B.IA.LEGAL

SCP 0416/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 11 de mayo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
11 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
47613-2022-96-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; puesto que, la Empresa ahora accionada, a pesar de tener conocimiento de la Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495-2010/SMLV/ 010/2022, emitida por la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión, no cumplió con la reincorporación a su fuente laboral. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución RAC-SCIII 69/2022 de 27 de abril, cursante de fs. 70 a 73, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada de manera provisional, debiendo la Empresa Comercial “24 HS S.R.L.” dar cumplimiento íntegro a lo dispuesto por la Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495-2010/SMLV/ 010/2022 de 21 de enero, en su integridad y sin omitir ninguna de sus determinaciones. 2° DENEGAR la tutela solicitada en cuanto al pago de costas y costos, conforme a lo expuesto en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho al trabajo y a la estabilidad laboral del trabajador y el deber del Estado de proteger el trabajo en todas sus formas
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0416/2023-S3 Sucre, 11 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 47613-2022-96-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución RAC-SCIII 69/2022 de 27 de abril, cursante de fs. 70 a 73, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Inés Vargas García contra Iván Alfredo Arzabe Ascarrunz en representación legal de la Empresa Comercial “24 HS S.R.L.”

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante mediante memorial presentado el 23 de marzo de 2022, cursante de fs. 8 a 12, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Prestó sus servicios laborales en la Empresa ahora accionada desde el 3 de septiembre de 2010, bajo contrato escrito indefinido, en el cargo de Caja y Stock, efectuando tareas propias y permanentes, cumpliendo con las características de una relación de trabajo de dependencia, subordinación, prestación de trabajo por cuenta ajena y remuneración mensual, con un salario de Bs4 583,71 (cuatro mil quinientos ochenta y tres 71/100 bolivianos).-, con un horario de trabajo de lunes a viernes de 9:30 a 15:30 horas y sábados de 8:30 a 15:30 horas. A pesar de desempeñar sus actividades con responsabilidad, eficacia y sin ninguna llamada de atención, fue despedida sin causa justificada o proceso interno alguno; empero, bajo amenaza de iniciarle procesos penales por una supuesta apropiación de dinero de la Empresa hoy accionada el 22 de noviembre de 2021, fue obligada a firmar su carta de renuncia, elaborada por la misma empresa el 22 de noviembre de 2021, alegando ‷motivos de índole personal‴, sin darle la oportunidad de ofrecer explicaciones del error, y de defenderse, constituyéndose en un despido de forma intempestiva, abusiva y sin causa justificada. Ante el hecho descrito, acudió a la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para denunciar su despido injustificado y solicitó su reincorporación laboral. Después de la citación y celebrada la audiencia, dicha Jefatura emitió la Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495-2010/SMLV/ 010/2022 de 21 de enero, por la cual la Empresa ahora accionada fue notificada el 1 de febrero de 2022, y según el informe efectuado por el Inspector del referido Ministerio de Trabajo que pudo advertir que la citada Empresa no dio cumplimiento a la mencionada Conminatoria, a pesar que su cumplimiento es obligatorio a partir de su notificación.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, citando al efecto el art. 46.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) La restitución de sus derechos laborales restringidos, mediante el cumplimiento de la reincorporación inmediata a su fuente laboral en el último cargo que venía desempeñando; b) La cancelación de salarios devengados y todos los beneficios sociales; c) La prohibición de toda clase de acoso laboral y discriminación contra su persona; y d) El pago de costas y costos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 27 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 68 a 69, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogada ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la empresa accionada

Iván Alfredo Arzabe Ascarrunz en representación legal de la Empresa Comercial “24 HS S.R.L.” a través del informe presentado el 11 de abril de 2022, cursante de fs. 59 a 62 vta., manifestó que: 1) En caso de faltantes, cada Cajero o Stockero debe reportar a su inmediato superior el hecho, como parte del procedimiento de la citada Empresa; en ese entendido, al finalizar la tarde del 13 de noviembre de 2021, ocurrió algo insólito, Arnold Angola “vendedor”, realizó el cuadre diario, informe de ventas y entrega del dinero en efectivo a la Cajera María Inés Vargas García -accionante-, de Bs8 000.- (ocho mil bolivianos) “…visto en cámaras de la Empresa…” (sic); sin embargo, la accionante le indicó al vendedor que faltaba Bs1 000.- (un mil bolivianos) para completar el total del efectivo de sus ventas; por lo que debía reponer la indicada suma de dinero mediante depositó hasta el 15 de igual mes y año, incumpliendo el procedimiento para el efecto; 2) Tras la insistencia de la accionante, esa fecha el vendedor le entregó Bs710.-(setecientos diez bolivianos) al Stockero Roger Aguayo y en el transcurso del día efectuó una transferencia bancaria de Bs290 (doscientos noventa bolivianos).- a la cuenta personal de la accionante para completar los Bs1 000.- faltantes; 3) El mismo día, el vendedor, informó al Supervisor Marco Arze, que le faltó Bs1 000.- y por lo que tuvo que reponer de su dinero; empero, revisando las cámaras de la “sucursal”, se pudo evidenciar que la accionante realizó un mal conteo de dinero; por lo que el citado Supervisor informó lo sucedido a Juan Tapia Encargado de Sucursal, quien llamó a una reunión, en la cual la accionante aceptó que tenía en su poder los Bs572,40.- (quinientos setenta y dos 40/100 bolivianos) del dinero entregado en efectivo y los Bs290.- de la transferencia efectuada por el vendedor; 4) En la reunión del 22 de noviembre de 2021, la accionante admitió el incumplimiento de sus funciones y presentó su renuncia al Gerente Comercial y Encargado de Sucursal, en presencia del Auxiliar de Recursos Humanos (RR.HH.) y el Desarrollador Ibraim Hurtado -Representante del Sindicato-; 5) En la audiencia promovida por la accionante en la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se presentaron pruebas que evidenciaron los hechos descritos en líneas precedentes y a solicitud de la nombrada, se hizo el pago de sus beneficios sociales en su cuenta personal, a pesar de apropiarse de dineros que no le correspondían, afectando la economía de otro trabajador “vendedor” y de la referida empresa, producto de la venta en su propio beneficio; 6) Sin embargo de forma maliciosa e irregular efectivizó la devolución en la cuenta de la Empresa que presenta, el pago recibido por beneficios sociales y una nota haciendo conocer ese hecho astuto, alegando que no se cumplió con el debido proceso administrativo interno; y 7) La Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495-2010/SMLV/ 010/2022, irrisoria, y un acto totalmente vulneratorio al debido proceso; puesto que, no valoró objetivamente la prueba aportada por las partes, ni tomó en cuenta las condiciones acordadas en el contrato de trabajo que es ley entre partes, que demuestra que la accionante incurrió en una de las causales de despido previsto por el art. 16 de Ley General del Trabajo (LGT) y el art. 9 de su Reglamento; por lo que no cuenta con la debida fundamentación. Por todo lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución RAC-SCIII 69/2022 de 27 de abril, cursante de fs. 70 a 73, concedió la tutela solicitada, ordenando a la Empresa ahora accionada, cumpla con la Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495-2010/SMLV/ 010/2022, en el plazo de cuarenta y ocho horas de notificada con la Resolución, sin costas por ser excusable; todo ello bajo los siguientes fundamentos: i) Conforme a la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio emitida por la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, no corresponde efectuar examen de la conminatoria de reincorporación laboral, vinculado a la definición de la modalidad de contratos o relación laboral, de existir controversia es la jurisdicción laboral la que definirá al respecto; por lo que, dicha conminatoria de reincorporación laboral en sede administrativa tiene una connotación provisional más no definitiva; ii) En ese entendido, la Empresa hoy accionada está obligada al cumplimiento inmediato de la Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495-2010/SMLV/ 010/2022, aun de formulárselos recursos de revocatoria y jerárquico en sede administrativa, o que se encuentre pendiente de resolución o impugnación judicial, de no ocurrir el cumplimiento de su reincorporación, se abre la vía constitucional para reclamar aquello; iii) El cumplimiento de la citada Conminatoria no implica el desconocimiento de los derechos e intereses de la parte patronal; puesto que, la Empresa ahora accionada, sin perjuicio de la ejecución inmediata de la referida Conminatoria de reincorporación laboral, tiene la facultad de impugnar en sede administrativa o judicial, promoviendo su revisión; y, iv) Los argumentos de la referida Empresa en sede administrativa y en la acción de amparo constitucional, deben ser expuestos a través de los recursos administrativos o en la vía judicial para hacer valer sus derechos.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Nota presentada el 22 de noviembre de 2021, dirigida al Gerente de RR.HH. de la Empresa Comercial “24 HS S.R.L.”; María Inés Vargas García -hoy accionante- presentó su renuncia, por motivos de índole personal, siendo el ultimo día laboral la misma fecha de la presentación de la Nota, asimismo solicitó certificado de trabajo y el pago de beneficios sociales por todo el tiempo trabajado (fs. 25). II.2. Cursa Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495-2010/SMLV/ 010/2022 de 21 de enero, emitida por la Jefa Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por la cual se conminó a la Empresa ahora accionada para que, a través de su representante legal, proceda a la reincorporación laboral de la accionante a su fuente laboral, en el último cargo que venía desempeñando, cancelando el pago de sus salarios devengados y demás beneficios laborales que le correspondan hasta el día de su reincorporación laboral efectiva, en el plazo de tres días improrrogables a partir de su notificación con la citada Conminatoria, prohibiéndose toda clase de acoso laboral y discriminación contra la accionante (fs. 2 a 3). Asimismo, consta el Informe J.D.T. CBBA - SMLV-VR-014/2022 de 10 de febrero, para que el Inspector de la referida Jefatura pudo advertir que la Empresa ahora accionada no dio cumplimiento a la referida Conminatoria de reincorporación laboral (fs. 4 y vta.). con la mencionada Conminatoria se notificó a la referida Empresa el 1 de febrero de 2022 (fs. 6).

II.3. Mediante memorial presentado el 15 de febrero de 2022, ante el Tribunal de Sentencia Penal de turno de Cochabamba; Iván Alfredo Arzabe Ascarrunz en representación legal de la Empresa -ahora accionada- formuló querella y acusación particular contra la accionante, por la presunta comisión de los delitos de abuso de confianza y apropiación indebida (fs. 46 a 57 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; puesto que, la Empresa ahora accionada, a pesar de tener conocimiento de la Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495-2010/SMLV/ 010/2022, emitida por la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión, no cumplió con la reincorporación a su fuente laboral. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El derecho al trabajo y a la estabilidad laboral del trabajador y el deber del Estado de proteger el trabajo en todas sus formas

Por una parte, es preciso señalar que el derecho al trabajo se encuentra consagrado como un derecho fundamental con la denominación derecho al “trabajo digno”, cuyo alcance “comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado” según establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, integrado a la Norma Suprema mediante el bloque de constitucionalidad. En la citada norma constitucional, también se encuentra reconocido el derecho a la estabilidad laboral, como un derecho autónomo con la denominación derecho a una fuente laboral estable; al respecto la jurisprudencia constitucional expresó: “… en definitiva tiende a otorgar un carácter permanente a la relación laboral generando en el trabajador seguridad, paz y confianza para el adecuado desempeño de sus funciones, sin la presión que ejerce sobre la conciencia de la persona de ser despedido de su trabajo arbitrariamente y muchas veces sólo por el capricho de los que ostentan temporalmente el poder o dirección de una entidad laboral; sin que esto implique que el trabajador no cumpla debidamente las obligaciones para las que fue contratado; de donde resulta que en todo Estado de Derecho se busca alcanzar esta meta reafirmando los principios de estabilidad e inamovilidad funcionaria como regla y como excepción el despido justificado; en nuestra legislación laboral por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT, o en su caso en los reglamentos internos de cada entidad laboral”.

En correspondencia con el citado entendimiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte CIDH) en la Sentencia de 31 de agosto de 2017 del Caso Lagos del Campo vs. Perú, a partir de una interpretación progresiva de los derechos económicos y sociales, expresó: “Cabe precisar que la estabilidad laboral no consiste en una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino de respetar este derecho, entre otras medidas, otorgando debidas garantías de protección al trabajador a fin de que, en caso de despido se realice este bajo causas justificadas, lo cual implica que el empleador acredite las razones suficientes para imponer dicha sanción con las debidas garantías, y frente a ello el trabajador pueda recurrir tal decisión ante las autoridades internas, quienes verifiquen que las causales imputadas no sean arbitrarias o contrarias a derecho”. Por otra parte, es necesario también resaltar en la norma constitucional citada, el deber constitucional que le impone al Estado de proteger el trabajo en todas sus formas; asimismo, la resolución de los conflictos de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, en temas de la seguridad industrial y de la seguridad social a través de tribunales y organismos administrativos especializados. En ese marco constitucional, en el ámbito administrativo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tiene la atribución de prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos de las relaciones laborales, conforme establece el art. 86. inc. g) del DS 29894 de 7 de febrero de 2009.

Ahora bien, las normas reglamentarias que regulan las relaciones laborales -DS 28699 de 1 de mayo de 2006 y DS 495, 1 de mayo de 2010-, establecen que en caso de despido injustificado o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, el trabajador puede optar por: a) El pago de beneficios sociales; o, b) La reincorporación al mismo puesto laboral al momento de ser despedido. En caso de que el trabajador elija la opción de reincorporación laboral, debe acudir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para que a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo, comprobada la desvinculación laboral injustificado, emitan la conminatoria de reincorporación laboral, con la restitución inmediata al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados; dicha conminatoria es de ejecución inmediata; es decir, la impugnación en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico o en sede judicial, no tiene efectos suspensivos de la ejecución de la conminatoria, en otros términos, la ejecución inmediata de la conminatoria de reincorporación no debe ser suspendida por la impugnación presentada en cualquiera de las vías. La misma norma reglamentaria establece que en caso de subsistir la renuencia para cumplir la conminatoria de reincorporación laboral por el 7 Respecto a las opciones emergentes del despido injustificado, el art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de2006, establece expresamente: “Artículo 10.- (Beneficios sociales o reincorporación)

I. Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación.

II. Cuando el trabajador opte por los beneficios sociales, el empleador está obligado a cancelar los mismos además de los beneficios y otros derechos que el corresponda, en el tiempo y condiciones señaladas en el artículo séptimo de la presente ley.

III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba a momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo impondrá multa por Infracción a Leyes Sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio de Trabajo” (las negrillas nos pertenece).

Concerniente a la opción de reincorporación laboral el DS Nº 495, 1 de mayo de 2010, que modifica el art 10.III e incluye los parágrafos IV y V del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de2006, establece en su artículo único, las siguientes disposiciones: “Se modifica el Parágrafo III del Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, con el siguiente texto:

III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo.’

Se incluyen los Parágrafos IV y V en el Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, con los siguientes textos:

IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución.

V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral’ (las negrillas fueron añadidas) 9 Mediante SCP 0591/2012 de 20 de julio, fue declarada la inconstitucionalidad del término “únicamente” del art. 10.IV del DS 28699 incorporado por el DS 0495 y de la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, en cuyo mérito, las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas del Trabajo, pueden ser impugnadas no solo en sede judicial, sino, también en sede administrativa (las negrillas nos pertenecen).

empleador o la parte patronal, el trabajador puede acudir a la vía constitucional en procura de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral.

III.1.1. De la conminatoria de reincorporación laboral impugnada y la tutela provisional en sede constitucional

En el marco de la norma constitucional y las disposiciones reglamentarias en materia laboral, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la ejecución o cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral a partir de su notificación, tuvo un desarrollo pendular. Una posición restrictiva de la protección de los derechos laborales y otra posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos; es decir, favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, afianzando la excepción a la subsidiariedad para acudir a la jurisdicción constitucional, una vez emitida la conminatoria de reincorporación laboral en favor del trabajador ante la renuencia del empleador, reconociendo implícitamente que la tutela otorgada tiene un carácter provisional y no definitiva, en tanto se dilucide su situación jurídica laboral en sede administrativa o judicial; por consiguiente, convirtiéndose el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, en un deber expreso y provisional del empleador en tanto se substancie y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial.

10 La posición restrictiva tuvo sus matices, una de las posiciones exigió que la conminatoria de reincorporación laboral se encuentre debidamente fundamentada y motivada para conceder la tutela solicitada, como expresa la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre; la otra concluyó que la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral no es suficiente fundamento para conceder la tutela y ordenar su cumplimiento, exige efectuar en sede constitucional una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados, así lo entiende la SCP 0900/2013 de 20 de junio (las negrillas son nuestras).

11 En torno a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo, expresó: “…es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495” (las negrillas fueron añadidas) 12 En lo que atañe a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, expreso: “…la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria…” (las negrillas nos pertenecen). 13 La jurisprudencia expresada en la SCP 0583/2012 de 20 de julio, se pronunció respecto al deber expreso y provisional de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral por el empleador en tanto se substancien y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial en los siguientes términos: “…en todo caso permanece expedita para el empleador a los efectos de que en ejercicio de su derecho a la defensa, pueda impugnar la conminatoria, sin que empero su interposición suspenda la ejecución de la misma, la que en todo caso tendrá carácter provisional, en tanto se sustancie y resuelva el caso en sede judicial. Es decir, aquello que se determine en la conminatoria deberá ser acatado por el empleador entre tanto se definan los derechos controvertidos en la vía judicial; en consecuencia, la tutela que obtenga el trabajador o trabajadora en sede administrativa laboral, conforme a los términos de las disposiciones legales En sintonía con los anteriores razonamientos, la jurisprudencia constitucional también señaló que las normas reglamentarias que imponen la obligación de cumplimiento inmediato de la decisión administrativa de reincorporación laboral encuentran sustento en los principios constitucionales de continuidad y estabilidad de la relación laboral hasta la revisión de la decisión en sede administrativa o judicial posterior, en cuyo mérito, citando la anterior jurisprudencia, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, ha glosado textualmente: “…la efectivización de la conminatoria es inmediata pese a la existencia de mecanismos de impugnación pendientes de resolución; es decir, pretorianamente se estableció que la utilización de mecanismos de impugnación tiene efecto devolutivo, por ende la conminatoria es inmediatamente ejecutable pese a eventuales impugnaciones administrativas”. Esta misma jurisprudencia expresó que la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato, su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo y habilita a la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, salvo que la conminatoria haya emergido de un proceso administrativo desarrollado al margen de la razonabilidad de un debido proceso, manifestando textualmente además, que dicho razonamiento implicaba una modulación a la SCP 0900/2013 de 20 de junio, citado antes señaladas, será siempre de carácter provisional…”, citado por la SCP 0610/2015-S2 de 12 de junio, SCP 0877/2015-S2 de 27 de agosto, SCP 0963/2016-S2 de 7 de octubre, entre otros. (las negrillas y el subrayado son nuestros) Efectuada el control normativo de constitucionalidad de las normas reglamentarias referidas al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la citada SCP 0591/2012 de 20 de julio, ha expresado textualmente “En esa perspectiva y además, la obligación de cumplimiento de la decisión administrativa de reincorporación impuesta por la norma cuestionada, debe ser analizada conforme a los principios que manda la Constitución Política del Estado aplicar a tiempo de interpretar las normas laborales; siendo uno de ellos el de continuidad y estabilidad de la relación laboral; mandatos que obligan a que la comprensión de las normas laborales sea aquella que genera la prolongación de la relación laboral; por ello, cuando las normas impugnadas obligan a la reincorporación del trabajador, dado el caso de que la autoridad administrativa así lo haya dispuesto, están aplicando el principio de mantener la relación laboral hasta la revisión de la decisión judicial posterior; lo que ratifica la conclusión inicial de que las normas cuestionadas no lesionan el principio de jerarquía normativa, al consagrar la obligatoriedad de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, ya que no imponen la obligación de aplicar una norma reglamentaria por sobre una legal, tal como denuncia el accionante” (las negrillas son añadidas).

Cita jurisprudencial que fue citándose textualmente en las SCP 0088/2014-S3 de 27 de octubre de 2014, SCP 1500/2014 de 16 de julio de 2014, SCP 1760/2014 de 15 de septiembre de 2014, SCP 0240/2015-S2 de 26 de febrero de 2015, SCP 0510/2015-S1 de 22 de mayo de 2015, SCP 0203/2017-S3 de 21 de marzo de 2017, SCP 0594/2017-S2 de 19 de junio de 2017, entre otras. 16 Afianzando la ejecución inmediata de la conminatoria laboral la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, (cita la SCP 0591/2012)

“…si bien existe un mandato normativo expreso para que la jurisdicción constitucional haga cumplir los mandatos de reincorporación, en atención a la naturaleza del derecho al trabajo en el Estado Social de Derecho, la tutela constitucional no puede emitirse a ciegas cual si la conminatoria por sí misma fuere ya un instrumento que obliga a esta instancia constitucional a brindar una tutela constitucional. Puesto que no debe perderse de vista que la naturaleza de la jurisdicción constitucional dista mucho del ejercicio de funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, al efecto, cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma para arribar a una verdad material; sin precedentemente al hacer referencia a la línea o posición restrictiva de la jurisprudencia. En aplicación del carácter progresivo de los derechos fundamentales y la aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, concluyó textualmente que no es posible que: “…se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose imposibilitada esta jurisdicción de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador, en caso de disentir con la decisión de la instancia de administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación…”. Esta misma jurisprudencia, razonó que la renuncia del empleador en el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por la autoridad administrativa laboral, no solo afecta negativamente al trabajador en el ámbito individual, sino también en el ámbito familiar; puesto que afecta su fuente laboral que constituye su medio de subsistencia del trabajador y de su familia; por lo que la tutela inmediata o el cumplimiento de la citada conminatoria se encuentra plenamente justificada.

Esta posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos, quedó consolidada con la jurisprudencia constitucional emitida en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, que expresó el siguiente razonamiento: “...este Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, entiende que debe dar cumplimiento íntegro a la conminatoria de reincorporación con todos los aspectos que habrían considerado una situación diferente que no está regulada ni por la normativa laboral del Estado ni por la Constitución Política del Estado, lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como está establecido, puede acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegalidad de la misma interponiendo los recursos previstos por ley, con independencia del cumplimiento de la conminatoria y la concesión de la tutela”. Es necesario resaltar que el Tribunal Constitucional Plurinacional reunida en Sala Plena, en cumplimiento a su atribución jurisdiccional prevista en el art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, -Ley 027 de 6 de junio de 2010- de 6 de julio de 2010, emitió la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, concerniente a la unificación de la línea jurisprudencial respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciadas en acciones de amparo constitucional, disponiendo en su parte resolutiva: “1 En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones;”. Debido al objeto de protección en la conminatoria de reincorporación laboral, y por consiguiente, la acción de amparo constitucional, que incumbe no solo el interés del titular de los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y otros derechos conexos, sino, a su entorno familiar, el marco normativo, reglamentario y jurisprudencial impone a la parte patronal y a las autoridades administrativas y de la jurisdicción constitucional, la obligación del cumplimiento inmediato e íntegro de la conminatoria de reincorporación laboral dispuesta por la Jefatura del Trabajo, tomando en cuenta que la tutela que otorga la jurisdicción constitucional, tiene un carácter provisional en tanto se defina la situación jurídica laboral del trabajador, con la sustanciación y la resolución de los recursos -de revocatorio y jerárquico- en sede administrativa o la revisión en sede judicial.

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; puesto que, la Empresa ahora accionada, a pesar de tener conocimiento de la Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495-2010/SMLV/ 010/2022, emitida por la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión, no cumplió con la reincorporación a su fuente laboral. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, por Nota presentada el 22 de noviembre de 2021, dirigida al Gerente de RR.HH. de la Empresa Comercial “24 HS S.R.L.”; la accionante presentó su renuncia asimismo solicitó Certificado de trabajo y el pago de beneficios sociales (Conclusión II.1.). Ante la denuncia de despido injustificado presentado por la accionante a la Jefatura Departamental del Trabajo de Cochabamba, la autoridad administrativa laboral emitió la Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495-2010/SMLV/ 010/2022, por la cual conminó a la Empresa ahora accionada para que a través de su representante legal, proceda a la reincorporación laboral de la accionante a su fuente laboral, en el último cargo que venía desempeñando, al pago de sus salarios devengados y demás beneficios laborales que le corresponda hasta el día de su reincorporación laboral efectiva, en el plazo de tres días improrrogables a partir de su notificación con la Conminatoria, con la prohibición de toda clase de acoso laboral y discriminación en contra de la trabajadora; conminatoria que fue incumplida por la Empresa hoy accionada, notificada con la mencionada Conminatoria a la referida Empresa el 1 de febrero de 2022 (Conclusión II.2.). El marco normativo, reglamentario y jurisprudencial imponen a la Empresa ahora accionada y a las autoridades administrativas y de la jurisdicción constitucional, la obligación de cumplimiento inmediato e íntegro de la conminatoria de reincorporación laboral dispuesta por la Jefatura del Trabajo, debido a su objeto de protección que incumbe no solo el interés del titular de los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y otros derechos conexos, sino, a su entorno familiar y en el ámbito de la jurisdicción constitucional, la tutela que otorga tiene un carácter provisional; puesto que, la situación jurídica laboral del trabajador se definirá con la sustanciación y la resolución de los recursos -de revocatorio y jerárquico- en sede administrativa o la revisión en sede judicial; por lo que, la ejecución de las conminatorias de reincorporación laboral, no es un asunto que tenga que ver con el Tribunal Constitucional Plurinacional como entidad ejecutora, sino como la primera entidad garante de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, destinados a proteger el trabajo en todas sus formas, como se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En esa comprensión, está claro que se tiene emitida la Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495-2010/SMLV/ 010/2022, que conminó a la Empresa ahora accionada para que proceda a la reincorporación laboral de la accionante en el último cargo que venía desempeñando, el pago de sus salarios devengados y beneficios sociales que le corresponda hasta el día de su reincorporación efectiva, la citada Empresa no dio cumplimiento a la conminatoria de reincorporación laboral su cumplimiento no está condicionado a las resultas de los medios de impugnación en sede administrativa, ni a las resultas de su revisión en sede judicial, al contrario, es de ejecución inmediata e íntegra, en la medida de lo dispuesto en la conminatoria de reincorporación laboral; tampoco la sola presentación de la querella o acusación particular por la Empresa ahora accionada contra la accionante ante el Tribunal de Sentencia Penal de Turno de Cochabamba, por la presunta comisión de los delitos de abuso de confianza y apropiación indebida (Conclusión II.3.); puesto que, esta acusación particular, debe ser substanciada y resuelta, cumpliendo el procedimiento con las garantías del debido proceso. Consiguientemente a la jurisdicción constitucional como garante de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, le corresponde la protección de los derechos de la accionante, al trabajo, a la estabilidad laboral, seguridad social y otros derechos conexos; puesto que, esta salvaguarda no solo incumbe al interés de la nombrada sino a su entorno familiar. Sin perjuicio de dicha protección, a la empresa ahora accionada le corresponde el ejercicio de su derecho a la impugnación en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico, o promover su revisión en sede judicial de la Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S.

0495-2010/SMLV/ 010/2022, para definir la situación jurídica laboral de la accionante; en esa comprensión, la concesión de la tutela otorgada a la accionante tiene un carácter provisional, en tanto se resuelva y defina su situación jurídica laboral en sede administrativa o judicial. Finalmente, respecto al pago de daños y perjuicios, así como de costas y de costos, estas no pueden ser consideradas en razón a la tutela concedida y a la regulación potestativa establecida en el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución RAC-SCIII 69/2022 de 27 de abril, cursante de fs. 70 a 73, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada de manera provisional, debiendo la Empresa Comercial “24 HS S.R.L.” dar cumplimiento íntegro a lo dispuesto por la Conminatoria J.D.T.CBBA. / D.S. 0495-2010/SMLV/ 010/2022 de 21 de enero, en su integridad y sin omitir ninguna de sus determinaciones. 2° DENEGAR la tutela solicitada en cuanto al pago de costas y costos, conforme a lo expuesto en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Respecto al derecho al trabajo, la CPE expresamente establece en el art. 46: “I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución” (las negrillas con nuestras).

2 El alcance dado al derecho al trabajo, en el art. 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho” (las negrillas fueron añadidas). 3 Respecto al bloque de constitucionalidad el art. 410.II de la CPE, establece expresamente: “II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país…” (las negrillas nos pertenecen)

4 El entendimiento concerniente a la estabilidad laboral expresado en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, fue citado por la SCP 1262/2013 de 1 de agosto, SCP 1588/2014 de 19 de agosto, 0381/2016-S2 de 25 de abril, 0096/2018-S3 de 4 de abril, entre otros.

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte CIDH), a partir de una interpretación progresiva de los derechos económicos y sociales, en la Sentencia de 31 de agosto de 2017 del Caso Lagos del Campo vs. Perú, a partir de una interpretación progresiva de los derechos económicos y sociales, expresó el contenido del derecho a la estabilidad laboral.

6 La CPE, establece en su art. 50: “El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social”.

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embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso. Por todo ello, mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio” (las negrillas son nuestras).

17 La incidencia del incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral en el ámbito personal y el entorno familiar, queda expresada en la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero de 2018, en los siguientes términos: “En ese entendido, se advierte que la jurisprudencia constitucional expuesta, en mérito a la Norma Fundamental, disposiciones legales aplicables a materia laboral y a los principios de estabilidad laboral, continuidad de dicha relación y de protección del trabajador, estableció que el derecho al trabajo, en circunstancias de un despido injustificado, debe protegerse de manera inmediata y

ausente de rigorismos procesales ordinarios, por lo que se reconoció a las Jefaturas Departamentales del Trabajo la facultad de tramitar y resolver la denuncia de despido ilegal o indebido del trabajador, pronunciando, en caso de verificar la veracidad de la denuncia, la conminatoria de reincorporación, determinación que de no ser cumplida u obedecida por el empleador, aquél tiene la vía ordinaria a su alcance para buscar la restitución de su derecho, o del amparo constitucional, precisamente por el carácter sumarísimo de esta acción tutelar y porque la reticencia del empleador, no solamente incide negativamente en el trabajador, como persona individual, sino también en todo su entorno familiar, por constituir su trabajo en una fuente de subsistencia de él y de sus dependientes; en consecuencia, corresponde su tutela inmediata para el efectivo cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

18 Razonamientos esgrimidos de manera coincidente en la SCP 0577/2020-S1 de 7 de octubre.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0416_2023-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): bfc9c0cd4f0d72ae79b6e393cb86ccdcf47c01399efa089ec5000f9b73247dee

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