Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 8 de mayo de 2025
Concede la tutela
Las accionantes a través de su representante sin mandato, consideran lesionados sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso en su vertiente de celeridad; toda vez que, mediante Auto de Vista 231 de 31 de agosto de 2021, emitido por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se declaró admisible y procedente su recurso de apelación incidental, anulando el Auto Interlocutorio de 12 de febrero de 2021 y ordenando al Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del mismo departamento -ahora demandado- que en el plazo de tres días, emita una nueva resolución; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad -1 de abril de 2022-, el Juez ahora demandado no pronunció la resolución ordenada, incumpliendo lo dispuesto por el Tribunal de alzada, pese a las reiteradas solicitudes presentadas por las ahora demandantes de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 2 de abril, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispositivos establecidos por la Jueza de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0418/2025-S1 Sucre, 8 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52031-2022-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 04/2022 de 2 de abril, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ericka Liliana Añez Chávez en representación sin mandato de Ana Jéssica Suárez Justiniano y Ángela Suárez Justiniano contra Wilson Espada Patiño, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 1 de abril de 2022, cursante de fs. 11 a 14 vta., las accionantes a través de su representante sin mandato, expresaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas, radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, refiere que en atención a lo previsto en los arts. 27 y 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP), presentando incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, tomando en cuenta que llevan casi trece años con este proceso penal, petición que fue resuelta por Auto Interlocutorio de 12 de febrero de 2021, siendo declarado infundado dicho incidente sin ninguna fundamentación, motivación y congruencia; ante lo cual, plantearon recurso de apelación incidental que fue sorteado a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, que por Auto de Vista 231 de 31 de agosto de 2021, anularon la Resolución impugnada, ordenando se pronuncie una nueva en el plazo de tres días. Sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad -1 de abril de 2022-, la autoridad -ahora demandada-, no emitió la resolución ordenada, incumpliendo lo dispuesto por el Tribunal de alzada, dejándoles en total indefensión jurídica en un recurso que es determinante para la continuidad o no del proceso penal seguido en su contra, vulnerando sus derechos a ser juzgadas dentro de un plazo razonable, sin definir su situación ante la ley y la sociedad; generando una situación de incertidumbre, por cuanto mantienen vigente la amenaza a su libertad que todo proceso penal representa, por lo que pide cese la dilación y procesamiento indebido por cuanto se encuentran restringidas de su derecho a la libertad de locomoción ante las medidas “sustitutivas” impuestas en su contra.
Las impetrantes de tutela a través de su representante sin mandato, consideran lesionados sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso en su vertiente de celeridad, citando al efecto los arts. 14, 21 inc. 7), 109, 113, 115, 116, 117, 119, 125, 126 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se conmine al Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, para que emita una nueva resolución tal como ordenó la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, basada en los parámetros de motivación, fundamentación y congruencia; y sea en el plazo de cuarenta y ocho horas, considerando el tiempo de demora que lleva el Tribunal sin resolver su “recurso” de extinción por duración máxima del proceso.
Celebrada la audiencia pública de consideración de la presente acción de defensa, el 2 de abril de 2022, según consta en acta cursante de fs. 22 a 23; se produjeron los siguientes actuados:
Las accionantes a través de su abogada, en audiencia ratificaron el contenido de la acción tutelar presentada; añadiendo que: Transcurrieron ocho meses desde el pronunciamiento del Auto de Vista 231 de 31 de agosto de 2021, encontrándose con arraigo y detención domiciliaria más de trece años; asimismo, tienen enfermedades a ser tratadas con especialidades que no existen en el país, lo que impediría su atención médica especializada por la restricción cautelar impuesta en el proceso, habiendo recurrido varias veces ante la autoridad demandada para que pronuncie la resolución extrañada sin que sea atendida, vulnerando así sus derechos a la salud, a la vida y a la libertad, “…y no así como el Dr. Wilson Espada, manifiesta de qué día de ayer recién le ha llegado un memorial después de 8 meses de la Sala para resolver nuevamente el incidente…” (sic).
Wilson Espada Patiño, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito de 2 de abril de 2022, cursante a fs. 21, señaló lo siguiente: a) Se tiene como antecedente que dicho Tribunal atendió la solicitud del incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso presentada por los sindicados, petición que fue resuelta por Auto Interlocutorio de 12 de febrero de 2021; b) El recurso de apelación presentada por los incidentistas ante la Sala Penal “Primera” del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, fue resuelto el 31 de agosto del citado año, anulando la Resolución impugnada y ordenando que se emita una nueva en el plazo de tres días; es así que, tomaron conocimiento las partes; c) “El día de ayer” (sic), recién ingresó memorial de solicitud en el que se pide pronuncie la resolución ordenada por la Sala Penal indicada, “…y por la nota que se tiene es que recién se encuentra el memorial en el cajón de nuestra auxiliar quien días atrás habría renunciado a su cargo, por lo que, recién el día de ayer fue decretado por mi autoridad ordenando que se ingrese a mi despacho para cumplir lo ordenado por la Sala Penal 1era…” (sic); y, d) El art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), indica que la acción de libertad procede cuando cualquier persona crea que: d.1) Su vida está en peligro, d.2) Está ilegalmente perseguida, d.3) Está indebida procesada; y, d.4) Está indebidamente privada de su libertad personal; de lo que se puede deducir que la presente acción de libertad no reúne ninguno de estos parámetros constitucionales, ya que no está en peligro su vida, no están ilegalmente perseguidas, indebidamente procesadas, ni indebidamente privadas de su libertad; “…estando aún en el término al ordenar el día de ayer ingrese a mi despacho los 27 cuerpos para dictar una nueva resolución…” (sic); por lo que, pide se deniegue la tutela impetrada, aplicando costas por ser manifiestamente improcedente la solicitud de la parte accionante.
La Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 2 de abril, cursante de fs. 24 a 26, concedió la tutela solicitada, al haber evidenciado que el Juez ahora demandado, incumplió lo dispuesto en el Auto de Vista 231 de 31 de agosto de 2021; por lo cual, dispone que en el plazo de cuarenta y ocho horas de su legal notificación dicte la nueva resolución ordenada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento; decisión asumida con los siguientes fundamentos: i) Si bien la acción de libertad presentada no se adecua a los requisitos de procedencia establecidos en los arts. 46 y 47 del CPCo; sin embargo, al ser planteada en su modalidad traslativa o de pronto despacho, que según la SCP “0044/2010-S de fecha 20 de abril”, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de una persona privada de libertad; por su parte, la SCP “0528/2013 fecha 3 de mayo”, refiere que toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o cuando menos dentro de los plazos razonables; y, ii) En el caso de autos se evidencia en primera instancia, que el Auto de Vista 231 emitido por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, fue dictado el 31 de agosto de 2021, Resolución en la cual se le ordena a la autoridad ahora demandada, que en el plazo de tres días dicte una nueva sobre los argumentos que había otorgado el Tribunal de alzada; por otra parte, el indicado Auto de Vista pronunciado fue remitido ante el Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento mencionado, mediante Oficio 932/2021 en fecha 29 de octubre de 2021; es decir, que la autoridad demandada dejó transcurrir el plazo de cinco meses aproximadamente, en el cual no resolvió lo ordenado por el Tribunal de alzada, situación que ocasiona una dilación indebida por parte de la autoridad demandada dentro de la tramitación de la causa como vulneración al debido proceso y a la libertad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ana Jéssica Suárez Justiniano y Ángela Suárez Justiniano -ahora accionantes- y otros, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas, se tiene acta de audiencia del recurso de apelación incidental y Auto de Vista 231 de 31 de agosto de 2021, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el cual declara ADMISIBLE y PROCEDENTE el recurso de apelación incidental interpuesto por la parte procesada; y en consecuencia, ANULA el Auto Interlocutorio de 12 de febrero de 2021, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del mismo departamento, ordenando que dicho Tribunal, en el término de tres días dicte una nueva resolución, sobre la base de los parámetros esgrimidos por el Tribunal de alzada (fs. 4 a 10). II.2. Conforme indica la Jueza de garantías en la Resolución 04/2022 de 2 de abril, evidenció que el Auto de Vista 231 de 31 de agosto de 2021, fue remitido mediante Oficio 932/2021 en fecha 29 de octubre de 2021, ante el Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 25 vta.).
Las accionantes a través de su representante sin mandato, consideran lesionados sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso en su vertiente de celeridad; toda vez que, mediante Auto de Vista 231 de 31 de agosto de 2021, emitido por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se declaró admisible y procedente su recurso de apelación incidental, anulando el Auto Interlocutorio de 12 de febrero de 2021 y ordenando al Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del mismo departamento -ahora demandado- que en el plazo de tres días, emita una nueva resolución; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad -1 de abril de 2022-, el Juez ahora demandado no pronunció la resolución ordenada, incumpliendo lo dispuesto por el Tribunal de alzada, pese a las reiteradas solicitudes presentadas por las ahora demandantes de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, b) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0018/2019-S2 de 15 de marzo, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).
En este mismo marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio refiere que la acción de libertad se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Siguiendo esa línea, la SCP 0203/2013 de 27 de febreroresolvió un problema jurídico vinculado a la falta de resolución de las excepciones interpuestas, que no merecieron respuesta por más de un año y concluyó que ese actuar se constituye en una indiscutible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la celeridad. Sobre el particular, también cabe hacer referencia al art. 8.I de la CPE, que en su Capítulo Segundo denominado “Principios, Valores y Fines del Estado”, establece que el Estado Plurinacional de Bolivia: “…asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)” (negrillas agregadas); máximas milenarias conforme precisó la SCP 0015/2012 de 16 de marzo. El principio del ama quilla -no seas flojo-, no tiene aplicación exclusiva en las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, sino también en la jurisdicción ordinaria, siendo de inexcusable cumplimiento por las autoridades jurisdiccionales en el desempeño de sus funciones, de las cuales dependen la concretización de los derechos fundamentales de los justiciables; evitando toda actitud dilatoria que no condice con los principios de la Constitución Política del Estado y la adecuada administración de justicia a la que aspira. En consecuencia, el ama quilla es un principio ético-moral ancestral, cuya aplicación resulta 1El FJ III.4, señala que: “hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 2El FJ III.5, establece: “Dicha omisión de la autoridad judicial demandada, traducida en una falta de resolución de las excepciones que opuso la accionante, implica una indiscutible vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la celeridad; toda vez que el demandado actúo con desidia y falta de diligencia, sin considerar que las excepciones son medios intra procesales de previo y especial pronunciamiento que merecen una respuesta oportuna y célere por las implicaciones que conllevan en el proceso; no siendo fundamento valedero que no resolvió por no constar las notificaciones -cuestión que se advirtió no es cierta-, por cuanto no puede justificarse bajo ningún parámetro que durante más de un año, no se le haya dado respuesta a la justiciable, que detenida preventivamente, esperaba lógicamente cambiar su situación jurídica a través de la defensa planteada por su parte. Siendo la autoridad judicial como director funcional del proceso quien debe supervisar las funciones de sus dependientes y las diligencias que éstos efectúan, compeliéndole hacer seguimiento de la causa a objeto de llevarla en el marco de un debido proceso que no transgreda los derechos fundamentales de los imputados”. 3El FJ III.2.1, refiere que: “…fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa.
Los principios ético morales constitucionalizados: ‘ama qhilla, ama llulla y ama suwa’, vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional”.
ineludible en tiempos en los que se pretende descolonizar la justicia, propendiendo a eliminar toda práctica jurídica tardía, formalista y por ende, colonial, requiriendo de los servidores públicos y principalmente de los administradores de justicia, un proceder diligente, acucioso y responsable, con la finalidad de brindar a la sociedad en su conjunto, una justicia pronta, en la que no se restrinjan los derechos fundamentales. Entendimiento jurisprudencial desarrollado en la SCP 0102/2018-S2 de 11 de abril. Conforme a ello, a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho es posible denunciar la dilación en la tramitación del proceso penal; y en ese sentido, es la vía idónea para reclamar la demora en la tramitación de la excepción de extinción de la acción penal, con el entendido que “…al constituirse en un instrumento jurídico de previo y especial pronunciamiento, cualquier demora en su resolución atenta contra el principio de celeridad como elemento del debido proceso que puede derivar en lesión al derecho a la libertad” .
Las accionantes a través de su representante sin mandato, consideran lesionados sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso en su vertiente de celeridad; toda vez que, mediante Auto de Vista 231 de 31 de agosto de 2021 emitido por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se declaró admisible y procedente su recurso de apelación incidental, anulando el Auto Interlocutorio de 12 de febrero de 2021 y ordenando al Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del mismo departamento -ahora demandado- que en el plazo de tres días, emita una nueva resolución; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad -1 de abril de 2022-, el Juez ahora demandado no pronunció la resolución ordenada, incumpliendo lo dispuesto por el Tribunal de alzada, pese a las reiteradas solicitudes presentadas por las ahora impetrantes de tutela. De los antecedentes cursantes en obrados y lo manifestado en la audiencia de la presente acción de defensa, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ana Jéssica Suárez Justiniano y Ángela Suárez Justiniano -ahora demandantes de tutela- y otros, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas, las sindicadas -ahora accionantes- interpusieron ante el Juez Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado- una excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, alegando que llevan trece años sometidas al proceso penal de referencia; dicha excepción fue declarada infundada por Auto Interlocutorio de 12 de febrero de 2021, Resolución contra la cual las imputadas -ahora accionantes- interpusieron recurso de apelación incidental, que fue sorteado a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, la cual emitió el Auto de Vista 231, declarando ADMISIBLE y PROCEDENTE su impugnación; y en consecuencia, ANULÓ la Resolución cuestionada, ordenando al mencionado Juez del Tribunal -ahora demandado- que, en el plazo de tres días, emita una nueva resolución conforme a los parámetros establecidos por el Tribunal de alzada (Conclusión II.1). En este contexto, mediante la presente acción de libertad, las ahora peticionantes de tutela denuncian que pese a haber transcurrido casi ocho meses desde la emisión del Auto de Vista 231, la autoridad Judicial ahora demandada no pronunció la resolución ordenada, incumpliendo lo dispuesto por sus superiores en grado, ocasionando dilación indebida en la resolución de su excepción, recurso que es determinante para la continuidad o no del proceso penal seguido en su contra. Por su parte, la autoridad demandada en su informe refirió que “El día de ayer” recién ingresó memorial de solicitud en el que se pide pronuncie la resolución ordenada por la Sala Penal indicada, “…y por la nota que se tiene es que recién se encuentra el memorial en el cajón de nuestra auxiliar quien días atrás habría renunciado a su cargo, por lo que, recién el día de ayer fue decretado por mi autoridad ordenando que se ingrese a mi despacho para cumplir lo ordenado por la Sala Penal 1era…” (sic) “…estando aún en el término al ordenar el día de ayer ingrese a mi despacho los 27 cuerpos para dictar una nueva resolución…” (sic). Haciendo entrever que recién hubiera conocido el resultado del recurso de apelación incidental -Auto de Vista 231-. Ahora bien, conforme se puede corroborar del contenido de la Resolución 04/2022 de 2 de abril, pronunciada por la Jueza de garantías, se tiene que dicha autoridad tuvo acceso al cuaderno procesal del proceso penal de referencia, evidenciando de su revisión que “mediante Oficio Nº 932/2021 en fecha 29 de octubre -de 2021-“ (sic), la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, remitió ante el Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del mencionado departamento -ahora demandado-, los antecedentes de la apelación formulada (Conclusión II.2); es decir, que los mismos fueron devueltos al Tribunal de origen en la fecha indicada -29 de octubre de 2021-, aspecto que lleva a concluir a este Tribunal, que efectivamente hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar -1 de abril de 2022- la autoridad judicial ahora demandada no resolvió la excepción de extinción de la acción penal como fue ordenado por el Tribunal de alzada, dejando transcurrir superabundantemente el plazo de tres días otorgado para dicho fin, pese a la insistencia reiterada de la parte accionante; lo que contraviene el principio de celeridad como elemento del derecho al debido proceso de las accionantes relacionado a su derecho a la libertad de locomoción, que debe ser reparado mediante esta acción de defensa, conforme los razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, correspondiendo conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder la tutela impetrada, obró correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 2 de abril, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispositivos establecidos por la Jueza de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
4 FJ III.3 de la SCP 1971/2013 de 4 de noviembre.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0418_2025-S1.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): d87f5c641ed651a105f65bc8d1a16761d0af82569da7cbe9043313e8a46fd740
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