B.IA.LEGAL

SCP 0418/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 22 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
22 de mayo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
54379-2023-109-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia; y, a la tutela judicial efectiva; aduciendo que, durante el desarrollo del peritaje geo referencial de 14 de febrero de 2022, el Fiscal de Materia codemandado impuso una medida restrictiva de ingresar al predio en litigio, disposición que consideran genera un detrimento en el ejercicio de los citados derechos por ello hubiesen exigido a esa autoridad disponga el cese de la misma, ante la negativa interpusieron objeción de proposición de diligencias conforme el art. 306 del CPP, que fue conocida por el Fiscal Departamental de La Paz, quien no hubiera resuelto en el fondo su reclamo, negándose a ejercer el control sobre su subalterno; por lo cual, acudieron ante el Juez de Sentencia Penal demandado quién pese a que interpusieron recurso de reposición confirmó por Auto de 3 de octubre de 2022, ante la negativa de levantar la prohibición de ingresar al mencionado predio. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 46/2023 de 27 de febrero, cursante de fs. 267 a 270 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del principio de inmediatez y el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional
  2. III.2. La interposición de recursos notoriamente inidóneos no interrumpe o suspende el cómputo de seis meses de inmediatez
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0418/2025-S3 Sucre, 22 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 54379-2023-109-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 46/2023 de 27 de febrero, cursante de fs. 267 a 270 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ana María Escalante de Peñaloza, Yolanda Rita Chávez, Edgar Ricardo Fernández Morato, Juana Rosa Mier Sevilla Vda. de Guzmán, Mario Luis Morales Martínez, María Eugenia Encinas Medrano de Palma, Miriam Gumercinda Rada Gómez, Trinidad Marisabel Gonzáles Ávila y Juan Solares Gutiérrez contra Ernesto Macuchapi Laguna, Juez de Sentencia Penal Primero - Zona Sur de la Capital; William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental; ambos del departamento de La Paz; y, Juan Laura Chique, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 13 y 24 de enero de 2023, cursantes de fs. 115 a 128; y, 132 a 135 vta., la parte accionante refirió que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia suya contra Isaac Rodrigo López, Pascuala Gonzáles Ticona, Hortencia Mamani de López y Gumercindo Casillo Quispe -terceros interesados-, por la presunta comisión del delito de avasallamiento, Juan Laura Chique, Fiscal de Materia -codemandado-, el 14 de febrero de 2022, dirigió el actuado investigativo de peritaje geo referencial, declarando a su conclusión “…ʽSE PROHIBE TERMINANTEMENTE A QUE LAS PARTES PUEDAN INGRESAR A REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA DE CALLES, TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE HABITACIONES EN ESTE PREDIO SIENDO QUE NOS HALLAMOS EN UN PROCESO EN LITIGIO…’” (sic).

Posterior a ello el mencionado Fiscal de Materia, al culminar la investigación emitió el 30 de marzo de 2022, requerimiento conclusivo de acusación fiscal; por lo que, le solicitaron, por memorial de 11 de mayo del indicado año, el levantamiento de la medida restrictiva impuesta en supracitado acto investigativo, petición que mereció como respuesta decreto de 12 de idéntico mes y año, carente de fundamentación el prenombrado se limitó a señalar: “…ʽhabiéndose concluido la etapa preparatoria con la resol. Fiscal de acusación, no ha lugar a lo solicitadoʼ…” (sic). Ante esa determinación, por escrito de 10 de junio de 2022 objetaron esa negativa que obtuvo como respuesta el decreto de 13 del mismo mes y año, aduciendo que habiéndose requerido apertura de juicio oral no era posible realizar actos investigativos por lo cual mantenía firme el decreto de 12 de mayo del señalado año, y dispuso la remisión de antecedentes ante William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz -codemandado-, quien pronunció la Resolución de 27 de julio de 2022, limitándose a señalar que debieron recurrir a la autoridad jurisdiccional conforme establece la SCP 0108/2014 de 10 de enero, deslindando su responsabilidad de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada. Habiendo agotado las vías de reclamo en el Ministerio Público, por memorial de 24 de agosto de 2022, presentado a Ernesto Macuchapi Laguna, Juez de Sentencia Penal Primero - Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz -demandado-; para que dicha autoridad en la vía de control jurisdiccional evidencie la violación de sus derechos constitucionales, dejando en constancia que con anterioridad hicieron ese reclamo al Fiscal de Materia de la causa y al Fiscal Departamental ahora codemandados, obteniendo como respuesta el decreto de 25 del referido mes y año, que dispuso debían acudir a la autoridad llamada por ley. En mérito a ello reiteraron su petición de control jurisdiccional por escrito de 9 de septiembre del mencionado año, aclarando que ya hubieran comparecido ante las citadas autoridades fiscales; no obstante, con total falta de fundamentación el Juez demandado señaló que debían estar a lo establecido por decreto de 25 de agosto del merituado año. Producto de esa determinación formularon recurso de reposición mereciendo el Auto de 3 de octubre de 2022, pronunciado por el Juez demandado que de manera incongruente señaló que el precintado simbólico se dispuso por el Fiscal de Materia codemandado en el desarrollo de la etapa preparatoria, y que al no haber dispuesto esa medida y tampoco el Juez de la causa a cargo de la referida fase procesal, debía acudirse a la autoridad que la emitió.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia; y, a la tutela judicial efectiva, así como del principio de seguridad jurídica citando al efecto los arts. 115, 117.I y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto las medidas restrictivas impuestas por el Fiscal de Materia codemandado, durante el peritaje geo referencial de 14 de febrero de 2022; y, b) Condene en costas, daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 27 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 260 a 266 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron el contenido de la acción de amparo constitucional, y ampliándolo señalaron que: 1) El Fiscal de Materia codemandado vulneró su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación al resolver la solicitud de levantamiento de medidas restrictivas a través de un simple proveído además de forma incongruente a su propio razonamiento, ya que inicialmente manifestó que esa disposición estaría vigente solo durante la etapa preparatoria y tenía como fin precautelar el desarrollo de una pericia, cumplidas ambas no dio respuesta oportuna. Por su parte el Fiscal Departamental codemandado, omitió ejercer el control establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público que le constriñe a verificar que las actuaciones de los fiscales de materia se encuentren sujetos a derecho; y, en cuanto al Juez de Sentencia demandado, al pronunciar el Auto de 3 de octubre de 2022, resolviendo el recurso de reposición de forma incongruente; y, 2) El Código de Procedimiento Penal en lo relativo al recurso de reposición no señala recurso ulterior, es decir estaban imposibilitados de impugnar el Auto emitido por el Juez demandado. Asimismo la decisión asumida por el Fiscal Departamental codemandado no goza de mecanismo de impugnación cumpliendo de ese modo el principio de subsidiariedad, y respecto al principio de inmediatez se encuentran dentro el plazo de seis meses que proscribe la ley. A la pregunta de los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respecto a: i) Cuál sería el objeto de esta acción de defensa, respondieron de dejar sin efecto las medidas restrictivas impuestas a las víctimas por el Fiscal de Materia codemandado en “audiencia” de peritaje geo referencial; y, ii) Respecto a qué fecha sería tal medida, contestaron que del 14 de febrero de 2022.

I.2.2. Informe de los demandados

Ernesto Macuchapi Laguna, Juez de Sentencia Penal Primero - Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 27 de febrero de 2023, cursante de fs. 157 a 158 vta., sostuvo que: a) Conforme el art. 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP) no podía comprometer su imparcialidad e inmiscuirse en tareas investigativas como era la pericia geo referencial, b) La autoridad competente era el Juez a quo, además los accionantes no observaron que el proceso se encontraba en actos preparatorios para juicio oral; y, c) Debió considerarse la SCP 0108/2014 de 14 de enero, que establece el deber impuesto por mandato legal a la autoridad jurisdiccional del Juez Instructor en lo Penal de precautelar los derechos y garantías constitucionales durante la etapa preparatoria. William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, por informe escrito presentado el 27 de febrero de 2023, cursante de fs. 159 a 160 vta., señaló que: 1) La observación jerárquica que emitió el 27 de julio de 2022, cumplía con las exigencias normativas de fundamentación y motivación; puesto que, los impetrantes de tutela utilizaron la figura de objeción al rechazo de proposición de diligencias regulada por el art. 306 del CPP, que en este caso no se produjo ya que no se objetó ningún actuado investigativo, además la causa inclusive cuenta con Acusación Fiscal; por ello no podía ingresar al fondo de tal solicitud; 2) En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva, los prenombrados no refirieron de qué forma hubiera vulnerado el mismo, al contrario dispuso que la autoridad jurisdiccional era encargada del control de derechos y garantías constitucionales; y, 3) En audiencia de garantías se dé cumplimiento a la SC 0348/2011-R de 7 de abril, que establece la prohibición de modificar los hechos contenidos en la demanda. Juan Laura Chique, Fiscal de Materia por informe escrito presentado el 27 de febrero de 2023, cursante de fs. 161 a 164 vta., manifestó que: i) A momento de realizar el peritaje geo referencial los solicitantes de tutela no objetaron ese actuado; por lo que, se tendrían actos consentidos; ii) Cumplió con las atribuciones que le confiere el art. 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), y a la fecha existe acusación fiscal no pudiendo realizarse actos investigativos; y, iii) Los peticionantes de tutela no acudieron ante el juez contralor de garantías a fin de reclamar la presunta vulneración de sus derechos.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Isaac Rodrigo López en audiencia de garantías, a través de su representante, indicó que: a) Los accionantes debieron formular incidente de defecto absoluto reconocido en el art. 314 del CPP ante el Juez de la causa, por lo cual inobservaron el principio de subsidiariedad, más aun cuando no manifestaron que debía prescindirse del mismo de manera excepcional; b) Desde el 12 de enero de 2021, los impetrantes de tutela se oponían a que se realice el precintado de todo el terreno en litigio; c) Los prenombrados tuvieron cuatro meses para recurrir ante el juez de instrucción en lo penal, ante quién pudieron hacer valer sus derechos y realizar el supuesto reclamo; y, d) Existe un proceso paralelo en la vía civil por nulidad de documentos y escrituras públicas seguido por Eugenia López Ramírez contra Marcelino Ibarra y otros. Gumercindo Casillo Quispe, en audiencia de garantías, a través de su abogado, sostuvo que los peticionantes de tutela erraron el camino, al acudir ante el Juez de Sentencia Penal Primero - Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz; puesto que, según el art. 53 y 54 del CPP se establecen las atribuciones de esa autoridad en las cuales no se encuentra la de hacer control jurisdiccional sobre un determinado acto procesal. Pascuala Gonzáles Ticona y Hortencia Mamani de López no asistieron a la audiencia de garantías, ni presentaron escrito alguno pese a su notificación cursante a fs. 142.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 46/2023 de 27 de febrero, cursante de fs. 267 a 270 vta., denegó la tutela solicitada, con base en el siguiente fundamento: Los accionantes al presentar acusación particular consintieron libremente los aparentes defectos procesales de instancia, y conforme la teoría de los hechos superados si uno está en contra de la decisión de una autoridad jurisdiccional no puede generar otros actos porque estos nuevos actos superarán la impugnación primaria.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa acta de desarrollo de peritaje geo referencial firmada por el investigador asignado al caso, de 14 de febrero de 2022, en la cual Juan Laura Chique Fiscal de Materia -codemandado- dispuso entre otras órdenes que: “…se prohíbe terminantemente a que las partes puedan ingresar a realizar trabajos de aperturas de calles, trabajos de construcción de habitaciones en este predio, siendo que nos hallamos en un proceso en litigio…” (sic), asimismo aclaró que se proseguiría hasta la conclusión del proceso penal con la resolución que corresponda (fs.212 a 215). II.2. Según el formulario del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) la acción de amparo constitucional fue presentada el 13 de enero de 2023 (fs. 128).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia; y, a la tutela judicial efectiva; aduciendo que, durante el desarrollo del peritaje geo referencial de 14 de febrero de 2022, el Fiscal de Materia codemandado impuso una medida restrictiva de ingresar al predio en litigio, disposición que consideran genera un detrimento en el ejercicio de los citados derechos por ello hubiesen exigido a esa autoridad disponga el cese de la misma, ante la negativa interpusieron objeción de proposición de diligencias conforme el art. 306 del CPP, que fue conocida por el Fiscal Departamental de La Paz, quien no hubiera resuelto en el fondo su reclamo, negándose a ejercer el control sobre su subalterno; por lo cual, acudieron ante el Juez de Sentencia Penal demandado quién pese a que interpusieron recurso de reposición confirmó por Auto de 3 de octubre de 2022, ante la negativa de levantar la prohibición de ingresar al mencionado predio. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Del principio de inmediatez y el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional

El art. 129.II de la CPE, prevé que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo de seis meses, computables desde la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; en armonía con ello, el art. 55.I del CPCo, establece con claridad que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho” (las negrillas son propias). Bajo ese marco, resulta menester recurrir además al criterio emitido por la SCP 0871/2014 de 12 de mayo, que señaló que: “…La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desarrolló una interpretación pedagógica, sobre el alcance del principio de inmediatez, estableciendo su comprensión desde un punto de vista positivo y negativo, en función a su naturaleza protectora de derechos y garantías, así como la objetividad de los hechos que deben ser puestos a consideración del Juez o Tribunal de garantías, así la SC 0921/2004-R de 15 de junio, señaló: 'el Tribunal de amparo hizo una incorrecta interpretación de la naturaleza jurídica y alcances del principio de inmediatez, cabe aclarar que dicho principio tiene dos elementos; uno positivo, lo que significa que el amparo constitucional es una vía tutelar para la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, lo que implica que esta vía se activa inmediatamente de haberse producido la lesión, sino hubieren otras vías, o de haber agotado las vías legales ordinarias idóneas y efectivas si es que existen; y otro negativo, lo que significa que la persona titular de los derechos fundamentales vulnerados, debe activar inmediatamente el amparo constitucional, no dejando pasar lapsos de tiempo prolongado que la hagan ineficiente a esta vía tutelar; a cuyo efecto este Tribunal ha establecido, por vía jurisprudencial un plazo razonable de seis meses'.

Similar criterio contiene la SC 0852/2010-R de 10 de agosto, haciendo referencia a la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, al señalar que: '...el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos'.

Finalmente y sobre el principio en análisis, la SCP 1427/2012 de 24 de septiembre, sostiene la siguiente concepción: 'se puede advertir en síntesis que la presentación de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, caso contrario, ante la jurisdicción constitucional opera el principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar; en ese sentido, si la persona supone que se le han vulnerado sus derechos o garantías constitucionales, esta de forma diligente y sin esperar que transcurra el tiempo -más de los seis meses- debe dirigirse a la jurisdicción constitucional, caso contrario se considera su interposición como extemporánea, situación que inhabilita el ingreso al análisis de fondo de la problemática planteada'” (las negrillas son añadidas).

III.2. La interposición de recursos notoriamente inidóneos no interrumpe o suspende el cómputo de seis meses de inmediatez

La SC 0770/2003-R de 6 de junio, estable que:“…el principio de subsidiariedad no implica la utilización de cualquier medio o recurso sino los idóneos, empero la utilización de otros que no sean los adecuados para hacer cesar el acto ilegal u omisión indebida que se reclama no neutraliza la protección de amparo, siempre que se hubiesen utilizado los requeridos por ley, lo que no sucede cuando ocurre lo contrario, pues la falta de utilización de los medios idóneos anula toda posibilidad de ingresar al fondo de la problemática sino también de otorgar la tutela…” (las negrillas y subrayado nos pertenecen). Entendimiento a partir del cual, la SC 0079/2007-R de 23 de febrero, concluyó que: “…para poder ingresar al análisis de fondo de la problemática que se plantea en este tipo de recursos, quien recurre de amparo constitucional debe interponer su acción dentro del plazo de seis meses de conocido el acto o hecho ilegal o de agotados los medios o recursos que la ley le otorga para subsanar la supuesta lesión; asimismo, que cuando se reclama ante instancias no competentes o por medios no idóneos, éstos no pueden interrumpir el plazo de seis meses de caducidad del recurso de amparo, ya que al no ser mecanismos legales, no pueden generar una consecuencia jurídica habilitante para impedir la prescripción del derecho a acceder a dicho recurso; en tal sentido, sólo las vías legales e idóneas interrumpen el plazo de seis meses determinado como máximo para acceder al recurso de amparo constitucional” (las negrillas y subrayado fueron añadidos). Entendimiento que fue reiterado por las SSCC 0252/2007-R, 0646/2007-R y 0687/2007; y, asumido en la vigencia de nuestra actual Constitución, por la SC 0261/2010-R (por mencionar algunas).

En ese marco, la SC 0521/2010-R de 5 de julio, determina que: “1. El cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo, es desde la notificación con la resolución o auto de vista que agota la vía, dado que ha sido el último actuado idóneo. Sin considerar los recursos, incidentes u otros medios no previstos por ley, o presentados extemporáneamente, aún en los casos de equivocación o error en su presentación, los cuales se consideran inidóneos…” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

De antecedentes se advierte que dentro un proceso penal por avasallamiento seguido por los accionantes a instancias del Ministerio Público contra los terceros interesados, el Fiscal de Materia codemandado durante el peritaje de 14 de febrero de 2022, prohibió a ambas partes ingresar y realizar trabajos y mejoras dentro el bien en litigio, (Conclusión II.1). En ese marco, los impetrantes de tutela dirigen esta acción de amparo contra el Fiscal de Materia codemandado; por cuanto, consideran lesiva a sus derechos las restricciones impuestas en el acto de investigación referido. Así como contra el Fiscal Departamental codemandado, en el sentido de que no hubiera ejercido control sobre el primero y no habría resuelto su objeción al rechazo de proposición de diligencias adecuadamente; y finalmente, contra el Juez de Sentencia Penal demandado señalando que pese a que formularon recurso de reposición no dispuso el levantamiento de la prohibición al predio en cuestión, centrando su petitorio únicamente en dejar sin efecto “las medidas restrictivas” que les impusieron en su calidad de víctimas el 14 de febrero de 2022.

Ahora bien dada la naturaleza de la acción de amparo constitucional, y conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, su activación procede sobre la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificados; en ese contexto se tiene que: 1) En cuanto al principio de inmediatez se debe efectuar el cómputo del plazo señalado en el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) para formular esta acción de defensa desde el pronunciamiento de la instrucción del Fiscal de Materia codemandado en el desarrollo del peritaje geo referencial de 14 de febrero de 2022 que en contraste con el formulario de recepción de esta acción de defensa (fs. 128) que data del 13 de enero de 2023 a horas 12:21 hubieran transcurrido más de seis meses; en virtud a ello la presente acción esta presentada fuera de plazo.

Es menester aclarar que si bien la parte accionante pretendió subsanar aquello señalando que el último acto denunciado como lesivo sería el Auto de 3 de octubre de 2022, emitido por el Juez de Sentencia Penal demandado; empero, en su petitorio solo impetra que se deje sin efecto las medidas asumidas el 14 de febrero de 2022; inobservando de esa forma el principio de inmediatez que rige esta acción de defensa que tiene carácter formal.

2) Respecto de la subsidiariedad debe considerarse que los impetrantes de tutela sostienen que el Fiscal Departamental codemandado tiene responsabilidad al no haber cesado la decisión del Fiscal de Materia; no obstante, para efectuar su reclamo ante esa autoridad utilizaron la figura de objeción al rechazo de proposición de diligencias contenido en el art. 306 del CPP mismo que no resulta aplicable por tener otro objetivo el cual es asegurar la realización de un acto investigativo que inicialmente fue negado durante la etapa preparatoria; por otra parte, respecto al Juez de Sentencia Penal demandado pretendieron que deje sin efecto una decisión asumida dentro un peritaje efectuado en etapa preparatoria, errando la vía por cuanto les correspondía acudir en su oportunidad ante el Juez de Instrucción que primigeniamente conoció su causa, a efectos de denunciar la presunta lesión de sus derechos y vía incidente de actividad procesal defectuosa corregir la misma, lo que no aconteció resultando inviable que este Tribunal dada la escasa relevancia constitucional reconduzca tal yerro, máxime si en audiencia de garantías se aseguró por los terceros interesados existir mayores litigios respecto a la propiedad de los predios en cuestión. En ese entendido, esta acción de defensa fue interpuesta fuera del plazo establecido en la normativa procesal constitucional vigente, e inobservando que existían otros mecanismos idóneos que no fueron utilizados en su oportunidad y empleando erradamente otros, por lo que no se interrumpió el cómputo de los seis meses ya referido; en virtud a ello, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros argumentos obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 46/2023 de 27 de febrero, cursante de fs. 267 a 270 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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