B.IA.LEGAL

SCP 0415/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 8 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
8 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
52021-2022-105-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia lesión de su derecho a la libertad personal; toda vez que, a pesar de haberse reconocido mediante Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022, la reducción de su deuda de asistencia familiar a “Bs. 26.058,14” -siendo lo correcto Bs26 858,14.-, la Jueza ahora demandada mantuvo vigente un Mandamiento de apremio emitido por el monto anterior de Bs33 058,14.-, además que no fue notificado legalmente, se omitió el procedimiento gradual previo, se otorgaron facultades extraordinarias sin justificación y se desconoció que la parte demandante carecía de personería activa, al ser sus hijos ya mayores de edad. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) El deber constitucional de asistencia familiar y la prevalencia del derecho substancial; b) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar; c) El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, d) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 27 a 29 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, por no haber agotado el peticionante de tutela, los medios intraprocesales que tenía a su alcance, para reclamar sus derechos supuestamente vulnerados, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El deber constitucional de asistencia familiar y la prevalencia del derecho substancial
  2. III.2. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar
  3. III.3. El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0415/2025-S1 Sucre, 8 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52021-2022-105-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 16/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 27 a 29 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Vladimir Rolando Ventura Pillco contra Soraya Britta Estrada Gamboa, Jueza Pública de Familia Séptima de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 6 a 10 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que, en el Juzgado Público de Familia Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, cursa una demanda de asistencia familiar en su contra, por la cual fue recluido durante seis meses debido a una deuda. En ese marco, refiere que procedió a realizar varios pagos, logrando inicialmente reducir la deuda a Bs33 058,14.- (treinta y tres mil cincuenta y ocho 14/100 bolivianos). Posteriormente, al salir de la cárcel, continuó realizando depósitos adicionales amortiguando lo adeudado. Ante esta situación la Jueza de la causa -ahora demandada- reconoció estos pagos y, mediante Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022, redujo formalmente la deuda a “Bs. 26.058,14” -lo correcto es Bs26 858,14.- (veintiséis mil ochocientos cincuenta y ocho 14/100 bolivianos)-. Sin embargo, a pesar de la existencia de este Auto Interlocutorio, aún existía subsistente el Mandamiento de apremio por el monto anterior de Bs33 058,14.-. En ese entendido, solicitó que dicho mandamiento sea dejado sin efecto, pero la Jueza de la causa, vulnerando su derecho al debido proceso y a la libertad personal, mantuvo vigente el irregular mandamiento. Además, señala que no fue notificado legalmente con dicho mandamiento, vulnerándose el principio de publicidad y su derecho a la legítima defensa. También reclama que el Mandamiento de apremio que incluía facultades extraordinarias de allanamiento, fue emitido sin cumplir el procedimiento gradual exigido, es decir, sin certificaciones o informes previos que justificaran su imposibilidad de cumplimiento. Asimismo, observó que la demandante carecía de personería activa, puesto que sus hijos ya eran mayores de edad y, por tanto, debían actuar por sí mismos. Finalmente refiere que, de ser ejecutado el Mandamiento de apremio, su detención sería ilegal, pues el monto reclamado era superior en más de Bs7000.- (siete mil bolivianos) a la suma adeudada, es decir, se lo estaría deteniendo por un monto excedente.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El solicitante de tutela considera lesionado su derecho a la libertad personal; citando al efecto los arts. 21.7, 22 y 23.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Mandamiento de apremio ilegal, por contener éste un monto erróneo, puesto que únicamente se adeuda la suma de “Bs. 26.058,14”.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 23 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 24 a 26, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado se ratificó en el contenido íntegro de su demanda tutelar y en el desarrollo de la audiencia, señaló lo siguiente: a) En el proceso de asistencia familiar radicado en el Juzgado Público de Familia Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, cumplió con el primer Mandamiento de apremio dentro del plazo de seis meses, obteniendo su liberación conforme a la normativa vigente. Posteriormente, transcurrido medio año, la parte demandante solicitó la emisión de un nuevo mandamiento de apremio. Sin embargo, la autoridad judicial emitió dicho mandamiento de manera directa, sin notificarle previamente en su domicilio real ni procesal; b) El referido mandamiento tenía facultades de allanamiento y habilitación de días y horas extraordinarias, sin observar el carácter gradual que exige la normativa; ante lo cual, reclamó oportunamente para conseguir la nulidad de la notificación, pero la autoridad judicial desestimó el pedido, argumentando que la misma fue practicada en tablero, la cual era válida, sin realizar un análisis jurídico; c) Tras el apremio inicial, su persona realizó depósitos parciales que redujeron la deuda de Bs33 058,14.- a Bs26 000.-, -aproximadamente-. Pese a ello, la Jueza ahora demandada mantuvo vigente el mandamiento con el monto inicial, sin efectuar su actualización conforme a los pagos realizados; d) La Jueza ahora demandada, incurrió en persecución ilegal y no observó el bloque de constitucionalidad, ni procedió de oficio para corregir el error en el Mandamiento de apremio, como exige la normativa vigente; y, e) Aunque inicialmente la citada autoridad judicial negó la pertinencia de convocar a una audiencia de conciliación, luego aceptó su solicitud, demostrando la necesidad de esa instancia para plantear una propuesta de pago respecto al saldo actualizado. Por ello, se ratifica en la acción de libertad presentada, solicitando se deje sin efecto el Mandamiento de apremio por la suma de Bs33 058,14.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Soraya Britta Estrada Gamboa, Jueza Pública de Familia Séptima de la Capital del departamento de Oruro, por informe escrito presentado el 23 de noviembre de 2022, cursante de fs. 14 a 16 vta., manifestó lo siguiente: 1) El 13 de enero de 2021, el ahora accionante fue apremiado y cumplió seis meses de reclusión. El 14 de julio de igual año, se le otorgó libertad bajo juramento de cancelar la deuda en seis meses, conforme a la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales. Sin embargo, al incumplir dicho juramento, la demandante solicitó un nuevo mandamiento de apremio, situación que fue debidamente notificada al demandado -ahora accionante-, quien interpuso nulidad de notificación, que fue resuelta como improbada mediante Resolución no impugnada. Luego, emitió el Auto de 8 de noviembre de 2022, deduciendo los pagos realizados, quedando el saldo deudor en Bs26 858,14.-, sin que las partes impugnaran; 2) Se explicó que el cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse, conforme al art. 127.I del CFPF, en concordancia con el art. 60 de la CPE; 16.I, 17, 18, 19 y 41 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, además de los arts. 109.I y 220 incisos f) y k) del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 noviembre de 2014-. Destacó que la asistencia familiar, como obligación de interés social, tiene por finalidad garantizar la alimentación, la salud, la educación y la vivienda de los beneficiarios (art. 109.I del CFPF); 3) El Mandamiento de apremio fue emitido conforme a derecho, notificándose debidamente al demandado, quien, con pleno conocimiento, incumplió su compromiso de pago. Se citó la SCP 0015/2015-S1 de 29 de enero, que respalda la procedencia del apremio corporal en casos de asistencia familiar, siempre que se cumplan las formalidades legales, incluyendo la notificación previa con la liquidación; y, 4) Concluyó señalando que no se vulneró ningún derecho ni garantía constitucional, y que el demandado intentaba, de manera temeraria y dilatoria, eludir su responsabilidad; toda vez que, incluso solicitó conciliación y plazos para pagar, reconociendo así los actos procesales válidamente realizados.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 16/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 27 a 29 vta., denegó la tutela solicitada; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) De los antecedentes y los argumentos expuestos, se verifica que la Jueza ahora demandada emitió un nuevo mandamiento de apremio el 29 de agosto del 2022; ii) Reconoció que, tras su liberación en una anterior oportunidad, el accionante mantenía la obligación de cancelar el monto total adeudado o buscar una conciliación, acción que no fue formalmente solicitada en ese momento; iii) Se constató que existían boletas de depósito realizadas al Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas Sociedad Anónima (FIE), a partir de las cuales la Jueza de la causa dedujo la deuda a Bs26 858,14.-. Sin embargo, en la parte considerativa de su Resolución, la precitada autoridad judicial estableció que esta suma debía considerarse conforme a derecho, siguiendo lo previsto en el art. 415.I del CFPF, que dispone que la parte beneficiaria debe presentar la liquidación de pago y ponerla en conocimiento de la otra parte para su posible observación en un plazo de tres días, iv) A pesar de la reducción parcial del monto adeudado, el accionante no solicitó la elaboración de una nueva liquidación, conforme al “art. 432” de la referida Ley, que regula la notificación con liquidaciones en procesos familiares. En consecuencia, la Jueza de Familia ahora demandada mantuvo vigente el Mandamiento de apremio por Bs33 058,14.-, aunque también dejó abierta la posibilidad de expedir un nuevo mandamiento por Bs26 858,14.-, opción que no fue formalmente planteada por las partes; y, v) Conforme al art. 127.III del CFPF, el apremio corporal puede suspenderse si el deudor ofrece pagar la deuda en un plazo acordado entre las partes, no mayor a tres meses. No obstante, en el caso concreto, no existió una oferta de pago específica respecto al saldo adeudado ni se estableció un nuevo plazo, razón por la cual el Mandamiento de apremio subsiste en los términos originalmente dispuestos.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de 8 de noviembre de 2022, pronunciado por Soraya Britta Estrada Gamboa, Jueza Pública de Familia Séptima de la Capital del departamento de Oruro -autoridad ahora demandada-, dentro del proceso de asistencia familiar seguido contra Vladimir Rolando Ventura Pillco -ahora accionante-, por el cual se establece que el prenombrado adeuda por concepto del mencionado beneficio, la suma de Bs26 858,14.- (fs. 21 y vta.).

II.2. Consta memorial presentado el 15 de noviembre de 2022, por el cual el ahora accionante solicita se deje sin efecto el Mandamiento de apremio librado en su contra, por la suma de Bs33 058,14.-; así también, se promueva audiencia de conciliación (fs. 22 y vta.). II.3. Mediante providencia de 16 de noviembre de 2022, la Jueza Pública ahora demandada, respecto al pedido de dejar sin efecto el Mandamiento de apremio librado, dispone se adecúe el pedido a lo establecido en el art. 127.III del CFPF (fs. 23).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia lesión de su derecho a la libertad personal; toda vez que, a pesar de haberse reconocido mediante Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022, la reducción de su deuda de asistencia familiar a “Bs. 26.058,14” -siendo lo correcto Bs26 858,14.-, la Jueza ahora demandada mantuvo vigente un Mandamiento de apremio emitido por el monto anterior de Bs33 058,14.-, además que no fue notificado legalmente, se omitió el procedimiento gradual previo, se otorgaron facultades extraordinarias sin justificación y se desconoció que la parte demandante carecía de personería activa, al ser sus hijos ya mayores de edad. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) El deber constitucional de asistencia familiar y la prevalencia del derecho substancial; b) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar; c) El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. El deber constitucional de asistencia familiar y la prevalencia del derecho substancial

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0828/2018-S2 de 10 de diciembre, desarrolló el siguiente entendimiento: La Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009, estipula en su art. 64.I, el deber de los cónyuges o convivientes de aportar, en igualdad de condiciones, a la formación integral de los hijos, expresando textualmente que: “Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad” (las negrillas son nuestras).

En correspondencia con dicha normativa, el art. 108.9 de la referida Ley Fundamental prescribe, entre los deberes de los bolivianos y bolivianas, el de: “Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos”; cuyo cumplimiento tiene que ser garantizado por el Estado boliviano, de acuerdo con el art. 9.4 de la citada Norma Suprema.

En sintonía con la Constitución Política del Estado, el Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, en su art. 109, establece el contenido y extensión de la asistencia familiar, expresando:

I. La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

II. La asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad, y podrá extenderse hasta que la o el beneficiario cumpla los veinticinco (25) años, a fin de procurar su formación técnica o profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando la dedicación a su formación evidencie resultados efectivos.

III. Asimismo, garantizará la recreación cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, de personas en situación de discapacidad y de personas adultas mayores.

IV. La asistencia familiar para personas con discapacidad se otorgará en tanto dure la situación de su discapacidad y no cuente con recursos. Las y los adultos mayores tienen ese derecho hasta el término de sus vidas.

V. La asistencia familiar se otorgará a la madre, durante el periodo de embarazo, hasta el momento del alumbramiento; el mismo beneficio será transferido a la hija o hijo nacido de acuerdo a lo establecido en este Código.

Por su parte, la doctrina constitucional desarrollada por este Tribunal, señaló las características distintivas y especiales de la obligación de la asistencia familiar -su carácter personalísimo respecto del acreedor, la intransmisibilidad a titulo universal, oneroso o gratuito-, que la diferencia de las obligaciones civiles; en contrapartida, expresó también que este derecho se extingue con la muerte de su titular. En síntesis, uno de los deberes que surge del vínculo familiar, es la asistencia familiar, que no solo se limita a la carga económica, sino, abarca una responsabilidad social, destinada a contribuir al bienestar de los miembros de la familia y específicamente a la formación integral de los 1La SC 0177/2006-R de 17 de febrero, en el FJ III.1, señala: “La obligación de prestar asistencia familiar tiene características especiales que la diferencian de las demás obligaciones civiles. La disposición del citado artículo señala algunos, que por implicación comprende otros de relevancia, y configuran la naturaleza jurídica de ella. En primer término, corresponde señalar que se trata de una obligación personalísima respecto del acreedor, lo que constituye su característica distintiva. Sólo el beneficiario puede demandarla, de ahí que es intransferible, no le es dado transmitirla o cederla a título oneroso o gratuito a otra persona. Igualmente no puede transmitirse a los herederos, porque constituye uno de los derechos que se extingue con la muerte, según el art. 1003 del Código civil (CC) y 26.5 del CF, salvo los derechos de los herederos a las pensiones devengadas y a los gastos funerarios.

También es una obligación personalísima para el obligado (art. 26.5 del CF) menos lo relativo a las pensiones devengadas, que deben oblarse por sus herederos, porque no se trata de hacer nacer una obligación, sino de ejecutar una ya existente y no extinguida, cuya transmisión se hace conforme al derecho común.

Por ser un derecho personalísimo, todas las acciones que se relacionan con él tienen el carácter de exclusivamente personales, de lo cual resulta que los acreedores no pueden ejercerlas en lugar de los interesados”.

hijos que se encuentran en una situación de necesidad, de apoyo económico y moral. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 1011/2013 de 27 de junio -Fundamento Jurídico III.3-, sostiene:

…que el deber de asistencia familiar ha sido constitucionalizado en los siguientes términos: a) Los conyugues o convivientes tienen el deber de asistencia en términos de responsabilidad igualitaria; b) La asistencia mínima vital implica los deberes de alimentar y educar a los hijos; c) En virtud del Estado Social de Derecho se entiende que la asistencia sólo es exigible en situaciones de “minoridad” o discapacidad; y, d) El deber de asistencia implica insoslayablemente una asistencia integral que implica una formación espiritual y humana completa destinada a que los padres ejerzan su rol de formación y que sean coadyuvantes en garantizar conjuntamente con el Estado el derecho fundamental a la educación (las negrillas son añadidas). Ahora bien, la justicia constitucional desarrolló el alcance de los principios necesarios para la labor interpretativa de este Tribunal y de los diferentes jueces, tribunales y autoridades, para un adecuado análisis de los problemas jurídicos planteados en cada caso concreto. Así, respecto al principio de verdad material previsto en el art. 180.I de la CPE, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, reiterada por la SCP 1071/2014 de 10 de junio, en el Fundamento Jurídico III.3, señala:

…corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez (las negrillas son incorporadas).

También corresponde referirse al principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal; en virtud al cual, de acuerdo a la SC 0897/2011 de 6 de junio (-Fundamento Jurídico III.5-, reiterada por la SCP 1071/2014 de 10 de junio),

…la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos (el resaltado es ilustrativo). En consonancia con los principios referidos, es pertinente citar el principio de justicia material, cuyo alcance fue establecido por la SC 0548/2007-R de 3 de julio, reiterada por la SC 2029/2010-R de 9 de noviembre y la SCP 0684/2014 de 10 de abril, entre otras, al expresar en su Fundamento Jurídico III.1, que en la tarea de administrar justicia, se tiene la obligación de procurar la realización de la justicia material,

…como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones, jueces y tribunales, así como normas materiales y adjetivas destinadas a la solución de la conflictividad social; en síntesis, la justicia material es la cúspide de la justicia, donde encuentra realización el contenido axiológico de la justicia; por ello, está encargada a todos los órganos de administración de justicia; empero, cuando dicha realización ha sido soslayada, es deber de la jurisdicción constitucional procurarla mediante los mecanismos instrumentados para ello, como el recurso de amparo constitucional, no como una instancia más dentro del proceso judicial, sino como la vía por medio de la cual, se despejan, en determinados casos, aquellas dudas o vacíos que impiden la vigencia verdadera de los derechos materiales de las personas (es resaltado es añadido).

III.2. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo -entre otras-, asumió el siguiente entendimiento: El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) refiere respecto al planteamiento de la acción de libertad y señala que:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.

Por su parte el Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a la naturaleza de esta acción de defensa al indicar que: “Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos”. Asimismo, esta misma Sentencia Constitucional en el Fundamento Jurídico III.4 modulando en entendimiento señalado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, manifiesta:

I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. En ese contexto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, este entendimiento debe ser asumido en materia de 3El FJ III.3 señala: “La Constitución vigente, como eje central del bloque de constitucionalidad imperante, diferencia, derechos fundamentales, garantías jurisdiccionales y acciones de defensa. En esa perspectiva, en su art. 23 garantiza el derecho fundamental a la libertad y los arts. 115.II y 117.I, 119 y 120.I disciplinan los elementos esenciales que configuran la garantía jurisdiccional del debido proceso. La protección eficaz tanto del derecho fundamental a la libertad como de la garantía jurisdiccional del debido proceso, se encuentra resguardada por la acción de defensa denominada “acción de libertad” regulada en los arts. 125 y 126 de esta norma suprema.

Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento que forma parte del bloque de constitucionalidad, en su art. 8 establece el derecho de toda persona a contar con un recurso efectivo ante los tribunales competentes para resguardar sus derechos, criterio también recogido por el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el marco de estas declaraciones se determina que la acción de libertad reconocida por la constitución es un mecanismo breve y sumario destinado a resguardar tanto el derecho a la libertad como el derecho al debido La proceso.

Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos. Esta esencia procesal no difiere a la naturaleza procesal asignada en el art. 18 de la CPE abrg. al recurso de hábeas corpus.

De lo expuesto precedentemente, debe establecerse que en caso de existir norma expresa que prevea mecanismos intraprocesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional, aspecto que se encuentra enmarcado en los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional.

III.3. El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0018/2020-S1 -entre otras-, asumió el siguiente entendimiento:

La doctrina define al incidente como una cuestión que difiere de la causa principal de un proceso judicial, los cuales sin embargo se encuentran relacionados; es decir que, se trata de un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez de la causa debe resolverlo a través de un auto debidamente fundamentado. El art. 255 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), señala referente a la procedencia de un incidente: “Todo incidente deberá formularse de manera fundamentada”; seguidamente los artículos del mismo Código hacen referencia a la tramitación de los incidentes planteados, señalando:

Artículo 256. (TRAMITACIÓN). La tramitación de los incidentes deberá observar las siguientes disposiciones:

a) Los incidentes serán resueltos en audiencia.

b) Si el incidente se planteare fuera de audiencia, éste deberá ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de la notificación.

c) El incidente planteado en el curso de una audiencia será fundado y formulado verbalmente; oída la parte contraria si corresponde, se resolverá de inmediato.

d) Si el incidente es notoriamente improcedente o se funda en hechos alegados anteriormente, la autoridad judicial lo rechazará sin más trámite. Además, si la resolución que resuelve el incidente planteado no fuere positiva para el incidentista, tiene la posibilidad de activar los medios de impugnación que el referido Código establece en los arts. 364.I “Las resoluciones judiciales son impugnables de acuerdo a las disposiciones previstas en el presente Código”; art. 366 del mismo cuerpo legal indica: “Las resoluciones judiciales podrán impugnarse mediante los recursos de: a) Reposición. b) Apelación. c) Casación. d) Compulsa”; y, art. 368 del Código referido menciona: “…procede la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios”. En conclusión, el incidente es una figura jurídica que se aplica en el ámbito de la jurisdicción ordinaria en materia familiar, medio procesal al que debe acudir la parte que se creyere afectada por defectos en el proceso, como ser falta de notificación o diligencia defectuosa entre otros, previo a acudir a la vía constitucional; y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia lesión de su derecho a la libertad personal; toda vez que, a pesar de haberse reconocido mediante Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022, la reducción de su deuda de asistencia familiar a “Bs. 26.058,14” -siendo lo correcto Bs26 858,14.-, la Jueza ahora demandada mantuvo vigente un Mandamiento de apremio emitido por el monto anterior de Bs33 058,14.-, además que no fue notificado legalmente, se omitió el procedimiento gradual previo, se otorgaron facultades extraordinarias sin justificación y se desconoció que la parte demandante carecía de personería activa, al ser sus hijos ya mayores de edad. De manera inicial, cabe señalar que la asistencia familiar constituye un deber constitucional esencial que se enmarca en los principios fundamentales de la Constitución Política del Estado, donde se establece que los cónyuges o convivientes deben contribuir, en igualdad de condiciones y mediante esfuerzo común, al sostenimiento, educación y formación integral de sus hijos, especialmente cuando son menores de edad o presentan alguna discapacidad (art. 64.I de la CPE). Esta obligación, además, se reconoce como un derecho prioritario y exigible judicialmente, orientado a garantizar no sólo el sustento económico, sino también el bienestar integral y la recreación de los miembros más vulnerables de la familia, tal como lo desarrolla el art. 109 del CFPF. La jurisprudencia constitucional ha destacado el carácter personalísimo de esta obligación, su vinculación al principio de verdad material y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formalismo procesal, subrayando que la asistencia familiar trasciende lo económico para convertirse en una responsabilidad social que asegura la protección y el desarrollo integral de quienes la requieren, en consonancia con los fines superiores de justicia material que rigen nuestro ordenamiento jurídico. Por otro lado, cabe indicar que la acción de libertad, reconocida en el art. 125 de la CPE, constituye un mecanismo excepcional y urgente de defensa de derechos fundamentales relacionados con la vida, la libertad y la protección contra procesamientos indebidos. No obstante, su activación está supeditada a la verificación de la ineficacia o inconducta de otros medios procesales ordinarios, en virtud del principio de subsidiariedad, desarrollado de forma reiterada por la jurisprudencia constitucional. En materia de asistencia familiar, esta subsidiariedad cobra particular relevancia frente a situaciones de privación de libertad originadas por mandamientos de apremio derivados del incumplimiento de obligaciones alimentarias. El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, estableció que antes de acudir a la acción de libertad, debe agotarse la vía ordinaria prevista en el Código de las Familias y del Proceso Familiar, en particular a través del planteamiento y resolución de incidentes conforme a los arts. 255 y 256 del citado Código, así como la utilización de los medios impugnativos pertinentes (reposición, apelación, casación o compulsa). De esta manera, se evita la desnaturalización de la acción de libertad como un recurso alternativo o paralelo a la jurisdicción ordinaria, reservándola únicamente para los casos en los que, pese al agotamiento de los mecanismos idóneos, eficientes y oportunos, no se haya logrado la restitución efectiva del derecho afectado. Así, en respeto al bloque de constitucionalidad y a los estándares internacionales establecidos en instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se asegura que la justicia constitucional intervenga solo como última ratio para tutelar de manera efectiva los derechos fundamentales comprometidos en el contexto de la asistencia familiar. De los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que Vladimir Rolando Ventura Pillco -ahora accionante-, presentó escrito adjuntando boletas de depósito bancarios a favor de Ruth Marleni Tola Huanca, a fin que sean deducidas del monto que se pretende liquidar, es así que la Jueza Pública ahora demandada, pronunció el Auto de 8 de noviembre de 2022, a través del cual, considerando los antecedentes y las nueve boletas bancarias, establece que el monto adeudado por concepto de asistencia familiar asciende al monto de Bs26 858,14.- (Conclusión II.1). El 15 de noviembre de 2022, el accionante interpuso ante la Jueza ahora demandada un escrito en el que impetra se deje sin efecto el Mandamiento de apremio librado en su contra por el concepto de asistencia familiar por la suma de Bs33 058,14.-, ya que de acuerdo al Auto de 8 de ese mes y año, únicamente sería por Bs26 858,14. Así también, pide se fije audiencia de conciliación a objeto de dar solución a la deuda con sus hijos; finalmente, solicita se disponga se ordene el apersonamiento de sus hijos, puesto que éstos ya serían mayores de edad (Conclusión II.2). Por decreto de 16 de noviembre de 2022, la Jueza ahora demandada atiende al memorial antes referido, disponiendo sobre el primer punto -de dejar sin efecto el Mandamiento de apremio librado- que se adecúe el pedido a lo establecido en el art. 127.III del CFPF; sobre el segundo, de conciliación se indicó se fundamente sobre la pertinencia de dicha solicitud; finalmente, en relación a la notificación de sus hijos mayores de edad, instruyó se ponga en conocimiento de la parte contraria (Conclusión II.3). De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia que lo impetrado en la presente acción tutelar también fue realizado previamente ante la Jueza Pública de Familia ahora demandada, mediante el memorial presentado el 15 de noviembre de 2022, conforme se detalla en la Conclusión II.2. En dicho escrito, el demandante de tutela solicitó se deje sin efecto el Mandamiento de apremio librado en su contra por concepto de asistencia familiar, aduciendo que existía una diferencia en el monto adeudado, de acuerdo al Auto de 8 de igual mes y año, el cual establecía una deuda de Bs26 858,14.- y no así de Bs33 058,14.- Dicho pedido fue atendido por la autoridad judicial mediante decreto de 16 de noviembre de 2022, disponiendo respecto al principal punto -la solicitud de dejar sin efecto el Mandamiento de apremio- que el mismo debía adecuarse a lo previsto en el art. 127.III del CFPF, norma que regula la forma y requisitos para solicitar la cesación de mandamientos de apremio en materia de asistencia familiar. Es decir, existió una respuesta expresa de la autoridad jurisdiccional ordinaria respecto al planteamiento formulado por el ahora peticionante de tutela. Ante tal respuesta, el accionante, en lugar de utilizar los mecanismos procesales ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico para cuestionar la providencia del 16 de noviembre de 2022 -en particular, el recurso de reposición previsto en los arts. 366 y 368 del CFPF, que faculta impugnar resoluciones judiciales dictadas dentro de un proceso familiar-, optó por activar directamente la jurisdicción constitucional a través de la presente acción de libertad. En este entendido, se advierte que el impetrante de tutela pretende que este Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelva directamente los supuestos agravios que, a su criterio, se habrían suscitado tanto por el Mandamiento de apremio librado en su contra como por el decreto de 16 de noviembre de 2022, desconociendo el carácter subsidiario y excepcional de la acción de libertad. En efecto, la jurisprudencia constitucional, como la desarrollada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales, ha establecido de manera clara que, ante la existencia de medios ordinarios de defensa idóneos, eficientes y oportunos, éstos deben ser agotados antes de recurrir a la tutela constitucional. La acción de libertad no puede ser utilizada como un mecanismo paralelo o alternativo a los procedimientos ordinarios, ni como una instancia de alzada que revise decisiones jurisdiccionales, función que corresponde exclusivamente a los tribunales superiores de la jurisdicción ordinaria. En el caso de autos, existía un mecanismo intraprocesal idóneo que pudo ser promovido por el accionante en sede ordinaria para solicitar la revisión de la providencia cuestionada, restituyendo así sus derechos supuestamente vulnerados. Por tanto, al no haber agotado el accionante los mecanismos ordinarios de defensa previstos en el ordenamiento procesal familiar, la presente acción de libertad resulta improcedente, en aplicación estricta del principio de subsidiariedad excepcional que rige esta acción de defensa, conforme a la doctrina constitucional vigente y los estándares internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 27 a 29 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, por no haber agotado el peticionante de tutela, los medios intraprocesales que tenía a su alcance, para reclamar sus derechos supuestamente vulnerados, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

2 La SCP 1011/2013 de 27 de junio, en el FJ III.3, expresa: “Del vínculo familiar nacen relaciones de distinta índole, por ello incorporan derechos y deberes de unos hacia otros, adquiere especial relevancia el deber de asistencia, pues éste lejos de ser una mera carga económica implica la responsabilidad social de una persona al formar parte de un núcleo familiar de contribuir en el bienestar de los miembros de la familia en la medida de sus posibilidades y el rol específico que juega dentro de la sociedad, así los padres tienen el deber fundamentalísimo de contribuir en el bienestar integral de los hijos en la medida que éstos se encuentren en una situación de necesidad de apoyo moral y económico (…)”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0415_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): e8384d2bbdd15be87c1b9e88d20e5b7332fa0d531a291ea80f6b51dd84cf15bb

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