B.IA.LEGAL

SCP 0414/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 8 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
8 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
47011-2022-95-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante considera lesionados sus derechos a la defensa y al debido proceso, en sus elementos a la fundamentación y motivación, toda vez que; dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, los Magistrados ahora demandados, a través del Auto Supremo 794/2021-RA de 26 de agosto, declararon inadmisible el recurso de casación que interpuso contra el Auto de Vista 109/2021 de 27 de abril, el cual llegó a confirmar la Sentencia condenatoria con la que se le impuso una pena de reclusión de tres años y seis meses; no obstante, en su emisión incurriendo en las siguientes irregularidades: i) Sin una debida fundamentación y motivación señalaron que se interpuso el correspondiente recurso de casación en el plazo de siete días hábiles, al margen de lo dispuesto por el art. 471 del CPP, valorando la notificación realizada el 14 de junio de 2021, cuando el Auto de Vista 109/2021 fue notificado el 16 del mismo mes y año; y, ii) No procedieron conforme a lo dispuesto por el art. 17.I de la LOJ, cuando la notificación realizada el 14 de junio de 2021 es falsa, además que la misma no demuestra que el Auto de Vista 109/2021 haya sido recepcionado, no cumple con lo establecido en el Reglamento de Notificaciones Electrónicas del Órgano Judicial, el “Instructivo I-LAPP-TSJ-CM 003/2020”, el Acuerdo de Sala Plena “13/2018” del Tribunal Supremo de Justicia y lo dispuesto por el art. 160 del CPP. Consecuentemente, corresponde en revisión analizar si tales argumentos son evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y conforme lo dispuesto por el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, CONFIRMA la Resolución 49 de 12 de abril de 2022, cursante de fs. 253 a 256 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada con base en los fundamentos y motivos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez y su flexibilización excepcional
  2. III.2. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  3. III.3. Análisis del caso concreto.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0414/2023-S1 Sucre, 8 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 47011-2022-95-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión de la Resolución 49 de 12 de abril de 2022, cursante de fs. 253 a 256 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Magaly Gómez Álvarez contra Edwin Aguayo Arando y María Cristina Díaz Sosa, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de abril de 2022, cursante de fs. 182 a 186, la accionante explanó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz emitió el Auto de Vista 109/2021 de 27 de abril, declarando admisible e improcedente el recurso de apelación restringida que interpuso contra la Sentencia condenatoria que le impuso la pena de reclusión de tres años y seis meses. Auto de Vista que le fue notificado el 16 de junio de 2021. Ante tal circunstancia, el 24 de junio de 2021, mediante buzón judicial, interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 109/2021; es así que, los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia –ahora demandados–, profirieron el Auto Supremo 794/2021-RA de 26 de agosto, declararon inadmisible, manifestando que la impugnación fue planteada en el plazo de siete días hábiles, al margen de lo dispuesto en el art. 417 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

En ese sentido, revisados los antecedentes del proceso penal que se le sigue, se percató que el 14 de junio de 2021 su abogada defensora supuestamente había sido notificada con el Auto de Vista 109/2021 mediante WhatsApp; empero, ese acto jurídico-procesal de comunicación, por un lado, no demostraría ninguna forma recepción, y por otro, no cumpliría con lo establecido en el Reglamento de Notificaciones Electrónicas del Órgano Judicial, el “Instructivo I-LAPP-TSJ-CM 003/2020”, el Acuerdo de Sala Plena “13/2018” del Tribunal Supremo de Justicia y lo dispuesto por el art. 160 del CPP. Por lo que con la misma solo “falsearía la verdad”, y estaría suplantando a la notificación realizada el 16 del mismo mes y año, la cual hubiese sido “sustraída”. Acontecimiento con el que se la coloca en un estado de inseguridad jurídica, ya que se vendría dando a entender, que un proceso judicial puede llegar a ser manipulado. Consecuentemente, las autoridades judiciales ahora demandadas, al emitir el Auto Supremo 794/2021-RA no advirtieron tales irregularidades, y por ende, no procedieron conforme a lo dispuesto por el art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); por lo que, con una indebida fundamentación, motivación y valoración de la notificación realizada supuestamente el 14 de junio de 2021, solo se restringieron en declarar inadmisible el recurso de casación que interpuso.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La accionante considera lesionados sus derechos a la defensa y al debido proceso; citando los arts. 115.I, 116.I, 119, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela solicitada “Declarando sin efecto alguno, el Auto Supremo Nº 794/2021 del 26 de agosto del 2021 de fs. 932 a Fs 924 vlta. Ordenando a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia a efectúen una nueva valoración de la prueba, que cumpla con lo determinado en el art 160 del C.P.P. solicitando sea complementado a la Sala Penal Tercera sobre la diligencia de Fs. 819 que cumpla de acuerdo al REGLAMENTO DE NOTIFICACIONES ELECTRONICAS DEL ORGANO JUDICIAL menos del INSTRUCTIVO I-LAPP-TSJ-CM Nº 003/2020 del Tribunal Supremo de Justicia Consejo de la Magistratura asegurando así La notificación de Fs. 819 tenga por objeto hacer conocer a las partes o a tercero las resoluciones judiciales en este caso a mi persona Magaly Gómez Álvarez o Mónica Alejo mi abogada con el Auto de Vista 109/2021 del 27 de abril 2021 En caso de no ser sustentado, mediante prueba idónea su objeto de dar a conocer dicha Auto de Vista, se proceda con la NULIDAD DE OBRADOS A Fs. 819 y se proceda a la notificación legal de acuerdo al art 160 del C.P.P….” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 12 de abril de 2022, según consta del acta cursante de fs. 248 a 253, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó de forma íntegra el contenido de la acción de amparo constitucional, y ampliando el mismo, manifestó: a) El hecho que se denuncia es la manipulación de la notificación realizada con el Auto de Vista 109/2021; b) Los Magistrados ahora demandados no corroboraron si la notificación supuestamente realizada el 14 de junio de 2021, cumplía o no con los reglamentos del Órgano Judicial que regulan las notificaciones electrónicas; c) No se tiene elemento de prueba que demuestre, que el Auto de Vista 109/2021 haya sido recepcionado; y, d) En la notificación realizada a Diego Gerhard Roda Roda –ahora tercero interesado–, igualmente no se consigna la fecha de recepción, lo que corrobora la posición asumida sobre la manipulación.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

María Cristina Díaz Sosa, Magistrada de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda (antes de la Sala Penal) del Tribunal Supremo de Justicia, a través de informe presentado el 11 de abril de 2022, cursante de fs. 204 a 212 vta., solicitó se deniegue la tutela, manifestando al efecto: 1) La accionante fue notificada con el Auto de Vista 109/2021, el 14 de junio de 2021, posteriormente interpuso su recurso de casación el 24 del mismos mes y año, es decir, ejerció su derecho a la impugnación de forma extemporánea; 3) La notificación realizada el 14 de junio de 2021, se la efectuó en observancia de lo dispuesto por el art. 163 del CPP modificado por la Ley Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; 4) Los argumentos expresados por la accionante carecen de relevancia constitucional, puesto que no refiere en qué medida se inobservaron los reglamentos del Órgano Judicial que regulan las notificaciones electrónicas; 5) No existe elemento de prueba que demuestre, que la accionante o su abogada defensora hayan sido notificadas el 16 de junio de 2021 con el Auto de Vista 109/2021 dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; 6) La impetrante de tutela no explanó un solo argumento referente al Auto Supremo 794/2021-RA, y cómo se llegó a lesionar su derecho a la defesa, el cual, tiene varios elementos; y, 7) La acción de amparo constitucional interpuesta por la accionante, se adecua a la segunda causal de improcedencia que dispone el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo). Edwin Aguayo Arando, Presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia no presentó informe ni concurrió a la audiencia virtual, pese a su legal citación cursante a fs. 196 vta.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Diego Gerhard Roda Roda, a través del memorial presentado el 11 de abril de 2022, cursante de fs. 197 a 201 vta., y en audiencia, señaló lo siguiente: i) La accionante presentó su acción de amparo constitucional al margen del plazo establecido por el art. 129.II de la CPE, por lo que, debe aplicarse el principio de inmediatez que rige a esa acción de defensa; ii) Es evidente la existencia de actos consentidos incurridos por parte de la accionante; además que, la misma no presentó un solo elemento de prueba con el que demuestre sus argumentos, en los que incluso se refiere a supuestas falsificaciones; iii) Los hechos denunciados por la impetrante de tutela en ningún momento los puso a conocimiento de las autoridades judiciales competentes, pese a que tenía acceso a todos los antecedentes del proceso penal que se le sigue; y, iv) Las autoridades judiciales ahora demandadas emitieron el Auto Supremo 794/2021-RA, empero, la accionante expuso argumentos referentes solo a la notificación de 14 de junio de 2021, por lo que, no existe en consecuencia un nexo de causalidad.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz, a través de Resolución 49 de 12 de abril de 2022, cursante de fs. 253 a 256 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) Al margen de que la accionante no presentó su acción de amparo constitucional en el plazo establecido por el art. 129.II de la CPE, tampoco planteó ningún incidente de nulidad sobre la notificación de 14 de junio de 2021, que sería el acto con el que se habrían lesionado sus derechos; b) Es evidente la existencia de actos consentidos incurridos por parte de la impetrante de tutela; por lo que, la acción de defensa que presentó se adecua a la segunda causal de improcedencia que dispone el art. 53 del CPCo; y, c) La notificación realizada a la peticionante de tutela con el Auto de Vista 109/2021, está regulada en los reglamentos del Órgano Judicial. Ante la solicitud de aclaración, enmienda y complementación de la accionante, referente al cómputo del plazo de los seis meses para la presentación de la acción de amparo constitucional, y como es que quedó demostrado que el Auto de Vista 109/2021 se notificó por WhatsApp; la Sala Constitucional señaló lo siguiente: 1) Los plazos que se establecen en la Constitución Política del Estado, concernientes a las acciones de defensa, son perentorios y de cumplimiento obligatorio, y por demás razonables; y, 2) Los hechos denunciados por la accionante, debieron ser puesto a conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente, empero, la misma no planteó ningún incidente de nulidad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de todos los antecedentes se llegó a establecer lo siguiente: II.1. A través del Auto de Vista 109/2021 de 27 de abril, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declara admisible e improcedente el recurso de apelación restringida que interpuso Magaly Gómez Álvarez –accionante– contra la Sentencia Condenatoria con la que se le impuso la pena de reclusión de tres años y seis meses (fs. 9 a 13). II.2. De la Hoja de Notificación (76/20 A.R.), se establece que Magaly Gómez Álvarez –impetrante de tutela–, por intermedio de su abogada defensora, fue notificada con el Auto de Vista 109/2021, el 14 de junio de 2021 (fs. 15). II.3. Del Certificado de Recepción en Plataforma a través del Buzón Judicial, se establece que, el 24 de junio de 2021, Magaly Gómez Álvarez –peticionante de tutela– interpone recurso de casación contra el Auto de Vista 109/2021 (fs. 33 a 53 vta.). II.4. A través del Auto Supremo 794/2021-RA de 26 de agosto, Edwin Aguayo Arando y María Cristina Díaz Sosa, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia –ahora demandadas– declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 109/2021; determinación que asumieron con base en los siguientes fundamentos y motivos:

“Ahora bien, respecto al plazo para la formulación del recurso de casación, como se señaló precedentemente, el art. 417 párrafo primero del CPP, establece que deberá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del Auto de Vista impugnado, debiendo tenerse presente las disposiciones contenidas en el art. 130 de la referida norma con relación al art. 124 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), en sentido de que, este plazo es perentorio e improrrogable y comienza a correr al día siguiente hábil de practicada la notificación con la Resolución recurrida, transcurriendo ininterrumpidamente hasta su vencimiento a las veinticuatro horas del último día hábil y solamente se suspenderá durante la vacación judicial, debiendo al efecto computarse sólo los días hábiles, conforme prevé el art. 123.I de la LOJ que señala: ‘Son días hábiles de la semana para las labores judiciales, de lunes a viernes’.

Realizada esa precisión, del recurso de casación se tiene que, la recurrente afirma que fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 16 de junio de 2021; no obstante, de la revisión de antecedentes procesales, se tiene que por diligencia de fs. 795, el lunes 14 de junio de 2021, se procedió a la notificación con el Auto de Vista a la acusada Magaly Gómez Álvarez, en cuyo efecto, resulta como primer día hábil el martes 15 de junio de 2021, segundo día hábil el miércoles 16 de junio de 2021, tercer día hábil el jueves 17 de junio de 2021, cuarto día hábil el viernes 18 de junio de 2021; y, quinto día hábil el martes 22 de junio de 2021, fecha en la que debía interponer su recurso de casación; ello en razón, de que el lunes 21 de junio de 2021, fue declarado feriado nacional por Año Nuevo Andino y Amazónico; sin embargo, conforme consta a fs. 818, la recurrente presentó el recurso de casación a través del buzón judicial, el jueves 24 de junio de 2021; es decir, que el recurso sujeto a examen de admisibilidad, fue interpuesto a los 7 días hábiles de la notificación con la Resolución recurrida, fuera del plazo previsto por el primer párrafo del art. 417 del CPP.

En consecuencia, al constatarse la presentación extemporánea del recurso de casación; puesto que, este Tribunal no cuenta con antecedentes de alguna suspensión de actividades que pudiera suspender los plazos respecto a las fechas señaladas; conforme prevé el párrafo tercero del art. 417 del CPP, el recurso de casación deviene en inadmisible, resultando innecesario analizar los demás presupuestos de admisibilidad en relación a los motivos expuestos en el recurso de casación” (sic [fs. 124 a 126]). II.5. De la Hoja de Notificación (SC 111/2021), se establece que la impetrante de tutela fue notificada con el Auto Supremo 794/2021-RA, el 1 de octubre de 2021 (fs. 156).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante considera lesionados sus derechos a la defensa y al debido proceso, en sus elementos a la fundamentación y motivación, toda vez que; dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, los Magistrados ahora demandados, a través del Auto Supremo 794/2021-RA de 26 de agosto, declararon inadmisible el recurso de casación que interpuso contra el Auto de Vista 109/2021 de 27 de abril, el cual llegó a confirmar la Sentencia condenatoria con la que se le impuso una pena de reclusión de tres años y seis meses; no obstante, en su emisión incurriendo en las siguientes irregularidades: i) Sin una debida fundamentación y motivación señalaron que se interpuso el correspondiente recurso de casación en el plazo de siete días hábiles, al margen de lo dispuesto por el art. 471 del CPP, valorando la notificación realizada el 14 de junio de 2021, cuando el Auto de Vista 109/2021 fue notificado el 16 del mismo mes y año; y, ii) No procedieron conforme a lo dispuesto por el art. 17.I de la LOJ, cuando la notificación realizada el 14 de junio de 2021 es falsa, además que la misma no demuestra que el Auto de Vista 109/2021 haya sido recepcionado, no cumple con lo establecido en el Reglamento de Notificaciones Electrónicas del Órgano Judicial, el “Instructivo I-LAPP-TSJ-CM 003/2020”, el Acuerdo de Sala Plena “13/2018” del Tribunal Supremo de Justicia y lo dispuesto por el art. 160 del CPP. Consecuentemente, corresponde en revisión analizar si tales argumentos son evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se tomarán en cuenta los siguientes ejes temáticos: a) El principio de inmediatez y su flexibilización excepcional; b) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. El principio de inmediatez y su flexibilización excepcional

La Constitución Política del Estado establece en el art. 129.II, que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, a computarse desde la comisión de la lesión alegada o desde la notificación de la última decisión administrativa o judicial considerada; éste plazo, expresa en la norma constitucional el principio de inmediación que rige a ésta acción tutelar; en los mismos términos se tiene previsto el plazo de la inmediatez de la acción de amparo constitucional –extensivo a la acción de protección de privacidad y de cumplimiento–, en el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo.).

Respecto a este límite temporal fijado en la Constitución, la jurisprudencia constitucional ha señalado que tiene una estrecha vinculación con el principio de la seguridad jurídica, que disciplina la función de impartir o administrar justicia, puesto que su apertura por un tiempo ilimitado o indefinido, causaría inseguridad e incertidumbre para los justiciables sin duda alguna; por lo que, la sabiduría del constituyente boliviano, fijó categóricamente el plazo para acudir a la jurisdicción constitucional, a través de la acción de amparo constitucional; en ese entendido, por un principio general del derecho, ninguna persona puede pretender que la jurisdicción constitucional se encuentre a su disposición en forma indefinida, sólo podrá estarlo dentro del término fijado, si en ese plazo el afectado no acude ante la autoridad judicial, implicará la desidia o la ausencia de interés para que sus derechos y garantías le sean restituidos. Sin embargo, la misma jurisprudencia constitucional ha razonado que el mencionado plazo no es rígido ni cerrado, admitiendo expresamente la posibilidad de flexibilización cuando se haya excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental o garantía constitucional sea evidente y de tal naturaleza que la jurisdicción constitucional no puede ni debe permitir su consumación, cuando los reclamos fueron permanentes sin obtener una respuesta. En todo caso, se debe estar atentos a las particularidades del caso concreto y a los derechos fundamentales o garantías constitucionales puestos en litigio, que se encuentren afectados en su contenido esencial – verbigracia, la invocación del estado de gravidez por la accionante– que justifiquen prescindir o excusar el cumplimiento del plazo de inmediatez y la protección que se brinde, será circunstancial o provisional . En esa 1 El entendimiento expresado en la citada jurisprudencia, fue ratificado en la SCP 0793/2015-S1 de 27 de agosto.

2La SCP 0605/2016-S2 de 30 de mayo, citando a la SC 0521/2010-R de 5 de julio, señaló que: “… por principio general del derecho, ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos”. 3 Respecto a la posibilidad de flexibilización del plazo de la inmediatez y las condiciones necesarias, la SC 0762/2003- R de 6 de junio de 2003, expreso: “… plazo razonable el de seis meses para que la persona afectada presente el recurso; no es menos cierto que, la sub-regla fijada por el Tribunal no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza que el órgano encargado del control de constitucionalidad no puede ni debe permitir se consume. En el caso objeto del presente recurso, el último reclamo escrito formulado por la recurrente data del 22 de julio de 2002, lo que significa que al 8 de febrero, fecha en que presentó el amparo constitucional, han transcurrido 6 meses y 13 días, lo que, inicialmente, daría lugar a que se declare improcedente el recurso; empero, es importante considerar los siguientes elementos de juicio para no optar por esa vía; a) el exceso del tiempo es de apenas 13 días al plazo fijado en la jurisprudencia; b) la lesión denunciada es evidente, toda vez que los recurridos no han dado una respuesta debidamente motivada a la petición de la recurrente, no obstante que los reclamos fueron permanentes y, según la versión de la recurrente no desmentida por los recurridos, después de haber presentado su última nota el 22 de julio del 2002, siguió presentando su reclamación verbal al Concejo sin obtener una respuesta. En consecuencia, aplicando el principio de favorabilidad, este Tribunal ingresa a la consideración del fondo de la problemática planteada en el recurso”. En el mismo sentido se pronunció la SC 0200/2006-R de 21 de febrero, y fue citado por la SCP 0793/2015-S1 de 27 de agosto, entre otras. 4 Respecto a las condiciones de flexibilización del plazo de la inmediatez de manera excepción, la SC 0389/2006-R de 17 de marzo, expreso: “Empero, atentos a las particularidades del caso y a los derechos fundamentales puestos en litigio, que en casos análogos a los del presente han justificado prescindir de la subsidiariedad, por lo que en el caso presente es justificable también prescindir o excusar el cumplimiento del otro requisito cual es el de la inmediatez, ello debido a que la recurrente invocó en su momento su estado de gravidez, que no se quiso considerar en el proceso administrativo, además porque la protección que se le brindará, al igual que en el precedente jurisprudencial citado, será circunstancial, o sea hasta que su hijo cumpla el primer año de edad, sin que pueda prolongarse más allá, plazo hasta el cual deberá diferirse la ejecución de lo dispuesto en el comprensión, la jurisprudencia constitucional enfatizo de que el Juez o Tribunal de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional, a condición de que la lesión al derecho haya persistido con el tiempo y sea actual – razonamientos expresados a partir del análisis de un caso vinculado a la imprescriptibilidad del derecho a la jubilación y la abstracción del principio de inmediatez–, tienen el deber de efectuar una revisión de cada caso concreto, verificando los motivos de la dilación en la presentación de la acción, si existió un desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en la reclamación de sus derechos o si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados, persistiendo la transgresión de los mismos pese a lo señalado.

III.2. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y proceso disciplinario, cuyas resoluciones efectivamente tienen valor de cosa juzgada. Sin embargo, conviene recordar que este Tribunal ha sentado jurisprudencia en el sentido de que cuando una resolución ilegal y arbitraria afecta al contenido esencial de un derecho fundamental, no se puede sustentar su ilegalidad bajo una supuesta cosa juzgada, en cuyo caso se abre inexcusablemente el ámbito de protección del amparo constitucional (SC 111/1999-R, de 6 se septiembre). 5 Respecto a la condiciones de la flexibilización de la inmediatez, la SCP 1944/2013 de 4 de noviembre, expreso: “De esta forma, si bien es cierto que la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, establecen el plazo de caducidad de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, el carácter imprescriptible del derecho a la jubilación y la situación particular en la que se encuentran sus beneficiarios, siendo un sector de vulnerabilidad que debe ser protegido de manera primordial por el Estado; deriva que en estos casos, deba hacerse una diferenciación particular, haciendo abstracción del principio de inmediatez a condición que la lesión al derecho haya persistido con el tiempo y sea actual. En ese sentido, deben presentarse ambas condiciones al efecto, debiendo el juez o tribunal de garantías, y en revisión el Tribunal Constitucional Plurinacional, realizar un análisis en cada caso en particular, verificando los motivos de la dilación en la presentación de la acción; si existió un desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en la reclamación de sus derechos; o si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados, persistiendo la transgresión de los mismos pese a lo señalado”. (El resaltado es añadido) 6La SCP 0310/2010-R de 16 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic).

distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

“el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia” (sic. [el resaltado nos corresponde]).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (sic.[las negrillas son adicionadas]).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” (sic).

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.3. Análisis del caso concreto.

La accionante considera lesionados sus derechos a la defensa y al debido proceso, en sus elementos a la fundamentación y motivación, toda vez que; dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, los Magistrados ahora demandados, a través del Auto Supremo 794/2021-RA de 26 de agosto, declararon inadmisible el recurso de casación que interpuso contra el Auto de Vista 109/2021 de 27 de abril, el cual llegó a confirmar la Sentencia condenatoria con la que se le impuso una pena de reclusión de tres años y seis meses; no obstante, en su emisión incurriendo en las siguientes irregularidades: 1) Sin una debida fundamentación y motivación señalaron que se interpuso el correspondiente recurso de casación en el plazo de siete días hábiles, al margen de lo dispuesto por el art. 471 del CPP, valorando la notificación realizada el 14 de junio de 2021, cuando el Auto de Vista 109/2021 fue notificado el 16 del mismo mes y año; 2) No procedieron conforme a lo dispuesto por el art. 17.I de la LOJ, cuando la notificación realizada el 14 de junio de 2021 es falsa, además que la misma no demuestra que el Auto de Vista 109/2021 haya sido recepcionado, no cumple con lo establecido en el Reglamento de Notificaciones Electrónicas del Órgano Judicial, el “Instructivo I-LAPP-TSJ-CM 003/2020”, el Acuerdo de Sala Plena “13/2018” del Tribunal Supremo de Justicia y lo dispuesto por el art. 160 del CPP.

De la revisión y compulsa de los antecedentes se llegó a evidenciar lo siguiente, a través de Auto de Vista 109/2021 se declaró admisible e improcedente el recurso de apelación restringida que interpuso la accionante contra la Sentencia condenatoria con la que se le impuso la pena de reclusión de tres años y seis meses (Conclusión II.1); determinación que fue notificada a la impetrante de tutela el 14 de junio de 2021 (Conclusión II.2); razón por la que, el 24 del mismo mes ya año, a través del Buzón Judicial, la peticionante de tutela interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 109/2021 (Conclusión II.3); en ese sentido, los Magistrados ahora demandados, a través del Auto Supremo 794/2021-RA, declararon inadmisible el recurso de casación interpuesto (Conclusión II.4); fallo que fue notificado a la accionante el 1 de octubre de 2021 (Conclusión II.5). En ese contexto, de forma previa a analizar la problemática identificada, cabe precisar lo siguiente: En cuanto al principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional y su flexibilización excepcional

Con el objeto de abordar el particular, corresponde traer a colación el siguiente razonamiento jurisprudencial:

El plazo para la presentación de la acción de amparo constitucional no es rígido ni cerrado, por lo que se llega a admitir la posibilidad de su flexibilización cuando el mismo haya sido excedido en algunos días y cuando la lesión del derecho o garantía llegue a manifestarse como evidente, cosa que la jurisdicción constitucional no puede permitir que se consume; más aun cuando tal circunstancia hay sido denunciada de permanente y sin obtener ninguna respuesta. En todo caso, se debe estar a las particularidades de cada caso en concreto y a la controversia constitucional suscitada (Fundamento Jurídico III.1.).

En el presente caso, los antecedentes dan cuenta que la accionante denuncia hechos concernientes a que los Magistrados ahora demandados a través de Auto Supremo 794/2021-RA, lesionaron sus derechos a la defensa y al debido proceso, en sus elementos a la fundamentación y motivación. Auto Supremo que se le notificó el 1 de octubre de 2021 (Conclusión II.5), y que al haber sido dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, no podría haber interpuesto ningún medio de impugnación con el objeto de que sea reparada tal situación. En ese sentido, si la accionante estimó presentar la presente acción de amparo constitucional, a fin de que sean tutelados sus derechos, debió observar el plazo establecido por el art. 129.II de la CPE; es decir, tendría que haber procedido en consecuencia hasta el 1 de abril de 2022; empero, la misma recién acudió a la jurisdicción constitucional el 4 del mismo mes y año. Ese extremo daría pie a que se aplique el principio de inmediatez que rige a la acción de amparo constitucional, y por ende a que se deniegue la tutela solicitada por la accionante. Sin embargo, se prescindirá de tal criterio porque los cómputos correspondientes demuestran que la misma se excedió solo tres días, del plazo establecido por el art. 129.II de la CPE, en acudir a la jurisdicción constitucional; y, por otro lado, los hechos que denuncia denotan que se ven involucrados indirectamente otros derechos al margen de los que estima lesionados, como son el de la libertad personal e impugnación, ya que la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de casación que interpuso contra el Auto de Vista 109/2021, hace posible la ejecución en su contra de la Sentencia condenatoria con la que se le impuso la pena de reclusión de tres años y seis meses, e imposibilita que el Tribunal Supremo de Justicia emita pronunciamientos de fondo sobre los agravios que se le habrían generado a través del indicado Auto de Vista. Por los días excedidos (tres en total) –que no son rayanos a los irrazonable–, y los derechos directa e indirectamente involucrados con los hechos denunciados por la accionante, se llega a la conclusión que es posible flexibilizar excepcionalmente la aplicación del principio de inmediatez que rige a la acción de amparo constitucional (Fundamento Jurídico III.1.); más aún cuando la jurisdicción constitucional se ve impelida de garantizar el acceso a la justicia constitucional de todas las personas, dando prevalencia, en aras de una protección efectiva de los derechos, al principio de la justicia material sobre la formal. Consecuentemente, la problemática identifica será analizada en el fondo.

Hecha la precisión anunciada, relacionada al principio de la subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional y su flexibilización excepcional; la problemática identificada será analizada de acuerdo al orden en que fue estructurada; por lo que, cabe señalar lo siguiente:

i) En cuanto a que las autoridades judiciales demandadas, sin una debida fundamentación y motivación señalaron que se interpuso el correspondiente recurso de casación en el plazo de siete días hábiles, al margen de lo dispuesto por el art. 471 del CPP, valorando la notificación realizada el 14 de junio de 2021, cuando el Auto de Vista 109/2021 fue notificado el 16 del mismo mes y año.

Con el objeto de abordar el particular, corresponde traer a colación el razonamiento jurisprudencial concerniente a la fundamentación y motivación, como elementos del derecho al debido proceso (art. 115.II de la CPE); que señala lo siguiente:

La fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; (…); por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación... (Fundamento Jurídico III.2.) En ese marco, los antecedentes dan cuenta que los Magistrados ahora demandados, a través del Auto Supremo 794/2021-RA declararon la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por la accionante contra el Auto de Vista 109/2021, señalando lo siguiente:

“Ahora bien, respecto al plazo para la formulación del recurso de casación, como se señaló precedentemente, el art. 417 párrafo primero del CPP, establece que deberá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del Auto de Vista impugnado, debiendo tenerse presente las disposiciones contenidas en el art. 130 de la referida norma con relación al art. 124 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), en sentido de que, este plazo es perentorio e improrrogable y comienza a correr al día siguiente hábil de practicada la notificación con la Resolución recurrida, transcurriendo ininterrumpidamente hasta su vencimiento a las veinticuatro horas del último día hábil y solamente se suspenderá durante la vacación judicial, debiendo al efecto computarse sólo los días hábiles, conforme prevé el art. 123.I de la LOJ que señala: ‘Son días hábiles de la semana para las labores judiciales, de lunes a viernes’.

Realizada esa precisión, del recurso de casación se tiene que, la recurrente afirma que fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 16 de junio de 2021; no obstante, de la revisión de antecedentes procesales, se tiene que por diligencia de fs. 795, el lunes 14 de junio de 2021, se procedió a la notificación con el Auto de Vista a la acusada Magaly Gómez Álvarez, en cuyo efecto, resulta como primer día hábil el martes 15 de junio de 2021, segundo día hábil el miércoles 16 de junio de 2021, tercer día hábil el jueves 17 de junio de 2021, cuarto día hábil el viernes 18 de junio de 2021; y, quinto día hábil el martes 22 de junio de 2021, fecha en la que debía interponer su recurso de casación; ello en razón, de que el lunes 21 de junio de 2021, fue declarado feriado nacional por Año Nuevo Andino y Amazónico; sin embargo, conforme consta a fs. 818, la recurrente presentó el recurso de casación a través del buzón judicial, el jueves 24 de junio de 2021; es decir, que el recurso sujeto a examen de admisibilidad, fue interpuesto a los 7 días hábiles de la notificación con la Resolución recurrida, fuera del plazo previsto por el primer párrafo del art. 417 del CPP.

En consecuencia, al constatarse la presentación extemporánea del recurso de casación; puesto que, este Tribunal no cuenta con antecedentes de alguna suspensión de actividades que pudiera suspender los plazos respecto a las fechas señaladas; conforme prevé el párrafo tercero del art. 417 del CPP, el recurso de casación deviene en inadmisible, resultando innecesario analizar los demás presupuestos de admisibilidad en relación a los motivos expuestos en el recurso de casación”. (Conclusión II.4. [El resaltado es añadido]) De la revisión exhaustiva del Auto Supremo 794/2021-RA, se llega a constatar que las autoridades judiciales ahora demandadas declararon la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por la accionante, ya que habría ejercido su derecho a la impugnación 9 inobservando el plazo dispuesto por el art. 417 del CPP . Determinación que asumieron previa compulsa de los actos jurídico-procesales pertinentes, los cómputos correspondientes y con base en lo dispuesto por los arts. 123.I y 124 de la LOJ; la cual no llega a ser arbitraria desde ningún punto de vista. Los antecedentes dan cuenta que la accionante evidentemente fue notificada con el Auto de Vista 109/2021, el 14 de junio de 2021 (fs. 15); y la misma recién interpuso recurso de casación contra esa Resolución, el 24 del mismo mes y año (fs. 33 a 53 vta.); es decir que, procedió en consecuencia en el plazo de siete días hábiles, cuando debía hacerlo en el de cinco días hábiles. Ello lleva a conclusión que, las autoridades judiciales ahora demandadas asumieron una determinación razonable y de forma detallada –donde incluso tomaron en cuenta un día declarado feriado nacional (21 de junio de 2021)–, explicando que aquella ejerció su derecho a la impugnación inobservando el plazo dispuesto por el art. 417 del CPP, lo que sustentan con base en una premisa normativa con la que resaltan principalmente, que los plazos procesales son perentorios y de cumplimiento obligatorio. Por otro lado, si bien la impetrante de tutela explana argumentos referentes a que el Auto de Vista 109/2021 se le habría notificado el 16 de junio de 2021 y no así el 14 del mismo mes y año, y que por ende interpuso un recurso de casación en tiempo y forma oportuna; empero, no presenta un solo elemento de prueba con el cual llegue a demostrar tal aspecto, con lo que configura a los mismos en meras aseveraciones subjetivas, ya que los antecedentes dan cuenta de todo lo contrario. En ese sentido, las autoridades judiciales ahora demandadas no lesionaron ninguno de los derechos inherentes a la misma, en vista de que dictaron un fallo debidamente fundamentado y motivado, en la que compulsaron todos los actos jurídico-procesales pertinentes. Por tales motivos, no siendo evidente el hecho denunciado por aquella, corresponde denegar la tutela solicitada.

ii) En cuanto a que los Magistrados ahora demandados no procedieron conforme a lo dispuesto por el art. 17.I de la LOJ, cuando la notificación realizada el 14 de junio de 2021 es falsa; además que, la misma no demuestra que el Auto de Vista 109/2021 haya sido recepcionado, no cumple con lo establecido en el Reglamento de Notificaciones Electrónicas del Órgano Judicial, el “Instructivo I-LAPP-TSJ-CM 003/2020”, el Acuerdo de Sala Plena “13/2018” del Tribunal Supremo de Justicia y lo dispuesto por el art. 160 del CPP.

Con el objeto de abordar el particular, corresponde tener presente al principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional, el cual se describe en el art. 54.I del CPCo, y que fue desarrollado por diversos razonamientos jurisprudenciales sentados por la jurisdicción constitucional. En ese marco, los antecedentes dan cuenta que, la accionante denuncia, que con la notificación realizada el 14 de junio de 2021 (fs. 15) se habría lesionado su derecho a la defensa, a razón de que por una serie de irregularidades, que no hubiesen sido advertidas por los Magistrados ahora demandados, notificación que se constituiría en un acto jurídico-procesal de comunicación nulo; además, de ser la razón principal por la que fue declarado inadmisible el recurso de casación que interpuso contra el Auto de Vista 109/2021. Empero, no se tiene un solo elemento de prueba que demuestre, que la accionante haya denunciado tal situación ante las autoridades judiciales competentes, es decir, ante los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, planteando el incidente procesal correspondiente, siendo que los mismos integran la instancia donde se generó la notificación realizada el 14 de junio de 2021. Ello lleva a la conclusión que, la accionante no agotó el mecanismo intraprocesal pertinente con el objeto de sea tutelado el derecho que ahora estima lesionado, cuando, por un sentido de diligencia, debía proceder en sentido contrario y no acudir de forma directa a jurisdicción constitucional, o pretender que las autoridades demandadas sean las que deban asumir alguna determinación al respecto; sin dar posibilidad a que los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz puedan dilucidar la controversia que ahora se ha puesto a conocimiento. Por tales motivos, y en aplicación del principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional, el hecho denunciado por aquella, que se constituye en parte de la problemática identificada, no será analizado en el fondo, por lo que, con relación a este extremo, corresponde denegar la tutela solicitada. De todo lo manifestado, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y conforme lo dispuesto por el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, CONFIRMA la Resolución 49 de 12 de abril de 2022, cursante de fs. 253 a 256 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada con base en los fundamentos y motivos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

7 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

8 “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”.

9 Art. 180 de la CPE: “II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”.

10 Art. 417 del CPP (Requisitos): “El recurso deberá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del Auto de Vista impugnado ante la sala que lo dictó, la que remitirá los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia dentro de las cuarenta y ocho hora siguientes. (…)”.

11 (Subsidiariedad): “I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. (…)”.

12 SC 0150/2010-R de 17 de mayo: “… el amparo constitucional se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio de protección; subsidiario porque no puede ser utilizado si previamente no se agotaron las vías ordinarias de defensa, y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. En consecuencia, para que los fundamentos de una demanda de amparo constitucional puedan ser analizados en el fondo, la parte recurrente debe haber utilizado hasta agotar todos los medios y recursos legales idóneos para la tutela de sus derechos sea en la vía jurisdiccional o administrativa, pues donde se deben reparar los derechos y garantías lesionados es en el mismo proceso en la instancia donde fueron vulnerados; esto es, que en principio haya acudido ante la misma autoridad que incurrió en la presunta lesión y luego a las superiores a esta, y si a pesar de ello persiste la lesión porque los medios o recursos utilizados resultaron ineficaces, recién se abre la posibilidad de acudir al amparo constitucional, el que no puede ser utilizado como un mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia” (sic).

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0414_2023-S1.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1251cac01836f15729b3184dc0b9729422e2070ebce81749ae6c022881de621f

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