Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 3 de julio de 2024
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y al debido proceso, a su garantía de inamovilidad laboral; puesto que, la Notaria hoy accionada en conocimiento de su estado de gestación, la despidió impidiendo el cumplimiento de su beneficio de subsidio; bajo el pretexto de que se emitió una resolución de destitución en un proceso sumario administrativo, por una presunta falta disciplinaria, además, que existía un proceso penal emergente del mismo hecho; sin embargo, los indicados procesos no cuenta con resolución o sentencia condenatoria ejecutoriada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 134/2022 de 22 de agosto, cursante de fs. 87 a 89 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada en favor de Joseline Adriana Aruquipa Bernal, ordenando a Elva Elena Ugarteche Lino, Notaria de Fe Pública 89 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el pago de sueldos devengados y el cumplimiento de las asignaciones familiares en dinero, siempre y cuando no se hubiese cumplido éste último beneficio, en producto o especie, hasta que el hijo o hija de la accionante, cumpla un año de edad, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0417/2024-S3 Sucre, 3 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 50703-2022-102-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 134/2022 de 22 de agosto, cursante de fs. 87 a 89 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Joseline Adriana Aruquipa Bernal contra Elva Elena Ugarteche Lino, Notaria de Fe Pública 89 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
La accionante por memoriales presentados el 4 y el 16 de agosto de 2022, cursantes de fs. 49 a 54; y, 76 a 79, manifestó lo siguiente:
Como trabajadora de la Notaria de Fe Pública 89 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fue procesada penal y administrativamente por un supuesto hecho de hurto inventado, que no cuenta con sentencia condenatoria y tampoco tiene calidad de cosa juzgada; sin embrago, procedieron a suspenderla de sus funciones sin ingresos económicos. Asimismo, desde febrero de 2022 “a la fecha” cuenta con veintitrés semanas y tres días de gestación, asegurada en la Caja Nacional de Salud (CNS), con código 92-6126-ARJ, del cual, la Notaria ahora accionada -como su empleadora-tenía conocimiento; no obstante, por el certificado de atención prenatal de 15 de julio de 2022, le exigieron la firma y autorización de la nombrada a efectos de la otorgación del subsidio y el control prenatal solicitado por memorial de la indicada fecha a la Notaria hoy accionada.
En ese entendido, mediante Nota de 22 de julio de 2022, la Notaria ahora accionada le respondió que “NO CORRESPONDE LA EXIGENCIA DE FIRMA Y APROBACION DEL CERTIFICADO DE ATENCION PRENATAL…” (sic); en razón a ello, desde la mencionada fecha la dejaron sin los derechos de atención en la CNS, a la salud y al subsidio, que le corresponden como mujer gestante y trabajadora de la Notaria de Fe Pública 89 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, poniendo en riesgo su salud y la vida de su bebé. Por consiguiente, desconocieron la prohibición del despido injustificado y la garantía de la inamovilidad laboral en estado de gestación de la trabajadora; aspectos que están por encima de cualquier procedimiento administrativo o proceso penal; no obstante, ante la evidencia del estado de gestación “…DEBE SER REINCORPORADOS DICHOS DERECHOS DE FORMA INMEDIATA A EFECTOS DE QUE NO SE VULNEREN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO SER: A LA INAMOVILIDAD LABORAL POR GESTACIÓN y EL EXPRESO RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS SOCIALES QUE MANTIENE MI PERSONA…” (sic).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y al debido proceso, a su garantía de inamovilidad laboral; citando al efecto los arts. 35, 46, 48.VI, 115.II, 117.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) La filiación inmediata de Joseline Adriana Aruquipa Bernal y de su hijo o hija menor de edad, b) La entrega de subsidios; y, c) El respeto de sus derechos sociales y laborales previstos por el art. 46 de la CPE.
Celebrada la audiencia virtual el 22 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 84 a 87, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) Actualmente cuenta con seis meses y una semana de gestación; además, el Formulario de Filiación de Ingreso del Trabajador con número de asegurado 926126 “ABJ” -AVC-04-, establece su relación laboral con la Notaria hoy accionada; y, 2) Iniciaron un proceso penal contra su persona; empero, el mismo no cuenta con acusación, menos con sentencia condenatoria; también fue objeto de un proceso sumario administrativo, cuya resolución final fue impugnada mediante recurso de revocatorio, que “a la fecha” -de interposición de la acción de defensa- no tuvo respuesta. Por ello, solicita “…se conceda la tutela y se otorgue un plazo a los efectos que la accionada firme y suscriba la autorización para la atención prenatal y se le otorgue subsidio de ley a mi clienta” (sic).
Elva Elena Ugarteche Lino, Notaria de Fe Pública 89 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a través de su abogado, en audiencia manifestó que: i) Se tuvo problemas de conexión; empero, a través de una video llamada se encuentra presente en la audiencia; asimismo, refiere que tuvieron conversaciones previas con la accionante, interpretando que en esa acción de defensa se estaba solicitando la reincorporación laboral de la nombrada; y, ii) Queda claro que la solicitud es la firma del Formulario de Filiación de Ingreso del Trabajador con número de asegurado 926126 AVC-04 para que pueda acceder a las asignaciones familiares; por lo que, no tienen ninguna objeción al respecto, siendo la única pretensión de la acción tutelar.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 134/2022 de 22 de agosto, cursante de fs. 87 a 89 vta., concedió la tutela solicitada por la accionante, ordenando a la Notaria ahora accionada firme el certificado de atención prenatal, a efectos de que se proceda con el trámite para la entrega del subsidio y con ello el respeto de sus derechos sociales y laborales previstos por el art. 46 de la CPE, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas bajo los siguientes fundamentos: a) El estado de gestación de la accionante, tiene como fecha probable de parto el 25 de noviembre de 2022, el aviso de afiliación e ingreso de la nombrada, la atención prenatal con el objeto de la entrega de los subsidios, la presentación de un recurso de revocatoria contra la resolución emitida por la Autoridad Sumariante del Comité de Despidos, la licencia concedida por la ahora accionada a la accionante con goce de haberes, constituyen hechos no controvertidos en la presente causa; y, b) Tomando en cuenta el reconocimiento de la Notaria hoy accionada, respecto a los hechos y el derecho vulnerado en coherencia con la pretensión formulada en la acción de amparo constitucional, corresponde conceder la tutela solicitada por la accionante.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Ecografía Obstétrica de 4 de julio de 2022, realizada por Deysi Mejillones, Médico Cirujano Ecografista; por la cual, se concluye que Joseline Adriana Aruquipa Bernal -hoy accionante-, cuenta con una edad gestacional de diecinueve semanas y tres días, con fecha probable de parto al 25 de noviembre de 2022 (fs. 3).
II.2. Mediante Nota de 22 de julio de 2022, elaborado por Elva Elena Ugarteche Lino, Notaria de Fe Pública 89 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra -ahora accionada-, se respondió al memorial de solicitud de aprobación de certificado prenatal de la accionante, refiriendo que “…en atención a la determinación emitida por el Comité de Despidos NO corresponde la exigencia de firma y aprobación del certificado de atención prenatal que me hiciera llegar, habida cuenta que de acuerdo a la resolución del Comité de Despido usted fue despedida de su puesto de trabajo” (sic [fs. 10]). II.3. Por memorial presentado el 15 de julio de 2022, dirigido ante la Autoridad Sumariante de la Notaria de Fe Pública 89 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; la accionante interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Final de 13 de junio del citado año, dentro del proceso sumario administrativo, fundamentando agravios y solicitando que la resolución impugnada sea anulada y se ordene el archivo de obrados (fs. 12 a 21 vta.).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y al debido proceso, a su garantía de inamovilidad laboral; puesto que, la Notaria hoy accionada en conocimiento de su estado de gestación, la despidió impidiendo el cumplimiento de su beneficio de subsidio; bajo el pretexto de que se emitió una resolución de destitución en un proceso sumario administrativo, por una presunta falta disciplinaria, además, que existía un proceso penal emergente del mismo hecho; sin embargo, los indicados procesos no cuenta con resolución o sentencia condenatoria ejecutoriada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 48.VI de la CPE vigente, consagra la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta un año de edad de los hijos, disponiendo de forma expresa lo siguiente: “Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (las negrillas son nuestras). Concerniente a esta materia, el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, reglamentó las condiciones de esta garantía constitucional en favor de madres o progenitores que trabajen en el sector público o privado, precisando que los beneficiarios de dicha garantía, no pueden ser despedidos, ni afectados en su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo. Sin embargo, esa garantía tiene como antecedente la labor interpretativa y protectora de los derechos del extinto Tribunal Constitucional a través de sus diferentes fallos, cuyos razonamientos son vinculantes en tanto no contradigan los postulados de la Constitución Política del Estado vigente y fueron recogidos y sistematizados por la jurisprudencia del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, consolidando el régimen reforzado de protección por la garantía de inamovilidad laboral en favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo. En esa comprensión, en un caso de despido injustificado de una dependiente laboral que se encontraba en estado de embarazo, el extinto Tribunal Constitucional señaló que el derecho que se debe proteger no es solo es el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la accionante y el ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata; el retiro intempestivo de la mujer gestante, también importa la supresión del derecho a la seguridad social, que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud; por consiguiente, colocan en riesgo el primer derecho, la vida. Efectuando una interpretación sistemática y teleológica del art. 1 de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, que a la letra prescribe: “Toda mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en Instituciones públicas o privadas”, el extinto Tribunal Constitucional estableció que la protección a la mujer embarazada abarca a las empleadas del sector privado sujetas a la Ley General del Trabajo como a las servidoras públicas, sin exclusión, alcanza a las mujeres trabajadoras o empleadas con contratos indefinidos, contratos a plazo fijo, como a trabajadoras o funcionarias eventuales, porque la finalidad de la norma es la protección de la maternidad por parte del Estado y no se admite distinción alguna entre trabajadoras del sector público o privado, ni respecto a la naturaleza de los contratos a los que están sujetas; es decir, una protección que no reconoce condicionamiento. Complementando el alcance de la garantía de la inamovilidad laboral, la jurisprudencia constitucional señaló que la finalidad de dicha garantía, es otorgar a la mujer embarazada o madre de familia con un hijo menor a un año de edad, estabilidad no sólo económica sino la consiguiente atención médica y emocional; un despido injustificado de la mujer trabajadora de su fuente laboral, indudablemente genera zozobra, incertidumbre y preocupación, lo que afectaría a la mujer embarazada y también a la adecuada formación del ser en gestación, la mujer embarazada no puede ser afectada en su nivel salarial ni tampoco su condición en su puesto de trabajo, por lo que no puede reducírsele su sueldo ni tampoco postergarse el pago de sueldos adeudados. De manera análoga, el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, aplicando una interpretación sistemática y teleológica; además, de la aplicación del principio pro homine por el que debe entenderse la norma, en el sentido más amplio y no así en el sentido restringido, 5 Aplicando una interpretación sistemática y teleológica respecto a la protección de la mujer embarazada el extinto Tribunal Constitucional, en la SC 0715/2005-R de 28 de junio, citando a su vez a las SSCC 310/2000-R de 6 de abril, 447/2000-R de 9 de mayo, 807/2001-R de 31 de agosto, 483/2002-R de 26 de abril, 0785/2003-R 10 de agosto, 1331/2003-R de 16 de septiembre, 0572/2005-R de 24 de mayo, entre otros, estableció que: “…abarca tanto a las empleadas del sector privado sujetas a la Ley General del Trabajo como a las funcionarias o servidoras públicas, sin exclusión; asimismo alcanza a las mujeres trabajadoras o empleadas que tengan contratos indefinidos, contratos a plazo definido como a las trabajadoras o funcionarias eventuales, porque el sentido de la norma es la protección de la maternidad por parte del Estado, conforme a lo previsto por el art. 193 de la Constitución Política del Estado, es decir, que no se admite distinción alguna entre trabajadoras del sector público o privado, ni respecto a la naturaleza de los contratos a los que están sujetas…”, citado por la SCP 0227/2013-L de 10 de abril, en el Fundamento Jurídico titulado “La protección constitucional a la mujer trabajadora en estado de embarazo, no reconoce condicionamiento, menos la exigencia de dar aviso previo al empleador sobre dicho estado” y la SCP 0338/2013-L de 20 de mayo (las negrillas son nuestras). 6 Respecto a la inamovilidad laboral la SCP 0424/2012 de 22 de junio, señaló que: “La finalidad de la inamovilidad laboral, es la de otorgar a la mujer y ahora familia con un menor de edad, estabilidad no sólo económica sino también la consiguiente atención médica y emocional. En lo específico a la mujer trabajadora en estado de gestación se busca su protección contra un despido o retiro de su fuente laboral por parte de su empleador, que indudablemente generaría zozobra, incertidumbre y preocupación, lo que afectaría a la mujer embarazada y también a la adecuada formación del ser en gestación. Asimismo, el art. 2 de la Ley 975, sostiene que la mujer embarazada no puede ser afectada en su nivel salarial ni tampoco su condición en su puesto de trabajo, por lo cual no puede reducírsele su sueldo ni tampoco postergarse el pago de sueldos adeudados” (las negrillas nos pertenecen). 7 Respecto al principio pro homine, la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, establece: “Este entendimiento tiene su fundamento en lo establecido por los arts. 13.IV y 256 de la CPE, que configuran la obligación de interpretación más favorable en materia de Derechos Humanos, teniendo como parámetros las cláusulas de interpretación contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia, entre ellas, el principio pro homine, que establece que el juzgador debe aplicar aquellas normas y criterios de interpretación que resulten más favorables al respeto y goce de los derechos constitucionales de las personas”, citado en la SCP 0243/2019-S3 de 5 de julio (las negrillas nos corresponden).
también estableció que la garantía de la inamovilidad laboral de una mujer en estado de embarazo o un progenitor cuya esposa o conviviente está en el mismo estado, corresponde a todas las personas sin discriminación alguna -incluyendo servidores públicos de libre nombramiento-; puesto que, lo que se precautela en todos esos casos, no es el trabajo simple y llano del trabajador, sino los derechos del nasciturus -interpretación finalista- que se encuentra en el vientre materno o del hijo-hija recién nacido, entre los que se encuentra el derecho primordial a la vida, como también el derecho a la salud; ya que, el trabajo, al ser el medio por el cual se procura de los medios de subsistencia para uno mismo y su familia, entendiendo a esa última, no solo a las personas ya nacidas, sino también a las que están por nacer; por lo que, si bien se encuentran aún en el vientre materno, ya llegan a ser miembros integrantes de la familia, la cual de igual manera, debe ser protegida por parte del Estado; siendo por lo tanto una obligación insoslayable la de proteger a la familia, no pudiendo por ella dejarle en desamparo; razonamientos que pueden ser aplicables a los servidores públicos provisorios en cuanto a la protección de la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados, aplicando una interpretación sistemática y teleológica, además de la aplicación del principio pro homine.
Siguiendo la línea de razonamiento, es preciso enfatizar también que, si bien la acción de amparo constitucional se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, que exige el agotamiento previo de los medios o recursos intraprocesales judiciales o administrativos; sin embargo, tratándose de la tutela de los derechos primarios de la mujer 8 Respecto a la inamovilidad laboral de la mujer embarazada o progenitor con esposa en el mismo estado, la SCP 1417/2012 de 20 septiembre, señaló que: “…más aún si se trata de casos, en los que una servidora pública, se encuentra en estado de embarazo o un progenitor tenga a su esposa o conviviente en el mismo estado; puesto que lo que se precautela en todos estos casos, no es el trabajo simple y llano del trabajador, sino los derechos del nasciturus (interpretación finalista) que se encuentra en el vientre materno o del hijo-hija recién nacido, entre los que se encuentra el derecho primordial a la vida, reconocido en el art. 15 de la CPE que dice: ‘Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte’; así como también el derecho a la salud, reconocido en el art. 18 de la CPE, que señala: ‘I. Todas las personas tienen derecho a la salud. II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna’ toda vez que el trabajo, al ser el medio por el cual se procura de los medios de subsistencia para uno mismo y su familia, entendiendo a esta última, no solo a las personas ya nacidas, sino también a las que están por nacer, puesto que si bien se encuentran aún en el vientre materno, ya llegan a ser miembros integrantes de la familia, la cual de igual manera, debe ser protegida por parte del Estado, según lo dispone el art. 62 de la CPE, que dice: ‘El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades’ y el art. 64 de la CPE, ‘I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad. II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones’, siendo por ende una obligación insoslayable la de proteger a la familia, no pudiendo por ella dejarle en desamparo” (las negrillas nos pertenecen).
trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuya protección es urgente e inmediata, ante el retiro intempestivo de su fuente laboral que provoca la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho a la vida que no puede estar condicionado al agotamiento previo de otras vías o instancias legales, es decir, no se sujeta al principio de subsidiariedad, con el fin de tutelar en forma prioritaria e inmediata los derechos a la vida y a la salud como parte de la maternidad.
La jurisprudencia constitucional también estableció que la comunicación oportuna del estado de embarazo no es condición para la protección que brinda esta garantía reconocida por la Constitución Política del Estado; es decir, no es necesario dar aviso al empleador sobre la situación de embarazo de la mujer trabajadora para acceder a la protección que brinda la Norma Suprema en su condición de gestante y con un niño menor a un año de edad.
Ahora bien, un derecho vinculado a la garantía de la inamovilidad laboral, es el derecho fundamental de las mujeres a la maternidad segura, reconocido expresamente por el art. 45.V de la CPE, cuyo texto expresa: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal” (las negrillas nos pertenecen).
9 Respecto a la excepción a la subsidiariedad en el caso de mujeres trabajadoras embarazadas o padres progenitores, la SC 0558/2011-R de 29 de abril, estableció que: “La acción de amparo constitucional, como garantía jurisdiccional extraordinaria hace posible la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado y las leyes, cuando son restringidos, suprimidos o amenazados por particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección. Se activa ante la inexistencia de otras vías, empero, tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuya protección es urgente e inmediata, ante el retiro intempestivo de la fuente laboral que provoca la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho a la vida que no puede estar supeditado al agotamiento previo de otras vías o instancias legales, es decir, no se sujeta al principio de subsidiariedad, característica de esta acción, debiendo hacer abstracción del mismo con el fin de tutelar en forma prioritaria e inmediata los derechos a la vida y a la salud como parte de la maternidad” (la negrillas nos pertenecen), jurisprudencia constitucional reiterada de manera uniforme en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0076/2012 de 12 de abril, 0673/2013-L de 18 de julio, entre otras. 10 Entendimiento jurisprudencial expresado en la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, que constituye un cambio en la línea jurisprudencial establecida en la SC 1416/2004-R de 1 de septiembre, que estableció el deber de la mujer embarazada de comunicar previamente su estado de embarazo al empleador. Confirmada por la SC 1882/2010-R de 25 de octubre, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1187/2012 de 6 de septiembre, 0081/2018-S2 de 23 de marzo, entre otras.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y al debido proceso, a su garantía de inamovilidad laboral; puesto que, la Notaria hoy accionada en conocimiento de su estado de gestación, la despidió impidiendo el cumplimiento de su beneficio de subsidio; bajo el pretexto de que se emitió una resolución de destitución en un proceso sumario administrativo, por una presunta falta disciplinaria, además, que existía un proceso penal emergente del mismo hecho; sin embargo, los indicados procesos no cuenta con resolución o sentencia condenatoria ejecutoriada. De la revisión de antecedentes que cursan en obrados se tiene que entre la Notaria ahora accionada y la accionante, se estableció una relación contractual de trabajo; en la cual, la accionante prestó servicios en favor de la Notaria hoy accionada, -hecho reconocido implícitamente por la Notaria de Fe Pública 89 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra-; empero, “a la fecha” -se entiende de interposición de esta acción de defensa- fue desvinculada por disposición de una resolución del Comité de Despido, como reconoce la accionada al señalar “…habida cuenta que de acuerdo a la resolución del Comité de Despido usted fue despedida de su puesto de trabajo” (sic) en la Nota de respuesta de 22 de julio de 2022, a la accionante ante su petición de aprobación del certificado prenatal, presuntamente por la comisión de una falta que derivó en un proceso sumario administrativo para la determinación de responsabilidad disciplinaria (Conclusión II.2.). Sin embargo, de manera previa a la desvinculación y durante el cumplimiento de sus funciones laborales, se evidenció que la accionante se encontraba en estado de gestación, conforme se tiene establecido por la Ecografía Obstétrica de 4 de julio de 2022, realizada por la Médico Cirujano Ecografista; por la cual, se concluye que la accionante, cuenta con una edad gestacional de diecinueve semanas y tres días, con fecha probable de parto al 25 de noviembre de 2022 (Conclusión II.1.); estado por el que, la Notaria ahora accionada, le negó la aprobación del Certificado Prenatal, por encontrarse despedida de su fuente laboral, según se detalla en la anterior conclusión. Asimismo, de antecedentes se evidencia que la accionante interpuso recurso de revocatoria por memorial presentado el 15 de julio de 2022, contra la Resolución Final de 13 de junio del citado año, emitida por la autoridad sumariante y el Comité de Despido, en el que presuntamente se dispuso su desvinculación laboral como sanción disciplinaria, fundamentando agravios y solicitando que la resolución impugnada sea anulada y se ordene archivo de obrados (Conclusión II.3.). En ese contexto, se revisará el problema jurídico planteado por la accionante, para ese fin es necesario señalar que los hechos de relevancia jurídico constitucional están vinculados al despido injustificado de la trabajadora y la garantía constitucional de la inamovilidad laboral de mujeres en estado de gestación o de progenitores, hasta que el hijo/a cumpla un año de edad. Respecto al acto lesivo relacionado a la desvinculación laboral y la garantía de inamovilidad laboral, es necesario enfatizar que la garantía reforzada de la inamovilidad laboral de mujeres en estado de gestación o de progenitores, hasta que el hijo/a cumpla un año de edad, a partir de una interpretación conforme a la Constitución Política del Estado; la cual, no reconoce condicionamiento o criterio de discriminación, abarcando cualquiera sea la modalidad de trabajo, la naturaleza del contrato, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador, en todo caso incluyendo a los funcionarios provisorios; puesto que, la finalidad de dicha garantía no solo tiene un carácter protectivo para la madre, sino, para el hijo por nacer o hasta que cumpla un año de edad, precautelando su bienestar económico, psicológico, con las prestaciones debidas correspondientes a la seguridad social y salud; esa garantía incluye la prohibición de afectar el nivel salarial o la ubicación del puesto de trabajo, como se tiene ampliamente desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En ese sentido, un hecho relevante en la presente causa es la cesación o despido injustificado de la accionante de su fuente laboral en la Notaría de Fe Pública 89 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sin tomar en cuenta el estado de gestación en la que se encontraba y con fecha probable de parto el 25 de noviembre de 2022, por reconocimiento expreso y explícito de la Notaria hoy accionada, con el incumplimiento de las asignaciones familiares. A esos hechos, es preciso añadir que el proceso sumario administrativo al cual refieren las partes y que presuntamente fundó el despido o destitución de la accionante, mediante la Resolución Final de 13 de junio del citado año, se encuentra en trámite, ya que contra la citada Resolución Final, la accionante interpuso recurso de revocatoria por memorial presentado el 15 de julio de igual año, impugnación que “a la fecha” -de interposición de esta acción tutelar- no cuenta con un pronunciamiento, es decir, que el proceso disciplinario no cuenta con resolución condenatoria ejecutoriada que justifique el despido o destitución de la accionante, extremos que en esta acción de defensa no fueron cuestionados, menos refutados por la Notaria hoy accionada, al contrario fue admitida implícitamente al señalar “…nosotros habíamos tenido una interpretación dentro del memorial de Acción de Amparo, que se estaba también solicitando el tema de reincorporación laboral, es por eso que ya al quedar claro que la petición es simplemente en cuanto a la firma del formulario para que puedan acceder a las asignaciones familiares, no tenemos ningún óbice en ese aspecto…” (sic [fs. 86 vta.]).
Si bien la pretensión expuesta en el petitorio de esta acción tutelar, es la filiación inmediata de la accionante y de su hijo menor de edad, la entrega de subsidios y el respeto de sus derechos sociales y laborales; sin embargo, es necesario realizar algunas precisiones al respecto. La garantía constitucional de inamovilidad laboral de mujeres en estado de gestación y progenitores, hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad, se encuentra establecida para que los empleadores del sector público o privado se inhiban de despedir a las madres trabajadores o progenitores trabajadores hasta que su hijo o hija cumplan un año de edad; en caso de consumarse el despido, se le restituya a su fuente laboral, se les pague los sueldos devengados, se cumpla con las asignaciones familiares y los demás derechos sociales; incluso en caso de que el despido tenga como fundamento la aplicación de una sanción disciplinaria mediante una resolución con calidad de cosa juzgada, los efectos de ésa decisión deben ser diferidos hasta que el hijo o hija de la madre o padre trabajador, cumpla un año de edad. En el presente caso, la accionante tiene la protección de la garantía de la inamovilidad laboral al ser dependiente de la Notaria ahora accionada, protección que no reconoce exclusiones de trabajadoras o servidoras del sector público o privado; puesto que, esa garantía tiene la finalidad de otorgar protección a la mujer gestante, madre o progenitor de un hijo o hija menor hasta que cumpla un año de edad, a darle estabilidad económica, certidumbre emocional, atención médica y a las prestaciones en salud, las asignaciones familiares que corresponden a la accionante, en su calidad de gestante y madre de un menor hasta que cumpla un año de edad; empero, también al hijo o hija por nacer y una vez nacido, hasta que cumpla un año de edad, con las prestaciones en salud y las que comprenden a la seguridad social, necesarias en ese periodo de tiempo; lo contrario implicaría, aceptar una desvinculación que genere incertidumbre y preocupación que pueda comprometer su salud y la vida de la madre, trabajadora y gestante o el hijo hasta que cumpla un año de edad. En ese contexto, la pretensión alegada por la accionante en el petitorio de esta acción tutelar refiere expresamente la obtención de la autorización u orden para el acceso de las asignaciones y afiliaciones, extremo ratificado por la Notaria hoy accionada al referir que tuvieron “…conversaciones con la parte contraria…” (sic [fs. 86 vta.]), al respecto es necesario efectuar algunas precisiones de importancia, por mandato de la Constitución Política del Estado, que establece lo siguiente: La prohibición constitucional del despido injustificado y toda forma de acoso laboral dispuesta por el art. 49.III; en coherencia con esa disposición se debe tener presente también, el carácter irrenunciable de los derecho y beneficios laborales y la condición nula de las convenciones contrarias a los derechos y beneficios o que tiendan a burlar sus efectos dispuesto por el art. 48.III; y, finalmente el derecho de las mujeres a una maternidad segura, a gozar de una especial asistencia y protección durante el estado de gestación, durante y después del parto, por el Estado conforme lo establecido por el art. 45.V. En ese marco, la pretensión finalmente convenida tiene por objeto la obtención de las asignaciones afiliaciones, como se tiene expresado, en esta acción de defensa la garantía de la inamovilidad laboral tiene por objeto principal la continuidad laboral durante el periodo de gestación y nacido el hijo o hija, hasta que cumpla un año de edad; éste extremo tiene como efecto lógico, la percepción del salario justo, las prestaciones en salud y seguridad social, las asignaciones familiares comprendidas en subsidios pre natal, natalidad y lactancia, periodos de descanso prenatal y postnatal, y los demás beneficios emergentes de la maternidad, con la finalidad de brindar protección a la madre trabajadora, al ser por nacer y una vez nacido, al hijo o hija hasta que cumpla un año de edad, necesarios en el periodo indicado. En esa comprensión, conceder la tutela y ordenar solo el cumplimiento de las asignaciones familiares convenidas, implicaría convalidar un despido injustificado prohibido por mandato constitucional, aprobar un convenio o acuerdo contrario a los derechos y beneficios de la trabajadora y por tanto nulo constitucionalmente y por consiguiente aceptar el incumplimiento del deber que tiene el Estado de brindar a la trabajadora una maternidad segura y la especial asistencia y protección durante su embarazo, durante y después del parto, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad y lógicamente convalidar el incumplimiento de las obligaciones laborales de la accionante, tomando en cuenta el carácter irrenunciable de los derechos y beneficios laborales de la trabajadora. Asimismo, es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 1) La inamovilidad laboral es una garantía constitucional que brinda protección laboral a las mujeres en estado de gestación y los progenitores por un periodo de tiempo, es decir, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad; 2) En el presente caso, como se tiene explicado, resulta evidente la vulneración de la garantía de inamovilidad laboral de la accionante, por el despido fundado presuntamente en una sanción por una falta disciplinaria dispuesta en una resolución final; empero, que se encuentra en trámite en etapa de impugnación; 3) Específicamente, la pretensión de reincorporación laboral, seria de imposible cumplimiento por el transcurso del tiempo, ya que tomando en cuenta la fecha probable de parto el 25 de noviembre de 2022, al presente la edad del hijo o hija de la accionante, ya superó un año de edad; por consiguiente, excedió el tiempo de protección de la garantía constitucional; y, 4) En atención a los razonamientos precedentes, corresponde el pago de sus salarios devengados y el cumplimiento de las asignaciones familiares en dinero, hasta que el hijo o hija de la accionante cumpla un año de edad, siempre y cuando no se hubiese cumplido éste último beneficio, en producto o especie. Finalmente, el análisis expuesto comprendió consideraciones concernientes al problema jurídico vinculado a la desvinculación laboral y la garantía de inamovilidad laboral, en ese entendido, en la presente acción de amparo constitucional, la accionante denunció entre los derechos y garantías vulnerados al debido proceso. Al respecto, es necesario señalar que, si bien la accionante hizo mención del inicio de un proceso disciplinario en su contra y otro proceso penal, sin señalar cuales serían los cuestionamientos o argumentos para sustentar la eventual lesión de su derecho o garantía al debido proceso; además, reconoce que la resolución del proceso administrativo fue objeto de impugnación por su parte, lo que permite concluir que los mencionados procesos, son de su conocimiento y se encuentra ejerciendo sus derechos como el derecho a la defensa, a recurrir, por lo que no se tiene mérito alguno para otorgar tutela con relación a la vulneración del derecho al debido proceso, pretendido por la accionante. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 134/2022 de 22 de agosto, cursante de fs. 87 a 89 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada en favor de Joseline Adriana Aruquipa Bernal, ordenando a Elva Elena Ugarteche Lino, Notaria de Fe Pública 89 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el pago de sueldos devengados y el cumplimiento de las asignaciones familiares en dinero, siempre y cuando no se hubiese cumplido éste último beneficio, en producto o especie, hasta que el hijo o hija de la accionante, cumpla un año de edad, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
1 La Constitución Política del Estado fue aprobada por la Asamblea Constituyente el 2007, compatibilizado en el Congreso Nacional el 2008, aprobado en Referéndum Nacional el 25 de enero de 2009 y promulgado el 7 de febrero del citado año.
2 El DS 0012 de 19 de febrero de 2009, que Reglamenta las Condiciones de Inamovilidad Laboral de la Madre y Padre Progenitores que Trabajen en el Sector Público o Privado, establecida por el art. 2, el alcance de esa garantía constitucional en los siguientes términos: “La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo” (las negrillas son nuestras).
3 Respecto a la vinculatoriedad de la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, la SCP 2140/2012 de 8 de noviembre, estableció que: “…razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional; sin embargo, este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado…” (las negrillas son nuestras).
4 Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000, señaló que: “… por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley”. Citado por las SSCC 0434/2010-R de 28 de junio, 0581/2010-R de 12 de julio, entre otras (las negrillas nos corresponden).
11 Respecto a los efectos diferidos de una sanción disciplinaria dispuesta en una resolución con calidad de cosa juzgada, la SCP 0086/2012 de 16 abril, reconduciendo la línea jurisprudencial sobre la materia expreso: “De lo que se concluye que, la inamovilidad laboral de la que gozan la mujer embarazada y en estado de lactancia, como el progenitor varón, implica que cualquier sanción a imponérsele, la destitución u otra que afecte sus derechos fundamentales y/o garantías constitucionales o los del nuevo ser, debe posponerse a efectos de garantizar y precautelar los derechos de carácter primario (salud, vida, seguridad social) que pudieran ser vulnerados de forma irreparable e irremediable”, citado en la SCP 0825/2017-S2 de 14 de agosto entre otras (las negrillas nos corresponden).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0417_2024-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): b4e85ab28bf905f139c28d704b637351f56051f812ad845fde903f937d4fe181
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