Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 5 de agosto de 2024
Concede en parte la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de los derechos a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia y exhaustividad en los fallos, así como los principios de seguridad jurídica, legalidad, y valoración legal y razonable de la prueba; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia suya contra Betty Maritza Mendoza Miranda -ahora tercera interesada-, por la presunta comisión del delito de encubrimiento de abuso sexual, el Fiscal Departamental de La Paz ahora demandado, emitió la Resolución FDLP/WEAL/R-2179/2023 de 20 de septiembre, que ratificó la Resolución de Rechazo de Denuncia V.B.M.H. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 111/2024 de 10 de abril, cursante de fs. 77 a 80, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y valoración legal y razonable de la prueba, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Anular la Resolución FDLP/WEAL/R-2179/2023 de 20 de septiembre, pronunciada por el Fiscal Departamental de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la parte accionante contra Betty Maritza Mendoza Miranda -ahora tercera interesada-, por la presunta comisión del delito de encubrimiento de abuso sexual; 3° Disponer que el Fiscal Departamental de La Paz, pronuncie una nueva resolución respecto a la objeción de rechazo planteada, precautelando la presunción de verdad de la declaración de la víctima menor de edad, aunque ésta no se constituye en una prueba absoluta y única para procesar y condenar a la encausada, porque la misma debe ser desvirtuada objetivamente, en el marco de los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 4° DENEGAR la tutela impetrada respecto a los derechos de tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, al debido proceso en sus elementos congruencia y exhaustividad en los fallos, así como los principios de seguridad jurídica y legalidad, conforme a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 5° Llamar severamente la atención a los Vocales de la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz ahora demandados; advirtiéndoles que en caso de realizar similar actuación ulterior, se remitirán antecedentes ante la instancia pertinente, a efectos de ley.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0416/2024-S1 Sucre, 5 de agosto de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 65499-2024-131-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 111/2024 de 10 de abril, cursante de fs. 77 a 80, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lidia Medina Amestoy en representación sin mandato de la menor de edad AA contra William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz; y, Verónica Beatris Miranda Huanca, Fiscal de Materia.
Por memoriales presentados el 27 de marzo y 9 de abril de 2024, cursantes de fs. 49 a 56; y, 63 a 64 vta., la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de su persona contra Betty Maritza Mendoza Miranda, por la presunta comisión del delito de encubrimiento de abuso sexual -arts. 171 y 312 del Código Penal (CP)-, la Fiscal de Materia, ahora demandada, emitió la Resolución de Rechazo de Denuncia V.B.M.H. 54/2023 el 31 de mayo. En dicha resolución, la referida representante del Ministerio Público argumentó que la conducta de la denunciada no se ajustaba al tipo penal de encubrimiento, desacreditando la declaración realizada por la víctima menor de edad en Cámara Gesell. En esa declaración, la niña sostuvo que había informado a su madre, la procesada -ahora tercera interesada-, sobre el abuso sexual cometido por Juan Carlos Nina Sandoval, y que su madre le había dicho que se alejarían del agresor, hechos que no fueron debidamente valorados en la resolución de rechazo.
Además, a todo ello se suma que la Fiscal de Materia a cargo de la dirección de la investigación penal -ahora demandada- no llevó a cabo una investigación exhaustiva, lo cual se demuestra, por cuanto, entre los fundamentos para rechazar la denuncia se encuentra que no existían suficientes elementos probatorios para realizar una acusación, ya que los indicios sobre la participación de la procesada eran insuficientes, desconociendo que ésta, sabía de la comisión del ilícito pero omitió denunciarlo ante las autoridades competentes, incumpliendo su deber de defensa a la sociedad. Por otro lado, la objeción a la resolución de rechazo, al haberse basado en lo señalado precedentemente, debió ser considerado como veraz de acuerdo con el art. 193 c) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-; empero, el Fiscal Departamental de La Paz, también demandado, ratificó la Resolución de Rechazo de Denuncia el 20 de septiembre de 2023, mediante la Resolución FDLP/WEAL/R-2179/2023 -jerárquica-, ignorando nuevamente la declaración de la víctima. Así, la resolución jerárquica desestimó la credibilidad de la declaración realizada por la menor, tanto ante el psicólogo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia como en la Cámara Gesell, donde la niña confirmó y ratificó su testimonio inicial.
Denuncia la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia y exhaustividad en los fallos, así como los principios de seguridad jurídica, legalidad y valoración legal y razonable de la prueba; citando al efecto, los arts. 115, 119.II, 120, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución FDLP/WEAL/R-2179/2023de 20 de septiembre, emitida por el Fiscal Departamental de La Paz; y, en consecuencia, se dicte una nueva resolución que refleje el interés superior del niño, niña y adolescente.
Celebrada la audiencia pública el 7 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 72 a 76 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, en audiencia manifestó que: a) De forma concreta, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Carlos Nina Sandoval, se emitió sentencia con calidad de cosa juzgado por la comisión del delito de abuso sexual, es así que la ahora accionante en calidad de abuela paterna de la víctima de trece (13) años de edad, inició el proceso penal ante el Ministerio Público contra e Betty Maritza Mendoza Miranda -madre de la víctima, ahora tercera interesada-, por la presunta comisión del delito de encubrimiento previsto y sancionado por el art. 171 en relación al art. 312 del CP, ya que atenta contra una niña menor de edad vulnerable; sin embargo, la Fiscal de Materia ahora demandada emitió la Resolución de Rechazo de Denuncia V.B.M.H. 54/2023 de 31 de mayo, con una serie de argumentos que no fueron fundamentados y motivados; b) Los argumentos del Ministerio Público en la referida Resolución de Rechazo de Denuncia, señalan que los testigos de cargo y de descargo, no acreditaron de manera objetiva que la ahora tercera interesada, habría adecuado su conducta al mencionado delito, cuando la menor víctima en las dos declaraciones que prestó ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Cámara Gesell, hizo conocer que puso en conocimiento de la procesada, ahora tercera interesada- sobre el abuso sexual que había cometido su padrastro -Juan Carlos Nina Sandoval-, que en ese caso era pareja de su madre, omisión que se dio al no denunciar esa agresión sexual; frente a la cual, la víctima menor de edad, acudió ante la abuela -ahora accionante- a quien le hizo conocer sobre el hecho de violencia sexual realizado por su padrastro; por lo que, la misma inició el proceso penal por abuso sexual en su contra y amplió la denuncia por encubrimiento contra de ahora tercera interesada; sin embargo, el Ministerio Público señaló que no tiene elementos para imputar, apartándose de la perspectiva de género, ya que omitió aplicar el principio de veracidad de la declaración de la víctima; y, c) Objetada la indicada Resolución de Rechazo de Denuncia, el Fiscal Departamental de La Paz -ahora demandado- omitió hacer el análisis ponderativo de los derechos de la parte beneficiada con el rechazo y los derechos de la niña víctima de abuso sexual, emitiendo la Resolución FDLP/WEAL/R-2179/2023, ratificando la señalada Resolución, con el argumento de que, si bien la procesada tuvo conocimiento sobre el abuso sexual de su hija, no es menos cierto que fue por información de los familiares de la misma, entre ellos, su hermana y su padre; por lo que, no se cuenta con suficientes elementos de convicción que permitan demostrar la comisión del delito de encubrimiento; por lo referido, la resolución jerárquica carece de fundamentación, motivación y congruencia al no hacer un análisis ponderativo de todos los antecedentes antes de emitir la resolución.
William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, mediante informe escrito presentado el 10 de mayo de 2024, cursante de fs. 68 a 71, señaló que: 1) Se valoraron todos los elementos de convicción colectados por el Ministerio Público y la documentación presentada por las partes procesales, extremos que fueron argumentados en la parte “II.3 Análisis del Caso Concreto” de la Resolución FDLP/WEAL/R-2179/2023 ahora cuestionada, ya que en el punto 2 del mismo se describió el tipo penal de encubrimiento, delito que fue ampliado y atribuido a la hoy tercera interesada; por otra parte, en el punto 3, se describió el hecho y los elementos de convicción cursantes en el cuaderno de investigación, que en un primer momento fueron considerados para ampliar la denuncia contra la tercera interesada Betty Maritza Mendoza Miranda -madre de la víctima ahora tercera interesada-, a efectos de determinar si su accionar se adecuó o no, a las características propias del tipo penal, para finalmente establecer el motivo por el cual dichos elementos de convicción, eran insuficientes para demostrar la probable comisión del hecho que le fue atribuido; 2) Si bien es cierto que a través de la entrevista de la víctima en la Cámara Gesell, se tiene que contó a su madre que su agresor le había tocado, lo cual conlleva a que la ahora tercera interesada subsuma su conducta en el delito de encubrimiento, ya que decidió no denunciar el hecho; empero, dicho comportamiento no permite establecer que la denunciada haya tenido pleno conocimiento del ilícito cometido por su agresor, puesto que en octubre de 2021, que es la fecha en que ocurrió por tercera vez el hecho de abuso sexual, la tercera interesada no se encontraba presente al interior del domicilio de la víctima; y si bien, le informaron del hecho, no es menos cierto que fue por su hermana y sus padres, de modo que no se advierte de manera objetiva que haya tenido conocimiento pleno del ilícito en el cual fue sometida la víctima menor de edad por parte de su agresor, para luego ayudar a eludir u omitir denunciar, tomando en cuenta que de la declaración testifical de Javier Mendoza González y Felicidad Miranda, los mismos tomaron conocimiento del hecho de abuso sexual después que los familiares paternos de la adolescente, presentaran la denuncia; más aún, cuando dentro del caso se tiene identificado al autor, quien además ya se encuentra con una sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual; por lo que, la accionante pretende inducir en error; 3) La impetrante de tutela, señala que se vulneró el derecho al debido proceso en su elemento valoración razonable de la prueba; sin embargo, para que el mismo sea perceptible debe acreditar la relevancia de la prueba denegada, para que la jurisdicción constitucional pueda conocer y considerar la misma; y, 4) Se consideró el interés superior de la víctima adolescente, ya que dentro del proceso penal iniciado contra su agresor -Juan Carlos Nina Sandoval- se adoptó las medidas especiales de protección a su favor, para garantizar la protección del interés superior de la niña, niño y adolescente; motivo por el cual solicita se deniegue la tutela impetrada. Verónica Beatris Miranda Huanca, Fiscal de Materia codemandada, no presentó informe ni compareció a la audiencia tutelar; no obstante, de la revisión del legajo constitucional se advierte que no fue incluida en el Auto de Admisión de 1 de abril de 2024 (fs. 65), lo que derivó en su falta de notificación legal respecto a la presente acción tutelar, pese a que -la misma- fue identificada como autoridad codemandada por la parte impetrante de tutela (fs. 49 a 55 vta.; y, 63 a 64 vta.).
Betty Maritza Mendoza Miranda a través de su abogado, en audiencia señaló que: i) Se inició un proceso penal contra su pareja, ya que la conflictividad inició en febrero de 2017, donde se producen agresiones y producto de ellas, la hija mayor de las tres menores de edad, pasó a custodia de quien es el agresor de la ahora tercera interesada y se generó este proceso; ii) Existe una diferencia diametral entre el encubrimiento y la omisión de denuncia, son dos tipos penales totalmente diferentes, uno, previsto por el art. 171 del CP y el otro, por el art. 178 del mismo Código sustantivo, cuya descripción es clara y el imputado sometido a proceso fue sancionado con una pena menor por la defensa que se desplegó, pero además no recurrió la misma a ninguna forma de impugnación o apelación de esa sentencia, porque se tiene conocimiento del nuevo paradigma de protección de los derechos de los menores; en consecuencia, no existe algún elemento que vincule a la supuesta vulneración de los derechos de la parte accionante, ya que el Ministerio Público emitió una resolución fundamentada; iii) Existe un error de apreciación, en cuanto a la tipología y lo que significa realmente la fundamentación, asimismo, el núcleo disfuncional de la familia, ya que se tienen dos niñas menores de edad, de nueve (9) y seis (6) años de edad, al cuidado de su madre -ahora tercera interesada-, ese aspecto también debe ser analizado en esta acción tutelar, ya que están a días de someter al padre biológico de la víctima menor de edad, a una audiencia de medidas cautelares que pretende hacer valer dentro de un proceso penal; en consecuencia, se debe comprender que como tercera interesada, teme ser la más perjudicada por la determinación que asuma la Sala Constitucional; en ese entendido, no existe vulneración alguna, ya que se confunde el encubrimiento con la omisión de denuncia; por lo que, pide se declare improcedente la presente acción de amparo constitucional; y, iv) Por último, manifiesta que en comunicación vía teléfono, cuando volvió de un viaje -la tercera interesada-, su hija -víctima menor de edad- solicitó la cancelación de un monto de dinero por el viaje realizado y ante la negativa, empezó a llorar y le dijo “…tu sabías que Juan Carlos me ha tocado…” (sic), luego insistió con la solicitud de dinero; y desde ese momento, nunca más tuvieron contacto; asimismo, señala que lo único que pidió es asistencia familiar al padre biológico de sus tres hijas; sin embargo, a causa de esa solicitud fue violentada en todo el proceso.
La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, por Resolución 111/2024 de 10 de abril, cursante de fs. 77 a 80, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución FDLP/WEAL/R-2179/2023, debiendo emitir una nueva en su reemplazo, en consideración a los argumentos del fallo constitucional, dentro del plazo de tres (3) días posteriores a su notificación formal, bajo los siguientes fundamentos: i) La referida resolución no tuvo presente los medios probatorios sobre la situación de la tercera interesada y la adecuación de su conducta al tipo penal correspondiente; pero se debe tener en cuenta la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que establece el deber de valorar cada una de la pruebas y ampliar en caso de ser necesario, la investigación, cuando se encuentren nuevos elementos que concurran al respecto; además, otorgar un valor a cada uno de ellos y fundar cuál sería su relación y motivación respecto al hecho; en caso que el Ministerio Público no realice el trabajo intelectivo, incurren en arbitrariedad emitiendo una decisión sin motivación o con una motivación arbitraria o insuficiente; esta última, trae consigo errores que reflejan la falta de coherencia en el fallo y la ausencia de la exhaustiva y minuciosa valoración, que se deben realizar a cada uno de los medios de prueba; en el presente caso, la resolución que está en análisis, a pesar de haber tenido presente aquel medio investigativo referido al desdoblamiento de la transcripción del contenido del audio en un “CD marca YOMICO”, el mismo no se pudo establecer en la Resolución Fiscal ahora impugnada, donde se evidenciaría la intervención de terceras personas que no hubieran sido consideradas, y que a criterio del Ministerio Público no afectaría la decisión principal, pues este aspecto no alcanzaría la trascendencia constitucional para emitir un nuevo fallo; sin embargo, el protocolo de aplicación de la normativa con perspectiva de género debe ser aplicado siempre en favor del menor de edad y más aún si es mujer; y, ii) Se evidencia una valoración, fundamentación o motivación insuficiente en la referida Resolución Fiscal Departamental, ya que no se habría tomado en cuenta el principal elemento probatorio que dio pie a la Resolución de Rechazo de Denuncia V.B.M.H. 54/2023; en ese entendido, siendo que la fundamentación y la motivación de las resoluciones están relacionadas con el principio de congruencia de forma directa; y, no habiéndose cumplido con este acápite al momento de emitir la Resolución Fiscal Departamental ahora cuestionada, se evidencia que el Fiscal Departamental demandado vulneró el derecho al debido proceso.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta la Resolución de Rechazo de Denuncia V.B.M.H. 54/2023 de 31 de mayo, el Fiscal de Materia ahora demandado, resolvió lo siguiente:
Por lo expuesto se dispone el RECHAZO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DENUNCIA formulada por LIDIA MEDINA AMESTOY en contra de BETTY MARTIZA MENDOZA MIRANDA por la presunta comisión del delito de ENCUBRIMIENTO previsto en el Art. 171 con relación al Art. 312 del Código Penal, en conformidad a lo previsto por los Arts. 72, 301, num 3), 304 núm 1) del Código de Procedimiento Penal y 5, 40 num 11) de la Ley Orgánica del Ministerio Público (sic [fs. 6 a 9 vta.]). II.2. Cursa Resolución FDLP/WEAL/R-2179/2023 de 20 de septiembre, a través de la cual el Fiscal Departamental de La Paz ahora demandado, resolvió:
1. RATIFICAR la Resolución de Rechazo de Denuncia - V.B.M.H. N° 54/2023 de 31 de mayo de 2023, dictada por la Fiscal de Materia Verónica Beatris Miranda Huanca a favor de Betty Maritza Mendoza Miranda, por la presunta comisión del hecho adecuado al tipo penal de Encubrimiento respecto al delito de Abuso Sexual, previsto y sancionado por el Art. 171 con relación al Art. 312 del Código Penal, disponiendo en consecuencia el Archivo de Obrados (sic [fs. 3 a 5]). II.3. Por Sentencia 13/2024 de 15 de febrero, emitida por el Juez de Sentencia Penal contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Lidia Medina Amestoy -ahora accionante- contra Juan Carlos Nina Sandoval, por la presunta comisión del delito de encubrimiento previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP), se resolvió:
“…POR TANTO: (…) FALLA declarando al acusado JUAN CARLOS NINA SANDOVAL, mayor de edad, hábil por derecho (…) y demás datos personales que constan en su declaración, CULPABLE de la comisión del delito de ABUSO SEXUAL tipificado y sancionado por el art. 312 del Código Penal con agravante por tratarse de Niña, Niño y Adolescente, Y SE LE IMPONE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE 10 (DIEZ) AÑOS de privación de libertad a cumplirse en el Recinto Penitenciario de San Pedro de la Ciudad de La Paz; más costas, daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia.” (sic [fs. 10 a 48]).
La parte accionante denuncia la lesión de los derechos a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia y exhaustividad en los fallos, así como los principios de seguridad jurídica, legalidad, y valoración legal y razonable de la prueba; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia suya contra Betty Maritza Mendoza Miranda -ahora tercera interesada-, por la presunta comisión del delito de encubrimiento de abuso sexual, el Fiscal Departamental de La Paz ahora demandado, emitió la Resolución FDLP/WEAL/R-2179/2023 de 20 de septiembre, que ratificó la Resolución de Rechazo de Denuncia V.B.M.H. 54/2023 de 31 de mayo, dictada por la Fiscal de Materia ahora también demandada; toda vez que, valoró incorrectamente la declaración de la víctima menor de edad en la Cámara Gesell, donde señaló que puso en conocimiento de su madre -ahora tercera interesada- lo sucedido; sin embargo, la misma omitió denunciar el hecho estando obligada a hacerlo, situación que adecúa su conducta al tipo penal de encubrimiento. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán las siguientes temáticas: 1) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; 1.ii) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación de art. 398 del Código de Procedimiento Penal; 2) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; 3) La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales: 3.a) El enfoque interseccional; 3.b) El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres; 4) Los requisitos para la aplicación de la detención preventiva desde una perspectiva de género en delitos de violencia sexual: La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener la probabilidad de la autoría o la participación en un hecho punible; y, 5) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por la SCP 0349/2018-S2 y la SCP 0353/2018-S2, ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
(…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.
la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia 9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, precedida por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla (resaltado añadido). Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva. Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los 13El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por la SCP 0025/2018-S2 de 28 de febrero, la SCP 0238/2018-S2 de 11 de junio, la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, a partir de una sistematización de la jurisprudencia constitucional, desarrolló el siguiente razonamiento: El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece 14El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela”.
15El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”.
que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún 16El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”. 17El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”. 18El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.
caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
Al respecto el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, desarrolló un razonamiento amplio que se describe a continuación y que además fue reiterado por distintas Sentencias Constitucionales Plurinacionales entre las cuales se encuentran la SCP 0187/2020- S1 de 28 de julio y la SCP 0478/2021 S1 de 24 de septiembre:
El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación. El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentos tanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales.
Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), utilizaron el enfoque interseccional, cuando se presentaron varios factores de discriminación. Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”. La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que:
La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres. Por otra parte la Corte IDH, en el Caso Gónzalez y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad, indicando:
408. (…) el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable.
409. En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas.
En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres. También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre:
139. Al respecto, el Tribunal considera que dentro de la prohibición de discriminación por orientación sexual se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de la homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente esencial de identidad de la persona, no era razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia. No se puede considerar como “reprochable o reprobable jurídicamente”, bajo ninguna circunstancia, que la señora Atala haya tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se encontró probado un daño que haya perjudicado a las tres niñas.
140. En consecuencia, la Corte considera que exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción “tradicional” sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Por tanto, la Corte considera que bajo esta motivación del supuesto privilegio de los intereses personales de la señora Atala tampoco se cumplía con el objetivo de proteger el interés superior de las tres niñas.
El enfoque interseccional antes descrito, debe ser utilizado en el presente caso, considerando por una parte, que la víctima es una mujer víctima de violencia sexual; y por otra, es una adolescente. Este enfoque, permitirá comprender de mejor manera la situación de vulnerabilidad de la misma, así como identificar los criterios reforzados de protección contenidos tanto en nuestra Constitución Política del Estado como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos respecto a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, conforme se desarrollará en el siguiente punto.
El art. 60 de la CPE, sostiene que:
Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, entre otros.
Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito.
Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH, que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro.
Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad.
La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos 22Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005. 23Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. 24Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”.
Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”
reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”. En esta misma línea, la referida Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez, que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección. A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4 del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas. Descritas las normas internas e internacionales sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, cabe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a violencia contra niñas y adolescentes. Así, el art. 15 de la CPE, señala:
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. (…)
II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.
III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…), tanto en el ámbito público como privado (las negrillas son nuestras).
De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer, sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos. En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención Belém Do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable. Ahora bien, entre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que es una de las más relevantes en temas de violencia; afirmándose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La Recomendación también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En la misma Recomendación, el Comité de la CEDAW señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención antes referida. El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Asimismo, la Decisión del Comité de la CEDAW, en el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011- basado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual.
El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que las niñas cuenten con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, tomando en cuenta su situación e interés superior. Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte IDH, al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-, sostiene en el párrafo 133, que:
…en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de “los y las niñas a (…) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto”. El Tribunal ha indicado, asimismo, que “…la adopción de tales medidas […] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña pertenece”. Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”. En ese sentido, “han de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos”. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7.
En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros de carácter social como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos.
En el marco de dichas normas internacionales, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece:
I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…)
IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas).
El art. 15 de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999-, indica:
La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, además de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: (…)
10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias;
11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de aceptación de la víctima este debe realizarse en presencia de su defensor (…). En esta misma línea, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- con el objeto de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia; en ella se indica, que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, las integridades física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia. De la misma manera, la referida Ley implementó el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), con el fin de garantizar a las mujeres, una vida digna en el ejercicio de sus derechos; de igual forma, modificó los artículos referentes a delitos que atentan la libertad sexual, contenidos en el Código Penal. El art. 6.1 de la citada Ley, conceptualiza la violencia como: “…cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer”.
Por lo que, si dicha conducta omisiva o de abstención, causare sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona, constituiría un acto de violencia, lo cual, puede darse en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, incluidos el educativo y judicial. Dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, se visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia contra las mujeres:
ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL).
I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.
La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones nacionales e internacionales, define como tareas específicas, coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en el nivel central del Estado como en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. En este entendido, el art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, establece que en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos. Conforme a lo anotado, si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente. En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar.
punible
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, reiterada por la SCP 0626/2019-S2 de 1 de agosto, entre otras, desarrolló el siguiente entendimiento:
Toda privación de libertad, debe cumplir con los requisitos formales y materiales; respecto a los primeros, la restricción del derecho a la libertad solo será válida si se respetan las formas establecidas por ley, es decir, si el mandamiento emana de autoridad competente y es emitido por escrito, salvo el caso de flagrancia. Con relación al requisito material, la privación de libertad solo será válida por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley. En ese sentido, para la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, el juez debe partir de la consideración que las medidas cautelares de carácter personal no equivalen a una sentencia condenatoria ni pueden ser confundidas con penas, sino, son simples cautelas que pueden dictarse con carácter excepcional, preventivo pero no sancionatorio, cuando se reúnan de manera estricta los requisitos fácticos o jurídicos señalados por la ley para el efecto y resulten indispensables para alcanzar la finalidad que con ella se persigue, como es, la comparecencia del imputado al proceso. Ahora bien, para la aplicación de la restricción excepcional del derecho a la libertad personal del imputado en calidad de detenido preventivo, en nuestro ordenamiento jurídico se establece, que deben concurrir de manera simultánea los dos requisitos previstos en los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP, referidos a la probabilidad de la participación del imputado y los peligros de fuga u obstaculización. En ese sentido, la medida cautelar de detención preventiva que importa la afectación del derecho a la libertad del imputado, debe ser dispuesta por la autoridad judicial competente, previa verificación de requisitos establecidos por ley, con la indispensable justificación de su necesidad y finalidad. Al efecto, estas condiciones están establecidas en nuestra norma procesal penal, específicamente en el art. 233 del CPP, que recoge estas exigencias, al señalar que realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible. 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. La consideración del primer requisito debe responder a la existencia de evidencia física y material, que genere un mínimo de credibilidad que permita al juez, inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, lo cual impide que la autoridad judicial funde su determinación en presunciones. Sin embargo, con relación a la concurrencia de este primer elemento, referido a la probabilidad de autoría o participación en un hecho punible, en delitos contra la libertad sexual, debe tomarse en cuenta, que el proceso argumentativo adquiere otra connotación; puesto que, debe ajustarse a los estándares de protección normativa y jurisprudencial internacional y nacional generada con relación al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, específicamente de la violencia sexual, que exige en delitos como los de abuso sexual, aplicar una perspectiva de género, en sujeción a los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, como la observancia al principio de igualdad y consecuente prohibición de prácticas discriminatorias negativas contra las mujeres; debiendo tomarse en consideración, que la argumentación fáctica en estos supuestos, sea en la determinación de los hechos como en la valoración de la prueba, resulta más compleja, pues, es donde se manifiesta en mayor medida el sesgo de género; consecuentemente, el juez está obligado a tener una perspectiva de género, considerando la discriminación y violencia estructural hacia las mujeres, pero también, efectuando un análisis de la situación concreta de la víctima. Asimismo, la valoración de los elementos indiciarios debe ser efectuada en el marco del principio de igualdad, verificando que no exista un análisis o tratamiento discriminatorio, pero además, considerando en todo momento los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así, es importante mencionar que la Corte IDH, en el Caso Fernández Ortega y otros vs. México, en la Sentencia de 30 de agosto de 2010, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, señaló que la violación sexual es un tipo particular de agresión, que en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas, más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar que dentro de un proceso penal de este tipo, se presenten pruebas gráficas o documentales, y por ello, la declaración de la víctima se constituye en una prueba fundamental sobre los hechos; en se sentido, corresponde también mencionar al Caso Espinoza Gonzales vs. Perú, en la Sentencia de 20 de noviembre de 2014, sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la cual señaló que la declaración de la víctima, se constituye en una prueba fundamental, tratándose de violaciones sexuales, y que la mujeres como una violación a los derechos humanos, tendiente a erradicar la reproducción de distintos tipos de patrones de discriminación en su contra. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable.
De igual modo, la Decisión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en el Caso LC vs. Perú -octubre 2011-, resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas; por cuanto, el CEDAW además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres mayores víctimas de violencia sexual.
32 El reconocimiento formal de la igualdad de la mujer fue extenso, así desde la perspectiva interna, el nuevo diseño constitucional, establece como uno de sus pilares fundamentales el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Este principio está previsto además, como valor del Estado en el art. 9.II de la CPE, lo que significa que -como principio y valor es transversal a todo el conjunto de disposiciones e instituciones constitucionales y del ordenamiento jurídico en su conjunto.
Por otra parte, el art. 14.I y II de la CPE, consagra los principios de igualdad y no discriminación, en los siguientes términos:
“I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna” (las negrillas son nuestras); reconocimiento que correlaciona con la prohibición y sanción de las prácticas discriminatorias en los términos siguientes:
II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras [categorías sospechosas] que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona” (las negrillas y lo señalado entre corchetes son añadidos).
33 Párrafo 89. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf> falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima. Dicho entendimiento jurisprudencial de la Corte IDH, es coherente con lo dispuesto en el art. 193.c. del CNNA, que sobre la base del principio de presunción de verdad, señala que: “Para asegurar el descubrimiento de la vedad, todas las autoridades del sistema judicial deberán considerar el testimonio de una niña, niño o adolescente como cierto, en tanto no se desvirtúe objetivamente el mismo”. En ese sentido, la Corte IDH en el referido Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú, estableció que en las violaciones sexuales, la falta de evidencia médica no disminuye ni anula la declaración de la víctima. Concretamente, en su párrafo 153, señaló: 153. En el mismo sentido, en casos donde se alegue agresiones sexuales, la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima. En tales casos, no necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de violencia o violación sexual en un examen médico, ya que no todos los casos de violencia y/o violación sexual ocasionan lesiones físicas o enfermedades verificables a través de dichos exámenes. Asimismo, la Corte IDH, estableció que las posibles inconsistencias internas en la declaración de la víctima de violencia sexual -más aún, si es una niña, niño o adolescente- producidas por la expresión, uso del lenguaje, traducción, intervención de terceros, no resultan sustanciales, por cuanto, no es infrecuente que respecto de hechos de esta naturaleza puedan existir algunas imprecisiones. Así, los desacuerdos intrasujeto; es decir, las contradicciones de la persona víctima de violencia sexual, no pueden reducirse a la conclusión que la víctima hubiere mentido, sino, que deben ser valoradas conforme a la naturaleza del hecho. En ese sentido, en la valoración de la prueba de los hechos, en asuntos de violencia sexual, las declaraciones de la víctima, se constituyen en una prueba fundamental; y en el caso de las medidas cautelares, en una prueba indiciaria esencial para la acreditación del art. 233.1 del CPP; por cuanto, prueban la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible o en palabras de la Corte IDH, la existencia de: “…indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga”
La consideración del requisito contenido en el art. 233.1 del CPP, es la primera actividad que debe desarrollar el juez en la audiencia de consideración de medidas cautelares para la aplicación de la detención preventiva, escuchando al efecto, el argumento del fiscal y someterlo al contradictorio para determinar, si en el caso concreto, concurre este primer requisito, pues solo cuando esto sucede, se puede pasar al análisis del segundo. De igual modo, la previsión del numeral 1 del art. 233 del CPP, debe ser interpretada y comprendida conforme a la Constitución Política del Estado, en concreto, de acuerdo a la garantía de la presunción de inocencia; habida cuenta que, la imputación formal no constituye base para determinar la culpabilidad o la inocencia del sujeto; por lo tanto, a más que la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, surja de la acreditación de una presunta participación o autoría, dicho concepto -probable autoría o participación-, debe emerger de una valoración armónica e integral de los elementos de juicio que sean objetivos y concretos; siendo uno de ellos, la declaración de la víctima en delitos de violencia sexual, en el marco de los estándares establecidos por la Corte IDH.
La parte accionante denuncia la lesión de los derechos a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia y exhaustividad en los fallos, así como los principios de seguridad jurídica, legalidad, y valoración legal y razonable de la prueba; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia suya contra Betty Maritza Mendoza Miranda -ahora tercera interesada-, por la presunta comisión del delito de encubrimiento de abuso sexual, el Fiscal Departamental de La Paz ahora demandado, emitió la Resolución FDLP/WEAL/R-2179/2023 de 20 de septiembre, que ratificó la Resolución de Rechazo de Denuncia V.B.M.H. 54/2023 de 31 de mayo, dictada por la Fiscal de Materia ahora también demandada; toda vez que, valoró incorrectamente la declaración de la víctima menor de edad en la Cámara Gesell, donde señaló que puso en conocimiento de su madre -ahora tercera interesada- lo sucedido; sin embargo, la misma omitió denunciar el hecho estando obligada a hacerlo, situación que adecúa su conducta al tipo penal de encubrimiento. De la revisión de los antecedentes que cursan en el legajo constitucional, se tiene que la Fiscal de Materia ahora demandada, determinó que tomando en cuenta los antecedentes de la denuncia, la declaración de los testigos de cargo y de descargo, así como el análisis del cuaderno de investigación, no se estableció de manera objetiva la adecuación de la conducta de Betty Maritza Mendoza Miranda, al delito de encubrimiento previsto y sancionado por el art. 171 en relación al art. 312 del CP; por lo que, dictó la Resolución de Rechazo de Denuncia V.B.M.H. 54/2023 (Conclusión II.1); sin embargo, conforme el art. 305 del CPP, el Fiscal Departamental de La Paz -ahora demandado-, en conocimiento de la objeción de rechazo de denuncia planteada por la parte accionante, previo el análisis correspondiente, emitió la Resolución FDLP/WEAL/R-2179/2023, ratificando la señalada Resolución de Rechazo de Denuncia V.B.M.H. 54/2023, ordenando el archivo de obrados (Conclusión II.2). Explicados los antecedentes del presente caso, de forma previa a abordar el particular, se hace pertinente tomar en cuenta los antecedentes que fueron remitidos a la jurisdicción constitucional en grado de revisión; éstos dan cuenta de que, la ahora accionante presentó su acción de amparo constitucional contra el Fiscal Departamental y la Fiscal de Materia asignada a la causa, ambos de la Fiscalía Departamental de La Paz; sin embargo, conforme a los antecedentes se advierte que la Resolución FDLP/WEAL/R-2179/2023, emitida por el Fiscal Departamental ahora demandado, llega a ser el acto que según la impetrante de tutela, lesiona sus derechos. En ese contexto, si bien la parte impetrante de tutela presentó argumentos con el objeto de demostrar tal circunstancia, señalando que la Resolución de Rechazo de Denuncia V.B.M.H. 54/2023, desacreditó la declaración de la víctima menor de edad en la Cámara Gesell, lo cual se repitió en alzada ante el Fiscal Departamental ahora demandado; la misma no será analizada en el fondo, ya que la parte peticionante de tutela, únicamente solicitó se deje sin efecto la Resolución FDLP/WEAL/R-2179/2023, emitida por el Fiscal Departamental ahora demandado; y en consecuencia, se emita una nueva resolución que refleje el interés superior de la niña, niño y adolescente. En ese entendido, los fundamentos y motivos a desarrollarse en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se circunscribirán únicamente a los extremos atinentes a la última resolución jerárquica mencionada. Bajo ese contexto, la parte accionante, refiere que el Fiscal Departamental de La Paz -ahora demandado-, al emitir la Resolución FDLP/WEAL/R-2179/2023, valoró de forma incorrecta la declaración de la víctima menor de edad en Cámara Gesell, donde señaló que puso en conocimiento de Betty Maritza Mendoza Miranda -madre de la menor de edad, ahora tercera interesada- lo sucedido; sin embargo, la misma omitió denunciar el hecho estando obligada a hacerlo, situación que adecúa su conducta al tipo penal de encubrimiento respecto al delito de abuso sexual. Ante esa denuncia, corresponde remitirnos a la Resolución FDLP/WEAL/R-2179/2023, emitida por la autoridad fiscal ahora demandada, en relación al actuado investigativo referido, de lo cual se tiene lo siguiente:
“II.3. Análisis del Caso Concreto (…)
…del Memorial de solicitud de Ampliación de la Investigación de fecha 04 de enero de 2023 y Subsana de fecha 11 de enero de 2023 presentado por Lidia Medina Amestoy en representación y resguardo de los derechos de la adolescente O.A.H.M la misma infirió que la progenitora de la adolescente, Betty Maritza Mendoza Miranda emitió denunciar el hecho de Abuso Sexual en la cual se encuentra como víctima su nieta O.A.H.M. quien en 3 oportunidades le había comunicado los hechos de agresión sexual a la cual fue sometida por su agresor Juan Carlos Nina Sandoval, quien sería la actual pareja de su progenitora (véase fs. 294 a 296 y 304 a 305); en mérito de ello y en aplicación al Art. 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en atención a que la parte objetante arguyó que no se valoraron en su integridad los elementos cursantes en obrados; corresponde realizar una valoración integra de los elementos cursante en el cuaderno de investigación, como ser: el informe Psicológico de agosto de 2022, TE: SMEDS/DDM/DNA ESP-11/NO. 041/2022 de fecha 05 emitido por el Lic. Norman Oliden Vásquez - Psicológico de la DNA Especializada Penales del G.A.M.L.P. valoración realizada a la adolescente O.A.H.M. quien en su parte pertinente relato textualmente ‘(…) al día siguiente yo le conté lo que paso a mi mamá, simplemente me abrazo y me dijo que se iba a alejar de él, durante ese tiempo él estaba en el departamento y nosotras en la casa de mis abuelos luego de eso volvieron a convivir y seguían igual (…) mi mamá nunca denunció ni hizo nada aunque le haya contado (…) Pregunta. ¿Le contaste a alguien más esto que te paso?. Respuesta. Solo a mi mamá a mi tía y a mi abuelita, pero ellos no hicieron nada (…)’ (véase fs. 8 a 11); el Informe de Desdoblamiento de Transcripción de Audio emitido por el Sgto. 1ro. Wilfredo Laura Mamani – Investigador Especial, Escena del Crimen de la FELCV, correspondiente a la conversación entre la sindicada Betty Maritza Mendoza Miranda y la adolescente O.A.H.M. entrevista en la que O.A.H.M. le menciona a su progenitora que le habría comentado que en octubre de 2021 les confesó que su padrastro Juan Carlos Nina Sandoval le habría tocado tres veces; situación que, es negada por la progenitora Betty Maritza Mendoza Miranda (véase fs. 55 a 74); el Informe de Entrevista Psicológica de fecha 31 de agosto de 2022 expedido por el Lic. Abraham Choque Mamani – Psicólogo del SLIM, correspondiente a la Entrevista en Cámara Gesell de la adolescente O.A.H.M. en la cual manifestó que: ‘(…) la tercera ocasión ha pasado el año pasado por octubre era el 2 o el 1 (…) el llego (refiriéndose a su padrastro Juan Carlos Nina Sandoval) luego nos sirvió comida y se volvió a ir (…) a las 6 o 5 entró a mi cuarto, yo estaba con una laptop y el me empieza a abrazar, se sienta a mi lado y me empieza a preguntar si yo lo quería como un amigo o como mi papá, me empezó a agarrar de un pecho y me empezó a besar el cuello, yo lo único que hice fue pararlo con mis manos y le dije que se vaya (…) debió ser las 10 de la noche y junto con mi abuelo, mi abuela, mi tía yo les había comentado todo lo que había pasado, las tres veces que él me había tocado y me empezaron a culpar, porque yo nunca les había contado, lo que más hicieron es atacarme. A la mañana siguiente yo le conté a mi mamá, ella me dijo que se iba a alejar de él y que yo esté tranquila. Luego de una semana o unos cinco días ellos dos habían vuelto (…) Pregunta- Si tienes algo más que decir, lo puedes hacer tal vez, Respuesta. Quizás aclarar que mi familia materna si sabía que él me había tocado y no es como ellos dicen que yo nunca, en ningún momento les dije. Pregunta. Cuando se los dijiste? Respuesta. De la tercera ocasión se los dije el mismo día a mi tía y a mi abuelo. Pregunta. Que se llama tu tía? Respuesta. Lizet. Pregunta. Lizet ¿a quién más? Respuesta. A mi abuela que se llama Felicia, a mi abuelo que se llama Javier y al día siguiente se lo comenté a mi mamá (..)’ (véase fs. 117 a 125); Elementos indiciarios que, si bien en un primer momento se consideraron indicios a efectos de ampliar la denuncia contra Betty Maritza Mendoza Miranda por el delito de Encubrimiento; de ahí que, es preciso manifestar que el ilícito de Encubrimiento, concurre cuando el sujeto activo a momento de desplegar su conducta adecua a los verbos rectores de ayudare, a eludir u omitir denunciar, en ese entendido el sujeto activo deberá de alguna forma accionar a fin de ocultar o colaborar a que el autor principal del determinado delito evada su responsabilidad; aspecto que, en autos no ocurre; si bien es cierto que a través de la Entrevista en Cámara Gesell de la adolescente O.A.H.M. la misma relato que: ‘(…) mi tía ha subido, yo en ese momento a ella se lo conté, le dije lo que había pasado y me dijo que lo íbamos a aclarar junto con mis abuelos (…) a las diez de la noche junto con mi abuelo, mi abuela, mi tía, yo les había comentado todo lo que había pasado, las tres veces que él había llegado a tocar y me empezaron a culpar (…) a la mañana siguiente, yo le conté a mi mama y ella mi dijo que se iba alejar de él y que yo esté tranquila. Luego de una semana o unos cinco días, ellos dos habían vuelto (…)’; motivo por el cual, conllevaría a que la denunciada subsumiría su accionar al delito de Encubrimiento, ya que decidió no denunciar el hecho; empero, dicho comportamiento desplegado por la denunciada no permite establecer que la denunciada haya tenido pleno conocimiento del ilícito en la cual fue sometida la víctima por parte de su agresor para luego ayudar, eludir u omitiere denunciar; puesto a que, el mes de octubre de 2021 (fecha en que ocurrido por tercera vez el hecho de Abuso Sexual) la sindicada no se encontraba presente en el interior del domicilio de la víctima; y si bien la misma tuvo conocimiento sobre el abuso sexual, en la cual fue sometida su hija; no es menos cierto que fue por información de sus familiares entre ellos su hermana Lizeth Jheraldine Mendoza Miranda y sus padres Javier Mendoza Goinzales y Felicia Miranda; de ahí que, no se cuenta con suficientes elementos de convicción que permiten demostrar que Betty Maritza Mendoza Miranda haya obstruido la justicia o hubiera colaborado al hoy acusado Juan Carlos Nina Sandoval a efectos de que eluda la justicia sin compromiso previo; en consecuencia, se debe tener presente que el tipo de Encubrimiento tiene como fin precautelar la función judicial -bien jurídicamente protegido que no se ve vulnerado-; siendo que, el hecho ya fue denunciado por la familia paterna de la adolescente O.A.H.M. dentro del presente caso -objeto de revisión-; de ahí que, los elementos de convicción descritos precedentemente resultan insuficientes para acreditar que la conducta desplegada por Betty Maritza Mendoza Miranda se adecua al tipo penal de Encubrimiento con relación al delito de Abuso Sexual; por lo cual, en base a todos los elementos descritos en líneas ut supra, resulta viable convalidar la determinación asumida por la Dirección Funcional de la Investigación” (sic [Conclusión II.2]).
De lo descrito precedentemente, en principio se verifica que el Fiscal Departamental ahora demandado, seleccionó los elementos de prueba, que le sirvieron para determinar si los hechos investigados se produjeron y si la encausada tuvo participación en ellos; situación que se advierte, en el punto “II.3. Análisis del Caso Concreto” (sic); de igual forma, se verifica que el análisis realizado, por la señalada autoridad Fiscal ahora demandada consideró y valoró el Informe de Entrevista Psicológica de 31 de agosto de 2022, expedido por Abraham Choque Mamani, “Psicólogo del SLIM”, el mismo que corresponde a la entrevista de la menor de edad víctima de violencia sexual, realizada en la Cámara Gesell, y que según la denuncia de la parte accionante, sería el elemento de prueba valorado de forma incorrecta en la Resolución FDLP/WEAL/R-2179/2023. En este contexto, se observa que el Fiscal Departamental ahora demandado, valoró el Informe de Entrevista Psicológica de 31 de agosto de 2022, el cual contiene la declaración de la víctima; no obstante, lo hizo sin una adecuada fundamentación y motivación, basándose en argumentos retóricos; dado que en primera instancia le otorgó valor probatorio a la declaración de la víctima menor de edad, señalando que ésta fue la causa para ampliar la denuncia por encubrimiento contra la tercera interesada, bajo el argumento que “...decidió no denunciar el hecho…” (sic). No obstante, concluyó que la conducta de la acusada “…no permite establecer que tuviera pleno conocimiento del ilícito…” (sic), al no estar presente en el domicilio en octubre de 2021, fecha en que ocurrió el abuso sexual por tercera vez. Esta conclusión a la que arribó la autoridad fiscal demandada, que indica que la encausada no tuvo pleno conocimiento del hecho por estar ausente, no responde al lineamiento de las normas internacionales e internas que protegen a las mujeres víctimas de violencia en razón de género, en especial de violencia sexual, que han sido resumidas en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de este fallo constitucional; pues, sólo si las mismas han sido observadas, el Estado habrá cumplido con sus obligaciones internacionales y se respetarán los derechos de las víctimas; y, en consecuencia, será posible analizar el acto denunciado de ilegal. A todo esto, se suma la referencia al estándar de la debida diligencia que es transversal a todas las etapas del proceso penal desde la investigación, por lo que, en el caso concreto, no corresponde el rechazo de casos de violencia contra la mujer por falta de prueba; más aún cuando en razón a las características del delito y al tratarse de un delito de intimidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) ha generado estándares vinculados a la valoración de la prueba, referida a que la declaración de la víctima es una prueba fundamental del hecho; sin que ello implique que producto de la investigación y nuevos elementos de prueba, se desvirtúe la afirmación de la autoría del hecho imputado; en cuyo marco, corresponde al Ministerio Público, efectuar las tareas investigativas, así como la recolección probatoria, conforme al estándar de la debida diligencia, al tener la obligación de la carga de la prueba; asimismo, se vulneran los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, a su integridad física, psicológica y sexual, y las obligaciones concretas derivadas de la Ley 348 que, como se ha visto, establece que los delitos de violencia contra la mujer son perseguibles de oficio, siendo ésta una garantía de la víctima. Bajo ese entendido, dicha conclusión resulta simplemente retórica y distorsiona la realidad; por cuanto, la valoración de la declaración de una víctima menor de edad en un delito de violencia sexual, bajo un enfoque de género, debe realizarse de manera cuidadosa, sensible y respetuosa, en especial por la situación de vulnerabilidad que atraviesan marcados por dinámicas de poder, violencia de género y patrones de conducta que requieren un tratamiento diferenciado en el ámbito judicial tales como el hecho que la declaración de la víctima menor de edad en delitos de violencia sexual está sujeta a una presunción de veracidad, como lo establece el art. 193 inc. c) del CNNA que aunque ésta no es una prueba absoluta, se debe otorgar especial credibilidad a las declaraciones de las víctimas, particularmente cuando existen indicios de que la declaración es coherente y no ha sido influenciada externamente, reiterándose que su valoración se la debe realizar dentro del contexto de vulnerabilidad en el que se encuentra la víctima, comprendiendo las dificultades que enfrentan para denunciar los hechos, particularmente cuando existe dependencia afectiva o económica. Así en el caso particular, el Fiscal Departamental ahora demandado otorgó un valor probatorio alejado de las normas convencionales y de protección a las víctimas de violencia sexual al Informe de Entrevista Psicológica, ignorando que el conocimiento del abuso por parte de la acusada fue corroborado por la testificación de su hermana y sus padres, quienes afirmaron haberse enterado del abuso sexual posteriormente a la denuncia; donde además, en la declaración de la ahora tercera interesada de 9 de marzo de 2023, ella misma reconoció haber tenido conocimiento del hecho la última semana de julio de 2022, una o dos semanas antes que se presentara la denuncia el 5 de agosto del mismo año. Asimismo, en el Informe de Entrevista Psicológica de 31 de agosto de 2022, la víctima menor de edad declaró en la Cámara Gesell que su familia materna sabía del abuso desde el mismo día en que ocurrió la tercera agresión, y que ella informó a su tía y abuelo, y al día siguiente a su madre -ahora tercera interesada-; lo cual evidencia que se le otorgó al Informe de Entrevista Psicológica un valor probatorio fuera del entendimiento jurisprudencial anotado en el presente fallo constitucional, ya que dicho informe deja claro que la prenombrada tuvo conocimiento cierto del abuso sexual sufrido por su hija y, aun así, presuntamente ayudó a eludir las investigaciones, lo que equivale a omitir denunciar el hecho, a pesar de estar obligada a hacerlo. Esto demuestra la falta de acción por parte de la procesada, quien tenía una posición de garante de la menor de edad. Finalmente, esta situación afecta directamente el fondo del caso, ya que no se consideró adecuadamente el art. 193 inc. c) del CNNA, que otorga presunción de veracidad a las declaraciones de las víctimas menores, aunque esta presunción puede ser desvirtuada objetivamente, cosa que no sucedió en el presente caso. En esa línea, el Ministerio Público tiene la obligación de considerar el citado testimonio como cierto y como una prueba fundamental sobre la cual, debe realizar de oficio las investigaciones correspondientes a efectos de reforzarla con prueba idónea; o en su caso, poder ser desvirtuada con elementos objetivos recabados durante la investigación; máxime, si el Informe de Entrevista Psicológica de 31 de agosto de 2022, que acredita la declaración de la víctima en la Cámara Gesell, confirma su primera declaración plasmada en el Informe Psicológico CITE: SMEDS/DDM/DNA ESP-11/No. 041/2022 de 5 de agosto, emitido por el Lic. Norman Oliden Vásquez – “Psicológico de la DNA Especializada Penales del G.A.M.L.P.” (sic), los cuales, se constituyen en elementos de convicción que corroboran los hechos denunciados y que deben ser investigados para lograr el descubrimiento de la verdad material de los hechos. Consecuentemente, de la revisión de la Resolución FDLP/WEAL/R-2179/2023, emitida por el Fiscal Departamental de La Paz -ahora demandado-, se evidencia que al momento de considerar y valorar el Informe de Entrevista Psicológica de 31 de agosto de 2022, sobre la declaración de la víctima menor de edad realizada en la Cámara Gesell, la misma otorgó un valor diferente al que posee en realidad, desconociendo el principio de verdad material; situación que vulnera el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y valoración legal y razonable de la prueba en la resolución de la causa; en tal sentido, corresponde conceder la tutela solicitada, debiendo en todo caso, ser el motivo principal para dejar sin efecto la Resolución FDLP/WEAL/R-2179/2023. Con relación derechos a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, al debido proceso en sus elementos congruencia y exhaustividad en los fallos, así como los principios de seguridad jurídica y legalidad, la parte accionante no explicó en qué medida y de qué manera se hubieran vulnerado los mismos, por lo que se deniega la tutela al respecto.
En relación a la actuación de los Vocales de la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, se evidencia que, de manera irresponsable y sin fundamento alguno, omitió incluir a la Fiscal de Materia codemandada en el Auto de Admisión de 11 de abril de 2024 (fs. 65), pese a que la misma fue identificada como autoridad codemandada por la ahora impetrante de tutela; en ese entendido, como consecuencia de esta omisión, la referida autoridad no fue debidamente notificada con la presente acción tutelar; por ello, -a los fines que no se repita dicha actuación- corresponde llamar severamente la atención a las autoridades judiciales ahora demandadas. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 111/2024 de 10 de abril, cursante de fs. 77 a 80, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y valoración legal y razonable de la prueba, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Anular la Resolución FDLP/WEAL/R-2179/2023 de 20 de septiembre, pronunciada por el Fiscal Departamental de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la parte accionante contra Betty Maritza Mendoza Miranda -ahora tercera interesada-, por la presunta comisión del delito de encubrimiento de abuso sexual; 3° Disponer que el Fiscal Departamental de La Paz, pronuncie una nueva resolución respecto a la objeción de rechazo planteada, precautelando la presunción de verdad de la declaración de la víctima menor de edad, aunque ésta no se constituye en una prueba absoluta y única para procesar y condenar a la encausada, porque la misma debe ser desvirtuada objetivamente, en el marco de los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 4° DENEGAR la tutela impetrada respecto a los derechos de tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, al debido proceso en sus elementos congruencia y exhaustividad en los fallos, así como los principios de seguridad jurídica y legalidad, conforme a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 5° Llamar severamente la atención a los Vocales de la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz ahora demandados; advirtiéndoles que en caso de realizar similar actuación ulterior, se remitirán antecedentes ante la instancia pertinente, a efectos de ley. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
11 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 12El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.
impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art.
398 del CPP”.
19 ZOTA-BERNAL, Andrea Catalina, Incorporación del análisis interseccional en las sentencias de la Corte IDH sobre grupos vulnerables, su articulación con la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad Nº 9, octubre 2015 – marzo 2016, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Autónoma de Madrid; en cuya nota de pie de la página 73, señala: “Este artículo se centra en la incorporación de la interseccionalidad en el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, no obstante en el ámbito europeo esta emergencia se ha dado en varias etapas: i) a partir del año 2000 mediante la caracterización de las mujeres como sujetos habitualmente discriminados de manera múltiple: recogido en las directivas 43 y 78 del Consejo de laUnión Europea; ii) a partir del año 2013 se analiza la situación de otros sujetos históricamente discriminados de manera múltiple: Resoluciones del Parlamento Europeo del 12 de marzo de 2013 sobre mujeres con discapacidad, del 4 de febrero de 2014 sobre homofobia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y Resolución del 25 de febrero de 2014 sobre violencia de género; y iii) un enfoque más amplio de la discriminación en la Resolución del Parlamento Europeo del 26 de febrero de 2014 al abordar la prostitución y la explotación sexual, como fenómenos vinculados a criterios como el género, la exclusión social, la edad, la pobreza, la vulnerabilidad, la migración , entre otros”. Disponible en: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2803/1534 20Ibídem.
21 Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993.
25 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, párrafo 54: “Tal como se señalara en las discusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante destacar que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos –menores y adultos– y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf 26Convención sobre los Derechos del Niño, art. 4: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención…”.
27 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.
28 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989. 29Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011). 30Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/ninosninas3.pdf
31 La perspectiva de género tiene su fundamento en los derechos humanos; por cuanto, permite materializar el derecho a la igualdad consagrado en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. Cabe señalar que la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, contiene normas específicas para el desarrollo del proceso de violencia, desde la denuncia, pasando por la investigación, la persecución penal y el juicio propiamente dicho; siendo pertinente, hacer referencia a su art. 45, que establece una serie de garantías a las mujeres en situación de violencia, para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, entre ellas, la adopción de decisiones judiciales sin sesgos de género o criterios subjetivos que afecten o entorpezcan la valoración de pruebas y la consiguiente sanción al agresor. Asimismo, cabe señalar que el Estado boliviano, conforme a las obligaciones asumidas de aplicar aquellos instrumentos jurídicos regionales relativos a la violencia contra la mujer integrados al ordenamiento jurídico interno, a partir de su ratificación; en el caso, lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Convención de Belém do Pará- y las recomendaciones y observaciones de su respectivo Comité. En mérito a que este instrumento internacional, se constituye en el primer tratado en la dimensión internacional que reconoce la violencia contra las
34 Párrafo 153. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf>
35 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros vs. México, Párrafos 105 y 106.
36 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 101.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0416_2024-S1.pdf · páginas 1 a 45.
Huella digital del PDF (SHA-256): 90f7438ac3228bfcfcb220baf62de46062b197af1bcad55b6e6ff189bbb00dc0
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