Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 2 de mayo de 2025
Concede la tutela
El accionante denunció como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y legalidad, alegando que Jorge Ernesto Vidal Gonzales –ahora tercero interesado– solicitó cesación a la detención preventiva; misma que, fue rechazada por el Tribunal de Sentencia, estableciendo que no se desvirtuó el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, presentada la apelación, el Vocal ahora demandado, mediante Auto de Vista de 14 de febrero de 2023, revocó la resolución del Tribunal a quo, disponiendo la cesación a la detención preventiva e imponiendo medidas cautelares personales menos gravosas; empero, expuso los agravios de forma genérica e incorporó otros, indicando de forma abstracta la vulneración al debido proceso, a la defensa, valoración de la prueba y la incongruencia, sin explicar en qué consiste cada uno de estos elementos, desconociendo la prohibición de cesación en delitos de asesinato, además de no explicar por qué una sentencia de treinta años disminuiría el riesgo procesal de obstaculización o generaría duda razonable sobre la existencia de dicho riesgo; como tampoco consideró que al haberse sentenciado a los acusados a la pena de treinta años, ya no existía la posibilidad de pedir la cesación a la detención preventiva por prohibición expresa del art. 239.4 del CPP, modificado por las Leyes 1173 y 1226, omitiendo motivar y fundamentar porqué el Tribunal a quo no hubiese realizado el análisis integral conforme el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 040/2023 de 17 de marzo, cursante de fs. 128 a 133 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista de 14 de febrero de 2023; y, 2° Disponer que el Vocal demandado de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita nuevo Auto de Vista conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0415/2025-S4 Sucre, 2 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 54525-2023-110-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 040/2023 de 17 de marzo, cursante de fs. 128 a 133 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Alejandro Roberto Ressini Pino contra Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 27 de febrero de 2023, cursante de fs. 61 a 66; y, de subsanación el 6 de marzo del mismo año (fs. 69 a 72 vta.), el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
El 15 de septiembre de 2020, con veintisiete puñaladas Daniel Honor Flores y Jorge Ernesto Vidal Gonzales –coimputados– cegaron la vida de su hermano, imponiéndole a este último detención preventiva, y una vez capturado Daniel Honor Flores también fue puesto en detención preventiva; el cual, apeló dicha resolución, obteniendo el Auto de Vista de 9 de febrero de 2021; por lo que, en cumplimiento de dicho Auto, el Juez a quo le impuso medidas sustitutivas como la detención domiciliaria; por otra parte, el imputado Jorge Ernesto Vidal Gonzales, solicitó la cesación a la detención preventiva, solicitud que fue rechazada por el Tribunal de Sentencia y confirmado por el Tribunal de alzada. Celebrado el juicio oral ambos imputados fueron declarados sentenciados a la pena de treinta años por el delito de asesinato, sentencia que se encuentra en apelación restringida pendiente de resolución. Posteriormente, Jorge Ernesto Vidal Gonzales, solicitó cesación a la detención preventiva, misma que fue rechazada por el Tribunal de Sentencia, apelado el citado rechazo, la Sala Penal Primera declaró procedente el recurso, disponiendo que el Tribunal de instancia valore con la debida fundamentación y motivación los elementos de convicción presentados y de qué manera rebaten o no la construcción del riesgo de obstaculización, en cuyo cumplimiento nuevamente el Tribunal de Sentencia rechazó la cesación a la detención preventiva, apelada dicha resolución por Auto de Vista de 19 de enero de 2023, emitida por la Sala Penal Tercera, se declaró procedente la apelación, disponiéndose que se dé cumplimiento a los lineamientos de la Sala Penal Primera, en virtud a ello el Tribunal de Sentencia Tercero por Auto Interlocutorio de 26 de enero de 2023, una vez más rechazó la cesación, estableciendo que no se desvirtuó el riesgo procesal del art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); presentada la apelación, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por medio del Vocal Pablo Antezana Vargas –ahora demandado– mediante Auto de Vista de 14 de febrero –se entiende de 2023– revocó el Auto Interlocutorio confutado y aceptó la cesación a la detención preventiva otorgando medidas sustitutivas, como la detención domiciliaria en la localidad de Aiquile, entre otras; sin embargo, el Auto de Vista adolece de incongruencia interna, porque “los fundamentos expuestos por el Vocal accionado, no responden a los fundamentos expuestos en la resolución” (sic), la forma de sintetizar la exposición de agravios por parte de la autoridad demandada no es más que una simple relación de los actuados procesales, con la mención genérica y abstracta de la vulneración al debido proceso, a la defensa, a la valoración de la prueba y la incongruencia, sin explicar en qué consiste cada uno de estos elementos; señalando también que el Tribunal a quo no cumplió con lo resuelto por las Salas Penales; si no existen agravios debidamente fundamentados relativos al debido proceso, el Tribunal de apelación no puede abrir su competencia para resolver el recurso, porque le está prohibido incorporar de oficio agravios, la jurisprudencia invocada es impertinente para la resolución del caso, ya que el tema de las cautelares fue modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 –Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres– y Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019 –Ley de Modificación a la Ley 1173–, que de forma expresa prohíbe la cesación en los delitos de asesinato. En la otorgación de la cesación a la detención preventiva se incurre en incongruencia por cuanto se transcribió la parte de las cualidades personales del imputado –estudiante, deportista–, sosteniendo que se advierte insuficiente fundamentación; sin embargo, después se señala que estas circunstancias personales no enervan el riesgo o peligro de obstaculización; asimismo, el Vocal demandado no explica cómo, de qué manera y porqué la parte de la sentencia de treinta años, ha disminuido el riesgo procesal y en qué consiste la disminución del riesgo; de igual manera, la autoridad demandada no consideró que al haberse sentenciado a los acusados a la pena de treinta años por el delito de asesinato, ya no existía la posibilidad de pedir la cesación a la detención preventiva, por prohibición expresa del art. 239.4 del CPP, modificado por las Leyes 1173 y 1226, bajo esta interpretación el art. 232.III.1 y 2 del mismo código adjetivo determina que no se aplicará como causal de improcedencia de la detención preventiva en los delitos de lesa humanidad, contra la vida y otros, y al ser el asesinato un delito de lesa humanidad, no existe posibilidad legal de cesación; por consiguiente, en base a este análisis legal, el imputado solo tenía la opción legal de desvirtuar los riesgos procesales durante el tiempo que determinó su detención preventiva; empero, el Vocal demandado no abordo la solicitud de cesación en base a este análisis legal y peor aún no consideró que el delito de asesinato es un hecho de alta seriedad y el más grave que vulnera el bien jurídico más sagrado, como es la vida, al inobservar el art. 239.4 del CPP con sus respectivas modificaciones ha vulnerado el debido proceso en su elemento de legalidad “aplicando en la resolución que se confuta, la normativa de desvirtuar riesgos procesales con es el art. 239 num.1) del CPP en su primera vertiente” (sic). Subsanando la observación realizada por la Sala Constitucional, el accionante indicó que los agravios expuestos en el Auto de Vista son genéricos, sin circunscribirse con precisión a los puntos resueltos por el Tribunal a quo, incorporando otros agravios que no forman parte de la exposición de agravios, no explica porque habría insuficiente fundamentación del Juez inferior, tampoco se motiva ni fundamenta porque el Tribunal a quo no hizo el respectivo análisis integral conforme el art. 239.1 del CPP, relativa a los motivos que fundaron la detención y cuales los nuevos elementos que desvirtúan, de igual manera no tomó en cuenta que el sometimiento disciplinario que asume como fundamento el Vocal demandado, no es por gusto y voluntad del acusado, sino como consecuencia de la detención preventiva que pesa en su contra, otro elemento que asume dicha autoridad es que como consecuencia de la sentencia condenatoria de treinta años el riesgo procesal –en su criterio– hubiese disminuido generando la duda razonable sobre la existencia del riesgo procesal en “cuestión”, cuando con la mencionada sentencia ya no existe esta duda razonable y finalmente el argumento que el otro imputado este gozando de la cesación a la detención preventiva, este fundamento tampoco es un elemento que desvirtué el riesgo procesal en “cuestión” –se colige el art. 235.2 del CPP–.
El accionante señaló como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y legalidad, citando al efecto los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga, la nulidad del Auto de Vista –se entiende de 14 febrero de 2023– y se ordene el pronunciamiento de otro Auto de Vista con la observación de la excepcionalidad de prohibición del art. 239.4 del CPP y a su vez se remitan antecedentes al Ministerio Público por el delito de prevaricato, con expresa condenación de costas procesales.
Celebrada la audiencia virtual el 17 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 123 a 127, presentes el impetrante de tutela, acompañado de su abogado; así como, el tercer interesado asistido de su abogado; y, ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela, en audiencia a través de su abogado ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándolos manifestó que: a) El Auto de Vista de 14 de febrero de 2023 vulnera el debido proceso en su elemento de fundamentación y congruencia, por cuanto la autoridad demandada sostuvo que el Tribunal de Sentencia incurrió en insuficiente fundamentación, en lo que se refiere a las cualidades del imputado como estudiante, bachiller y destacado deportista, pero no explicó de forma fundamentada de qué manera los nuevos elementos que trajo la defensa del imputado desvirtúan el riesgo procesal de obstaculización establecido por el art. 235.2 del CPP; y, b) Indicó que el Tribunal de instancia no hizo un análisis integral en el marco del art. 239.1 del adjetivo penal; empero, no explicó cómo estos nuevos elementos relativos a las cualidades personales del imputado desvirtúa el citado art. 239, incurriendo además en contradicción al señalar que la condición de estudiante de bachiller y destacado deportista no desvirtúan de ninguna manera el riesgo procesal.
Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –ahora demandado– mediante informe escrito de 13 de marzo de 2023, cursante de fs. 84 a 86 vta., a tiempo de solicitar que se deniegue la tutela solicitada, informó que: 1) El accionante no cumple con los presupuestos para la activación del control de constitucionalidad, porque omitió exponer el nexo de causalidad entre los derechos denunciados como vulnerados y las presuntas conductas vulneradoras de ellos; 2) Omitió exponer de manera precisa y concreta de qué manera su autoridad estaría vulnerando el derecho al debido proceso en su elemento debida fundamentación y motivación, sin considerar que de acuerdo a la amplia jurisprudencia constitucional, no basta la sola enunciación de los derechos y principios supuestamente vulnerados, cuando debía precisar por qué considera que la actuación de una determinada autoridad le causa vulneración y procesar como debe obrarse para que cese la vulneración alegada, circunstancias que en el presente caso fueron soslayadas por el accionante; 3) Del Auto apelado de 26 de enero de 2023, se advirtió que el Tribunal a quo no realizó una adecuada fundamentación y análisis integral de los antecedentes del caso; de modo que, no ponderó dos elementos fundamentales para el rechazo de la cesación a la detención preventiva como cuales fueron los motivos que determinaron la aplicación de la detención preventiva y cuáles son los nuevos elementos de convicción; 4) Tampoco la autoridad de primera instancia observó que durante todo el proceso penal, conforme se tiene de la emisión de la sentencia, que el acusado haya incurrido en actos de obstaculización al procedimiento o que haya influido de manera negativa en posibles testigos, por el contrario su autoridad advirtió en el acusado una adecuada disciplina en el desarrollo del proceso, cuyas circunstancias denotaron al presente la disminución del riesgo procesal de obstaculización descrito en el art. 235.2 del CPP; por lo que, no siendo suficientes los argumentos del Tribunal a quo para mantener vigente la detención preventiva en contra del acusado, se procedió a acoger favorablemente la solicitud, sin que por lo argumentado se haya inobservado los alcances del art. 239.4 de la “Ley 1773”; puesto que, se dispuso como la segunda medida más gravosa, después de la detención preventiva, la detención domiciliaria con vigilancia policial, no siendo cierto que se haya dispuesto una medida del todo favorable al imputado; 5) El Auto de Vista de 14 de febrero de 2023 cumple a cabalidad con las formalidades de Ley, además sin observar, que la acción tutelar no corresponde a una instancia casacional o revisión de resolución judicial, ante una insatisfacción de las partes con una determinada resolución, como erróneamente advierte el impetrante de tutela; y, 6) Se dictó la resolución cuestionada en estricto cumplimiento de las normas penales y la jurisprudencia vinculante al caso, por ende no se vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y legalidad.
Jorge Ernesto Vidal Gonzales –acusado y parte apelante de la medida cautelar dentro del proceso penal–, por medio de su abogada, pidiendo que se declare improcedente la tutela solicitada, refirió que: i) Se adhiere al informe del Vocal demandado, puntualizando que el accionante no cumple con los parámetros del art. 128 de la CPE; toda vez que, los actos ilegales indebidos no fueron debidamente identificados en el Auto de Vista de 14 de febrero de 2023, no supo decir en qué parte de la resolución estaría el acto de omisión indebida que restringe o amenaza restringir sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; ii) El impetrante de tutela mencionó una relación de hechos que debió haber realizado en la audiencia de apelación de la medida cautelar a la cual no asistió; iii) Se efectúa una alusión a aspectos de fondo del proceso penal que no se puede entrar a valorar, por cuanto la mera enunciación de hechos y artículos que realiza el solicitante de tutela no activa la vía constitucional; iv) El accionante tuvo la oportunidad de hacer valer sus derechos ante la Sala Penal Cuarta en la audiencia de apelación y siendo virtual la audiencia no había impedimento para que su abogado se conecte a la mencionada audiencia, lo cual demuestra que no han sido restringidos sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; v) De los fundamentos del abogado del impetrante de tutela que cita los arts. 232, 239.3 y 4 del CPP y 233 modificado por las Leyes 1173 y 1226, “afirmando que existirían prohibiciones para disponer la detención preventiva en caso de asesinato, afirmaciones totalmente falsas” (sic), en ningún momento el art. 232 del adjetivo penal habla de las prohibiciones de cesación a la detención preventiva, sino cuando no se debe dar detención preventiva a las personas, con relación al art. 239 del mismo código procesal jamás prohíbe la cesación a la detención preventiva; y, vi) Hablando del art. 235.2 del CPP ha sido debidamente fundamentado en audiencia de apelación de medida cautelar, considerando que se pidió el peligro de obstaculización, se ha vencido conforme a la documental que se ha presentado que era la sentencia donde se encontraban las declaraciones de los testigos como el testigo Jesús Aranca.
El representante del Ministerio Público, solicitando que se obre en derecho, manifestó que: a) Se adhiere al amparo constitucional presentado por la parte accionante, por cuanto “El análisis que efectúa el Juez a quo refiere es que la fundamentación efectuada por el Tribunal de Sentencia Tercero establece que sería insuficiente sin embargo contradictoriamente a esta afirmación en el párrafo tercero establece que es evidente que el Tribunal de origen a modificado las circunstancias del imputado como ser bachiller y haber destacado como deportista no constituye como elemento que vaya en el enervar los presupuestos quedan a los presupuestos procesales de obstaculización, si bien la primera parte de refiere que esa documentación que no ha sido correctamente, la segunda parte establece que si, que existe una fundamentación de manera correcta, consecuentemente existe incongruencia entre lo vertido por el juez a quo, con relación al auto apelado” (sic); b) El único elemento que valora el Vocal demandado es una sentencia condenatoria, haciendo referencia a que se ha sometido a todas las actuaciones –se entiende el acusado–, pero no explica qué actuaciones procesales ha realizado para poder establecer si se ha sometido a dicho proceso; c) Es obligación del Juez a quo haber realizado la aplicación del Protocolo de juzgar con perspectiva de género , considerando que no obstante de que las medidas cautelares a los derechos del imputado, también es una finalidad la protección a la víctima, hecho que no fue valorado por el Juez a quo –se entiende que es el Vocal demandado–; y, d) Se señala que Omar Flores se encuentra con medidas cautelares más benéficas; lo cual, no puede ser una base o fundamento para otorgar la medida cautelar.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 040/2023 de 17 de marzo, cursante de fs. 128 a 133 vta., después de hacer mención a los argumentos del Auto de Vista ahora denunciado, se concedió la tutela impetrada, en base a los siguientes fundamentos: 1) Se advierte que el Auto de Vista de 14 de febrero de 2023, evidentemente carece de la debida fundamentación y motivación, no guarda el hilo conductor de la congruencia externa e interna; pese a que, en la parte considerativa de su resolución identifica de manera precisa y concreta los puntos de agravios denunciados por el recurrente; sin embargo, se aparta de los mismos, no enmarca su resolución a lo establecido por el art. 398 del CPP y las líneas jurisprudenciales establecidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, como la “SCP 77/2012”; 2) Considera que la resolución del Juez a quo es insuficiente en su fundamentación en lo que respecta a la enervación del peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP; sin embargo, no explica cual esa carencia de fundamentación solo hace mención; 3) Existe incongruencia interna y omite pronunciarse sobre los alcances de lo establecido por el art. 239.4 del adjetivo penal y la línea jurisprudencial de la “SC 301/2011” sustentado por el Tribunal de instancia; y, 4) Se advierte que se quebrantó los elementos constitutivos del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, siendo evidente las vulneraciones denunciadas por la parte accionante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de 26 de enero de 2023 el Tribunal de Sentencia Tercero del departamento de Cochabamba, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva planteada por el acusado Jorge Ernesto Vidal Gonzales –ahora tercero interesado–; por el cual, se establece que no se desvirtuó el riesgo de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP (fs. 52 a 54 vta.). II.2. Auto de Vista de 14 de febrero de 2023, pronunciado por Pablo Antezana Vargas –hoy demandado– Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; por el cual, declaró procedente el recurso de apelación incidental de medida cautelar interpuesto por el acusado Jorge Ernesto Vidal Gonzales –ahora tercero interesado–, disponiendo la revocatoria del Auto de 26 de enero de 2023, y la cesación de la detención preventiva en favor del referido acusado con la aplicación de medidas cautelares más favorables establecidas en el art. 231 bis del CPP, como la detención domiciliaria en el domicilio acreditado, con vigilancia policial, prohibición de comunicarse con determinados testigos del caso, prohibición de salir del país y del departamento, la fianza económica en la suma de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos); determinando que el juzgado de origen expida el mandamiento de libertad una vez oblada la fianza impuesta (fs. 80 a 82 vta.).
El accionante denunció como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y legalidad, alegando que Jorge Ernesto Vidal Gonzales –ahora tercero interesado– solicitó cesación a la detención preventiva; misma que, fue rechazada por el Tribunal de Sentencia, estableciendo que no se desvirtuó el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, presentada la apelación, el Vocal ahora demandado, mediante Auto de Vista de 14 de febrero de 2023, revocó la resolución del Tribunal a quo, disponiendo la cesación a la detención preventiva e imponiendo medidas cautelares personales menos gravosas; empero, expuso los agravios de forma genérica e incorporó otros, indicando de forma abstracta la vulneración al debido proceso, a la defensa, valoración de la prueba y la incongruencia, sin explicar en qué consiste cada uno de estos elementos, desconociendo la prohibición de cesación en delitos de asesinato, además de no explicar por qué una sentencia de treinta años disminuiría el riesgo procesal de obstaculización o generaría duda razonable sobre la existencia de dicho riesgo; como tampoco consideró que al haberse sentenciado a los acusados a la pena de treinta años, ya no existía la posibilidad de pedir la cesación a la detención preventiva por prohibición expresa del art. 239.4 del CPP, modificado por las Leyes 1173 y 1226, omitiendo motivar y fundamentar porqué el Tribunal a quo no hubiese realizado el análisis integral conforme el art. 239.1 del CPP, además de que la autoridad demandada expuso como fundamento para conceder la cesación el hecho de que el otro sentenciado gozaba de la cesación a la detención preventiva, sin tomar en cuenta que este argumento no constituye un elemento que desvirtué el riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela pretendida.
Sobre el particular la SCP 0659/2024-S4 de 27 de septiembre, asumiendo el entendimiento de la SCP 0551/2019-S4 de 25 de julio, señaló que: “Conforme se ha establecido a través de la jurisprudencia emanada por este Tribunal y a la luz de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el debido proceso alcanza en su aplicación interpretativa una triple dimensión, constituyéndose tanto en derecho, como en garantía y a su vez, en principio procesal. Esta triple dimensión, asegura la protección de todos los derechos conexos que pudieran verse vulnerados por actos u omisiones indebidas en la tramitación de cualquier proceso, sea este judicial o administrativo.
Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición.
Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R y 1369/2001-R, entre otras).
En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ʽ…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente la decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere.
Ahora bien, de manera imprescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se encuentra vinculado con el principio de congruencia, entendido como: ʽ…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0486/2010-R de 5 de julio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales.
En armonía con los criterios previamente glosados, la Corte Constitucional de Colombia, refiriéndose a la motivación de los fallos, estableció que: ʽ…la motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias respecto de lo que para dos intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no encuentra respuesta en ninguna regla de derecho. Además, en virtud del principio de autonomía del funcionario judicial, la regla básica de interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte reconoce que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad’.
Respecto a la congruencia de las resoluciones judiciales, como elemento constitutivo del debido proceso, la SCP 0632/2012 de 23 de julio, estableció que: ʽ…uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa’; razonamiento que nos permite concluir que la congruencia, se traduce en la respuesta expresa a las pretensiones formuladas por las partes, atendiendo todos y cada uno de los puntos en los cuales se sustenta una acción o recurso y que constriñe a la autoridad que los conoce a contestar y absolver cada una de las alegaciones presentadas, debiendo, además de ello, establecer una armonía lógico-jurídica entre la fundamentación y valoración efectuadas por el juzgador y la decisión que asume” (las negrillas nos pertenecen).
De lo señalado se concluye que, la congruencia como elemento del debido proceso, responde a la estructura misma de una resolución; por la cual, toda autoridad jurisdiccional, está obligada a contestar y absolver cada una de las pretensiones expuestas por las partes en su recurso, lo que implica que el fallo emitido debe responder a la pretensión jurídica y expresión de agravios formulados por las partes, y la concordancia que tiene que existir en todo el contenido de la respectiva resolución, cuyos considerandos y razonamientos deben guardar la concerniente coherencia y armonía.
Con relación a la motivación como elemento del debido proceso; implica que, la autoridad que pronuncie una resolución, debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes, realizar una exposición clara de los aspectos fácticos, describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso, detallar los medios de prueba aportados, valorar de manera concreta todos y cada uno de los medios probatorios asignándoles un valor específico, individualizándolos de forma motivada, estableciendo el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes indicado; empero, la motivación de una resolución que dirime cualquier conflicto jurídico o administrativo, no necesariamente implica que su exposición deba ser ampulosa o abundante con consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, pues al contrario, como se dijo anteriormente una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, en la cual, la autoridad jurisdiccional o en su caso, administrativa, exponga de forma clara cuales las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, adecuados o subsumidos a la fundamentación legal y refiriendo para ello las normas que sustentan la parte dispositiva del fallo”.
En lo central, el accionante alegó que el Vocal ahora demandado, mediante Auto de Vista de 14 de febrero de 2023, revocó la resolución del Tribunal a quo, disponiendo la cesación a la detención preventiva e imponiendo medidas cautelares personales menos gravosas al sentenciado – hoy tercero interesado–; exponiendo los agravios de forma genérica e incorporó otros manifestando que se vulneró el debido proceso en los elementos de derecho a la defensa, valoración de la prueba y congruencia, sin explicar en qué consiste cada uno de ellos, desconociendo la prohibición de cesación en delitos de asesinato, además de no explicar por qué una sentencia de treinta años por el delito de asesinato generaría duda razonable sobre la existencia del riesgo procesal de obstaculización, además de no considerar que al haberse sentenciado a los acusados a la pena de treinta años, ya no existía la posibilidad de pedir la cesación a la detención preventiva por prohibición expresa del art. 239.4 del CPP, modificado por las Leyes 1173 y 1226, omitiendo motivar y fundamentar por qué el Tribunal a quo no hubiese realizado el análisis integral conforme el art. 239.1 del CPP, además de que la autoridad demandada expuso como fundamento para conceder la cesación el hecho de que el otro sentenciado gozaba de la cesación a la detención preventiva; sin tomar en cuenta, que este argumento constituye un elemento que desvirtué el riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP.
Con carácter previo a resolver la problemática planteada, es pertinente establecer que de acuerdo a los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se tiene que el impetrante de tutela tiene legitimación activa para presentar la presente acción de defensa; toda vez que, de acuerdo al art. 76.2 del CPP, ostenta la calidad de víctima dentro del proceso penal que se sigue por el delito de asesinato en contra de Daniel Honor Flores y Jorge Ernesto Vidal Gonzales –acusados– quienes presuntamente habrían cegado la vida de su hermano; por otra parte, se establece que se ha cumplido con el principio de subsidiariedad, en virtud a que el Auto de Vista de 14 de febrero de 2023, procesalmente no admite recurso ulterior, cumpliéndose también con el principio de inmediatez, toda vez que, la presente acción tutelar fue presentada el 27 de febrero de 2023 en contra del mencionado Auto de Vista de 14 de febrero del mencionado año; es decir, dentro del plazo de seis meses de conocida la resolución dictada en alzada.
A fin de verificar si la denuncia efectuada por el solicitante de tutela en sede constitucional es evidente o no, de la revisión de los antecedentes que informan el caso, se tiene que por Auto Interlocutorio de 26 de enero de 2023, el Tribunal de Sentencia Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva planteada por el acusado Jorge Ernesto Vidal Gonzales –ahora tercero interesado–, estableciendo que no se desvirtuó el riesgo de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, con los siguientes argumentos: i) En el Auto de aplicación de medidas cautelares de 3 de octubre de 2020, la autoridad jurisdiccional ordenó la detención preventiva de Jorge Ernesto Vidal Gonzales –ahora tercero interesado–, al advertir la existencia de suficientes elementos de convicción de su probable autoría en el hecho punible, que no se sometería al proceso y obstaculizaría la averiguación de la verdad; toda vez que, se consideró que representaba un peligro para la sociedad y la víctima, ante la existencia de testigos que aún no prestaron su declaración y que fueron reconocidos, que no se recolectaron los elementos probatorios habiendo la probabilidad de que destruyan, modifiquen o supriman elementos de prueba, que podría ejercer influencia negativa sobre los otros participes como Daniel Honor, la víctima y testigos a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente con la finalidad de favorecerse, citando la “SC 301/2011” que hace énfasis que el riesgo de obstaculización inserta en el art. 235.2 del CPP, concurre hasta ejecución de sentencia;
ii) La defensa, en su memorial –se entiende de solicitud de cesación– acompañó como elementos de prueba un disco compacto (CD), certificado de permanencia en el penal, informe psicológico, fotografía con Logo de Generación Estudiantil Merecedores del Éxito – Promoción Aiquile 2020, libreta escolar electrónica que da cuenta que fue alumno de 6to A en la Unidad Educativa Simón Rodríguez de Aiquile, que establece que se encontraba inscrito legalmente en dicho curso nivel secundario, que en la gestión 2019 fue secretario de deportes, organizando diferentes campeonatos para jóvenes estudiantes, destacándose como excelente deportista en la disciplina de FUTSAL, un diploma de bachiller de 21 de diciembre de 2020, una Sentencia de 16 de noviembre de 2021; por la que, se declaró a Jorge Ernesto Vidal Gonzales culpable del delito de asesinato, condenándole a treinta años de presidio, encontrándose recluido, aspectos que demuestran que él era un estudiante acorde a las exigencias seguramente de su edad, de la unidad educativa y de su entorno; lo cual, no es discutido ni observado en absoluto por el Tribunal, por cuanto ello no es lo que se ha juzgado en el caso que ha conocido, sino el ilícito por el que fue acusado, razón por la cual se emitió una sentencia condenatoria, aspectos estos que no denotan que se encuentra dentro del parámetro del art. 239.1 del CPP; toda vez que, no está en discusión el hecho de que fuera estudiante, líder en su unidad educativa, que es bachiller, menos que se encuentra con detención preventiva; puesto que, lo que se debate es una medida cautelar personal dentro de los parámetros legales, por lo que no ha desvirtuado el riesgo de obstaculización inmerso en el art. 235.2 del adjetivo penal establecido en el Auto de aplicación de medidas cautelares de 3 de octubre de 2020, ya que su asidero se encuentra en que él pueda obstaculizar en los testigos, no obstante de que la presente causa haya concluido con una sentencia condenatoria, persistiendo el mencionado riesgo hasta la ejecución de la sentencia, y en este caso aún no ha sido ejecutoriado, por cuanto se encuentra con apelación restringida, por la apelación presentada por la defensa; y, iii) Ante la existencia únicamente de los parámetros del numeral 1 del art.
233 del CPP, y que se sume a ello a un solo riesgo procesal, conforme a determinado la SC 0184/2018-S3, persiste la detención preventiva.
En tal mérito el prenombrado acusado interpuso recurso de apelación incidental en contra del citado Auto, fundamentando posteriormente en audiencia virtual –según el acta– que:
a) Se vulneró el derecho al debido proceso, relativo a la defensa e igualdad procesal, la debida fundamentación, valoración de la prueba e “incongruencia de la resolución”, tomando como antecedente que el 18 de octubre de 2022, solicitó la cesación a la detención preventiva; misma que, al ser objeto de apelación mereció el Auto de Vista por el cual se dispuso la revocatoria de la resolución ordenando que se emita una nueva resolución; pero, la resolución dictada de igual forma incumple lo dispuesto por la Sala Penal que emitió la resolución, y que al presente no existe una explicación razonable de los motivos por los cuales la autoridad resuelve rechazar la cesación a la detención preventiva, incumpliendo lo dispuesto por el art. 124 del CPP.
b) La resolución apelada incurre en incongruencias tanto aditivas y omisivas conforme al petitorio efectuado en audiencia de 18 de octubre de 2022.
c) Se tome en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que establece la conducta demostrada por el imputado durante el transcurso del proceso.
En mérito a la apelación planteada por el referido acusado Jorge Ernesto Vidal Gonzales –tercero interesado–, el Vocal ahora demandado emitió el Auto de Vista 52/2023 de 14 de febrero, declarando procedente el recurso de apelación incidental de medida cautelar, disponiendo la revocatoria del Auto de 26 de enero de 2023, y la cesación de la detención preventiva en favor del acusado, con la aplicación de medidas cautelares más favorables establecidas en el art. 231 bis del CPP, como la detención domiciliaria en el domicilio acreditado, con vigilancia policial, prohibición de comunicarse con determinados testigos del caso, prohibición de salir del país y del departamento, la fianza económica en la suma de Bs 50.000.-; determinando que el juzgado de origen expida el mandamiento de libertad una vez oblada la fianza impuesta; decisión que asumió bajo los siguientes argumentos:
1) Remitiéndonos a la resolución apelada que tiene el siguiente razonamiento: “por cuanto no es ello que se ha juzgado por este tribunal sino el ilícito por el que ha sido este acusado, razón por la cual se emite una sentencia condenatoria por el delito de Asesinato conforme se señaló precedentemente, con una pena privativa de libertad de 30 años. Aspectos estos que no denotan que se encuentran dentro del parámetro del Núm. 1 del Art. 239 del CPP, toda vez que no está en discusión el hecho de que fuera estudiante o fuera líder en su unidad educativa, o de que es bachiller, menos que se encuentra con detención preventiva, toda vez de que esta una medida cautelar personal dentro de los parámetros de la ley N° 1970 modificado por la ley N° 1226 y que por otra, si bien la defensa solicita que se pueda reproducir el CD adjunto y que es secretaria quien proporcione los medios tecnológicos…” (sic) de cuyo razonamiento este Tribunal de alzada ciertamente advierte una insuficiente fundamentación en lo que respecta a la enervación del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, en razón de que no se advierte que la autoridad judicial haya realizado un debido análisis integral de todos los antecedentes del caso en cuestión, conforme se tiene estipulado por el art. 239.1 del CPP, que establece y exige conforme a la jurisprudencia citada, que las autoridades jurisdiccionales deben analizar la situación ponderando dos elementos: 1ro. cuáles fueron los motivos que determinaron la aplicación de detención preventiva, y 2do, cuáles son los nuevos elementos de convicción;
2) Es preciso remitirnos a la resolución de medidas cautelares, que al respecto se tiene: “…en ese sentido es que no concurriría a decir de los abogados de la defensa, sin embargo tomando en cuenta que aun existen elementos de convicción por recolectar por la autoridad fiscal, siendo que la etapa preparatoria está comenzando y que se tiene una duración de 6 meses, durante el cual la autoridad fiscal procederá a recolectar elementos de convicción que demuestren de la participación y de otros como lo ha hecho en la resolución de imputación formal que ha ampliado contra el testigo Daniel Honor Flores la investigación, debido a los elementos de convicción recolectados, se tiene con certeza que los imputados con seguridad van a ejercer influencia negativa en los otros participes como en Daniel Honor Flores, así también en la víctima, en los testigos, a objeto de que estos informen falsamente o se comporten de manera reticente…” (sic); son estos presupuestos que se tomaron en cuenta para la construcción de este peligro procesal y que al presente si bien es cierto que conforme ha establecido el Tribunal de origen, las circunstancias personales del imputado como obtener el bachillerato, haber sido destacado en actuaciones deportivas no constituyen elementos que vayan a enervar ciertamente los presupuestos que dan a la construcción del peligro procesal en cuestión; sin embargo, no es menos cierto que también la parte imputada ha acompañado actuados relativos a una Sentencia emitida por el Tribunal a quo, condenando al imputado a una pena de treinta años, y que en dichas actuaciones ciertamente no se advierte que la parte imputada haya incurrido en actos de obstaculización al procedimiento o que haya influido de manera negativa en posibles testigos, más al contrario se tiene que el imputado se ha sometido de manera disciplinada a las actuaciones procesales; circunstancias que demuestran que el riesgo procesal de obstaculización al presente ha disminuido, por ende existe una duda razonable en la subsistencia de este riesgo procesal; toda vez que, se ha podido advertir que las circunstancias antes denotadas han sido consideradas para la etapa preparatoria y al presente esa etapa ya ha vencido y al margen de ello el caso cuenta con una Sentencia condenatoria contra el imputado; aspectos que, conllevan a disminuir el riesgo procesal de obstaculización generando la duda razonable; y,
3) Este Tribunal ad quem considera necesario modificar la medida cautelar impuesta; más aún, si se toma en cuenta que conforme los datos del proceso el coimputado Omar Flores, al presente también se encuentra con medidas cautelares más benéficas a la detención preventiva, por lo que en observancia al principio de igualdad procesal corresponde determinar lo que fuere de Ley.
En este contexto, se tiene que el acusado Jorge Ernesto Vidal Gonzales –ahora tercero interesado–, solicitó la cesación a la detención preventiva en base al art. 239.1 del CPP, solicitud que fue rechazada a través del Auto Interlocutorio de 26 de enero de 2023, dictado por el Tribunal de Sentencia Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, estableciéndose que no se desvirtuó el riesgo de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, apelado dicho Auto el Vocal ahora demandado emitió el Auto de Vista de 14 de febrero de 2023, limitándose a realizar la copia de una parte de la resolución apelada, para luego referir que el Tribunal a quo no fundamentó de forma suficiente la enervación del mencionado peligro de obstaculización, porque no se hubiese realizado un debido análisis integral de todos los antecedentes del caso, ponderando dos elementos, el primero referido a establecer cuáles fueron los motivos que determinaron la aplicación de detención preventiva; y, segundo cuáles serían los nuevos elementos de convicción; esta afirmación realizada por la autoridad demandada no es evidente, por cuanto el Tribunal a quo, en el Auto Interlocutorio de 26 de enero de 2023, de forma expresa se remitió al Auto de aplicación de medidas cautelares de 3 de octubre de 2020, que ordenó la detención preventiva del ahora tercero interesado; en razón a que, el Juez de instrucción determinó la probable autoría en el delito investigado del hoy tercero interesado, que no se sometería al proceso y obstaculizaría la averiguación de la verdad, por representar un peligro para la sociedad y la víctima; debido a que, muchos testigos no hubiesen prestado su declaración, que no se recolectaron los elementos probatorios, con la probabilidad de que destruyan, modifiquen o supriman elementos de prueba, que podría ejercer influencia negativa sobre los otros partícipes como Daniel Honor Flores, la víctima y testigos a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente con la finalidad de favorecerse, citando la SC 0301/2011-R que hace énfasis que el riesgo de obstaculización inserto en el art. 235.2 del CPP, concurre hasta ejecución se sentencia; asimismo, el Tribunal de instancia, detalló los elementos de prueba que presentó el apelante, como un CD, certificado de permanencia en el penal, informe psicológico, fotografía con Logo de Generación Estudiantil Merecedores del Éxito – Promoción Aiquile 2020, libreta escolar electrónica que dió cuenta que el acusado fue alumno de secundaria del curso 6to A en la Unidad Educativa Simón Rodríguez de Aiquile, que fue secretario de deportes, que se destacó como excelente deportista en la disciplina de FUTSAL, que salió bachiller, contando con una Sentencia; por la cual, se le declaró culpable del delito de asesinato, condenándole a treinta años de presidio; prueba sobre la cual, el Tribunal a quo concluyó que dicha documental no se enmarcaba dentro de la previsión contendida por el art. 239.1 del CPP; puesto que, el peligro de obstaculización en la aplicación de medidas cautelares de 3 de octubre de 2020, se construyó en el hecho que el acusado podía influir negativamente –como se dijo anteriormente– sobre los otros partícipes como Daniel Honor, la víctima y testigos a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente con la finalidad de favorecerse, en el entendido además que no se recolectó los elementos probatorios, existiendo la probabilidad de que destruyan, modifiquen o supriman elementos de prueba; razonamiento de fondo del Tribunal a quo que destierra lo vertido por el Vocal demandado; toda vez que, dichas autoridades expusieron con claridad los motivos que dieron lugar a la detención preventiva del ahora tercero interesado, y analizando en el fondo concluyeron de manera debidamente fundamentada que los nuevos elementos de convicción presentados –detallados precedentemente– por el acusado a fin de obtener la cesación de su detención preventiva, no se enmarcaba dentro de lo dispuesto por el Juez de Instrucción y por tanto tampoco en el marco del art. 239.1 del CPP;
consiguientemente, de los argumentos esgrimidos por el Vocal demandado, se tiene que los mismos no están acorde a lo resuelto y fundamentado por el Tribunal de Sentencia; lo cual, decanta por una fundamentación defectuosa vulnerando el debido proceso en desmedro de los derechos de la víctima –parte accionante–, incumpliendo la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Asimismo, se puede establecer que el Auto de Vista de 14 de febrero de 2023 dictado por la autoridad demandada, además de ser demasiado escueto, vulnera el principio de congruencia interna, pues por una parte señala que conforme estableció el Tribunal de origen, las circunstancias personales del imputado –haber obtenido el bachillerato y destacado en actuaciones deportivas– no se constituirían en elementos que vayan a enervar los presupuestos que construyeron el peligro procesal de obstaculización; sin embargo, de manera contradictoria posteriormente refiere que, el acusado acompañó una Sentencia condenatoria con una pena de treinta años de privación de libertad, y que en dichas actuaciones no se advirtió que el imputado incurrió en actos de obstaculización al procedimiento o que haya influido de manera negativa en posibles testigos; y, que por el contrario éste se hubiese sometido de manera disciplinada a las actuaciones procesales; argumento incoherente, por cuanto no puede afirmarse primero que la prueba presentada por el acusado no enerva el peligro de obstaculización, e inmediatamente después sostener que el acusado no incurrió en actos de obstaculización, basándose en una Sentencia condenatoria que no tiene nada que ver con el art. 239.1 del CPP y con la construcción del mencionado riesgo de obstaculización, cuando su análisis debió circunscribirse a establecer si el acusado, bajo la figura de cesación a la detención preventiva, presentó o no nuevos elementos de convicción para demostrar que ya no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; por lo que, la mencionada autoridad no sólo vulneró el principio de congruencia, sino que también incurrió en una indebida fundamentación.
La autoridad judicial demandada también sostiene que el riesgo procesal de obstaculización hubiese disminuido, por lo que existiría una duda razonable en la subsistencia de dicho riesgo, por las circunstancias precedentemente señaladas, las cuales –según el criterio del Vocal demandado– habrían sido consideradas para la etapa preparatoria y que al presente, al existir una Sentencia condenatoria contra el acusado dicha etapa estaría vencida; argumento que nuevamente se desmarca del art. 239.1 del adjetivo penal y del procedimiento que se debe observar en las medidas cautelares y el análisis correspondiente de los riesgos procesales de fuga y de obstaculización establecidos por los arts. 234 y 235 del CPP, máxime si no identifica la prueba objetiva por la cual se pueda concluir que efectivamente el acusado no influyó en los “posibles testigos”, pero sobre todo soslayando lo dispuesto por el párrafo segundo del art. 233 que dispone: “En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo”; es decir, que la detención preventiva puede continuar aun así exista una sentencia condenatoria en primera instancia; puesto que, la averiguación de la verdad y la aplicación de la Ley no solo puede establecerse en la etapa de la investigación, sino cuando la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada, una vez que se agoten las instancias correspondientes; en ese sentido la SCP 0033/2023-S4 de 22 de marzo, instituye:
“Sobre el peligro de obstaculización inserto en el art 235.2 del adjetivo penal, la autoridad demandada; determine que, el fallo de primera instancia impuso una sanción privativa de libertad al imputado; por tanto, tal riesgo se mantenia latente mientras el mismo se encuentre pendiente de ejecutoria al existir un recurso de apelación restringida interpuesto; ello, vinculado a la finalidad de las medidas cautelares vinculadas a garantizar la aplicación de la ley; aspecto que, de igual modo resulta razonable bajo la finalidad indicada” (las negrillas son nuestras). Precepto legal y jurisprudencia constitucional que no fueron observados por la autoridad hoy demandada, omitió analizar con mayor rigor y exhaustividad los actuados desarrollados, pese a existir una Sentencia condenatoria por el delito de asesinato, misma que aún no está ejecutoriada por encontrarse con recurso de apelación restringida interpuesto por la defensa del ahora tercero interesado. Es necesario poner de relieve, que carecen de sustento probatorio los argumentos del Vocal demandado en sentido de que el condenado –tercero interesado– se sometió de manera disciplinada a las actuaciones procesales, pues no señala de manera específica algún documento o actos procesales que demuestren tales circunstancias, resultando únicamente criterios propios que no se ajustan a los parámetros procesales que deben observarse en la aplicación o modificación de medidas cautelares; es más, la autoridad de alzada llega al extremo de señalar que, al existir una Sentencia condenatoria –de treinta años de presidio– junto a los precitados argumentos sobre su sometimiento disciplinado al proceso, disminuirían el riesgo procesal; lo cual, resulta totalmente contrario a un razonamiento lógico jurídico, claro está sin que se vulnere la presunción de inocencia.
De igual modo, el Vocal demandado incurre en una fundamentación arbitraria al manifestar que, en observancia al principio de igualdad procesal, correspondería modificar la medida cautelar impuesta en favor del acusado Jorge Ernesto Vidal Gonzales; en razón a que, el otro coacusado Omar Flores estaría con medidas cautelares más benéficas que la detención preventiva; pues, este razonamiento no condice con el código procesal penal, sino a un criterio subjetivo, que en todo caso no tiene ningún respaldo legal ni jurisprudencial, apartándose de los fundamentos de la resolución del Tribunal a quo que demás esta decir son correctos; consiguientemente, se establece que la autoridad demandada vulnera el debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, y congruencia. Por último, en cuanto a la denuncia de que el mencionado Vocal, hubiese desconocido la prohibición de cesación en delitos de asesinato, que al haberse sentenciado a los acusados a la pena de treinta años, ya no existiría la posibilidad de pedir la cesación a la detención preventiva por prohibición expresa del art. 239.4 del CPP, modificado por las Leyes 1173 y 1226, el accionante debe recordar que la solicitud de cesación fue en el marco del numeral 1 del art. 239 del CPP y no en virtud al numeral 4 del aludido artículo; por tanto, no corresponde realizar mayores consideraciones de orden legal al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta, aunque con otros fundamentos.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 040/2023 de 17 de marzo, cursante de fs. 128 a 133 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista de 14 de febrero de 2023; y, 2° Disponer que el Vocal demandado de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita nuevo Auto de Vista conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0415_2025-S4.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): fbb0e831a62a86ea0b1b3a18168b7a430191184c3eb6b3bff9a4e0e736004eb5
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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