B.IA.LEGAL

SCP 0417/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 2 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
2 de mayo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
54571-2023-110-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El solicitante de tutela denunció la vulneración del debido proceso en su elemento motivación, fundamentación, presunción de inocencia y a no ser condenado sin haber sido oído y juzgado; al efecto, señala que; a) El Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Tarvita, al pronunciar la Resolución Final 002/2022; por la que, se determinó que era responsable de la comisión de estupro, prevista como falta gravísima por el art. 11 inc. m) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio, no consideró la necesidad de aguardar el resultado del proceso penal que por el mismo hecho, se tramitaba en su contra; además de vulnerar normas procesales; puesto que, el proceso disciplinario fue iniciado de oficio y conforme previenen los arts. 2 y 5 del Reglamento, los delitos penales deben sustanciarse según las normas penales; y, b) En cuanto se refiere a la Resolución Administrativa Departamental en Apelación D.D.E.CH. 020/2022 por el Director Departamental de Educación de Chuquisaca, carece de fundamentación y motivación; razón por la que, no existe posibilidad de contradecir sus argumentos, porque no contiene un mínimo razonamiento que explique los motivos por los que ratificó la Resolución apelada ni tampoco brinda una respuesta coherente a los agravios planteados en el recurso de impugnación. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 046/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 121 a 124, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos, expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0417/2025-S4 Sucre, 2 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 54571-2023-110-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 046/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 121 a 124, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Wilber Ribera Claros contra Juan Benito Sacari Bejarano, Director Departamental de Educación de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 13 de marzo de 2023, cursante de fs. 1; y, 62 a 70; y de subsanación, el 20 de marzo del mismo mes y año (fs. 73 a 81), el accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como profesor de música, desempeño funciones por más de veintidós años en el municipio de Tarvita, con responsabilidad, dedicación y puntualidad que motivó varios reconocimientos por las instituciones del referido municipio. Agregó que el 17 de abril de 2022, fue invitado por las máximas autoridades de la comunidad de Tarvita a participar desde la mañana en diferentes actividades programadas para celebrar un día festivo, consumiendo bebidas alcohólicas hasta la madrugada del día siguiente, 18 de abril, cuando a las seis, fue llevado a su domicilio por dos personas de nombres Jasmani y Eusebio Avendaño. Posteriormente, el 10 de junio del mismo año, fue privado de su libertad al habérsele impuesto medida de detención preventiva en razón de existir una imputación formal en su contra por la presunta comisión del delito de estupro como consta en el Auto que fue pronunciado en esa fecha por el Juez de Instrucción Penal Primero de Azurduy del departamento de Chuquisaca; abriéndosele proceso penal sobre la base de un informe psicológico y la valoración de la declaración de la supuesta víctima quien afirmó que en horas de la madrugada del 17 de abril de 2022, mantuvo contacto sexual con él, afirmación que fue obtenida bajo presión y amenaza inclusive, de ser conducida para que la revise un médico ginecólogo en caso de negativa. El 16 de agosto de 2022, fue notificado en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre, con la Resolución Final de Proceso Disciplinario 002/2022 de 12 de agosto; por la que, el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Tarvita, le impuso la sanción de destitución, al amparo de lo previsto por el art. 11 inc. m) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, aprobado por Resolución Suprema 212414 de 21 de abril de 1993 (Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio); es decir, por la comisión de la falta muy grave descrita como “invitación al uso de sustancias indebidas y peligrosas, corrupción, acoso sexual, estupro, violencia o intimidación física o psíquica, violación y organización de bandas delincuenciales”, aclarando que el proceso disciplinario fue tramitado mientras estaba privado de su libertad. De la misma manera fue notificado con la Resolución Administrativa Departamental en Apelación D.D.E.CH. 020/2022 de 13 de septiembre; a través de la cual, el Director Departamental de Educación, ratificó la sanción impuesta. Identificando como actos demandados en la presente acción de amparo constitucional, a las dos Resoluciones de primera y segunda instancia, señaló lo que sigue: Del análisis de la fundamentación de la Resolución Final de Proceso Disciplinario 002/2022 de 12 de agosto, emitida en primera instancia por el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Tarvita, resulta evidente la vulneración del debido proceso en cuanto al principio de legalidad formal y material porque se le inició el proceso disciplinario con una errónea tipificación de la falta atribuida, incumpliéndose igualmente, normas procesales inmersas en el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio; puesto que, el proceso disciplinario fue iniciado de oficio porque el Director Departamental de Educación instruyó al Director de la Unidad Educativa “Antonio Tovar” de Tarvita, informar el hecho denunciado en el proceso penal, del cual tuvo conocimiento extrajudicialmente, disponiendo luego el inicio de un proceso disciplinario en forma paralela al proceso penal seguido en su contra por un supuesto delito de estupro, acto indebido que vulnera el art. 23 del Reglamento, a lo que se añade que conforme previenen los arts. 2 y 5 del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio, los delitos penales deben sustanciarse según las normas penales; de manera que, igualmente fue vulnerada la garantía de presunción de inocencia. La errónea tipificación es el primer acto que lesiona el principio de legalidad en lo material y se acredita cuando la Resolución Final de Proceso Disciplinario 002/2022, tuvo como probado que el 17 de abril de 2022, entre las cinco y seis de la madrugada, habría consumado una relación sexual con la adolescente J.F.P, afirmación que se efectuó con base en el informe psicológico y aplicando la presunción de la verdad material, no revictimización y bajo un juzgamiento de perspectiva de género; motivo por el que, resulta suficiente prueba la declaración inmersa en el informe psicológico, disponiéndose la sanción de destitución del cargo por la comisión de la falta gravísima de estupro, ignorándose lo dispuesto en el art. 7 del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio de cuya interpretación resulta evidente que el objeto de un proceso disciplinario consiste en acreditar la comisión de conductas del personal del Magisterio que constituyan faltas en el ejercicio de sus funciones y así imponer las sanciones correspondientes, de donde resulta que no puede considerarse como objeto del proceso disciplinario, un proceso penal. En mérito a ello, la errónea tipificación se prueba en razón de haberse subsumido un hecho realizado en horas ajenas a su horario de trabajo y a las funciones de profesor, a la falta gravísima prevista en el art. 11 inc. m) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio. Igualmente, fue lesionada la garantía de presunción de inocencia y a no ser condenado sin haber sido oído y juzgado previamente en un debido proceso; puesto que, considerando el razonamiento expuesto en la Resolución Final de Proceso Disciplinario 002/2022 del Tribunal de primera instancia y, su parte resolutiva, sus integrantes tuvieron conocimiento de la existencia de un proceso penal pendiente, cuyo objeto era determinar si cometió el ilícito penal de estupro, y además, tener como prueba suficiente la declaración de la supuesta víctima en el mismo proceso ordinario; razón que, acredita que dejaron de lado que carecían de competencia para resolver que es autor de un delito penal, en torno a ello, se acredita la lesión a la presunción de inocencia y no ser condenado sin un debido proceso y por autoridad competente. Con relación al segundo acto lesivo, señaló que la Resolución 022/2022 pronunciada por el Director Departamental de Educación de Chuquisaca, carece de fundamentación y motivación y por ello, lesiona el debido proceso, porque pretende encubrir la ilegalidad del objeto de apelación; sin embargo, no existe posibilidad de contradecir que no contiene un mínimo razonamiento que explique los motivos por los que ratificó la Resolución apelada ni tampoco brinda una respuesta coherente a los agravios planteados en el recurso de impugnación. Transcribiendo la citada Resolución Administrativa Departamental en Apelación 020/2022 de 13 de septiembre, emitida por el Director Departamental de Educación de Chuquisaca, a partir de su tercer considerando, carece de fundamentación y motivación; debido a que, si bien identifica y detalla los motivos de la apelación, como es el caso de la lesión al debido proceso en cuanto a la presunción de inocencia y haber sido condenado por la comisión de un delito penal antes de que concluya el proceso instaurado al efecto, no brinda ninguna respuesta; tampoco respecto a la valoración probatoria impertinente e incumplimiento de las normas procesales; razón por la que, no existe posibilidad de contradecir sus argumentos porque no contiene un mínimo razonamiento que explique los motivos por los que ratificó la Resolución apelada ni tampoco brinda una respuesta coherente a los agravios planteados en el recurso de impugnación.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El solicitante de tutela denunció la vulneración del debido proceso en su elemento motivación, fundamentación, presunción de inocencia y a no ser condenado sin haber sido oído y juzgado en debido proceso, citando al efecto, los arts. 115.II, 116.I y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se anule la Resolución Administrativa Departamental en Apelación D.D.E.CH. 020/2022 de 13 de setiembre y se disponga su restitución al cargo en el Magisterio en su calidad de profesor de música, constituyéndose en parte civil por los daños ocasionados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 14 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 112 a 120 vta., presentes el accionante asistido por su abogado; así como, el representante legal de la autoridad demandada y del tercero interesado; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogado, reiteró los fundamentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional. En audiencia, respondiendo a la consulta efectuada por la Sala Constitucional, señaló que el art. 12 del Reglamento, estipula que, en caso de faltas muy graves, la sanción es el retiro del Magisterio, aclarando que la renuncia presentada es al cargo de profesor.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Juan Benito Sacari Bejarano, Director Departamental de Educación de Chuquisaca, mediante memorial presentado el 12 de abril de 2023, cursante de fs. 105 a 106; y en audiencia por medio de su abogado, señaló lo siguiente: a) Citando la SCP 0432/2018-S2, no es posible exponer en la acción de amparo constitucional agravios que nunca fueron planteados en el recurso de apelación; b) Respecto a los reclamos sobre la actuación de la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, aclaró que la impugnación interpuesta contra la Resolución Final de Proceso Disciplinario 002/2022, planteó dos motivos, siendo uno de ellos, la introducción y valoración de prueba impertinente, específicamente el informe psicológico y la imputación formal obtenidas del proceso penal, correspondiéndole aclarar que en la Resolución Administrativa Departamental en Apelación D.D.E.CH. 020/2022, se señaló que la Resolución de primera instancia no se fundó lo resuelto en la imputación formal y, en cuanto al informe psicológico de la víctima, se señaló que se trata de una persona menor de edad con doble grado de vulnerabilidad que merece protección estatal reforzada, prohibiéndose cualquier forma de revictimización; y en ese orden, al haberse valorado la entrevista psicológica recolectada en otro proceso se obró correctamente, considerándose igualmente que la Ley 348 de 9 de marzo de 2013, –Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia–, establece en su art. 95, que se admitirá como prueba documental, el certificado médico expedido por cualquier institución de salud pública o privada y el informe psicológico y/o de trabajo social, además de cualquier otro documento que conduzca al conocimiento de la verdad; de manera que, se dio una respuesta a la introducción, producción y valoración de los medios probatorios reclamados; c) En cuanto a la denunciada vulneración de la presunción de inocencia prevista en el art. 116 de la CPE, la Resolución confutada en la presente acción de amparo constitucional, señaló que el proceso penal y el proceso administrativo persiguen fines distintos; pues, en el proceso administrativo la finalidad es resguardar el normal desempeño del servidor público en sus funciones, mientras que en el proceso penal se busca la averiguación de la verdad sobre la comisión de un hecho que haya lesionado algún bien jurídico protegido; es por esa razón que, la responsabilidad penal emerge a consecuencia de la comisión de delitos tipificados en el Código Penal y por otro lado, la responsabilidad administrativa deviene de la comisión de faltas en el desempeño del trabajo según las normas que regulan la conducta del servidor público cuyo resultado no puede supeditarse al resultado del proceso penal porque no existe efecto vinculante con los resultados que podrían surgir de ambos procesos; en ese sentido, el estupro como falta muy grave, se encuentra descrito en el art. 11 inc. m) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio; razón por la que, el argumento del hoy accionante, se encuentra fuera del principio de razonabilidad y legalidad; d) Respecto al segundo motivo de apelación, en el que se acusó el incumplimiento del art. 5 del citado Reglamento puesto que existía la necesidad de una sentencia condenatoria ejecutoriada que declare que es autor del delito de estupro para declarar su responsabilidad disciplinaria, la Resolución pronunciada, señaló que el agravio expuesto se encuentra relacionado con el primer motivo de la apelación; por lo que, no correspondía reiterar la explicación de la dualidad de las sanciones penales y administrativas, indicando igualmente que, la SCP 0022/2020-S2, estableció que es inadmisible que el proceso penal subordine al proceso administrativo; de manera que, el razonamiento propuesto por el apelante, cae en un absoluto desconocimiento de la jurisprudencia constitucional; e) Finalmente, se hizo notar que el incumplimiento de los arts. 2 y 7 del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio, no fue reclamado en el recurso de apelación; y, f) En audiencia, señaló que es importante mencionar que el impetrante de tutela solicitó ser restituido a su fuente laboral; no obstante, conforme acredita con la nota de 3 de junio de 2022, presentó renuncia al cargo, emitiéndose el Informe Técnico D.D.T. 07/2023 de 10 de abril, que señaló que se retiró del servicio de educación pública; de manera que, no es evidente que hubiera sido destituido a consecuencia del proceso disciplinario que prosiguió para cumplir lo que establece la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG); ya que, la responsabilidad administrativa se aplica a servidores y ex servidores públicos, último caso, para fines de registro.

I.2.3. Intervención de la defensoría de la Niñez y Adolescencia

El Encargado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tarvita, presente en sala virtual, no encendió la cámara ni el audio cuando el Presidente de la Sala Constitucional Segunda le concedió el uso de la palabra.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 046/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 121 a 124, determinó denegar la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) En la Resolución Administrativa Departamental en Apelación D.D.E.CH 020/2022, el considerando segundo, a manera de fundamentación jurídica cita el art 60 de la CPE, referido a garantizar la prioridad del interés superior de los niños; así como, la SCP 0719/2020-S4 en cuanto a la aplicación preferente del señalado principio; la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, respecto a la debida fundamentación y motivación; así como, la SCP 0353/2018-S2, que refiere la credibilidad que debe otorgarse a las declaraciones de las víctimas y el art. 95 de la Ley 348, respecto a la libertad de medios probatorios; y a partir de lo anotado, aborda de manera separada los dos agravios planteados; 2) En cuanto al primer motivo, la explicación que brinda no es precisa en relación a aspectos relativos a la presunción de inocencia, la introducción de la prueba; y si bien el estupro está previsto como falta disciplinaria en el art. 11 inc. m) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio, la Resolución no contiene un análisis sobre los elementos constitutivos y cómo es que en este tipo de situaciones en las que se trata de un delito, resulta viable aplicar la sanción disciplinaria sin que el mismo se haya comprobado en la jurisdicción ordinaria; en ese sentido, no se encuentra una respuesta precisa y puntual sobre los cuestionamientos, si bien es evidente que el proceso penal y disciplinario tienen finalidades distintas, cuando se trata de un delito, se debe efectuar un análisis completo y preciso de la problemática; 3) Tampoco se encuentra una respuesta clara respecto a que por tratarse de un delito, no podía anticiparse una sanción disciplinaria; toda vez que, existe un proceso en curso en la vía penal; al efecto, se debe tomar en cuenta que la independencia en el proceso administrativo disciplinario y el proceso penal, no puede ser entendido de manera absoluta cuando se trata de hechos tipificados como delitos en el Código Penal e incorporados solo con el nombre jurídico del tipo penal en el catálogo de faltas disciplinarias, por ello, aunque las finalidades entre ambos procesos sean distintas, respecto a su comprobación y sanción en la vía disciplinaria debe merecer un análisis debidamente fundamentado y motivado que no se encuentra en la Resolución Administrativa Departamental en Apelación D.D.E.CH. 020/2022; y, 4) En el informe del demandado se hizo conocer que el accionante presentó renuncia al cargo de profesor antes de que se disponga la sanción de destitución del cargo; por lo cual, una eventual tutela no tendría eficacia ni relevancia constitucional; puesto que, si se dispone que se emita una nueva resolución, la renuncia al cargo no podría tener un resultado diferente; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En fotocopia legalizada, cursa nota de 3 de junio de 2022, con sellos de recepción de 13 de igual mes y año, de la Dirección Distrital de Educación de Tarvita y del Director de la Unidad Educativa “Antonio Tovar” de la misma localidad; mediante la cual, el solicitante de tutela, presentó formalmente su renuncia al cargo de Maestro de la referida unidad educativa, aludiendo “motivos familiares” y haciendo conocer su renuncia definitiva como docente (fs. 104). II.2. Mediante Auto de Apertura de Proceso Disciplinario 02/2022 de 24 de junio, el Tribunal de Disciplina de la Dirección Distrital de Educación de Tarvita, abrió proceso disciplinario contra el hoy accionante, por la presunta comisión de faltas graves y muy graves, inserta en el art. 11 inc. m) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, en su vertiente estupro, advirtiendo al procesado que cuenta con el plazo de veinte días hábiles desde su citación para responder con todos los medios probatorios de descargo (fs. 14 a 20). II.3. Consta igualmente, que a través de Resolución Final de Proceso Disciplinario 002/2022 de 12 de agosto, declarando a Wilber Rivera Claros, responsable de los hechos atribuidos en los informes y en el auto de inicio de proceso disciplinario, por la comisión de la falta tipificada en el art. 11 inc. m) del citado Reglamento, disponiendo la sanción de destitución del cargo (fs. 29 a 37). II.4. Por Resolución Administrativa Departamental en Apelación D.D.E.CH. 020/2022 de 13 de septiembre, el Director Departamental de Educación de Chuquisaca, confirmó en todas sus partes la Resolución de primera instancia (fs. 21 a 28). II.5. Cursa igualmente la siguiente documentación: i) Acta de audiencia de control de medidas cautelares de 10 de octubre de 2022, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tarvita contra Wilber Rivera Claros, celebrada por la Jueza de Instrucción Penal Primera de Azurduy del departamento de Chuquisaca con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Auto Interlocutorio Simple de 10 de junio del mismo año, al haber transcurrido cuatro meses de detención preventiva del imputado, oportunidad en la que se dispuso la continuidad de tal medida; ii) El 8 de diciembre de 2022, el Fiscal de materia asignado al Asiento Fiscal de Azurduy y Tarvita, formalizó acusación contra el hoy accionante, por la comisión del delito de estupro; y; iii) En la audiencia de la acción de amparo constitucional, el impetrante de tutela a través de su abogado, informó que a esa fecha, se encontraba en desarrollo el juicio oral y que se estaba defendiendo en libertad (fs. 38 a 50; 51 a 61; y, 117). II.6. Finalmente, se adjuntó al informe presentado por el Director Departamental de Educación de Chuquisaca, el Informe D.D.E.T. 007/2023 de 10 de abril, suscrito por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Distrital de Educación de Tarvita y dirigido a dicha autoridad, señalando que el 13 de junio de 2022, Wilber Rivera Claros, presentó renuncia al cargo que ejercía en la Unidad Educativa “Antonio Tovar”, que fue aceptada por la Dirección Distrital el mismo día. Adjunta a dicho informe, cursa la nota manuscrita de 3 de junio de 2022, suscrita por el hoy accionante, formalizando su renuncia definitiva al cargo de maestro de la Unidad Educativa “Antonio Tovar” (fs. 103 y 104).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El solicitante de tutela denunció la vulneración del debido proceso en su elemento motivación, fundamentación, presunción de inocencia y a no ser condenado sin haber sido oído y juzgado; al efecto, señala que; a) El Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Tarvita, al pronunciar la Resolución Final 002/2022; por la que, se determinó que era responsable de la comisión de estupro, prevista como falta gravísima por el art. 11 inc. m) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio, no consideró la necesidad de aguardar el resultado del proceso penal que por el mismo hecho, se tramitaba en su contra; además de vulnerar normas procesales; puesto que, el proceso disciplinario fue iniciado de oficio y conforme previenen los arts. 2 y 5 del Reglamento, los delitos penales deben sustanciarse según las normas penales; y, b) En cuanto se refiere a la Resolución Administrativa Departamental en Apelación D.D.E.CH. 020/2022 por el Director Departamental de Educación de Chuquisaca, carece de fundamentación y motivación; razón por la que, no existe posibilidad de contradecir sus argumentos, porque no contiene un mínimo razonamiento que explique los motivos por los que ratificó la Resolución apelada ni tampoco brinda una respuesta coherente a los agravios planteados en el recurso de impugnación. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por la Sala Constitucional, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales del accionante, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso

La debida fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones constituyen elementos que forman parte de la garantía del debido proceso, el cual se encuentra reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y principio en los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la CPE, y como derecho humano en los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). La SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, sobre el debido proceso, señaló que, entre sus presupuestos exige que toda autoridad que debe pronunciar una resolución debe exponer imprescindiblemente los hechos y la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la decisión, cuya omisión, además de alterar la estructura de la resolución, afecta al debido proceso, porque la decisión será arbitraria; debido a que, impide a las partes saber el porqué de la decisión asumida por la autoridad correspondiente. Entre las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva se encuentra también el ejercicio del derecho a la defensa, siendo uno de sus componentes el de recurrir de las resoluciones y obtener de los Jueces o Tribunales correspondientes una respuesta motivada sobre lo planteado en los recursos o escritos. Pues para impugnar una resolución es necesario conocer las razones que condujeron al Juez o Tribunal a dictar la resolución que se controvierte, las cuales deben estar referidas a los hechos (pruebas) y a los fundamentos jurídicos en los que se apoya la decisión, cuya omisión limitará a la parte afectada a presentar un adecuado recurso; dado que, este no podrá esgrimir contra la resolución más que argumentos generales, que repetirían lo que él ya habría señalado en el transcurso del proceso. Precisamente, entre los fines del deber de motivar las sentencias, se encuentra el de facilitarle a la parte afectada la posibilidad de impugnar una resolución judicial que es adversa a sus intereses. En ese sentido, se establece la exigencia de que toda resolución tiene que exponer imprescindiblemente los hechos y el fundamento legal que sustenta la decisión, cuya omisión conlleva la lesión al debido proceso; garantía que no sólo resulta aplicable a las resoluciones judiciales, sino también a las resoluciones administrativas, o cualquier otra en la que se afecte o se tenga el riesgo de afectar los derechos de las personas, conforme fue razonado en la SC 0946/2004-R de 15 de junio y las SSCCPP 0910/2021-S4 de 25 de noviembre y 0545/2022-S4 de 14 de junio, entre muchas. Bajo ese razonamiento, la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, precisó los requisitos que debe contener toda resolución judicial o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elementos configurativos del debido proceso, como: Determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales; contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes; describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto; describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales; valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada; y, determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa o judicial en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. La SC 0802/2007-R de 2 de octubre, precisó ciertos supuestos en los cuales una resolución es considerada arbitraria; empero, fue la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolló el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas que son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes –quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero–. En cuanto se refiere a la segunda finalidad, es decir, lograr el convencimiento a las partes de que la resolución no es arbitraria, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, señalaron que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. En ese sentido, ilustrando al respecto, señalaron que: la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones simplemente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria o irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; en cambio la motivación es insuficiente, cuando no se dan razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se presenta, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas –normativa y fáctica– y la conclusión –por tanto–; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio; así como, en la SC 0358/2010 de 22 de junio, al establecerse que, en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. A su vez, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que, el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. Si bien el razonamiento antes expuesto está enfocado a las resoluciones de primera instancia, dicha exigencia no resulta ajena a los ámbitos de apelación y casación en procesos ordinarios, que en el marco de su competencia también están obligados a fundamentar y motivar sus decisiones; así, la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, refiriéndose a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales en apelación, señaló la importancia que tiene el Tribunal de alzada de fundamentar y motivar sus resoluciones; debido a que, en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior; de manera que, al pronunciar sus fallos están igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos fácticos y normativos que la norma legal prevé al respecto; cabe aclarar que no obstante que la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional fue pronunciada en una acción de libertad derivada de un proceso penal, el razonamiento allí expuesto resulta aplicable a todas las materias; tomando en cuenta que, el debido proceso no solo aplica a materia penal. Bajo el mismo razonamiento, el tribunal de casación tampoco se encuentra exento de la obligación de fundamentar y motivar su resolución al analizar los motivos expuestos por el o los recurrentes en el recurso de casación; pues, aunque este recurso es una cuestión de responsabilidad entre la Ley y sus infractores; de modo que, solo es posible su formulación en los supuestos expresamente previstos en la Ley, ello no implica que al resolver los motivos expuestos por las partes no deba dar las razones tanto jurídicas como fácticas sobre lo decidido, cuya exigencia es aún mayor cuando se toma la decisión de casar el fallo recurrido, caso en el cual no solo está en la obligación de pronunciarse sobre los motivos expuestos, sino también sobre las pretensiones expuestas por las partes en el proceso, también de manera fundamentada y motivada, en respeto a la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa en juicio. Ambas comprensiones también son aplicables al ámbito administrativo en fase recursiva. Es importante anotar que la exigencia de motivación de las resoluciones no exige que estas sean extensas en cuanto a las razones de la decisión, tanto jurídicas como fácticas, sino que exige una estructura tanto de forma como de fondo, en cuyo caso, una motivación concisa pero clara en cuanto a cada uno de los puntos demandados o reclamados por las partes en el proceso y que exprese las convicciones determinativas del juzgador en cuanto a la decisión que se asume, es suficiente para entender que la exigencia de motivación fue cumplida, caso contrario, si el fallo aun siendo extenso o ampuloso en argumentaciones no expresa las razones o motivos que formaron la convicción de la autoridad judicial o administrativa en cada caso, es claro que dicha garantía se entenderá que no fue cumplida. En ese sentido se tiene razonado en la SC 0632/2010-R de 19 de julio.

Sobre la base de la indicada jurisprudencia constitucional es posible concluir que, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

III.2. Análisis del caso concreto

El solicitante de tutela denunció la vulneración del debido proceso en su elemento motivación, fundamentación, presunción de inocencia y a no ser condenado sin haber sido oído y juzgado; al efecto, señala que; i) El Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Tarvita, al pronunciar la Resolución Final 002/2022; por la que, se determinó que era responsable de la comisión de estupro, prevista como falta gravísima por el art. 11 inc. m) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio (Reglamento), no consideró la necesidad de aguardar el resultado del proceso penal que por el mismo hecho, se tramitaba en su contra; además de vulnerar normas procesales; puesto que, el proceso disciplinario fue iniciado de oficio y conforme previenen los arts. 2 y 5 del Reglamento, los delitos penales deben sustanciarse según las normas penales; y, ii) En cuanto se refiere a la Resolución Administrativa Departamental en Apelación 020/2022 pronunciada el 13 de septiembre por el Director Departamental de Educación de Chuquisaca, carece de fundamentación y motivación; razón por la que, no existe posibilidad de contradecir sus argumentos porque no contiene un mínimo razonamiento que explique los motivos por los que ratificó la Resolución apelada ni tampoco brinda una respuesta coherente a los agravios planteados en el recurso de impugnación. De dichos argumentos es posible inferir que el fondo de lo denunciado, indudablemente se circunscribe a la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; debido a que, el fallo objeto de la presente acción de amparo constitucional –según el accionante–, pretende encubrir la ilegalidad de la decisión apelada; dado que, si bien se identifican los motivos de la impugnación; empero, no otorga ninguna respuesta respecto a los agravios denunciados con referencia a la valoración probatoria impertinente e incumplimiento de normas procesales; carencia de argumentación y exposición de razones que impide contradecir sus argumentos, al no contar la decisión de alzada con un mínimo razonamiento que explique los motivos que llevaron a la confirmación de la resolución confutada; vulneración a la que, de manera conexa, considera fueron quebrantados sus derechos a la presunción de inocencia y a no ser condenado sin haber sido oído y juzgado en un debido proceso.

III.2.1. Consideración previa

Previo a ingresar al análisis del caso concreto, advertidos de que en la presente acción tutelar, el impetrante de tutela impugna tanto la Resolución Final de Proceso Disciplinario 002/2022, pronunciada por el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Tarvita, como la Resolución Administrativa Departamental en Apelación D.D.E.CH. 020/2022, que confirmó el fallo de primera instancia, emitida en grado de apelación por el Director Departamental de Educación de Chuquisaca, corresponde aclarar al impetrante de tutela, que este Tribunal no puede emitir pronunciamiento alguno sobre la Resolución dictada en primera instancia por el Tribunal Disciplinario; puesto que, en mérito al principio de subsidiariedad, la jurisdicción constitucional no se constituye una etapa recursiva adicional de revisión de todo el proceso disciplinario seguido contra el solicitante de tutela; siendo que, en atención a la estructura vertical de los procedimientos legales, ligados al precitado principio de subsidiariedad, es a la autoridad que en última instancia conoce y resuelve el medio idóneo establecido en ordenamiento jurídico, a quien le corresponde verificar si el inferior incurrió o no en los yerros acusados para, de ser así corregir y reencausar el proceso; consecuentemente, en el presente caso, el análisis sobre los aspectos reclamados en relación al primer fallo, fue efectuado por el codemandado Juan Benito Sacari Bejarano, en su condición de Director Departamental de Educación del departamento de Chuquisaca a través de la Resolución Administrativa Departamental en Apelación D.D.E.CH. 020/2022, emergente de la interposición del recurso de apelación, última decisión ésta que, al constituir la decisión que cierra la cadena recursiva intra procesal, es la que será compulsada por este Tribunal; por consiguiente, respecto a Mario Vargas Puma, Roxana Velásquez Díaz, Vocal y Secretaria Actuaria, del Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación de Tarvita del departamento de Chuquisaca, debe denegarse la tutela impetrada.

III.2.2. Resolución de la causa constitucional

Teniendo delimitado el problema jurídico, compete en este punto efectuar una relación fáctica y cronológica de los hechos que derivaron en la interposición de la presente acción de defensa; en este sentido, de la revisión de la documental aparejada al escrito de demanda de acción de amparo constitucional; así como, de los argumentos expresados por los sujetos procesales en audiencia de resolución de este mecanismo extraordinario de defensa, resulta evidente que el hoy accionante, ejercía el cargo de maestro de música en la Unidad Educativa “Antonio Tovar” de Tarvita; sin embargo, conforme se acredita de la literal cursante a fs. 104 del cuaderno procesal, consignada en la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, el 13 de junio de 2022, el hoy impetrante de tutela, aludiendo “motivos familiares”, presentó su renuncia definitiva a su puesto de maestro en la referida unidad escolar, ante la Dirección Distrital de Educación de la localidad de Tarvita; así como, ante la Dirección del establecimiento educativo “Antonio Tovar” donde ejercía sus funciones; decisión que, de acuerdo al Informe de fs. 103, emitido el Director Distrital de Educación de Tarvita y dirigido al Director Departamental de Educación de Chuquisaca, fue aceptada el mismo día, quedando en acefalía su cargo para posterior designación de su reemplazo. Igualmente, se observa que con posterioridad a su renuncia voluntaria, mediante Auto de Apertura de Proceso Disciplinario 02/2022, el Tribunal de Disciplina de la Dirección Distrital de Educación de Tarvita, abrió proceso disciplinario contra el hoy accionante, por la presunta comisión de faltas graves y muy graves, inserta en el art. 11 inc. m) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, en su vertiente estupro, otorgando al procesado el plazo de veinte días hábiles desde su citación para responder con todos los medios probatorios de descargo.

El 12 de agosto de 2022, fue dictada la Resolución Final de Proceso Disciplinario 002/2022, declarando a Wilber Rivera Claros, responsable de los hechos atribuidos en los informes y en el auto de inicio de proceso disciplinario, por la comisión de la falta tipificada en el art. 11 inc. m) del citado Reglamento, disponiendo la sanción de destitución del cargo; basando dicha determinación en el Informe de Entrevista Psicológica de la menor ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Tarvita, convocado por la Unidad Educativa referencia, en el que se estableció que, una de las profesoras del establecimiento educativo, advirtió que la menor J.G.P, al igual que otras alumnas, presentaban marcas en el cuello, denominadas comúnmente “chupones”, denunciando el hecho ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Tarvita el 7 de junio de 2022; advirtiéndose que, dos maestros estarían involucrados y que habían sido aprehendidos por la policía el 8 del mismo mes y año por el mismo hecho, siendo trasladados al municipio de Padilla de ese departamento. Asimismo, se establece que el 7 de junio del año referido, la adolescente fue entrevistada por el Psicólogo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, habiendo señalado la menor que vivía sola en dicha localidad, en la casa de una tía y, al relatar sus actividades, comentó que el profesor Willy es su amigo y siempre le dice por celular, que estudie y que haga caso a sus padres. Al ser preguntada respecto a las razones por las cuales, la vieron salir de la casa del indicado maestro, a las 3:00 de la mañana, J.G.P, señaló que tuvo una relación sentimental con él y que en realidad eran las 5:00 o 6:00 de la mañana del 17 de abril de 2022, cuando fue a la casa del hoy impetrante de tutela porque este quería hablar con ella y que sostuvieron relaciones sexuales en dicha ocasión. Respecto a las marcas en su cuello, indicó que se las hizo otro profesor de nombre “Teo” en su domicilio. La mencionada Resolución Final de Proceso Disciplinario 002/2022, fue recurrida en apelación por el disciplinado, mereciendo como respuesta la Resolución Administrativa Departamental en Apelación D.D.E.CH. 020/2022; por la que, el Director Departamental de Educación de Chuquisaca, confirmó en todas sus partes la Resolución de primera instancia, cerrándose de esta forma la instancia administrativa disciplinaria. De otra parte, según se advierte de la documental aparejada a los antecedentes procesales, el 10 de octubre del mencionado año, se llevó a cabo audiencia de control de medidas cautelares, en la que, en lo relevante, se establece que la finalidad del verificativo, era dar cumplimiento al Auto Interlocutorio Simple de 10 de junio del señalado año, al haberse cumplido, en la fecha de la audiencia, los cuatro meses de detención preventiva impuestas al hoy accionante por el Juez de Instrucción Penal Primero del municipio de Azurduy, dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de estupro, incurso en la sanción del art. 309 del Código Penal (CP); oportunidad en la que se dispuso la continuidad de la medida por el plazo de dos meses, con el objeto de completar el acto investigativo pendiente, relativo a la pericia psicológica solicitada por la madre de víctima y el Ministerio Público; proceso penal; dentro del cual, el 8 de diciembre de idéntica gestión, se formalizó acusación contra Wilber Rivera Claros –solicitante de tutela– por la comisión del delito de estupro, estableciéndose como uno de los elementos probatorios de la acusación, el Informe de la Entrevista Psicológica elaborada por el Psicólogo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de 7 de junio de 2022, que dio origen al inicio del proceso disciplinario. Establecidos los antecedentes procesales y teniendo presente que la problemática planteada se circunscribe a la denuncia de falta de fundamentación, motivación y congruencia, es necesario recordar que de conformidad con el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que emita una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma; por cuanto es únicamente de esta forma en que la estructura y contenido de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejarán pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador; esto en razón a que toda decisión asumida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que fueron aportadas y a las disposiciones legales en las que se sustente la decisión; puesto que, el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituyen la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere; no obstante, no debe olvidarse que la motivación y fundamentación de un fallo debe responder a ciertos criterios en su formación, no pudiendo el juzgador apartarse de los hechos propuestos para resolver la controversia y tampoco omitir pronunciarse sobre la totalidad de los puntos reclamados; dado que lo contrario implica la transgresión del principio de congruencia entendido como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, aspecto que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva que debe mantenerse en todo su contenido; objetivo que se alcanza a través de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por el juzgador en la resolución; concordancia de contenido que no solo se restringe a la estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, sino que además conlleva la implícita necesidad de un análisis razonado de las disposiciones legales que apoyan la razón de decidir a la luz de los principios rectores de la administración de justicia, previstos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE; así como, de aquellos que, mediante el ejercicio del control de convencionalidad difuso, obligan al juzgador a la aplicación de la Ley en la forma más efectiva para asegurar el resguardo y protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Bajo dichos razonamientos e ingresando al análisis de la problemática planteada a través de la presente acción tutelar, se advierte que el solicitante de tutela no adjuntó al cuaderno constitucional el recurso de apelación planteado de su parte contra la Resolución Final de Proceso Disciplinario 002/2022 y de cuyo trámite procesal emerge la Resolución Administrativa Departamental en Apelación D.D.E.CH. 020/2022, que constituye el objeto de este pronunciamiento; omisión que en el presente caso no configura óbice alguno para ingresar al análisis de las denuncias postuladas en la vía constitucional, siendo que los agravios identificados en la decisión que se revisa, serán los que se tendrán por válidos a los efectos del contraste entre éstos y los argumentos expresados por el ahora codemandado, Director Departamental de Educación del departamento de Chuquisaca.

Así las cosas, en el Considerando I de la Resolución Administrativa Departamental en Apelación D.D.E.CH. 020/2022, se advierte que el ahora demando, identifica dos supuestos agravios expuestos en el recurso de casación: a) Primer motivo de apelación, el entonces recurrente, denunció la vulneración del debido proceso en cuanto a la garantía de presunción de inocencia en infracción del art. 5 de la Resolución 212414, señalando que: 1) Se inobservaron los arts. 116.I y 117 de la CPE; debido a que, se introdujo y valoró prueba enteramente ajena e impertinente a un proceso disciplinario, como es el informe psicológico e imputación formal, que constituyen actuados inherentes a un proceso penal instaurado en su contra en la vía ordinaria; por lo que, resulta inadmisible su adhesión y consideración en el proceso administrativo; y, 2) Se dispuso la destitución de su cargo considerando probada la comisión de una falta gravísima, sin advertir que no existe una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra por el delito acusado; no obstante, el Tribunal Disciplinario ya la habría condenado al declarar su responsabilidad por los hechos acusados. b) Segundo motivo de apelación, el apelante –hoy impetrante de tutela– denunció incumplimiento de art. 5 de la Ley 212414; así como, la errónea aplicación del art. 11 inc. m) del mismo cuerpo normativo; siendo necesaria la emisión de una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra que lo condene como autor del delito de estupro.

En respuesta, el ahora demandado, profirió la citada Resolución Administrativa Departamental en Apelación D.D.E.CH. 020/2022, confirmando la Resolución Final de Proceso Disciplinario 002/2022; decisión –la primera– que se sustenta en los siguientes argumentos:

i) Sobre el primer motivo de la apelación, en el cual el recurrente denunció la vulneración del debido proceso, específicamente en su elemento de presunción de inocencia; toda vez que, el inferior, al resolver un proceso disciplinario instaurado en su contra, valoró prueba proveniente de un proceso penal aún en curso —como un informe psicológico y una imputación formal—; probanza que resulta ajena e impertinente al ámbito disciplinario; además, dispuso su destitución por una falta gravísima, sin contar con una sentencia penal condenatoria ejecutoriada, atribuyéndole responsabilidad por hechos que aún no fueron definidos en sede penal. Al respecto, el hoy demandado, estableció lo que sigue: a) De la revisión de la Resolución Final, específicamente, el cuarto considerando, no se observa que el Tribunal Disciplinario hubiera mencionado la imputación formal como motivo de su decisión; puesto que, realizó la labor de fundamentación y motivación del hecho atribuido al procesado, señalando las pruebas, realizando un análisis integral de todos los medios de prueba y citando la normativa aplicable al caso en concreto, apoyándose en la declaración de la menor víctima, certificado médico forense y la declaración testifical.

b) A más de ello, la materialización del debido proceso, se hace efectiva cuando esa prueba se somete a conocimiento de las partes interesadas, de tal manera que se le otorgue la posibilidad de conocer, contradecir y refutar esos elementos, que han merecido para su análisis por la defensa un tiempo razonable otorgado por la instancia de juzgamiento como consta en obrados, en tal sentido, no resulta evidente que su valoración en la resolución final vulnere su derecho, pues en esencia, el entendimiento anterior, tiene su base también en el principio procesal de la verdad material establecido en el art. 180 CPE, como guía que orienta la actividad procesal en la toma de decisiones, como guía destinada a eliminar barreras formales que impidan el ejercicio de la actividad probatoria en procura de la verdad material, máxime si se trata de una menor con doble grado de vulnerabilidad, que merece protección estatal reforzada, prohibiéndose cualquier forma de revictimización; en ese orden, el Tribunal al haber valorado una entrevista psicológica recolectada en otro proceso, obró correctamente.

c) Por si lo anterior no fuese suficiente, respecto a la admisibilidad y pertinencia de la prueba, la Ley 348 establece en su art. 95, que se admitirá como prueba documental el certificado médico expedido por cualquier institución de salud pública o privada y el informe psicológico y/o de trabajo social expedido por profesionales que trabajen en instituciones públicas y cualquier otro documento que conduzca al conocimiento de la verdad.

d) Sobre la vulneración de la garantía de presunción de inocencia, la SCP 0022/2020-S2, considera que no existe identidad de fundamento entre la sanción administrativa y la penal porque se protegen bienes jurídicos diferentes, de manera que es factible que se pueda sancionar por un mismo hecho en forma doble. El recurrente debe tener presente que el proceso penal y el proceso administrativo persiguen fines distintos, pues en el proceso administrativo la finalidad es resguardar el normal desempeño del servidor público en sus funciones, mientras que en el proceso penal se busca la averiguación de la verdad sobre la comisión de un hecho delictivo que haya lesionado algún bien jurídico protegido, es por esta razón, que la responsabilidad penal es a consecuencia de la comisión de ilícitos tipificados en el Código Penal; por otro lado, la responsabilidad administrativa deviene de faltas cometidas en el desempeño del trabajo, según las normas que regulan la conducta del servidor público; por lo que, un proceso disciplinario administrativo, no puede estar supeditado al resultado del proceso penal, ya que no existe efecto vinculante con los resultados que podrían emerger de ambos procesos. En ese entendido, la figura de “estupro”, se halla prevista como falta muy grave, en el art. 11 inc. m) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio, que tiene por finalidad, regular la conducta del personal docente (maestro) en el ejercicio de sus funciones y como miembro del Servicio de Educación Plurinacional; razón por la cual, el argumento del recurrente, se encuentra fuera del ámbito de los principios de razonabilidad y legalidad, cuando indica que no existiría una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra por el delito acusado y que no obstante ello, ya habría sido condenado por el Tribunal Disciplinario.

e) Teniendo presente lo anterior, no se puede exigir que previamente exista sentencia condenatoria ejecutoriada en proceso penal para luego determinar la responsabilidad administrativa de un determinado servidor público; toda vez que, es posible aplicar la sanción correspondiente por una misma conducta tanto en el proceso penal, como en el proceso disciplinario administrativo, esto en atención a que el art. 28 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 –Ley de Administración y Control Gubernamentales–, prevé cuatro tipos de responsabilidad por la función pública, cada una independiente de la otra y no causa estado una sobre otra; razón por la cual, no se encuentra ninguna vulneración al principio de inocencia ni al derecho a ser juzgado y oído en debido proceso.

ii) Sobre el segundo motivo de apelación, en el que se acusa el incumplimiento del art. 5 y la errónea aplicación del art. 11 inc. m), ambos del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio; puesto que, se necesitaba una sentencia condenatoria ejecutoriada. Sobre dichos argumentos, la autoridad ahora demanda, determinó que:

1) La jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0022/2020-S2, ha resuelto el supuesto fáctico reclamado, estableciendo que es inadmisible que el proceso penal subordine al proceso administrativo; de manera que, el argumento expuesto por el recurrente, cae en un absoluto desconocimiento del bloque de constitucionalidad.

2) El apelante, más allá de efectuar una simple lectura e interpretación gramatical del art. 5 del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio, debió encontrar el sentido teleológico de la norma; puesto que, el art. 117 de la CPE, no hace más que consagrar la garantía del juicio previo, que fue garantizado por el Tribunal de inferior grado, otorgándole la posibilidad de conocer, contradecir y refutar los elementos que han merecido para su análisis por la defensa, un tiempo razonable otorgado por la instancia de juzgamiento como consta en obrados.

Ahora bien, efectuada la exposición de los agravios planteados por el hoy impetrante de tutela en su recurso de apelación y los fundamentos expuestos en la Resolución Administrativa Departamental en Apelación D.D.E.CH. 020/2022, con relación al primer motivo de la apelación, que a su vez se descompone en dos reclamos: i) La vulneración de la presunción de inocencia por incorporación de prueba penal en el proceso disciplinario; y, ii) La imposición de la sanción de destitución en su contra sin que existiese sentencia penal condenatoria; se concluye lo siguiente: Abordando el primer asunto, respecto a la incorporación de prueba penal en el proceso disciplinario, tenemos por una parte, que la Resolución Administrativa Departamental en Apelación D.D.E.CH. 020/2022, inicialmente aclaró que conforme a la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional, no existe identidad entre la sanción administrativa y la sanción penal porque protegen bienes jurídicos diferentes y por ende, tienen fines distintos; pues, el proceso disciplinario resguarda el normal desempeño del servidor público en sus funciones, mientras que en el proceso penal se busca la averiguación de la verdad sobre la comisión de un hecho que hubiera lesionado algún bien jurídico protegido; asimismo, se determinó que, de la revisión de la Resolución Final, concretamente del cuarto considerando, no se advierte que el Tribunal Disciplinario hubiera sustentado su decisión en la imputación formal, sino que motivó su fallo sobre la base de prueba pertinente y específica relativa al proceso, consistente en la declaración de la menor víctima, el certificado médico forense y declaraciones testificales, todo ello valorado conforme a derecho; asimismo, estableció que el debido proceso se materializa cuando la prueba es conocida y puede ser contradicha por las partes; aspecto que, se cumplió en el caso, además de que la valoración de prueba proveniente de otro proceso, como la entrevista psicológica, fue legítima y necesaria para evitar la revictimización de una menor en situación de doble vulnerabilidad, conforme al principio de verdad material consagrado en el art. 180 de la CPE, fundamentándose normativamente la admisión de dicha prueba en el art. 95 de la Ley 348, que autoriza la incorporación de informes psicológicos y médicos expedidos por instituciones públicas. Sobre estos argumentos, corresponde manifestar que este Tribunal los considera acertados en mérito a que, los maestros o docentes del Magisterio Fiscal, son servidores públicos que ejercen sus funciones dentro del sistema educativo estatal, y por ende, se encuentran sometidos al régimen de responsabilidad por la función pública regulado por la Ley de Administración y Control Gubernamentales, de manera que un mismo hecho puede generar en el sujeto activo diferentes responsabilidades; así, en el presente caso, convergen la administrativa y penal, a cargo de jurisdicciones diferentes, siendo que la responsabilidad administrativa se determina mediante proceso interno a cargo de la entidad, mientras que la responsabilidad penal, es de competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria especializada en materia penal. De ahí que los resultados de ambas no son vinculantes y menos interdependientes entre sí; esto implica que no existe la necesidad ni obligación de una jurisdicción respecto a la otra de aguardar, en este caso, la culminación del proceso penal para determinar en un debido proceso administrativo, si en su desempeño como servidor público, evidentemente faltó a los deberes funcionarios impuestos por las normas que regulan su conducta.

Adicionalmente a ello, este Tribunal considera pertinente aclarar, que en el contexto del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio, de la descripción de faltas efectuada en el Capítulo Tercero, el art. 11 inc m), se refiere a una expresa prohibición a los maestros de los establecimientos o el personal administrativo de los mismos, a mantener intercurso sexual con los alumnos o alumnas de la Unidad Escolar, calificando cualquier acto de esa naturaleza como una falta muy grave; es por ello, que la decisión del ahora demandado, en su Considerando II, citando el art. 160 de la CPE sobre la protección del interés superior de la menor, así como jurisprudencia constitucional en materia disciplinaria sobre una problemática de similares características a las que ahora se presentan, estableció acertadamente que los niños, niñas o adolescentes pertenecen a un grupo vulnerable que gozan de especial protección y atención de sus derechos debiendo primar su interés superior, de manera que el deber de protección es responsabilidad del Estado en todos sus niveles; entendimientos que resultan perfectamente aplicables en favor de la menor J.F.P en consideración de su agravada situación de vulnerabilidad, debido a que, además de su edad (dieciseis años) y ser mujer, ésta vivía sola y en consecuencia, era doblemente vulnerable; por consiguiente, es correcto el criterio expuesto en la Resolución Administrativa Departamental en Apelación D.D.E.CH. 020/2022, respecto a que debe evitarse toda acción u omisión que lesione el estado físico, mental o psíquico de la víctima, evitando exponerla innecesariamente a recordar, verbalizar y exponer múltiples veces los hechos.

De ahí que contrariamente a lo afirmado por el impetrante de tutela, la entrevista psicológica practicada la menor, no constituye un medio de prueba ajeno e impertinente dentro del proceso disciplinario y que se tratase de un actuado referido al proceso penal que por el mismo hecho se le sigue; toda vez que, conforme se tiene de la relación fáctica que informa la causa, el Informe de la entrevista psicológica de J.Y.P., realizado por el Psicólogo de la Defensoría de la Niñea y Adolescencia del municipio de Tarvita, fue elaborado a raíz de que la Unidad Educativa “Antonio Tovar” puso en conocimiento de la indicada Defensoría que varias alumnas, entre ellas J.Y.P, tenían chupones en el cuello, pidiendo su intervención como órgano encargado de la defensa y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con facultades para la presentación de denuncias y la intervención en juicios. En consecuencia, no resulta evidente lo señalado por el solicitante de tutela, en cuanto a que dicho documento sea ajeno al proceso administrativo; puesto que, fue éste precisamente, la causa de su inicio; además de que, pese a que fue puesto en su conocimiento no formuló contra dicho informe ninguna observación durante el proceso administrativo; por ello, si bien sus afirmaciones de que tal documento sería parte de otro proceso sostenido en la jurisdicción ordinaria a raíz de la denuncia formulada por el Defensor de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Tarvita, ello no exime el hecho de que el mismo informe fue la raíz y origen de que el mismo informe es el que dio lugar a que se activen tanto el proceso disciplinario para determinar si existía responsabilidad administrativa en la conducta del accionante como el proceso penal que también se le sigue por el mismo hecho.

De otro lado, resolviendo el segundo asunto del primer motivo de apelación sobre la sanción de destitución sin que existiera sentencia penal ejecutoriada en su contra y aludiendo la transgresión de la presunción de inocencia, la Resolución Administrativa Departamental en Apelación D.D.E.CH. 020/2022, determinó que no resultaba necesario aguardar el resultado del proceso penal y que existiera sentencia condenatoria ejecutoriada dentro del proceso penal en contra del recurrente en la vía administrativa para establecer y determinar su responsabilidad en ésta última jurisdicción por la comisión de la falta atribuida.

Al respecto, este Tribunal, teniendo presentes los argumentos expresados en la resolución del primer asunto, considera que el razonamiento y respuestas ofrecidos sobre el punto, resultan igualmente correctos; toda vez que, conforme quedó sentado en el análisis del primer asunto, la jurisdicción administrativa es diferente a la penal y entre ambas no existe interdependencia, lo que implica que el resultado de una no se halla reatado al resultado de la otra; pues, ambas persiguen finalidades diferentes y protegen bienes jurídicos distintos; por ende, la respuesta otorgada, aunque concreta, es suficiente porque permite comprender las razones que llevaron a tomar la decisión de disponer la destitución de su cargo, además de ser congruente con lo que fue expuesto en el recurso de apelación.

Sobre el segundo motivo de apelación, en el que se acusa el incumplimiento del art. 5 y la errónea aplicación del art. 11 inc. m) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio; puesto que, se necesitaba una sentencia condenatoria ejecutoriada, la autoridad demandada, además de señalar que la fundamentación realizada al resolver el primer motivo de la apelación resultaba perfectamente aplicable en la resolución del segundo agravio, señaló expresamente la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0022/2020-S2, que determinó ser inadmisible que el proceso penal subordine al proceso administrativo; por lo que, dicho argumento expuesto por el recurrente, resultaba inadecuado además de incurrir en un absoluto desconocimiento del bloque de constitucionalidad; sustento.

Consecuentemente, además de existir una estricta correspondencia entre los agravios expuestos en el recurso de apelación interpuesto por el hoy accionante y lo resuelto por el Director Departamental de Educación de Chuquisaca, la Resolución Administrativa Departamental en Apelación D.D.E.CH. 020/2022, expresa las convicciones determinativas que justifican razonablemente la decisión teniéndose por satisfecho el debido proceso en cuanto al derecho a obtener una resolución motivada, fundamentada y congruente.

Por último, corresponde señalar que, conforme se tiene advertido en la Conclusión II.1, el hoy impetrante de tutela, a través de nota de 3 de junio de 2022, con sellos de recepción de 13 de igual mes y año, de la Dirección Distrital de Educación de Tarvita y del Director de la Unidad Educativa “Antonio Tovar” de la misma localidad; mediante la cual, el solicitante de tutela, presentó formalmente su renuncia al cargo de Maestro de la referida unidad educativa, aludiendo “motivos familiares” y haciendo conocer su renuncia definitiva como docente, la cual fue aceptada por la Dirección Distrital el mismo día; en consecuencia, su pretensión de ser restituido al cargo, resulta incongruente con el acto voluntario de renuncia al mismo., debiendo tenerse presente que, el proceso disciplinario instaurado en su contra, definió no su destitución de dicho cargo, sino, su destitución del Magisterio por la gravedad de la falta cometida. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, adoptó la decisión correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 046/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 121 a 124, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos, expuestos en el presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0417_2025-S4.pdf · páginas 1 a 26.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4c1c15c31652b8cd34152603af438a8ad0c5b9b064e23b43fa13e84c666ef45e

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