Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026
Deniega la tutela
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento a la defensa, a la presunción de inocencia y a la “seguridad jurídica”; puesto que, la Ministra de Trabajo ahora accionada, resolvió el recurso jerárquico interpuesto por el hoy tercero interesado contra la “Resolución Administrativa” que dispuso la declinatoria de competencia respecto a la denuncia de reincorporación laboral presentada por el nombrado contra la empresa Curtiembre Vis Kuljis S.A., emitiendo la RM 032/23 de 9 de enero de 2023, la cual carece de legitimidad; ya que, dicha autoridad se arrogó facultades de un juez laboral al valorar declaraciones testificales, se atribuyó funciones de los Jefes Departamentales de Trabajo al emitir una resolución de reincorporación y ordenó a la citada empresa realizar una liquidación de salarios devengados sin que existan los requisitos establecidos por el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2023 de 23 de febrero, cursante de fs. 237 vta. a 240 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0418/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 55297-2023-111-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 18/2023 de 23 de febrero, cursante de fs. 237 vta. a 240 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Enrique Eduardo Ferrante Roca en representación legal de la empresa Curtiembre Vis Kuljis Sociedad Anónima (S.A.) contra Verónica Patricia Navía Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
La parte accionante por memoriales presentados el 20 y 31 de enero de 2023, cursantes de fs. 30 a 36 vta.; y, 40 y 43 vta., el accionante, manifestó lo siguiente:
El 20 de julio de 2022, José Rojas Peña -ahora tercero interesado- se presentó ante la Jefatura Departamental -de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social- a solicitar su reincorporación laboral, y cumplida la audiencia se elaboró el Informe MTEPS-JDT SC-ITSI-EGI-0224-INF/22, que fue remitido ante el Jefe Departamental de Trabajo de ese departamento, quien pronunció la respectiva “Resolución Administrativa” formalizando la declinatoria de competencia de dicha entidad, instando a que el hoy tercero interesado acuda a la vía judicial para que esa instancia determine lo que corresponda; ameritando que el denunciante interponga -nombrado- recurso de revocatoria contra la mencionada declinatoria de competencia; recurso que fue resuelto mediante Resolución Administrativa (RA) JDTSC/JCCHS/R.R. 263/2022 de 18 de octubre, por la cual se confirmó y ratificó la declinatoria de competencia.
El 3 de noviembre de 2022, el demandante -ahora tercero interesado- presentó recurso jerárquico; es decir, el mismo día en el que entró en vigencia plena la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de ese año- y la Resolución Ministerial (RM) 1377/2022 de 1 noviembre, que aprobó el Protocolo de Actuación de acuerdo a la referida Ley; por lo que, a partir de la primera hora hábil de esa fecha, se encontraba en vigencia plena el nuevo procedimiento y normativa para la restitución de derechos laborales en todo el territorio nacional; empero, desde la presentación del recurso de revocatoria el denunciante -ahora tercero interesado- no presentó memorial para subsanar o complementar su recurso; no obstante, la empresa Curtiembre Vis Kuljis S.A. -parte accionante- fue notificada con la RM “32/23” -032/23- de 9 de enero de 2023, el 16 de igual mes y año. Indica que la RM 032/23, vulneró el derecho al debido proceso de la empresa -Curtiembre Vis Kuljis S.A.- al señalar que existiría un recurso jerárquico presentado el 3 de noviembre de 2022, y que al amparo del art. 31 del “‘…Protocolo de aplicación de la Ley 1468…”’ (sic), tomaron dicha impugnación como un recurso de revisión, admitiendo y procesándose el mismo de esa manera, cuando no debió ser admitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; puesto que, en esa fecha se encontraba vigente una nueva normativa que modificó los medios de impugnación dentro del proceso de restitución de derechos laborales o de reincorporación. Manifiesta que el art. 31 del Protocolo de “aplicación” de la Ley 1468, expresamente señala respecto a los recursos jerárquicos en curso que, si esos hubiesen sido presentados durante el periodo de tiempo comprendido entre la promulgación de la referida Ley y su vigencia, deberían ser considerados como recurso de revisión, debiendo ser resueltos conforme los arts. 13 de esa Ley y 20 y ss. del señalado Protocolo; es decir, que existe un periodo de transición en el cual se deben procesar los recursos jerárquicos en curso, identificando que ese periodo de tiempo sería entre la promulgación de la ley y su aplicación o vigencia plena; entendiéndose que a partir de la vigencia plena de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales y su Protocolo la persona que pretenda la restitución de derechos o reincorporación laboral, debe hacerlo con la normativa laboral vigente, debiendo tenerse en cuenta que a partir del primer momento hábil -3 de noviembre de 2022-, el recurso jerárquico ya no existe como un medio de impugnación legal en dicha Ley, teniendo en consideración que de acuerdo a dicha Ley se modificó la doble instancia de impugnación y se creó una sola vía, la cual es el recurso de revisión. Finalmente refiere que; no obstante, que la RM 032/23 no se basó en normativa en vigencia, la Ministra de Trabajo hoy accionada en la parte resolutiva de esa Resolución Ministerial, de manera arbitraria dispuso la inmediata reincorporación laboral del ahora tercero interesado aplicando el art. “18” de la Ley 1468, cuando el Protocolo de Actuación de la referida Ley de manera expresa ratifica que las resoluciones de restitución de derechos o reincorporaciones serán emitidas por los Jefes Departamentales o Regionales de Trabajo; por lo que, la Ministra de Trabajo hoy accionada no tiene facultades legales para ordenar la reincorporación laboral de un trabajador, siendo por ello la citada Resolución Ministerial contraria a la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales; además, que conforme al principio de legalidad, la nombrada Ministra, se encuentra obligada a someter sus actos enteramente a la ley sin poder ejecutar actuación alguna que no esté establecida por la norma; para posteriormente, realizando una ilegal cuantificación de salarios devengados, conminó a la empresa Curtiembre Vis Kuljis S.A. -parte accionante- a que pague en el plazo de tres días en favor del demandante -ahora tercero interesado-, cuando el art. 13.VI de la Ley 1468, establece que de confirmarse total o parcialmente una resolución de reincorporación debe realizarse una liquidación, y en el caso la Ministra de Trabajo hoy accionada realizó un acto opuesto al revocar los actos previos y no ratificar como requiere la norma; además, que debe existir previamente una resolución de reincorporación laboral emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, sobre la cual una vez ratificada la misma se elabora la liquidación, y en el caso no existe una resolución de reincorporación.
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento a la defensa, a la presunción de inocencia y a la “seguridad jurídica”; citando al efecto los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Se deje sin efecto la RM 032/23 de 9 de enero de 2023; b) Se mantenga firme el “Auto” de 19 de agosto de 2022 y la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 263/2022 de 18 de octubre, emitidas por la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y, c) Con costas procesales, honorarios profesionales y el pago de daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia virtual el 23 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 231 a 237, se produjeron los siguientes actuados.
La parte accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Verónica Patricia Navía Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de su representante legal, en audiencia, manifestó que: 1) El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, tiene como misión fundamental, garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones socio laborales de todos los trabajadores, promoviendo o defendiendo el trabajo y empleo digno, erradicando toda forma de explotación, exclusión y discriminación laboral; defiende el derecho fundamental al trabajo y el acceso al empleo digno con equidad e inclusión; 2) Se emitió la RM 032/23, priorizando los principios del derecho laboral, disponiendo la reincorporación laboral del trabajador José Rojas Peña -ahora tercero interesado-, en el marco de lo previsto por la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales, que establece un cambio trascendental sobre las facultades y atribuciones de ese Ministerio de Trabajo; 3) El Tribunal Constitucional Plurinacional fue claro en su diversa jurisprudencia al establecer los presupuestos que se deben cumplir cuando se demanda la revisión de la actividad interpretativa efectuada por autoridad judicial o administrativa, y de la lectura de la acción de amparo constitucional, la parte accionante no cumplió los presupuestos de activación de esta acción de defensa, y si bien se cuestiona la vulneración del derecho al debido proceso, no se precisó la dimensión o ámbito en el que se pretende que la Sala Constitucional otorgue la tutela solicitada; por lo que, al no cumplirse con ese aspecto se debe denegar la misma; 4) Sobre la supuesta emisión de la RM -032/23- sin respaldo, la parte accionante cuestiona que esa cartera de Estado indebidamente admitió el recurso jerárquico interpuesto el 3 de noviembre -de 2022- al encontrarse en plena vigencia la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales justo ese mismo día, correspondiendo que el denunciante active el recurso de revisión y no así el recurso jerárquico; al respecto se observó el art. 108.1 de la CPE, y en el caso esa repartición Ministerial se encuentra en la obligación de observar los criterios que rigen a la administración pública, como la eficiencia y eficacia; puesto que, no por haber activado el recurso jerárquico en vez del recurso de revisión, se tendría que desestimar su interposición, lo cual daría lugar a actuar de manera formalista, contrario el principio de verdad material previsto por los arts. 178 y 180 de la Norma Suprema; por lo que, lo único que se hizo, fue direccionar el recurso presentado, en aplicación del art. 31 del Protocolo de “aplicación” de la Ley 1468; 5) En cuanto a la supuesta incorrecta decisión de ordenar la reincorporación laboral del trabajador sin tener facultades para ello y que de conformidad al art. 18 del Protocolo de Actuación para la aplicación de esa Ley, solo las Jefaturas Departamentales Regionales tendrían la potestad de ordenar la restitución de los derechos laborales; al respecto la parte accionante olvida que la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de esa Cartera de Estado de acuerdo al art. “13 numeral 6” de la Ley 1468, pudiendo confirmar o revocar total o parcialmente la determinación asumida por la Jefatura Departamental de Trabajo, y al constituirse en una autoridad de cierre del proceso administrativo ahora de restitución de derechos laborales, el hecho revocar la decisión asumida por el inferior, claro que involucra una resolución en ruta contraria, ante lo cual la autoridad jerárquica en revisión puede asumir una posición en favor del trabajador, lo que sucedió en el presente caso, en el que se ordenó la restitución de sus derechos laborales, no siendo evidente que esa última instancia, carecería de facultades para poder ordenar la reincorporación laboral del trabajador denunciante -hoy tercero interesado-; 6) Respecto a la supuesta incorrecta regulación de los salarios devengados que constituyen título coactivo, se remite a las facultades otorgadas por la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales en la vía administrativa laboral, al señalar el art. 13.VI, establece que, la resolución ministerial que resuelva el recurso de revisión interpuesta contra la resolución de reincorporación laboral o la resolución de cumplimiento de pago de salarios, deberá confirmarla o revocarla total o parcialmente, y en caso de ser confirmatorio deberá establecer la liquidación de los saldos devengados y otros derechos, en una suma líquida y exigible que constituya un título coactivo; y, 7) La resolución ministerial puede ser impugnada en la vía judicial conforme a lo determinado por el art. 15 de la Ley 1468, al señalar que, la resolución de restitución de derechos laborales, sin perjuicio de su ejecución por el procedimiento establecido en esa Ley, podrá ser impugnada en la vía judicial conforme al procedimiento laboral común; por lo que, no es evidente que la parte accionante no contaba con otra vía o instancia que así lo permita; en ese sentido, no se agotó la instancia judicial, incumpliendo con el principio de subsidiariedad.
José Rojas Peña por memorial presentado el 22 de febrero de 2023, cursante de fs. 228 a 230; a través de su abogado en audiencia, manifestó que: i) Ingresó a trabajar a la empresa Curtiembre Vis Kuljis S.A. a partir del 14 de igual mes de 2021, siendo despedido el 28 de abril de 2022, cuando ejercía el cargo de ayudante en el área de producción; empero, el 4 de noviembre de 2021, sufrió un accidente laboral, dando como resultado la amputación de dos dedos de la mano derecha; y, ii) Pide se considere su situación de vulnerabilidad al ser una persona que vive con secuelas de un accidente laboral sufrido dentro la citada empresa, y que se cumpla la RM -032/2023- para volver a la vida laboral.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 18/2023 de 23 de febrero, cursante de fs. 237 vta. a 240 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) La parte accionante acude ante la Sala Constitucional cuestionando la RM 032/23; debido que, a su criterio, se habría desconocido la vigencia de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales y su “protocolo de aplicación”; b) El art. 15 de la Ley 1468, establece de manera textual que la resolución de restitución de derechos laborales sin perjuicio de su ejecución por el procedimiento establecido en esa Ley, podrá ser impugnada en la vía judicial conforme al procedimiento laboral común; por lo que, el accionante, aún cuenta con un mecanismo recursivo en la vía judicial a efectos de restituir los derechos que alega como vulnerados, ello en el marco de lo establecido por el art. 129 de la CPE; así como, el entendimiento de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, que estableció las reglas y subreglas del principio de subsidiariedad; y, c) Si bien la parte accionante en toda su carga argumentativa alega la existencia de errores en cuanto a la interpretación y aplicación de la norma; empero, no estableció porqué considera que esa interpretación realizada por la citada Resolución Ministerial resultaría insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, ilógica y con error evidente; así como, no identificó en su caso las reglas de interpretación que hubiesen sido omitidas en la instancia administrativa, menos refirió el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda o por no aplicar la interpretación que consideró debió efectuarse, alegando el resultado dañoso; así como, cuál sería la relevancia constitucional.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 20 de julio de 2022, ante la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, José Rojas Peña -hoy tercero interesado-, presentó denuncia de accidente laboral y despido intempestivo, solicitando reincorporación laboral, alegando que fue retirado de la empresa Curtiembre Vis Kuljis S.A. -ahora parte accionante-, misma que no le brindó desde su ingreso el seguro de salud a corto plazo ni cumplió con las “AFPS”, y en vez de brindarle ayuda procedieron a despedirle de manera injustificada dejándolo sin su fuente de trabajo (fs. 215 a 216).
II.2. Cursa “Auto” de 19 de agosto de 2022, emitida por el Jefe Departamental de Santa Cruz, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante la cual determinó declinar competencia con relación a la solicitud de reincorporación laboral deducida por el hoy tercero interesado contra la empresa Curtiembre Vis Kuljis S.A., ante la judicatura laboral para que sea en esa instancia que se determine lo que corresponda (fs. 204 a 207). II.3. A través del memorial presentado el 24 de septiembre de 2022 ante el Jefe Departamental de Santa Cruz, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el ahora tercero interesado interpuso recurso de revocatoria contra el “Auto” de 19 de agosto de 2022 (fs. 109 a 123). II.4. Consta RA JDTSC/JCCHS/R.R. 263/2022 de 18 de octubre, a través de la cual el Jefe Departamental de Santa Cruz, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, confirmó totalmente el “Acto Administrativo” de 19 de agosto de 2022, que dispuso la declinatoria de competencia respecto a la denuncia de reincorporación laboral presentada por el hoy tercero interesado contra la empresa Curtiembre Vis Kuljis S.A., determinando que dicho acto se constituía en firme y subsistente en todas sus partes (fs. 105 a 108). II.5. Por memorial presentado el 3 de noviembre de 2022, ante la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el ahora tercero interesado, interpuso recurso jerárquico contra la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 263/2022 (fs. 98 a 102 vta.). II.6. Cursa RM 032/23 de 9 de enero de 2023, pronunciada por Verónica Patricia Navía Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social -hoy accionada- quien resolvió revocar totalmente la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 263/2022; y, en consecuencia dejar sin efecto el “Auto” de 19 de agosto de 2022, ambos actos emitidos por la Jefatura Departamental de Santa Cruz, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; disponiendo -entre otros aspectos- la inmediata reincorporación laboral del ahora tercero interesado a la empresa Curtiembre Vis Kuljis S.A. al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que le correspondan hasta el momento de su reincorporación laboral en aplicación del art. “18” de la Ley 1468, determinación que debía ser cumplida en el plazo de tres días hábiles (fs. 94 a 97).
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento a la defensa, a la presunción de inocencia y a la “seguridad jurídica”; puesto que, la Ministra de Trabajo ahora accionada, resolvió el recurso jerárquico interpuesto por el hoy tercero interesado contra la “Resolución Administrativa” que dispuso la declinatoria de competencia respecto a la denuncia de reincorporación laboral presentada por el nombrado contra la empresa Curtiembre Vis Kuljis S.A., emitiendo la RM 032/23 de 9 de enero de 2023, la cual carece de legitimidad; ya que, dicha autoridad se arrogó facultades de un juez laboral al valorar declaraciones testificales, se atribuyó funciones de los Jefes Departamentales de Trabajo al emitir una resolución de reincorporación y ordenó a la citada empresa realizar una liquidación de salarios devengados sin que existan los requisitos establecidos por el art. 25 del Protocolo de Actuación de la Ley 1468; además, de que no podía conocer el recurso jerárquico al haber sido presentado antes de la vigencia plena de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales y el Protocolo de Actuación para la aplicación de la Ley 1468, aprobado por RM 1377/2022 de 1 de noviembre, cuando sus facultades ya no se encuentran reservadas para conocer dicho recurso, el cual ya no se encuentra vigente en la normativa actual. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto se desarrollarán, los siguientes temas: 1) El principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional; 2) Sobre el procedimiento para restitución de derechos laborales establecido en la Ley 1468 y su Protocolo de Actuación para su aplicación -aprobado por RM 1377/2022 de 1 de noviembre- y los medios de impugnación referidos en esa normativa; y, 3) Análisis de caso concreto.
La SCP 0319/2025-S1 de 23 de abril, señala que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0049/2019-S2 de 1 de abril de 2019, -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado, en su art. 128, establece: ‘La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley’; a su vez, el art. 129.I de la referida Ley Fundamental, señala: ‘La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’. En coherencia con la última disposición, el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto a la subsidiariedad e inmediatez, dispone:
I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela. El Tribunal Constitucional a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, y supletorio, pues viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. Es así, que en el Fundamento Jurídico III.1, estableció reglas y subreglas de improcedencia por subsidiariedad: …cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y, 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución.
El principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional supone que ésta no podrá activarse mientras no se agoten los medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada dentro del proceso judicial o administrativo, tal como lo establecen los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo; empero, no se trata simplemente de un agotamiento formal; sino, se hace imprescindible el hecho de reclamar el supuesto acto lesivo que cause agravio a los derechos del accionante; en este sentido, la SC 1086/2005-R de 12 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.1, señala que:
…el carácter subsidiario del amparo constitucional, no sólo se agota en el aspecto formal, es decir en la obligación de que la persona utilice todos los recursos establecidos por el ordenamiento jurídico, sino que es preciso que a través de esos medios la persona reclame todos los actos ilegales que supuestamente le causan agravio; dado que si la persona no efectuó el reclamo pertinente, pese a haber utilizado el medio de defensa previsto por ley, se entiende que consintió con todas aquellos presuntos actos ilegales u omisiones indebidas que no impugnó oportunamente, impidiendo con ello que las autoridades judiciales o administrativas se pronuncien sobre el particular (SC 1337/2003-R, de 15 de septiembre).
Dicho entendimiento fue confirmado en la SCP 0870/2013 de 20 de junio, (...), refiere:
…En sede administrativa, el procesado o administrado, según sea el caso, deberá acudir con carácter previo a la activación de la jurisdicción constitucional a la autoridad o persona que lesionó su derecho y en segundo término ante la instancia que pueda corregir la distorsión generada, a efectos de procurar la reparación de la lesión, indicando expresamente las supuestas transgresiones sucedidas. En consecuencia no se podrá reclamar vía acción de amparo constitucional, aspectos no reclamados en instancias ordinaria o administrativas previas.
En suma, en mérito al principio de subsidiariedad, aquellas lesiones no acusadas ante la vía ordinaria o administrativa, oportunamente en cada instancia, no pueden ser analizadas a través de la acción de amparo constitucional; dado que, les corresponde a los jueces y tribunales ordinarios y a las autoridades administrativas, reparar los derechos y garantías constitucionales presuntamente lesionados, en el mismo proceso judicial o administrativo a su cargo” (las negrillas son nuestras).
El AC 0044/2024-RCA de 15 de febrero, establece que: “El art. 13 de la Ley 1468, respecto al recurso de revisión establece lo siguiente: ‘I. Si la trabajadora o el trabajador o en su caso la empleadora o el empleador considerase afectados sus derechos con la Resolución de Reincorporación Laboral, la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario, o la Resolución de Cumplimiento del Fuero Sindical, emitida por la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo, podrá impugnar la misma a través del Recurso de Revisión. II. La impugnación a la Resolución de Reincorporación Laboral, a la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario, o a la Resolución de Cumplimiento al Fuero Sindical, no implica la suspensión de su ejecución. III. El Recurso de Revisión deberá ser interpuesto ante la misma autoridad administrativa que emitió la Resolución de primera instancia, en el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo alternativa de ser desestimado. IV. En el plazo de tres (3) días hábiles de haber sido interpuesto el Recurso de Revisión, la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo deberá remitirlo junto con sus antecedentes a conocimiento de la Ministra o el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social. V. La Ministra o el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para resolver el Recurso de Revisión, tendrá el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, el cual se computará a partir de su interposición. Resuelto el Recurso de Revisión, en el plazo precedente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tendrá el plazo de tres (3) días hábiles para notificar a las partes. VI. La Resolución Ministerial que resuelva el Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Resolución de Reincorporación Laboral o la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario deberá confirmarla o revocarla, total o parcialmente; en caso de ser confirmatoria, deberá establecer la liquidación de los salarios devengados y otros derechos que pudiesen corresponder, suma líquida y exigible que constituye título coactivo a efectos de la presente Ley. VII. La Resolución Ministerial que resuelva el Recurso de Revisión interpuesto contra la Resolución de Cumplimiento de Fuero Sindical deberá confirmar o revocar lo dispuesto en la resolución de primera instancia. VIII. La Resolución Ministerial, en los casos señalados en los Parágrafos VI y VII precedentes, deberá ser cumplida en sus términos en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, computables a partir de su notificación, bajo alternativa de su ejecución en la vía judicial, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley’. Por otra parte, el art. 15 de la mencionada Ley, relativo a la impugnación judicial, instituye que: ‘La Resolución de Restitución de Derechos Laborales, sin perjuicio de su ejecución por el procedimiento establecido en la presente Ley, podrá ser impugnada en la vía judicial conforme al procedimiento laboral común’. A su vez, el art. 20.I del Protocolo de Actuación para la Aplicación de la Ley 1468 aprobado mediante RM 1377/22 de 1 de noviembre de 2022, determina que: ‘La parte que considerase afectados sus derechos con la Resolución de Restitución de Derechos Laborales, podrá impugnar la misma a través del Recurso de Revisión, interponiendo el mismo ante la Jefa o Jefe Departamental o Regional del Trabajo que emitió la Resolución impugnada; toda nulidad o anulabilidad deberá ser invocada al momento de interponer el Recurso de Revisión”’ (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Bajo ese contexto, se tiene que la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales publicada el 3 de octubre de 2022-; entró en vigencia el 3 de noviembre de 2022-; razón por la cual, no se la puede aplicar retroactivamente a las situaciones que se hubiesen suscitado con anterioridad a la fecha de la indica entrada en vigencia de esa Ley; y conforme a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 1468 señaló que: “Las denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo Nº 0495, de 1 de mayo de 2010, deberán adecuarse en su tramitación conforme a lo previsto en la presente Ley, a partir del estado en el que se encuentren, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitir los criterios para su adecuación, que serán establecidos en el Protocolo de Actuación”. En ese contexto, el Protocolo de Actuación para la aplicación de la Ley de Procedimiento para la Restitución de Derechos Laborales aprobado por RM 1377/2022, en su art. 26.IV estableció en cuanto a la ejecutoria de las Resoluciones Ministeriales que: “La Resolución Ministerial que resuelva el Recurso de Revisión, al no admitir recurso ulterior alguno conforme a la Ley 1468, (...), constituye Acto Administrativo Definitivo, con plena suficiencia y fuerza ejecutiva, no requiriéndose de declaración de ejecutoria, confirmación o ratificación alguna, debiendo ser cumplido de manera obligatoria”; es decir, que no necesita de un trámite posterior o de una determinación administrativa que le otorgue firmeza; conforme lo señaló el autor Víctor Rafael Hernández Mendible en su libro “La ejecución de los actos administrativos”, al señalar que todo “…acto administrativo per se contiene una declaración que produce consecuencias jurídicas, las cuales en algunas ocasiones se concretan con la simple expedición de ese acto y en otras requieren ‘ser cumplidas mediante actos de ejecución’; es decir, a través de la realización de otros actos administrativos de ejecución o de actuaciones materiales, que se constituyen en la concreción de tales efectos jurídicos.
La ley exige, como condición de la actuación de ejecución, jurídica o material de la administración pública, la previa expedición del acto administrativo–como expresión de la culminación de un procedimiento administrativo anterior–, el cual sirve de título habilitante para producir efectos en la esfera de los derechos e intereses de las personas destinatarias. (...) -por lo que en el caso de la ejecución virtual- `El acto administrativo, como todo acto jurídico expedido por los órganos del poder público en ejercicio de sus competencias, es de ejecución inmediata -salvo los supuestos de diferimiento (...)-, por lo que siempre deberá ser objeto de acatamiento voluntario por sus destinatarios, en el tiempo y la forma en él establecido, sin perjuicio de los recursos que puedan interponer los interesados en sede administrativa o jurisdiccional y de las medidas cautelares que se puedan adoptar para garantizar el cumplimiento de la decisión administrativa que resuelva el recurso o de la sentencia que resuelva la impugnación. Hay que tener presente que no todo acto administrativo requiere ser cumplido mediante actos de ejecución, por lo que no se requiere de una actuación posterior dirigida a concretar la declaración jurídica (...)”’; de acuerdo con ese razonamiento, el art. 15 de la Ley 1468, establece de manera expresa la posibilidad de acudir a la vía judicial para impugnar la resolución de restitución de derechos laborales que resuelva el recurso de revisión.
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento a la defensa, a la presunción de inocencia y a la “seguridad jurídica”; puesto que, la Ministra de Trabajo ahora accionada, resolvió el recurso jerárquico interpuesto por el hoy tercero interesado contra la “Resolución Administrativa” que dispuso la declinatoria de competencia respecto a la denuncia de reincorporación laboral presentada por el nombrado contra la empresa Curtiembre Vis Kuljis S.A., emitiendo la RM 032/23 de 9 de enero de 2023, la cual carece de legitimidad; ya que, dicha autoridad se arrogó facultades de un juez laboral al valorar declaraciones testificales, se atribuyó funciones de los Jefes Departamentales de Trabajo al emitir una resolución de reincorporación y ordenó a la citada empresa realizar una liquidación de salarios devengados sin que existan los requisitos establecidos por el art. 25 del Protocolo de Actuación de la Ley 1468; además, de que no podía conocer el recurso jerárquico al haber sido presentado antes de la vigencia plena de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales y el Protocolo de Actuación para la aplicación de la Ley 1468, aprobado por RM 1377/2022 de 1 de noviembre, cuando sus facultades ya no se encuentran reservadas para conocer dicho recurso, el cual ya no se encuentra vigente en la normativa actual. Expuesta de esa manera la presente problemática, de antecedentes se tiene que el ahora tercero interesado, el 20 de julio de 2022, presentó ante la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, denuncia de accidente laboral y despido intempestivo, pidiendo su reincorporación laboral a la empresa de Curtiembre Vis Kuljis S.A. -parte accionante- (Conclusión II.1.); instancia administrativa la que mediante “Auto” de 19 de agosto de 2022, determinó declinar competencia con relación a esa solicitud ante la judicatura laboral para que sea dicha instancia la que determine lo que corresponda (Conclusión II.2.). Posteriormente, el 24 de septiembre de 2022, el ahora tercero interesado interpuso recurso de revocatoria contra el “Auto” de 19 de agosto de 2022 (Conclusión II.3.); el que fue resuelto a través de la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 263/2022, por el Jefe Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (Conclusión II.4.); autoridad administrativa que confirmó totalmente el “Acto Administrativo” de 19 de agosto de 2022, determinando que dicho acto se constituía en firme y subsistente en todas sus partes; lo que suscitó que el 3 de noviembre de igual año, el tercero interesado, interpusiera recurso jerárquico contra la citada Resolución Administrativa. Remitidos los antecedentes ante la autoridad superior (Conclusión II.5.); la Ministra hoy accionada resolviendo el recurso jerárquico emitió la RM 032/23, quien resolvió revocar totalmente la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 263/2022, y en consecuencia dejar sin efecto el “Auto” de 19 de agosto de 2022, emitidos por la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; disponiendo en lo esencial la inmediata reincorporación laboral del ahora tercero interesado, al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que le correspondan hasta el momento de su reincorporación laboral en aplicación del art. “18” de la Ley 1468, determinación que debía ser cumplida en el plazo de tres días hábiles por la empresa Curtiembre Vis Kuljis S.A. (Conclusión II.6.). Ahora bien, analizado el caso venido en revisión, la parte accionante pretende como tutela que se deje sin efecto la RM 032/23 y se mantenga firme, tanto el “Auto” de 19 de agosto de 2022; así como, la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 263/2022, ambas pronunciadas por la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; cuestionando que la determinación de revocar totalmente la determinación impugnada y disponer la inmediata reincorporación laboral del hoy tercero interesado, no se encontraría dentro del marco de lo previsto en la normativa descrita en la Ley de Procedimiento para la Restitución de Derechos Laborales, haciendo alusión a que no correspondía a la Ministra de Trabajo ahora accionada conocer ni tramitar el recurso jerárquico interpuesto por el hoy tercero interesado, y menos disponer la reincorporación laboral del nombrado y determinar el pago de sueldos devengados; aspectos que pudieron ser impugnados en la vía judicial con base al procedimiento laboral común -conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional- al encontrarse dicha vía establecida en esa Ley y por lo tanto habilitada para cuestionar toda decisión relacionada a la restitución de derechos laborales. En ese sentido, la parte accionante debió activar la vía judicial a efecto de cuestionar lo decidido en la RM 032/23, y denunciar todos los agravios que considere pertinentes, entre ellos, los ahora alegados en la presente acción de amparo constitucional, ello en observancia del principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional, cuyos presupuestos se encuentran descritos en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, determinando como regla y subregla presupuestos de inactivación reglada como la improcedencia de la acción de amparo constitucional por subsidiariedad, cuando la autoridad judicial no tuvo la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto en concreto; debido a que, la parte afectada no acudió a la vía judicial al cuestionar la decisión asumida por la autoridad accionada con la finalidad de dejar sin efecto la resolución que le causaría agravio; en ese sentido, encontrándose prevista en la Ley de Procedimiento para la Restitución de Derechos Laborales, la facultad de cuestionar la referida Resolución Ministerial, emitida por la Ministra de Trabajo ahora accionada, resulta evidente que la empresa Curtiembre Vis Kuljis S.A. -parte accionante- no agotó la vía de impugnación descrita por el art. 15 de la Ley 1468; en ese sentido, al no haber agotado los medios intraprocesales previstos en la normativa vigente, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2023 de 23 de febrero, cursante de fs. 237 vta. a 240 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 La ejecución de los actos administrativos, Víctor Rafael Hernández Mendible, N° 67, 2011 pp. 359-380, https://www.corteidh.or.cr/tablas/r28751.pdf
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0418_2026-S1.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4efa4fc54921cd393f20501e154d693fc949d20b11fd439882bff6356f4675a1
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