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SCP 0416/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 30 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
30 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
45441-2022-91-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a ser oído por autoridad competente y a la impugnación; puesto que el Juez hoy demandado no celebró la audiencia virtual de consideración de su situación jurídica fijada para el 30 de diciembre de 2021, reprogramando la misma para el 5 de enero de 2022; asimismo, la Secretaria ahora demandada, no permitió el ingreso de su abogado a la sala de la audiencia virtual programada, en la fecha y hora establecidas.

En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 4 de enero, cursante de fs. 35 a 38, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0416/2023-S2 Sucre, 30 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 45441-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 01/2022 de 4 de enero, cursante de fs. 35 a 38, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge Armando Chura Loza contra René Eduardo Foronda Escóbar, Juez; Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de enero de 2022, cursante de fs. 11 a 13, el accionante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación, la autoridad demandada mediante Auto Interlocutorio 19/2021 de 30 de junio, determinó su detención preventiva por el lapso de seis meses, señalándose audiencia para la consideración de su situación jurídica para el 30 de diciembre de 2021; sin embargo, dicho actuado procesal nunca fue instalado debido a que la Secretaria ahora demandada no permitió el ingreso -a la audiencia virtual- de sus abogados. En ese sentido y considerando que no se solicitó la ampliación de la medida impuesta en su contra por parte del Ministerio Público o el querellante, y no existiendo actos investigativos pendientes, esa medida debía ser modificada, pero la autoridad judicial hoy demandada, al no instalar la audiencia incumplió con sus deberes, retardando de manera dolosa su detención preventiva, sin contarse hasta el momento de interposición de esta acción de defensa con fecha de celebración del mencionado acto procesal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a ser oído por autoridad competente y a la impugnación, sin mencionar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar su libertad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 4 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 33 a 34 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar.

I.2.2. Informe de los demandados

René Eduardo Foronda Escóbar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia solicitó se deniegue la tutela impetrada, argumentando que: a) El 3 de diciembre de 2021, el accionante solicitó la cesación a su detención preventiva, la cual fue rechazada, razón por la que interpuso recurso de apelación incidental que fue remitido ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, trámite del cual no se tiene resultado alguno; b) En la audiencia cautelar se fijó audiencia para el 30 de igual mes y año, y habiéndose realizado la misma, se convocó a una nueva para el 5 de enero de 2022; y, c) De acuerdo a lo expresado se convocó debidamente al referido acto procesal, pero no asistieron. Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia solicitó se rechace la tutela impetrada, argumentando que se convocó a una audiencia -virtual- de revisión de la situación jurídica del imputado ahora accionante para el 30 de diciembre de 2021, en la que no se hicieron presentes la parte imputada, el Ministerio Público ni la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, razón por la cual la autoridad judicial hoy demandada fijó nuevo día y hora de audiencia para el 5 de enero de 2022, siendo diligenciada por la Oficina Gestora de Procesos.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 01/2022 de 4 de enero, cursante de fs. 35 a 38, denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: 1) Evidentemente el Auto Interlocutorio 19/2021 emitido por el Juez ahora demandado; dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela por el lapso de seis meses, habiéndose señalado audiencia para el 30 de diciembre de 2021, a horas 10:30, con la advertencia expresa de que las partes quedaban notificadas; a tal efecto, se tiene que en la referida fecha se instaló la audiencia de consideración de la situación jurídica del ahora demandante de tutela, la cual fue suspendida por su inasistencia y la de su abogado, así como del Ministerio Público, con excepción de la víctima y de su abogado que sí estaban presentes, por lo que fue suspendida para el 5 de enero de 2022, a horas 10:30, siendo este el último actuado procesal que consta en el cuaderno de control jurisdiccional; 2) Como ya se mencionó, existe señalamiento de audiencia para la consideración de la situación jurídica del ahora accionante; y de la revisión de antecedentes no advierte que el mencionado hubiere presentado algún memorial justificando su inasistencia o “incidentando” su actual reclamo, más aún cuando se halla adjunta una impresión fotográfica de celular de la citada sala de audiencias virtual el cual se tiene que el abogado del impetrante de tutela intentó conectarse a la sala de audiencia virtual del citado Juzgado a horas 11:08, motivo por el cual la Secretaria demandada no lo dejó ingresar; 3) Recordar al accionante que nadie puede alegar su propia torpeza como acto supuestamente ilegal; cuando la audiencia señalada mediante Auto Interlocutorio 19/2021 era para las 10:30 horas y no para las 11:08 horas del 30 de diciembre de 2021, estableciéndose que fue el accionante, quién no se conectó a tiempo de la instalación de ese acto procesal; aspecto que la Secretaria hoy demandada informó, haciendo constar en el acta de la audiencia de la indicada fecha; 4) No se advierte que la autoridad judicial hubiera vulnerado los derechos o garantías del impetrante de tutela; más aún, cuando ya existe un nuevo señalamiento para la realización de la audiencia extrañada; 5) En cuanto a su situación jurídica procesal, el demandante de tutela debió acudir ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del señalado departamento, quien se constituye en juez natural de la causa, de conformidad con la disposición normativa procesal del art. 54 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescente y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; y, 6) En cuanto a la emisión de algún requerimiento conclusivo por parte del Ministerio Público, el peticionante de tutela previamente debe acudir ante la autoridad jurisdiccional para que disponga lo que corresponde en procedimiento, ya que por el simple transcurso del tiempo no se puede otorgar directamente su libertad.

Respecto a la solicitud de complementación y enmienda solicitada en audiencia por el accionante de tutela, sobre la espera que tuvieron en “Sala Virtual” sin que la Secretaria del Juzgado autorice su entrada y también la falta de motivación respecto a los derechos y garantías vulnerados que fueron mencionados en la acción tutelar, no manifestó criterio sobre el tiempo que lleva la detención preventiva si ya concluyeron los seis meses el 30 de diciembre de 2022; también, en caso de que exista señalamiento de audiencia expresar si es legal o ilegal su detención conforme el art. 279 del CPP, ya que solamente se tomó en cuenta el término de seis meses y no así los cinco días que sobrepasan el referido límite sin que exista una ampliación o resolución de algún tipo. La Jueza de garantías determinó no ha lugar a la solicitud de explicación complementación y enmienda toda vez que la Resolución 01/2022 fue clara, sin términos oscuros o contradictorios de los que pueda existir alguna doble interpretación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 19/2021 de 30 de junio, mediante el cual se impuso a Jorge Armando Chura Loza -ahora accionante- la medida cautelar de detención preventiva y se fijó audiencia de consideración de su situación jurídica para el 30 de diciembre de 2021 (fs. 4 a 7). II.2. Consta acta de registro de audiencia de consideración de la situación jurídica del ahora impetrante de tutela, de 30 de diciembre de 2021, que fue suspendida ante su ausencia y la del Ministerio Público, señalándose nuevo día y hora de ese acto procesal para el 5 de enero de 2022 (fs. 32). II.3. Cursa captura de pantalla, en la que se muestra la sala de espera para audiencia virtual del Juzgado “ANTICORRUPCIÓN 3° EL ALTO” (sic), de horas 11:08 (fs. 3).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a ser oído por autoridad competente y a la impugnación; puesto que el Juez hoy demandado no celebró la audiencia virtual de consideración de su situación jurídica fijada para el 30 de diciembre de 2021, reprogramando la misma para el 5 de enero de 2022; asimismo, la Secretaria ahora demandada, no permitió el ingreso de su abogado a la sala de la audiencia virtual programada, en la fecha y hora establecidas.

En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, señaló que: “…la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” . Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “…la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas fueron agregadas). Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad.

Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a ser oído por autoridad competente y a la impugnación; puesto que el Juez hoy demandado no celebró la audiencia virtual de consideración de su situación jurídica fijada para el 30 de diciembre de 2021, reprogramando la misma para el 5 de enero de 2022; asimismo, la Secretaria ahora demandada, no permitió el ingreso de su abogado a la sala de la audiencia virtual programada, en la fecha y hora establecidas. De la documental aparejada se tiene el Auto Interlocutorio 19/2021 de 30 de junio, mediante el cual se le impuso al impetrante de tutela detención preventiva y se fijó audiencia de consideración de su situación jurídica para el 30 de diciembre de 2021 (Conclusión II.1); misma que una vez instalada -conforme al acta de registro de ese acto procesal- fue suspendida ante su ausencia y la del Ministerio Público, señalándose nuevo día y hora de dicho acto procesal para el 5 de enero de 2022 (Conclusión II.2); finalmente, se tiene la captura de pantalla, en la cual se observa la sala de espera para audiencia virtual del Juzgado “ANTICORRUPCIÓN 3° EL ALTO” (sic), a horas 11:08 (Conclusión II.3).

Sobre el derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional establece que se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, desarrollo que no se ve reflejado en el actuar de los demandados, quienes instalaron la audiencia en la fecha y hora indicadas, extremo que se tiene probado mediante el acta de suspensión de audiencia de 30 de diciembre de 2021; del mismo modo, se tiene el informe de la Secretaria hoy demandada que da cuenta que el abogado del impetrante de tutela intentó ingresar a la sala virtual de audiencia con media hora de retraso después de la suspensión del mencionado acto, aspecto corroborado también con la captura de pantalla presentada por el impetrante de tutela; por ende, no se advierte dilación ilegal o retardación indebida alguna en el actuar de la autoridad judicial ni de la mencionada Secretaria, debiendo, en consecuencia, denegarse la tutela solicitada al respecto. En cuanto a los derechos a ser oído por autoridad competente y a la impugnación invocados por el peticionante de tutela -se entiende el derecho a la defensa-, dicha lesión no fue debidamente acreditada por el accionante, situación que inviabiliza el análisis de fondo de la problemática planteada, debiendo denegarse la tutela solicitada con relación a este punto. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 4 de enero, cursante de fs. 35 a 38, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0416_2023-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 44ffd67d1ea9cb6764201f6f8bed82812355ee1e444468f718256334229d494f

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