Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 11 de mayo de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, pertinencia y favorabilidad; el derecho a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia, y a la legalidad; puesto que, los Vocales ahora accionados, en el proceso laboral sobre pago de beneficios sociales contra la empresa SISTECO Ltda., en grado de apelación emitieron el Auto de Vista A.I. 84/2016 SSA-I de 18 de mayo -con el que no fue notificado- y el Auto de Vista A.I. 08/“2020” SSA-I de 15 de enero de 2021, rechazando su pretensión de dejar la representación de la mencionada empresa por un lado y por otro negaron aceptar que Alfredo Condori Paxi asuma la representación legal de dicha empresa, lo que le causa perjuicios y peligro a su libertad, habida cuenta, que en ejecución de fallos, emitieron mandamiento de apremio contra su persona. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 84/2022 de 13 de abril, cursante de fs. 174 a 177, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en Consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0414/2023-S3 Sucre, 11 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 47588-2022-96-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 84/2022 de 13 de abril, cursante de fs. 174 a 177, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Franklin Imaña Pacheco e Iván Sixto Roncal Toral en representación legal de Freddy Walter Fiorilo Plaza contra Víctor Luis Guaqui Condori Condori y Delfín Esteban Mamani Mamani, Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El accionante por memoriales presentados el 3 de agosto y 14 de septiembre de 2021, cursantes de fs. 47 a 66; y, 79 a 99 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso laboral sobre cobro de beneficios sociales seguido por Iván Vladimir Vargas Terrazas y Fernando Luis Calla Tola contra la empresa Sistemas de Computación e Informática Gerencial Limitada (SISTECO Ltda.), fue representante de la mencionada empresa mediante Testimonio “381/2004”; por el cual, asumió defensa en el proceso laboral conforme al mandato otorgado. Sin embargo, mediante revocatoria de Testimonio 117/2009 de 26 de marzo, fue extinguido el mandato otorgado; por lo que, dejo de ser representante de la empresa SISTECO Ltda., al mismo tiempo, otorgó Poder Especial y Suficiente a Alfredo Condori Paxi; quien, en ejercicio del poder que le fue dado, se apersonó en el mencionado proceso laboral, admitiéndose en principio su apersonamiento por decreto de 27 de enero de 2016; no obstante, dicho decreto fue revocado, mediante Auto de Vista A.I. 101/2016 SSA-II de 7 de octubre, emitido por los Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionados-; por cuanto, el referido Testimonio fue revocado, siendo notificado el nombrado con el citado Auto de Vista -mediante Secretaría- como representante de la citada empresa en su domicilio legal señalado. Asimismo, Alfredo Condori Paxi corrigiendo el error y adjuntando la revocatoria de Testimonio 117/2009 y otorgamiento de Testimonio 1447/2009 de 10 de noviembre vigente y registrado en Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA); por el que, volvió a ser designado como representante legal de la empresa SISTECO Ltda., se apersono nuevamente a preguntar sobre el proceso judicial; no obstante, mediante decreto se le negó su apersonamiento y señaló que debe estarse a lo determinado por la Resolución 904/2015 de 3 de diciembre, que declaró probada la excepción sobreviniente de impersonería formulada por su persona. De esa manera, Alfredo Condori Paxi, interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación, que mereció pronunciamiento a través de la Resolución 205/2018 de 8 de mayo, que niega su reposición y concede la apelación alternativamente interpuesta, con una serie de falsedades, sin una debida fundamentación, ni valoración de los medios de prueba. En etapa de apelación, fue pronunciado el Auto de Vista A.I. 08/“2020” SSA-I de 15 de enero de 2021, que confirmó la Resolución 205/2018, negando el apersonamiento del mismo y dejando subsistente su representación por la empresa SISTECO Ltda. Por otra parte, la excepción sobreviniente de impersonería formulada por su persona en el proceso laboral sobre pago de beneficios sociales seguido por los Iván Vladimir Vargas Terrazas y Fernando Luis Calla Tola contra la empresa SISTECO Ltda., fue resuelta mediante Resolución 904/2015, que declaró probada la excepción, en etapa de apelación contra la citada Resolución, los Vocales hoy accionados, resolvieron mediante Auto de Vista A.I. 84/2016 SSA-I de 18 de mayo, revocar la resolución recurrida; por lo que, ordenó que el proceso continúe contra su persona, como representante de la mencionada empresa y no aceptó el apersonamiento de Alfredo Condori Paxi. En ese entendido, no fue notificado como representante legal de la empresa SISTECO Ltda., quien fue notificado como representante es Alfredo Condori Paxi, en el domicilio procesal fijado por él; por lo que, ninguna resolución se puede cumplir o ejecutar coactivamente si no se hace conocer a las partes, menos alcanzar ejecutoria; por una parte, no se acepte el apersonamiento del nombrado y se le obligue a ejercer una representación al que renunció y fue sustituido legalmente, y por otra se notifique al nuevo representante legal de la mencionada empresa, las decisiones que se están asumiendo en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y le están afectando en su vida diaria.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, pertinencia y favorabilidad; el derecho a la seguridad jurídica, y al acceso a la justicia, y a la legalidad, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, en consecuencia, se disponga que: Se anulen los Autos de Vista A.I. 84/2016-SSA-I de 18 de mayo y A.I. 08/“2020” SSA-I de 15 de enero de 2021 y, en su mérito los Vocales hoy accionados emitan nuevos fallos subsanando los defectos denunciados en la acción de amparo constitucional.
Celebrada la audiencia virtual el 13 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 171 a 173 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de sus representantes legales y su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que: A la pregunta de uno de los Vocales hoy accionados, respecto a cuál era la situación jurídica del nombrado; el representante legal refirió que, como emergencia del estado del proceso laboral se encuentra alejado de la ciudad, de su familia y no tiene posibilidades de acceder a un trabajo porque “…si el apareciera seria aprendido (…) se encuentra ilegalmente perseguido” (sic), “…en mérito al mandamiento de aprensión que liberado el Señor Juez 7mo. Publico del Trabajo, el motivo de esta acción” (sic).
Delfín Esteban Mamani Mamani, Vocal Presidente de la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 11 de octubre de 2021, cursante de fs. 133 a 136 vta., así como en audiencia manifestó que: a) La Sala que Preside, al emitir el Auto de Vista A.I. 84/2016 SSA-I, que revoca la Resolución 904/2015, de forma por demás explicativa y debidamente fundamentada señaló las razones por las que se asumió la decisión de revocar la resolución apelada, concerniente a la excepción sobreviniente de personería del accionante, habiendo resuelto los puntos cuestionados, así como el carácter irrenunciable de los derechos laborales; b) Desde la notificación al nombrado con la citada el citado Auto de Vista transcurrieron más de seis meses; por lo que, no puede ingresarse al análisis de fondo; c) Respecto a al Auto de Vista A.I. 08/“2020” SSA-I, que confirmó la Resolución 205/2018, fundamenta de forma explicativa las razones de su decisión; puesto que, se tiene presente que la excepción de impersonería formulada por el accionante, que fue resuelta mediante el Auto de Vista A.I. 84/2016 SSA-I; y, d) En ese entendido el accionante pretende nuevamente hacer revisar esta excepción que fue ampliamente debatida y resuelta en las instancias respectivas y medios de defensa previstos, operando el principio de preclusión.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista A.I. 84/2022 de 13 de abril, cursante de fs. 174 a 177, denegó la tutela solicitada por el accionante, bajo los siguientes fundamentos: 1) En el caso de autos, en audiencia, el nombrado denuncia que se encuentra indebidamente perseguido, porque existe un mandamiento de apremio contra su persona sin cumplir con el procedimiento en el proceso laboral sobre beneficios sociales en el que se emitieron las resoluciones objeto de la presente acción de amparo constitucional, por falta de fundamentación, motivación y congruencia; y, 2) La acción de amparo constitucional no es idónea para la protección de los derechos vulnerados con el debido proceso y libertad, aclarando que no se ingresó al fondo de la cuestión planteada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista A.I. 84/2016-SSA-I de 18 de mayo emitido por Myriam Aguilar Rodríguez y Fredy Paz Valdivia, Vocales de la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionados-, que revocó la Resolución 904/2015 de 3 de diciembre, que fue impugnada por Freddy Walter Fiorilo Plaza -ahora accionante-, disponiendo la prosecución en el proceso laboral sobre cobro de beneficios sociales seguido por Iván Vladimir Vargas Terrazas y Fernando Luis Calla Tola contra el accionante en su condición de representante legal de la empresa SISTECO Ltda., bajo los siguientes fundamentos: i) Es cierto que el procedimiento especial prevé el planteamiento de las excepciones previas y perentorias -arts. 128 y 133 del Código Procesal del Trabajo (CPT)-; sin embargo, la excepción “…sobreviniente de impersonería en el demandado…” (sic) no se halla contemplada dentro de las citadas normas legales; ii) Del contenido del cuaderno de apelación, se infiere que la demanda fue admitida por el Juez de la causa el 16 de abril de 2007 y dispuso traslado a la mencionada empresa demandada, representada por Sergio Asbún Yacir como Director Ejecutivo y el accionante como Gerente General, quien asumió defensa desde el 13 de octubre de igual año, efectuando sucesivas actuaciones, como cuando el nombrado interpone recurso de casación el 11 de enero de 2010, que fue resuelto mediante Auto Supremo (AS) 180/2014 de 30 de octubre que declaro infundado el recurso de casación y el 1 de octubre de 2015 solicitó fotocopias del caso; y, iii) En estado de ejecución de fallos, previa solicitud de parte, se ordenó librarse el mandamiento de apremio contra Freddy Walter Fiorilo Plaza -hoy accionante- por la empresa SISTECO Ltda., hasta que cancele la suma de Bs. 52 096,43.- (cincuenta y dos mil noventa y seis 43/100 bolivianos) en favor de Fernando Luis Calla Tola y Bs. 44 487,91 (cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete 91/100 bolivianos) en favor de Iván Vladimir Vargas Terrazas y Fernando Luis Calla Tola demandantes en el referido proceso laboral contra la mencionada empresa, por concepto de beneficios sociales y otros derechos; por lo que, no es evidente que el accionante ya no sea parte de mencionada empresa, aspecto que no fue valorado por el Juez de la causa, al excluir del caso al accionante, cuando lo único que se pretende con la sustitución de la representación legal es eludir el cumplimiento de una obligación social (fs. 19 y vta.). II.2. Constan notificaciones de 9 de noviembre de 2016 a Iván Vladimir Vargas Terrazas y Fernando Luis Calla Tola -demandantes en el proceso laboral sobre pago de beneficios sociales contra la empresa SISTECO Ltda.- y a Alfredo Condori Paxi, actual representante legal de la citada empresa. (fs. 20). II.3. Mediante Auto de Vista A.I. 08/“2020” SSA-I de 15 de enero de 2021, Víctor Luis Guaqui Condori Condori y Delfín Esteban Mamani Mamani, Vocales de la Sala Social, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionados-, manifestaron que: a) El recurso de apelación presentado alternativamente al recurso de reposición contra la Resolución 205/2018 de 8 de mayo interpuesto por Alfredo Condori Paxi, que rechaza el recurso de reposición; y, b) El recurso de apelación presentado por el accionante, el 16 de mayo de 2018, contra la Resolución 205/2018 -alegando que asumió conocimiento extraoficial del Auto de Vista A.I. 84/2016-SSA-I de 18 de mayo, que afecta en extremo sus derechos y con el que fue notificado Alfredo Condori Paxi, en el domicilio procesal fijado en Secretaría de dicha Sala; empero, su persona no fue notificado-; en la parte resolutiva confirma la Resolución 205/2018, con los siguientes fundamentos: 1) Al inicio del proceso, el accionante se apersonó y respondió negativamente a la demanda, alega que mediante Testimonio 117/2009 de 26 de marzo, se revocó el mandato; por lo que, ya no tiene la condición de representante legal de la empresa SISTECO Ltda., pretendiendo deslindar responsabilidad; sin embargo, a pesar de señalar y hacer constar la revocatoria de mandato el 11 de enero de 2010, interpuso recurso de casación y el 1 de octubre de 2015 en representación de la mencionada empresa demandada solicito fotocopias del caso, lo que les lleva a concluir que los argumentos expuestos carecen de relevancia legal; de manera que, resulta un argumento dilatorio para la prosecución de la causa; y, 2) No se ha logrado verificar la vulneración de derechos y garantías fundamentales como se denuncia (fs. 40 y vta.).
II.4. Cursan notificaciones a la empresa SISTECO Ltda. representado por el accionante, el 8 de febrero de 2021 “Se sienta diligencia en Secretaria de Cámara de la Sala Social Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativo Primera del Tribunal Departamental de Justicia de conformidad a los arts. 82 y 84 de la Ley 439…” (sic) y a Iván Vladimir Vargas Terrazas y Fernando Luis Calla Tola -hoy demandantes en el proceso laboral sobre pago de beneficios sociales contra la referida empresa- en la misma fecha (fs. 41). II.5. Consta memorial presentado el 16 de mayo de 2018, ante el Juzgado de Trabajo y Seguridad Social Séptimo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por el accionante, en el que formula recurso de apelación contra la Resolución 205/2018 -que niega la reposición del decreto y niega el apersonamiento de Alfredo Condori Paxi y concede su apelación alternativamente interpuesta-, alegando “Extraoficialmente, tengo conocimiento de que la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Departamental de Justicia habría emitido la Resolución AI 84/2016-SSA-I de fecha 18 de mayo de 2016, misma que cursaría a Fs. 468 de obrados, acto procesal que afecta extremadamente a mis derechos. Sin embargo, nunca fui notificado con esa actuación, quien fue efectivamente notificado con esa resolución resulta ser el actual representante legal de la empresa demandada el señor Alfredo Condori Paxi, como se evidencia sin lugar a dudas de las diligencias de Fs. 469 y 470 vta., mismas que se realizan en Secretaria lugar que fue el domicilio procesal fijado por él (Fs. 334)…” (sic [fs. 31]), el citado recurso de apelación fue decretado en traslado (fs. 31 a 37); contestado por Iván Vladimir Vargas Terrazas y Fernando Luis Calla Tola -demandantes en el proceso laboral sobre pago de beneficios sociales contra la referida empresa- expresando que resulta sorprendente que en julio de 2018 “…luego de haber corrido una serie de trámites procesales y haber firmado los mismos el representante legal y apoderado de SISTECO Ltda., FREDDY FIORILO PLAZA, formule apelación…” (sic [fs. 38]); mediante Resolución 267/2018 de 8 de junio, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el accionante (fs. 39).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, pertinencia y favorabilidad; el derecho a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia, y a la legalidad; puesto que, los Vocales ahora accionados, en el proceso laboral sobre pago de beneficios sociales contra la empresa SISTECO Ltda., en grado de apelación emitieron el Auto de Vista A.I. 84/2016 SSA-I de 18 de mayo -con el que no fue notificado- y el Auto de Vista A.I. 08/“2020” SSA-I de 15 de enero de 2021, rechazando su pretensión de dejar la representación de la mencionada empresa por un lado y por otro negaron aceptar que Alfredo Condori Paxi asuma la representación legal de dicha empresa, lo que le causa perjuicios y peligro a su libertad, habida cuenta, que en ejecución de fallos, emitieron mandamiento de apremio contra su persona. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 129.II de la CPE establece que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, a computarse desde la comisión de la vulneración alegada o desde la notificación de la última decisión administrativa o judicial; éste plazo, expresa en la norma constitucional el principio de inmediación que rige ésta acción tutelar; en los mismos términos se tiene previsto el plazo de la inmediatez de la acción de amparo constitucional -extensivo a la acción de protección de privacidad y de cumplimiento-, en el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo). Al respecto el extinto Tribunal Constitucional, cuyos razonamientos son vinculantes en tanto no contradigan los postulados de la Constitución Política del Estado vigente, en cumplimiento a su labor interpretativa y protectora de los derechos, se pronunció señalando que en el ámbito de la inmediatez por un principio general del derecho, ninguna persona puede pretender que la jurisdicción constitucional se encuentre a su disposición en forma indefinida, sólo podrá estarlo dentro del término fijado, si en ese plazo el afectado no acude ante la autoridad judicial correspondiente, implicará la desidia o la ausencia de interés para que sus derechos y garantías les sean restituidos. Con base en los razonamientos desplegados y tomando en cuenta este límite temporal fijado en la Constitución Política del Estado, la jurisprudencia constitucional del actual Tribunal Constitucional Plurinacional ha señalado que tiene una estrecha vinculación con el principio de la seguridad jurídica, que disciplina la función de impartir o administrar justicia; puesto que, su apertura ilimitada e indefinida en el tiempo, causaría sin duda alguna, inseguridad e incertidumbre para los justiciables; por lo que, el constituyente boliviano fijó el plazo para acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional en forma clara y categórica. Sin embargo, la misma jurisprudencia constitucional ha razonado que el mencionado plazo no es rígido ni cerrado, admitiendo expresamente la posibilidad de flexibilización cuando se haya excedido en algunos días y la vulneración del derecho fundamental o garantía constitucional sea evidente y de tal naturaleza que la jurisdicción constitucional no puede ni debe permitir su consumación, cuando los reclamos fueron permanentes sin obtener una respuesta. En todo caso, se debe estar atentos a las particularidades del caso concreto y a los derechos fundamentales o garantías constitucionales puestos en litigio, que se encuentren afectados en su contenido esencial -verbigracia, la invocación del estado de gravidez por la accionante- que justifiquen prescindir o excusar el cumplimiento del plazo de inmediatez y la protección que se brinde, será circunstancial o provisional. En esa comprensión, la jurisprudencia constitucional enfatizo de que el Juez o Tribunal de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional, a condición de que la vulneración al derecho haya persistido con el tiempo y sea actual, tienen el deber de efectuar una revisión de cada caso concreto, verificando los motivos de la dilación en la presentación de la acción, si existió un desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en la reclamación de sus derechos o si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados, persistiendo la transgresión de los mismos; a pesar de lo 3 Respecto al principio de inmediatez la SCP 1880/2012 de 12 de octubre, manifestó que: “El principio de inmediatez del amparo constitucional, referido al planteamiento de dicha acción dentro de los seis meses, tiene una estrecha vinculación con el principio de la seguridad jurídica, que es propio de la administración de la justicia, dado que, al permitirse aperturada la jurisdicción constitucional por un tiempo ilimitado e indefinido, sin la menor duda, provocaría inseguridad e incertidumbre para los justiciables, a cuyo fin, la sabiduría del constituyente boliviano, estableció categóricamente el plazo para acudir a la jurisdicción constitucional, a través de la presente acción de defensa” (las negrillas son añadidas), citada en la SCP 0793/2015-S1 de 27 de agosto. 4 Respecto a la posibilidad de flexibilización del plazo de la inmediatez y las condiciones necesarias, la SC 0762/2003-R de 6 de junio de 2003, expresó que: “… plazo razonable el de seis meses para que la persona afectada presente el recurso; no es menos cierto que, la sub-regla fijada por el Tribunal no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza que el órgano encargado del control de constitucionalidad no puede ni debe permitir se consume. En el caso objeto del presente recurso, el último reclamo escrito formulado por la recurrente data del 22 de julio de 2002, lo que significa que al 8 de febrero, fecha en que presentó el amparo constitucional, han transcurrido 6 meses y 13 días, lo que, inicialmente, daría lugar a que se declare improcedente el recurso; empero, es importante considerar los siguientes elementos de juicio para no optar por esa vía; a) el exceso del tiempo es de apenas 13 días al plazo fijado en la jurisprudencia; b) la lesión denunciada es evidente, toda vez que los recurridos no han dado una respuesta debidamente motivada a la petición de la recurrente, no obstante que los reclamos fueron permanentes y, según la versión de la recurrente no desmentida por los recurridos, después de haber presentado su última nota el 22 de julio del 2002, siguió presentando su reclamación verbal al Concejo sin obtener una respuesta. En consecuencia, aplicando el principio de favorabilidad, este Tribunal ingresa a la consideración del fondo de la problemática planteada en el recurso” (las negrillas y el subrayado son nuestros). En el mismo sentido se pronunció la SC 0200/2006-R de 21 de febrero, y fue citado por la SCP 0793/2015-S1 de 27 de agosto, entre otras. 5 Respecto a las condiciones de flexibilización del plazo de la inmediatez de manera excepcional, la SC 0389/2004-R de 17 de marzo, expresó que: “Empero, atentos a las particularidades del caso y a los derechos fundamentales puestos en litigio, que en casos análogos a los del presente han justificado prescindir de la subsidiariedad; por lo que, en el caso presente es justificable también prescindir o excusar el cumplimiento del otro requisito cual es el de la inmediatez, ello debido a que la recurrente invocó en su momento su estado de gravidez, que no se quiso considerar en el proceso administrativo, además porque la protección que se le brindará, al igual que en el precedente jurisprudencial citado, será circunstancial, o sea hasta que su hijo cumpla el primer año de edad, sin que pueda prolongarse más allá, plazo hasta el cual deberá diferirse la ejecución de lo dispuesto en el proceso disciplinario, cuyas resoluciones efectivamente tienen valor de cosa juzgada. Sin embargo, conviene recordar que este Tribunal ha sentado jurisprudencia en el sentido de que cuando una resolución ilegal y arbitraria afecta al contenido esencial de un derecho fundamental, no se puede sustentar su ilegalidad bajo una supuesta cosa juzgada, en cuyo caso se abre inexcusablemente el ámbito de protección del amparo constitucional”. (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
señalado.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, pertinencia y favorabilidad; el derecho a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia, y a la legalidad; puesto que, los Vocales ahora accionados, en el proceso laboral sobre pago de beneficios sociales contra la empresa SISTECO Ltda., en grado de apelación emitieron el Auto de Vista A.I. 84/2016 SSA-I de 18 de mayo -con la que no fue notificado- y el Auto de Vista A.I. 08/“2020” SSA-I de 15 de enero de 2021, rechazando su pretensión de dejar la representación de la mencionada empresa por un lado y por otro negaron aceptar que Alfredo Condori Paxi asuma la representación legal de dicha empresa, lo que le causa perjuicios y peligro a su libertad, habida cuenta, que en ejecución de fallos, emitieron mandamiento de apremio contra su persona.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se establece que en el proceso laboral sobre cobro de beneficios sociales seguido por Iván Vladimir Vargas Terrazas y Fernando Luis Calla Tola contra la empresa SISTECO Ltda., cursa Auto de Vista A.I. 84/2016-SSA-I; emitido por los Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en grado de apelación; por el que, fue resuelto el recurso de apelación presentado por Freddy Walter Fiorilo Plaza -ahora accionante-, revocando la Resolución 904/2015 de 3 de diciembre, por el nombrado y disponiendo la prosecución de la causa contra el mismo en su condición de representante legal de la citada empresa; acto procesal con el que fueron notificados Iván Vladimir Vargas Terrazas y Fernando Luis Calla Tola -demandantes en el proceso laboral- y la mencionada empresa representada legalmente por Alfredo Condori Paxi, el 9 de noviembre de 2016 (Conclusiones II.1. y II.2.). En el mencionado proceso laboral, los Vocales de la Sala Social, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionados-, en grado de apelación, emitieron el Auto de Vista A.I. 08/“2020” SSA-I, manifestando que: i) El recurso de apelación presentado alternativamente al recurso de reposición contra la Resolución 205/2018 de 8 de mayo interpuesta por Alfredo Condori Paxi, que rechaza el recurso de reposición; y, ii) El recurso de apelación presentado por el accionante, el 16 de mayo de 2018, contra la Resolución 205/2018, en cuya parte resolutiva confirma dicha Resolución; acto procesal con el que fue notificada la empresa SISTECO Ltda. representada legalmente por el nombrado, el 8 de febrero de 2021 “Se sienta diligencia en Secretaria de Cámara de la Sala Social Administrativa Contencioso y Contencioso Administrativo Primera del Tribunal Departamental de Justicia de conformidad a los arts. 82 y 84 de la Ley 439…” e Iván Vladimir Vargas Terrazas y Fernando Luis Calla Tola demandantes en el proceso laboral contra la mencionada empresa en la misma fecha (Conclusiones II.3. y II.4.). Concerniente al segundo punto, es necesario precisar que el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la Resolución 205/2018, fue presentado mediante memorial el 16 de mayo de 2018, corrido en traslado y contestado, fue concedido mediante Resolución 267/2018 de 8 de junio, emitido por el Juez de la causa (Conclusión II.5.). En ese contexto, se procederá al análisis del problema jurídico planteado por las partes, tomando en cuenta que la pretensión del accionante es dejar sin efecto el Auto de Vista A.I. 84/2016-SSA-I y el Auto de Vista A.I. 08/“2020” SSA-I, ambos emitidos por los Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz hoy accionados y se emitan nuevas Resoluciones, reparando los derechos fundamentales y garantías constitucionales vulnerados; sin embargo, antes de ingresar al análisis de fondo, corresponde pronunciarse sobre aspectos de orden procesal o formal presentados por el accionante, al cuestionar escuetamente que el accionante incumplió con el principio de inmediatez; puesto que, la acción de amparo constitucional fue activada, vencido el plazo de los seis meses de ser notificado con el Auto de Vista A.I. 84/2016 SSA-I. Respecto al presunto incumplimiento del principio de inmediatez por el accionante. Es necesario resaltar que el Auto de Vista A.I. 84/2016-SSA-I, resuelve el recurso de apelación presentado por el mismo, contra la Resolución 904/2015, revocando la resolución impugnada y disponiendo la prosecución de la causa contra Freddy Walter Fiorilo Plaza -accionante- en su condición de representante legal de la empresa SISTECO Ltda.; ésta última Resolución dictada por el Juez de la causa, resolvió la excepción sobreviniente de impersonería formulada por el accionante, declarando en primera instancia, probada la excepción y como se dijo, en grado de apelación, revocada, por consiguiente subsistente la representación del accionante por la mencionada empresa. Si bien la empresa SISTECO Ltda., fue notificada el 9 de noviembre de 2016, a nombre de Alfredo Condori Paxi como representante legal, con el Auto de Vista A.I. 84/2016-SSA-I (fs. 20), de la revisión de antecedentes, no se advierte que se hayan realizado actos de comunicación con el mencionado acto procesal al accionante -quien promovió la excepción sobreviniente de impersonería-, ni a título personal, ni como representante de la citada empresa, de lo que se puede inferir es que el accionante formalmente, no conocía el resultado final -en etapa de apelación- de la excepción planteada. Sin embargo, también es necesario precisar que el accionante, reconoce que el 16 de mayo de 2018, ya tuvo conocimiento del resultado de la cuestión vinculada a su excepción sobreviniente de impersonería, en etapa de apelación, cuando expresamente señala “Extraoficialmente, tengo conocimiento de que la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Departamental de Justicia habría emitido la Resolución AI 84/2016-SSA-I de fecha 18 de mayo de 2016, misma que cursaría a Fs. 468 de obrados, acto procesal que afecta extremadamente a mis derechos. Sin embargo, nunca fui notificado con esa actuación, quien fue efectivamente notificado con esa resolución resulta ser el actual representante legal de la empresa demandada el señor Alfredo Condori Paxi, como se evidencia sin lugar a dudas de las diligencias de Fs. 469 y 470 vta., mismas que se realizan en Secretaria lugar que fue el domicilio procesal fijado por él (Fs. 334)…” (sic [fs. 31]), expresiones contenidas en el recurso de apelación presentado el 16 de mayo de 2018, contra la Resolución 205/2018 -que rechaza la reposición del decreto que negó el apersonamiento de Alfredo Condori Paxi y concede la apelación alternativamente interpuesta-. Este reconocimiento es de vital importancia en la presente acción de amparo constitucional; puesto que, el accionante ya asumió conocimiento el 16 de mayo de 2018, del primer acto vulneratorio denunciado en la presente acción tutelar, cual es el Auto de Vista A.I. 84/2016-SSA-I. Esta circunstancia, marca el momento de inicio del cómputo del plazo de la inmediatez en la presente acción de amparo constitucional; por una parte y por otra, la presentación del recurso de apelación contra la Resolución 205/2018 -que rechaza la reposición del decreto que negó el apersonamiento de Alfredo Condori Paxi y concede su apelación alternativamente interpuesta-, resulta siendo inidóneo e ineficaz para corregir el procedimiento vinculado al tema de la excepción sobreviniente de impersonería formulada por el accionante, como se tiene señalado se resolvió en grado de apelación mediante Auto de Vista A.I. 84/2016-SSA-I, consiguientemente, no podía plantearse nuevamente en el proceso laboral a través de la apelación, en clara inobservancia del principio de preclusión que rige el proceso laboral en ese caso. Entonces, en atención a los razonamientos desplegados precedentemente, en primer lugar, se debe tomar en cuenta que el acto vulneratorio que se denuncia está representado por el Auto de Vista A.I. 84/2016-SSA-I, del mismo, el accionante asumió conocimiento expreso, el 16 de mayo de 2018; en segundo lugar, la acción de amparo constitucional, tiene como fecha de presentación, el 3 de agosto de 2021. De los datos precisados, se puede concluir que desde el conocimiento del acto vulneratorio hasta la presentación de la presente acción de defensa, transcurrieron más de seis meses, prácticamente transcurrieron años para activar la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional, incurriendo por consiguiente el accionante en el incumplimiento del principio de inmediatez; razón que, impide a la presente Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, ingresar al análisis de fondo de la presente acción tutelar. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 84/2022 de 13 de abril, cursante de fs. 174 a 177, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en Consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
1 Respecto a la vinculatoriedad de la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, la SCP 2140/2012 de 8 de noviembre establece que: “…razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional; sin embargo, este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado…” (las negrillas nos pertenecen).
2 En torno a la inmediatez, la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, expreso el siguiente entendimiento: “…está sustentado básicamente en el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos” (las negrillas son nuestras), citado por la SC 0521/2010-R de 5 de julio, SCP 0450/2012 de 29 de junio, SCP 0605/2016-S2 de 30 de mayo, entre otros.
6 Respecto a la condiciones de la flexibilización de la inmediatez, la SCP 1944/2013 de 4 de noviembre, expresó que: “De esta forma, si bien es cierto que la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, establecen el plazo de caducidad de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, el carácter imprescriptible del derecho a la jubilación y la situación particular en la que se encuentran sus beneficiarios, siendo un sector de vulnerabilidad que debe ser protegido de manera primordial por el Estado; deriva que en estos casos, deba hacerse una diferenciación particular, haciendo abstracción del principio de inmediatez a condición que la lesión al derecho haya persistido con el tiempo y sea actual. En ese sentido, deben presentarse ambas condiciones al efecto, debiendo el juez o tribunal de garantías, y en revisión el Tribunal Constitucional Plurinacional, realizar un análisis en cada caso en particular, verificando los motivos de la dilación en la presentación de la acción; si existió un desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en la reclamación de sus derechos; o si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados, persistiendo la transgresión de los mismos pese a lo señalado” (las negrillas y el subrayado son ilustrativos).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0414_2023-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): ef65ffce8f984fba4b4575292c94a9361f73bfa44341c4b5c57077fe3c5f3a47
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