Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 22 de mayo de 2025
Concede la tutela
La accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, igualdad de partes, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y a ser oído; por cuanto, la Vocal de la Sala Penal de Tribunal Departamental de Justicia del Beni, ahora demandada, dictó el Auto de Vista 346/2022 de 30 de diciembre; por el cual, determinó ratificar completamente el Auto Interlocutorio de 29 de septiembre de 2022, reiterando los agravios de la falta de fundamentación, motivación y congruencia e inobservando las pruebas -informe de verificación domiciliaria y muestrario fotográfico- que acompañó el impetrante de tutela ante el juez a quo como en su recurso de apelación incidental, que acreditaban el riesgo procesal inmerso en el art. 234.1 del CPP en su componente domicilio; por tal motivo solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 346/2022 y se emita nueva resolución en el plazo de tres días conforme dispone el art. 251 del CPP; y, b) Se disponga la condenación de costas, honorarios profesionales y daños y perjuicios. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 012/2023 de 23 de febrero, cursante a fs. 62 a 66 y vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia CONCEDER la tutela impetrada, en base a los entendimientos desarrollados por el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0413/2025-S3 Sucre, 22 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 54395-2023-109-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 012/2023 de 23 de febrero, cursante a fs. 62 a 66 y vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jimena Roca Cuellar contra Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.
Por memoriales presentados el 24 y 27 de enero de 2023, cursante a fs. 1, 9 a 15 y 19 y vta., la accionante señaló que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Yoselín Paye Mayta, en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, previsto y sancionado por el art. 261 del Código Penal (CP), hecho acaecido el 3 de mayo de 2022; posteriormente, en audiencia de medidas cautelares, el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento del Beni, emitió el Auto Interlocutorio de 29 de septiembre de 2022, donde determinó subsistente el peligro de fuga inmerso en el art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en su componente domicilio, sosteniendo que la documentación presentada ni el informe policial eran suficientes para enervar tal elemento. Contra dicha determinación, la impetrante de tutela formuló recurso de apelación incidental, adjuntando en forma digital el informe de verificación domiciliaria y muestrario fotográfico, vía Sistema de Registro Judicial (SIREJ) y Oficina Gestora de Procesos, ello con la finalidad de que la autoridad judicial tenga un acceso más rápido y seguro a las pruebas; siendo remitido en físico y en sistema a la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni. Instalada la audiencia de consideración de la misma, la Vocal ahora demandada dictó el Auto de Vista 346/2022 de 30 de diciembre, sosteniendo que, se extraña el informe del investigador asignado al caso y la verificación domiciliaria que acredite la habitabilidad y habitualidad, llegando a la conclusión que no se encuentra agravio alguno por reparar, determinación a la que se accede sin contener una adecuada fundamentación y motivación; así como también se advierte de una falta de valoración de la prueba; ya que de la revisión y lectura del auto ahora impugnado, existió el mismo error cometido por el Juez a quo; toda vez que, se le manifestó en audiencia de medidas cautelares que se realizó el respectivo informe de verificación domiciliaria por el investigador asignado al caso un día antes de la audiencia, y que la misma se encontraba en el sistema que utiliza la Fiscalía; por lo que, el juez tiene la plena facultad para revisar dicho sistema; también se extrañó la falta del muestrario fotográfico, extremo que demuestra que la autoridad demandada no revisó el memorial de apelación incidental presentado de su parte. Lo determinado por la autoridad demanda resulta impertinente, ya que transgredió sus derechos constitucionales, dejándola en total indefensión, falta de igualdad y equidad, atentando al debido proceso, al referir que del cuaderno de apelación no existe el informe policial de verificación domiciliaria, pasando por alto las modificaciones a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y la Ley de Modificación a la Ley 1173 -Ley de 18 de septiembre de 2019-, puesto que la carga de la prueba es para el Ministerio Público, y que su persona demostró tener domicilio real, puesto que se presentó mediante requerimiento fiscal y realizado por un oficial de la policía, sin embargo, se tuvo por no presentadas tales pruebas.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, igualdad de partes, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y a ser oído, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 346/2022 y se emita nueva resolución en el plazo de tres días conforme dispone el art. 251 del CPP; y, b) Se disponga la condenación de costas, honorarios profesionales y daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública virtual el 23 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 58 a 61, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: existió apartamiento al debido proceso en su elemento valoración de la prueba; puesto que, mediante la Oficina Gestora de Procesos, se acompañó al recurso de apelación en copias legalizadas, el informe de verificación domiciliaria y muestrario fotográfico.
Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, en audiencia de garantías pidió se deniegue la tutela impetrada, indicando que: 1) En la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, la accionante por medio de su defensa técnica denunció omisión en la verificación domiciliario del investigador asignado; además, solicitó modificación de la medida cautelar en cuanto a la fianza económica de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos), pedidos que fueron analizados desde los antecedentes procesales que cursaban en despacho a través del cuaderno de apelación, denotando que en el cuaderno de control jurisdiccional no constaba el registro domiciliario; por lo que, se determinó “la no existencia” de agravio que reparar, confirmando el Auto Interlocutorio apelado; 2) En cuanto a la fianza económica, se aclaró que, dicha solicitud correspondía a otro trámite procesal y no así en grado de apelación; puesto que, existían requisitos previos a efecto de demostrar la posibilidad de cumplimiento de fianza; en ese sentido, se pasó a confirmar el Auto Interlocutorio de 29 de septiembre de 2022; y, 3) A momento de solicitar complementación y enmienda, se refirió recién sobre el informe de verificación domiciliaria y no a momento de fundamentar su apelación, circunstancia por la que no podría modificarse el fondo de lo decidido; por tal motivo, concluye que no lesionó ningún derecho constitucional.
Jenny Fabiola Huayhuasi Catari, Fiscal de Materia, mediante informe presentado el 1 de febrero de 2023, cursante de fs. 42 a 43 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, sosteniendo que: i) La accionante en la audiencia de apelación de 30 de diciembre de 2022, pretendió sea valorado el informe domiciliario -elemento que está en el sistema de Justicia Libre 1 (JL1) del Ministerio Público-, situación que no demostró cómo se lesiono, cuando pudo haber presentado en dicha actuación; al contrario, en la presente acción tutelar intenta hacer llegar el citado informe de verificación juntó a un muestrario fotográfico, inobservando la jurisprudencia sentada por la SCP 0295/2012 de 8 de junio, que determina que en el recurso de apelación no es posible considerar nueva prueba, dado que esa actuación incidental se constituye una etapa de revisión; y, ii) El recurso de apelación tiene por objeto conocer y resolver los puntos apelados, en relación a la decisión emitida por la jueza de la causa y eventualmente corregir irregularidades en las que ella habría incurrido; asimismo, ha momento de formular un recurso, si la parte recurrente ofrece prueba que no fue de conocimiento de la autoridad judicial, esta no podrá exigirse al Tribunal de alzada; puesto que, la Vocal debe ceñirse su competencia a los agravios expuestos en primera instancia, compulsando y ponderando los agravios efectuados por la apelante. Yoselin Paye Mayta, no presentó informe tampoco se presentó a la audiencia de garantías, pese su notificación cursante a fs. 23 vta.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Resolución 012/2023 de 23 de febrero, cursante a fs. 62 a 66 y vta., concedió en parte la tutela impetrada, y en consecuencia dejó sin efecto el Auto de Vista 346/2022, ordenándose a la autoridad demandada emita nuevo fallo en el plazo de cinco días, conforme a los argumentos expuestos en esta resolución; dicha determinación, se dio con base a los siguientes fundamentos: a) El 28 de septiembre de 2022, se acreditó que el informe del investigador asignado al caso y el muestrario fotográfico fueron introducidos al portafolio digital y por ende, el Ministerio Público tuvo conocimiento de tal extremo un día antes de la audiencia de medidas cautelares; asimismo, la autoridad de control jurisdiccional debió haber revisado dicho portal a efecto de emitir un fallo acorde a los valores constitucionales de justicia, equidad e igualdad; b) El Auto de Vista 346/2022 ahora cuestionado, argumentó que no se acreditó la “habitualidad” y “habitabilidad”; puesto que, el informe del investigador asignado al caso no existiría, fundamentos que generan incertidumbre y lesión al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; pero además, la autoridad demandada debió observar el informe de la Oficina Gestora de Procesos, instancia donde se presentaron el informe del investigador asignado al caso y muestrario fotográfico; c) Se argumentó que la accionante no contaba con domicilio, familia ni trabajo, por lo que concurriría el riesgo procesal del art. 234.1 del CPP; sin embargo, en los cuadernos de control jurisdiccional y constitucional, se extrañó dicha aseveración; ya que, en la declaración informativa de la prenombrada, indicó que cuenta con domicilio real en la “avenida trece de abril, frente a la Unidad Educativa de igual nombre”, así como también, recibos de deudas de pago de servicios básicos, certificación domiciliaria por parte de los propietarios, croquis de ubicación satelital, certificado de la junta vecinal que evidencia que la solicitante de tutela viviría en dicho domicilio, denotándose errónea valoración de todos los elementos de prueba presentados por el impetrante de tutela y una ausencia de fundamentación y motivación en el Auto de Vista 346/2022; y, d) Respecto a la fianza económica de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos), tal tema requiere de otro trámite de modificación de medidas cautelares de carácter personal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 29 de septiembre de 2022, Jimena Roca Cuellar -accionante-, formuló ante la autoridad jurisdiccional recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 28 de igual mes y año, sosteniendo que: 1) A fin de acreditar domicilio -art. 234.1 del CPP- acompañó informe de verificación domiciliaria y muestrario fotográfico, elaborado por Eddy Ramiro Velasco Salcedo, investigador asignado al caso. 2) Es imposible cumplir la fianza económica de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos), ello debido a su condición de estudiante, ya que vive junto a su hermana; además, al encontrarse “sometida” de forma voluntaria al proceso penal, debió aplicarse otra medida más favorable en apegó del art. “403.7” del CPP (fs. 8 vta.). II.2. Por Auto de Vista 346/2022 de 30 de diciembre, Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -demandada, ratificó completamente el Auto Interlocutorio de 29 de septiembre de 2022, sosteniendo que:
i) Se advierte la existencia de un certificado de domicilio otorgado por propietarios de bien inmueble; además, se acompañó imagen satelital, un requerimiento fiscal que adjunta certificado de junta vecinal con fotocopias de libro de actas, personería jurídica de junta vecinal, extrañándose informe del investigador asignado al caso sobre verificación domiciliaria para acreditar habitabilidad y habitualidad, no existiendo agravio alguno por reparar.
ii) Sobre la fianza económica de Bs5 000, medida cautelar diferente a la detención preventiva, en todo caso, la accionante deberá seguir el trámite respectivo para solicitar dicha modificación en la vía incidental, para ello, deberá acreditar la imposibilidad de cumplir ese monto, no siendo viable pedir una modificación a dicha medida por medio de la apelación incidental de medida cautelar (fs. 3 a 4vta.). II.3. Cursa informe recepcionado de 31 de enero de 2023, ante Paula Suarez Vargas, Encargada Departamental de Oficina Gestora de Procesos de Beni, dando a conocer que; ingreso a sistema el 29 de septiembre de 2022 a horas 12:34:46, memorial de recurso de apelación acompañado de informe de investigación complementario y muestrario fotógrafo (fs. 27 a 31).
La accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, igualdad de partes, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y a ser oído; por cuanto, la Vocal de la Sala Penal de Tribunal Departamental de Justicia del Beni, ahora demandada, dictó el Auto de Vista 346/2022 de 30 de diciembre; por el cual, determinó ratificar completamente el Auto Interlocutorio de 29 de septiembre de 2022, reiterando los agravios de la falta de fundamentación, motivación y congruencia e inobservando las pruebas -informe de verificación domiciliaria y muestrario fotográfico- que acompañó el impetrante de tutela ante el juez a quo como en su recurso de apelación incidental, que acreditaban el riesgo procesal inmerso en el art. 234.1 del CPP en su componente domicilio; por tal motivo solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 346/2022 y se emita nueva resolución en el plazo de tres días conforme dispone el art. 251 del CPP; y, b) Se disponga la condenación de costas, honorarios profesionales y daños y perjuicios. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP.
Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra.
En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho.
Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.
Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.
Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.
Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.
Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.
3 El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.
En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.
El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora (negrillas añadidas). Precedente constitucional, invocado por la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto.
La accionante, dentro del presente caso denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, igualdad de partes, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y a ser oído; ello debido a que dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, previsto y sancionado por el art. 261 del CP; al solicitar la consideración de medidas cautelares, la jueza a quo mantuvo subsistente el riesgo de fuga por la falta de acreditación de su domicilio; por lo que, fue apelado tal fallo, la Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, ahora demandada, dictó el Auto de Vista 346/202 de 30 de diciembre; por el cual, determinó ratificar completamente el Auto Interlocutorio de 29 de septiembre de 2022 apelado de su parte, reiterando los agravios de la falta de fundamentación, motivación y congruencia e inobservando las pruebas -informe de verificación domiciliaria y muestrario fotográfico- que acompañó la impetrante de tutela ante el juez a quo como en su recurso de apelación incidental, que enervaba el riesgo procesal inmerso en el art. 234.1 del CPP en su componente domicilio. Con el objeto de establecer si las denuncias expresadas por la solicitante de tutela son evidentes, corresponde identificar los agravios expresados en el recurso de apelación incidental contra el Auto de Vista 346/2022; los cuales, se hallan consignados en la audiencia de apelación y su respectiva acta, coligiéndose los siguientes: 1) A fin de acreditar domicilio -art. 234.1 del CPP- acompañó informe de verificación domiciliaria y muestrario fotográfico, elaborado por Eddy Ramiro Velasco Salcedo, investigador asignado al caso; y,
2) Es imposible de cumplir la fianza económica de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos), ello debido a su condición de estudiante ya que vive junto a su hermana; además, al encontrarse “sometida” de forma voluntaria al proceso penal, debió aplicarse otra medida más favorable en apegó del art. “403.7” del CPP. Por su parte, el Auto de Vista 346/2022 dictado por la Vocal demandada ratificó completamente el Auto Interlocutorio de 29 de septiembre de 2022, disponiendo latente el riesgo procesal del art. 234.1 del CPP, desarrollando y estableciendo los siguientes fundamentos:
i) Se advierte la existencia de un certificado domicilio otorgado por propietarios de bien inmueble; además, se acompañó imagen satelital, un requerimiento fiscal que adjunta certificado de junta vecinal con fotocopias de libro de actas, personería jurídica de junta vecinal, extrañándose informe del investigador asignado al caso sobre verificación domiciliaria para acreditar habitabilidad y habitualidad, no existiendo agravio alguno por reparar; y, ii) Sobre la fianza económica de Bs5 000 (cinco mil bolivianos), medida cautelar diferente a la detención preventiva, en todo caso, la accionante deberá seguir el trámite respectivo para solicitar dicha modificación en la vía incidental; para ello, deberá acreditar la imposibilidad de cumplir ese monto, no siendo viable pedir una modificación a dicha medida por medio de la apelación incidental de medida cautelar. En ese contexto, de acuerdo a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, tanto las resoluciones de primera instancia como las de apelación, deben tener una adecuada fundamentación y motivación, que cuenten con las razones por las cuales las autoridades judiciales consideran que se presentan los requisitos previstos para la procedencia de la detención preventiva; por lo que, dichos aspectos deben ser considerados por las autoridades judiciales a momento de emitir un Auto de Vista, mediante el cual se disponga la medida cautelar de detención preventiva, que afecta el derecho a la libertad del imputado; asimismo, deben considerar los mandatos constitucionales y legales que la regulan; vale decir que, esa mediada debe ser dispuesta previa verificación de los requisitos establecidos tanto por la Constitución Política del Estado, como por el código adjetivo penal. En el caso que nos ocupa, se advierte que a través del Auto Vista 346/2022, la Vocal demandada ratificó completamente el Auto Interlocutorio de 29 de septiembre de 2022, manteniendo subsistente el riesgo procesal en su componente domicilio -art. 234.1 del CPP-, sosteniendo que el informe de verificación domiciliara no fue presentado por la accionante; argumento que resulta de irrazonable e ilógico, toda vez que, la prenombrada a través de escrito -de 29 de septiembre de 2022-, presentó recurso de apelación incidental acompañando pruebas consistente en un informe de verificación domiciliaria y muestrario fotográfico, literales que fueron arrimados al memorial de recurso mediante la Oficina Gestora de Procesos (Conclusión II.3); de ello, resulta ser suficiente para acreditar que la peticionante de tutela contaba con domicilio o residencia. Asimismo, resulta incongruente que la Vocal demandada no haya considerado el certificado de domicilio extendido por los propietarios del bien inmueble, una imagen satelital y certificado de la junta vecinal, documentos que si bien podrían sustentar o desvirtuar el riesgo procesal del art. 234.1 del CPP en su elemento domicilio, debieron ser compulsados y analizados adecuadamente, y no solo limitarse a verificar la existencia del aludido informe y muestrario fotográfico; bajo esas circunstancias, el Auto de Vista confutado no realizó un análisis integral respecto a la concurrencia del riesgo procesal -art. 234.1 del CPP-; por ello, no existiendo una adecuada fundamentación y motivación sobre el argumento esgrimido por la autoridad demandada. Consiguientemente, la Vocal demandada no fundó su determinación respondiendo a los cuestionamientos vertidos en alzada -recurso de apelación incidental-, incumpliendo lo dispuesto por el art. 398 del CPP; concluyéndose que el Auto de Vista cuestionado no contiene la suficiente motivación y fundamentación expresada en la exposición de motivos que sustentan aquellos argumentos, ratificando completamente el Auto Interlocutorio de 29 de septiembre de 2022, manteniendo subsistente el riesgo procesal en su componente domicilio -art. 234.1 del CPP-, sin existir una adecuada y motivada decisión que este en el marco de la normativa procesal penal. Lo anteriormente detallado nos lleva a concluir que no explicó razonablemente porqué subsiste dicha medida extrema en contra de la ahora impetrante de tutela, ya que, ante la existencia del informe de verificación domiciliaria y muestrario fotográfico, claramente pudo ser enervado el precitado riesgo procesal, por tales razones, debe concederse la tutela impetrada. Finalmente, con referencia a la fianza económica de Bs5 000 (cinco mil bolivianos), dispuesta como medida cautelar y que debió aplicarse otra medida más favorable conforme al art. “403.7” del CPP; al respecto, dicha pretensión deberá ser dilucida ante la autoridad jurisdiccional mediante otro mecanismo jurídico de modificación de medidas cautelares personales art. 231 bis del CPP -incorporado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres-; por tal razón, este Tribunal se ve impedido de emitir criterio al respecto, debiendo acudir la accionante a la autoridad jurisdiccional conveniente. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 012/2023 de 23 de febrero, cursante a fs. 62 a 66 y vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia CONCEDER la tutela impetrada, en base a los entendimientos desarrollados por el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADO
1 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”.
2 El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0413_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 08752eae4c795aa5e959b59f3c765d9336103280f903c1a9ef1930406ce3ead8
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