Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho de petición, señalando que habiendo obtenido con mucho sacrificio el 1 de octubre de 1986, su título de abogado, en calidad de funcionario administrativo del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el 28 de junio de 2022, presentó ante el Director de ese Hospital, una carta pidiendo que en razón a ser abogado se mejore su ítem y nivel salarial; sin embargo, pese a haber presentado múltiples cartas hasta la fecha de interposición de la acción de defensa; por lo cual, no obtuvo ninguna respuesta. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para tal efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) Sobre el principio de inmediatez presupuesto procesal constitucional de inexcusable cumplimiento, que reviste a la acción de amparo constitucional. Jurisprudencia reiterada; y, ii) Análisis de caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 131 de 24 de julio de 2023, cursante de fs. 163 vta. a 164 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional y en los mismos términos dispositivos emitidos por la nombrada Sala Constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0416/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 57176-2023-115-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 131 de 24 de julio de 2023, cursante de fs. 163 vta. a 164 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Celso Yépez López contra Edgar Omar Méndez Justiniano, Gerente Administrativo; e, Isabel Victoria Otazo Landívar, Jefa del Departamento Jurídico, ambos del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El accionante, por memoriales presentados el 10, 12 y 19 de julio de 2023, cursantes de fs. 60 y vta., 63 a 64 vta.; y, 120 a 121, manifestó lo siguiente:
En calidad de funcionario administrativo del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ingresó a trabajar el 1 de octubre de 1986, fecha desde la cual desempeñó diferentes funciones; y habiendo con grandes esfuerzos económicos e ideales progresistas obtenido su título de abogado el 2008; el 28 de junio de 2022, presentó ante el Director de ese Hospital, una carta pidiendo que en razón a ser abogado se mejore su ítem y nivel salarial; sin embargo, pese a haber presentado múltiples cartas hasta la fecha -se entiende hasta la interposición de la presente acción de defensa-, no obtuvo ninguna respuesta, siendo más bien derivado con el Código 37509 al Director del Servicio Departamental de Salud (SEDES) Santa Cruz. Señaló que no obstante de existir antecedentes de creación de nuevos ítems y la Circular 03/2017 de 3 de marzo, a través del cual el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, para el cumplimiento de las normas; indicó que, debía actualizarse el file personal de cada uno de los trabajadores con el único fin de ser promocionados; situación que, fue aplicada a nuevos funcionarios que fueron contratados por el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dejando de lado respecto a su derecho a una promoción en base a su especialidad. Finalmente indicó que, en caso de negativa en la acción de amparo constitucional interpondrá acción de cumplimiento, que garantiza la ejecución de las normas constitucionales o legales cuando sea omitida por un Servidor Público, y complementando señaló que el Reglamento a la Ley 3131 del Ejercicio Profesional Médico -Decreto Supremo (DS) 28562 de 22 de diciembre de 2005- establece en su art. 3, la inexcusabilidad en la promoción de la salud y prevención de enfermedades.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho de petición; citando al efecto el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela y en consecuencia, se disponga que: “A objeto de que, en el término de ley, cumpla con su obligación de dar curso a su petición de promoción y Modificación de Nivel Salarias y promoción a un grado superior…” (sic.).
Celebrada la audiencia virtual el 24 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 160 a 163 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 127.
Edgar Omar Méndez Justiniano, Gerente Administrativo; e, Isabel Victoria Otazo Landívar, Jefa del Departamento Jurídico, ambos del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a través de su representante legal, mediante informe presentado el 24 de julio de 2023, cursante de fs. 151 a 156 vta., así como en audiencia, manifestaron que: a) En cuanto a los ascensos, necesariamente debe existir una vacante, y en el caso de los ítems de abogados en el citado Hospital, están cubiertos por profesionales abogados en la actualidad; b) El indicado Hospital, no tiene facultades para crear nuevos ítems, de acuerdo a la Ley “081”, se entiende -Decreto Supremo (DS) 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS)- en el marco competencial de los Gobiernos Autónomos Departamentales y no existe otra manera de ascensos sino ante la existencia de una vacante para promover a funcionarios; y si bien el accionante tiene el derecho de solicitar su ascenso; en el caso de que existiera una vacante será comunicado conforme lo establecen los arts. 18 y 29 del Sistema de Administración de Personal; c) De acuerdo al art. 4.I del Decreto Departamental 204 de 5 de agosto de 2014, los establecimientos de salud de tercer nivel de atención, son instancias desconcentradas del Ejecutivo Departamental, tienen autonomía de gestión técnica y administrativa, pueden ejecutar programas y proyectos, procurando la generación de recursos económicos para ser auto sostenibles, se rigen por las directrices, normas internas y procedimientos del Ejecutivo Departamental; y al ser un ente desconcentrado y no descentralizado no tienen independencia económica, y mucho menos facultad de crear ítems; d) En el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, existen varios funcionarios que son profesionales abogados y no fueron promovidos, y tampoco han solicitado cambios; debido a que, es de conocimiento que no hay cargos vacantes para una promoción interna; e) El accionante tiene el Memorándum HSJDD 2013146 de 1 de junio de 2013, con el cargo de Apoyo Administrativo, al no haber disponibilidad efectiva del puesto en el Departamento Jurídico del indicado Hospital; f) Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cumple con lo previsto en el Decreto Supremo (DS) 26115 de 16 de marzo de 2001 -Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal-, Decreto Supremo (DS) 28908 de 6 de noviembre de 2006 -Estatuto del Trabajador en Salud de Bolivia- y las normas específicas del tema, siguiendo el Sistema de Movilidad de Recursos Humanos, no pudiendo operar la acción propiamente dicha si no se cumple con el requisito esencial de vacancia del puesto, y la persona promocionada necesariamente debe subir con las prerrogativas que le da la obtención del ítem en el nivel que opta para promocionarse; y, g) En ningún momento se han vulnerado los derechos del accionante, puesto que todas las peticiones realizadas por éste fueron debidamente contestadas, debiendo igualmente tomarse en cuenta el principio de verdad material donde debe determinarse la primacía de la verdad de los hechos que deben ser materia de probanza y verificados antes que la autoridad administrativa asuma una decisión en el caso concreto, y en caso de que los hechos no respondan a los términos de la solicitud, se concluye que la misma no acredita la veracidad que acredite el pronunciamiento favorable de la entidad pública.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 131 de 24 de julio de 2023, cursante de fs. 163 vta. a 164 vta., denegó la tutela, bajo los siguientes fundamentos: 1) El art. 129.II de la CPE, establece que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; por su parte, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), indicó que dicha acción podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho; 2) En el presente caso, el accionante señaló que habría formulado su petición el 10 de agosto de 2022, sin que hasta la fecha haya tenido una respuesta o se le haya comunicado respecto a su pedido; y si bien de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo pudiese estar dependiente del acto y de la interpretación que se realice en cuanto a ese acto, de entre el plazo de cinco días a un mes; sin embargo, al momento el plazo se encuentra totalmente vencido para cualquier tipo de reclamación dentro de la vía constitucional; es decir, respecto al acto reclamado de 10 de agosto de 2022 por el accionante; y, 3) De acuerdo a lo señalado no se puede ingresar a considerar el fondo del asunto, debido a que el accionante dejó transcurrir el plazo máximo para la interposición de la acción de amparo constitucional; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada y declarar su improcedencia.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre de 2025, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; a efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Nota presentada el 28 de junio de 2022, por Celso Yépez López
-ahora accionante- dirigido a Marcelo Cuellar Crespo, Director del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la que solicitó se instruya a la Gerencia Administrativa de ese Hospital, se modifique su ítem a un nivel jerárquico superior, como asesor legal del nombrado Hospital, así como de su nivel salarial de acuerdo a su condición de profesional abogado (fs. 24). II.2. Mediante Nota presentada el 26 de julio de 2022, por el accionante, dirigido a Marcelo Cuellar Crespo, Director del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la que pidió se le otorgue una respuesta pronta y oportuna a su Nota de 28 de junio de ese mismo año (fs. 26). II.3. Por Nota presentada el 10 de agosto de 2022, por el accionante, dirigido a Erwin “Virgüez”, Director del Servicio Departamental de Salud (SEDES) Santa Cruz; el cual, reiteró su solicitud de modificación de su ítem, y ser promovido a un nivel jerárquico superior como asesor legal del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, así como también su nivel salarial de acuerdo a su condición de profesional (fs. 25). II.4. A través de Nota OF. INT. 66/2022 DIR. MED de 7 de septiembre de 2022, Marcelo Cuellar Crespo, Director del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, hizo conocer al accionante una copia del Informe Legal HSJDD 45/2022 de 11 de agosto (fs. 31). II.5. Cursa Nota C.INT. DPTO. LEGAL 03/2023 HSJDD de 3 de enero de 2023, de Isabel Victoria Otazo Landívar, Jefe del Departamento Legal del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dirigida a Edgar Omar Méndez Justiniano, Gerente del mismo Hospital, quien informó sobre los ascensos que necesariamente debe existir una vacante en la institución para poder promover a un funcionario que reúna los requisitos (fs. 46 a 47). II.6. Consta Nota C.INT.DPTO.LEGAL 40/2023 HSJDD de 20 de marzo de 2023, mediante la cual Isabel Victoria Otazo Landívar, Jefe del Departamento Jurídico del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, remitió respuesta respecto a las Notas de 9 y 17 de marzo de 2023, en las cuales nuevamente, el accionante habría insistido con que se le dé una respuesta sobre su solicitud de modificación de ítem y de nivel salarial (fs. 45).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho de petición, señalando que habiendo obtenido con mucho sacrificio el 1 de octubre de 1986, su título de abogado, en calidad de funcionario administrativo del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el 28 de junio de 2022, presentó ante el Director de ese Hospital, una carta pidiendo que en razón a ser abogado se mejore su ítem y nivel salarial; sin embargo, pese a haber presentado múltiples cartas hasta la fecha de interposición de la acción de defensa; por lo cual, no obtuvo ninguna respuesta. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para tal efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) Sobre el principio de inmediatez presupuesto procesal constitucional de inexcusable cumplimiento, que reviste a la acción de amparo constitucional. Jurisprudencia reiterada; y, ii) Análisis de caso concreto.
En cuanto a este principio, la SCP 0941/2021-S3 de 18 de noviembre, haciendo referencia a la SC 0128/2010-R de 10 de mayo, señalo que: “... -la- acción de amparo constitucional, instituido por el art. 128 de la CPE, contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley; constituye un medio de tutela de carácter extraordinario, que está regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez. El principio de inmediatez en el ámbito procesal, entendido como el requisito de solicitar la tutela en forma pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias, es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho y se agoten las vías legales ordinarias; se encuentra previsto en el art. 129.II de la CPE, que señala: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’. El plazo encuentra sentido cuando se tiene en cuenta que la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida a que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto y vigencia de sus derechos que sufren menoscabo, por ello tiene el derecho y el deber de acudir sin ningún tipo de espera o dilación en busca de la protección requerida. Razonamiento que conforme a lo señalado por la SC 0770/2003-R de 6 de junio: ‘...resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección’. (…) El principio procesal de inmediatez también implica el seguimiento del recurso o reclamo, y la reacción oportuna ante el silencio a los mismos, puesto que el uso de los medios impugnativos previos a la acción de amparo constitucional, sean éstos en la vía judicial o administrativa antes de interponer el amparo, no debe ser en forma circunstancial u ocasional, sino, una vez activados los mismos, se debe exigir una respuesta oportuna y dentro de plazo, o en su defecto, si no hay un plazo específico, reiterar oportunamente el pedido, y si se mantiene la actitud lesiva, acudir a la jurisdicción constitucional como un medio reparador de tales derechos. Lo cual significa, que no es posible que el agraviado deje pasar cierto tiempo sin prestar atención al trámite, es decir actuando sin interés en causa propia, y después de un tiempo, nuevamente vuelva a reclamar y luego otra vez abandonar su reclamo o medio impugnativo, y así sucesivamente sólo para interrumpir o dejar en suspenso el plazo de caducidad, sin que frente a una falta de definición se acuda rápidamente al amparo como mecanismo de protección inmediata. Estos aspectos no pueden pasar inadvertidos, pues cada acción de un ciudadano tiene una consecuencia jurídica, y la actitud desidiosa no puede encontrar respaldo en esta jurisdicción que no actúa de oficio, sino a instancia de parte. Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la ya citada SC 0770/2003-R (…) señaló que: ‘…el principio de inmediatez no importa la utilización discontinua o esporádica de los medios y recursos previos a la interposición del amparo, pues los reclamos deben ser interpuestos ante la instancia ordinaria o administrativa competente oportunamente, debiendo el agraviado por la lesión, hacer el seguimiento respectivo de su reclamo hasta agotar todas las instancias en el tiempo razonable, y para el caso de no obtener respuesta ni la cesación de la vulneración podrá acudir en el plazo de seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse la amenaza, restricción o supresión al derecho fundamental’” (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho de petición, señalando que habiendo obtenido con mucho sacrificio el 1 de octubre de 1986, su título de abogado, en calidad de funcionario administrativo del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el 28 de junio de 2022, presentó ante el Director de ese Hospital, una carta pidiendo que en razón a ser abogado se mejore su ítem y nivel salarial; sin embargo, pese a haber presentado múltiples cartas hasta la fecha de interposición de la acción de defensa; por lo cual, no obtuvo ninguna respuesta.
De los antecedentes adjuntos al expediente, se tiene que el accionante el 28 de junio de 2022, pidió al entonces Director del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, instruya a la Gerencia Administrativa de ese Hospital, se modifique su ítem a un nivel jerárquico superior, como asesor legal del señalado Hospital, así como de su nivel salarial de acuerdo a su condición de profesional abogado; igualmente consta en obrados, la Solicitud de 26 de julio de 2022; por lo cual, el nombrado, solicitó nuevamente al Director del referido Hospital, se le dé una respuesta pronta y oportuna a su Nota de 28 de junio de ese mismo año. Así también se tiene que el accionante el 10 de agosto de 2022, reiteró el pedido de modificación de su ítem, y ser promovido a un nivel jerárquico superior como asesor legal del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, así como también su nivel salarial de acuerdo a su condición de profesional. De la misma manera de obrados, se evidencia que el Director Médico del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mediante nota OF. INT. 66/2022 DIR. MED, de 7 de septiembre de 2022, puso en conocimiento del accionante una copia del Informe Legal HSJDD 45/2022 de 11 de agosto, documento que en conclusiones señaló que, sobre los ascensos necesariamente debía existir una vacante en la institución, para poder promover a un funcionario que reúna los requisitos; y en “la actualidad” no existiría alguna vacancia y los ítems de abogados en el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, estarían cubiertos por profesionales abogados; de igual manera manifestó que esa institución no tendría facultades para crear nuevos ítems, de acuerdo a lo que determina las NB-SABS, en el marco competencial de los Gobiernos Autónomos Departamentales, refiriendo que no existiría otra manera de ascenso cual es la “existencia de una vacante” para promover a funcionarios, y si bien el peticionante tiene derecho de solicitar su ascenso, si existiera una vacancia será publicada en la institución para los funcionarios que deseen ingresar a la convocatoria de promoción interna pudiendo postularse todo funcionario profesional abogado; asimismo, se dispuso hacer conocer al accionante sobre la solicitud de modificación de ítem y nivel salarial.
De igual manera se tiene que por nota C.INT. DPTO. LEGAL 03/2023 HSJDD de 3 de enero de 2023, de Isabel Victoria Otazo Landívar, Jefa del Departamento Legal del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dirigida a Edgar Omar Méndez Justiniano, Gerente del mismo Hospital, informó sobre los ascensos que necesariamente debe existir una vacante en la institución para poder promover a un funcionario que reúna los requisitos, y en la actualidad en el señalado Hospital no existiría ninguna vacante y los ítems de abogados en el Hospital estarían cubiertos por profesionales abogados en ese momento; además dicha entidad no tendría facultades para la creación de nuevos ítems según las NB-SABS, en el marco competencial de los Gobiernos Autónomos Departamentales y no habría otra manera de ascenso que no sea ante la existencia de una vacante para la promoción de funcionarios.
Asimismo, se tiene que por Nota C.INT.DPTO.LEGAL 40/2023 HSJDD de 20 de marzo de 2023, Isabel Victoria Otazo Landívar, Jefa del Departamento Jurídico del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ahora coaccionada, remitió respuesta respecto a las Notas de 9 y 17 de marzo de 2023, en las cuales nuevamente, el accionante insistió con que se le dé una respuesta sobre su solicitud de modificación de ítem y de nivel salarial; esa autoridad le indicó que dicha solicitud habría sido contestada en tiempo oportuno, y se le señaló que respecto a sus peticiones esté al “CI. 03/2023 DPTO. JURÍDICO de 3 de enero de 2023”, remitida a la Gerencia de ese Hospital, para su posterior notificación. De lo descrito precedentemente y considerando el entendimiento asumido por este Tribunal Constitucional Plurinacional, sobre el principio de inmediatez, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, se advierte que independientemente de que el accionante hubiese tenido conocimiento o no de las Notas y los Informes emitidos por las autoridades ahora accionadas, éste obtuvo varias respuestas a sus solicitudes, siendo la de principal incidencia la Nota OF. INT. 66/2022 DIR. MED, de 7 de septiembre de 2022; por la cual, la entidad hoy accionada puso en conocimiento del accionante una copia del Informe Legal HSJDD 45/2022 de 11 de agosto, en la cual se le dio una respuesta a su requerimiento de modificación de su ítem, la promoción como asesor legal del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, así como el cambio de su nivel salarial de acuerdo a su condición de profesional, es decir que sus solicitudes fueron respondidas; sin embargo, alega que no fueron atendidas, volviendo posteriormente a insistir en su pedido. Cabe referir, que la primera solicitud realizada por el accionante fue el 28 de junio de 2022, siendo reiterada el 10 de agosto de 2022, para posteriormente, efectuar un nuevo requerimiento el 9 y 17 de marzo de 2023, el cual mereció las Notas C.INT. DPTO. LEGAL 03/2023 HSJDD de 3 de enero y C.INT.DPTO.LEGAL 40/2023 HSJDD de 20 de marzo de 2023, en las que se dieron respuestas a sus solicitudes, si bien no de forma positiva empero si fueron atendidas. En ese orden se tiene que, el objeto procesal en la presente acción de defensa converge en que las autoridades ahora accionadas en la presente acción de amparo constitucional, procedan al cambio de cargo del accionante dada su condición de abogado en el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, habiendo realizado su primera solicitud el 28 de junio de 2022, para posteriormente reiterar su pedido el 10 de agosto de ese mismo año, y posteriormente, nuevamente insistir en esa solicitud el 2023, denotando con esa actitud la inobservancia del principio de inmediatez característico de la acción de amparo constitucional; puesto que, en el entendido que se encontraba lesionado su derecho de petición, debió acudir dentro del plazo de seis meses a la jurisdicción constitucional para su protección rápida y oportuna, más aún si el cómputo de dicho plazo debe ser a partir de la comisión de la vulneración alegada, de conocido el hecho o de notificada la determinación señalada de vulneradora de derechos. Igualmente con el fin de cumplir con este principio, los reclamos no pueden ser esporádicos ni ocasionales, debido a que una vez que la parte afectada asume conocimiento de los actos supuestamente lesivos, debe activar la justicia constitucional de manera diligente y acudir en procura del restablecimiento de sus derechos de manera oportuna al amparo sin dejar que transcurran tiempos prolongados concurriendo de manera eventual u ocasional ante la autoridad que presuntamente estuviera ocasionando la lesión de sus derechos; como sucedió en el caso de análisis, puesto que de acuerdo a lo señalado precedentemente, el accionante realizó de forma eventual y ocasional por el periodo de dos años su reclamos, cuando ante la supuesta falta de atención a sus solicitudes debió acudir de manera inmediata a la jurisdicción constitucional para que a través de la acción de amparo constitucional se proteja su derecho de petición; en ese sentido, al no haber obrado el accionante de manera diligente, desconoció el principio inmediatez en la interposición de la presente acción de defensa, impidiendo que se pueda realizar un examen de lo ahora denunciado como lesivo a su derecho alegado en la presente acción tutelar, al haber precluido la facultad de que esta jurisdicción realice un análisis de fondo de lo denunciado en esta acción de amparo constitucional, correspondiendo por ello denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 131 de 24 de julio de 2023, cursante de fs. 163 vta. a 164 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional y en los mismos términos dispositivos emitidos por la nombrada Sala Constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0416_2026-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): b2e7354e3920ccae889769f4ff9e8353fd52f36ea9db3d70ad4c017dc41cd4f3
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