Partido, de Trabajo y Seguridad Social Primera de Caranavi del departamento de La Paz, por carecer de legitimación pasiva.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0419/2023-S1 Sucre, 9 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 44893-2022-90-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución de 28/2021 de 8 de diciembre, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Javier Roque Mamani Figueredo contra Mónica Judid Cuentas Silva, Jueza técnica del Tribunal de Sentencia Penal, de Partido, de Trabajo y Seguridad Social Primera de Caranavi del departamento de La Paz y Josseline Cortez Cahuana, Secretaria de dicho Tribunal.
Por memorial presentado el 6 de diciembre de 2021, cursante de fs. 6 a 8, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Se encuentra detenido preventivo un año, cuatro meses y seis días por la presunta comisión del delito de robo agravado; ante lo cual, el 28 de octubre de 2021, a través de la Defensa Pública solicitó cesación a la detención preventiva, misma que no se realizó al haberse suspendido en cinco oportunidades por causas que no fueron atribuidas a su persona, incurriendo en dilación indebida constituyéndose en una ilegal privación de su libertad.
Considera lesionado su derecho a la libertad, al debido proceso en su componente celeridad; citando al efecto los arts. 115.II; 178; 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7 numerales 1 y 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela por haberse vulnerado el principio de celeridad y el debido proceso.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 8 de diciembre de 2021; según consta en el acta cursante de fs. 30 a 31; produciéndose los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado reiteró el contenido del memorial de acción de libertad.
Mónica Judid Cuentas Silva, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal, de Partido, de Trabajo y Seguridad Social Primera de Caranavi del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 7 de diciembre de 2021, cursante de fs. 28 a 29 señaló que las suspensiones de audiencia de cesación a la detención preventiva no fueron atribuibles al Tribunal de Sentencia conforme a lo siguiente: a) La audiencia de 8 de noviembre se debió a la falta de notificación de las seis víctimas y/o querellantes; ante lo cual determinó se libre orden instruida a la localidad de Guanay a objeto de que se cumpla con las notificaciones correspondientes; b) La segunda audiencia de 15 de noviembre se suspendió por falta de conexión de internet en el Recinto Penitenciario; c) La audiencia de 19 de noviembre se suspendió debido a que no se devolvió la orden instruida dirigida a la localidad de Guanay; ante lo cual en dicha audiencia se dispuso se notifique al Ministerio Público para que en el plazo de 24 horas remita croquis y número de teléfonos de las víctimas, aspecto que no fue cumplido; d) La audiencia de 26 de noviembre se suspendió debido a que el acusado no se encontraba conectado; asimismo, dispuso se notifique mediante edicto a las víctimas por falta de direcciones exactas; y, e) La audiencia de 3 de diciembre se suspendió debido a que se encontraba conectado el acusado desde el Recinto Penitenciario de San Pedro; sin embargo no se encontraba el abogado de la defensa, aspecto que se reprogramó nuevo día y hora de audiencia en consideración a que los cuadernos debían ser remitidos a los juzgados de turno de la cuidad de La Paz. Josseline Cortez Cahuana, Secretaria de dicho Juzgado. Tribunal de Sentencia Penal, de Partido, de Trabajo y Seguridad Social Primera de Caranavi del departamento de La Paz, no presentó informe ni asistió a la audiencia de la presente acción de defensa; no obstante de su legal citación cursante a fs. 10.
El Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de la Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 28/2021 de 8 de diciembre cursante de fs. 32 a 33 vta., denegó la tutela solicitada en base a los siguientes fundamentos: 1) “…en la especia se tiene que habiéndose solicitado la cesación a la detención preventiva por parte del privado de libertad la autoridad jurisdiccional ha señalado el día y hora para dicha consideración, sin embargo se advierte que ha existido una falta de control por parte del personal de apoyo respecto al diligenciamiento de las notificaciones, a pesar de que la autoridad jurisdiccional hubiera conminado en este caso al Ministerio Público de poner en conocimiento los domicilios de las víctimas a quienes no se ha podido efectuar las notificaciones correspondiente, esta petición por parte de la autoridad judicial no habría sido atendida por parte del Ministerio Público, en ese entendido se considera que la misma debería haber puesto en conocimiento del Ministerio Público en este caso poner en conocimiento del Fiscal Departamental dicha inobservancia, de igual forma si bien se ha previsto que por la distancia que existe en la localidad en la cual aparentemente tendrían el domicilio las víctimas, con relación al tribunal donde se sustancia la causa, es menester también considerar que la distancia constituye un obstáculo para la efectiva notificación a las partes y que la misma en el caso se vería obstaculizada también por la falta de una adecuada relación de las direcciones de las presuntas víctimas, estos aspectos deben ser observados principalmente por la instancia administrativa que se constituye en el personal de apoyo, siendo que la autoridad jurisdiccional tiene otro tipo de competencia y atribuciones, que de acuerdo a las actas la misma ha venido señalando nuevas audiencias para atender la petición del detenido, es obligación del todo personal de apoyo efectuar las diligencias de manera oportuna y en caso de existir impedimentos poner estos en conocimiento de la autoridad judicial a efectos de que la misma pueda disponer lo que corresponde en derecho. Se debe también considerar, que de la prueba aportada por la parte accionante, ha existido también una ausencia por parte de Defensa Publica en un acto, estos aspectos también deben ser considerados en razón a que las Comunicaciones a las cuales se encuentran alineadas la realización de audiencias virtuales, impide en muchas ocasiones que por motivos de fuerza mayor se pueda efectivizar la presencia de alguna de las partes o sujetos procesales en la audiencia” (sic); y, 2) De acuerdo al informe elevado por la Jueza demandada “…se tiene que en dos oportunidades habrían sido suspendidas las audiencias por problemas tecnológicos, que en esta audiencia no se ha escuchado que se hubiera mencionado, que el accionante no hubiera concurrido por falta de notificación o de falta de conocimiento del señalamiento, si no que la inconcurrencia del mismos se ha debido aspectos de carácter tecnológico, bajo estos antecedentes, es también necesario tener en Cuenta que la administración de justicia debe ser pronta, oportuna y eficaz, aspectos estos que el Tribunal de Sentencia de la localidad de Caranavi debe proveer y a su vez tomar las previsiones necesarias cuando se tenga que efectuar las audiencias, más aún si se trata de audiencias en las cuales se solicita la cesación a la detención preventiva…” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 29 de octubre de 2021, Javier Roque Mamani Figueredo -ahora accionante-, solicitó al Tribunal de Sentencia Penal, de Partido, de Trabajo y Seguridad Social Primera de Caranavi del departamento de La Paz, señalamiento de audiencia para considerar la cesación a la detención preventiva (fs. 11 a 13). II.2. Cursa Decreto de 1 de noviembre de 2021, emitido por Mónica Judid Cuentas Silva, Jueza técnica del Tribunal de Sentencia Penal, de Partido, de Trabajo y Seguridad Social Primera de Caranavi del departamento de La Paz -autoridad demandada-, en el cual señala audiencia virtual para considerar la cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela para el 8 de igual mes y año a horas 15:45 (fs. 13 vta.). II.3. Cursa actas de suspensiones de audiencias de consideración de cesación a la detención preventiva de 8, 15, 18, 26 de noviembre de 2021; y, 3 de diciembre del mismo año (fs. 15 a 26).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso en su componente celeridad; toda vez que, el 28 de octubre de 2021, a través de la Defensa Pública solicitó a la autoridad demandada cesación a la detención preventiva; sin embargo, no se realizó al haberse suspendido en cinco oportunidades por causas que no fueron atribuidas a su persona, incurriendo en dilación indebida constituyéndose en una ilegal privación de su libertad; por lo que, solicita se conceda la tutela. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) Sobre el principio de celeridad; ii) Sobre la solicitud de cesación a la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por la Leyes 1173 y 1226; y, iv) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, reiterada por la SCP 0470/2021-S1 de 21 de septiembre asumió el siguiente razonamiento. El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último: “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retarden o eviten resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, c) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificados legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo.
1El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 2El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, introdujo el principio ético-moral del ama qhilla -no seas flojo- a las construcciones jurisprudenciales referidas a la celeridad procesal, constituyéndose en una Sentencia moduladora, al establecer que las autoridades judiciales, en virtud al citado principio, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva sometidas a su conocimiento.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto asumió el siguiente razonamiento. El art. 115 de la Constitución Política el Estado (CPE), estipula:
I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos;
II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
Asimismo, el art. 178.I de la referida Norma Suprema, señala que:
La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0557/2016-S1 de 12 de mayo, desarrolló la celeridad como un principio, con el cual deben manejarse los administradores de justicia, más aún, tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas; toda vez que, toda petición relacionada con este derecho, debe ser atendida sin dilaciones indebidas y en cumplimiento estricto de los plazos legales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0470/2021-S1 de 21 de septiembre, asumió el siguiente entendimiento:
La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días.
Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal dejó estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días.
Sin embargo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a dicha Ley, la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, introdujeron las modificaciones al art. 239 referente a la cesación de las medidas cautelares personales, siendo el texto vigente el siguiente:
4La detención preventiva cesará:
1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 3. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y, 4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal.
Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días.
En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código (las negrillas son añadidas). 5El FJ III.3, dispone que: “…tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio [cesación de la detención preventiva], debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de `sobrecarga procesal´ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”.
Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:
1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;
2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;
3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;
4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de vienticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas.
5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,
6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.
Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las vienticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.
La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.
Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código. Por lo tanto, el precepto vigente del art. 239 del CPP, establece que ante la petición de cesación de las medidas cautelares personales basada en la existencia de nuevos elementos que evidencien que no concurren los motivos que la fundaron o se torne conveniente que sea sustituida por otra medida, el juez o tribunal que conozca de tal solicitud deberá señalar audiencia para la resolución del incidente dentro de las cuarenta y ocho horas, debiendo tramitarla con la mayor celeridad posible en el nuevo plazo estipulado.
Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.
Respecto del plazo en el cual deben ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad.
El impetrante de tutela acude a la presente acción de defensa, alegando que el 28 de octubre de 2021, a través de la Defensa Pública solicitó a la autoridad demandada cesación a la detención preventiva; sin embargo, no se realizó al haberse suspendido en cinco oportunidades por causas que no fueron atribuidas a su persona, incurriendo en dilación indebida constituyéndose en una ilegal privación de su libertad; por lo que considera la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso en su componente celeridad. Por su parte la Jueza demandada en su defensa, a través de informe escrito señaló que señaló que las suspensiones de audiencia de cesación a la detención preventiva no fueron atribuibles al Tribunal de Sentencia; toda vez que: 1) La audiencia de 8 de noviembre se debió a la falta de notificación de las seis víctimas y/o querellantes; ante lo cual determinó se libre orden instruida a la localidad de Guanay a objeto de que se cumpla con las notificaciones correspondientes; 2) La segunda audiencia de 15 de noviembre se suspendió por falta de conexión de internet en el Recinto Penitenciario; 3) La audiencia de 19 de noviembre se suspendió debido a que no se devolvió la orden instruida dirigida a la localidad de Guanay; ante lo cual determinó se notifique al Ministerio Público para que en el plazo de 24 horas remita croquis y número de teléfonos de las víctimas, aspecto que no fue cumplido; 4) La audiencia de 26 de noviembre se suspendió debido a que el acusado no se encontraba conectado; asimismo, dispuso se notifique mediante edicto a las víctimas por falta de direcciones exactas; y, 5) La audiencia de 3 de diciembre se suspendió debido a que se encontraba conectado el acusado desde el Recinto Penitenciario de San Pedro; sin embargo no se encontraba el abogado de la defensa, aspecto que se reprogramó nuevo día y hora de audiencia en consideración a que los cuadernos debían ser remitidos a los juzgados de turno de la cuidad de La Paz. En ese contexto de los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, el derecho al debido proceso se encuentra positivado en la propia Norma Suprema como en el bloque de constitucionalidad, cuyo elemento entre otros, el principio de celeridad, o a ser juzgado dentro de un plazo razonable, obliga a las autoridades jurisdiccionales a definir la situación jurídica de los procesados en particular de aquellas personas que se encuentren con restricción de su derecho a la libertad, por ejemplo mediante la detención preventiva; por lo que, las solicitudes de cesación de dicha medida cautelar, deben efectivizarse con celeridad o cuando menos en los plazos que establece la norma; es así que, ante actos dilatorios atribuibles a las autoridades jurisdiccionales, es posible activar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que tiene la finalidad de acelerar aquellas actuaciones que como bien se indicó, tienen el propósito de resolver la situación jurídica de las personas privadas de libertad. Asimismo, debe tenerse presente que por disposición del art. 239 del CPP, modificado por la Ley 1226, ante la solicitud de cesación a la detención preventiva, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6 de dicha norma, la autoridad judicial deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. En el presente caso, se advierte que el peticionante de tutela solicitó la cesación a su detención preventiva el 29 de octubre de 2021; en ese contexto, conforme a la norma precitada, la Jueza demandada debió señalar audiencia en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas; no obstante, se fijó la audiencia para el 8 de noviembre de igual año; sin embargo, dicho acto procesal fue suspendido, en reiteradas oportunidades de acuerdo a lo alegado por la misma parte demandada, en dos oportunidades se debió por falta de conexión del impetrante de tutela a anuencia, en una oportunidad por falta de conexión de internet en el Centro Penitenciario San Pedro y en otras dos ocasiones por falta de devolución de ordenes instruidas del juzgado de Guanay. Dichas suspensiones resulta evidentemente dilatoria, siendo atribuible a la propia autoridad judicial, quien, en su condición de Directora jurisdiccional del proceso tiene el deber de tomar los recaudos necesarios para garantizar la realización de las audiencias que señala.
En el caso de autos, la autoridad demandada no hizo efectivo el desarrollo de la audiencia de cesación a la detención preventiva, habiéndo suspendido en cinco oportunidades, sin que desde la solicitud planteada por el impetrante de tutela hasta la interposición de la presente acción de defensa se haya hecho efectiva la misma habiendo transcurrido más de 35 días, cuando la norma establece que debe efectuarse dentro de las 48 horas de solicitada; por lo que, al no haber procedido de esa forma, dilató de manera injustificada la consideración de ese beneficio, que trajo como consecuencia ineludible, la afectación de los derechos del ahora peticionante de tutela; en consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada bajo la modalidad de pronto despacho, en virtud a la dilación advertida en la consideración y resolución efectiva de la solicitud de cesación de la medida cautelar. Con relación a la Secretaria Abogado demandada, no se observa que el mismo hubiera cometido lesión alguna a los derechos que se reclaman, puesto que las suspensiones de audiencia denunciadas constituyen actos de competencia de la autoridad jurisdiccional, careciendo de legitimación pasiva, correspondiendo denegar la tutela, sin ingresar al fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 28/2021 de 8 de diciembre cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de la Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que en el plazo de 24 horas de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional el Tribunal de Sentencia Penal, de Partido, de Trabajo y Seguridad Social Primera de Caranavi del departamento de La Paz, desarrolle la audiencia de cesación a la detención preventiva solicitada por el impetrante de tutela, siempre y cuando la situación procesal de mismo no haya cambiado a la fecha o no se haya hecho efectiva dicha petición. 3° DENEGAR la tutela impetrada con relación a Josseline Cortez Cahuana, Secretaria Tribunal de Sentencia Penal, de Partido, de Trabajo y Seguridad Social Primera de Caranavi del departamento de La Paz, por carecer de legitimación pasiva.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
3 El FJ III.2.1, indica: “De acuerdo al nuevo orden constitucional, el art. 8.I de la CPE, dentro de los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, asume y promueve como de carácter ético-morales de la sociedad plural, el `ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón)´; máximas milenarias que fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa. Los principios ético morales constitucionalizados: `ama qhilla, ama llulla y ama suwa´, vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional”.
6 El FJ III.3, expresa: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0419_2023-S1.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): e16a0b2012a2175230d2be115c19d1965cef03546b15bc30dd6c756aafcc6f48
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