Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 29 de julio de 2024
Concede la tutela
El representante por la menor de edad accionante denuncia la lesión de los derechos a la vida e integridad, en razón a que, pese a que dentro del proceso de restitución internacional promovido, a fin de subsanar la observación efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores al exhorto suplicatorio emitido dentro de dicha causa, que requirió previamente se arrime certificación de flujo migratorio respectivo, se solicitó expresamente y dispuso judicialmente mediante oficio que la DIGEMIG -cuyo Director y funcionario son ahora accionados- remita la misma, siendo presentado el 15 de mayo de 2024, sin embargo, a pesar de tratarse de un proceso judicial dentro del cual se pretende tutelar los derechos de una niña que fue sustraída ilegalmente y trasladada a territorio internacional, a la fecha -se comprende de activación de esta acción de defensa- y habiendo transcurrido un mes no se remitió esa información vital, sin la cual no se podrá continuar con el trámite de restitución de la nombrada, quien es víctima de violencia por parte de su progenitora.
En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 16/2024 de 13 de junio, cursante de fs. 30 a 32 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela impetrada ante la evidenciada dilación y/o demora en la extensión y remisión de la información requerida judicialmente sobre la Certificación de movimiento o flujo migratorio recepcionado por la Dirección General de Migración de La Paz el 15 de mayo de 2024, derivando en el indirecto riesgo de afectación a la vida e integridad de la menor de edad AA -ahora accionante-;
2° Disponer que la referida instancia administrativa en el plazo de veinticuatro horas de su legal notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por la sección que corresponda extienda y remita al Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz la extrañada Certificación, siempre y cuando la misma no hubiese sido ya cumplida por el transcurso del tiempo.
3° Exhortar al Ministerio de Relaciones Exteriores -en su dependencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos- y al Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz, a fin de que en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales que les correspondan, asuman según sus atribuciones y competencias, garanticen y efectivicen la prontitud y rapidez de las solicitudes, procedimientos y/o proceso inherentes al instituto jurídico de la restitución internacional, conforme se tiene precisado ut supra; a cuyo efecto por Secretaría General de este Tribunal Constitucional Plurinacional procédase a las notificaciones respectivas.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0414/2024-S2 Sucre, 29 de julio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 65505-2024-132-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 16/2024 de 13 de junio, cursante de fs. 30 a 32 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por BB en representación de la menor de edad AA contra el “Director Departamental”; y, Mario Álvarez, Encargado de la Unidad de Flujos Migratorios, ambos de la Dirección General de Migración (DIGEMIG) de La Paz.
Por memorial presentado el 12 de junio de 2024, cursante de fs. 13 a 16, el representante de la menor de edad accionante, manifiesta lo siguiente:
Interpuso -se entiende el representante de la menor de edad accionante-denuncia ante el Ministerio Público contra CC -madre de la nombrada- por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica y substracción de menor o incapaz, con Código Único de Denuncia (CUD): 201102032100136, por “hechos nefastos”, pues amenazaba con quitarle la vida a su hija -ahora imperante de tutela-, tal es así que un día le llamó para decirle que si no depositaba determinado monto de dinero se la llevaría a otro país y que nunca más la volvería a ver, amenazas que fueron concretadas el 19 de septiembre de 2020; encontrándose el indicado proceso penal en etapa de juicio oral, en cuya tramitación la denunciada fue declarada rebelde al haberse dado a la fuga, expidiéndose mandamiento de aprehensión en su contra, por lo que a fin de su cumplimiento se puso a conocimiento de la Organización Internacional de la Policía Criminal (INTERPOL) a través de la notificación roja a efectos de la captura de la referida, quien conforme a diversos informes se logró establecer que se encontraría en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, ante ello, el 27 de abril de 2023, se presentó al Ministerio de Relaciones Exteriores el correspondiente exhorto suplicatorio para la captura de la prenombrada denunciada.
Refiere que, paralelamente y como se mencionó, su hija menor de edad -accionante-se encuentra actualmente desaparecida, puesto que, el último dato que se tiene es la salida del país mediante la ciudad de Villazón del departamento de Potosí, en este sentido y a efectos de dar con su paradero se solicitó a las Oficinas de INTERPOL la publicación de la notificación amarilla en favor de su hija, que hasta la fecha -se comprende de activación de esta acción de libertad- se encuentra vigente.
Manifiesta que, al tratarse de la vida e integridad de la nombrada menor de edad AA, solicitó primero ante Ministerio de Relaciones Exteriores su restitución, al encontrarse en la República de Argentina; sin embargo, se presentaron una serie de negativas por parte de esa Cartera de Estado, señalándosele que debía realizar tal requerimiento vía judicial, pese a que “…la ley también prevé y habilita a esta institución para restituir y devolver a mi hija a territorio nacional” (sic).
Ante ello y al no contar con el acceso oportuno a la justicia, el 22 de septiembre de 2023, interpuso demanda de restitución internacional de la indicada menor de edad contra CC, que recayó en el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 204113612, en cuya causa se emitió la Resolución 08/2024 de 15 de enero, ordenando que mediante exhorto suplicatorio por el Ministerio de Relaciones Exteriores se proceda a la restitución de la menor de edad AA -hoy accionante-, el cual una vez remitido, fue devuelto debido a la falta de documentación, específicamente al flujo migratorio el cual debe referir que la mencionada salió del territorio nacional hacia la República de Argentina; como consecuencia de este nuevo hecho de retardación y dilación, solicitó en instancia judicial la emisión de un oficio dirigido a la DIGEMIG -cuyo Director y funcionario son hoy accionados- para que de forma inmediata remita dicha información, siendo presentada su solicitud en esa dependencia el 15 de mayo de 2024; empero, aun de tratarse de un proceso judicial dentro del cual se pretende tutelar los derechos de una menor de edad que fue sustraída ilegalmente y trasladada a territorio internacional, debiéndose prestar atención prioritaria, a la fecha y habiendo transcurrido un mes, la indicada Dirección dependiente del Ministerio de Gobierno no remitió la información vital requerida.
El representante por la menor de edad impetrante de tutela, denuncia la lesión de los derechos a la vida e integridad, citando al efecto los arts. 15.I y III, 58, 59 y 60 de la Constitución Política de Estado (CPE).
En audiencia invocó el art. 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se ordene al personal encargado y designado de la DIGEMIG remita al Juez de la causa de forma inmediata la Certificación de flujo migratorio solicitada; y, b) Se conmine al Juez que conoce el proceso antes señalado, emitir de forma inmediata el exhorto suplicatorio para ser presentado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. En audiencia impetró que la respuesta extrañada se emita en el plazo de veinticuatro horas.
Celebrada la audiencia virtual el 13 de junio de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 29; se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su abogado ratificó in extenso los argumentos del memorial de esta acción tutelar, y ampliándolos en audiencia señaló que: 1) El oficio remitido a la DIGEMIG es un requisito, sin el que no se podrá continuar con el trámite de restitución de la menor de edad AA víctima de violencia por parte de su progenitora, y pueda cesar ésta, retornando al país; 2) Invocó el art. 24.1 del PIDCP; y, 3) Solicitó que sea emitida la respuesta extrañada en el plazo de veinticuatro horas.
El representante legal de la DIGEMIG de La Paz, por informe brindado en audiencia, refirió que: i) Se coordinó con Mario Álvarez -hoy coaccionado-, quien estaba encargado de la emisión del certificado de flujo migratorio de la menor de edad AA -accionante-, “…la cual de acuerdo a lo que se ha informado por esta instancia se hace conocer que dicha respuesta ha sido derivada por parte de la oficina hasta la correspondencia en fecha 12 de junio de 2024, y ha sido encomendada para su presentación ante el juzgado, en ese entendido se debe entender que existe parámetros administrativos, a efectos de dar cumplimiento, la respuesta en este momento ya estaría presentada, lamentablemente hasta este momento no se me ha podido enviar el sello de recepción...” (sic); y, ii) Por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 16/2024 de 13 de junio, cursante de fs. 30 a 32 vta., denegó la tutela impetrada “...empero redirecciona[n]do los criterios vertidos y contenidos en la presente resolución dispone que por ante la Unidad de Flujos Migratorios de la DIGEMIG, se remita en el día de hoy la información solicitada y se exhorta al Ministerio de Relaciones Exteriores de evitar la exageración de exigencias de ritualismos y formalismos que tiendan a poner en riesgo los derechos de los niños niñas y adolescentes cuando los mismos ya fueron analizados por autoridad judicial competente...” (sic). Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) No se evidencia que exista un peligro inminente para la vida, existiendo una confusión entre la necesidad que tiene el “accionante” -representante- como padre de familia, de conocer de forma clara cuál es la situación su hija; b) Los derechos de las niñas, niños y adolescente son cuasi absolutos, no solo por su alto nivel de vulnerabilidad sino porque es una de las principales políticas del Estado Plurinacional de Bolivia, para ello se tiene el enfoque y la perspectiva de las políticas legales, denotándose que el Órgano Judicial debe enmarcar sus actividades para garantizar que esa protección no sea lírica sino efectivizada, de esta manera, se hace necesario que se ingrese a analizar los elementos puestos a conocimiento a través de esta acción de defensa, por la obligación de reconducción que emerge de la excepcionalidad que hace a la atención prioritaria de grupos de vulnerabilidad como de la niñez y adolescencia, conforme a lo cual, el principio de favor debilis emerge como un componente supremo que tiene que ser analizado desde el alcance de la acción de libertad incluso si se encuentra ante una autoridad en materia de la niñez y adolescencia; c) De lo referido en esta acción de defensa, se evidencia que las Carteras de Estado están exigiendo ritualismos y formalismos que resultan no solo oprobiosos sino que además van en desmérito de una situación en la que una menor de edad puede encontrarse en riesgo, si bien es cierto que los elementos burocráticos y el camino administrativo en cuanto a la presentación y obtención de documentación, deben ser cumplidos a cabalidad, no es menos evidente que ante la probabilidad de daño o peligro de una menor o adolescente, las autoridades tienen el deber tanto moral como legal, de atender con mayor celeridad y prontitud cualquier petición dirigida a la protección, cese o disminución del riesgo, no siendo coherente que, inicialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores ponga en duda un exhorto suplicatorio librado por autoridad competente que es claro, a través de la exigencia de documentos sobre los cuales se supone que dicha autoridad jurisdiccional ya se pronunció al momento de emitir dicha orden judicial, en este sentido, como Jueza de garantías no puede pronunciarse por ausencia de carga argumentativa en contra de la o las personas que realizaron tal devolución, pero se llama severamente la atención a la indicada Cartera de Estado, porque no está en situación de realizar observaciones que pongan en riesgo el interés de la niña, niño o adolescente, a través de la excesiva exigencia de documentación, que se supone fue analizada, valorada y compulsada por autoridad judicial competente; empero, al solicitar previamente que adjunte documentación que acredite que la menor de edad AA estaría en Buenos Aires, República de Argentina, estaría pretendiendo desmerecer la labor judicial, siendo la omisión evidente al tratarse de la investigación y petición de hechos en los cuales la vida de la nombrada niña se encuentra comprometida, no solamente desde el punto de vista de calidad, vivir bien y sanamente sino también fisiológica y biológicamente; y, d) La presente acción tutelar es abstracta, al no advertirse un elemento claro y concreto respecto a la situación de vida como componente funcional biológico, es importante redireccionar la petición, sin generar dilaciones, formalismos ni ritualismos que generen no solo un malestar sino esencialmente estén proclives a dañar la integridad física, moral, intelectual, psicológica, sexual, educacional, económica y todo lo referente al crecimiento integral de la menor de edad.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos relativos a niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, -se asume- la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Consta Reporte de publicación de Notificación Amarilla a través de la INTERPOL correspondiente a la menor de edad AA -hoy accionante- (fs. 3).
II.2. Dentro del proceso de restitución internacional de la antes referida menor de edad, seguido por su padre BB -ahora representante- contra Inés Carolina Quisbert Fernández y Ana Patricia Lavenchuch Azogue -garantes-, por Resolución 08/2024 de 15 de enero, Rogers Ramiro Soliz Saavedra, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz determinó: “...LA RESTITUCIÓN INTERNACIONAL desde Argentina a La Paz-Bolivia de la niña (...) -AA-, en el domicilio circunstancial ubicado en Argentina-Buenos Aires (CABA), Av. Gaona, N° 1130, por lo que REMITASE antecedentes al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, al tenor del Art. 73 Núm. 4 del D.S. 2377, para que inicien el trámite de restitución internacional en el país de ARGENTINA” (sic [fs. 4 a 6]).
II.3. Por Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-603/2024 de 1 de marzo, la misma remitida el 6 de igual mes de 2024, ante el Juez de la causa precedentemente identificado, el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló en lo central que: “En ese orden, se recomienda adjuntar al exhorto suplicatorio los documentos que acreditan la identidad del menor y de la persona que se alega tiene retenida a la menor, (copias cédulas de identidad); copia auténtica de toda decisión o acuerdo vigente entre los progenitores pago de pensiones y el derecho de visita; declaración vigente que acredite la residencia de la menor en el Estado boliviano; copia legalizada de la negatoria de autorización de viaje de la salida temporal de la menor; certificado de migración que sustente la salida de la menor; certificado del centro médico donde la menor era atendida o el profesional en el área, certificado de movimiento migratorio sobre la salida de la menor con destino [al] Estado Argentino; fotografías a color de la menor sustraída y la madre.
Asimismo, es recomendable consultar la cartilla de cooperación jurídica internacional que contiene el formato de presentación general de los exhortos suplicatorio [se] recomienda consultar la cartilla de cooperación jurídica internacional que se encuentra en el enlace cancillería.gob.bo/node/3432.
De conformidad con el Parágrafo II del Artículo 9 del Decreto Supremo N° 2377 de 27 de mayo de 2015 del Reglamento al Código Niña, Niño y Adolescente en calidad de Autoridad Central se devuelve la solicitud a efectos de su complementación” (sic [fs. 7 y 8]).
II.4. Cursa memorial presentado el 2 de mayo de 2024, por el que el ahora representante, solicitó al Juez de la causa, oficio dirigido a la DIGEMIG, a efectos de que por el área que corresponda remita certificación del flujo migratorio de la menor de edad AA -hoy accionante-; que mereció decreto de 6 de igual mes y año dando curso a dicho requerimiento (fs. 9 y 10).
II.5. Se tiene talón de control extendido por la DIGEMIG en el cual reporta, en lo pertinente, Tipo de Trámite: Certificación de movimiento o flujo migratorio; Nombres y Apellidos: menor de edad AA; Fecha y Hora de Recepción: “15/05/2024-09:36:03” y Fecha de Entrega: “20/05/2024” (fs. 12).
El representante por la menor de edad accionante denuncia la lesión de los derechos a la vida e integridad, en razón a que, pese a que dentro del proceso de restitución internacional promovido, a fin de subsanar la observación efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores al exhorto suplicatorio emitido dentro de dicha causa, que requirió previamente se arrime certificación de flujo migratorio respectivo, se solicitó expresamente y dispuso judicialmente mediante oficio que la DIGEMIG -cuyo Director y funcionario son ahora accionados- remita la misma, siendo presentado el 15 de mayo de 2024, sin embargo, a pesar de tratarse de un proceso judicial dentro del cual se pretende tutelar los derechos de una niña que fue sustraída ilegalmente y trasladada a territorio internacional, a la fecha -se comprende de activación de esta acción de defensa- y habiendo transcurrido un mes no se remitió esa información vital, sin la cual no se podrá continuar con el trámite de restitución de la nombrada, quien es víctima de violencia por parte de su progenitora.
En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación a este tópico, la SCP 0907/2020-S3 de 17 de diciembre, hizo hincapié en que: «Sobre los presupuestos de procedencia de la acción de libertad en función a su naturaleza jurídica y alcance determinado por los bienes jurídicos protegidos, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, sostuvo que: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como ‘recurso de habeas corpus’, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida”» (las negrillas nos corresponden) En esa dimensión de presupuestos de activación de la acción de libertad en cuanto al componente dogmático del derecho a la vida, con relación a su protección y promoción de vigencia por el Estado y todas las instituciones que lo integran, y su vinculación además con la integridad personal la SCP 0888/2021-S3 de 8 de noviembre, sostuvo que: «…la SCP 0033/2013 de 4 de enero, señaló que: “Sobre el derecho a la vida el Tribunal Constitucional señaló en la SC 1684/2003-R de 24 de noviembre: ‘…El derecho a la vida, como lo ha proclamado la SC 687/2000-R, es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional, de ahí que se encuentre encabezando el catálogo de los derechos fundamentales (…) es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos; es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones, es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección”’. En el mismo sentido la SC 0172/2006-R de 16 de febrero, señaló: “…Este derecho comprende entre otros el derecho a la seguridad e integridad personal, la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda), que los ciudadanos pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto a sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones”. Todos los derechos fundamentales son iguales en jerarquía proclama el art. 13. III de la Constitución; sin embargo, es lógico asumir que el derecho a la vida implica ciertas situaciones particulares que deben ser consideradas a momento de tramitar su protección jurisdiccional en instancias de la jurisdicción constitucional, pues si no se cuenta con este derecho fundamental ningún otro podrá ser ejercido, además de ello, toda la sociedad políticamente organizada no tendría sentido de no ser para garantizar a los seres humanos el derecho a una vida digna.
De ahí se tiene que toda decisión administrativa, legislativa o judicial siempre deberá compulsar dos principios esenciales, que son: i) el principio de primacía de protección del derecho a la vida; y, ii) El principio de duda favorable de la protección exhaustiva del derecho a la vida. Estos dos principios se deducen de la estructura normativa y jurisprudencial de este derecho en el contexto internacional de los Derechos Humanos y en el contexto constitucional boliviano. Sobre qué es lo que se protege en relación al derecho a la vida, se le ha asignado tres concepciones distintas, que son: a) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria (obligaciones positivas y negativas del Estado); b) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien (suma qamaña) (Obligaciones positivas del Estado); y, c) el derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad (obligaciones positivas del Estado). 1) El derecho a permanecer con vida e interdicción de muerte arbitraria.-Esta primera línea conceptual se refiere a dos obligaciones que tiene el Estado en relación al ser humano, las obligaciones positivas que están enmarcadas en eliminar en lo máximo posible los índices de criminalidad en la sociedad, es decir, realizar todos los esfuerzos necesarios para que los particulares o el propio Estado no quiten arbitrariamente la vida de otras personas; en cuanto a las obligaciones negativas, se tiene que el Estado se encuentra absolutamente impedido de realizar acciones estatales que culminen comprometiendo el derecho a la vida por intermedio de sus operativos y sobre la tradicional justificación de “la razón de Estado” (persecuciones desproporcionadas, desapariciones forzadas, etc.). 2) El derecho a vivir bien (que se desprende del principio del suma qamaña), implica la construcción de una sociedad en la que las personas conviven de buena manera, en términos efectivos una vida digna, colaborativa, sin ninguna forma de violencia ni discriminación para asegurar el desarrollo integral particularmente de las mujeres y armónica entre seres humanos y la naturaleza, la convivencia está dada en el marco de lo mejor posible, para ello el Estado asume la obligación positiva de establecer una serie de políticas públicas progresivas de creación de las mejores condiciones de vida. 3) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad, implica la obligación positiva del Estado de actuar cuando se encuentra comprometida la vida de las personas y se encuentra en sus ámbitos decisionales, asumir posturas concretas sin escatimar recursos para impedir que se afecte el derecho a la vida de las personas.
De estos escenarios descritos se tiene que el derecho a la vida no puede ser conceptualizado de manera unívoca; sin embargo, debe quedar claro que a la luz de un nuevo espíritu constitucional el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que dispone. De la generalidad conceptual desarrollada y en el marco de la tercera concepción glosada, las autoridades del Estado al resolver solicitudes en las que se encuentre en peligro el derecho a la vida, deben ser resueltas sobre la base de una exhaustividad analítica-valorativa en miras a considerar que sobre cualquier otro aspecto prima la protección de la vida del ser humano debiéndose tener presente que dicha protección no se agota con el compromiso de velar por la mera subsistencia de la persona, sino que involucra a todos los componentes imprescindibles para permitir el goce efectivo de una vida digna» (las negrillas corresponde al texto original).
Al respecto, la SCP 1113/2022-S3 de 29 de agosto, en cuanto a este axioma especializado, citando a la SCP 0818/2018-S1 de 5 de diciembre, enfatizó que: [«Sobre el particular y realizando un desarrollo normativo constitucional como de instrumentos supra nacionales, la SCP 1074/2015-S3 de 5 de noviembre, señala: “La Constitución Política del Estado en cuanto a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, establece: ‘Artículo 58. Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones’. ‘Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’.
La normativa legal precedente, emerge de un proceso paulatino de modificación a la legislación nacional, para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia reconocidos en instrumentos internacionales; cuyo hito trascendental, surge a partir de la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la ‘Convención sobre los Derechos del Niño’ Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 44/25 el 20 de Noviembre de 1989, (ratificada por el Estado boliviano el 14 de mayo de 1990 mediante Ley 1152); a través de la cual, se estableció un cambio de paradigma en la concepción de la niñez y adolescencia, al reconocer a los menores como sujetos de derechos y partícipes de su propio desarrollo, bajo la premisa del respecto por el ‘interés superior del niño’, constituyéndose en la esencia reguladora de la normativa a desarrollarse en torno a los derechos de la niñez y adolescencia, traduciéndose en la responsabilidad de protegerlos a través de una efectiva tutela legal y judicial. La Convención sobre los Derechos del Niño estipuló -entre otros aspectos-: ‘Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño’. (...) Los lineamientos de estos instrumentos internacionales universales, también se encuentran reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando: La Convención Americana sobre Derechos Humanos ‘Pacto de San José de Costa Rica’, adherida por Decreto Supremo (DS) 16575 de 13 de junio de 1979 (elevado al rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993), establece: ‘ARTÍCULO 19 Derechos del Niño Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado’. Así, conforme este plexo jurídico-normativo interno como del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SUDH y SIDH), se consolida la vigencia y respeto del principio del interés superior del niño, el cual constituye el principio rector y básico de preeminencia del resguardo a los niños, niñas o adolescentes, que tiene un alcance esencialmente interpretativo de las medidas que puedan afectarles directa o indirectamente; permitiéndose conforme a este postulado a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, reforzar el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que dentro del mandato constitucional conlleva actuaciones imperativas tendientes al respeto de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE-”». En esta misma línea de hermenéutica constitucional, la SCP 0088/2021-S3 de 20 de abril, resaltó que: «...otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, imponiendo con ello a los Estados parte, el deber de atención primordial del interés superior del niño, debiendo garantizarse su protección y cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres. (...) Por su parte, el art. 1 del CNNA prevé y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a toda niña, niño y adolescente; esto con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia; determinando además en el art. 12 literal b del citado Código, como prioridad social, que es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar a la niña, niño y adolescente, con absoluta prioridad el ejercicio y el respeto pleno de sus derechos, estableciendo además, que toda niña, niño y adolescente, tiene derecho a ser atendido con prioridad por las autoridades, judiciales y administrativas. En ese marco, la SCP 0195/2018-S4 de 14 de mayo, establece que: “Teniendo en cuenta que las niñas, niños y adolescentes carecen de la madurez biológica y psicológica suficiente y necesaria, para afrontar un conflicto por sí solos, debido a las etapas de desarrollo que atraviesan antes de convertirse en adultos, diferenciándose de estos incluso por sus necesidades emocionales y educativas, el Estado está obligado a adoptar políticas especiales y acciones afirmativas en favor de ellos, al constituir un grupo vulnerable reconociendo previamente su condición de sujetos de derechos y garantías, destinadas a eliminar las situaciones de discriminación o intolerancia que sufren en razón de su edad, promoviendo la efectiva observancia del principio de igualdad, en consideración a sus características especiales”.
La SCP 1879/2012 de 12 de octubre, luego de exponer el ámbito de protección constitucional y a través de los instrumentos internacionales sobre materia de derechos humanos, en favor de las niñas, niños y adolescentes, asumió que: “…son un grupo de vulnerabilidad que tienen amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; a objeto de resguardarlos de manera especial garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Siendo imprescindible resaltar que tal circunstancia de prevalencia concedida no sólo por consagración constitucional sino por expreso reconocimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado. En ese orden, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-397/04 de 29 de abril de 2004, consideró que: ‘…las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos’. En suma, resulta evidente que los derechos de los niños son prevalentes mereciendo un trato prioritario al contar con interés superior dentro del contexto jurídico vigente; por lo que tanto los jueces y tribunales de garantías como este Tribunal Constitucional Plurinacional, no podrán abstenerse de conocer acciones de tutela que los involucren, precisamente como se tiene establecido por la preeminencia que da la Norma Suprema a este sector de vulnerabilidad y la tutela necesaria que deben merecer en casos de evidente transgresión a sus derechos fundamentales…”»] (las negrillas corresponden al texto original).
En cuanto a esta modalidad de la acción de libertad, la SCP 0273/2019-S1 de 22 de mayo, citando a la SCP 0770/2014 de 21 de abril, estableció que:«…El extinto Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó en cuanto al recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- que: "…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida".
En ese entendido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, concluyó que: "…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad".
Siguiendo con el entendimiento jurisprudencial desarrollado por la citada Sentencia Constitucional, en su Fundamento Jurídico III.4, señaló: "Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales".
En ese sentido, en el mismo Fundamento Jurídico citado en el párrafo anterior agregó a la tipología, el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: "…el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad"; entendimientos asumidos y reiterados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1449/2012 y 2511/2012, entre otras» (las negrillas corresponden al texto original).
Al respecto, este lineamiento jurisprudencial fue complementado en la SCP 1405/2022-S3 de 10 de octubre, al precisar que: “...en su alcance genérico busca la aceleración de los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad en procura de la vigencia del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos; sin embargo, cabe complementar y establecer que, si bien esta modalidad tiene implicancia con la falta de celeridad en actuaciones relacionadas a la libertad, no es menos evidente que su activación también involucra a los demás bienes jurídicos que se encuentran dentro del campo de acción de esta vía constitucional tutelar, por lo que también constituye un mecanismo para acelerar procedimientos y/o solicitudes que se encuentren relacionados con el derecho a la vida -sea en el componente de afectación o de riesgo-, de las partes involucradas en un proceso, entre ellas la víctima” (las negrillas nos corresponden), conforme a lo cual la aceleración de solicitudes y procedimientos -según corresponda- también involucra a posibles vulneraciones y/o amenazas de lesión al derecho primordial a la vida y/o integridad física, emocional, psicológica o sexual, que puedan derivar en una dimensión mediata o inmediata ante la dilación en el conocimiento y atención de estos.
Conforme se tiene precisado precedentemente, el objeto procesal converge en la alegada lesión a los derechos a la vida e integridad de la menor de edad AA -accionante-, toda vez que dentro del proceso de restitución internacional promovido por su progenitor y ahora representante, a fin de subsanar la observación efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores al exhorto suplicatorio emitido dentro de dicha causa, que requirió previamente se arrime certificación de flujo migratorio respectivo, se solicitó expresamente y dispuso judicialmente mediante oficio que la DIGEMIG -cuyo Director y funcionario son ahora accionados- remita la misma, siendo presentado el 15 de mayo de 2024; sin embargo, a pesar de tratarse de un proceso judicial dentro del cual se pretende tutelar los derechos de una niña que fue sustraída ilegalmente y trasladada a territorio internacional, a la fecha -se comprende de activación de esta acción de defensa- y habiendo transcurrido un mes no se remitió esa información vital, sin la cual no se podrá continuar con el trámite de restitución de la nombrada, quien es víctima de violencia por parte de su progenitora.
Bajo el delineado alcance de reclamación constitucional formulado que sostiene la activación de esta acción de defensa, corresponde inicialmente aclarar que, el principio de subsidiariedad aplicable excepcionalmente a la acción de libertad, no es viable de su consideración y establecimiento en temáticas en las que se encuentran involucrados menores de edad, como ocurre en el caso de análisis, al merecer una atención prioritaria y reforzada en cuanto a la vigencia y protección de sus derechos e intereses. Efectuada esta aclaración de índole procesal-constitucional, cabe como lineamiento inicial de abordaje de análisis conocer los antecedentes inherentes a la misma. Así, consta Reporte de publicación de la Notificación Amarilla a través de la INTERPOL correspondiente a la menor de edad AA -hoy accionante- (Conclusión II.1), teniéndose que dentro del proceso de restitución internacional de la nombrada niña, seguido por su padre BB -ahora representante- contra Inés Carolina Quisbert Fernández y Ana Patricia Lavenchuch Azogue -garantes-, por Resolución 08/2024 de 15 de enero, Rogers Ramiro Soliz Saavedra, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz determinó: “...LA RESTITUCIÓN INTERNACIONAL desde Argentina a La Paz-Bolivia de la niña (...) -AA-, en el domicilio circunstancial ubicado en Argentina-Buenos Aires (CABA), Av. Gaona, N° 1130, por lo que REMITASE antecedentes al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, al tenor del Art. 73 Núm. 4 del D.S. 2377, para que inicien el trámite de restitución internacional en el país de ARGENTINA” (sic [Conclusión II.2]); en cuya tramitación, por Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-603/2024 de 1 de marzo, la misma remitida el 6 de igual mes de 2024 al Juez de la causa antes identificado, el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló en lo central que: “...En ese orden, se recomienda adjuntar al exhorto suplicatorio los documentos que acreditan la identidad del menor y de la persona que se alega tiene retenida a la menor, (copias cédulas de identidad); copia auténtica de toda decisión o acuerdo vigente entre los progenitores pago de pensiones y el derecho de visita; declaración vigente que acredite la residencia de la menor en el Estado boliviano; copia legalizada de la negatoria de autorización de viaje de la salida temporal de la menor; certificado de migración que sustente la salida de la menor; certificado del centro médico donde la menor era atendida o el profesional en el área, certificado de movimiento migratorio sobre la salida de la menor con destino [al] Estado Argentino; fotografías a color de la menor sustraída y la madre. Asimismo, es recomendable consultar la cartilla de cooperación jurídica internacional que contiene el formato de presentación general de los exhortos suplicatorio [se] recomienda consultar la cartilla de cooperación jurídica internacional que se encuentra en el enlace cancillería.gob.bo/node/3432. De conformidad con el Parágrafo II del Artículo 9 del Decreto Supremo N° 2377 de 27 de mayo de 2015 del Reglamento al Código Niña, Niño y Adolescente en calidad de Autoridad Central se devuelve la solicitud a efectos de su complementación” (sic [Conclusión II.3]); ante ello, a través de memorial presentado el 2 de mayo de 2024, el ahora representante, solicitó al Juez de la causa, oficio dirigido a la DIGEMIG, a efectos de que por el área que corresponda remita certificación del flujo migratorio de la menor de edad AA -hoy accionante-; que mereció decreto de 6 de igual mes y año dando curso a dicho requerimiento (Conclusión II.4), constando talón de control extendido por la señalada Dirección en el que se establece, en lo pertinente, Tipo de Trámite: Certificación de movimiento o flujo migratorio; Nombres y Apellidos: menor de edad AA; Fecha y Hora de Recepción: “15/05/2024-09:36:03” y Fecha de Entrega: “20/05/2024” (Conclusión II.5). A partir de este contexto fáctico como componente medular se evidencia que el 15 de mayo de 2024 inició el identificado trámite para la obtención de la Certificación de movimiento y flujo migratorio -ahora extrañado-, conforme a oficio ordenado por decreto de 6 de igual mes y año, debiéndose resaltar que -como se tiene precisado- tal requerimiento fue dispuesto por autoridad judicial en materia de la niñez y adolescencia con la finalidad de cumplir con observaciones realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores -lo cual será objeto de consideración especial infra- y de manera concreta proceder conforme a los dispuesto jurisdiccionalmente con la restitución internacional de la menor de edad AA -accionante-; sin embargo, no se evidencia de manera objetiva que el mismo hubiese sido extendido y remitido ante el Juzgado de la causa, pese a que incluso en el talón de control correspondiente extendido por la DIGEMIG se estableció como data de entrega el 20 de ese mes y año, la cual no se acredita que fue cumplida; y, si bien dentro de esta acción de defensa a tiempo de presentarse el informe de descargo respectivo se alegó que: “...de acuerdo a lo que se ha informado por esta instancia se hace conocer que dicha respuesta ha sido derivada por parte de la oficina hasta la correspondencia en fecha 12 de junio de 2024, y ha sido encomendada para su presentación ante el juzgado, en ese entendido se debe entender que existe parámetros administrativos, a efectos de dar cumplimiento, la respuesta en este momento ya estaría presentada, lamentablemente hasta este momento no se me ha podido enviar el sello de recepción...” (sic); la referencia de cumplimiento el mismo día de presentación de esta acción tutelar, sin que se demuestre documentalmente su observancia, no permite considerarla como válida a los fines del examen constitucional. En este sentido, se puede afirmar que la demora y consecuente incumplimiento oportuno de la extensión y remisión de la antes referida Certificación de movimiento y flujo migratorio vinculada a una menor de edad, implicó una abstracción de la situación de índole procesal-jurídica de la cual devino, conforme a la cual obligaba a la instancia administrativa -cuyo Director y funcionario son ahora accionados- a considerar en la efectivización de tal requerimiento, el axioma constitucional y convencional del interés superior de la niña, niño y adolescente, dado que, como principio rector y básico garantiza que en toda actuación que les involucre tengan primacía de recibir protección y socorro ante cualquier circunstancia sea en la esfera pública o privada -art. 60 de la CPE-, debiendo en todo momento merecer un trato prioritario (Fundamento Jurídico III.2), atendiendo además la herramienta del enfoque interseccional que dentro de su connotación de armonía ante situaciones de vulnerabilidad no constituye un criterio aislado ni de aplicación individual sino que conlleva un campo de acción institucional, orgánico y conjunto que permita la identificación y especial equilibrio y que “...comprende un análisis jurídico de las categorías de vulnerabilidad utilizadas como herramientas para identificar situaciones específicas (…) y los requerimientos de protección reforzada que deben otorgarse a la misma, observando la complejidad y diversidad de las fuentes que generan cada categoría…” (SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre); componentes de aplicación pragmática que fueron omitidos en la situación fáctica, esencialmente al desconocerse el marco de resguardo que merecía la menor de edad AA -ahora impetrante de tutela-, respecto a quien versaba la Certificación -extrañada en su extensión- y de quien se ordenó judicialmente su restitución internacional, para cuya finalidad fue requerida dicha documentación complementaria, sumado a que incluso los accionados desconocieron los propios plazos de entrega que regirían ese tipo de trámites -tal cual se tiene advertido supra-. En este orden, se debe señalar también que conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional el derecho primordial a la vida como bien jurídico protegido por esta acción de defensa, para su tutela debe tener un armazón de certeza y objetiva convicción sobre su afectación o amenaza de restricción, en este sentido y bajo la compatibilización con la vigencia del principio de interés superior de la menor de edad -accionante- se puede afirmar que, la demora y/o dilación en la que se incurrió en la extensión y subsecuente remisión de la Certificación de movimiento y flujo migratorio por la instancia administrativa de la DIGEMIG, que se encuentra interconectada con una dinámica procesal y jurisdiccional asumida que tiene como finalidad su rescate internacional, indisolublemente tiene implicancia mediata en el riesgo de afectación del derecho a la vida extensible a la integridad personal de la nombrada, en las esferas que así correspondan, extremo que permite sustentar el reproche constitucional ante la falta de diligencia y prontitud en la tramitación de la referida documentación necesaria para la prosecución y consolidación de la decisión jurisdiccional asumida por autoridad competente en materia de la niñez y adolescencia. A cuyo efecto y ante la falta de constancia documental sobre el efectivo cumplimiento de la extensión y remisión al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz, de la extrañada Certificación por parte de la DIGEMIG, corresponde activar esta vía de protección constitucional en la modalidad traslativa o de pronto despacho, que conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional su esencia de aceleración de procedimientos y/o solicitudes abarca también a la protección en esa faceta de evitar dilaciones indebidas a circunstancias vinculadas directa o indirectamente con el derecho a la vida -en su dimensión de lesión o amenaza de conculcación- y sus incidencias correlacionadas; debiéndose en consecuencia conceder la tutela impetrada.
Resuelta la problemática central planteada y en consideración a que dentro del sustento argumentativo expuesto en esta acción de defensa, referencialmente se puso de manifiesto que, el Ministerio de Relaciones Exteriores habría presentado una serie de negativas para viabilizar el trámite de restitución internacional de la menor de edad AA -accionante-, señalándosele que debía realizar tal requerimiento vía judicial, pese a que la ley también prevé y habilita a esa entidad a este fin, lo que habría generado que se promueva ante la autoridad competente el proceso de restitución internacional -en cuya tramitación se advirtió la dilación de la instancia administrativa de la DIGEMIG-; y, el petitorio de que se conmine al Juez que conoce el proceso antes señalado, emitir de forma inmediata el exhorto suplicatorio para ser presentado ante dicha Cartera de Estado; se debe aclarar que, la eventualidad de que la existencia de alguna barrera de consecución en la que se hubiese incurrido en instancia administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, no puede ser objeto de examen constitucional específico sobre una presunta demora o traba en la tramitación de la restitución de la menor de edad AA -impetrante de tutela-, al no haberse establecido la legitimación pasiva al respecto; y, en cuanto a la pretensión que se intenta sea acogida vinculada a la actuación de la autoridad judicial a cargo del proceso -del cual emerge esta acción de tutelar-, en igual tópico procesal constitucional tampoco puede merecer un efecto de exigencia relacionado con algún emergente reproche constitucional.
No obstante y siempre en consideración a la situación de vulnerabilidad y de primacía de la atención y resguardo reforzado que debe decantar en toda actuación en la cual se encuentren involucrados menores de edad, este Tribunal considera de importancia exhortar al antes indicado Ministerio de Relaciones Exteriores -en su dependencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos-, para que a fin de viabilizar la restitución internacional de la niña -ahora peticionante de tutela- dispuesta judicialmente, garantice la debida celeridad y prontitud, en las acciones y procedimientos que les corresponda asumir en ese propósito; y, al Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz, de igual manera ejerza una dinámica procesal como jurisdiccional célere y en apego a los plazos aplicables en la causa de su conocimiento -de restitución internacional-.
En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, adoptó una decisión incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 16/2024 de 13 de junio, cursante de fs. 30 a 32 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela impetrada ante la evidenciada dilación y/o demora en la extensión y remisión de la información requerida judicialmente sobre la Certificación de movimiento o flujo migratorio recepcionado por la Dirección General de Migración de La Paz el 15 de mayo de 2024, derivando en el indirecto riesgo de afectación a la vida e integridad de la menor de edad AA -ahora accionante-;
2° Disponer que la referida instancia administrativa en el plazo de veinticuatro horas de su legal notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por la sección que corresponda extienda y remita al Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz la extrañada Certificación, siempre y cuando la misma no hubiese sido ya cumplida por el transcurso del tiempo.
3° Exhortar al Ministerio de Relaciones Exteriores -en su dependencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos- y al Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz, a fin de que en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales que les correspondan, asuman según sus atribuciones y competencias, garanticen y efectivicen la prontitud y rapidez de las solicitudes, procedimientos y/o proceso inherentes al instituto jurídico de la restitución internacional, conforme se tiene precisado ut supra; a cuyo efecto por Secretaría General de este Tribunal Constitucional Plurinacional procédase a las notificaciones respectivas.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0414_2024-S2.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): daaba47647d841501fbc97a9907fc2bc61af327d3d473f3429083aa7aee5e5c6
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →