B.IA.LEGAL

SCP 0413/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 3 de julio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
3 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
50641-2022-102-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa; puesto que, denunció que dentro de la investigación penal seguida contra Gerardo Costas León -hoy tercero interesado-, por requerimiento del Ministerio Público, se amplió la investigación penal contra su persona por los delitos de estafa y estelionato en grado de complicidad, y una vez que el Juez ahora accionado tuvo conocimiento de esa ampliación, remitió la acusación a conocimiento del Juez ahora coaccionado para la sustanciación del juicio oral, público y contradictorio, cuando nunca fue notificado con el requerimiento del Ministerio Público y menos con la decisión del Juez hoy accionado, tampoco tuvo conocimiento del decreto de radicatoria de 2 de septiembre de 2022, para juicio oral, público y contradictorio; impidiéndole la posibilidad de impugnar o presentar incidentes o apersonarse al proceso penal, encontrándose en completo estado de indefensión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 092/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 287 a 291, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Incidente de actividad procesal defectuosa medio idóneo para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio a las partes procesales
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0413/2024-S3 Sucre, 3 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 50641-2022-102-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 092/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 287 a 291, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Alejandro Costas Wantig contra Alipio Veliz Veliz, Juez de Instrucción Penal Cuarto; y, Odar Arsenio Herrera Medrano, Juez de Sentencia Penal Séptimo ambos de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 12 de septiembre de 2022, cursante de fs. 54 a 60 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 16 de agosto de 2022, el Ministerio Público remitió al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro la ampliación de investigación contra su persona, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato en grado de complicidad, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 con relación al art. 23, todos del Código Penal (CP); no obstante que por decreto de 19 de igual mes y año, el Juez hoy accionado dispuso que a fines consiguientes el Fiscal de Materia debía adjuntar el croquis domiciliario del sindicado, desde la ampliación de la investigación no fue notificado, encontrándose en absoluto estado de indefensión, dejándolo sin la probabilidad de presentar alguna excepción o incidente en el ejercicio de su derecho a la defensa; el citado Juez en atención a la acusación presentada por el Ministerio Público contra Gerardo David Costas León, obvió la ampliación de la investigación contra su persona y remitió las actuaciones de control jurisdiccional con la acusación al “…Juzgado de Sentencia No 5 de la Capital…” (sic) -siendo lo correcto Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro-, el 2 de septiembre de 2022, el Juez del referido Juzgado, sin revisar los antecedentes radicó la acusación contra Gerardo David Costas León -ahora tercero interesado-, sin percatarse que existía una ampliación de investigación pendiente, contribuyendo de esa manera a su indefensión ya existente. El Juez hoy accionado no ejerció el control jurisdiccional; puesto que, olvidó notificarlo con la ampliación de la investigación y con el decreto de 19 de agosto de 2022, impidiendo que pueda tener acceso a la justicia, ya que la autoridad jurisdiccional cuenta con todos los medios posibles, como la solicitud del domicilio al imputado, entre otros, para realizar la comunicación procesal; y en el caso dicho Juez, antes de radicar la causa, debió revisar si los delitos que involucraban la acusación se encontraban dentro de su competencia y luego recién verificar si no se presentó ningún incidente, excepción o temática que no hubiese sido resuelta íntegramente por la “autoridad jurisdiccional”, a efecto de asegurar el saneamiento de la causa en “sede intermedia” que no puede ser eludida. Por su parte, el Juez ahora coaccionado, tenía que obrar con probidad y revisar el cuaderno de control jurisdiccional y advertir que existía una ampliación de investigación sin la notificación efectuada al imputado y menos tramitada la misma; por lo que debió pronunciar una resolución “saneatoria” y devolver actuados para su cumplimiento, actitud de dicha autoridad judicial que contribuyó sustancialmente su indefensión, debido a que no pudo acudir a esa instancia para solicitar ningún actuado al habilitar los mismos para sustanciar y resolver el juicio oral, público y contradictorio; encontrándose imposibilitado de acudir a esa autoridad para solicitar control jurisdiccional.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa; citando al efecto los arts. 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se anule el decreto de radicatoria de 2 de septiembre de 2022, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal “No. 5” de la Capital del departamento de Oruro, disponiendo que dicha Jueza en el marco del control de saneamiento de la causa revise el cuaderno de control jurisdiccional y al evidenciar una ampliación de investigación en trámite, devuelva las actuaciones al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital de ese departamento, quien en el plazo de veinticuatro horas deberá proceder a la notificación con el decreto de ampliación de 16 de agosto de 2022, conminando al Fiscal de Materia a cumplir con el decreto de 18 de igual mes y año.

I.2. Audiencia y resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 21 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 280 a 286, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Alipio Veliz Veliz, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, por informe presentado el 15 de septiembre de 2022, cursante de fs. 99 y vta., manifestó que: a) El accionante alega que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público por el delito de estafa se le está vulnerando sus derechos al debido proceso y a la defensa; puesto que, no se le hubiese notificado con la ampliación de la investigación; b) Una vez que el accionante tuvo conocimiento de la causa, debió acudir o apersonarse ante ese Juzgado y plantear incidentes y excepciones, conforme a la SCP 0012/2020-S2 de 5 de marzo, que estableció que la inobservancia del derecho al debido proceso es causal principal para la afectación del bien jurídico libertad, al contrario si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no causan una restricción, no podrán ser considerados mediante la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional como medio de defensa idóneo para subsanar defectos procesales; c) Respecto a la indefensión absoluta que se alega, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó que las vulneraciones del derecho al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, a través de los medios y recursos que prevé la Ley; y en el caso no se agotó el principio de subsidiariedad; y, d) El accionante manifestó que fue remitido el proceso penal ante el “Juez de Sentencia”, sin advertir que existía la ampliación de la investigación en su contra; sin embargo, el art. 325 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que una vez recibida la acusación se tiene veinticuatro horas para su remisión, lo cual fue cumplido. Odar Arsenio Herrera Medrano, Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar ni remitió informe alguno pese a su citación, cursante a fs. 102.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Pedro Luis Claros Torrico, Ximena Quispe Mamani y Lidia Mamani Ortíz, a través de su abogado en audiencia manifestaron que: 1) Son parte de un proceso penal en calidad de víctimas de un delito de estafa de $us121 000.-(ciento veintiún mil dólares estadounidenses); 2) Ante el Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, se efectuaron los reclamos, sobre el saneamiento procesal que fue inobservado por el Juez del referido Juzgado y respecto de un recurso de reposición presentado contra la radicatoria, emitiéndose una resolución con falta de fundamento legal; lo que suscitó que se interponga una acción de amparo constitucional; 3) No es evidente que en el caso exista una concomitancia, porque como victimas lo único que se quiere es que se esclarezcan los hechos en cuanto al bien inmueble que se encuentra en litigio; y, 4) No sólo existe la vulneración de derechos de la parte accionante, sino también de sus personas; por lo que apoyan la presente acción de amparo constitucional interpuesta para que se llegue a la verdad material dentro del proceso penal. Gerardo David Costas León, en audiencia a través de su abogado manifestó que: i) Es necesario identificar la presente problemática de donde deviene la vulneración de derechos; es así que, su persona fue imputada por los delitos de estafa y estelionato, los cuales son excluyentes; ii) Se dio inicio a las investigaciones y la imputación formal fue emitida el 15 de febrero de 2022 y hasta el 15 de agosto de ese año, culminaron los seis meses; y conforme el art. 130 del CPP que establece que los plazos son perentorios e improrrogables, se emitió la conminatoria, culminando la investigación de acuerdo a lo establecido por el art. 134 del citado Código; iii) El Juez hoy accionado conminó indicando que la etapa de la investigación concluyó a los seis meses, lo cual fue notificado el 17 de agosto de 2022, debiendo dentro de los cinco días, el Fiscal de Materia emitir una resolución preliminar; sin embargo, el 18 de ese mismo mes y año, esa autoridad fiscal pronunció la ampliación de investigación, cuando ya terminó la etapa investigativa contra el accionante; iv) El art. 45 del CPP, establece que por un mismo hecho no se pueden seguir diferentes procesos, aunque los imputados sean distintos, salvo excepciones; v) Se presentó la ampliación de investigación de manera errónea y en la “…providencia que cursa fs.438 establece que el Juez…” (sic) estableció ʽ“se tiene presente la ampliación de investigación en contra de José Alejandro Costas Wantig”ʹ (sic), comenzando de esa manera actos que vulneran derechos, no sólo del accionante, sino también de las partes dentro del proceso penal; puesto que, no correspondía la ampliación de la investigación al encontrarse culminada la etapa investigativa; vi) Se planteó recurso de reposición donde se hizo constar que la ampliación de investigación del accionante era tardía porque la misma ya hubiese concluido; vii) Con dicha actitud con la cual se le continúa restringiendo su derecho de locomoción; por lo que no se está cumpliendo con la norma debiendo el Juez ahora coaccionado verificar que no existen actos pendientes; viii) A partir de la emisión del “Auto Interlocutorio” que resolvió la reposición no se generó ningún otro acto; puesto que aquello generaría un caos procesal; sin embargo, “las supuestas víctimas” interpusieron una acción de amparo constitucional, por lo que los actos de los Jueces hoy accionados provocaron la vulneración de derechos; y, ix) En el caso concreto si bien se debe conceder la tutela; empero, no en los términos solicitados, debiendo devolverse los antecedentes al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro y con relación al Auto 553/2022 de 23 de octubre, que vulnera los derechos y garantías al rechazar la reposición y con un criterio erróneo en la última parte estableció que la conminatoria al Ministerio Público seguiría vigente; aceptando la ampliación de la investigación; sin embargo, debe remitirse la acusación; no existiendo lógica procesal, por cuanto nunca debió aceptarse dicha ampliación por estar fuera de plazo y tardía, ejercida por el Ministerio Público bajo presión.

I.2.4 Intervención del Ministerio Público

La Fiscal Departamental del Oruro no asistió a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, pese a su legal notificación cursante a fs. 74 vta.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 092/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 287 a 291, concedió en parte la tutela solicitada con relación al Juez ahora accionado y denegó con relación al Juez hoy coaccionado; disponiendo que el Juez ahora accionado, cumpla con disponer la notificación al accionante, con el requerimiento del Ministerio Público de ampliación de la investigación. Con la recomendación de que instruya al personal de apoyo que realice todas las actuaciones procesales necesarias para que esa ampliación penal sea oportunamente comunicada al accionante con eficacia material y efectiva dentro de los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, observando el principio de celeridad característico de las actuaciones jurisdiccionales; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) Con relación al Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro -ahora accionado-, éste tiene el deber ineludible de poner en conocimiento del accionante la solicitud de la ampliación de la investigación penal; puesto que, la persona que sea sometida a una investigación por parte del Ministerio Público, debe tener la posibilidad de acceder al control jurisdiccional y en caso de existir vulneración de derechos, exigir a esa autoridad la protección; empero, el accionante no fue notificado conforme los antecedentes, encontrándose el proceso penal en conocimiento del “Juez de Sentencia Penal” con el pliego acusatorio; b) La autoridad jurisdiccional no desplegó un control adecuado de la actividad del Ministerio Público y remitir la acusación cuando aún quedaba un acto pendiente por realizar, lo que implicó la inobservancia del derecho a la defensa del accionante y la tutela judicial efectiva, y que éste tenga la oportunidad de acudir a esa autoridad, para en su caso denunciar vulneración a sus derechos a esa autoridad judicial; empero, no lo pudo hacer al no encontrarse formalmente notificado; c) Con relación al Juez hoy accionado, es admisible la solitud de tutela, con la finalidad de que dicho Juez tome las decisiones pertinentes para la pronta, oportuna y material comunicación de su decisión jurisdiccional de tomar en cuenta la ampliación de la investigación penal en contra del accionante; d) Respecto al Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del referido departamento -hoy coaccionado-, quien radicó el proceso penal, el 2 de septiembre de 2022, se debe entender que el accionante al no ser notificado formalmente, éste no podía acceder ante dicha autoridad, encontrándose en la imposibilidad de impugnar actos o asumir defensa, de manera que el petitorio que directamente se acuda al “Tribunal de Garantías” a efectos de que se pronuncie por la nulidad de esa radicatoria, no es aceptable en función al principio de subsidiariedad; y, e) En ese sentido, al no estar el accionante notificado con el proceso penal, no puede intervenir formalmente, menos esa Sala Constitucional podrá acceder a su solicitud de que se disponga la anulación de la radicatoria; por lo que no podría activar sus mecanismos de defensa o interponer recursos para obtener un pronunciamiento, debiendo esperar que primero sea notificado con la ampliación de la investigación por el Juez ahora accionado y recién tener la posibilidad de pedir control jurisdiccional de los actos denunciados de irregulares y en su caso interponer los incidentes o excepciones que la ley prevé, no pudiendo por ello ingresar a analizar el fondo de la resolución de radicatoria al no tener legitimación para ello, al tratarse el caso de una situación de indefensión, no siendo por ello atendible la solicitud de tutela con relación al Juez ahora coaccionado. En vía de complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado solicitó a la Sala Constitucional se pronuncie sobre: 1) El procedimiento procesal a ser aplicado para que el Juez hoy accionado pueda cumplir con la notificación conforme a los plazos procesales, cuando la radicatoria sigue vigente al no denegarse la tutela respecto al Juez ahora coaccionado, de lo contrario no tendría ninguna eficacia y aguardar otra audiencia de acción de amparo constitucional desconociendo los estándares de celeridad; y, 2) Si bien se dispuso llamar la atención al citado Juez, no se indicó si es con copia al file personal o simple llamada de atención. Por su parte, Pedro Luis Claros Torrico y Lidia Mamani Ortiz hoy terceros interesados, pidieron fotocopias legalizadas en doble ejemplar de la resolución y la complementación solicitada por el accionante. En mérito a esas solicitudes la Sala Constitucional señaló lo siguiente: en cuanto a lo solicitado por el accionante, indicó que será la Juez hoy accionado el que determine las actuaciones procesales necesarias para el cumplimiento de lo que está dispuesto en la acción de amparo constitucional, y respecto a otros aspectos al no haber sido notificado el accionante con la radicatoria; es decir, que aún no asumió conocimiento formal, no se puede ingresar a determinar ni menos instruir la devolución de la causa o anular el decreto de radicatoria. Con relación a la llamada de atención sea remitida a la Oficina de Recursos Humanos (RR.HH.) para su registro en su file personal; y se extiendan fotocopias legalizadas por Secretaría de Cámara.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado 29 de agosto de 2022, ante el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, por el cual el Fiscal de Materia presentó Pliego Acusatorio, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Pedro Luis Claros Torrico, Lidia Mamani Ortiz y Ximena Quispe Mamani -ahora terceros interesados- contra Gerardo David Costas León -hoy tercero interesado-, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato con agravación de víctimas múltiples solicitando al Juez del referido Juzgado la remisión del proceso penal ante el Juzgado de Sentencia Penal correspondiente para el juicio oral, público y contradictorio y a la conclusión del mismo se emita Sentencia Condenatoria contra el acusado (fs. 104 a 109 vta.). II.1.1. Cursa decreto de 30 de agosto de 2022, emitido por Alipio Veliz Veliz, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital de Oruro -ahora accionado-, por el que se tuvo presente la acusación presentada y dispuso la remisión del proceso penal, previo sorteo al “…Juzgado de Sentencia Penal de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro…” (sic [fs. 110]).

II.1.2. Mediante Nota de 1 de septiembre de 2022, dirigida al Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, el Juez ahora accionado, remitió el cuaderno de control jurisdiccional y el Pliego Acusatorio, en cumplimiento del decreto de 30 de agosto de ese año, poniendo en conocimiento el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Gerardo David Costas León, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato (fs. 111). Asimismo, consta Nota de recepción suscrita por la Auxiliar de ese Juzgado (fs. 114); de igual manera cursa decreto de radicatoria de 2 de septiembre de 2022, emitido por Odar Herrera Medrano, Juez del referido Juzgado -ahora coaccionado- (fs. 115). II.2. Por memorial de 18 de agosto de 2022, presentado ante el Juez ahora accionado; el Fiscal de Materia solicitó ampliación de investigación contra José Alejandro Costas Wantig -hoy accionante- por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato en grado de complicidad previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 con relación al art. 23, todos del CP (fs. 127).

II.2.1. Mediante decreto de 19 de agosto de 2022, el Juez ahora accionado tuvo presente la ampliación de investigación contra el accionante, solicitando que alternativamente el Fiscal de Materia adjunte el croquis domiciliario del sindicado -accionante- en el plazo de veinticuatro horas para fines consiguientes de ley (fs. 128).

II.3. Consta memorial presentado el 6 de septiembre de 2022, ante el Fiscal de Materia, por el cual el accionante indicó que tomó conocimiento de la “ilegal” ampliación dispuesta por esa autoridad, atribuyéndole una presunta complicidad en los delitos de estafa y estelionato; y a efecto de ejercitar su derecho a la defensa, se apersonó ante ese despacho judicial, pidiendo -entre otros- que se le haga conocer ulteriores diligencias (fs. 2 y vta.).

II.3.1. A través del decreto de 7 de septiembre de 2022, el Fiscal de Materia, en atención al memorial presentado por el accionante, tuvo como admitido su apersonamiento y de su representante legal; indicando que serían quienes debían realizar el seguimiento del proceso penal que se encuentra a disposición de los sujetos procesales bajo el principio de publicidad; asimismo, se señaló nueva fecha y hora de declaración informativa para el 13 de septiembre de 2022 a las 15:00 horas (fs. 3).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa; puesto que, denunció que dentro de la investigación penal seguida contra Gerardo Costas León -hoy tercero interesado-, por requerimiento del Ministerio Público, se amplió la investigación penal contra su persona por los delitos de estafa y estelionato en grado de complicidad, y una vez que el Juez ahora accionado tuvo conocimiento de esa ampliación, remitió la acusación a conocimiento del Juez ahora coaccionado para la sustanciación del juicio oral, público y contradictorio, cuando nunca fue notificado con el requerimiento del Ministerio Público y menos con la decisión del Juez hoy accionado, tampoco tuvo conocimiento del decreto de radicatoria de 2 de septiembre de 2022, para juicio oral, público y contradictorio; impidiéndole la posibilidad de impugnar o presentar incidentes o apersonarse al proceso penal, encontrándose en completo estado de indefensión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional

La SCP 0956/2021-S3 de 24 de noviembre, sistematizando los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional al respecto, sostuvo que: «El art. 128 de la CPE, establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley”; a su vez, el art.

129.I de la referida Norma Suprema, señala que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas son nuestras). En coherencia con la última disposición, el art. 54 del CPCo, respecto al principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional, dispone que:

“I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando:

1. La protección pueda resultar tardía.

2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela”.

En ese sentido, SCP 0055/2018-S1 de 16 de marzo, señaló lo siguiente: “El art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que: ‘I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela’. Así la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, señala: ‘Que, el carácter subsidiario del recurso de amparo, ha sido desarrollado por abundante jurisprudencia de este Tribunal, así tenemos las SS.CC. 1089/2003-R, 552/2003-R, 106/2003-R, 374/2002-R, entre otras, que señalan que no podrá ser interpuesta esta acción extraordinaria, mientras no se haya hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos y, en caso de haber utilizado los mismos deberán ser agotados dentro de ese proceso o vía legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable. Que, de ese entendimiento jurisprudencial, se extraen las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución’”» (las negrillas nos corresponden).

III.2. Incidente de actividad procesal defectuosa medio idóneo para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio a las partes procesales

La SCP 0618/2021-S3 de 6 de septiembre, señaló que: «La SCP 0817/2018-S1 de 5 de diciembre, citando la SCP 1046/2017-S2 de 25 de septiembre, entre otras, refirió que: “Respecto de la actividad procesal defectuosa, que fuere invocada a través del incidente de nulidad por defectos absolutos, el art. 169 del CPP, señala: ‘No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a: 1) La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; 2) La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece. 3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad', en consecuencia, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento con inobservancia de la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal, que causaren agravio a las partes procesales podrán ser impugnadas ante la autoridad judicial con el debido fundamento. Lo que implica que cuando el agraviado alegue nulidad por defectos absolutos, necesariamente deberán ser planteados ante la autoridad jurisdiccional como contralor de garantías y que el procedimiento se desarrolle sin vicios de nulidad’. Según la línea jurisprudencial citada precedentemente, el incidente de actividad procesal defectuosa prevista en el art. 169 del CPP, es el medio idóneo para impugnar ante el Juez Contralor de Garantías Constitucionales, aquellas omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso y que causen agravio a las partes procesales”» (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa; puesto que, denunció que dentro de la investigación penal seguida contra Gerardo Costas León -hoy tercero interesado-, por requerimiento del Ministerio Público, se amplió la investigación penal contra su persona por los delitos de estafa y estelionato en grado de complicidad, y una vez que el Juez ahora accionado tuvo conocimiento de esa ampliación, remitió la acusación a conocimiento del Juez ahora coaccionado para la sustanciación del juicio oral, público y contradictorio, cuando nunca fue notificado con el requerimiento del Ministerio Público y menos con la decisión del Juez hoy accionado, tampoco tuvo conocimiento del decreto de radicatoria de 2 de septiembre de 2022, para juicio oral, público y contradictorio; impidiéndole la posibilidad de impugnar o presentar incidentes o apersonarse al proceso penal, encontrándose en completo estado de indefensión. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que por memorial presentado 29 de agosto de 2022, ante el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, por el cual el Fiscal de Materia presentó Pliego Acusatorio, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Pedro Luis Claros Torrico, Lidia Mamani Ortiz y Ximena Quispe Mamani -ahora terceros interesados-contra Gerardo David Costas León -hoy tercero interesado-, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato con agravación de víctimas múltiples solicitando al Juez del referido Juzgado la remisión del proceso penal ante el Juzgado de Sentencia Penal correspondiente para el juicio oral, público y contradictorio y a la conclusión del mismo se emita Sentencia Condenatoria contra el acusado (Conclusión II.1.); es así que, por decreto de 30 del citado mes y año, emitido por el Juez ahora accionado, tuvo presente la acusación presentada y dispuso la remisión del proceso penal, previo sorteo al “…Juzgado de Sentencia Penal de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro…” (sic); y mediante Nota de 1 de septiembre del citado año, dirigida al Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital de Oruro, el Juez ahora accionado remitió el cuaderno de control jurisdiccional y el Pliego Acusatorio, en cumplimiento del decreto de 30 de agosto de ese año, poniendo en conocimiento al Juez del referido Juzgado (Conclusión II.1.1.); quien emitió el decreto de radicatoria de 2 de septiembre de igual año (Conclusión II.1.2.).

Asimismo, se evidencia que por memorial de 18 de agosto de 2022, presentado ante el Juez ahora accionado; el Fiscal de Materia solicitó ampliación de investigación contra el accionante por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato en grado de complicidad previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 con relación al art. 23, todos del CP, y por decreto de 19 de igual mes y año, el Juez ahora accionado tuvo presente la ampliación de investigación contra el accionante, solicitando que alternativamente el Fiscal de Materia adjunte el croquis domiciliario del sindicado en el plazo de veinticuatro horas para fines consiguientes de ley (Conclusión II.2.1.). Es así que por memorial presentado el 6 de septiembre de 2022, ante Fiscal de Materia, por el cual el accionante indicó que tomó conocimiento de la “ilegal” ampliación dispuesta por esa autoridad, atribuyéndole una presunta complicidad en los delitos de estafa y estelionato; y afecto de ejercitar su derecho a la defensa, se apersonó ante ese despacho, pidiendo -entre otros- que se le haga conocer ulteriores diligencias (Conclusión II.3.); por lo que el referido Fiscal de Materia, en atención al memorial presentado por el accionante, tuvo como admitido su apersonamiento y señaló nueva fecha y hora de declaración informativa para el 13 de septiembre de igual año (Conclusión II.3.1.).

Ahora bien, corresponde hacer referencia que, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra limitada a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada en la presente acción de amparo constitucional, cuando el accionante no hizo uso de los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico con la finalidad de conseguir la protección de sus derechos supuestamente vulnerados, lo que implica que el nombrado a pesar a tener los medios de protección a su alcance para la restitución de sus derechos en la vía ordinaria, no activó ni utilizó ninguno de ellos, incumpliendo con el principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional.

De acuerdo al entendimiento precedentemente señalado, y con el fin de resolver la presente acción de defensa, es preciso manifestar que el accionante no acudió ni presentó reclamo alguno ante la autoridad encargada del control jurisdiccional; es decir, no activó ninguna acción ante el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro ahora coaccionado, autoridad judicial quien tiene la facultad de conocer y resolver cualquier reclamo relacionado a defectos procesales que pudieron suscitarse dentro de la etapa investigativa, encontrándose esa autoridad en conocimiento actual de la causa al radicar la misma en su Juzgado.

Ahora bien, en aplicación de la jurisprudencia señalada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, se tiene que en el caso de análisis, el accionante no observó el principio de subsidiariedad inherente a la acción de amparo constitucional; puesto que, no agotó la instancia ordinaria, puesto que si bien alega que no pudo efectuar reclamo alguno al no haber sido notificado con la ampliación de la investigación contra su persona por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato en grado de complicidad; sin embargo, pudo interponer un incidente de actividad procesal defectuosa conforme lo previsto por el art. 167 del CPP, y a partir del conocimiento del decreto de 7 de septiembre de 2022, a través del cual el Fiscal de Materia admitió su apersonamiento y el de su representante legal, indicando que eran éstos quienes debían realizar el seguimiento del proceso penal, dicho Fiscal incluso señaló nueva fecha de declaración informativa para el 13 de setiembre de 2022; por lo que el accionante, antes de interponer la presente acción tutelar, debió solicitar el saneamiento a través de la activación del incidente de actividad procesal defectuosa, y reclamar todos los defectos procesales que se hubiesen suscitado dentro de la etapa investigativa. En ese sentido, la presente situación fáctica expuesta, se adecua a la sub regla prevista en el numeral 1) inc. b) del Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, que señala que no se cumple con el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional cuando las autoridades jurisdiccionales no tuvieron la posibilidad de pronunciarse sobre el asunto porque el accionante no utilizó los medios de defensa adecuados previstos en la normativa interna; consecuentemente, resulta inviable para esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, al no acudirse oportunamente a las instancias pertinentes y activar los mecanismos de defensa previstos en sede judicial; ante todo lo referido, consecuentemente corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 092/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 287 a 291, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0413_2024-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): d7efce4d0e3ce0118f92a2e8433d1302a16d07a09af5d2ffb69ebaf87b0395f8

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